Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2025-00209-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 15001-23-33-000-2025-00209-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2025-00209-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 15001-23-33-000-2025-00209-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
26 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA–SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 15001-23-33-000-2025-00209-01
Accionante: JESÚS ARMANDO VARGAS BARINAS
Accionado: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE SOGAMOSO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela – Improcedencia por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad. El accionante pretende utilizar la tutela como un mecanismo para
subsanar errores procesales propios del trámite ordinario.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de impugnación promovido por Jesús Armando Vargas
Barinas contra la Sentencia del 19 de agosto de 2025, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Boyacá declaró improcedente la acción de tutela, por no satisfacer
el requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86
de la Constitución política, el artículo 32 del decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080
de 2019.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 1 de agosto de 20251, Jesús Armando Vargas Barinas, quien actúa en nombre
propio, promovió acción de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo Oral de
Sogamoso. A su juicio, dicha autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la Igualdad y a la
dignidad humana.
Hechos relevantes
2. El 13 de febrero de 2025, el accionante presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificada con número de radicado 15759-33-33-
002-2025-00023-00 contra los actos administrativos contenidos en la Resolución
10088 del 5 de octubre de 2023 y en la Resolución 3062 del 18 de octubre de 2024,
expedidas por el Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso, mediante las
cuales se le declaró infractor de las normas de tránsito.
3. Mediante auto del 17 de marzo de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo de
Sogamoso inadmitió la demanda, porque el poder allegado resultaba insuficiente al
no precisar contra quién se dirigía el medio de control y porque fijaba como finalidad
1
Índice electrónico 03 de SAMAI. 1ED_ESCRITODETUTELA(.pdf) NroActua 3.pdf.
1
Radicación número: 15001-23-33-000-2025-00209-01
Accionante: Jesús Armando Vargas Barinas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
conciliar la revocatoria de actos administrativos, propósito distinto al previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2 para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Además,
señaló que la demanda incumplía el requisito del artículo 6 de la Ley 2213 de 2022,
al no indicar la dirección electrónica de los testigos solicitados, lo que también daba
lugar a su inadmisión.
4. En consecuencia, el tutelante afirmó que subsanó la demanda el 26 de marzo
de 2025, dentro del término legal. Explicó que ajustó tanto el escrito de la demanda
como el poder, al precisar que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
se dirigía contra el Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso – INTRASOG.
Asimismo, indicó que el poder se otorgó con el fin de que su apoderado judicial
adelante y lleve hasta su culminación el proceso contencioso administrativo
correspondiente.
5. Mediante auto del 28 de abril de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo de
Sogamoso rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Manifestó que aunque la parte actora presentó escrito de subsanación dentro del
término legal, este no corrigió en su totalidad los defectos advertidos en el Auto del
17 de marzo de 2025. Señaló que el nuevo poder otorgado por Jesús Armando
Vargas Barinas al abogado Daniel Mateo Vargas Herrera no cumplía con el requisito
de presentación personal ni con la exigencia de provenir del correo electrónico del
otorgante. Además, advirtió que no se acreditó el traslado del escrito de
subsanación a la parte demandada. Contra esta decisión el demandante no
interpuso ningún recurso, encontrándose habilitado para ello.
6. El señor Jesús Armando Vargas Barinas, por intermedio de apoderado, presentó
una nueva demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, radicada bajo el
número 15759-33-33-002-2025-00078-00. Esta demanda guarda similitud con la
primera, en tanto también controvirtió la Resolución No. 3062 del 18 de octubre de
2024.
7. Mediante Auto del 12 de mayo de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo de
Sogamoso inadmitió la demanda porque no se allegó la constancia de notificación
de la Resolución No. 3062 del 18 de octubre de 2024, acto administrativo
demandado.
8. Posteriormente, el actor presentó escrito de subsanación el 15 de mayo de 2025.
No obstante, a través de Auto del 3 de junio de 2025, el despacho rechazó la
demanda, al concluir que de acuerdo con la fecha de notificación del acto
administrativo enjuiciado, operó el fenómeno de caducidad.
9. El 10 de junio de 2025, el actor interpuso recurso de reposición y, en subsidio,
apelación. No obstante, mediante Auto del 24 de junio de 2025, el Juzgado Segundo
Administrativo de Sogamoso lo rechazó por extemporáneo.
2
En adelante: CPACA.
2
Radicación número: 15001-23-33-000-2025-00209-01
Accionante: Jesús Armando Vargas Barinas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Pretensiones
10. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):
“1. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la Igualdad y a la Dignidad Humana, entre otros que
encuentre afectados.
2. Que se declare la procedencia del presente amparo constitucional y en
consecuencia ORDENAR al JUZGADO 02 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE SOGAMOSO, a adelantar y llevar hasta su terminación el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho esbozado.
3. Que se revoque el auto de fecha veintiocho (28) de abril de dos mil veinticinco
(2025) y auto de fecha tres (03) de junio de dos mil veinticinco (2025), que
rechazó la demanda.
4. Que, en consecuencia, se ordene la admisión de la demanda y se continúe
con el trámite del proceso”3.
Fundamentos de la demanda de tutela
11. El actor manifestó que la decisión de rechazar la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho identificada bajo el radicado 15759-33-33-002-2025-
00078-00, con base en la aplicación del fenómeno de la caducidad derivado de la
notificación del acto administrativo No. 3062 del 18 de octubre de 2024, vulneró su
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. En su criterio, la
interpretación estricta de la figura de la caducidad desconoció las garantías mínimas
que debe asegurar el orden constitucional, pues impidió que sus pretensiones
fueran valoradas de fondo por la jurisdicción contencioso-administrativa.
12. En apoyo de su posición, recordó que la Corte Constitucional, en la Sentencia
T-103 de 2019, reiteró que la caducidad, si bien constituye un instrumento de
seguridad jurídica, no puede aplicarse de manera rígida y desproporcionada al
punto de erigirse en un obstáculo insalvable para el ejercicio del derecho de acción.
Señaló que, en este caso concreto, la imposibilidad de acudir al medio de control
ordinario configura una restricción desmedida y carente de razonabilidad, que
termina por vaciar de contenido su derecho fundamental a obtener un
pronunciamiento judicial efectivo.
13. Por estas razones, solicitó que, mediante el amparo constitucional, se ordene
dejar sin efectos el auto que rechazó la demanda y, en su lugar, se disponga la
admisión de esta, con el fin de garantizar que sus pretensiones sean objeto de un
examen de fondo dentro del trámite procesal correspondiente.
3
Ibid.
3
Radicación número: 15001-23-33-000-2025-00209-01
Accionante: Jesús Armando Vargas Barinas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Trámite en primera instancia
14. Mediante Auto del 5 de agosto de 20254, el Tribunal Administrativo de Boyacá
admitió la presente acción de amparo constitucional y, en consecuencia, ordenó
notificar a la parte demandada y demandante.
Intervenciones
15. El Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso5 Indicó que el actor
pretende utilizar la acción de tutela para reabrir un debate ya resuelto por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pese a que este no es el mecanismo
idóneo para ese propósito. Precisó que el accionante contó con los recursos
ordinarios de reposición y apelación contra las providencias cuestionadas, pero los
presentó de forma extemporánea. Agregó que también disponía del recurso de
queja, el cual tampoco ejerció oportunamente.
Sentencia de primera instancia
16. Mediante Sentencia del 19 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de
Boyacá declaró improcedente la presente acción de amparo constitucional, al
concluir que no satisface el requisito general de subsidiariedad. En efecto, contra
las decisiones proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso,
mediante las cuales rechazó las demandas de nulidad y restablecimiento del
derecho radicadas bajo los números 15759-33-33-002-2025-00023-00 y 15759-33-
33-002-2025-00078-00 procedían los recursos de reposición y apelación. No
obstante, el actor guardó silencio en el primero y en el segundo los interpuso de
manera extemporánea.
17. Recordó que de acuerdo con el artículo 318 del Código General del Proceso6, el
recurso de reposición debía presentarse dentro de los tres días siguientes a la
notificación, término que venció el 9 de junio de 2025. Como el actor lo presentó el
10 de junio de 2025 se configuró su extemporaneidad, lo que refuerza la
improcedencia de la tutela.
Impugnación7
18. El accionante señaló que el fallo de primera instancia de tutela erró al concluir
que no se cumplía el requisito de subsidiariedad. En su criterio, la presentación
extemporánea de los recursos no puede erigirse en un obstáculo rotundo para el
estudio de fondo, cuando están comprometidos derechos fundamentales como el
debido proceso y el acceso a la justicia. Resaltó que la demora obedeció a un error
del apoderado judicial, lo cual no puede trasladarse al demandante como una carga
desproporcionada que lo prive de acceder a la jurisdicción.
4
Índice electrónico 05 de SAMAI. 4Autoadmitedem_admitedem_202500209vsJUZ2admso(.pdf)
NroActua 5.
5
Índice electrónico 010 de SAMAI.
6_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaContestacionTutelaTA(.pdf) NroActua 10.
6
En adelante: CGP.
7
Índice electrónico 016 de SAMAI. 10_MemorialWeb_Otro-IMPUGNACIONTUTELAp(.pdf) NroActua
16.
4
Radicación número: 15001-23-33-000-2025-00209-01
Accionante: Jesús Armando Vargas Barinas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
19. Adicionalmente, manifestó que el Juzgado accionado rechazó las demandas con
base en causales no advertidas previamente, configurando una vía de hecho que
impidió un pronunciamiento de fondo. La sanción discutida, impuesta por la
autoridad de tránsito, adquiere en los hechos un carácter permanente que afecta la
dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. Dada la gravedad de la
situación y la inexistencia de otro medio judicial eficaz, la acción de tutela se
presenta como el mecanismo idóneo para garantizar la protección de los derechos
fundamentales vulnerados.
CONSIDERACIONES
Competencia
20. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el acuerdo 080 de
2019. Una vez superados la Sala abordará el siguiente problema jurídico:
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
21. La Sala advierte que de acuerdo con los antecedentes del proceso ordinario, el
accionante interpuso dos demandas de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin
embargo, centrará su análisis en la demanda identificada con el radicado 15759-33-
33-002-2025-00078-00, por ser esta la providencia cuestionada en la presente
acción de amparo constitucional8.
22. La presente acción de tutela fue promovida por Jesús Armando Vargas Barinas
contra el Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso. Expuso que mediante
Auto del 12 de mayo de 2025, dicho despacho inadmitió la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, al considerar que no allegó la constancia de
notificación de la Resolución No. 3062 de 2024, acto administrativo cuestionado.
Aunque el 15 de mayo aportó dicho documento en cumplimiento de lo requerido, el
3 de junio el juzgado rechazó la demanda, al concluir que según la fecha de
notificación del acto acusado, había operado el fenómeno de caducidad.
23. Posteriormente, el 10 de junio de 2025, el actor interpuso recurso de reposición
y, en subsidio, apelación. No obstante, mediante Auto del 24 de junio de 2025, el
Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso rechazó ambos recursos por
extemporáneos, al precisar que la reposición debía interponerse dentro de los 3 días
siguientes a la notificación de la providencia, plazo que venció el 9 de junio de 2025.
En consecuencia, el recurso radicado el 10 de junio resultó por fuera de término y,
por tanto, improcedente.
8
Conforme a los dispuesto en la Sentecnia SU-245 de 2021: “El juez de tutela tiene competencia
para interpretar la demanda y establecer el alcance del problema jurídico, en virtud de la informalidad
de la acción de tutela y la posibilidad de fallar “más allá” o “por fuera” de lo solicitado en la acción
(principios ultra y extra petita)”
5
Radicación número: 15001-23-33-000-2025-00209-01
Accionante: Jesús Armando Vargas Barinas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
24. Según el accionante, tales determinaciones desconocieron sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y a la dignidad humana.
25. A partir de lo expuesto, en primer lugar, corresponde a la Sala determinar, si la
acción de tutela satisface el requisito general de subsidiariedad, dado que el actor
interpuso los recursos ordinarios por fuera del término establecido por la ley. En este
punto resulta pertinente precisar que la tutela no constituye un mecanismo
sustitutivo de los medios de defensa judicial previstos en la ley, ni un escenario para
reabrir debates que pudieron surtirse en el trámite procesal correspondiente.
26. Superado este análisis, la Sala abordará el siguiente problema jurídico: ¿El
Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y a la dignidad humana de Jesús Armando Vargas Barinas, al rechazar la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con fundamento en la
caducidad de la Resolución No. 3062 del 18 de octubre de 2024 y, posteriormente,
declarar extemporáneos los recursos ordinarios?
27. En tal propósito, la Sala reiterará la jurisprudencia constitucional en torno a los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
decisiones judiciales; (ii) el principio de subsidiariedad como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela; (iii) el deber del accionante de agotar
previamente los medios ordinarios de defensa disponibles; y (iv) se estudiará el caso
concreto.
La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
28. En la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional “sistematizó” los
requisitos para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales. En
dicha decisión, la Corte estableció una distinción entre requisitos de carácter
general, y requisitos de carácter específico o defectos.
29. Los primeros constituyen condiciones previas que deben cumplirse en su
totalidad, para que el juez pueda asumir el conocimiento de fondo del caso
analizado10. Una vez superados estos requisitos de forma, es procedente el estudio
de fondo. Por su parte, los requisitos específicos hacen alusión a los defectos
presentes en la providencia cuestionada, los cuales serían la causa directa de la
vulneración de los derechos fundamentales11.
30. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar9; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
9
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
6
Radicación número: 15001-23-33-000-2025-00209-01
Accionante: Jesús Armando Vargas Barinas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
sentencia de tutela10, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional11 o el Consejo de Estado12,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-13; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable14 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Principio de subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de
tutela
31. La jurisprudencia constitucional ha manifestado, que la acción de tutela es un
mecanismo excepcional para proteger derechos fundamentales. Su finalidad es
brindar una respuesta inmediata y eficaz cuando dichos derechos resultan
vulnerados o amenazados. Sin embargo, esta herramienta sólo puede utilizarse en
situaciones específicas, toda vez que no reemplaza los procesos judiciales
ordinarios15.
32. En efecto, la tutela tiene un carácter subsidiario y residual, lo que significa que
sólo procede cuando no existe otro medio judicial de defensa, o cuando a pesar de
existir, estos no son lo suficientemente eficaces para evitar un perjuicio irremediable.
Así lo establece el artículo 86 de la Constitución, al indicar que este mecanismo de
amparo constitucional sólo es procedente si no hay otro mecanismo judicial
disponible, o si se usa como una medida temporal para prevenir un daño irreparable.
33. Por esta razón, la tutela no puede utilizarse como una vía adicional o
complementaria de los procesos ya previstos por la ley. Tampoco está diseñada
para reabrir debates ya resueltos por otras jurisdicciones, ni para evadir los recursos
o etapas propias de los procesos ordinarios. En otras palabras, la acción de tutela
no sustituye los mecanismos judiciales establecidos, ni puede convertirse en una
10
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
11
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
12
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
14
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
15
Sentencias SU-712 de 2013 y T-022 de 2017.
7
Radicación número: 15001-23-33-000-2025-00209-01
Accionante: Jesús Armando Vargas Barinas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
herramienta para reabrir discusiones que ya fueron decididas por los jueces
competentes16.
Improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en los
eventos donde no se han agotado todos los medios de defensa judicial
34. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución política, la acción de tutela es
de carácter subsidiario y, por tanto, sólo procede cuando no exista otro mecanismo
judicial eficaz para la protección del derecho amenazado o vulnerado, salvo que se
pretenda evitar un perjuicio irremediable y se interponga como mecanismo
transitorio. Así, este principio impone a los ciudadanos la obligación de agotar
previamente los recursos ordinarios y extraordinarios que ofrece el ordenamiento
jurídico, por lo que evita que la tutela se convierta en una vía preferente o supletoria
de los mecanismos establecidos en otras jurisdicciones.
35. En esa misma dirección, la Corte Constitucional ha identificado tres supuestos
que hacen improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales17: “(i)
cuando el proceso judicial se encuentra en curso, (ii) cuando el accionante no ha
agotado los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa previstos en la ley,
y (iii) cuando se pretende utilizar la tutela para reabrir etapas procesales precluidas
por no haber ejercido oportunamente los recursos legales disponibles”.
36. Este Tribunal ha reiterado que la tutela no puede ser utilizada como un
instrumento para revivir términos vencidos ni para suplir la inactividad procesal de
las partes. En efecto, la Corte Constitucional, en la Sentencia T-032 de 2011,
advirtió que el principio de subsidiariedad prohíbe convertir la acción de tutela en
una instancia adicional o paralela a los recursos ordinarios de defensa, así como
emplearla para cuestionar decisiones judiciales mediante alegaciones que pudieron
y debieron ser planteadas en sede procesal ordinaria.
37. De manera particular, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que la acción
de tutela no está llamada a corregir errores u omisiones atribuibles a las partes o a
sus apoderados. La carga de interponer los recursos de manera oportuna
corresponde exclusivamente a quienes participan en el proceso y no puede
trasladarse al juez constitucional. Admitir lo contrario significaría desnaturalizar el
carácter excepcional y residual de la acción de tutela, convirtiéndola en un remedio
para enmendar descuidos procesales y en una vía paralela al sistema judicial
ordinario, en abierta contradicción con su finalidad constitucional18.
Análisis del caso concreto
38. Jesús Armando Vargas Barinas promovió acción de tutela contra el Juzgado
Segundo Administrativo de Sogamoso, al considerar que dicha autoridad vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, igualdad y a la dignidad humana.
16
Sentencias SU-037 de 2009, T-565 de 2009 y T-520 de 2010.
17
Corte Constitucional, Sentencias SU-062 de 2018 y T-016 de 2022.
18
Corte Constitucional, Sentencia T-237 de 2018.
8
Radicación número: 15001-23-33-000-2025-00209-01
Accionante: Jesús Armando Vargas Barinas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
39. Del análisis del expediente se observa que el demandante presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, radicada bajo el número 15759-33-33-
002-2025-00078-00, no obstante, el Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso
rechazó la demanda, al determinar que de acuerdo con la notificación de la
Resolución No. 3062 del 18 de octubre de 2024, había operado el fenómeno de
caducidad.
40. Ahora bien, contra tales decisiones procedían los recursos ordinarios de
reposición y apelación. No obstante, el actor interpuso dichos medios de defensa
en forma extemporánea.
41. En primer lugar, la Sala examinará la legitimación en la causa y, en segundo
lugar, verificará el cumplimiento del requisito de subsidiariedad.
Legitimación en la causa por activa y pasiva
42. Jesús Armando Vargas Barinas acredita la legitimación en la causa por activa,
dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya vulneración
invoca. En tal condición, actúa como la persona directamente afectada por la
decisión adoptada por el Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso,
providencia que, según afirma, vulneró sus derechos fundamentales.
43. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el Juzgado
Segundo Administrativo de Sogamoso, autoridad judicial que emitió las providencias
a las que se les atribuye la trasgresión de los derechos fundamentales reclamados
por el tutelante.
Subsidiariedad
44. La presente acción de tutela no satisface el requisito general de subsidiariedad,
como se pasará a exponer a continuación:
45. El Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso, mediante Auto del 3 de junio
de 202519, rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
identificada bajo el radicado 15759-33-33-002-2025-00078-00. La providencia fue
notificada tanto por estado20 como por mensaje de datos el 4 de junio de 202521.
46. El 10 de junio de 202522, el actor promovió recurso de reposición en subsidio
apelación contra el auto que rechazó la demanda. No obstante, conforme al artículo
318 del CGP, el recurso de reposición debía interponerse dentro de los 3 días
siguientes a la notificación de la providencia, plazo que venció el 9 de junio de 2025.
En consecuencia, el recurso radicado el 10 de junio resultó extemporáneo y, por
tanto, improcedente.
19
Índice electrónico 013 de SAMAI del Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso.
17Autorechazade_RechazaDemandaNR2025(.pdf) NroActua 13.
20
Índice electrónico 014 de SAMAI del Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso.
21
Índice electrónico 015 de SAMAI del Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso.
22
Índice electrónico 016 de SAMAI del el Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso.
9
Radicación número: 15001-23-33-000-2025-00209-01
Accionante: Jesús Armando Vargas Barinas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
47. En este sentido, la Sala advierte que la acción de tutela no puede convertirse en
un atajo para reabrir plazos ya vencidos ni para suplir la falta de diligencia procesal
de las partes. La Corte Constitucional, en la Sentencia T-032 de 2011, precisó que
el principio de subsidiariedad excluye el uso de la tutela como una instancia paralela
a los recursos ordinarios, pues no está diseñada para reemplazarlos ni para
cuestionar decisiones que pudieron debatirse en el escenario procesal natural.
48. De igual forma, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que
la tutela no corrige errores u omisiones que corresponden a la actuación de las
partes o de sus apoderados. Interponer los recursos de manera oportuna es una
carga procesal que recae exclusivamente en quienes intervienen en el litigio, y no
puede trasladarse al juez de tutela. Lo contrario significaría distorsionar la
naturaleza residual y excepcional de este mecanismo, al transformarlo en un
recurso adicional para remediar descuidos procesales y en una vía paralela al
proceso judicial ordinario, lo cual desvirtúa su razón de ser en el orden
constitucional.
49. En conclusión, la presente acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad, toda vez que el actor contó con recursos judiciales ordinarios
idóneos y eficaces para controvertir los autos de rechazo de demanda, pero optó
por no interponerlos en un caso y en el otro los presentó de manera extemporánea.
Esta inactividad procesal no puede ser suplida por el juez constitucional, pues
admitirlo implicaría desnaturalizar el carácter residual y excepcional de la tutela,
convirtiéndola en una vía alterna para remediar errores atribuibles a las partes y en
una instancia adicional frente a las decisiones de la jurisdicción ordinaria.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia del 19 de agosto de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, que declaró improcedente la acción de tutela
presentada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
10
Radicación número: 15001-23-33-000-2025-00209-01
Accionante: Jesús Armando Vargas Barinas
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.