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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2023-00088-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2023-00088-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 21 de febrero de 2023, en el que el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión número 4 declaró la carencia actual de objeto por hecho superado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 15001-23-33-000-2023-00088-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

14 de mayo de 2026

Demandante: Constanza Mesa Cepeda
Demandado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial – Seccional Boyacá y Casanare
Radicación: 15001-23-33-000-2023-00088-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 15001-23-33-000-2023-00088-01
Demandante: CONSTANZA MESA CEPEDA
Demandado: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL – SECCIONAL BOYACÁ Y CASANARE

Tema: Tutela de fondo – Confirma la sentencia de primera instancia que
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación radicada por la señora Constanza Mesa
Cepeda contra la sentencia de 21 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión número 4, en la que se declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Constanza Mesa Cepeda, en nombre propio, presentó acción de tutela el
6 de febrero de 2023, contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial – Seccional Boyacá y Casanare, con el fin de que se le proteja su derecho
fundamental de petición.
La referida garantía constitucional la estimó vulnerada con ocasión a que, a la fecha
de radicación de esta acción constitucional, la parte accionada no le había
respondido la solicitud que había radicado el 21 de noviembre de 2022, en la que
requirió «las planillas de aportes al sistema general de seguridad social en pensión».

1.2. Pretensiones

Las peticiones deprecadas son las siguientes:

PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental de PETICIÓN a favor de la accionante por
la omisión judicial en cabeza de la oficina de talento humano de la Dirección
Administrativa Ejecutiva Seccional Boyacá y Casanare.

SEGUNDO: Ordenar a la oficina de talento humano de la Dirección Administrativa
Ejecutiva Seccional Boyacá y Casanare para que en el término de tres (3) días de
respuesta al derecho de petición bajo código de registro: EXTDESAJTU22-123371.

1 Transcripción literal, por lo que puede contener errores.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Constanza Mesa Cepeda
Demandado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial – Seccional Boyacá y Casanare
Radicación: 15001-23-33-000-2023-00088-01

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta sentencia:

1.3.1. La señora Constanza Mesa Cepeda, adujo que el 21 de noviembre de 2022,
radicó una petición ante la oficina de talento humano de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial - Seccional Boyacá y Casanare, a través del
correo electrónico mdesajtunja@cendoj.ramajudicial.gov.co, el cual remitió
respuesta automática en que le infirmó que la solicitud fue radicada mediante el
código de registro EXTDESAJTU22-12337.

1.3.2. Expuso que, al momento de radicación de esta acción de tutela, no había
obtenido respuesta.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La señora Mesa Cepeda, manifestó que la autoridad demandada está vulnerando
su derecho fundamental de petición, puesto que, a la fecha de presentación de esta
acción constitucional no le había dado una respuesta a la solicitud requerida.

1.5. Trámite de la acción en primera instancia

Mediante auto de 21 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala
de Decisión número 4, admitió la presente acción de tutela, y ordeno notificar a la
accionante, así como a la parte demandada2.

1.6. Intervención

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes manifestaciones.

1.6.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Seccional
Boyacá y Casanare

Manifestó que en efecto la accionante radicó una petición el 21 de noviembre de
2022, y que la misma se remitió al área de talento humano de la DESAJ, conforme
a las funciones del «Acuerdo N PSAA09-6203, cuya coordinación está a cargo de
la Dra. Consuelo Salgado Blanco».

Adujo que, atendiendo a lo anterior, se brindó respuesta a la señora Constanza
Mesa Cepeda al correo electrónico conimesa@outlook.es, el 14 de febrero de 2023,
de manera que, consideró que el derecho fundamental de petición de la actora no
se transgredió, por lo que solicitó que se «declarara la improcedencia por hecho
superado».

2 Para que si lo consideraba del caso interviniera en el presente asunto.

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Demandante: Constanza Mesa Cepeda
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1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 21 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá,
Sala de Decisión número 4, declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado.

El a quo constitucional aseguró que, efectivamente la tutelante radicó una petición
el 21 de noviembre de 2022, por medio de correo electrónico
mdesajtunja@cendoj.ramajudicial.gov.co, ante la oficina de talento humano de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Seccional Boyacá y
Casanare.

Manifestó que la parte demandada en su intervención expuso que el 14 de febrero
de 2023, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Seccional
Boyacá y Casanare le remitió la siguiente respuesta a la señora Mesa Cepeda, a
saber:

El tribunal expuso que, de la respuesta emitida por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial - Seccional Boyacá y Casanare, se colige que la entidad
resolvió de fondo la petición elevada, pese a no ser la esperada por la actora.

De modo que, consideró que «la entidad accionada allegó constancia de notificación
de respuesta a la petición de la accionante al mail que coincide con el reportado en
el escrito en la petición y escrito de tutela, esto es: conimesa@outlook.es».

Manifestó que la Sala no desconocía que la petición que radicó la señora Mesa
Cepeda, «no había sido resuelta por la entidad accionada al momento de formular
la presente acción de tutela, lo cual, en principio implicaría una vulneración del
derecho fundamental de petición, en tanto ya se encontraban superados los
términos a los que hace referencia el artículo 14 de la ley 1755 de 2015».

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Adicionalmente, adujo que los argumentos de la entidad en su informe no eran de
recibo para el tribunal, sin embargo, encontró que la entidad accionada desplegó
actuaciones para brindar respuesta a la petición elevada por la accionante, y en ese
sentido, «como quiera que con la emisión de la respuesta y notificación a la
interesada (14 de febrero de 2023), se satisface el objeto de la solicitud de amparo
impetrada por la señora CONSTANZA MESA CEPEDA, en relación con la
protección de su derecho fundamental de petición, concluye la Sala que en el sub
júdice se configura la carencia actual de objeto por hecho superado en lo que
respecta a la petición invocada en el escrito tutelar formulado, pues se avizora que
en el curso del presente trámite constitucional cesó la vulneración invocada».

1.8. Impugnación3

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 3 de marzo de 2023, la señora
Constanza Mesa Cepeda impugnó la decisión de 21 de febrero de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión número 4, que declaró
la carencia actual de objeto por hecho superado.

La parte actora adujo que en efecto el 14 de febrero de 2023 recibió respuesta de
la parte demandada, no obstante, la misma no fue completa, sino parcial, dado que
«no encuentran las planillas de pago al SGSS en pensión que correspondan a la
información y vigencia solicitada, sin embargo, solicitó al despacho judicial, denegar
la tutela por hecho superado».

Afirmó, que de conformidad con lo dicho, ella necesitaba una respuesta definitiva,
pronta y oportuna, es decir, que expida copia de las planillas de pago de la vigencia
solicitada, para poder continuar con el trámite de la pensión de jubilación ante
Colpensiones, «porque mal podría presentar la documentación incompleta, ya que
es un periodo considerable de 3 meses el que quedaría faltando en la historia laboral
de pensión, el cual representa un número considerable de semanas cotizadas por
mí y de plano se me causa un grave perjuicio, más aún cuando la suscrita ha
desempeñado labores de manera ininterrumpida como Juez de la República desde
el 01 de diciembre 1999».

De modo que, solicitó lo siguiente:

1. Revoque el fallo de primera instancia proferido por el H. Tribunal Administrativo de
Boyacá adiado veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitrés (2023) y notificada
mediante correo electrónico el día 28 del mismo mes y año.

2. Tutele el derecho fundamental de PETICIÓN a favor de la accionante por la omisión
judicial en cabeza de la oficina de talento humano de la Dirección Administrativa
Ejecutiva Seccional Boyacá y Casanare.

3. Ordenar a la oficina de talento humano de la Dirección Administrativa Ejecutiva
Seccional Boyacá y Casanare para que en el término de tres (3) días de respuesta
de fondo al derecho de petición bajo código de registro: EXTDESAJTU22-12337.

3 La sentencia fue notificada el 10 de febrero de 2026 y la impugnación se radicó el 17 del mismo

mes y año.

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1.9. Trámite en segunda instancia

1.9.1. Informe de la Secretaría General del Consejo de Estado

El 17 de abril de 2026, por medio de memorial informó a este Despacho que el 10
de marzo de 2023, la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Boyacá
remitió a su buzón electrónico el expediente digital de la acción de tutela radicado
15001-23-33-000-2023-00088-00 para trámite de segunda instancia.

Manifestó que el 15 de abril de 2026, la Secretaría General del Tribunal
Administrativo de Boyacá solicitó información sobre el trámite impartido a la acción
de tutela de la referencia, puesto que, «no se halló registro de la impugnación al
consultar Samai».

Por consiguiente, la Secretaría verificó el buzón de correo electrónico
secgeneral@consejodeestado.gov.co y advirtió que, en efecto, el 10 de marzo de
2023 se recibió el mensaje de datos proveniente de la judicatura que conoció la
primera instancia, mediante el cual remitió a esta Corporación la presente tutela, sin
embargo, «la servidora a cargo omitió enviarlo al área correspondiente para reparto
y radicación».

Finalmente, expuso que el 16 de abril de 2026, la referida dependencia hizo el
reparto del proceso para trámite de segunda instancia y le correspondió al despacho
sustanciador.

1.9.2. Auto de mejor proveer

El magistrado ponente de esta decisión por medio de providencia de 24 de abril de
2026 profirió auto de mejor proveer a través del cual requirió a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial – Seccional Boyacá y Casanare y a la señora
Constanza Mesa Cepeda para que, rindieran informe respecto de la situación actual
de la accionante en relación con los hechos que motivaron la radicación de este
mecanismo constitucional.

1.10. Intervenciones

1.10.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Seccional
Boyacá y Casanare

Intervino y manifestó que a través de radicado EXTDESAJTU22-12337, emitió el
oficio DESAJTUO23-574, donde le respondió la petición a la accionante, la cual le
fue notificada al correo electrónico conimesa@outlook.es, el día 14 de febrero de
2023.

De modo que, anexó la trazabilidad y la prueba de la notificación de la respuesta.

1.10.2. La señora Constanza Mesa Cepeda

El 4 de mayo de 2026, la accionante intervino en esta tutela, e informó que la
transgresión de sus derechos fundamentales persiste, puesto que no ha recibido

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una respuesta de fondo, clara, completa ni eficaz, respecto de la petición de 21 de
noviembre de 2022.

Expuso que el fallo de primera instancia declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado, «bajo el entendido de que la entidad accionada había emitido
respuesta a la solicitud presentada, sin embargo, dicha conclusión fue
oportunamente controvertida mediante escrito de impugnación, en el cual se puso
de presente que la comunicación allegada por la entidad no constituía una respuesta
de fondo, sino una manifestación meramente formal e insuficiente».

Aseguró, que la parte demandada se limitó a indicar que no fueron encontradas las
planillas de pago correspondientes a la vigencia que solicitó, sin precisar si
«adelantaría gestiones adicionales de búsqueda, si existen copias en otros
archivos, o si procedería a la reconstrucción de la información faltante, lo cual
evidencia la ausencia de una solución real y efectiva frente a lo requerido»

Reiteró que lo que pretendió desde un inicio con esta acción constitucional fue la
expedición de la copia de las planillas de pago de la vigencia que solicitó para
continuar con el trámite de reconocimiento de la pensión de jubilación ante
Colpensiones.

Concluyó diciendo que, a la fecha, no se ha solucionado la situación que dio origen
a la presente solicitud de amparo, por lo que las circunstancias fácticas que
motivaron la interposición de esta se mantienen vigentes.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
señora Constanza Mesa Cepeda contra la sentencia de 21 de febrero de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión número 4, que
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, de conformidad con el
Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la decisión
de primera instancia de 21 de febrero de 2023, por medio de la cual, el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Número 4 declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado.

Para lo cual se establecerá si, en el caso concreto, se presenta una vulneración al
derecho fundamental invocado por la accionante por parte de la autoridad judicial
demandada y para el efecto se estudiará: (i) naturaleza de la acción de tutela; (ii)
del derecho fundamental de petición; (iii) y (iv) caso concreto.

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2.3. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable4.

2.4. Del derecho fundamental de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental
de petición, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de «presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular
y a obtener pronta resolución». El mismo artículo superior precisa que el legislador
podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 20155, que señala 15 días para resolver la misma, de

4 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
5 Los términos para resolver las peticiones están establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 de

2015, que señala:

ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15)
días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá,
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.

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no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:

La respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.
Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la
solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. // Desde luego, este
deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad
suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues
eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada.

Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante».

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:

[E]s un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de
la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende
los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos
respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o
se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación
material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud,
sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los
asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta),
excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido
al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo.

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho
a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta,
cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.

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2.5. Caso concreto

En el sub examine la parte tutelante alegó que la autoridad censurada vulneró su
derecho fundamental de petición, con ocasión a que a la fecha en la que radicó la
acción de tutela, no había dado respuesta a la solicitud que había radicado el 21 de
noviembre de 2022, en la que requirió «las planillas de aportes al sistema general de
seguridad social en pensión».

Pues bien, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión número 4, decidió:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, en relación
con el derecho de petición presentado por la Señora CONSTANZA MESA CEPEDA,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

En el escrito de impugnación, la accionante manifestó que si bien, la autoridad
demandada, en efecto, le remitió por medio de correo electrónico una respuesta, lo
cierto es que la misma no fue completa, sino parcial, dado que, le manifestaron que
no habían encontrado «las planillas de pago al SGSS en pensión que correspondan
a la información y vigencia solicitada, sin embargo, solicitó al despacho judicial,
denegar la tutela por hecho superado».

De la revisión del expediente, la Sala encontró que la petición que la accionante
radicó es la siguiente:

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Y la entidad le respondió indicándole que «las PLANILLAS DE APORTES AL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIÓN DE LOS PERIODOS
2006-01, 2006-02 y 2008-01 no reposaban en el área de talento humano, de manera
que, no era posible certificar y evidenciar el pago de las semanas cotizadas respecto
de los meses relacionados».

Y la respuesta le fue notificada el 14 de febrero al correo conimesa@outlook.es, el
día 14 de febrero de 2023, como se puede evidenciar en la siguiente imagen:

Al respecto, esta colegiatura en anteriores oportunidades6 se ha referido a la acción
de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa judicial ha sido instituido
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e
inminente.

En línea con lo anterior, se ha señalado que existen eventos en los que la amenaza
o efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el trascurso de
la acción de tutela, como sucede en el caso concreto, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.

En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del
proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos de hecho: (i) por hecho superado, (ii) por daño consumado, y (iii)
por una situación sobreviniente.

En ese sentido, dicha alta corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la sala
cita como criterio auxiliar, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de
los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por

6 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro;
(ii) de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6 de junio de
2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

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Demandado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
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Radicación: 15001-23-33-000-2023-00088-01
lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.7

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:

“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como
su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión
o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya
sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado
un peligro ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que
permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el
particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno
previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras:
(i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a
desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente”8.

Con base en el anterior marco referencial, el máximo tribunal constitucional ha
sostenido que:

(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración
de los derechos fundamentales.

(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa, antes de la interposición
de la solicitud de amparo constitucional o en el trámite de la acción de tutela,
por lo que no es posible retrotraer los efectos de la vulneración pues el daño resulta
perenne.

Al respecto ha sostenido el tribunal constitucional: [l]a segunda de las figuras
referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-
fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que
con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de
hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que
el juez de tutela dé una orden al respecto.9

7 Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005.
8Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013.
9 Sentencia SU-225 de 2013.

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(iii) Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de
los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de
tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de
daño consumado y hecho superado.

La citada corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar la
carencia actual de objeto, que:

El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena10 como por las
distintas Salas de Revisión11. Es una categoría que ha demostrado ser de gran utilidad
para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que
no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho
superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier “otra circunstancia que determine
que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de
amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”12. No se trata entonces
de una categoría homogénea y completamente delimitada. […].13

Así las cosas, esta Sala de Decisión advierte que se confirmará el fallo de primera
instancia, en el que el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión número
4 en la sentencia de 21 de febrero de 2023 declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado, puesto que, encontrándose en curso la presente acción, la parte
demanda contestó y notificó la respuesta a la petición de 21 de noviembre de 2022,
independientemente de que la misma fuera acorde a sus intereses o no.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 21 de febrero de 2023, en el que el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión número 4 declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

10 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada, y SU-655 de 2017. M.P. Alberto Rojas

Ríos.
11 Ver, entre otras, T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto; T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas

Ríos; T-319 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero; T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo; T-379 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-444 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado;
T-009 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-060 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
12 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
13 Sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.

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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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