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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2025-00351-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2025-00351-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 19 de enero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá que declaró la improcedencia de la tutela, en el siguiente sentido: 1. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la tutela frente al defecto fáctico alegado, por falta de relevancia constitucional. 2. NEGAR la solicitud de amparo, en lo que respecto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 15001-23-33-000-2025-00351-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 15001-23-33-000-2025-00351-01
Accionante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Accionado: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DE
SOGAMOSO

Tema: Tutela contra providencia judicial — modifica decisión que
declaró la improcedencia por falta de relevancia constitucional
y subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación de la parte actora contra la sentencia proferida
el 19 de enero de 20261 por el Tribunal Administrativo de Boyacá. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia
con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de
2025, así como el Acuerdo 080 de 20192 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 5 de diciembre de 20253, el a quo admitió la acción constitucional, y
mediante la providencia del 26 de enero de 2026 se concedió la impugnación.
Arribado el expediente al despacho ponente, mediante providencia del 2 de
febrero de 2026 se dictó auto para mejor proveer4.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La sociedad Seguros del Estado S.A., actuando a través de apoderado
judicial, instauró acción de tutela en contra del Juzgado Segundo Administrativo

1
Al respecto, se aclara que en dicha decisión se incluyó como fecha 19 de enero de 2025; sin
embargo, de la revisión del proceso se advierte que esta fue proferida el 19 de enero del presente
año.
2
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
3
Índice 5 del expediente de primera instancia en Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar
que se notificó como accionado al Juzgado Segundo Administrativo Oral de Sogamoso. Además,
se ofició a dicha autoridad para que, por el medio más eficaz, notificara la decisión a las partes
del proceso de reparación directa identificado con el radicado 15759-33-33-002-2024-00249-00.
Ello, a fin de que si a bien lo tenían se pronunciaran sobre hechos y pretensiones de la demanda
y aportaran pruebas.
4 En la decisión que le solicitó al Juzgado Segundo Administrativo Oral de Sogamoso que allegara
copia íntegra digital del medio de control de reparación directa identificado con el radicado 15759-
33-33-002-2024-00249-00. Especialmente, de los memoriales radicados por la compañía
Seguros del Estado S.A. el 27 de noviembre de 2025, al interior del expediente ordinario referido.

1
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Accionante: Seguros del Estado S.A.
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo Oral de Sogamoso
Radicado: 15001-23-33-000-2025-00351-01

del Circuito Judicial de Sogamoso (Boyacá). Con la solicitud de amparo pretende
que se le protejan sus derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, al debido proceso y a «una debida defensa técnica y material».

2. La accionante estimó vulneradas sus garantías constitucionales con
ocasión de las siguientes providencias emitidas por la accionada al interior del
proceso de reparación directa identificado con el radicado 15759-33-33-002-
2024-00249-00:

a) Auto del 14 de julio: mediante el cual se tuvo por no contestada la
demanda por Seguros del Estado S.A. y no se le reconoció personería
adjetiva a la abogada Mónica Alejandra Forero Forero.
b) Auto del 25 de agosto: a través de cual no se repuso la decisión del 14 de
julio de 2025 y se rechazó por improcedente el recurso de apelación.
c) Decisión del 27 de noviembre de 2025: en la que se negó el
reconocimiento de personería a la abogada Mónica Alejandra Forero
Forero.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRETENSIÓN PRINCIPAL (1º). CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales al: i) debido proceso; ii) derecho de defensa y al acceso a la
administración de justicia; y, iii) Derecho a la defensa técnica y material y demás
derechos vulnerados por la decisión adoptada dentro del proceso:

Proceso de Reparación Directa de HERNANDO GROSSO MOLANO, ANA FLOR
PACHO DE GROSSO, ROGER EMIR CAMARGO PINILLA, RENE FERNANDO
GROSSO PACHO, SANDRA MILENA GROSSO PACHO, el menor EMIR ESTEBAN
CAMARGO GROSSO contra MUNICIPIO DE TIBASOSA, DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, AGENCIA DE
DESARROLLO RURAL – ADR, CONSORCIO CIVAL, radicado #
15759333300220240024900 donde se profirieron las siguientes decisiones:
1) Providencia proferida el 14 de julio de 2025 notificada por Estado el 15 de julio
de 2025.
2) Providencia proferida el 25 de agosto de 2025 notificada por Estado el 26 de
agosto de 2025.
3) Providencia proferida en Audiencia de 27 noviembre de 2025

PRETENSIÓN PRINCIPAL (2º). Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos
las providencias relacionadas en la pretensión principal primera y que por economía
procesal no transcribo.

PRETENSIÓN PRINCIPAL (3º). Como consecuencia de conceder el amparo de la
pretensión principal # 1, y en ese sentido ORDENAR AL JUZGADO SEGUNDO
(2DO) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SOGAMOSO, admita la sustitución
del poder efectuada en el pasado por parte del Suscrito a la doctora MÓNICA
ALEJANDRA FORERO FORERO para que ella en representación de SEGUROS
DEL ESTADO S.A. represente los intereses y derechos de la Compañía dentro del
proceso de la Reparación Directa.
PRETENSIÓN PRINCIPAL (4º). Que, como efecto de lo anterior, se TENGA COMO
CONTESTADA LA DEMANDA PRINCIPAL Y LOS LLAMAMIENTOS EN GARANTÍA
de SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PRETENSIÓN PRINCIPAL (5º).Que se permita en el futuro la sustitución del poder
otorgado al Suscrito (doctor Eidelman Javier González Sánchez), las veces que sea

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necesario para atender las diferentes diligencias y actuaciones del proceso. [Sic a
toda la cita]

1.2. Hechos

4. El señor Hernando Grosso Molano y otros5 ejercieron el medio de control
de reparación directa en contra del municipio de Tibasosa, el departamento de
Boyacá, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, la Agencia de Desarrollo
Rural (ADR) y el Consorcio Cival. Con la demanda pretenden la declaratoria de
responsabilidad de las autoridades por los hechos y omisiones que ocasionaron
inundación y el desbordamiento del Jarillón del Río Chicamocha el día 24 de
octubre de 2022 y que ocasionaron la pérdida total de la propiedad del primero.

5. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Segundo
Administrativo de Sogamoso (Boyacá). Dicha autoridad, en providencia del 20 de
enero de 2025 admitió la demanda, ordenó la notificación personal de las
demandadas y les dio traslado por el término de 30 días, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 172 del CPACA.

6. El 12 de mayo de 2025, la autoridad judicial admitió a Seguros del Estado
S.A. como llamado en garantía del ADR y del Consorcio Cival. Tal decisión le fue
notificada a la tutelante el 28 de mayo de 2025.

7. La accionante indicó que el día 16 de junio de 2025, el señor Camilo
Enrique Rubio Castiblanco, representante legal para asuntos judiciales de
Seguros del Estado y apoderado general, le concedió poder especial al abogado
Eidelman Javier González Sánchez a efectos de que ejerciera la representación
judicial de la compañía en aquel proceso ordinario. Y, al día siguiente, aquel
sustituyó el poder a la abogada Mónica Alejandra Forero Forero.

8. A raíz de lo anterior, el 24 de junio de 2025 la profesional del derecho
radicó la contestación de demanda y de los dos llamamientos en garantía.

9. En providencia del 14 de julio de 2025, el operador judicial dispuso tener
por no contestada la demanda, entre otros, de Seguros del Estado S.A. en calidad
de llamada en garantía. Además, le reconoció personería jurídica al apoderado
especial principal de dicha sociedad (el señor González Sánchez) y no a la
apoderada sustituta (Forero Forero).

10. Como fundamento de su decisión, señaló que en la Escritura Pública 3153
de la Notaría 13 de Bogotá, registrada en el certificado de existencia y
representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, se contemplaba
expresamente la prohibición de hacer segundas sustituciones.

11. Inconforme con lo resuelto, la apoderada Forero Forero interpuso recurso

5
Ana Flor Pacho de Grosso, Roger Emir Camargo Pinilla, Rene Fernando Grosso Pacho, Sandra
Milena Grosso Pacho, El Menor Emir Esteban Camargo Grosso.
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de reposición y en subsidio de apelación. No obstante, mediante providencia del
25 de agosto de 2025, la autoridad accionada dispuso no reponer el auto del 14
de julio de 2025 y rechazar por improcedente el recurso de apelación, por las
mismas razones, esto es, que el señor Eidelman Javier González Sánchez no
tenía la facultad de sustitución.

12. En auto del 8 de septiembre de 2025 el Juzgado fijó fecha de audiencia
inicial para el 27 de noviembre del mismo año.

13. Minutos antes del inicio de la referida audiencia, la empresa Seguros del
Estado S.A. allegó memorial suscrito por el señor Álvaro Muñoz Franco –en
calidad de suplente del presidente de Seguros del Estado– en el que ratificó el
poder otorgado por Camilo Enrique Rubio Castiblanco al señor Eidelman Javier
González Sánchez sin ninguna limitación y con la inclusión expresa de la facultad
de sustituir el poder.

14. Asimismo, en el curso de la diligencia prevista para ese día, el apoderado
principal (Eidelman Javier González Sánchez) solicitó que se le permitiera
sustituir poder y se tuviera por contestada la demanda. Para ello, allegó el
certificado de existencia y representación legal de la compañía expedido por la
Superintendencia Financiera (en adelante Superfinanciera), en el que, para la
accionante, consta que no hay prohibición de sustituir poder.

15. En la misma diligencia, el operador judicial iteró que la prohibición de
sustituir el poder por parte del apoderado principal de Seguros del Estado se
derivaba del certificado de existencia y representación legal expedido por la
Cámara de Comercio, documento que en su sentir es el idóneo dada la
naturaleza jurídica de dicha entidad.

16. En virtud de lo anterior, la interesada interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación en la misma audiencia. No obstante, la autoridad judicial
resolvió no reponer su decisión y rechazar por improcedente el de apelación.

1.3. Sustento de la vulneración

17. La parte actora afirmó que se incurrió en una vía de hecho, al no
permitírsele sustituir el poder y, con ello, tener por contestada oportunamente la
demanda y los dos llamamientos en garantía.

18. En particular, invocó un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
Sostuvo que los apoderados se encontraban debidamente facultados para
sustituir la personería jurídica y que, si bien en la Escritura Pública No. 3153 de
la Notaría 13 de Bogotá se establecía una limitación para ello, lo cierto es que la
voluntad de la sociedad no era prohibir dicho acto de representación. Lo anterior,
en la medida en que tal restricción no se encontraba consignada en el certificado
de existencia y representación legal expedido por la Superfinanciera respecto de
Seguros del Estado S.A.

4
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19. Además, señaló que en el expediente estaba el poder especial que le fue
conferido «y en el que no constaba la prohibición expresa de sustitución». Y, en
todo caso, refirió que aquel acto de apoderamiento había sido ratificado por
Seguros de Estado S.A.

20. También mencionó que se debía dar prevalencia al derecho sustancial
sobre las formalidades, máxime cuando la defensa técnica fue presentada dentro
del término legal para hacerlo. Por el contrario, el auto del 25 de agosto de 2025
dictado el accionado, demostraba una interpretación restrictiva sobre la facultad
de sustitución de poder, en perjuicio de su garantía fundamental de defensa.

21. De otro lado, refirió que el operador judicial incurrió en un error al
considerar que el certificado de existencia y representación legal expedido por la
Superfinanciera no constituía un documento idóneo. Aquello, a su parecer,
implicó que se desconociera que su naturaleza jurídica es de entidad financiera
y, por tanto, dicha autoridad es quien la inspecciona. Y, a su turno, que el
poderdante, Camilo Enrique Rubio Castiblanco, ostentaba la calidad de
representante legal para asuntos judiciales de la compañía y en esa medida,
podía otorgar poder especial sin manifestar ninguna prohibición.

22. Finalmente, la sociedad tutelante alegó que el auto del 25 de agosto de
2025 incurrió en un defecto fáctico, tras señalar que la autoridad accionada
incurrió en una valoración probatoria abiertamente irrazonable, incompleta y
contraria a las reglas de la sana crítica, de ahí que se transgredió su garantía
fundamental al debido proceso, al acceso a la justicia en libertad e igualdad de
condiciones, entre otras.

1.4. Intervenciones

23. El municipio de Tibasosa señaló que el conflicto traído a la presente
acción es entre la aseguradora Seguros del Estado S.A. y la autoridad judicial,
en virtud de las facultades sobre la sustitución de poder y el reconocimiento de
la apoderada Mónica Alejandra Forero Forero y su rol, como sujeto procesal al
interior de la controversia ordinaria, se limita al interés legítimo de aquel avance
con todas las partes debidamente constituidas y en igualdad de condiciones.

24. El Juez Segundo Administrativo de Sogamoso solicitó la declaratoria
de improcedencia de la tutela, tras considerar que aquella pretende reabrir el
debate ya surtido y concluido al interior del medio de control de reparación
directa. De ahí que, el asunto no acredita el requisito de la relevancia
constitucional.

25. En síntesis, el titular del despacho judicial afirmó que sus decisiones se
fundamentaron en la literalidad del poder conferido por el representante legal de
la sociedad (Álvaro Muñoz Franco) al señor Camilo Enrique Rubio, mediante
Escritura Pública 3153 de la Notaría 13 de Bogotá D.C y en que se le confería

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facultades para otorgar poderes especiales para las distintas demandas en la
jurisdicción contenciosa y en el que expresamente se excluyó la posibilidad de
sustituir dichos actos de apoderamiento especial.

26. Asimismo, precisó que no hay una transgresión al derecho de defensa de
la tutelante, comoquiera que está representada en el proceso ordinario por el
señor Eidelman Javier González Sánchez en virtud del reconocimiento de
personería jurídica realizada sobre aquel.

27. Además, consideró que la ratificación realizada por el señor Álvaro Muñoz
como suplente del presidente al señor Eidelman Javier González no podía
desconocer la prohibición contenida en la escritura pública, en tanto el poder
especial no podía prevalecer sobre el general, pues el primero está ligado al
segundo. De ahí que no era de recibo que el señor González ostentara más
facultades de las que ostenta su poderdante; Camilo Enrique Rubio, quien es el
apoderado general de la aseguradora.

28. De otro lado, señaló que el asunto tampoco supera el requisito de
subsidiariedad. Para el efecto, expuso que el señor González Sánchez no ejerció
el recurso de queja del que trata el artículo 245 del CPACA, en contra de la
decisión de rechazó de la apelación adoptada en auto del 25 de agosto de 2025
y en la etapa de saneamiento de la audiencia inicial.

29. La ADR solicitó la declaratoria de improcedencia de la solicitud de amparo,
tras afirmar que no se vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora.
En concreto, consideró que el despacho judicial no actuó de manera arbitraria,
desproporcionada o irrazonable, sino en aplicación directa y necesaria de las
reglas procesales que brindan legitimidad a la representación en juicio. Precisó
que la tutela no era un mecanismo de legalidad de las decisiones ordinarios, sino
una garantía excepcional para corregir actuaciones que puedan implicar una
violación grosera de derechos fundamentales.

30. En ese sentido, expuso que la controversia no plantea un debate de rango
constitucional, sino una inconformidad con aplicación del juez natural de las
normas que regulan la representación judicial, especialmente contempladas en
los artículos 43 y 75 del Código General del Proceso (CGP) y de las limitaciones
contenidas en la Escritura Pública que rige su propio mandato, por lo que es una
discusión netamente legal y procesal.

1.5. Sentencia de primera instancia

31. Mediante el fallo del 19 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo de
Boyacá declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional y por no acreditar el requisito de subsidiariedad.

32. Para llegar a esa conclusión, consideró que la solicitud de amparo versaba
sobre un asunto eminentemente legal, cuyo propósito es reabrir el debate

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concluido al interior del proceso ordinario para hacer prevalecer el criterio
interpretativo propio, sin que se advierta una actuación arbitraria o ilegítima por
parte de la autoridad judicial y tenga una consecuencia sobre las garantías que
le asisten a la tutelante. En concreto, el operador de primer grado estimó que la
discusión giraba en torno a la figura de la sustitución del poder y los artículos 75
y siguientes del CGP.

33. Frente a la subsidiariedad, el a quo indicó que, contra la decisión de
rechazo del recurso de apelación contenida en los autos del 25 de agosto y del
27 de noviembre de 2025, la tutelante tenía a su disposición el recurso de queja,
pues así lo dispone el artículo 245 del CPACA. No obstante, el mismo no fue
ejercido.

1.6. Impugnación

34. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, al cuestionar que el
a quo no hubiera resuelto de fondo la controversia, ni el problema jurídico,
tendiendo a definir si aquella sociedad le permitió al señor Eidelman Javier
González Sánchez sustituir el poder conferido a la señora Mónica Alejandra
Forero Forero.

35. Asimismo, señaló que no era necesario agotar el recurso de queja para
poder impetrar la acción de tutela, toda vez que lo perseguido no es que se le
conceda el recurso de apelación, sino que se respeten sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al
derecho de defensa.

36. Manifestó que tanto el Tribunal Administrativo de Boyacá al interior de este
trámite, como el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Sogamoso efectuaron
una interpretación del caso «exageradamente» formalista y no garantista de los
derechos constitucionales que le asisten, al desconocer la sustitución del poder
que se realizó y la naturaleza privada de contrato de mandato.

II. CONSIDERACIONES

37. La Sala modificará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, en el sentido de; declarar la improcedencia
únicamente respecto al defecto fáctico y negar la solicitud de amparo respecto al
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. En tal sentido, se analizarán
los siguientes aspectos: (i) la superación de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y (ii) el caso
concreto.

2.1. La solicitud de amparo cumple parcialmente con los requisitos
generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales

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38. El Consejo de Estado6 y la Corte Constitucional7, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales8 y a la configuración de algún
defecto especial9 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

39. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

40. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

41. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

42. La Sala advierte que Seguros del Estado S.A. está legitimada en la causa
por activa, porque funge como llamada en garantía al interior del proceso en el
que se dictaron las providencias que se reprochan mediante esta vía. A su vez,
se evidencia el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Sogamoso está
legitimado en la causa por pasiva por haber proferido las decisiones cuestionadas
a través del presente trámite.

43. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional10, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7
Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
8
(i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
9
(i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
10
Sentencia SU-215 de 2022.
8
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derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

44. En el sub judice, la Sala advierte que el asunto acredita parcialmente los
elementos señalados por la jurisprudencia constitucional en torno a este
requisito. Como viene de verse, el accionante cuestiona las decisiones judiciales
adoptadas por el Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso, las cuales, en
esencia, tuvieron por no contestada la demanda y los llamamientos en garantía
y negaron la sustitución de poder realizada por el señor Eidelman Javier
González Sánchez a la señora Mónica Alejandra Forero Forero para asumir la
defensa de la entidad en el proceso.

45. Como fundamento de la vulneración, la accionante invocó la configuración
de los defectos procedimental por exceso ritual manifiesto y fáctico. El primero,
lo sustentó en que lectura exegética del operador judicial del acto de
apoderamiento condujo a que se tuviera por no presentada la contestación de la
demanda y los llamamientos en garantía. Esto, en su sentir, condujo a una
transgresión de su derecho fundamental al debido proceso. De otro lado, alegó
que la autoridad realizó un análisis arbitrario de las pruebas, al proferir el auto del
25 de agosto de 2025.

46. En ese orden de ideas, se considera que los alegatos expuestos por la
tutelante en lo que atañe al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
cumplen con la carga argumentativa necesaria para analizar de fondo la
controversia. Al respecto, se advierte que la parte actora identificó la irregularidad
procesal que a su juicio, llevó a un desconocimiento del derecho sustancial.

47. Aunado a lo anterior, se advierte que la controversia sí tiene la entidad de
interpretar, aplicar y desarrollar la Constitución Política, pues denota una
eminente tensión del derecho fundamental al debido proceso, reflejado,
específicamente, en la posibilidad de que la tutelante tenga representación
judicial en un proceso al que fue vinculada en calidad de llamada en garantía y
pueda ejercer su derecho de defensa y contradicción.

48. Ello, a su vez, pone de manifiesto que la controversia desborda un debate
eminentemente legal o de contenido económico. En efecto, no se trata
únicamente de determinar si la lectura del poder especial realizada por el
operador judicial guardó correspondencia con los parámetros legales en torno a
la representación legal, sino de examinar si aquella interpretación afectó de
manera sustancial el ejercicio del derecho de defensa al cercenar la oportunidad
procesal de la tutelante de contestar la demanda, formular excepciones, solicitar

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y controvertir pruebas y, en general, comparecer al proceso judicial en
condiciones de igualdad para hacer valer sus intereses.

49. En esa medida, el problema jurídico trasciende el plano formal para
ubicarse en el ámbito de las garantías fundamentales que estructuran el debido
proceso. De ahí que la discusión planteada no pueda ser reducida a un simple
desacuerdo, en tanto podría tener la identidad de comprometer directamente la
posibilidad real y efectiva de participación de la tutelante en el proceso.

50. A contrario sensu, el alegato de la parte actora en torno al defecto fáctico
contenido en la providencia del 25 de agosto de 2025 no corre la misma suerte.
Ciertamente, el tutelante se limitó a precisar que la autoridad judicial efectuó una
interpretación contraria a las reglas de la sana crítica; sin embargo, no especificó
la modalidad del defecto, los elementos de juicio omitidos o analizados de forma
indebida, ni mucho menos, como ello incidió en lo resuelto en tal decisión.

51. En ese orden, la Sala estima que la controversia expuesta por la empresa
Seguros del Estado S.A. únicamente acredita el requisito de la relevancia
constitucional en lo que atañe al cargo por defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto. No así, respecto al defecto fáctico.

52. Subsidiariedad. La parte actora cumplió con este presupuesto, ya que no
cuenta con otros mecanismos judiciales ordinarios ni extraordinarios idóneos
para controvertir la providencia que cuestiona mediante esta vía.

53. Al respecto, la Sala debe precisar que el Juzgado Segundo Administrativo
Oral de Sogamoso en su escrito de contestación de tutela y el Tribunal
Administrativo de Boyacá, en primer grado de esta tutela, indicaron que el señor
Eidelman Javier González Sánchez (apoderado debidamente reconocido) no
agotó el recurso de queja en contra de las decisiones del 25 de agosto y del 27
de noviembre de 2025 que rechazaron por improcedente el recurso de apelación.
No obstante, se considera que dicho mecanismo no resultaba idóneo para que
se analizara el objeto de la disputa.

54. En efecto, de una lectura del artículo 243 del CPACA, no se desprende
que en contra de las decisiones que tuvieron por no contestada la demanda y
negaron el reconocimiento de personería jurídica proceda la alzada. Tal
circunstancia, permite razonablemente inferir que el asunto sí acredita el requisito
de procedencia en mención, pues aun cuando la parte demandante contó con un
mecanismo de defensa judicial, aquel no era idóneo.

55. Inmediatez. También se acredita este presupuesto, en la medida que la
solicitud de amparo se radicó el 4 de diciembre de 2025. Por su parte, la decisión
del 14 de julio de 2025 quedó en firme una vez se resolvieron los recursos
interpuestos contra la misma; esto es, con la ejecutoria del auto del 25 de agosto
del mismo año. Es decir, dentro de los seis meses que estableció la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, como plazo razonable para ejercer

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la acción constitucional.

56. De igual manera, porque entre las decisiones adoptadas en audiencia
inicial del 27 de noviembre de 2025 y la interposición de la tutela, no transcurrió
un lapso superior a un mes.

57. Naturaleza de la decisión cuestionada. Se supera este presupuesto ya
que no se controvierten decisiones de tutela. Como viene de verse, las
providencias fueron expedidas al interior del medio de control de reparación
directa. Las decisiones judiciales sub examine tampoco corresponden a fallos de
control abstracto de constitucionalidad ni a una sentencia interpretativa de la
Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.

58. Identificación razonable de los hechos. Finalmente, en la solicitud de
amparo se presentó una explicación clara y suficiente de los hechos y
argumentos por los que la parte actora consideró que le fueron vulnerados sus
derechos fundamentales. Por ende, cumplió con la carga mínima en dar las
razones por las cuales considera que la autoridad accionada incurrió en una
vulneración de las garantías.

2.2. Las providencias cuestionadas no incurrieron en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto

59. A efectos de adelantar el análisis del caso concreto, la Sala considera
necesario distinguir dos momentos procesales. El primero, deviene de las
actuaciones surtidas en el expediente previo a la audiencia inicial. Esto es, las
decisiones emitidas el 14 de julio y el 25 de agosto de 2025. El segundo, atinente
lo ocurrido el día de la diligencia adelantada el 27 de noviembre de 2026.

60. En cuanto al primer momento procesal, la Sala considera que el operador
judicial no incurrió en alguna irregularidad que hubiera conculcado los derechos
fundamentales de la parte actora. En concreto, se estima que la sustitución de
poder realizada por el abogado Eidelman Javier González Sánchez a Mónica
Alejandra Forero Forero no tenía validez, en tanto aquel no estaba facultado para
realizar tal acto jurídico. De ahí que, la contestación de demanda presentada por
la profesional en derecho no podía ser tenida en cuenta, ni tampoco, se le podía
reconocer personería jurídica a la señora Forero Forero.

61. De la documental allegada por la compañía al momento de contestar la
demanda y los llamamientos en garantía, obraba el certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá. En aquel,
constaba que mediante Escritura Pública 3153 del 2020, el señor Álvaro Muñoz
Franco –suplente del presidente– le otorgó poder general al señor Camilo
Enrique Rubio Castiblanco, para que en nombre y representación de la compañía
otorgara mandatos judiciales para contestar demandas, llamamientos en garantía
y otras actuaciones, sin facultad de sustitución:

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62. Lo anterior significa que, cualquier poder especial que otorgara el señor
Rubio Castiblanco debía ajustarse a las facultades y condiciones con las que le
fue reconocido como apoderado general o representante legal, es decir, sin la
facultad de sustitución por parte de los apoderados especiales.

63. Ahora bien, el 16 de junio de 2026, el señor Camilo Enrique Rubio
Castiblanco –en calidad de apoderado general de seguros del estado, según
poder conferido por el señor Álvaro Muñoz Franco– le confirió poder especial a
Eidelman Javier González Sánchez para que asumiera la defensa de dicha
compañía en el expediente con radicado 15759-33-33-002-2024-00249-00. En
aquel quedó establecido que quedaba facultado para: «interponer recursos,

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conciliar, no conciliar, desistir, transigir, recibir, retirar oficios, copias auténticas y
en general para todas las actuaciones necesarias propias del mandato, conforme
al artículo 77 del CGP»:

64. En vista de lo anterior, era dable concluir que el señor Eidelman Javier
González Sánchez no estaba facultado para sustituir, en tanto: 1) el mandato que
le fue conferido derivaba del poder general otorgado al señor Camilo Enrique
Rubio Castiblanco y 2) por disposición del artículo 75 del CGP11 que establece
«[p]odrá sustituirse el poder siempre que no esté prohibido expresamente».

65. Al respecto, se destaca que, en el auto del 25 de agosto de 2025, el
Juzgado consideró:

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Aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA.
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[…] el abogado Rubio Castiblanco otorgó poder especial al profesional en
derecho Eidelman Javier González Sánchez, y si bien dicho poder no prohibió la
facultad de sustituir (SAMAI: índice 00040 Doc_79 pág.7) como argumenta la
recurrente, no se debe perder de vista que la prohibición se encuentra de manera
expresa en la Escritura Pública No 3153 del 22 de septiembre de 2020, que
constituye el poder general que faculta al apoderado general para conferir
poderes especiales.
Aunado a ello, el Art. 75 del CGP “… Podrá sustituirse el poder siempre que no
esté prohibido expresamente…” , siendo oportuno insistir que el caso sub
examine, la sustitución del poder sí está prohibida.

66. Lo anterior permite advertir que el análisis desplegado por el operador
judicial fue ajustado y no fue producto de una interpretación arbitraria o rígida de
las reglas procesales que gobiernan la representación judicial, ni el procedimiento
judicial. En la medida que el señor González Sánchez no tenía facultad para
sustituir y, sin embargo, realizó dicho acto jurídico, debía entenderse que aquel
carecía de validez. Por consiguiente, ni la demanda ni los llamamientos de
garantía allegados por la abogada Mónica Alejandra Forero Forero podían
tenerse por contestados.

67. En este punto, conviene destacar que, de conformidad con la
jurisprudencia constitucional, el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto tiene lugar cuando «el juez renuncia a conocer un caso de fondo y a
proteger un derecho sustancial como resultado de una aplicación irreflexiva de
las normas procedimentales»12. En el sub judice, el análisis efectuado por el juez
acerca de la capacidad de comparecencia al medio de control de la tutelante y
de los documentos allegados en la contestación de demanda, no se concibe
excesivo.

68. A ello debe agregarse que, mediante providencia del 14 de julio de 2025,
el Juzgado reconoció personería al abogado Eidelman Javier González Sánchez.
Posteriormente, en auto del 25 de agosto del mismo año, tramitó los recursos de
reposición y, en subsidio, de apelación interpuestos por la abogada Mónica
Alejandra Forero Forero, pese a que el apoderado formalmente reconocido era
el señor González Sánchez. En ese contexto, no es posible colegir la
configuración de una vulneración del derecho al debido proceso de la parte
tutelante

69. En efecto, el operador judicial garantizó que la sociedad Seguros del
Estado S.A. contara con representación judicial dentro del proceso ordinario, al
reconocer personería al profesional del derecho que, conforme a las facultades y
condiciones establecidas por la empresa, se encontraba habilitado para ejercerla.
Además, aseguró el acceso a los recursos contra la decisión del 14 de julio de
2025, aun cuando estos fueron interpuestos por quien no ostentaba formalmente
la calidad de apoderada reconocida, precisamente con el propósito de
salvaguardar los derechos de defensa y contradicción de la sociedad.

12
Corte Constitucional, sentencia SU-355 de 2017.
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70. De ahí que, la Sala encuentre que el Juzgado Segundo Administrativo Oral
de Sogamoso con la expedición de los autos del 14 de julio y del 25 de agosto
de 2025, no incurrió en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
invocado por la tutelante.

71. Ahora bien, frente al segundo momento procesal, debe tenerse en cuenta
lo siguiente:

72. El 27 de noviembre de 2025, antes de dar inicio a la audiencia inicial, el
señor Álvaro Muñoz Franco ratificó el poder conferido por Camilo Enrique Rubio
Castiblanco al señor Eidelman Javier Gonzáles Sánchez. En aquel documento,
precisó expresamente que aquel estaba facultado para sustituir.

73. Junto con el documento de la referencia, la tutelante radicó el certificado
de existencia y representación legal de Seguros del Estado S.A. emitido por la
Superfinanciera el mismo día. En aquel, consta la naturaleza jurídica, la
constitución y reformas, la autorización de funcionamiento y los sujetos que
ostentan la representación legal y sus funciones.

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74. Específicamente, se evidencia que el señor Álvaro Muñoz Franco es el
tercer suplente del presidente, a quien le corresponde constituir apoderados
judiciales y extrajudiciales, sin ninguna clase de limitación. Además, obra que el
señor Camilo Enrique Rubio Castiblanco es representante legal para asuntos
judiciales.

75. Ahora bien, el señor Eidelman Javier González Sánchez obrando como
apoderado especial de Seguros del Estado S.A. se presentó a la audiencia inicial
del 27 de noviembre de 2025. En la diligencia, solicitó expresamente que se le
permitiera sustituir el poder a la abogada Mónica Alejandra Forero Forero. Para
el efecto, indicó que, de conformidad con el certificado de la Superfinanciera
allegado no había ninguna limitación del representante legal para asuntos
judiciales.

76. Por su parte, el Juzgado, nuevamente negó el reconocimiento de
personería de la abogada. Como fundamento de su decisión, expuso que el
certificado expedido por la Superfinanciera no sustituía el certificado de
existencia y representación legal y, aun cuando el mismo no traía la prohibición
de sustituir, no se podía desconocer la prohibición expresa que contenía el
documento idóneo. Exaltó que el conflicto procesal que se estaba generando era
innecesario, en la medida que la aseguradora tenía representación judicial en el
proceso. De ahí que su derecho de defensa estaba siendo garantizado.

77. En la misma diligencia, el señor González Sánchez interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación. Sin embargo, el despacho dispuso no reponer
su decisión y rechazar por improcedente el de apelación. Para el efecto, iteró que
aquella autoridad no era quien estaba prohibiendo la facultad de sustitución, sino
que era la misma entidad.

78. Pues bien, frente al racionamiento efectuado por el operador judicial, la
Sala tampoco advierte ninguna irregularidad que hubiera tenido la identidad de
conculcar los derechos sustanciales de la aseguradora. En concreto, se estima
que aun cuando el apoderado Eidelman Javier González Sánchez allegó la
ratificación por parte del señor Álvaro Muñoz Franco del acto de apoderamiento
especial que le fue conferido por el señor Camilo Enrique Rubio Castiblanco y en
el que consta expresamente que está inmersa la posibilidad de sustituir, lo cierto
es que dicho acto de ratificación debía sujetarse al primer acto de apoderamiento
que, como fue expuesto, fue otorgado en Escritura Pública.

79. Distinto hubiera sido el escenario en el cual señor Muñoz Franco –
suplente del presidente – hubiera conferido un nuevo poder a favor del señor
González Sánchez. Esto es, si en virtud de la potestad que le asiste de nombrar
representantes judiciales sin ningún tipo de limitación (como consta en el
certificado expedido por la Superfinanciera), hubiera conferido el mandato
especial de forma directa al señor Eidelman Javier González Sánchez. En ese
caso, es evidente que en virtud de su calidad; suplente del presidente, es el único

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facultado para otorgar poderes sin ninguna limitación. O, incluso, si aquel hubiera
otorgado poder directamente a la señora Mónica Alejandra Forero Forero.

80. No obstante, al ratificar el poder que el señor Rubio Castiblanco concedió
al señor González Sánchez, obligó a verificar las facultades que tiene el primero
según Escritura Pública y en la que consta, que los apoderados especiales no
pueden sustituir el mandato.

81. En este punto se debe precisar que según la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, el exceso ritual manifiesto puede ocurrir por:

i) aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos
constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos
formales de manera irreflexiva y que en determinadas circunstancias puedan
constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación
se encuentre comprobada; o (iii) incurrir en un rigorismo procedimental en la
apreciación de las pruebas»13.

82. En el caso concreto, esta Sección no advierte que el funcionario accionado
hubiera aplicado el procedimiento de forma irreflexiva, hubiera exigido cargas de
imposible cumplimiento o apreciado las pruebas para obstaculizar la eficacia de
los derechos fundamentales de la parte tutelante. Por el contrario, se evidencia
que Juzgado valoró los documentos puestos a su conocimiento en respeto de las
facultades previamente definidas por la aseguradora. Y, en todo caso, garantizó
el derecho de defensa de la aseguradora al interior del proceso ordinario.

83. Aunado a lo anterior, es importante precisar que la accionante tampoco
expuso motivos a partir de los cuales se pueda evidenciar que la negativa del
juzgado a aceptar la sustitución de poder en favor de Mónica Alejandra Forero
Forero constituya una amenaza de su derecho fundamental al debido proceso, o
a la defensa técnica. En concreto, se vislumbra que su inconformidad en realidad
radica en el hecho de que no se tuvo en cuenta la contestación de demanda y de
las solicitudes de llamamiento en garantía que aquella presentó, más no, en el
riesgo de la compañía de no estar representada por dicha profesional del derecho
para las actuaciones futuras; a quien, en todo caso, le puede ser conferido un
poder especial para que asuma la representación de la aseguradora, si esta así
lo desea. De ahí que, tampoco se acreditó la posible configuración de un perjuicio
irremediable.

84. En ese orden de ideas, la Sala modificará el fallo del 19 de enero de 2025
dictado por la Tribunal Administrativo de Boyacá, que declaró la improcedencia
de la acción de tutela, en el sentido de: 1) declarar la improcedencia por falta de
relevancia constitucional respecto al defecto fáctico y 2) negar la solicitud de
amparo frente al procedimental por exceso ritual manifiesto, al evidenciarse que
no se vulneraron los derechos fundamentales de la accionante.

13
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2023.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 19 de enero de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá que declaró la improcedencia de la tutela, en
el siguiente sentido:

1. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la tutela frente al defecto fáctico
alegado, por falta de relevancia constitucional.
2. NEGAR la solicitud de amparo, en lo que respecto al defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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