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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2025-00161-01

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2025-00161-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Sogamoso, conforme lo expuesto en el presente proveído. Segundo: Confirmar la sentencia del 14 de julio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 15001-23-33-000-2025-00161-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

28 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 15001-23-33-000-2025-00161-01
Accionante: Martha Elvira Castillo Rodríguez
Accionados: Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso y otro

Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos a la dignidad
humana, debido proceso, defensa, salud, mínimo vital y acceso a
la administración de justicia

Decisión: Confirmar la decisión de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 14 de julio
de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante la cual negó
el amparo respecto del municipio de Sogamoso y declaró la improcedencia del
mecanismo constitucional en cuanto a las pretensiones dirigidas contra la autoridad
judicial accionada.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

1. La Secretaría de Hacienda del municipio de Sogamoso inició un proceso de cobro
coactivo en contra de la señora Martha Elvira Castillo Rodríguez con fundamento
en la Resolución 1276 de 2022 mediante la cual se realizó la liquidación oficial del
impuesto predial unificado correspondiente al bien identificado con código catastral
n.° 01011035800023000.

2. Manifestó que el acto administrativo en mención contenía una serie de errores
sustanciales de «identificación personal». Sin embargo, dicha dependencia
continuó con el trámite.

3. El 24 de febrero de 2023, presentó recurso de reconsideración en el que solicitó
que se declarara la prescripción respecto de las vigencias 2015 a 2018, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 817 del Estatuto Tributario,
requerimiento que fue negado mediante la Resolución 578 de 2022, al considerar
que con la expedición de la Resolución 1276 de 2022 se había interrumpido el
término de prescripción.

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Acción De Tutela
Radicado: 15001-23-33-000-2025-00161-01
Accionante: Martha Elvira Castillo Rodríguez

4. Con ocasión de lo anterior, la parte actora en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho demandó las resoluciones 1276 de 2022 y
578 de 2023, expedidas por la Secretaría de Hacienda del municipio de Sogamoso,
por medio de la cual se dispuso la liquidación oficial del impuesto predial y negó el
recurso de reconsideración contra dicha decisión.

5. El proceso correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso,
autoridad judicial que, mediante auto del 15 de abril del 2024 negó la solicitud de
medida cautelar requerida por la hoy accionante.

6. Indicó que la entidad territorial inició un nuevo proceso coactivo 2024 – 828. Sin
embargo, no le fue notificado dicho proceso, pues, solo tuvo conocimiento de este
cuando intentó retirar un CDT, pero la entidad bancaria le informó que dicho título
había sido embargado por orden del municipio de Sogamoso.

2.2. Fundamento jurídico

7. La parte actora alegó una vulneración de los derechos fundamentales invocados
en protección como consecuencia de una indebida notificación del mandamiento
de pago que libró la entidad territorial dentro del proceso de cobro coactivo 2024 -
828, procedimiento que considera irregular, en la medida que «la administración
ordenó el embargo de un CDT por valor de $241.957.377, suma que supera
ampliamente la obligación que se pretendía cobrar ($181.000.000)».

8. Sobre el particular, manifestó que no se realizó la notificación personal, lo que le
impidió ejercer su derecho de defensa. Máxime cuando dicho mandamiento no
coincidía plenamente con el sujeto pasivo señalado en la liquidación oficial.

9. De otra parte, reprochó la decisión del Juzgado consistente en negar la medida
cautelar sin antes realizar un análisis de su condición de sujeto de especial
protección, lo que generó un «estado de indefensión», pues, facilitó que «la
administración continuara la ejecución forzada.»

10. Manifestó que se encontraba en condición especial de protección, en la medida
que era un adulto mayor al que le habían diagnosticado cáncer de mama, ruptura
bilateral del manguito rotador y osteoporosis. Además, manifestó que era la
cuidadora exclusiva de su esposo, quien padecía una enfermedad
neurodegenerativa de pronóstico catastrófico, lo que la obligaba a brindarle
atención y cuidado constante.

11. Indicó que, si bien su esposo recibía una pensión por un monto de un salario
mínimo, lo cierto era que se encontraba destinada exclusivamente a su
enfermedad. De modo que el CDT era el único sustento para suplir otros gastos
adicionales para atender la enfermedad que padecía tanto de la accionante como
su esposo.

2.3. Pretensiones

12. Con fundamento en lo anterior, pidió lo que in extenso se cita:

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Acción De Tutela
Radicado: 15001-23-33-000-2025-00161-01
Accionante: Martha Elvira Castillo Rodríguez

«(…)
PRIMERA: Que se tutele de manera inmediata y efectiva mis derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a
la defensa, al mínimo vital, a la salud y a la dignidad humana, los cuales han
sido vulnerados por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Sogamoso y
cuya protección se hace urgente dadas mis condiciones de especial protección
constitucional.

SEGUNDA: Que se ordene al Municipio de Sogamoso – Secretaría de
Hacienda suspender de manera inmediata la ejecución del acto administrativo
contenido en la [R]esolución 1276 de 2022, así como dejar sin efectos el
proceso de cobro coactivo identificado con el número 2024-828 que se
adelanta irregularmente en mi contra.

TERCERA: Que, subsidiariamente, en caso de que no se estime procedente
la suspensión o terminación inmediata del proceso coactivo, se ordene al
Municipio de Sogamoso realizar la notificación personal en debida forma del
mandamiento de pago, garantizando el pleno ejercicio de mi derecho de
defensa y permitiéndome interponer oportunamente las excepciones
correspondientes contra dicho mandamiento de pago.

CUARTA: Que se ordene el levantamiento inmediato de las medidas
cautelares ordenadas dentro del proceso de cobro coactivo 2024-828, en
especial el levantamiento del embargo sobre el CDT de mi propiedad y de
cualquier otra medida restrictiva de mis recursos financieros, así como la
devolución inmediata de las sumas de dinero embargadas a las cuentas
bancarias correspondientes.

QUINTA: Que se ordene al Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso
realizar un nuevo estudio de la medida cautelar solicitada dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número
15759333300220230021300, aplicando un enfoque de protección reforzada,
dada mi condición de adulta mayor, paciente oncológica, persona con
discapacidad física y cuidadora de un familiar con enfermedad
neurodegenerativa de pronóstico catastrófico.

SEXTA: Que se disponga cualquier otra medida que el juez constitucional
estime necesaria para garantizar la protección integral de mis derechos
fundamentales, considerando las graves afectaciones personales, familiares y
económicas que esta situación me ha generado. (Sic)

2.4. Intervenciones

13. La acción de tutela de la referencia fue admitida por el Tribunal Administrativo
de Boyacá mediante auto del 1.° de julio de 2025 a través del cual ordenó notificar
al Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso y al municipio de Sogamoso –
Secretaría de Hacienda como accionados.

14. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso después de
hacer un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso ordinario,
refirió que, si bien la accionante solicitó con la demanda una medida cautelar que
fue negada mediante auto de 15 de abril de 2024, lo cierto es que no fue objeto de
recurso alguno, razón por la que, la acción de tutela era improcedente porque
pretendía abrir términos y oportunidades procesales precluidas.

15. En cuanto al argumento según el cual la señora Martha Elvira Castillo
Rodríguez es un sujeto de especial protección, manifestó que dicha circunstancia
no fue expuesta en el proceso ordinario, razón por la que no era factible
pronunciarse al respecto. Sin embargo, advirtió que, si hubiera sido planteada en
la demanda, no habría tenido incidencia en la decisión sobre dicha medida.

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Accionante: Martha Elvira Castillo Rodríguez

16. De otra parte, manifestó que no se cumple con el requisito de inmediatez porque
han transcurrido 14 meses desde que se profirió la decisión que en sede de tutela
se cuestiona, razón por la cual pidió que se declare la improcedencia del
mecanismo constitucional.

17. Así las cosas, manifestó que no ha vulnerado los derechos fundamentales
invocados en protección porque la parte actora obtuvo un pronunciamiento respecto
de la solicitud de medida cautelar, decisión que no fue objeto de recursos.

18. Adicionalmente,refirió que la medida provisional podía ser presentada
nuevamente, de conformidad con los parámetros expuestos en el artículo 233 del
CPACA.

19. La Secretaría de Hacienda del municipio de Sogamoso solicitó que se
niegue el amparo porque la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para
controvertir los procedimientos administrativos de cobro coactivo. Por lo tanto, no
cumple con el requisito de subsidiariedad.

20. Además, pidió ser desvinculada del presente trámite, toda vez que la acción de
tutela es improcedente por inexistencia de vulneración de los derechos
fundamentales.

2.5. Sentencia impugnada

21. El Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia del 14 de julio de 2025
resolvió negar el amparo, respecto del municipio de Sogamoso, en tanto, se
comprobó que la notificación del mandamiento de pago dentro del proceso
administrativo de cobro coactivo se realizó en debida forma, pues, si bien la citación
fue devuelta en dos ocasiones, lo cierto es que se agotó dicha notificación, al
publicarse por aviso dentro del sitio web destinado para notificaciones, esto, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 568 del E.T.

22. De otra parte, declaró su improcedencia en cuanto a las pretensiones dirigidas
contra el Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso, dado que, dentro del
asunto, no se configuraron los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, particularmente, hizo referencia al de
subsidiariedad, en la medida que la señora Castillo Rodríguez no interpuso los
recursos de reposición y de apelación contra la providencia por medio de la cual se
resolvió negar la medida provisional, decisión que era objeto de la presente
controversia.

23. No obstante, se advirtió que, si bien no se podía desconocer la edad de la
accionante ni su historial médico, lo cierto es que se trataba de una persona con
capacidad económica suficiente, como lo demostraba su afiliación a un plan
complementario de salud y el hecho de contar con ingresos que le han permitido
constituir un Certificado de Depósito a Término – CDT. Este instrumento financiero,
aunque no constituye un recurso de libre disponibilidad inmediata, tampoco permitía
sustentar que depende de él para su subsistencia diaria, lo que contradecía las
afirmaciones expuestas en su escrito de tutela. Adicionalmente, la historia clínica

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indica que la accionante contaba con dos hijas, quienes, en virtud del deber legal
de solidaridad familiar, estaban llamadas a contribuir con su cuidado y atención.

24. De otra parte, manifestó que tampoco se cumpliría con el requisito de inmediatez
porque la decisión cuestionada se profirió el 15 de abril de 2024, es decir, más de
un año después de la interposición del mecanismo constitucional.

25. Maxime cuando la autoridad judicial accionada profirió sentencia de primera
instancia en la que se declaró la nulidad parcial de los actos administrativos
demandados dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.5. Impugnación

26. La parte accionante después de insistir en los argumentos expuestos en la
demanda de tutela, particularmente, en lo relacionado con las irregularidades
ocurridas con ocasión del mandamiento de pago que se libró dentro del proceso de
cobro coactivo, manifestó que resultaba contradictorio que en la decisión
impugnada se invocara el artículo 66 de la Ley 383 de 1997 para justificar la
aplicación del Estatuto Tributario en materia de notificaciones, cuando dicha norma
—según el propio texto transcrito por el Tribunal— se refiere exclusivamente a los
procedimientos relacionados con impuestos del orden nacional.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

27. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De la desvinculación

28. Sobre el particular, se tiene que si bien la Secretaría de Hacienda del municipio
de Sogamoso solicitó la desvinculación del presente proceso, lo cierto es que esta
Sala no encuentra mérito suficiente para acceder a dicha pretensión, toda vez que
su vinculación obedeció a que dicha entidad fue quien inició el proceso de cobro
coactivo del que es objeto la acción de tutela, razón por la que la Sala procederá a
negar dicho requerimiento, teniendo en cuenta que el a quo no se pronunció al
respecto.

3.2.2. Del escrito de impugnación

29. En el presente asunto es menester señalar que la señora Martha Elvira Castillo
Rodríguez presenta la impugnación exclusivamente respecto de las presuntas
irregularidades dentro del proceso administrativo de cobro coactivo adelantado por
la entidad territorial. Sin que haya manifestado inconformidad alguna frente a la
decisión por medio de la cual la autoridad judicial negó la medida cautelar.

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30. Sobre el particular, el artículo 328 del C.G.P. norma aplicable al asunto bajo
estudio, de conformidad con la remisión que efectúa el Decreto 1069 de 2015,
establece que la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por la apelante.

31. En ese sentido, la Sala estima necesario pronunciarse solo respecto del cargo
de la impugnación, es decir, las presuntas irregularidades en el proceso de cobro
coactivo, en el entendido que es la única inconformidad planteada en el presente
asunto.

3.3. Problema jurídico

32. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar, si la Secretaría de Hacienda del municipio de Sogamoso vulneró los
derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, defensa, salud,
mínimo vital y acceso a la administración de justicia, al incurrir en unas presuntas
irregularidades en el trámite del proceso de cobro coactivo.

3.4. Generalidades de la acción de tutela

33. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.° del Decreto 2591 de 1991,
reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, «Toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala
este decreto».

34. Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o vulneración, de
los derechos fundamentales, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o
de los particulares en casos concretos y excepcionales.

3.4.1. Del derecho fundamental al debido proceso administrativo

35. La Corte Constitucional ha señalado que el debido proceso administrativo es un
derecho fundamental que se traduce en una garantía para todas las personas de
que la administración estará sometida a los límites que este supone, de tal suerte
que comprende los principios de legalidad, de razonabilidad y proporcionalidad e
incorpora la obligación de las autoridades públicas del ámbito administrativo, de
ceñirse a los principios que rigen la función pública. Al respecto, ha explicado:

«[…]
“4.1.1. El debido proceso administrativo se ha entendido como la regulación jurídica
que tiene por fin limitar en forma previa los poderes estatales así “que ninguna de las
actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se
encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley”. Desde la
perspectiva antes señalada, este derecho no es más que una derivación del principio
de legalidad con arreglo al cual “toda competencia ejercida por las autoridades
públicas debe estar previamente señalada en la ley, como también las funciones que

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les corresponden y los trámites a seguir antes de adoptar una determinada decisión”
(artículos 4º y 122 C. N.). De este modo, las autoridades sólo podrán actuar en el
marco establecido por el sistema normativo y, en tal sentido, todas las personas que
se vean eventualmente afectadas conocerán de antemano los medios con que
cuentan para controvertir las decisiones adoptadas y estarán informadas respecto
del momento en que deben presentar sus alegaciones y ante cuál autoridad.

Ha subrayado la Corte Constitucional que la garantía del debido proceso en asuntos
administrativos supone que el Estado se ajuste a las reglas previstas en el
ordenamiento jurídico y ello no sólo cuando se trata de adelantar trámites a partir de
los cuales sea factible deducir responsabilidades de orden disciplinario o los atinentes
al control y vigilancia. Esta garantía debe hacerse efectiva del mismo modo en
los trámites que las personas inician con el objeto de ejercer sus derechos ante
la administración o con el fin de cumplir con una obligación y abarca el estricto
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. El propósito
consiste, pues, en evitar que la suerte de las personas quede al albur de una
decisión arbitraria o de una ausencia de decisión por dilación injustificada.”1
(negrillas fuera del texto) […].

3.5. Caso concreto

36. La parte actora alega vulneración de los derechos fundamentales invocados en
protección como consecuencia de una indebida notificación del mandamiento de
pago que libró la entidad territorial dentro del proceso de cobro coactivo, toda vez
que no se realizó la notificación personal, lo que le impidió ejercer su derecho de
defensa. Maxime cuando dicho mandamiento no coincidía plenamente con el sujeto
pasivo señalado en la liquidación oficial.

37. Sobre el particular, el Acuerdo 032 de 2016 expedido por el municipio de
Sogamoso en su artículo 567 prevé:

«ARTÍCULO 567. MANDAMIENTO DE PAGO. El funcionario competente para
exigir el cobro coactivo producirá el mandamiento de pago ordenando la
cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos. Este
mandamiento se notificará personalmente al deudor, previa citación para que
comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no comparece,
el mandamiento ejecutivo se notificará por correo. En la misma forma se notificará
el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores solidarios.

Cuando la notificación del mandamiento ejecutivo se haga por correo, deberá
informarse de ello por cualquier medio de comunicación del lugar. La omisión de
esta formalidad no invalida la notificación efectuada.»

38. De conformidad con el material probatorio allegado al proceso, se tiene que el
municipio de Sogamoso citó a la demandante para notificar el mandamiento de
pago dentro del proceso coactivo 2024-8282, en los siguientes términos:

«Señores
ELVIRA RODRÍGUEZ CASTILLO
(…)
PROCESO ADMINISTRTIVO COACTIVO No. 2024-0828

Sírvase comparecer a la secretaria de hacienda, dentro de los diez (10) días

1 Corte Constitucional, sentencia T-909 de 2009, magistrado ponente: Mauricio González Cuervo.
2 Información que reposa en el documento 010_MemorialWeb_Respuesta-ANEXO3MANDAMIENTO.pdf

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siguientes a la fecha de la presente comunicación, para efecto de notificarse
personalmente al MANDAMIENTO DE PAFO dentro del proceso administrativo
coactivo de la referencia»

Se le advierte que, de no comparecer dentro del término fijado, el MANDAMIENTO
DE PAGO, se le notificara por correo conforme a lo dispuesto por el artículo 826
concordante al artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional.
(…)»

39. Con ocasión de lo anterior, se remitió la citación para notificar el mandamiento
de pago, la cual fue enviada el 18 de junio de 20243, a través de la empresa de
envíos Servientrega bajo la guía 2222953829. Sin embargo, dicha entidad emitió
constancia de devolución porque la dirección no existía.

40. Por lo anterior, el 16 de julio de 2024 envió nuevamente, pero el documento fue
devuelto, razón por lo que la entidad territorial, el 14 de agosto de 2024, procedió a
publicar por aviso a través de la página web destinada por el municipio de
Sogamoso para tal fin, como se pasa a ver a continuación:

41. Ahora bien, resulta pertinente poner de presente que en la citación del
mandamiento de pago se indicó que, de no comparecer dentro del término fijado,
el mandamiento de pago se le notificaría conforme a lo dispuesto en el Estatuto
Tributario, disposición normativa que en su artículo 568 contempla lo siguiente:

«ARTICULO 568. NOTIFICACIONES DEVUELTAS POR EL CORREO. Los actos
administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, serán
notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto
administrativo (...), en un lugar de acceso al público de la misma entidad (…)»

42. De conformidad con lo expuesto, no se observa alguna irregularidad al momento
de notificar el mandamiento de pago, pues, contrario a lo manifestado por la parte
actora en el escrito de impugnación se observa que la entidad territorial al no poder
hacerlo de manera personal, después de dos intentos, procedió a realizar la
respectiva notificación en la página web del municipio mediante aviso, circunstancia
que para la Sala no constituye una vulneración de los derechos fundamentales que
se invocan en protección.

3
Ver documento 010_MemorialWeb_Respuesta-ANEXO3MANDAMIENTO.pdf

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43. Ahora, en cuanto al reproche según el cual el mandamiento de pago no coincidía
plenamente con el sujeto pasivo señalado en la liquidación oficial, dicha
circunstancia no es del todo cierta, teniendo en cuenta que revisado el documento
se tiene que, si bien no se indica el nombre completo de la accionante, lo cierto es
que en dicho acto administrativo se menciona el nombre de Elvira Castillo
Rodríguez; así como su documento de identidad n.° 41.6343.463, información que
permite inferir que se trata de la hoy demandante.

44. De tal modo, procederá la Sala a confirmar la decisión de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, al no demostrarse vulneración
de los derechos fundamentales invocados en protección respecto del municipio de
Sogamoso, de conformidad con los argumentos expuestos en el presente proveído.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Secretaría de
Hacienda del Municipio de Sogamoso, conforme lo expuesto en el presente
proveído.

Segundo: Confirmar la sentencia del 14 de julio de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991

Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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