Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2025-00084-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2025-00084-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 15001-23-33-000-2025-00084-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
31 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 150001-23-33-000-2025-00084-011
Demandante : Mary Georgina Vanegas Castro, Ramón Enrique Galvis
Gutiérrez y Gonzalo Lemus Jaimes
Demandado : Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Tunja
Acción : Tutela
Derecho : Debido proceso e igualdad
Decisión : Confirma sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia en la acción de tutela incoada
por los señores Mary Georgina Vanegas Castro, Ramón Enrique Galvis Gutiérrez y
Gonzalo Lemus Jaimes contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Tunja,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por los tutelantes
frente a la providencia atacada, luego se revisará lo relativo a la procedencia de la acción
de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
Los accionantes interpusieron el presente recurso de amparo con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso presuntamente
vulnerados por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Tunja.
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Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 15001-23-33-000-2025-00084-01
Demandante: Gonzalo Lemus Jaimes y otros
Demandada: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Tunja
Por consiguiente, requirió:
«PRIMERO: Revocar la sentencia del 19 de diciembre de 2024 del Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Tunja.
SEGUNDO: Ordenar al Juzgado Primero administrativo del Circuito Judicial de Tunja, estudiar
y decidir las excepciones de fondo de los accionantes entre ellos la Falta de Legitimación en
la causa por pasiva de MARY GEORGINA VANEGAS CASTRO, y estudiar la oportunidad
procesal de los poderes allegados parte actora y su solicitud de tener en cuenta poderes por
fuera del término judicial conforme a los alegatos de conclusión de los accionantes.»
1.3 Hechos.2
Los accionantes relataron que actuaron en calidad de demandados por las acciones u
omisiones al permitir la construcción de la segunda etapa de la urbanización Portal de
Otoño en zona de cárcavas, en el medio de control de reparación directa con radicado
15001-33-33-001-2013-00148-00; el cual, fue asignado al Juzgado Primero
Administrativo de Tunja. En el trámite, fueron declarados responsables mediante
sentencia del 19 de diciembre de 2024 por los daños reclamados, sin que, a su juicio, se
valoraran las excepciones presentadas, en particular la falta de legitimación de Mary
Georgina Vanegas Castro, quien afirmó haber cedido su participación en el Consorcio La
Esperanza desde 2005, antes del inicio de las obras.
Indicaron que, aunque el juzgado dejó constancia en acta que revisaría las excepciones
al momento de dictar sentencia, en la providencia no incluyó mención ni análisis sobre
ellas.
También, señalaron que, en la etapa inicial del proceso el despacho permitió al
apoderado de la parte actora presentar los poderes de forma extemporánea, incluso
después de vencidos los plazos judiciales previamente fijados.
1.4 Argumentos de la tutela.
Los accionantes manifestaron que la sentencia del 19 de diciembre de 2024, vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, al haber sido expedida sin que el
despacho analizara las excepciones de fondo que se presentaron oportunamente,
configurándose así un error procedimental absoluto.
2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 2, PDF 2.
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Acción de tutela 15001-23-33-000-2025-00084-01
Demandante: Gonzalo Lemus Jaimes y otros
Demandada: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Tunja
Al respecto indicó: «omitió el estudio de las excepciones de fondo de los accionantes,
trayendo consigo un perjuicio irremediable, toda vez que condenaron a la accionante
Mary Vanegas sin tener legitimación en la causa por pasiva por venta de su participación
en el Consorcio La Esperanza»
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, el Tribunal Administrativo del Boyacá3, admitió la
acción de tutela el 30 de abril del 2025. En dicha decisión se ordenó notificar al Juzgado
Primero Administrativo de Tunja.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio4 solicitó negar la petición de
amparo invocada por los accionantes, al considerar que no se acreditó la vulneración de
los derechos fundamentales. Señaló que, los hechos planteados en la solicitud
corresponden a decisiones adoptadas por un despacho judicial dentro de un proceso
contencioso-administrativo, respecto de las cuales el Ministerio no tiene injerencia ni
participación.
2.1.2 El Municipio de Tunja5 solicitó negar la acción de tutela interpuesta por los
accionantes, debido a que la misma es improcedente, teniendo en cuenta que, no se
acreditó vulneración de derechos fundamentales por parte de la entidad.
2.1.3 El Juzgado Primero Administrativo de Tunja6 solicitó declarar la improcedencia
de la acción de tutela, porque los hechos invocados por los accionantes correspondían a
situaciones procesales que debían ser controvertidas por vía del recurso de apelación.
2.2 Sentencia de primera instancia7
El Tribunal Administrativo de Boyacá declaró improcedente la acción de tutela, al
considerar que los accionantes no cumplieron con el requisito de subsidiariedad, teniendo
3
Visible en el expediente en SAMAI de segunda instancia, índice 2 PDF 2.
4
Visible en el expediente digital en SAMAI de segunda instancia, índice 12.
5
Visible en el expediente digital en SAMAI de segunda instancia, índice 9.
6
Visible en el expediente digital en SAMAI de primera instancia, índice 10.
7
Visible en el expediente digital en SAMAI de segunda instancia, índice 2, PDF 8
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Demandante: Gonzalo Lemus Jaimes y otros
Demandada: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Tunja
en cuenta que, contaban con el recurso de apelación para controvertir la sentencia
cuestionada. Al respecto indicó que: «la providencia discutida puede ser objeto de
revisión mediante el recurso ordinario correspondiente, y en ese sentido, la acción de
tutela no puede habilitarse como una instancia paralela al proceso judicial ni emplearse
para sustituir los recursos previstos por la ley».
2.3 Impugnación8
Los accionantes impugnaron la decisión al considerar que la tutela si cumple con los
requisitos de procedibilidad, en razón a que, la sentencia de primera instancia sí omitió
el análisis de excepciones relevantes, entre ellas, la falta de legitimación en la causa por
pasiva de Mary Vanegas y la extemporaneidad de los poderes aportados por la parte
demandante.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
En virtud de los artículos 329 del Decreto ley 2591 de 199110 y 2511 del Acuerdo 80 de 12
de marzo del 201912 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Subsección
es competente para conocer de la presente impugnación.
3.3 Problema jurídico.
Se debe determinar si la acción de tutela interpuesta cumple con los requisitos de
procedibilidad; de ser así, se analizará si el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Tunja vulneró el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes al omitir
el estudio de las excepciones de fondo formuladas en el proceso de reparación directa
con radicado 15001-33-33-001-2013-00148-00, en especial la relacionada con la falta de
legitimación en la causa por pasiva de Mary Georgina Vanegas Castro.
8
Visible en el expediente digital en SAMAI de segunda instancia, índice 2. PDF 7
9
“Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes
al superior jerárquico correspondiente (…)”.
10
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
11
“Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual
entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga
parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto”.
12
“Reglamento interno del Consejo de Estado”.
4
Acción de tutela 15001-23-33-000-2025-00084-01
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Demandada: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Tunja
3.4 La acción.
Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000, 1983 de 2017
y 333 de 2021, fue establecida como un mecanismo directo y expedito para la protección
de los derechos constitucionales fundamentales.
Dicha acción de amparo permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de
sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que
no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.
El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la
inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte
permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el
reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo
judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía
una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo
vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra
decisiones judiciales, teniendo en cuenta que, el reconocimiento al principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que, desde la sentencia T-231 de 1994 se
determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como
vía de hecho, para lo cual sostuvo que, esta se configura cuando se presenta, al menos,
uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se
produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece
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Demandante: Gonzalo Lemus Jaimes y otros
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de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y
(iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó
completamente al margen del proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-
590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de
tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos
fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales
de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una
sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en
aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si
no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los
órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional;(ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible;(vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
Igualmente, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
6
Acción de tutela 15001-23-33-000-2025-00084-01
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sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad contra
decisiones judiciales, la cual, solamente si tiene indudable relevancia constitucional
resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que, los defectos o vicios que debe presentar la decisión que
se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental
absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión;
(iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las
consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que, la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo
de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente
para controvertir decisiones judiciales13, rectificó su posición mediante sentencia de 31
de julio de 201214, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente
contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con
observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
13
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de
Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín
Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela
Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-
01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre
de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
14
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
7
Acción de tutela 15001-23-33-000-2025-00084-01
Demandante: Gonzalo Lemus Jaimes y otros
Demandada: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Tunja
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al
fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos15.
3.6 Subsidiariedad de la acción de tutela.
El principio de subsidiaridad está consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de la
Constitución, que establece: «esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable». En este orden de ideas, al existir otros mecanismos
de defensa judicial que resulten más eficaces para la protección reclamada, se debe
recurrir a ellos antes de pretender el amparo por vía de tutela. Con dicha regla el
constituyente buscó que esta acción no desplace los mecanismos específicos de defensa
previstos en la correspondiente regulación común.16
Por tanto, cuando una persona acude a la administración de justicia en aras de buscar la
protección de sus derechos, no puede desconocer las acciones administrativas o
judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico para el caso específico. 17 Esto
porque la tutela no es un mecanismo alternativo que remplace los mecanismos ordinarios
de defensa o que permita adoptar decisiones paralelas a las del funcionario que conoce
de un determinado asunto radicado bajo su competencia.18
En consecuencia, ha manifestado la Corte Constitucional que:
«(…) de perderse de vista el carácter subsidiario de la tutela, el juez constitucional, en este
ámbito, no circunscribiría su obrar a la protección de los derechos fundamentales, sino que se
convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales. Nótese cómo de desconocerse el
carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente
y se deslegitimaría la función del juez de amparo».19
15
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre
de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30
de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo
de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
16
Ver sentencia T-680 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
17
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo
complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos
constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto,
una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las
mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de
protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
18
Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Pretelt Chaljub.
19
Cfr. Sentencia T-406 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño
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Acción de tutela 15001-23-33-000-2025-00084-01
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No obstante, aun si existe un mecanismo ordinario de protección de los derechos del
afectado, la tutela procederá si en el caso concreto se acredita (i) que aquel no es idóneo
o (ii) que al ser apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de un perjuicio
irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados
constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela.
El primer evento se presenta cuando el medio judicial previsto para resolver la respectiva
controversia no resulta idóneo ni eficaz, debido a que, por ejemplo, no permite resolver
el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución pronta, por lo que la
normativa admite que la acción de tutela proceda excepcionalmente. El requisito de la
idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la luz del principio según el cual el juez de
tutela debe dar prioridad a la realización de los derechos sobre las consideraciones de
índole formal.20
La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto,
considerando las características procesales del mecanismo, las circunstancias del
peticionario y el derecho fundamental involucrado. Esto significa que un medio judicial
excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando salvaguarda de manera eficaz el
derecho fundamental invocado.21
En relación con el segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido que cuando
la tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que existe un medio judicial
ordinario, es preciso demostrar que la intervención del juez constitucional es necesaria
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Tal perjuicio irremediable se
caracteriza:
«(i) Por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente;
(ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar
que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad»22.
3.7 Solución al caso concreto
Analizados los hechos y argumentos presentados en la acción constitucional, se tiene
que la acción deviene en improcedente por incumplir el requisito de subsidiariedad en las
20
Ver sentencias T-106 de 1993, MP. Antonio Barrera Carbonell y T-100 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
21
Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
22
Cfr. sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
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acciones de tutela contra providencias judiciales de acuerdo a las razones que se pasan
a exponer.
3.7.1 Falta de agotamiento de todos los recursos antes de acudir a la acción de
tutela.
El carácter subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que solo procede cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, sin embargo, no debe perderse
de vista que, aunque el trámite de esta acción es preferente y sumario, regido por los
principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y
eficacia, su carácter es eminentemente residual y subsidiario, es decir, que únicamente
procede en aquellos eventos en que no exista un instrumento constitucional o legal
diferente que permita solicitar ante los jueces la protección de los derechos, salvo que se
pretenda evitar que se cause de un perjuicio irremediable.
De acuerdo con la sentencia SU-026 del 2021 de la Corte Constitucional23 y ante la
naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es menester que quien
requiere el amparo de un derecho constitucional fundamental, «[…] [haya] agotado todos
los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable».
La jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela no resulta procedente
cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la protección de los derechos; sin
embargo, si el sistema normativo dispone de otras herramientas jurídicas para el amparo
de los derechos, estas deben ser suficientemente eficaces para evitar la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, pues de lo contrario la acción de tutela procede de manera
transitoria24.
La parte actora indicó en su escrito de tutela que su inconformidad se origina en la
providencia del 19 de diciembre de 2024, emitida por el Juzgado Primero Administrativo
de Tunja, por cuanto fueron condenados sin que se valoraran las excepciones de fondo
oportunamente propuestas, en particular la falta de legitimación en la causa por pasiva
23
M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
24
Corte Constitucional, sentencia C 132 del 2018.
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Acción de tutela 15001-23-33-000-2025-00084-01
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de la señora Mary Georgina Vanegas Castro, lo cual, a su juicio, constituye una
vulneración al derecho fundamental al debido proceso.
Ahora, en referencia al análisis de procedibilidad, la Corte Constitucional definió que las
acciones de tutelas dirigidas a cuestionar providencias judiciales deben cumplir una serie
de requisitos de procedimiento generales y otros especiales25, que ya fueron referidos en
la parte considerativa de la presente actuación; al respecto, se observa que, la parte
accionante interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 19 de diciembre de
2024, proferida por en primera instancia por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Tunja, el cual, fue concedido por auto del 30 de abril del 2024 26, por lo que,
se concluye que, no se han agotado todos los mecanismos y que, el proceso se encuentra
en trámite.
La apelación constituye un mecanismo judicial efectivo y eficaz para controvertir la
decisión cuestionada, en tanto permite la revisión de los argumentos fácticos y jurídicos
que sirvieron de fundamento al fallo de primera instancia. Esta doble conformidad
garantiza al accionante un control que evita decisiones arbitrarias, al otorgarle la
posibilidad de que su caso sea evaluado por un juez de segunda instancia. Por ello, dicho
recurso resulta idóneo y adecuado, y debe ser agotado antes de acudir a la acción de
tutela.
De igual forma la Corte Constitucional ha sido clara al determinar que la tutela no puede
utilizarse como un mecanismo alternativo o sustitutivo de los recursos ordinarios cuando
la parte afectada dejo vencer los términos para interponerlos sin una justificación válida27:
«Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo evitarlo,
permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de tutela para exigir el
reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso, tampoco la acción de tutela
podría hacerse valer como mecanismo transitorio, pues esta modalidad procesal se subordina
a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio
o lesión constitucional».
Finalmente, tampoco se advierte la configuración de un perjuicio irremediable que haga
procedente la acción de tutela, pues, el accionante no expuso ni sustentó alguna
condición de vulnerabilidad que hubiese posibilitado flexibilizar el análisis de
procedibilidad de la acción de tutela.
25
Corte Constitucional, sentencia SU128 de 2021.
26
Índice 287 del aplicativo samai, proceso ordinario con radicado 15001333300120130014800
27
Corte Constitucional, sentencia T-322 de 2015.
11
Acción de tutela 15001-23-33-000-2025-00084-01
Demandante: Gonzalo Lemus Jaimes y otros
Demandada: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Tunja
IV. DECISIÓN
Por las razones expuestas y, al no superarse los requisitos de procedibilidad, se
confirmará la sentencia de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 13 de mayo del 2025, emitida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3, que declaró improcedente la acción
de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmado electrónicamente)
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
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