Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2022-00746-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2022-00746-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 15001-23-33-000-2022-00746-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
20 de diciembre de 2022
Radicado: 15001-23-33-000-2022-00746-01
Demandante: José Fidel Garavito Vargas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., veinte (20) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Habeas corpus
Radicación: 15001-23-33-000-2022-00746-01
Demandante: José Fidel Garavito Vargas
Tema: Habeas corpus. Se confirma el fallo impugnado que negó la acción
de habeas corpus porque el accionante no demostró que su
privación de la libertad se ha prolongado ilegalmente. Por el
contrario, está acreditado que el accionante no ha cumplido los
requisitos legales para obtener el derecho al subrogado penal de la
libertad condicional.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
el Despacho a resolver la impugnación formulada por el demandante contra la
sentencia dictada el 16 de diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Despacho No. 3 de Oralidad, que negó la acción de habeas corpus.
El Despacho es competente para conocer este trámite de conformidad con los
artículos 2 y 7 de la Ley 1095 de 2006.
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1.- El accionante José Fidel Garavito Vargas interpuso habeas corpus porque
considera que se ha prolongado ilegalmente su privación de la libertad debido a
que:
1.1.- En la sentencia penal condenatoria del 5 de marzo de 2018, el Juzgado
Quinto Penal del Circuito de Tunja condenó al accionante a una pena de sesenta
(60) meses de prisión domiciliaria.
1.2.- El 5 de marzo de 2021, el accionante cumplió las tres quintas (3/5) partes
de la pena privativa de la libertad. A pesar de ello, el Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja no le ha concedido la
libertad condicional porque no ha pagado los perjuicios causados por la comisión
de delito.
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Demandante: José Fidel Garavito Vargas
1.3.- El accionante considera que la prolongación de su privación de la libertad
es ilegal porque a la fecha no se ha proferido una providencia en el trámite del
incidente de reparación integral de perjuicios que ordene la indemnización.
B. Informes de las autoridades accionadas
2.- El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Tunja se opuso a la acción de habeas
corpus. En el informe señaló que <<la acción constitucional deprecada por el
proceso es improcedente, en primer lugar, porque está privado de la libertad en
cumplimiento de una orden judicial emitida con todas las formalidades, y en
segundo lugar, porque el señor Garavito Vargas no se encuentra en una
prolongación ilícita de la privación de la libertad, ya que a la fecha no ha cumplido
la pena impuesta en la sentencia de primera instancia y ratificada por el superior
funcional; pero adicionalmente, la solicitud de libertad condicional debe ser
resuelta al interior del proceso, no pudiendo el Juez constitucional entrar a
verificar el cumplimiento de los requisitos que demanda dicho subrogado penal,
como lo pretende el accionante>>.
3.- El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja
también se opuso a la acción de habeas corpus. En el informe señaló que no se
ha prolongado ilegalmente la privación de la libertad del accionante debido a que:
(i) el accionante no ha cumplido con el requisito del pago o aseguramiento de los
perjuicios para efectos de obtener el derecho a la libertad condicional; (ii) en el
trámite del proceso penal se negó el incidente que propuso el accionante para
que se declarara su insolvencia económica.
4.- El Inpec también solicitó declarar improcedente la acción de habeas corpus
porque el accionante no ha cumplido los requisitos para obtener el derecho a la
libertad condicional por pena cumplida.
C. Sentencia impugnada
5.- En la sentencia del 16 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Despacho No. 3 de Oralidad negó la solicitud de habeas corpus porque
no se demostró la prolongación ilegal de la libertad del accionante debido a que
no ha cumplido el requisito establecido en el artículo 64 del Código Penal, esto
es el pago de perjuicios, para obtener el derecho al subrogado penal de la libertad
condicional.
6.- En ese sentido, concluyó que <<no es cierto que la privación de la libertad
que enfrenta el sentenciado se esté prolongando ilícitamente, pues, tal como lo
indicó el juzgado ejecutor y el establecimiento carcelario, de los 60 meses de
prisión a que fue condenado, ha descontado 4 años, 9 meses y 10 días, esto es,
57 meses y 10 días. Luego, no ha cumplido la pena impuesta en la sentencia de
primera instancia y ratificada por el superior funcional. Y si bien el subrogado de
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Demandante: José Fidel Garavito Vargas
la libertad condicional no ha sido otorgado, al no hallarse superado el requisito
atinente al pago de perjuicios, dicha circunstancia no prolonga de manera ilegal
la privación de la libertad que enfrenta, pues además de que corresponde al Juez
que vigila la pena entrar a analizar si el condenado cumple los requisitos
establecidos para dicho beneficio, la acreditación de este no se aparta de ninguna
manera del contenido de la sentencia por la que fue condenado. (…) Bajo tales
consideraciones, es dable concluir que el mecanismo constitucional invocado
resulta improcedente pues no está instituido para que el sentenciado continúe el
debate sobre la procedencia de la libertad condicional, a manera de tercera
instancia, a fin de obtener una resolución diferente a la adoptada por los jueces
competentes, máxime si en la actualidad se tramita el recurso de apelación ante
el superior con ocasión de la providencia que negó el subrogado penal>>.
D. Recurso de apelación
7.- El accionante solicita que se revoque integralmente la sentencia impugnada
y, en su lugar, se conceda la acción de habeas corpus. Su inconformidad se
centra en señalar que una <<cuestión (…) netamente civil>>, como es el pago de
perjuicios, no debe incidir o no puede condicionar el otorgamiento del subrogado
de la libertad condicional porque: (i) no existe certeza del momento en el que se
falle el incidente de reparación integral de perjuicios; (ii) el incidente de
reparación integral es independiente y posterior al trámite penal; y, (iii) el
accionante ha cumplido los demás requisitos para obtener el subrogado, en
especial porque ha cumplido tres quintas (3/5) de la pena privativa de la libertad
que le fue impuesta.
II. CONSIDERACIONES
E. Asuntos procesales
11.- El Despacho se pronunciará de fondo porque están reunidos los
presupuestos procesales para fallar consagrado en la Ley 1095 de 2006.
F. Decisión
12.- Se confirmará el fallo impugnado porque el accionante no demostró que su
privación de la libertad se ha prolongado ilegalmente. Por el contrario, está
acreditado que el accionante no ha cumplido los requisitos legales para obtener
el derecho al subrogado penal de la libertad condicional.
13.- El otorgamiento del subrogado de la libertad condicional está regulado en el
artículo 64 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 30 de la Ley 1709
de 2014. Entre los requisitos dispuestos en esta norma, el Legislador consagró
el siguiente: <<[e]n todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a
la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía
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Demandante: José Fidel Garavito Vargas
personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia
del condenado>>.
14.- Esta condición al otorgamiento del subrogado de la libertad provisional fue
establecida en nuestro ordenamiento jurídico desde la modificación del Código
Penal introducida por la Ley 890 de 2004. Al estudiar su constitucionalidad, la
Corte Constitucional señaló lo siguiente en la sentencia C-823 de 2005:
<<4.2. El análisis del cargo por la vulneración del artículo 28 superior
Frente al cargo planteado de vulneración del artículo 28 superior por las
expresiones “y la reparación de la víctima” contenidas en el artículo 64 del Código
Penal tal como quedó modificado por el artículo 5° de la Ley 890 de 2004, resulta
pertinente recordar que esta Corporación se ha pronunciado en anteriores
ocasiones en torno a la exigencia establecida en la normatividad penal respecto
de la reparación de los daños causados por el delito y en consecuencia la
reparación a las víctimas como presupuesto para el otorgamiento de subrogados
penales.
Así, en la Sentencia C-008 de 1994 donde se pronunció sobre la
constitucionalidad de algunos apartes de los artículos 519, 520 y 524 del Decreto
2700 de 1991 que regulaban la concesión del mecanismo de condena de
ejecución condicional, la Corte descartó que la exigencia de tal reparación
implicará el desconocimiento de la prohibición contenida en el artículo 28 superior
según la cual “En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por
deudas”.
Al respecto la Corte hizo énfasis en que la condición a que se aludía en ese
proceso no implicaba la exigencia de pagar una deuda bajo el apremio de una
pena privativa de la libertad sino el requerimiento a quien era beneficiado con una
eventual inejecución de la pena para que atendiera la obligación de reparar el
daño causado con el delito. Obligación esta que, como la pena, tenía por fuente
el hecho punible. Así mismo que ante el incumplimiento de la obligación de
indemnizar el daño causado, fallaba la condición en cuya virtud se podía, según
la ley, suspender la ejecución de la pena o prescindir de ella y, por tanto, quedaba
en pleno vigor la condena, tal como si no se hubiera adoptado la decisión de
otorgar el beneficio. (…)
A similar conclusión llegó la Corte en la Sentencia C-006 de 2003, esta vez al
analizar el mismo cargo de vulneración del artículo 28 superior en relación con
los artículos 484 y 488 de la Ley 600 de 2000 que establecen la revocatoria del
beneficio de la ejecución condicional de la pena privativa de la libertad y en
consecuencia la ejecución de la condena en caso de incumplimiento de la
obligación de reparar los daños causados por el delito dentro del plazo en ellos
señalado.
En dicha sentencia, la Corte, al tiempo que reiteró el principio según el cual el
incumplimiento de una deuda, por sí mismo, no justifica una sanción de privación
de la libertad personal y, por lo tanto, el goce efectivo de la libertad personal no
puede estar supeditado al pago de una suma de dinero, concluyó que las normas
acusadas no establecían como condición determinante e ineluctable el pago de
una suma de dinero para poder gozar de la libertad personal. Al respecto hizo
énfasis en que el pago de la indemnización de perjuicios, en tanto que se trataba
de un requisito no determinante para acceder al beneficio de la suspensión de la
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Demandante: José Fidel Garavito Vargas
ejecución de la pena y continuar disfrutando de él, no constituía una condición
inconstitucional, que supeditara ineluctablemente el goce efectivo de la libertad
personal al pago de una suma de dinero. (…)
Ahora bien, en el presente caso la Corte, además de recordar que en ejercicio de
la potestad de configuración que le confiere la Constitución, el Legislador diseña
la estructura del proceso penal de conformidad con los resultados de las
evaluaciones de su política criminal y que en este sentido a menos que incurra
en medidas arbitrarias y desproporcionadas, tiene amplia potestad para
determinar las condiciones mediante las cuales establece subrogados penales y
concretamente las condiciones para concederlos o para revocarlos, constata que
efectivamente, como se señaló en los apartes preliminares de este acápite de la
sentencia, en el nuevo régimen establecido a partir de la expedición del Acto
legislativo 03 de 2002, y, entre otras, las leyes 890 y 906 de 2004 en función del
énfasis dado al derecho de las víctimas y a la necesidad de garantizar -sin que
ello lo convierta en un derecho absoluto- la reparación integral de las
consecuencias del delito, el Legislador decidió modificar las condiciones para la
concesión del subrogado penal de libertad condicional y estableció que la misma
en todo caso “estará supeditada al pago total de la multa y de la reparación de la
víctima”. Lo que supone entonces, como igualmente se explicó, que para poder
acceder al beneficio es necesario previamente pagar tanto la multa que se haya
impuesto como pena accesoria, como la indemnización a la víctima que
corresponda al daño causado por el delito.
Al respecto y frente al cargo por la supuesta vulneración del artículo 28 superior
en que se incurriría por el hecho de que se exija la reparación de la víctima como
presupuesto para la concesión del subrogado penal de libertad condicional, la
Corte estima pertinente reiterar lo dicho en las sentencias C-008 de 1994 y C-
899 de 2003 en el sentido que la condición a que se ha hecho referencia no
implica -contrariamente a lo que afirman los demandantes- la exigencia de pagar
una deuda bajo el apremio de una pena privativa de la libertad sino el
requerimiento a quien desea ser beneficiado con una eventual inejecución de la
pena para que atienda, de todas maneras, la obligación de reparar el daño
causado con el delito. Esta, como la pena, tiene por fuente el hecho punible, pero
no se confunde con la pena y, por tanto, no desaparece por la sola circunstancia
de que dicha pena pueda dejar de aplicarse mediante el mecanismo de la libertad
condicional.
Recuérdese que la pena -respecto de la cual el subrogado de la libertad
condicional simplemente permite que no se cumpla en su totalidad-, no tiene su
origen en la obligación de indemnizar a la víctima sino en el ejercicio del ius
puniendi estatal que se pone en marcha como consecuencia del comportamiento
delictual del individuo al que se impone. Así mismo que la obligación de la que
se trata en este caso no es una simple deuda surgida de la capacidad
transaccional del individuo sino el resultado de la conducta punible en que ha
incurrido y con la cual ha causado un daño.
En ese orden de ideas, es claro que quien solicita que se le conceda un beneficio
como la libertad condicional no puede pretender, con la salvedad que se hará
más adelante, que se le exima de cumplir dicha obligación para obtener el
beneficio, con la excusa de que, por el hecho de estar obligado a pagar la
reparación a la víctima para acceder a él, se le está constriñendo a pagar una
deuda so pena de ir a la cárcel.
Téngase en cuenta así mismo que como se expuso ampliamente en los apartes
preliminares de esta sentencia en tanto los derechos a la indemnización de la
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víctima deben ser protegidos por el Estado -deber de protección que por lo demás
como allí se dijo se establece con particular énfasis en el artículo 250
constitucional tal como quedó modificado por el Acto legislativo 02 de 2003- la
exigencia del pago de la indemnización a la víctima no puede considerarse -con
la salvedad que se hace más adelante- como un requisito irrazonable o
desproporcionado que establezca un mecanismo coercitivo prohibido por la
Constitución y particularmente por el artículo 28 superior sino más bien como una
manifestación legítima del ejercicio de la potestad de configuración del legislador
para dar cumplimiento a los mandatos superiores en materia de protección de las
víctimas de los hechos punibles y particularmente del derecho que éstas tienen
a la reparación integral de los daños causados con el delito (art 250-6 C.P.).
(…)>>1
15.- En el presente caso el accionante no está privado de la libertad por no haber
pagado la indemnización de los perjuicios a las víctimas del delito sino por la pena
que fue impuesta por el juez penal de conocimiento en la sentencia condenatoria.
16.- En consecuencia, no se puede estimar que su privación de la libertad se ha
prolongado ilegalmente porque está probado que el accionante no ha cumplido
la condición de reparar a las víctimas establecida en el artículo 64 de la Ley 599
de 2000, modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014.
17.- En todo caso, el Despacho destaca que el accionante deberá recuperar
inmediatamente su libertad, cuando cumpla la pena impuesta en la sentencia
penal condenatoria, independientemente de lo que suceda o lo que se decida en
el trámite del incidente de reparación integral de perjuicios.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia dictada el 16 de diciembre de 2022 por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho No. 3 de Oralidad, que negó la
acción de habeas corpus.
SEGUNDO: REMÍTASE el presente expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
1 Corte Constitucional. Sentencia C-823 de 2005. M.P.: Dr. Álvaro Tafur Galvis.
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