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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2026-00173-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2026-00173-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia del 23 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 2. Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 15001-23-33-000-2026-00173-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 15001-23-33-000-2026-00173-01
Accionante: Bernardo Ignacio Sánchez Cely
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura

Tema: Derechos al debido proceso administrativo y trabajo, entre otros.
Cumplimiento de sentencia - obligación de dar. CONFIRMA
SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Bernardo Ignacio Sánchez
Cely, en nombre propio, en contra de la sentencia del 23 de julio de 2026 proferida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se amparó el derecho
fundamental de petición y se declaró improcedente la acción en relación con la
pretensión de obtener el cumplimiento de sentencias judiciales.

ANTECEDENTES

El accionante pretende que se protejan los derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo, al mínimo vital y de petición, que considera vulnerados por el
Consejo Superior de la Judicatura, la Rama Judicial y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que prestó sus servicios a la Rama Judicial desde el 1º de septiembre de 1979
hasta el 31 de enero de 2024 y presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho para que se le reconociera y pagara la prima especial establecida en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como factor salarial, mensual, y a su vez se
reliquidaran las prestaciones sociales, incluyendo el 30% de la mencionada prima,
correspondiente al tiempo que laboró como juez en el Departamento del Caquetá,
del 2006 al 2023.

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Ra d ic a d o: 15001-23-33-000-2026-00173-01

Que el 20 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Caquetá accedió a las
pretensiones y el 3 de julio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B confirmó la decisión.

Que el 20 de octubre de 2025, radicó ante la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, cuenta de cobro y la entidad, mediante correo electrónico le informó que la
solicitud de cumplimiento tiene inconsistencias con el número de radicado del
proceso.

Que el 6 de marzo de 2026, le solicitó al Grupo de Sentencias Unidad de Asistencia
Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial información sobre los
trámites o procedimientos que se han realizado para dar cumplimiento a la decisión
judicial y que le indique en qué orden se encuentra dicho trámite; sin embargo, hasta
la fecha de radicación de la acción de tutela no había recibido respuesta.

Que han transcurrido dos (2) años, de estar pensionado y la accionada no le ha
cancelado la totalidad de sus derechos laborales, pese a que existe una decisión
judicial que así lo ordena.

PRETENSIONES

Solicita que se amparen los derechos invocados; y, en consecuencia, se ordene a
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que dentro de cuarenta y ocho
(48) horas, conteste la petición que realizó el 6 de marzo de 2026 y dé cumplimiento
a las providencias judiciales proferidas dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 18001-23-33-000-2017-00099-00/01.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 8 de julio de 2026, se admitió la acción y se ordenó notificar a las partes.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja pidió su
desvinculación de la acción de tutela, por falta de legitimación en la causa, porque
el cumplimiento de la sentencia judicial, la gestión presupuestal, el trámite
administrativo y el eventual pago de las acreencias son competencia exclusiva del
nivel central y no de esa seccional.

Por otro lado, dijo que la acción resulta improcedente, dado que el actor cuenta con
el proceso ejecutivo, medio a través del cual puede obtener el cumplimiento de su
decisión.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Nivel Central manifestó que
el 15 de julio de 2026 contestó la petición que elevó el actor, por lo que solicitó que
se declare la carencia actual de objeto por hecho superado.

SENTENCIA IMPUGNADA

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Ra d ic a d o: 15001-23-33-000-2026-00173-01

El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 23 de julio de 2026,
tuteló el derecho fundamental de petición del señor Sánchez y, en consecuencia,
ordenó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Nivel Central- Grupo de
Sentencias que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de la sentencia, conteste de fondo la petición del 6 de marzo de 2026 elevada por
el actor.

Expresó que el actor le solicitó al Grupo de Sentencias Unidad de Asistencia Legal
de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial que i) tuviera en cuenta que
se había realizado una aclaración sobre el radicado del proceso judicial, indicando
que el número correcto del expediente era 18001-23-33-000-2017-00099-00/01; y,
ii) brindara información del estado del trámite administrativo de pago de la sentencia.

Consideró que la respuesta que rindió la entidad fue posterior al plazo máximo que
tenía para contestar, conforme al artículo 14 del CPACA eran diez (10) días, los
cuales vencieron el 20 de marzo de 2026 y no fue integral, porque omitió
pronunciarse expresamente sobre una de las solicitudes, consistente en informar
cuántas personas o expedientes lo antecedían en el turno de pago.

En cuanto a los derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, dijo
que el actor no demostró que: i) la DEAJ hubiera desconocido el procedimiento
administrativo aplicable, alterado el turno cronológico asignado al actor o
desplegado una actuación arbitraria que comprometiera las garantías propias del
debido proceso administrativo; y, ii) la demora en el pago de la acreencias derivadas
de la reliquidación pensional comprometa su subsistencia digna o la de su núcleo
familiar, ni acreditó una situación excepcional que configure un perjuicio
irremediable.

Frente a la pretensión de dar cumplimiento a la sentencia proferida en el proceso
contencioso, indicó que la acción de tutela resulta improcedente, dado que existe
otro medio de defensa judicial, como lo es el proceso ejecutivo.

IMPUGNACIÓN

El accionante sostiene que el juez constitucional de primera instancia no tuvo en
cuenta las condiciones especiales, que priman en el trámite administrativo y
tampoco el tiempo que ha transcurrido sin que se hagan efectivas las acreencias
laborales por omisión y «debida interpretación normativa del pagador de los salarios
a los funcionarios de la rama judicial, transcurriendo más de diez años».

Alega que el trámite de la solicitud de pago de los derechos causados hace varios
años lo somete «a plazos y turnos indefinidos, posiblemente otros tantos años
más», situación que, a su juicio, le viola los derechos fundamentales al debido
Proceso y al trabajo, entre otro.

Afirma que la «liquidación laboral debe darse en un término establecido en la ley,
es determinado y perentorio, en mi caso llevo dos (2) años y seis (6) meses de estar

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Ra d ic a d o: 15001-23-33-000-2026-00173-01

pensionado y no se me debe someter a tiempos y turnos indeterminados para el
pago de mis acreencias laborales reclamadas con justicia».

Por lo anterior, solicitó que le ordene a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, que dentro de cuarenta y ocho (48) horas, dé cumplimiento a lo ordenado
en las sentencias judiciales emitidas dentro del medio control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 18001-23-33-000-2017-00099-00/01.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) requisito de subsidiariedad en la acción de
tutela; III) debido proceso administrativo; y, IV) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Requisito de subsidiariedad en la acción de tutela

La Corte1 ha establecido que, en virtud del requisito de subsidiariedad, la acción de
tutela sólo procede en dos supuestos:

• Como mecanismo definitivo de protección, cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial ordinario para proteger los derechos fundamentales o
cuando los mecanismos de defensa existentes no son idóneos y eficaces.

El medio de defensa es idóneo si «es materialmente apto para producir el efecto
protector de los derechos fundamentales»2 y, es eficaz cuando «(i) en abstracto,
cuando “está diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos
amenazados o vulnerados” y (ii) en concreto, si “atendiendo las circunstancias en
que se encuentre el solicitante, es lo suficientemente expedito para garantizar estos
derechos»3.

• Como mecanismo de protección transitorio si, a pesar de existir medios ordinarios
idóneos y eficaces, la tutela se utiliza con el propósito de evitar un perjuicio
irremediable. Respecto a este último escenario, la Corte Constitucional ha

1 Corte Constitucional, Sentencia T 404 de 2025
2 Véase, entre otros fallos, Corte Constitucional, Sentencia T-056 de 2024.
3 Ibidem

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Ra d ic a d o: 15001-23-33-000-2026-00173-01

manifestado que debe demostrarse: a) la inminencia del perjuicio; b) la gravedad
del mismo; c) la urgencia de las medidas conducentes para su superación y; d) la
imposibilidad de postergarlas4

Debido proceso administrativo

El artículo 29 de la Carta Política consagra el derecho fundamental al debido
proceso para toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Para la Corte
Constitucional, el debido proceso administrativo es «el conjunto complejo de
condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el
cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa,
que guardan relación directa o indirecta entre sí y cuyo fin está previamente
determinado de manera constitucional y legal»5.

De igual forma, la Corte6 ha reiterado que este derecho fundamental comprende un
catálogo de garantías procesales, consustanciales e inquebrantables que la
Administración debe respetar durante todo el ejercicio, las cuales se han abordado
en múltiples decisiones y en la Sentencia T-023 de 2018 se compilaron las
siguientes:

«(i) conocer el inicio de la actuación; (ii) ser oído durante todo el trámite; (iii) ser
notificado en debida forma; (iv) que se adelante por autoridad competente y con
pleno respeto de las formas propias de cada juicio; (v) que no se presenten
dilaciones injustificadas, (vi) gozar de la presunción de inocencia; (vii) ejercer
los derechos de defensa y contradicción; (viii) presentar pruebas y controvertir
aquellas que aporte la parte contraria; (ix) que la situación planteada se resuelva
en forma motivada; (x) impugnar la decisión que se adopte y (xi) promover la
nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso».

Análisis del caso concreto

La Sala observa que la inconformidad del actor radica en la supuesta demora por
parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) en dar
cumplimiento a la sentencia proferida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 18001-23-33-000-2017-00099-00/01.

Se observa que en la respuesta del 15 de julio de 2026 no se le indicó al actor
cuántas personas o expedientes lo anteceden en el turno de pago de sentencias
judiciales, a efectos de que este conozca en que puesto está y cuántos le faltan, por
lo que se comparte la orden de amparo del juez de tutela de primera instancia.

De las pruebas aportadas al expediente no se desprende que la administración
hubiera alterado el turno cronológico asignado o que desplegara una actuación
arbitraria que comprometiera las garantías del debido proceso administrativo; por el
contrario, se evidencia que la solicitud de pago fue incorporada al trámite
administrativo correspondiente y que su satisfacción depende del orden cronológico
de radicación y de la disponibilidad presupuestal de cada vigencia.

4 Corte Constitucional, Sentencia T- 739 de 2019.
5 Sentencia T-214 de 2004. Reiterado en la Sentencia SU-339 de 2011.
6 Sentencia T 070 de 2026

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Ra d ic a d o: 15001-23-33-000-2026-00173-01

Por otro lado, no se observa de qué manera el incumplimiento de la sentencia
judicial le transgrede el derecho fundamental al trabajo, pues como bien lo manifestó
el actor está pensionado hace dos (2) años y seis (6) meses, de ahí que no existe
relación entre el hecho alegado y la presunta violación.

En cuanto al cumplimiento de las sentencias judiciales, la Corte Constitucional7 ha
establecido que cuando se trata de la solicitud de cumplimiento de una obligación
de dar, como el pago de una suma de dinero, la acción de tutela solo sería
procedente de forma excepcional

«cuando se compruebe la afectación de otros derechos fundamentales del
accionante y los mecanismos idóneos que el ordenamiento contempla no sean
eficaces ante una inminente vulneración de derechos. Ello ocurre, por ejemplo,
cuando el derecho al mínimo vital de un ciudadano se ve afectado por el
incumplimiento de una sentencia que contiene obligaciones pensionales, casos
en los cuales la Corte ha ordenado la ejecución inmediata de la ordena a la
autoridad competente»

Adicionalmente, en la Sentencia T-560A de 2014 explicó que al juez de tutela le es
viable conceder la orden de cumplimiento de una sentencia que imponga
obligaciones de dar, como en el evento de pago de prestaciones en dinero, cuando:

«(i) (…) la autoridad que debe cumplir lo ordenado en la sentencia se niega a
hacerlo, sin justificación razonable. (ii) Cuando la omisión o renuencia a cumplir
la orden emanada de la decisión judicial quebranta directamente los derechos
fundamentales del peticionario, en consideración con las especiales
circunstancias en las que se encuentra. (iii) Cuando el mecanismo ordinario
establecido en el ordenamiento jurídico para proteger el derecho fundamental
carece de idoneidad, por lo que no resulta efectivo para su protección».

En el presente caso, la Sala evidencia que la Administradora Colombiana de
Pensiones (COLPENSIONES) mediante la Resolución SUB 119597 del 08 de mayo
de 2023 le reconoció al actor pensión de vejez y el actor afirmó que goza de dicha
prestación hace más de (dos) años.

En ese orden, la Sala no advierte que la acción de tutela sea procedente para
ordenar el cumplimiento de la obligación de dar, teniendo en cuenta que, no se
demostró que la demora en el pago de las acreencias derivadas de la reliquidación
pensional comprometa la subsistencia digna del actor o la de su núcleo familiar y,
tampoco se acreditó la renuencia por parte de la administración de acatar la orden
emanada de la decisión judicial.

Así las cosas, la acción de tutela resulta improcedente, ya que el actor cuenta con
el proceso ejecutivo, mecanismo judicial que es idóneo y eficaz, para obtener el
cumplimiento de las decisiones judiciales. Además, no demostró estar en una
situación excepcional que permita deducir la existencia de un perjuicio irremediable
que justifique adoptar medidas urgentes de manera temporal.

7 Sentencia, T 023 de 2022

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Ra d ic a d o: 15001-23-33-000-2026-00173-01

En consecuencia, se confirmará la sentencia del 23 de julio de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 2, que amparó el
derecho fundamental de petición y declaró improcedente la tutela, para obtener el
cumplimiento de la sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 23 de julio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 2.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

7

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