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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 15001-23-33-000-2022-00353-02

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 15001-23-33-000-2022-00353-02

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar el ordinal segundo de la sentencia apelada. 2. En lo demás, confirmar la sentencia de primera instancia. 3. Sin condena en costas en segunda instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 15001-23-33-000-2022-00353-02

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

19 de febrero de 2026

Radicado: 15001-23-33-000-2022-00353-02 (29743)
Demandante: William Hernando Suárez Sánchez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 15001-23-33-000-2022-00353-02 (29743)
Demandante: William Hernando Suárez Sánchez
Demandado: Municipio de Tunja

Temas: Alumbrado Público. Aspecto cuantitativo del hecho generador. Potestad
impositiva territorial. Mecanismo de recaudo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación 1 interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 09 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
que resolvió (índice 53):

Primero: Negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en precedencia.

Segundo: Exhortar al concejo municipal de Tunja para que, dentro del marco de sus competencias,
consolide en el Estatuto de Rentas del municipio, de forma clara, detallada y precisa, el método
usado por la entidad para definir la tarifa del impuesto de alumbrado público, evitando
interpretaciones aisladas y normatividad dispersa.

Tercero: Sin condena en costas.

ANTECEDENTES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA (Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011),
el actor formuló las siguientes pretensiones (índice 3):

Primero: Que se declare la nulidad de los apartes subrayados a continuación del artículo 251 del
Acuerdo 035 de 2018:

Artículo 251. Elementos de la obligación tributaria: son elementos de la obligación tributaria del impuesto de
alumbrado público los siguientes: …

3. Sujetos pasivos: Serán sujetos pasivos del impuesto de alumbrado público la persona natural o jurídica
que tenga carácter de propietario de los predios, suscriptor o usuarios del servicio de energía eléctrica dentro
del perímetro urbano y rural del municipio de Tunja, generadores o auto generadores de la misma…

4. Base gravable: Cuando el sujeto pasivo sea usuario o suscriptor de energía eléctrica, la base gravable es
el valor de la energía consumida antes de subsidio y contribuciones durante el mes calendario de consumo
o dentro del periodo de facturación correspondiente a la facturación de energía eléctrica…

1
El expediente entró al despacho sustanciador el 31 de enero de 2025 (índice 3. Esta y las demás menciones de «índices» aluden al
historial de actuaciones registradas en el repositorio informático Samai).

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5. Causación: El periodo de causación del impuesto es mensual o equivalente al periodo de facturación del
comercializador de energía que realiza el cobro de este servicio conjuntamente al impuesto de alumbrado
público.

6. Tarifas: Los contribuyentes, consumidores, generadores y autogeneradores de energía, tendrán una tarifa
porcentual del 15% sobre el consumo real de energía que atiende los principios de equidad, progresividad
y justicia tributaria, liquidada para cada periodo de consumo o facturación del servicio de energía eléctrica.

Segundo: Que se ordene al concejo y la alcaldía municipal establecer un acuerdo con la normatividad
aplicable que consista en la facturación del impuesto de alumbrado público únicamente en la zona
urbana y centros poblados, quienes tienen el servicio de alumbrado público las 24 horas frente a los
inmuebles, con las bombillas y los postes, pero no a la zona rural en general que no tiene el servicio.

Tercero: Que se ordene establecer en la parte motiva del acuerdo, el estudio técnico de los gastos
anuales de mantenimiento, expansión, administración y servicio de energía correspondiente al
alumbrado público.

Cuarto: Que se ordene la publicación del respectivo acuerdo municipal y los gastos en la página de
la alcaldía municipal.

Quinto: Que se ordene dar aplicación a lo establecido en el artículo 774 del Código del Comercio en
concordancia con el artículo 147 de la Ley 142 de 1994 en lo relativo a la separación y pago
independiente, en este caso en la factura de energía u otros servicios públicos domiciliarios y en la
colilla o desprendible se establezca lo correspondiente al título valor del sujeto pasivo desprendible
(dos colillas, dos códigos de barras y dos valores), y se ordene a publicar los costos del servicio en
el acuerdo y en la factura de energía.

Sexto: Que se ordene establecer el impuesto de alumbrado público por primera vez, haciendo
referencia a los lotes de zona urbana por porcentajes del 1x1.000 dentro del estatuto de rentas.

Séptimo: Que se ordene establecer el acuerdo del cobro de alumbrado público sobre tarifa y estudio
técnico con las mismas garantías de los otros servicios públicos como agua, aseo, alcantarillado,
energía y gas.

A los anteriores efectos, invocó como normas vulneradas los artículos 1.°, 6.°, 13, 20, 23,
29, 40, 209, 305, 313.4, 338 y 363 de la Constitución; 774 del CCo (Código de Comercio,
Decreto 410 de 1971); 147 de la Ley 142 de 1994; 29 de la Ley 1150 de 2007; 2.° y 29
de la Ley 1551 de 2012; 349 de la Ley 1819 de 2016; 2.2.3.6.1.11 del Decreto 1073 de
2015 (Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía), el Decreto 943
de 2018 y las Resoluciones 043 de 1995, 122 de 2011 y 005 de 2012 emitidas por la
CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas), bajo el siguiente concepto de
violación (índice 3):

Sostuvo que el alumbrado público constituía un servicio público no regulado y que, en
consecuencia, la norma acusada desconoció las disposiciones legales en las que debía
fundarse, al prever la cuantificación del impuesto de alumbrado público a cargo de los
suscriptores del servicio público domiciliario de energía eléctrica con base en un
porcentaje del consumo individual de este último, pese a que se trataba de un servicio
público regulado. Afirmó que dicha infracción del ordenamiento jurídico había sido
avalada a lo largo del tiempo por los entes de control –i.e. la Procuraduría General de la
Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación–, así
como por la Gobernación de Boyacá, que, a su juicio, había omitido ejercer el control de
legalidad del acto acusado previsto en el artículo 305 de la Constitución.

Argumentó que la actuación del ente demandado y de la entidad prestadora del servicio
público domiciliario de energía eléctrica transgredía el debido proceso, en la medida en
que impedía a los sujetos pasivos del impuesto de alumbrado público formular
reclamaciones en sede administrativa. En ese sentido, manifestó que en el año 2020

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promovió una acción de tutela para la protección de dicho derecho fundamental, al
considerar que «la facturación independiente del impuesto de alumbrado público no era
aplicada», con lo cual se negaba a «los usuarios … el derecho a saber los costos anuales
de mantenimiento, expansión, servicio y administración»; pero, dicha acción fue negada.
Además, insertó en el texto la imagen de una factura del servicio público domiciliario de
energía eléctrica con el propósito de evidenciar que en ella no se individualizaban los
costos del servicio de alumbrado público.

Por último, alegó que también se infringían las normas superiores al prever la causación
del impuesto de alumbrado público en zonas rurales, pese a que en estas no se prestaba
el servicio de alumbrado público, por la ausencia de «postes y luminarias».

Contestación de la demanda

El demandado se opuso a las pretensiones de la demanda (índice 16). Señaló que la
disposición acusada había sido derogada por el Acuerdo 029 de 2020, mediante el cual
se regularon todos los elementos del hecho generador del impuesto de alumbrado
público. No obstante, reconoció que dicha disposición era susceptible de control de
legalidad, en atención al lapso durante el cual estuvo vigente. En consecuencia, negó
que la norma cuestionada contraviniera el ordenamiento jurídico, al considerar que el
artículo 352 de la Ley 1819 de 2016 autorizaba el recaudo del tributo a través de las
entidades prestadoras del servicio público domiciliario de energía eléctrica. Precisó que,
si bien el alumbrado público no constituía un servicio público domiciliario, era inherente
al servicio de energía eléctrica, lo que justificaba su recaudo mediante la factura de dicho
servicio, con lo cual se evitaba la evasión del impuesto por parte de los contribuyentes.

Agregó que en la factura se incorporaba la información exigida en las Resoluciones 122
de 2011 y 005 de 2012, expedidas por la CREG, para la determinación de la cuota
tributaria, y que los costos asociados a la prestación del servicio de alumbrado público se
encontraban definidos en el Documento 102 del 08 de septiembre de 2011 de la misma
entidad, razón por la cual resultaba innecesaria su inserción en la factura. Asimismo,
aseguró que no se había vulnerado el derecho al debido proceso del demandante, en
tanto se habían atendido todas las peticiones que presentó en relación con el asunto del
sub examine, incluida la acción de tutela promovida en el año 2020, ocasión en la cual el
Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes de Tunja lo exhortó a abstenerse
de «interponer acciones de tutela contentivas de las mismas pretensiones y con las
mismas partes».

Por otra parte, invocando la sentencia de unificación 2019CE-SUJ-4-009, proferida por
esta Corporación el 06 de noviembre de 2019 (exp. 23103, CP: Milton Chaves García),
sostuvo que el impuesto de alumbrado público se causaba por la condición de usuario
potencial de dicho servicio, razón por la cual podía exigirse aun cuando este no se
recibiera de manera permanente y con independencia de la ubicación urbana o rural del
predio. Añadió que para tales efectos el artículo 349 de la Ley 1819 de 2016 había
autorizado la causación del tributo como una sobretasa del impuesto predial respecto de
los predios que no contaban con el servicio público domiciliario de energía eléctrica.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda sin condenar en costas (índice 53).
Consideró que la disposición acusada se ajustaba a lo previsto en el artículo 349 de la
Ley 1819 de 2016, en concordancia con las reglas de unificación fijadas por esta Sección
en la sentencia 2019CE-SUJ-4-009 del 06 de noviembre de 2019 (exp. 23103, CP: Milton

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Chaves García), conforme a las cuales el consumo de energía eléctrica constituye un
parámetro válido para determinar el impuesto de alumbrado público (subregla de
unificación f). Estimó, igualmente, que la tarifa podía fijarse en «porcentajes fijos,
proporcionales o progresivos». Aunque advirtió que la norma demandada no precisaba
el método utilizado para establecer el porcentaje fijado, concluyó que el actor no demostró
que este careciera de razonabilidad o proporcionalidad, carga probatoria que le
correspondía, de conformidad con lo señalado en la subregla de unificación j. No
obstante, exhortó al ente demandado para que, en los futuros acuerdos que expidiera
sobre el impuesto de alumbrado público, dejara expuesto el método empleado para definir
la tarifa del tributo, con el fin de evitar confusiones en su aplicación.

De otra parte, juzgó que la causación del impuesto de alumbrado público prevista en la
disposición acusada respecto de los predios rurales se ajustaba a lo dispuesto en el
artículo 349 de la Ley 1819 de 2016 y a la regla de unificación ii., en tanto el elemento
objetivo del hecho generador del tributo era el beneficio, real o potencial, derivado del
servicio de alumbrado público, el cual se acreditaba con la existencia de un
establecimiento físico dentro de la respectiva jurisdicción municipal, con independencia
de su ubicación en zona urbana o rural.

Recurso de apelación

El demandante apeló la decisión del tribunal (índice 58), al considerar que omitió
identificar la disposición legal que autorizaba al ente demandado para establecer el
impuesto de alumbrado público a partir de un porcentaje o pago diferencial del consumo
del servicio público domiciliario de energía eléctrica, lo que, en su criterio, configuraba un
trato discriminatorio para dichos sujetos pasivos. Agregó que el cobro conjunto del
impuesto con el servicio público domiciliario de energía eléctrica vulneraba el debido
proceso y el artículo 147 de la Ley 142 de 1994, en la medida en que impedía su discusión
en sede administrativa.

De otra parte, adujo que el ente demandado carecía de competencia para expedir la
disposición acusada «sin estudio técnico que soporte el pago diferencial y discriminatorio
expedido por la CREG». Añadió que, si bien el tribunal exhortó al concejo municipal a dar
claridad sobre ese aspecto, «hasta la fecha no se cumple. Por lo que se decanta de forma
inequívoca posible falsa motivación desde los acuerdos 029 de 1998 y 035 de 2018».
Sostuvo que, a partir de la entrada en vigor de la Ley 142 de 1994, la administración de
los servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios correspondía a las entidades
prestadoras de servicios públicos y no a las alcaldías municipales, de manera que serían
aquellas las competentes para presentar, para su aprobación, la tarifa del impuesto de
alumbrado público ante el concejo municipal, actuación que, según afirmó, se había
omitido hasta la fecha. Planteó que con la incorporación del impuesto de alumbrado
público al Estatuto de Rentas del municipio se vulneraba la destinación específica de
dichos recursos, lo que daría lugar al delito de «peculado por destinación diferente», en
tanto el recaudo pasaría a ser de libre destinación para el ente territorial y podría generar
un eventual enriquecimiento sin causa.

Finalmente, alegó que «la empresa generó factura sin características del sujeto activo –
alcaldía o empresa–, posible suplantación, usurpación de funciones».

Pronunciamientos sobre el recurso

El demandado reiteró los planteamientos de anteriores etapas procesales y añadió que
los argumentos de la apelación carecían de idoneidad para oponerse a la sentencia del

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tribunal (índice 11). Por su parte, el ministerio público solicitó confirmar la sentencia
apelada porque estimó que la norma demandada contenía todos los elementos del
impuesto de alumbrado público y, por ende, no se desconocieron los derechos de los
contribuyentes (índice 12).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

1- Juzga la Sala la legalidad de los apartes acusados del artículo 251 del Acuerdo 035
de 2018, proferido por el concejo municipal de Tunja, a la luz de los cargos de apelación
formulados por el actor, en calidad de apelante único, contra la sentencia del tribunal que
negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

1.1- En primer lugar, la Sala advierte que la norma objeto del presente pronunciamiento
fue derogada tácitamente por el artículo 516 del Acuerdo 029 de 20202, el cual, a su vez,
fue derogado de forma expresa por el artículo 469 del Acuerdo 054 de 2022, expedidos
por el Concejo Municipal de Tunja (artículos 71 y 72 del Código Civil, Ley 84 de 1873).
No obstante, de conformidad con el criterio reiterado por esta Sección 3 , resulta
procedente llevar a cabo el estudio de legalidad sobre normas ya derogadas, en la
medida en que, mientras estuvieron vigentes, produjeron efectos jurídicos que pudieron
afectar situaciones jurídicas particulares y, adicionalmente, la finalidad de este medio de
control consiste en la protección del ordenamiento jurídico in abstracto.

1.2- Por lo tanto, la Sala deberá establecer si el ente demandado desconoció las
disposiciones legales en las que debía fundarse al fijar el aspecto cuantitativo del hecho
generador del impuesto de alumbrado público con base en un porcentaje del consumo
del servicio público domiciliario de energía eléctrica y al disponer su facturación conjunta
con dicho servicio. En cambio, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre los cargos
novedosos formulados por el actor en el recurso de apelación, relativos al supuesto trato
discriminatorio de los sujetos pasivos a quienes se les determina el impuesto de
alumbrado público con base en el consumo del servicio público domiciliario de energía
eléctrica; a la presunta falsa motivación por la ausencia de un estudio técnico para la
fijación de la tarifa del impuesto que, según plantea en el recurso de apelación, debía
presentarse para su aprobación por el concejo municipal por las entidades prestadoras
de los servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios; a la supuesta vulneración de la
destinación específica de dicho tributo por su inclusión en el Estatuto de Rentas
Municipales; y a la alegada «suplantación y usurpación de funciones» por la delegación
en las entidades prestadoras del servicio público domiciliario de energía eléctrica de la
potestad para determinar el tributo. Ello, en la medida en que se trata de planteamientos
que no fueron incorporados en el concepto de violación expuesto en la demanda, de
manera que su examen supondría habilitar un nuevo debate en segunda instancia, con
la consecuente transgresión del principio de congruencia y de las garantías de defensa y
contradicción del ente demandado4.

2
Ello obedece a que el Capítulo 10 «impuesto sobre el servicio de alumbrado público» del Título III «impuestos municipales» de dicho
acuerdo modificó las normas que regirían el impuesto de alumbrado público en esa jurisdicción. En concreto, los artículos 312 y 316
a 318 se ocuparon de establecer el sujeto pasivo, la base gravable, el periodo de causación y la tarifa aplicables a esa obligación
tributaria, que antes estaban regulados en los apartes demandados del artículo 251 del Acuerdo 035 de 2018.
3
Sentencias del 23 de julio de 2009 (exp. 15311, CP: Héctor J. Romero Díaz); del 23 de enero de 2014 (exp. 18841, CP: Carmen
Teresa Ortiz de Rodríguez); del 20 de febrero de 2017 (exp. 20828, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas); del 05 de julio de 2018
(exp. 21952, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez); y del 08 de marzo de 2019 (exp. 22290, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto).
4
Sentencias del 26 de julio de 2012 (exp. 18380, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez); del 25 de noviembre de 2014 (exp. 19031,
CP: Jorge Octavio Ramírez); y del 19 de febrero y del 29 de abril de 2020 (exps. 22748 y 23677, CP: Julio Roberto Piza).

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1.3- Por otra parte, en relación con la orden impartida por el tribunal, consistente en
exhortar al ente demandado para que «dentro del marco de sus competencias consolide
en el Estatuto de Rentas del municipio, de forma clara, detallada y precisa, el método
usado … para definir la tarifa del impuesto de alumbrado público, evitando
interpretaciones aisladas y normatividad dispersa», la Sala procederá a revocarla de
oficio, por cuanto resulta incongruente con los cargos de nulidad formulados en la
demanda. Al efecto, se constata que si bien el demandante elevó una pretensión
encaminada a que se ordenara «establecer el acuerdo del cobro de alumbrado público
sobre tarifa y estudio técnico con las mismas garantías de los otros servicios públicos
como agua, aseo, alcantarillado, energía y gas», al desarrollar el concepto de violación
no formuló un reproche concreto contra la tarifa del impuesto de alumbrado público fijada
en el acuerdo acusado, ni cuestionó de manera específica la ausencia del estudio técnico
a la que aludió el a quo. Por el contrario, el único alegato planteado por el demandante
en relación con ese aspecto se circunscribió a controvertir la potestad del ente
demandado para definir el elemento cuantitativo del hecho generador del tributo con base
en un porcentaje del consumo privado del servicio público domiciliario de energía
eléctrica, al considerar que ninguna disposición legal habilitaba dicha forma de
cuantificación del impuesto.

En ese orden, se advierte que la decisión de primera instancia, en cuanto exhortó al ente
demandado a incorporar en la regulación del impuesto de alumbrado público un estudio
técnico que sustentara la tarifa adoptada, desconoció el principio de congruencia externa,
consagrado en el artículo 281 del CGP (Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012),
conforme al cual las sentencias deben pronunciarse sobre los hechos y las pretensiones
formuladas por la parte actora, siempre que se encuentren debidamente sustentadas en
los cargos de nulidad propuestos en los términos del artículo 137 del CPACA. Ello, en la
medida en que solo de esa forma se garantiza que la decisión judicial se circunscriba al
petitum de la demanda y a lo debatido en la contestación5. En consecuencia, la Sala
deberá excluir oficiosamente dicha orden, a fin de salvaguardar el principio de
congruencia y las garantías de defensa y contradicción del demandado, habida cuenta
de que –como se expuso– la discusión sobre el porcentaje fijado como tarifa del tributo y
la ausencia de un estudio técnico que lo sustentara no integraron la litis planteada en la
demanda.

Análisis del caso

2- Sobre la cuestión debatida, el actor alega que los apartes demandados del artículo 251
del Acuerdo 035 de 2018 transgreden las disposiciones legales en las que debían
fundarse, al fijar el impuesto de alumbrado público con base en un porcentaje del
consumo del servicio público domiciliario de energía eléctrica. Asimismo, cuestiona que
se haya previsto el recaudo conjunto del tributo con dicho servicio, lo cual, a su juicio,
vulnera el artículo 147 de la Ley 142 de 1994 y el debido proceso, en la medida en que
impide su discusión en sede administrativa.

A tales planteamientos se opone el ente demandado, quien sostiene que, contrario a lo
indicado por el demandante, el consumo del servicio público domiciliario de energía
eléctrica constituye un parámetro idóneo para determinar el impuesto de alumbrado
público, en tanto que, si bien el alumbrado público no es un servicio público domiciliario,
resulta inherente al de energía eléctrica. En ese orden, afirma que el artículo 352 de la
Ley 1819 de 2016 autoriza el recaudo del impuesto a través de las entidades prestadoras
de dicho servicio, con el fin de evitar la evasión del tributo por parte de los contribuyentes.

5
Sentencias del 29 de abril de 2020, exp. 22085, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto y del 17 de junio de 2021, exp. 23733, CP: Julio
Roberto Piza.

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En esos términos, corresponde a la Sala determinar si los apartes demandados del
artículo 251 del Acuerdo 035 de 2018, expedido por el Concejo Municipal de Tunja,
contravinieron las disposiciones legales en las que debían fundarse al establecer el
elemento cuantitativo del impuesto de alumbrado público a partir de un porcentaje del
consumo del servicio público domiciliario de energía eléctrica y al disponer su facturación
conjunta con dicho servicio.

2.1- Sobre la materia, el artículo 1.° de la Ley 97 de 1913 facultó al Concejo de Bogotá
para crear el impuesto de alumbrado público (letra d.), potestad que fue extendida a los
demás concejos municipales y distritales por el artículo 1.° de la Ley 84 de 1915.
Posteriormente, el artículo 349 de la Ley 1819 de 2016 reiteró dicha autorización. Para
ello, dispuso que el aspecto material del hecho generador del impuesto sería «el beneficio
por la prestación del servicio de alumbrado público» y facultó a los concejos municipales
y distritales para establecer los sujetos pasivos, la base gravable y las tarifas del tributo,
guardando «consecutividad» con el aspecto material del hecho generador definido y los
principios de «progresividad, equidad y eficiencia».

Para tal efecto, se ordenó al Gobierno nacional reglamentar, dentro de los seis meses
siguientes a la entrada en vigor de la Ley 1819 de 2016, «los criterios técnicos que deben
ser tenidos en cuenta en la determinación del impuesto, con el fin de evitar abusos en su
cobro, sin perjuicio de la autonomía y las competencias de los entes territoriales». En
consonancia con lo anterior, el artículo 351 ibidem estableció que, para fijar el aspecto
cuantitativo del impuesto, los municipios y distritos debían considerar «como criterio de
referencia» el valor total de los costos estimados de prestación en cada componente del
servicio de alumbrado público, para lo cual les correspondía «realizar un estudio técnico
de referencia de determinación de costos de la prestación del servicio de alumbrado
público, de conformidad con la metodología para la determinación de costos establecida
por el Ministerio de Minas y Energía, o la entidad que este delegue».

En el juicio de constitucionalidad de esas disposiciones efectuado en la sentencia de la
Corte Constitucional C-130 de 2018 (MP: José Fernando Reyes Cuartas) se señaló que
la potestad conferida al Gobierno nacional en el marco del impuesto de alumbrado
público:

[N]o puede ser entendida como la regulación de los elementos esenciales del tributo –base gravable,
sujeto pasivo y tarifa– ni tampoco sus elementos particulares –la administración del recaudo y el
control del impuesto– sino que tiene como finalidad únicamente la de evitar que se produzcan abusos
y sobrecostos en el cobro de este servicio y proveer por una homologación en las tarifas por parte
de los municipios y distritos, en el marco de la autonomía de las entidades territoriales y en aras a
salvaguardar los recursos públicos que se destinan para el pago de este servicio público no
domiciliario.

En esa medida, la Corte Constitucional precisó que la regulación expedida por el
Gobierno nacional no podía desconocer la autonomía de las entidades territoriales para
fijar los elementos del tributo, incluidas las tarifas, sino que constituía una metodología
que opera «como un parámetro o marco que deben tener en cuenta los municipios y
distritos», al imponer un «límite del impuesto sobre el servicio de alumbrado público», con
el fin de hacer más eficaz su cobro, sin que ello implique vulnerar la autonomía territorial
en materia financiera.

2.2- En lo relativo al recaudo del impuesto, el artículo 352 de la Ley 1819 de 2016 dispuso
que este se efectuaría por el sujeto activo o por las entidades comercializadoras de
energía, actuando como agentes recaudadores, a través de la factura del servicio público
domiciliario de energía eléctrica. En la sentencia C-088 de 2018 (MP: Diana Fajardo

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Rivera), la Corte Constitucional concluyó que dicho mecanismo de recaudo realiza el
principio de eficiencia constitucional, en la medida en que tales entidades «suministran
un servicio que guarda una evidente relación de proximidad con el de alumbrado público
y, por esta razón, poseen experticia en el proceso de facturación y cobro de ese
específico tipo de prestación». Asimismo, destacó que «por lo general han estandarizado
esta clase de procedimientos, a través de una infraestructura administrativa propia, lo
cual facilita la recepción de una contribución masiva como la que se analiza», y que «el
recaudo del impuesto a través de la factura del servicio de energía eléctrica domiciliaria
favorece el cumplimiento ciudadano de los deberes fiscales». En línea con ello, precisó
que aspectos tales como el período de facturación y recaudo del tributo (mensual,
trimestral, semestral o anual), la información que debe consignarse en la factura y la
posibilidad de facturarlo en «desprendible separable» dependen de la forma en que cada
municipio o distrito establezca el respectivo deber tributario.

2.3- Adicionalmente, el artículo 349 de la Ley 1819 de 2016 previó que, en el caso de los
predios que no fueran usuarios del servicio público domiciliario de energía eléctrica, el
impuesto de alumbrado público podría cobrarse mediante una sobretasa del impuesto
predial, alternativa que también se autorizó para los demás casos, con el límite máximo
del «uno por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto
predial», la cual podría recaudarse conjuntamente con dicho impuesto.

2.4- En el presente caso, se demandan algunos apartes del artículo 251 del Acuerdo 035
de 2018, mediante el cual el Concejo de Tunja fijó los elementos del hecho generador del
impuesto de alumbrado público en su jurisdicción. En particular, el actor sostiene que
resultaba improcedente establecer el aspecto cuantitativo del tributo con base en un
porcentaje del consumo del servicio público domiciliario de energía eléctrica, así como
disponer su recaudo conjunto con la facturación de dicho servicio, por considerar que esa
fórmula de cuantificación no se encontraba autorizada por la ley.

Para solucionar los problemas jurídicos, la Sala parte de reiterar que, para la regulación
del impuesto de alumbrado público, el artículo 349 de la Ley 1819 de 2016 fijó como
aspecto objetivo del hecho generador el beneficio por la prestación del servicio de
alumbrado público y autorizó a los concejos municipales y distritales para definir los
demás elementos del hecho imponible, siempre que guarden relación con dicho
presupuesto fáctico y atiendan a los costos de la prestación del servicio de alumbrado
público y a los criterios técnicos fijados por el Gobierno nacional, cuya finalidad es evitar
abusos en el cobro del tributo. Asimismo, el artículo 352 ejusdem autorizó el recaudo del
impuesto por las entidades prestadoras del servicio público domiciliario de energía
eléctrica, a través de la facturación de dicho servicio. De otro lado, respecto de los predios
que no cuentan con el servicio público domiciliario de energía eléctrica, el referido artículo
349 dispuso la posibilidad de establecer el cobro del impuesto de alumbrado público como
una sobretasa del impuesto predial. Este mecanismo también fue autorizado como una
alternativa que puede ser adoptada por el municipio o distrito en todos los casos, evento
en el cual el impuesto se limitó a un máximo del uno por mil (1‰) sobre el avalúo de los
bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial (parágrafo 1.°).

2.5- En esa medida, la Sala advierte que no le asiste razón al demandante al afirmar que
el ente demandado transgredió las disposiciones legales referidas al prever una fórmula
para el cálculo del impuesto de alumbrado público a partir de un porcentaje del consumo
del servicio público domiciliario de energía eléctrica, pues el artículo 349 de la Ley 1819
de 2016 autorizó a los concejos municipales y distritales para fijar los elementos del hecho
generador del tributo, siempre que guardaran congruencia con el beneficio por la
prestación del servicio de alumbrado público, que constituye el presupuesto material

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Radicado: 15001-23-33-000-2022-00353-02 (29743)
Demandante: William Hernando Suárez Sánchez

legalmente previsto para su causación. En contraste con lo alegado por el actor, la Sala
considera que el consumo del servicio público domiciliario de energía eléctrica constituye
un referente idóneo para la determinación de la base gravable del impuesto de alumbrado
público respecto de los sujetos pasivos que ostentan la condición de usuarios regulados
de dicho servicio (sentencia del 27 de noviembre de 2025, exp. 29620, CP: Myriam Stella
Gutiérrez Argüello), en tanto, como lo señaló la Corte Constitucional, se trata de un
servicio que «guarda una evidente relación de proximidad con el de alumbrado público»
(sentencia C-088 de 2018, MP: Diana Fajardo Rivera).

Por otra parte, esta Sección ha precisado que las tarifas que establezcan los concejos
municipales y distritales para el impuesto de alumbrado público pueden adoptar diversas
modalidades, tales como «tarifas fijas o variables –determinada suma de dinero o una
unidad de valor tributario–, o porcentajes fijos, proporcionales o progresivos» (sentencia
del 09 de agosto de 2018, exp. 22071, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez)6. En todo
caso, dichas tarifas deben atender a los costos asociados a la prestación del servicio de
alumbrado público y a los criterios técnicos fijados por el Gobierno nacional (artículos 349
y 351 de la Ley 1819 de 2016). Sin embargo, en el asunto sometido a consideración de
la Sala, el demandante no controvirtió la correspondencia entre tales costos y la tarifa
fijada por el ente demandado, sino que circunscribió su reproche a cuestionar que el
impuesto se determinara como un porcentaje del consumo de energía eléctrica,
modalidad que, conforme a las disposiciones legales y a los precedentes
jurisprudenciales analizados, se considera válida para la cuantificación del tributo. A esa
misma conclusión arribó la Sala en las sentencias del 29 de febrero y 15 de marzo de
2024 (exps. 28155 y 28069, CP: Stella Jeannette Carvajal Bastos) y del 04 de septiembre
de 2025 (exp. 29490, CP: Luis Antonio Rodríguez Montaño), en las que se resolvieron
demandas de nulidad promovidas por el aquí demandante contra la regulación del
impuesto de alumbrado público adoptada por otros municipios.

Tampoco comparte la Sala el argumento del actor relativo a la supuesta transgresión del
artículo 147 de la Ley 142 de 1994 y del debido proceso, por el hecho de haberse previsto
el recaudo conjunto del impuesto de alumbrado público con el servicio público domiciliario
de energía eléctrica, puesto que, como se expuso, el artículo 352 de la Ley 1819 de 2016
autorizó expresamente esa forma de recaudo del tributo, la cual se declaró ajustada a la
Constitución por la Corte Constitucional en la sentencia C-088 de 2018 (MP: Diana
Fajardo Rivera). Además, del texto de la disposición demandada no se desprende
restricción alguna al derecho de los sujetos pasivos de controvertir, por las vías
administrativas y judiciales correspondientes, la determinación del impuesto a su cargo.
Por lo expuesto, el cargo de apelación no prospera.

Conclusión

3- En definitiva, la Sala concluye que el concejo municipal del ente territorial demandado
no excedió sus facultades impositivas ni transgredió las normas de rango legal que lo
habilitaron para fijar el aspecto cuantitativo del hecho generador del impuesto de
alumbrado público, en particular los artículos 349 y siguientes de la Ley 1819 de 2016, ni
al prever su recaudo conjunto con el servicio público domiciliario de energía eléctrica,
conforme a lo dispuesto en el artículo 352 de la misma ley.

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Al respecto, se pueden consultar, entre otras, las sentencias de 11 de marzo de 2010 y 22 de marzo de 2012 (exps. 16667 y 17817,
CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas); del 10 de marzo, 03 de octubre de 2011, 08 de octubre de 2015 y 04 de febrero de 2016
(exps. 18141, 18141, 21219 y 20767, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez); del 05 de diciembre de 2011 (exp. 18270, CP: Martha
Teresa Briceño de Valencia); y del 09 de agosto de 2018 (exp. 22071, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

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Demandante: William Hernando Suárez Sánchez

Con arreglo a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto
negó las pretensiones de la demanda. No obstante, revocará de oficio la orden impartida
por el a quo de exhortar al ente demandado a incorporar en la regulación del impuesto
de alumbrado público un estudio técnico que sustentara la tarifa adoptada, a fin de
salvaguardar el principio de congruencia y las garantías de defensa y contradicción del
demandado, habida cuenta de que la discusión sobre el porcentaje fijado como tarifa del
tributo y la ausencia de un estudio técnico que lo sustentara no integraron la litis planteada
en la demanda.

Costas

4- Por último, no se condena en costas en esta instancia, conforme con lo dispuesto en
el artículo 188 del CPACA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar el ordinal segundo de la sentencia apelada.

2. En lo demás, confirmar la sentencia de primera instancia.

3. Sin condena en costas en segunda instancia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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