Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2025-00355-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2025-00355-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 15001-23-33-000-2025-00355-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2025-00355-01
Accionante: JHON ALFREDY REYES MUÑOZ
Accionados: JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
TUNJA Y OTRO
Tema: ACCIÓN DE TUTELA – Se revoca el fallo impugnado - Se declara la
carencia actual de objeto por hecho superado.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
13 de enero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Jhon Alfredy Reyes Muñoz, solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y de
petición cuya vulneración le atribuyó al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
de Tunja y a la abogada Flor Ángela Acuña Pinto por la presunta mora judicial en el
trámite de la solicitud de amparo con radicado núm. 15001-33-33-005-2025-00242-
00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Refirió que presentó la solicitud de amparo de pobreza con radicado núm. 15001-
33-33-005-2025-00242-00 a fin de que se le asignara un abogado que lo
representara judicialmente en la demanda del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas por el no reconocimiento de una ayuda humanitaria.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 15001-23-33-000-2025-00355-01
Accionante: Jhon Alfredy Reyes Muñoz
2.2. Comentó que, el conocimiento del proceso le fue asignado al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Tunja, autoridad que mediante auto de 4 de diciembre
de 2025 concedió el amparo de pobreza y designó como apoderada a la abogada Flor
Ángela Acuña Pinto.
2.3. Relató que desde la notificación del auto que le concedió el amparo, se ha intentado
comunicar en múltiples ocasiones con la abogada Flor Ángela Acuña Pinto, al número
de celular suministrado por el juzgado, sin obtener respuesta.
2.4. Manifestó que la “[…] falta de respuesta de la apoderada impide continuar con la
presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual bloquea
totalmente mi acceso a la justicia, pues no cuento con medios económicos para
contratar un abogado particular […]”.
2.5. Adujo que el proceso se encuentra paralizado, debido a la falta de claridad sobre la
aceptación o rechazo de la apoderada designada “[…] dejándome en total indefensión
[…]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Que se ampare mi derecho fundamental al acceso a la administración
de justicia, debido proceso y petición.
2. Que se ordene al Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja que, de
manera inmediata, verifique si la abogada fue notificada, si aceptó o no la
designación, y:
Si NO ha aceptado en el término legal,
declare el incumplimiento del artículo 154 del CGP y
proceda a designar un nuevo apoderado, conforme a la ley.
3. Que se ordene a la abogada FLOR ÁNGELA ACUÑA PINTO que, de forma
inmediata, informe si acepta o rechaza la designación como apoderada de
pobreza.
4. Que se adopten las medidas necesarias para garantizar que el proceso
continúe sin más demoras injustificadas. […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 12 de diciembre de 2025, el Magistrado del Tribunal
Administrativo de Boyacá a cargo de la sustanciación del proceso admitió la acción
de tutela.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las accionadas, se allegaron los
siguientes informes:
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Radicación: 15001-23-33-000-2025-00355-01
Accionante: Jhon Alfredy Reyes Muñoz
5.1. El Juzgado Quinto Administrativo de Tunja Informó que recibió por reparto la
solicitud de amparo de pobreza el 25 de noviembre de 2025 y que, mediante auto
de 4 de diciembre de 2025 concedió el amparo solicitado y designó como
apoderada a la abogada Flor Angela Acuña Pinto, quien fue notificada del
nombramiento el 15 de diciembre de la misma anualidad, quien de acuerdo con el
artículo 154 del CGP cuenta con 3 días hábiles para manifestar su aceptación al
cargo, término que vence el 19 de diciembre de 2025.
5.2. Por lo anterior, solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela, toda vez
que ese Despacho judicial ha realizado de manera oportuna las actuaciones de la
solicitud de amparo de pobreza núm. 15001-33-33-005-2025-00242-00.
5.3. La abogada Flor Ángela Acuña Pinto solicitó negar el mecanismo de amparo,
en razón a que no se encuentra demostrada la vulneración de los derechos
fundamentales solicitados por el actor. Comentó que no aceptó la designación
como curadora en el amparo de pobreza núm. 15001-33-33-005-2025-00242-00.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 13 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de
Boyacá negó las pretensiones de la acción de tutela, al concluir que el despacho
accionado y la abogada designada como curadora dentro de la solicitud de amparo
de pobreza no vulneraron los derechos fundamentales solicitados por la parte
accionante.
7. Señaló que “[…] el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Cicuito (sic) de Tunja
profirió el auto del 4 de diciembre de 2025 que concedió el amparo de pobreza
dentro de los términos establecidos por la ley, no observando que la comunicación
de la designación a la abogada Acuña Pinto Flor Ángela se haya prolongado en el
tiempo, por el contrario, se realizó seis días después, término que se estima
razonable y atendiendo el artículo 49 del Código General del Proceso […]”.
8. Adicionalmente advirtió que “[…] [t]ampoco se aprecia que el proceso con radicado
15001333300520250024200 se encuentre paralizado, por el contrario, está
pendiente de resolverse la petición de rechazo de la designación de abogada en
amparo de pobreza visible en el índice 12 de SAMAI, la que se encentra (sic) en
término de tramitarse […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
9. La parte accionante, impugnó el fallo de primera instancia para lo cual solicitó:
“[…] 1. REVOQUE el fallo del 13 de enero de 2026 proferido por el Tribunal
Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión No. 2.
2. En su lugar, AMPARE mis derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y derecho de petición.
3. ORDENE al Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja que, de
manera inmediata:
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Accionante: Jhon Alfredy Reyes Muñoz
✓ Resuelva el memorial de rechazo presentado por la abogada designada.
✓ Proceda sin dilaciones a la designación de un nuevo apoderado en
amparo de pobreza.
✓ Garantice que dicha designación sea efectivamente notificada y controlada
dentro de los términos legales. […]”. [Negrilla del texto]
10. Señaló como razones de su inconformidad que “[…] Existió vulneración real y
efectiva al derecho de acceso a la administración de justicia […]” por cuanto “[…] no
podía presentar demanda ni adelantar actuación alguna, porque el amparo de
pobreza exige apoderado designado y posesionado, lo cual me dejó en un estado
material de indefensión […]”.
11. Indicóque el juez de primera instancia realizó una “[…] Interpretación
excesivamente formalista del artículo 154 del CGP […]” al concluir que la abogada
presentó de manera oportuna su rechazo y que el despacho aún esta dentro del
término para resolverlo, pues, “[…] El espíritu del artículo 154 del CGP es garantizar
que el ciudadano en condición de vulnerabilidad no quede sin defensa técnica por
lapsos prolongados. […] El trámite no puede convertirse en una cadena de demoras
que, aunque formalmente justificadas, en la práctica impidan el ejercicio efectivo del
derecho fundamental […]”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.
VIII.2. Problemas jurídicos
13. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado 12, la Sala debe establecer, si en el
presente asunto se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
5
Radicación: 15001-23-33-000-2025-00355-01
Accionante: Jhon Alfredy Reyes Muñoz
VIII.3. El caso concreto
14. El señor Jhon Alfredy Reyes Muñoz, solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y de
petición cuya vulneración le atribuyó al Juzgado Quinto Administrativo de Tunja y a
la abogada Flor Ángela Acuña Pinto por la presunta mora judicial en el trámite de la
solicitud de amparo de pobreza con radicado núm. 15001-33-33-005-2025-00242-
00.
VIII.3.1. De la carencia actual de objeto por hecho superado en el sub examine
15. La Corte Constitucional, en sentencia T-054 de 14 de febrero de 20207, sostuvo
que “[…] la carencia actual de objeto por hecho superado tiene lugar cuando, entre
la interposición de la acción de tutela y la decisión del juez constitucional8,
desaparece la afectación al derecho fundamental alegada y se satisfacen las
pretensiones del accionante9, debido a “una conducta desplegada por el agente
transgresor […]”10.
16. Lo anterior es en razón a que el fin último de la acción de tutela, conforme con el
artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto 2591 de 1991 y la
doctrina constitucional, es lograr la protección efectiva y cierta de los derechos
fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad
pública o privada en los casos exceptuados por la ley. Sin embargo, en el evento
que la situación que origina la violación o amenaza sea superada la tutela pierde su
eficacia y razón de ser11.
17. En ese sentido, cuando se encuentra demostrada tal situación, el juez de tutela
no está obligado a pronunciarse de fondo12, sino que en esos casos le corresponde
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que de realizar
lo contrario sus decisiones y/u órdenes carecerían de sentido, ante “[…] la
superación de los hechos que dieron lugar al recurso de amparo o ante la
satisfacción de las pretensiones del actor […]”13.
18. La parte accionante informó que mediante auto de 4 de diciembre de 2025 el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Tunja le concedió el amparo de
pobreza y designó como apoderada a la abogada Flor Ángela Acuña Pinto, a fin de
que lo representara judicialmente en la demanda del medio de control de nulidad y
7
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Sentencia T-054 de 14 de febrero de 2020, Magistrado Ponente: Carlos
Bernal Pulido.
8
Corte Constitucional, sentencias T-238 de 2017 y T-047 de 2016. Asimismo, ver, Corte Constitucional, Sentencia T-358 de
2014.
9
Corte Constitucional, Sentencia SU-540 de 2007: “el hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según
sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que ‘carece’ de objeto el
pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de
las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en la tutela”.
10
Corte Constitucional, sentencias T-238 de 2017 y T-011 de 2016.
11
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de unificación 771 de 16 de octubre de 2014, Magistrada Ponente: Martha
Victoria Sáchica Méndez.
12
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-011 de 22 de enero de 2016, Magistrado Ponente: Luis Ernesto
Vargas Silva.
13
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de unificación 771 de 16 de octubre de 2014, Magistrada Ponente: Martha
Victoria Sáchica Méndez.
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Radicación: 15001-23-33-000-2025-00355-01
Accionante: Jhon Alfredy Reyes Muñoz
restablecimiento del derecho contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas.
19. El juez constitucional de primera instancia, negó las pretensiones solicitadas al
concluir que: i) el Juzgado Quinto Administrativo del Cicuito de Tunja profirió el auto
del 4 de diciembre de 2025 que concedió el amparo de pobreza dentro de los
términos establecidos por la ley, ii) el 15 de diciembre de 2025 se notificó a la
abogada Flor Ángela Acuña Pinto de su designación como curadora, quien a su vez
mediante escrito de 16 de diciembre de 2025 rechazó la designación, y iii) el
Juzgado se encuentra dentro del término para resolverse la petición de rechazo de
la abogada.
20. El accionante puso de presente en su escrito de impugnación que “[…] El espíritu
del artículo 154 del CGP es garantizar que el ciudadano en condición de
vulnerabilidad no quede sin defensa técnica por lapsos prolongados. […] El trámite
no puede convertirse en una cadena de demoras que, aunque formalmente
justificadas, en la práctica impidan el ejercicio efectivo del derecho fundamental
[…]”.
21. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que mediante auto de 22 de
enero de 202614, la autoridad judicial accionada resolvió:
“[…] PRIMERO. – Relevar de la designación como Abogada de Pobreza a la
abogada FLOR ÁNGELA ACUÑA PINTO.
SEGUNDO.- Designar como abogado de pobreza del señor Jhon Alfredy
Reyes Muñoz, al abogado JEAN ARTURO CORTES PIRABÁN identificado con
cédula de ciudadanía No. 7.171.733 de Tunja, y portador de la T.P. No. 122.185
del C.S. de la J, quien se podrá notificar el (sic) correo electrónico
JAC2016ABOGADOS@GMAIL.COM, conforme a la consulta realizada en el
Servicio URNA […]”. [negrilla del texto].
22. La anterior decisión fue notificada por estado electrónico del 26 de enero de
202615 y el 2 de febrero del mismo año16 se notificó la designación como abogado
de pobreza al señor Jean Arturo Cortes Pirabán.
23. Así las cosas, y comoquiera que en el caso sub examine la pretensión de la parte
actora estaba encaminada a que se ordenara a la autoridad judicial accionada: “[…]
de manera inmediata, verifique si la abogada fue notificada, si aceptó o no la
designación […] proceda a designar un nuevo apoderado […] que se ordene a la
abogada Flor Ángela Acuña Pinto que, de forma inmediata, informe si acepta o
rechaza la designación […]”, esta autoridad judicial estima que en el caso que ocupa
la atención de la Sala se ha satisfecho el objeto de la presente acción de amparo, toda
vez que la autoridad judicial accionada profirió auto que relevó de la designación a la
abogada de pobreza Flor Ángela Acuña Pinto y designó como nuevo abogado de
pobreza al abogado Jean Arturo Cortes Pirabán.
14
Visible a índice 014 del expediente núm. 15001333300520250024200 del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Tunja, contenido en el aplicativo SAMAI.
15
Visible a índice 016 ibidem.
16
Visible a índice 018 ibidem.
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Radicación: 15001-23-33-000-2025-00355-01
Accionante: Jhon Alfredy Reyes Muñoz
24. En ese orden de ideas, se resalta que la Corte Constitucional, ha entendido el
concepto de la carencia actual de objeto por hecho superado como “[…] el supuesto
de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo
y el fallo se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se
eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor […]”3.
25. En consecuencia, se revocará el fallo impugnado, que negó las pretensiones de
la acción de tutela y en su lugar se dispondrá declarar la carencia actual de objeto
por hecho superado, por las razones expuestas en la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 13 de enero de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, para en su lugar, DECLARAR la carencia actual
de objeto por hecho superado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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