Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2025-00356-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2025-00356-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 15001-23-33-000-2025-00356-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 15001-23-33-000-2025-00356-01
Accionante: Julio Nel Barrera Beltrán
Accionados: Juzgado Segundo Administrativo de Circuito de Sogamoso
Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro de la acción de
cumplimiento
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción y, en su lugar, niega el amparo solicitado,
al no encontrar acreditados los defectos endilgados.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 21 de enero de
2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá que declaró improcedente
la acción de tutela.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El29 de julio de 2024, la Asociación Gremial de Recuperadores Unidos
AGREUNIDOS E.S.P. radicó ante el municipio de Sogamoso – Boyacá, el proyecto
Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos IAT.
3. Con ocasión de lo anterior, el 4 de marzo de 2025 requirió ante a la entidad
municipal lo siguiente:
«1. Se me entregue un informe discriminado con fechas de manera mensual acerca
de los recursos recibidos por parte de Coservicios correspondientes a Incentivos al
Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos (IAT) (…).
2. Se me informe el tipo de cuenta bancaria en donde se encuentran depositados
los recursos correspondientes a Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de
Residuos Sólidos (IAT) y si está cuenta se aperturó con destinación especifica, así
mismo los movimientos de esta y si de ella se han realizado algún tipo de traslado,
en caso de ser así cual fue su destino y justificación.
3. Se me informe si a la fecha de hoy ya han sido incorporados los recursos
recibidos por concepto de Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos
Sólidos (IAT) al presupuesto Municipal y porque este procedimiento o proceso no
se había realizado en su momento según lo informado por la entidad territorial.
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Acción De Tutela
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Accionante: Julio Nel Barrera Beltrán
4. Han pasado 7 meses desde que se radico el proyecto ante la administración
municipal en términos establecidos por el decreto 802 de 2022, solicito se me
informe si a la fecha para esta administración ha sido posible lograr la conformación
del grupo técnico para coordinar la evaluación referente a proyectos del Incentivo
al aprovechamiento y tratamiento – IAT de residuos sólidos y protocolo para
reconocer el traslado de los recursos del Incentivo a proyectos beneficiarios. Y de
esta forma garantizar los principios de transparencia y planeación con base en lo
establecido en el Decreto 802 del 2022.
5. En caso de que a la fecha no se haya realizado la conformación del grupo técnico
para coordinar la evaluación referente a proyectos del Incentivo al aprovechamiento
y tratamiento – IAT de residuos sólidos y protocolo para reconocer el traslado de
los recursos del Incentivo a proyectos beneficiarios. Solicito se realice la evaluación
del proyecto presentado el 29 de julio de 2024 de manera inmediata y se nos
socialice el resultado de este.»
4. El 10 de marzo de 2025, el municipio de Sogamoso resolvió lo solicitado por la
Asociación Gremial de Recuperadores Unidos AGREUNIDOS E.S.P., en los
siguientes términos:
«Se adjunta al presente, copia del extracto de la cuenta de Ahorros No. 1860 0067
5006 del Banco DAVIVIENDA, en el cual se relacionan los recursos consignados
con corte 30 de diciembre de 2024 los cuales ascienden a la suma de
$675.695.804,93.
(…)
La cuenta bancaria de destinación específica en la cual COSERVICIOS S.A. E.S.P
gira los recursos se encuentra en el Banco Davivienda - Cuenta de Ahorros No.
1860 0067 5006. En cuanto a los posibles movimientos o traslados me permito
subrayar que siendo esta una cuenta de destinación específica como ya se
mencionó no se ha realizado ningún tipo de movimiento o traslado de los recursos
allí consignados.
(…)
A la fecha no se han incorporado al presupuesto los recursos mencionados, el
trámite de incorporación del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de
Residuos Sólidos (IAT) se surtirá para la presente vigencia por parte de la Secretaria
de Hacienda, lo anterior teniendo en cuenta la solicitud realizada por esta
dependencia.
(…)
No se ha conformado el grupo técnico para coordinar la evaluación referente a los
proyectos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento – IAT, respecto a los
recursos en el momento se encuentra en trámite la inclusión de estos en el
presupuesto municipal.
(…)
Su solicitud es inviable a la fecha, dado que no se encuentra conformado el comité
técnico evaluador de los proyectos que permita cumplir con los principios de
transparencia e igualdad para las agremiaciones que radicaron proyectos.»
5. El 27 de noviembre de 2025, el señor Julio Nel Barrera Beltrán en calidad de
representante legal la Asociación Gremial de Recuperadores Unidos
AGREUNIDOS E.S.P. promovió acción de cumplimiento con el propósito de
obtener el acatamiento del capítulo 7, Título 2, Parte 3, Libro 2 del Decreto 1077 de
2015, modificado por el Decreto 802 de 2022.
6. El proceso correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Sogamoso1 que, mediate auto el 28 de noviembre de 2025 rechazó de plano la
acción de cumplimiento, al considerar que no se acreditó el requisito de renuencia
que establece el artículo 8.° de la Ley 393 de 1997.
1
Acción de cumplimiento con radicado 15759-33-33-002-2025-00280-00
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7. Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación.
8. En virtud de lo anterior, la autoridad judicial por medio de proveído del 3 de
diciembre de 2025 dispuso rechazar por improcedente los recursos, de conformidad
con lo contemplado en el artículo 16 ibidem.
2.2. Fundamento jurídico
9. La parte accionante señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto sustantivo, al efectuar una indebida interpretación de lo preceptuado en
los artículos 8.° y 16 de la Ley 393 de 1997, normas que consagran como
presupuesto de procedibilidad el requisito de renuencia y la procedencia de los
recursos contra las providencias que se dictan en el trámite de la acción de
cumplimiento.
10. Sobre el particular, sostuvo que, aunque el artículo 8.° ibidem exigía demostrar
el requerimiento previo ante autoridad administrativa del cumplimiento de la
obligación y que esta ratifique su incumplimiento, en el expediente obraba la
solicitud elevada por la parte interesada y la respuesta negativa emitida por el
Municipio de Sogamoso el 10 de marzo de 2025. No obstante, el despacho
accionado resolvió rechazar de plano la demanda bajo el argumento de que no se
probó en debida forma tal exigencia, conclusión que, a su juicio, resultaba
abiertamente irrazonable, en tanto vulnera los derechos fundamentales invocados
en protección.
11. Agregó que no se debió declarar la improcedencia de los recursos presentados
contra la decisión de rechazar de plano la demanda con fundamento en lo
contemplado en el artículo 16 ibidem, toda vez que es una interpretación restrictiva.
12. En ese sentido, manifestó que la decisión también adolece de un defecto
procedimental absoluto porque el juez «privilegia el formalismo o la observancia
ciega de una regla procesal, o bien, exige una formalidad inexistente o
desproporcionada.»
2.3. Pretensiones
13. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo que se cita:
«(…)
PRIMERO. Se declare la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia de la Asociación
Gremial de Recuperadores Unidos E.S.P.
SEGUNDO. En consecuencia, dejar sin efecto los Autos del 28 de
noviembre de 2025 y del 3 de diciembre de 2025, proferidos por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso dentro del medio de
control de Acción de Cumplimiento. Radicado:
15759333300220250028000.
TERCERO. Ordenar al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Sogamoso que, en un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas,
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profiera un auto en el que se ADMITA la Acción de Cumplimiento
interpuesta por AGREUNIDOS E.S.P. y se le dé el trámite de rigor.» (Sic)
2.4. Intervenciones
14. La acción de tutela de la referencia fue admitida por el Tribunal Administrativo
de Boyacá que mediante auto del 15 de diciembre de 2026 ordenó notificar al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sogamoso
15. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sogamoso,
después de hacer un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso,
solicitó que se desestime el amparo, toda vez que la acción de tutela no cumple
con el requisito de relevancia constitucional, pues no es una instancia adicional para
reabrir el debate zanjado por su juez natural.
16. Maxime cuando el rechazo de la acción de cumplimiento obedeció a que no fue
acreditado el requisito de renuencia, el cual más allá de una formalidad, es un
presupuesto de procedibilidad.
2.5. Sentencia impugnada
17. El Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia del 21 de enero de
2026 resolvió declarar improcedente la acción de tutela por falta del requisito de
relevancia constitucional.
18. Al respecto, señaló que el accionante no demostró que el debate trasciende el
ámbito propio de la legalidad procesal porque las inconformidades se centran en la
interpretación y aplicación de los artículos 8.° y 16 de la Ley 393 de 1997,
disposiciones normativas que regulan el requisito de procedibilidad consistente en
la constitución en renuencia y la procedencia de los recursos contra las
providencias que se dictan en el trámite de la acción de cumplimiento.
19. Así como tampoco, explicó por qué las decisiones judiciales cuestionadas
generan una restricción excesiva o desproporcionada de derechos fundamentales,
más allá de expresar la inconformidad por la imposibilidad de obtener un
pronunciamiento de fondo.
20. Así cosas, concluyó que lo que pretendía la parte actora con su interposición era
una instancia adicional para reevaluar las decisiones adoptadas por el juez natural
de la acción de cumplimiento, lo que desnaturaliza el carácter residual, subsidiario
y excepcional de la acción de tutela.
2.6. Impugnación
21. El accionante después de insistir en los argumentos de la acción de tutela
manifestó que la discusión no versa sobre intereses económicos o litigios
contractuales ordinarios, sino sobre la efectividad de un derecho constitucional,
esto es, el cumplimiento de la ley.
22. Agregó que, al tratarse de un rechazo de plano de una acción pública, el debate
sobre la admisión adquiere per se relevancia constitucional inmediata. Por tanto, a
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su juicio, el presente asunto no requiere acreditar una afectación compleja o
económica, sino simplemente demostrar que la interpretación adoptada por la
autoridad judicial está obstaculizando el adecuado funcionamiento de la
administración de justicia.
23. A partir de lo anterior solicitó que se revoque la decisión de primer grado, en
consecuencia, se amparen los derechos fundamentales invocados en protección.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
24. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20192 y demás normas
concordantes.
3.2. Cuestión previa
25. La Sala aclara que, si bien en la demanda de tutela se invocó un defecto
procedimental absoluto, lo cierto es que la parte accionante no argumentó de qué
manera la autoridad judicial accionada incurrió en la referida causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, pues, solo se limitó
a señalar de manera genérica que el juez «privilegia el formalismo o la observancia
ciega de una regla procesal, o bien, exige una formalidad inexistente o
desproporcionada», pero no expuso de manera concreta las razones por las cuales
considera que la decisión cuestionada adolece de tal defecto.
26. Por lo tanto, en caso de superarse los presupuestos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala se abstendrá de emitir
pronunciamiento de fondo en lo atinente a dicho reparo.
Problema jurídico
27. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso, al
proferir los autos del 28 de noviembre y del 3 de diciembre, ambos de 2025, vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, al incurrir en el defecto sustantivo. Previamente deberá verificarse el
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales, especialmente el de relevancia constitucional que
no fue acreditado en primera instancia.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
28. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
2 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
29. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
30. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
31. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
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recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde que las decisiones cuestionadas cobraron ejecutoria, esto es, el 93
y 154 de diciembre de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 12
de diciembre del mismo año.
3.3.1.4. Ahora, contrario a lo manifestado por el a quo el asunto a resolver es de
marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una
posible vulneración iusfundamental al debido proceso y acceso a la administración
de justicia, al incurrir en el defecto sustantivo, el cual se encuentra fundamentado
razonablemente.
32. Máxime cuando la controversia planteada incide directamente en la
procedibilidad de la acción de cumplimiento, mecanismo judicial de rango
constitucional consagrado en el artículo 87 de la Carta Política, discusión que a su
vez trasciende el ámbito estrictamente legal y adquiere dimensión constitucional,
en la medida en que se alega una indebida interpretación de lo preceptuado en los
artículos 8.° y 16 de la Ley 393 de 1997, normas que consagran como presupuesto
de procedibilidad el requisito de renuencia y la procedencia de los recursos contra
las providencias que se dictan en el trámite de la acción de cumplimiento.
33. Con ocasión de lo anterior, procederá la Sala a revocar la decisión de primer
grado. En consecuencia, resolverá el fondo de la controversia.
3.4. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
34. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo
de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma,
el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad
y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»5.
35. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la
autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables
3
Auto del 28 de noviembre de 2025
4
Auto del 3 de diciembre de 2025
5Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.
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en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida,
por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las
sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta
por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para
los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los
jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia
judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso
absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido
y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al
actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el
juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse
en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii)
porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa
a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se
le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador»6.
36. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.
3.7. Análisis de la presunta configuración del defecto sustantivo en el caso
concreto
37. La parte accionante alega que el Juzgado incurre en un defecto sustantivo, al
efectuar al efectuar una indebida interpretación de lo preceptuado en los artículos
8.° y 16 de la Ley 393 de 1997, disposiciones normativas que consagran como
presupuesto de procedibilidad el requisito de renuencia y la procedencia de los
recursos contra las providencias que se dictan en el trámite de la acción de
cumplimiento.
6 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
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38. Sobre el particular, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Sogamoso, a través de la providencia del 28 de noviembre de 2025 resolvió
rechazar el mecanismo constitucional, al considerar:
«De conformidad con el artículo 8 de la Ley 383 de 1997, que regula la
procedibilidad de la acción de cumplimiento se tiene que, “Con el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la
autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los
diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud. Excepcionalmente se
podrá prescindir de este requisito, cuando el cumplirlo a cabalidad genere el
inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable, caso en el cual deberá ser
sustentado en la demanda” ·
Igualmente, el artículo 10 ibidem dispone que, con la demanda debe acompañarse
la prueba del agotamiento de la constitución de renuencia ante la entidad
demandada:
(…)
En efecto, si bien se allegan escritos que contienen la remisión para presentación
de los proyectos IAT 2024 y 2025, por parte de AGREUNIDOS ESP de fechas 30
de julio de 2024 y 30 de julio de 2025, respectivamente y derecho de petición de 3
de marzo de 2025, dirigido a la entidad accionada en el que se solicita por se
suministre información en relación con recursos recibidos correspondientes a
incentivos al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos sólidos (IAT), la
conformación del grupo técnico para coordinar la evaluación referente a proyectos
del IAT y se requiere realice la evaluación del proyecto presentado en julio de 2024
(SAMAI: índice 00001 pág 24 a 36 ), a partir de ello se establece que no constituye
el requisito de renuencia al que se ha hecho alusión, en debida forma.
De otra parte, no se observa que haya sido alegado o acreditado que, el
cumplimiento del requisito de procedibilidad ocasione el inminente peligro de
ocurrencia de un prejuicio irremediable, de tal manera que haya lugar a prescindir
de su exigibilidad.
En suma, dando aplicación a lo preceptuado por el inciso 1º del artículo 12 de la
Ley 393 de 1997, deberá rechazarse de plano la demanda.»
39. Inconforme con lo anterior, el accionante en calidad de representante legal de
AGREUNIDOS E.S.P. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.
40. Así las cosas, el despacho accionado a través de proveído del 3 de diciembre
de 2025 rechazó por improcedente el recurso de reposición y en subsidio de
apelación, al considerar:
« El artículo 16 de la Ley 393 de 1997, señala:
“Recursos. Las providencias que se dicten en el trámite de la Acción de
Cumplimiento, con excepción de la sentencia, carecerán de recurso alguno, salvo
que se trate del auto que deniegue la práctica de pruebas, el cual admite el recurso
de reposición que deberá ser interpuesto al día siguiente de la notificación por
estado y resuelto a más tardar al día siguiente.”
La precitada norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional en
sentencia C-319 de 2013.
El Consejo de Estado en auto de unificación de fecha 7 de abril de 2016, en virtud
de lo dispuesto por el máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional, señaló lo
siguiente:
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Acción De Tutela
Radicado: 15001-23-33-000-2025-00356-01
Accionante: Julio Nel Barrera Beltrán
“(…) Tal conclusión [improcedencia del recurso de apelación contra el auto
que rechaza la demanda] responde a los problemas jurídicos de procedencia
del recurso de apelación y aplicación preferente de la sentencia C-319 de
2013 y, descarta la posibilidad de conceder el recurso de apelación contra
las providencias que rechazan la acción de cumplimiento, en aplicación de
la remisión normativa que, para este caso, se sirvió del artículo 243 del
CPACA, a efectos de sustentar su viabilidad. Se reitera que la Corte
Constitucional determinó que el artículo 16 de la Ley 393 de 1997 es norma
expresa y especial sobre la materia, lo que impide dicha remisión al artículo
en cita.
Ante estas conclusiones, es claro que la posición que debe aplicarse en
adelante, es la contenida en la sentencia de constitucionalidad bajo las
explicaciones que antecedieron y que privilegian la interpretación del artículo
16 de la Ley 393 de 1997, en los términos que ha sido objeto de delimitación.
(…)”
Señalado lo anterior, en el caso objeto de estudio, se advierte que la decisión
impugnada, auto mediante el cual se rechazó la demanda, no es susceptible de
recurso alguno conforme a la normativa que regula la materia y lo señalado por las
altas cortes, motivo por el cual se rechazara por improcedente.»
41. A partir de las transcripciones realizadas, la Sala estima que las conclusiones a
las que llegó la autoridad judicial accionada para rechazar el mecanismo
constitucional por no superar el requisito de renuencia y rechazar por
improcedentes los recursos que contra esa decisión se presentaron no obedecieron
a un capricho o arbitrariedad, ni se fundamentó en su simple voluntad, sino que,
por el contrario, correspondió a un estudio plausible de lo previsto en el parágrafo
del artículo 8.° y 16 de la Ley 393 de 1997.
42. Al respecto, el Juzgado explica que, si bien se allegaron unos escritos que
contienen la presentación de los proyectos IAT 2024 y 2025, respectivamente y el
derecho de petición de 3 de marzo de 2025, lo cierto es que dichos documentos no
constituían una renuencia.
43. En efecto, para la Sala el análisis efectuado por el Juzgado según el cual dichos
documentos no constituyen una reclamación directa del cumplimiento del deber
legal en los términos de lo preceptuado en el artículo 8.° ibidem corresponde a un
estudio plausible de la norma, en proporción con su finalidad y con la naturaleza
subsidiaria y excepcional del mecanismo constitucional.
44. En ese sentido, para la Sala no existe por parte de la autoridad judicial una
indebida interpretación del requisito de procedibilidad contenido en el artículo 8.°
de la Ley 393 de 1997, toda vez que entiende que en el presente asunto no se
constituyó el presupuesto de renuencia, el cual resulta indispensable para su
procedencia.
45. Ahora, en cuanto al segundo reparo, según el cual no se debió declarar la
improcedencia de los recursos presentados contra la decisión de rechazar de plano
la demanda con fundamento en lo contemplado en el artículo 16 ibidem, toda vez
que es una interpretación restrictiva, la Sala considera que tampoco está llamado a
prosperar por las razones que se exponen a continuación.
46. En efecto, la Sala coincide con lo manifestado por la autoridad judicial accionada
cuando menciona que dicha normativa establece de manera expresa que las
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providencias que se profieran dentro del trámite de la acción de cumplimiento a
excepción del auto que niegue la práctica de pruebas y la sentencia de primer grado
carecen de recursos, la cual además como se indica en la decisión cuestionada fue
objeto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional mediante sentencia
C 319 de 2013, en la que se declaró su exequibilidad.
47. Asimismo, se advierte que el Juzgado fundamenta la decisión en el auto de
unificación del 7 de abril de 2016 proferido por el Consejo de estado en el que se
precisa que no procede recurso de apelación contra la providencia que rechaza la
demanda de acción de cumplimiento por tratarse de una norma especial que rige
la materia.
48. En ese sentido, para la Subsección no se incurre en una indebida interpretación
de lo preceptuado en el artículo 16 de la Ley 393 de 1997, en la medida que la
autoridad judicial accionada se apoya en una interpretación razonable, sistemática,
de conformidad con el precedente jurisprudencial aplicable al asunto en cuestión.
49. En consecuencia, la Sala observa que la decisión adoptada por la autoridad
judicial accionada se encuentra debidamente motivada, se apoya en fundamentos
normativos y jurisprudenciales aplicables al caso concreto, sin que sea posible
calificarla como arbitraria, irrazonable o manifiestamente contraria al ordenamiento
jurídico.
50. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión adolece de algún defecto,
sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la interpretación
efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la finalidad
prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez constitucional.
51. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez7, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el razonamiento
es arbitrario o caprichoso.
52. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a
revocar la decisión de primer grado, para en su lugar, negar el amparo deprecado,
por las consideraciones expuestas en la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
7Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.
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Accionante: Julio Nel Barrera Beltrán
FALLA
Primero: Revocar la sentencia del 21 de enero de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá por medio de la cual declaró improcedente la acción de
tutela.
Segundo: Negar la acción de tutela interpuesta por el señor Julio Nel Barrera
Beltrán, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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