Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2026-00193-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2026-00193-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 15001-23-33-000-2026-00193-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
30 de julio de 2026
Radicado: 15001-23-33-000-2026-00193-01
Demandante: Ludwing Joel Valero Sáenz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 15001-23-33-000-2026-00193-01
Demandante: Ludwing Joel Valero Sáenz
Demandado: Juzgado Tercero Administrativo de Tunja
Temas: Acción de tutela contra providencias proferidas en incidente de
desacato. Inaplicación sanción.
Sentencia segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandada contra la
providencia de 16 de junio de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, que resolvió:
«PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del ciudadano
Ludwing Joel Valero Sáenz, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS los autos proferidos el 26 de febrero y 8 de abril de
2026 proferidos por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Tunja mediante
los cuales, se negó la solicitud encaminada a obtener la cesación de los efectos de la
multa impuesta dentro del trámite incidental de desacato adelantado en el proceso de
tutela correspondiente, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de
esta decisión.
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Tunja que,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una
nueva decisión en la que resuelva la situación jurídica derivada de la sanción por
desacato, teniendo en cuenta que: (i) la orden de tutela fue declarada cumplida
mediante auto del 20 de noviembre de 2023; (ii) las medidas previstas en el trámite de
desacato tienen naturaleza eminentemente conminatoria y coercitiva; y (iii) el preceden
te [sic] constitucional aplicable sobre los efectos del cumplimiento posterior de la orden
de tutela frente a la subsistencia de la multa impuesta.
CUARTO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Tunja que, una vez sea notificada de la decisión que adopte el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Tunja en cumplimiento de esta sentencia, adelante las
actuaciones administrativas que correspondan respecto del proceso de cobro derivado
de la sanción por desacato, de conformidad con lo que allí se resuelva. […]»
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 27 de abril de 20261, el señor Ludwing Joel Valero Sáenz, en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo de Tunja por
1
Madiente providencia del 30 de abril de 2026, el Consejo de Estado, Sección Tercera, con ponencia del magistrado José
Roberto Sáchica Méndez declaró la falta de competencia de esta Corporación y ordeno remitir el proceso al Tribunal
Administrativo de Tunja. Expediente 11001-03-15-000-2026-03230-00.
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estimar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia,
formuló las siguientes pretensiones:
«1. TUTELAR mi derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, vulnerado por el
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja mediante los autos
del 26 de febrero y del 8 de abril de 2026.
2. DEJAR SIN EFECTOS los autos del 26 de febrero de 2026 y 8 de abril de 2026,
proferidos por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja,
mediante los cuales se negó la inaplicación de la sanción por desacato impuesta al
accionante, por incurrir en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
constitucional.
3. ORDENAR al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja que,
INAPLIQUE la sanción por desacato impuesta al accionante mediante auto del 5 de julio
de 2023, confirmado en grado jurisdiccional de consulta por el Tribunal Administrativo
de Boyacá el 12 de julio de 2023.
4. ORDENAR, como consecuencia de lo anterior, que el Juzgado Tercero Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Tunja OFICIE de manera inmediata a la Oficina de Cobro
Coactivo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, para
que suspenda y archive definitivamente el proceso de cobro coactivo adelantado en
contra del accionante, en razón a la inaplicación de la sanción que le dio origen.»
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
De la acción de tutela 15001-33-33-003-2023-00078-00/01
José William Rodríguez Duarte y Anderson Rivera Suárez, en nombre propio,
presentaron acción de tutela en contra del director de la Cárcel y Penitenciaría con
Alta y Mediana Seguridad El Barne (CPAMSEB), con la finalidad de que se
protegieran sus derechos fundamentales de petición y a la dignidad humana y, en
consecuencia, se arreglara la batería sanitaria y la lámpara de la celda ubicada en
el pabellón 3, pasillo 1, primer piso, celda 12 de dicho establecimiento.
El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo de
Tunja, bajo el radicado 15001-33-33-003-2023-00078-00.
En sentencia del 29 de mayo de 2023, ese despacho concedió el amparo solicitado
al concluir que las condiciones de reclusión de los internos José William Rodríguez
y Anderson Rivera Suárez vulneraban su dignidad humana, al no contar con un
sanitario en adecuadas condiciones de funcionamiento para satisfacer sus
necesidades básicas. Señaló que esa situación compromete las condiciones
sanitarias del establecimiento y puede afectar la salud de la población privada de la
libertad. Por tal razón, consideró improcedente justificar la falta de reparación por
razones presupuestales, dado que se trata de una intervención locativa menor y no
de una obra de gran magnitud. De igual forma, destacó que el mantenimiento de las
celdas y de los elementos de saneamiento constituye una obligación legal de la
USPEC, de conformidad con la Ley 65 de 1993, sin que se hubiera demostrado que
los daños en los sanitarios hubieran sido causados por actuaciones del personal del
INPEC.
El INPEC impugnó la sentencia al considerar que no vulneró los derechos
fundamentales de los señores José William Rodríguez Duarte y Anderson Rivera
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Suárez, bajo el argumento de que las competencias relacionadas con la
infraestructura, adecuación y mantenimiento de los establecimientos carcelarios
corresponden exclusivamente a la USPEC, entidad autónoma con personería
jurídica propia, administrativa y financieramente independiente del INPEC.
Señaló que, conforme a sus funciones legales y al artículo 2.2.1.12.2.6 del Decreto
204 de 2016, es la USPEC la responsable de la infraestructura penitenciaria,
incluidas las celdas y demás áreas de los centros de reclusión, así como de la
ejecución de proyectos y labores de mantenimiento. Por consiguiente, sostuvo que
no puede atribuirse al INPEC la vulneración alegada ni la omisión en la respuesta a
las solicitudes relacionadas con adecuaciones locativas, pues dichas actuaciones
son competencia exclusiva de la USPEC.
En sentencia del 10 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo del Boyacá
confirmó la sentencia impugnada. Sin embargo, aclaró que las órdenes allí
contenidas debía cumplirlas la USPEC, a través de la subdirección de atención a
los establecimientos de reclusión, por ser la entidad a la que le compete vigilar y
controlar la ejecución de la obra de reparación de la batería sanitaria ubicada en la
celda 12 (piso 1, pasillo 1, pabellón 3) de la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana
Seguridad El Barne, de acuerdo con el artículo 27 del Decreto 4150 de 2011.
Del incidente de desacato 1 (15001-33-33-003-2023-00078-00/02)
El 14 de junio de 2023, los señores José William Rodríguez y Anderson Rivera
Suárez, promovieron desacato con el cual buscaron el cumplimiento de las órdenes
impartidas en la sentencia del 29 de mayo de 2023.
A través de auto de 21 de junio de 2023, previo a abrir el correspondiente incidente
de desacato, el Juzgado Tercero Administrativo de Tunja requirió a las autoridades
responsables para que, dentro del término de 2 días, informaran las gestiones
adelantadas en torno al cumplimiento del fallo de tutela enunciado y a las
circunstancias narradas por los accionantes.
Vencido el término concedido solo se pronunció la Dirección General del INPEC, y
la Dirección de la USPEC guardó silencio.
El 5 de julio de 2023, el Juzgado Tercero Administrativo de Tunja declaró que el
señor Ludwing Joel Valero Sáenz, en calidad de director encargado de la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), incurrió en desacato de lo
ordenado en el fallo proferido por ese Juzgado el 29 de mayo de 2023, confirmado
el 10 de julio de 2023. Como consecuencia de lo anterior, lo sancionó con una multa
equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de la Rama
Judicial.
Decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá en el grado
de consulta el 12 de julio de 2023.
El 21 de julio de 2023, la USPEC informó sobre el cumplimiento del fallo objeto de
incidente, donde señaló:
«[…] Conforme a las órdenes impartidas, se pone en su conocimiento lo siguiente: 1.
El día 10 de julio de 2023, una vez notificado el auto de apertura de incidente de
desacato, se procedió a verificar vía correo electrónico el estado de cumplimiento de
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las órdenes de tutela emitidas por su Despacho, como se puede evidencia a
continuación:
[…]
2. A la fecha no ha podido allegarse la información emitida por el área competente, esto
es, la Dirección de Logística, a través de la Subdirección de Servicios de Salud, lo cual
no obsta para que la información pueda ser allegada más adelante.
Conforme a lo anterior conviene entonces indicar que, dada la complejidad del tema
ordenado por el Despacho en el fallo de tutela, la USPEC, en su labor de verificación,
como se evidenció, ha venido realizando lo que se le ha ordenado, por lo que conviene
traer a colación lo manifestado por la H. Corte Constitucional en Sentencia SU-034 de
2018 M.P.: Alberto Rojas Ríos. Veamos:
En este orden de ideas, la autoridad que adelante el incidente de desacato se debe
limitar a verificar los siguientes aspectos: (i) a quién se dirigió la orden, (ii) en qué
término debía ejecutarse, (iii) el alcance de la misma, (iv) si efectivamente existió
incumplimiento parcial o integral de la orden dictada en la sentencia, y de ser el caso
(v) cuáles fueron las razones por las que el accionado no obedeció lo ordenado dentro
del proceso. […]
PETICION
Ante lo expuesto, solicito respetuosamente al señor Juez se module la decisión de
tutela y se conceda un término mayor para verificar el estado del cumplimiento de la
misma por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC.”
El 9 de agosto de 2023, el Juzgado Tercero Administrativo de Tunja ordenó por
Secretaría remitir a la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Tunja los documentos relacionados con el pago de la
sanción impuesta; igualmente, requirió al director de la USPEC el cumplimiento del
fallo de tutela.
Del incidente de desacato 2 (15001-33-33-003-2023-00078-00/03)
A través de auto del 18 de agosto de 2023, el citado Juzgado requirió a la USPEC
el cumplimiento del fallo, específicamente, que informara si estaba en condiciones
óptimas la batería sanitaria y se cambió la lámpara de la celda 12, piso 1, pasillo 1
pabellón 3 de la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Mediana Seguridad – El Barne.
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la USPEC frente al cumplimiento de las
órdenes impartidas informó lo siguiente:
«2. Mediante memorando I-2023-002752 de 22 de agosto de 2022, la Subdirección de
Construcción y Conservación informó lo siguiente:
Al respecto se informa:
Durante los días 14 y 15 de agosto de 2023, se realizó visita conjunta entre contratista
de obra - Contrato N° 314 de 2022, la interventoría - Contrato N° 318-2021, personal
operativo de la oficina de Mantenimiento del establecimiento CPAMS EL BARNE, y el
profesional de apoyo técnico de la Dirección de Infraestructura de la USPEC, para hacer
verificación en el lugar y constatar las necesidades, situaciones y afectaciones, que se
presentan en cada una de las celdas y demás áreas, que se tienen que intervenir, a fin
de dar cumplimiento a lo ordenado.
La intervención y adecuación de la CELDA 12-PISO1-PASILLO 1- DEL PABELLÓN Nº
3-ALTA SEGURIDAD, se realizará con la ejecución del contrato de obra Nº 314-2022
cuyo objeto es “MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS A CARGO DEL INPEC REGIONAL CENTRAL” a cargo de
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CONSORCIO OBRAS MG, el cual dentro de sus alcances contempla el CPAMS EL
BARNE.
En la visita efectuada a la CELDA 12-PISO 1-PASILLO 1- DEL PABELLÓN Nº 3-ALTA
SEGURIDAD, se evidenció el estado de su batería sanitaria-inodoro- y la luminaria de
la misma, definiendo con el personal contratista, interventoría y la oficina de
mantenimiento del establecimiento, las actividades de obra que se deben ejecutar para
subsanar estas falencias y así mismos, dar cumplimiento al fallo de la Acción de Tutela
en mención.
Una vez se realicen los arreglos respectivos se procede a levantar un acta con las firmas
y huellas de los PPLs recluidos en la celda antes mencionada, se hará llegar al
honorable juzgado, la cual permitirá dar fe que se cumplió a cabalidad con lo exigido y
se solicitará, el cierre o terminación del proceso.
En virtud de lo expuesto, se evidencian las acciones administrativas, jurídicas y
contractuales llevadas a cabo por la entidad, no solo por lo ordenado en la presente
acción constitucional, sino por la misionalidad de esta área, a efectos de garantizar
mejores condiciones de habitabilidad de los PPL.»
Mediante auto del 29 de agosto de 2023, el mencionado despacho judicial resolvió
lo siguiente:
«PRIMERO. - Declarar que no hay mérito suficiente para dar inicio al trámite incidental
de desacato del fallo de tutela emitido en el presente asunto el 29 de mayo de 2023,
por las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO. –Requerir al Director general (e) LUDWING JOEL VALERO de la UNIDAD
DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC y ARQ. JORGE
ALEJANDRO ALMONACID BARRIGA SUBDIRECTOR CONSTRUCCIÓN Y
CONSERVACIÓN USPEC, para que, dentro de quince (15) días calendario siguientes
a la notificación de esta providencia, acrediten el cumplimiento de los numerales
segundo y tercero del fallo de la referencia.
En especial, allegar el acta con las firmas y huellas de los PPLs recluidos en la CELDA
12 - PISO 1 - PASILLO 1 - DEL PABELLÓN N°3 - ALTA SEGURIDAD, que de fe que
se cumplió a cabalidad con lo ordenado. Lo anterior, so pena de iniciar un nuevo trámite
de desacato.»
El 7 de septiembre de 2023 se rindió nuevo informe por el jefe de la Oficina Asesora
Jurídica de la USPEC agregó la siguiente información:
«Para lo cual se acordó iniciar estas labores a más tardar el 11 DE SEPTIEMBRE DE
2023, se debe precisar que de acuerdo a lo manifestado por el personal de guardia y
Dirección del establecimiento, no es posible desalojar, desocupar o deshabitar las
celdas o áreas a intervenir, situación que indispensablemente amerita, una planeación
y logística muy bien proyectada, a fin de minimizar el riesgo y garantizar la seguridad
del personal de obra, interventoría, guardia y población privada de la libertad.
Así las cosas una vez se realicen los arreglos respectivos se procede a levantar un acta
con las firmas y huellas de los PPLs recluidos en la celda antes mencionada, se hará
llegar al honorable juzgado, la cual permitirá dar fe que se cumplió a cabalidad con lo
exigido y se solicitará, el cierre o terminación del proceso por constituirse un hecho
superado.»
Mediante auto del 10 de octubre de 2023 se abrió incidente de desacato en contra
del señor Ludwing Joel Valero Sáenz, en calidad de director encargado de la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), y contra el arquitecto Jorge
Alejandro Almonacid Barriga en calidad de subdirector de Construcción y
Conservación de la USPEC, porque no se acreditó el cumplimiento de la orden
emitida en la sentencia de tutela.
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A través de auto de fecha 20 de octubre de 2023, el Juzgado Tercero Administrativo
de Tunja volvió a declarar en desacato al señor Ludwing Joel Valero Sáenz, en
calidad de director encargado de la USPEC, por el incumplimiento del fallo proferido
el 29 de mayo de 2023, y lo sancionó con multa equivalente a cinco salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante providencia del 26 de octubre de
2023, declaró la nulidad de todo lo actuado dentro del trámite del incidente de
desacato adelantado por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Tunja, y
ordenó que nuevamente se dé apertura al incidente de desacato de la referencia
con la vinculación del INPEC y del director de la Cárcel y Penitenciaría con Alta y
Mediana Seguridad “EL BARNE” – CPAMSEB, con observancia de los parámetros
expuestos en esa providencia. Lo anterior, al constatar que se requería que los
señores José William Rodríguez Duarte y Anderson Rivera Suárez fueran
trasladados de celda para el efectivo cumplimiento de la sentencia.
El 17 de noviembre de 2023, la USPEC informó al despacho judicial de
conocimiento lo siguiente:
«(…) La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, siendo muy
respetuosos de lo ordenado por el Honorable Juez, comunica que, la reparación y/o
adecuación de la batería sanitaria y el cambio de la lámpara de la celda N°12, piso N°
1, pasillo N° 1 del pabellón N°3 de la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad
El Barne, fue realizada y culminada en su totalidad dejando así la celda referida en
óptimas condiciones.
Como se ha vendido informando estas intervenciones se realizaron mediante el contrato
N°314-2022 cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS A CARGO DEL INPEC. REGIONAL CENTRAL”, a cargo de
CONSORCIO OBRAS MG, que dentro de sus alcances contempla el establecimiento
CPAMS El Barne – Combita.
Así las cosas, se remite al honorable juez, la respectiva acta con la firma y huella de los
PLLs recluidos en la celda N° 12-PISO N° 1-PASILLO N° 1- DEL PABELLÓN N° 3-
CPAMS EL BARNE, documento que permite dar fe que se cumplió a cabalidad con lo
exigido, lo cual era realizar los arreglos de infraestructura en la celda antes mencionada.
Conforme a lo anteriormente manifestado, respetuosamente se solicita al señor juez la
cesación de la acción de tutela y el archivo del proceso, considerando el hecho
superado. Expuesto lo anterior, se puede evidenciar que la USPEC desde esta dirección
viene realizando las acciones administrativas, contractuales y logísticas, a efectos de
garantizar mejores condiciones de habitabilidad de los PPL, no solo en el ERON que
nos ocupa sino a nivel nación, y de manera respetuosa se informa que no es por impulso
de los fallos judiciales sino en virtud del cumplimiento del objeto de creación de la
Entidad, mediante Decreto 4150 de 2011.
Se deja constancia que se soporta este oficio de respuesta con fundamento y sustento
en la información suministrada por parte de los Profesionales de Apoyo de la Regional
Occidente del CPAMS-COMBITA, de la Subdirección de Construcción y Conservación.
Conforme a lo anterior se puede constatar que en efecto la USPEC ha cumplido con la
orden emitida por el Despacho en sentido de garantizar el funcionamiento en
condiciones óptimas de la batería sanitaria y el cambio de la lámpara de la celda 12,
piso 1, pasillo 1 pabellón 3 de la Cárcel y Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad El
Barne…” ello atendiendo que ya se culminaron las obras que se requerían para tal
efecto.»
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En providencia del 20 de noviembre de 2023, el Juzgado Tercero Administrativo de
Tunja evidenció que las autoridades accionadas habían dado cabal cumplimiento a
la orden impartida en sentencia de fecha 29 de mayo de 2023, confirmada el 10 de
julio del mismo año, por lo que se declaró su cumplimiento.
De la solicitud de inaplicación de la sanción dentro del incidente de desacato
15001-33-33-003-2023-00078-00/03
El 23 de febrero de 2026, el jefe encargado de la Oficina Asesora Jurídica de la
USPEC solicitó que se revoque o inaplique la sanción impuesta a Ludwing Joel
Valero Sáenz, quien para la época de los hechos objeto de la tutela 15001-33-33-
003-2023-00078-00 fungía como director de la USPEC, esto, al considerar que la
sanción por desacato es improcedente debido a que se demostraron las gestiones
realizadas para el cumplimiento de la orden impartida.
Indicó que la entidad cumplió con la orden emitida por el despacho, en el sentido de
garantizar el funcionamiento en condiciones óptimas de la batería sanitaria y el
cambio de la lámpara de la celda 12 (piso 1, pasillo 1, pabellón 3) de la Cárcel y
Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad El Barne.
Señaló que la Unidad tuvo conocimiento que la Dirección Seccional de Tunja del
Consejo Superior de la Judicatura emitió un mandamiento de pago dentro del
proceso de cobro coactivo núm. 202500124, ello producto de la sanción impuesta
por el Juzgado Tercero Administrativo de Tunja.
El 26 de febrero de 2026, el Juzgado Tercero Administrativo de Tunja negó la
solicitud de inaplicación de la sanción al considerar, en primer lugar, que esta
carecía de legitimación por activa, pues la multa fue impuesta al entonces director
de la USPEC, Ludwing Joel Valero Sáenz, mientras que la petición fue presentada
por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica encargado de la entidad, sin acreditar
poder para actuar en representación del sancionado. Asimismo, señaló que, aunque
el fallo de tutela fue finalmente cumplido, la solicitud de levantamiento de la sanción
resultó extemporánea, ya que el 16 de agosto de 2023 se remitieron las piezas
procesales pertinentes a la Unidad de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Tunja para ejecutar la sanción por desacato,
por lo que habían transcurrido más de dos años desde su envío, de modo que el
juzgado ya había perdido la competencia.
Así las cosas, sostuvo que no era posible dejar sin efectos la sanción, pues ello
implicaría desconocer un proceso de cobro coactivo en curso respaldado por un
título ejecutivo. Finalmente, reprochó la inactividad del sancionado, quien durante
más de dos años no promovió oportunamente la solicitud de inaplicación o
levantamiento de la multa.
El 26 de marzo de 2026, el tutelante solicitó la inaplicación de la sanción impuesta,
al manifestar que conforme al artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, el incidente de
desacato tiene como finalidad principal garantizar el cumplimiento de las órdenes
de tutela y la protección efectiva de los derechos fundamentales, mas no imponer
una sanción por sí misma. Por ello, argumentó que cuando la orden judicial ha sido
cumplida, incluso con posterioridad a la imposición de la sanción, esta pierde su
finalidad coercitiva y puede ser inaplicada. Sobre el particular, señaló que la
declaratoria de desacato exige analizar la responsabilidad subjetiva del obligado y
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Demandante: Ludwing Joel Valero Sáenz
respetar el debido proceso, razón por la cual consideró que, al haberse cumplido
integralmente el fallo de tutela, desaparecieron las causas que dieron origen a la
sanción y esta carece de justificación para mantenerse.
Mediante providencia del 8 de abril de 2026, el mencionado despacho judicial
consideró que en la providencia del 26 de febrero de 2026 ya se había negado la
inaplicación de la sanción, con los argumentos de fondo que sustentaron esa
negativa (entre ellos, el carácter tardío de la solicitud), y se estuvo a lo resuelto en
esa providencia.
Del proceso de cobro coactivo 15001129000020250012400
El 12 de noviembre de 2025, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja por medio del Oficio núm. DESAJTUGCC25-3443 inició el cobro
persuasivo de la multa impuesta al aquí tutelante con base en el título ejecutivo
contenido en la providencia del 5 de julio de 2023.
El 23 de noviembre de 2025, la citada entidad expidió la Resolución núm.
DESAJTUGCC25-3838, por medio de la cual libró mandamiento de pago en contra
del señor Valero Sáenz por la suma de $3.480.000, más los intereses moratorios
causados desde que se hizo exigible la obligación hasta el día que se efectúe su
pago total y las costas que se causen en este procedimiento, tal como lo establece
el Estatuto Tributario.
3. Argumentos de la acción de tutela
El demandante argumentó que la jurisprudencia constitucional y contencioso-
administrativa ha señalado que el incidente de desacato tiene una finalidad
coercitiva encaminada a garantizar el cumplimiento de las órdenes de tutela y la
protección efectiva de los derechos fundamentales, de manera que la sanción no
constituye un fin en sí mismo. Bajo esa premisa, sostuvo que, una vez cumplida la
orden judicial, desaparece la finalidad que justificó la imposición de la sanción y
procede su inaplicación.
Afirmó que el juzgado desconoció el precedente vinculante fijado por la Corte
Constitucional, según el cual el objeto del incidente de desacato es asegurar la
protección del derecho fundamental amparado y no imponer sanciones de carácter
punitivo. Por ello, la negativa a inaplicar la multa, pese al cumplimiento de la orden,
constituyó una vulneración del debido proceso.
Sostuvo que la remisión de las diligencias a cobro coactivo no privaba al juez de
tutela de sus facultades constitucionales para garantizar la efectividad de los
derechos fundamentales. De igual manera, argumentó que el proceso de cobro
coactivo no es independiente del incidente de desacato y que una eventual decisión
judicial de inaplicar la sanción tendría prevalencia sobre las actuaciones
administrativas dirigidas a su recaudo.
Indicó que el cumplimiento de la orden de tutela había sido reconocido
expresamente por el propio juzgado, mediante providencia en la que se declaró que
las autoridades accionadas dieron cabal cumplimiento a lo ordenado. Por
consiguiente, consideró que mantener la sanción implicaba transformar una medida
coercitiva en una sanción exclusivamente punitiva, lo que desconocía la naturaleza
jurídica del incidente de desacato.
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Indicó que la acción de tutela era procedente frente a los autos que negaron la
inaplicación de la sanción, debido a que dichas decisiones se encontraban
ejecutoriadas, se cumplían los requisitos generales de procedibilidad y se
configuraba un defecto sustantivo derivado del desconocimiento del precedente
constitucional sobre la inaplicación de sanciones por desacato cuando la orden de
tutela ha sido efectivamente cumplida.
4. Trámite previo
Mediante auto del 2 de junio de 2026 el Tribunal Administrativo de Boyacá admitió
la acción de tutela, ordenó notificar al demandante, al Juzgado Tercero
Administrativo de Tunja, en calidad de demandado, y a la Oficina de Cobro Coactivo
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja como
tercero con interés.
5. Oposición
El Juzgado Tercero Administrativo de Tunja sostuvo que los autos del 26 de
febrero y del 8 de abril de 2026 no desconocieron el precedente constitucional
invocado por el accionante, pues la negativa de inaplicar la sanción por desacato
obedeció a la falta de legitimación en la causa por activa de quien inicialmente
presentó la solicitud. Además, precisó que habían transcurrido aproximadamente
dos años y cinco meses entre la petición de inaplicación y la remisión de las piezas
procesales a la Unidad de Cobro Coactivo para la ejecución de la multa impuesta.
A su vez, indicó que las decisiones cuestionadas se encontraban debidamente
motivadas y ajustadas a las circunstancias particulares del caso.
Adicionalmente, señaló que la acción de tutela no puede convertirse en una tercera
instancia para reabrir debates ya decididos judicialmente y que, conforme a la
jurisprudencia constitucional, era necesario acreditar todos los requisitos generales
de procedencia y al menos una causal específica para controvertir providencias
judiciales. En tal sentido, afirmó que el accionante no actuó con la diligencia exigida,
pues presentó tardíamente la solicitud de inaplicación de la sanción, situación
atribuible a su propia conducta procesal. Por ello, concluyó que no se evidenciaba
vulneración alguna del debido proceso ni la configuración de defectos judiciales que
justificaran el amparo solicitado, razón por la cual consideró improcedente la tutela.
6. Interviniente
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja alegó
que carecía de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que su vinculación al
trámite obedecía exclusivamente a la ejecución del cobro de la multa impuesta
dentro del incidente de desacato. En ese sentido, sostuvo que no intervino en la
imposición de la sanción, en su confirmación ni en las decisiones que negaron su
inaplicación, por lo que la presunta vulneración del debido proceso derivaba de
providencias judiciales adoptadas por el Juzgado Tercero Administrativo de Tunja y
no de actuaciones atribuibles a dicha entidad.
Asimismo, afirmó que la Oficina de Cobro Coactivo carece de competencia para
inaplicar, modificar o exonerar la sanción impuesta, pues sus funciones se limitan al
recaudo de obligaciones exigibles a favor de la Rama Judicial en desarrollo de la
jurisdicción coactiva. Indicó que la normativa aplicable atribuye exclusivamente a la
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autoridad judicial que impuso la multa cualquier decisión sobre su subsistencia o
validez, mientras que la administración únicamente puede ejecutar el título ejecutivo
vigente. Del mismo modo, sostuvo que el procedimiento de cobro coactivo solo
puede terminar por las causales previstas en la ley o por una orden judicial que deje
sin efectos la sanción, razón por la cual cualquier controversia sobre su inaplicación
corresponde exclusivamente al ámbito jurisdiccional.
La entidad sostuvo que su actuación se ajustó plenamente al ordenamiento jurídico,
en la medida en que se limitó a ejecutar el cobro de una obligación contenida en un
título ejecutivo vigente derivado de una multa impuesta dentro de un incidente de
desacato. En tal sentido, afirmó que carecía de facultades para abstenerse del
recaudo o modificar la sanción, por lo que todas sus actuaciones estuvieron guiadas
por el principio de legalidad y por el deber de hacer efectivos los recursos a favor
de la Rama Judicial.
Igualmente, destacó que adelantó de manera progresiva y diligente todas las etapas
del proceso de cobro coactivo, incluidos el cobro persuasivo, la expedición del
mandamiento de pago y las distintas actuaciones de notificación previstas en la ley.
Señaló que el trámite continuaba en curso y que se habían respetado las garantías
del debido proceso del deudor, razón por la cual concluyó que no existía actuación
arbitraria, irregular u omisiva que pudiera constituir vulneración de derechos
fundamentales atribuible a la entidad.
7. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Boyacá consideró que la acción de tutela cumplía
los requisitos generales de procedencia. Además, verificó que la acción no se dirigía
contra una sentencia de tutela, sino contra providencias dictadas dentro de un
incidente de desacato.
En relación con el defecto orgánico, la Sala concluyó que no se configuraba, toda
vez que la juez Tercera Administrativa de Tunja era la autoridad competente para
adoptar las decisiones cuestionadas, en su condición de funcionaria encargada del
conocimiento de la acción de tutela y del incidente de desacato derivado de su
incumplimiento.
Respecto del defecto procedimental absoluto, estimó que tampoco se encontraba
acreditado, por cuanto las solicitudes encaminadas a obtener la inaplicación de la
sanción fueron tramitadas y resueltas mediante providencias debidamente
motivadas, sin advertirse actuaciones realizadas al margen del procedimiento
legalmente establecido.
De igual manera, descartó la configuración de los defectos fáctico, por error inducido
y por decisión sin motivación. Señaló que la discusión planteada era de naturaleza
jurídica y no probatoria, que no existían elementos que demostraran que la
autoridad judicial hubiese sido inducida en error por terceros y que las providencias
cuestionadas contenían las razones fácticas y jurídicas que sustentaban la negativa
de inaplicar la sanción.
Aunado a lo anterior, concluyó que no se configuró una violación directa de la
Constitución, en la medida en que las decisiones objeto de cuestionamiento no
desconocieron abiertamente disposiciones constitucionales, sino que se
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fundamentaron en una determinada interpretación jurídica acerca de las facultades
del juez frente a la vigencia de la sanción por desacato.
No obstante, el Tribunal estimó necesario estudiar los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, al advertir que la controversia giraba en torno a
los efectos que producía el cumplimiento posterior de la orden de tutela frente a la
permanencia de la sanción impuesta dentro del incidente de desacato. Con ese
propósito, recordó que la jurisprudencia constitucional ha definido el desacato como
un mecanismo destinado a garantizar el cumplimiento efectivo de los fallos de tutela
y que las sanciones allí previstas tienen una naturaleza eminentemente coercitiva y
persuasiva.
Al descender al caso concreto, observó que estaba acreditado que la entidad
obligada ejecutó las actuaciones requeridas para satisfacer el mandato
constitucional y que el propio Juzgado Tercero Administrativo de Tunja había
declarado posteriormente el cumplimiento de la orden de tutela. En ese contexto,
consideró que, una vez satisfecha la finalidad perseguida por la medida coercitiva,
desaparecía el presupuesto que justificaba su subsistencia, por lo que resultaba
incompatible con la naturaleza del incidente de desacato mantener los efectos de la
multa como si se tratara de una sanción autónoma e independiente del
incumplimiento que le dio origen.
Finalmente, concluyó que las providencias mediante las cuales se negó la
inaplicación de la sanción incurrieron en defecto sustantivo y en desconocimiento
del precedente constitucional, al mantener vigente una multa por desacato pese a
la verificación judicial del cumplimiento de la orden de tutela. En consecuencia,
determinó que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso del accionante,
pues la continuidad de la sanción y de las actuaciones de cobro desconoció el
carácter conminatorio de las medidas de desacato y el precedente constitucional
que regula sus efectos, una vez acreditado el cumplimiento del fallo.
8. Impugnación
La juez Tercera Administrativa de Tunja impugnó la sentencia de primera
instancia. Para ello realizó un recuento procesal en el que destacó que, si bien el
cumplimiento de la orden de tutela fue declarado en noviembre de 2023, la solicitud
de inaplicación de la sanción solo fue presentada en abril de 2026, cuando ya se
habían adelantado actuaciones de cobro persuasivo y se había librado
mandamiento de pago dentro del proceso coactivo.
Sostuvo que la sentencia de primera instancia desconoció que las decisiones
adoptadas mediante los autos del 26 de febrero y 8 de abril de 2026 estuvieron
fundamentadas en circunstancias procesales objetivas, particularmente en la falta
de legitimación en la causa por activa de quien presentó inicialmente la solicitud de
inaplicación y en el prolongado tiempo transcurrido desde la remisión de las
diligencias para la ejecución de la sanción.
Explicó que la multa por desacato se encontraba debidamente ejecutoriada y que,
una vez iniciado el procedimiento de cobro coactivo, las actuaciones subsiguientes
se desarrollaron conforme a las reglas legales aplicables. En ese orden de ideas,
consideró que la presentación tardía de la solicitud de inaplicación impedía acceder
favorablemente a lo pedido.
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Indicó igualmente que la jurisprudencia constitucional exige del interesado una
actuación diligente en la defensa de sus derechos y afirmó que, en este caso, el
accionante no observó dicho deber, pues tanto el cumplimiento de la orden judicial
como la petición de inaplicación se produjeron de manera tardía, circunstancia que
justificó las decisiones cuestionadas.
Asimismo, afirmó que las providencias demandadas no constituyeron una vía de
hecho ni configuraron defecto sustantivo o desconocimiento del precedente
constitucional, toda vez que se encontraban debidamente motivadas y sustentadas
en los principios de autonomía e independencia judicial. A su juicio, el despacho no
desconoció la finalidad coercitiva del incidente de desacato, sino que resolvió el
asunto con fundamento en las particularidades procesales del caso.
Sostuvo además que la tutela contra providencias judiciales expedidas dentro de
incidentes de desacato tiene un carácter estrictamente excepcional y no puede
utilizarse para corregir omisiones, descuidos o estrategias procesales tardías de las
partes. Bajo esa perspectiva, estimó que el accionante pretendía utilizar la acción
constitucional para superar las consecuencias derivadas de no haber solicitado
oportunamente la revisión de la sanción.
Finalmente, argumentó que una vez remitidas las diligencias a la Oficina de Cobro
Coactivo y expedido el correspondiente mandamiento de pago, el juzgado perdió
competencia para dejar sin efectos la multa. Agregó que aceptar la tesis acogida
por el Tribunal conduciría a vaciar de eficacia las sanciones impuestas dentro de los
incidentes de desacato, pues bastaría acreditar posteriormente el cumplimiento de
la orden de tutela para obtener su levantamiento, lo que afectaría la seguridad
jurídica y la efectividad de las decisiones judiciales. Con fundamento en ello, solicitó
revocar la sentencia impugnada y declarar improcedente el amparo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
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2
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional . Para el
efecto, aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia
C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo
3 4
solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.
Así las cosas, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen
los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
descritos.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, conforme a los argumentos de la impugnación,
hay lugar a revocar o modificar la sentencia de primera instancia que amparó el
derecho fundamental al debido proceso del actor.
La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado por cuanto se configuró el
defecto sustantivo deprecado en relación con los autos que negaron el
levantamiento de la sanción.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: i) la
procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas en el trámite de un
incidente de desacato; ii) el cumplimiento de los requisitos de procedencia
excepcional en el caso concreto; y iii) los defectos invocados en el caso concreto.
(i) Procedencia de la acción de tutela contra fallos de tutela y actuaciones del
proceso de tutela.
De conformidad con lo establecido en la jurisprudencia constitucional5, la acción de
tutela es improcedente para estudiar providencias que, igualmente, se profieran
dentro de trámites de tutela, pues ello constituye un requisito general que debe
superarse.
Sin embargo, la Corte Constitucional ha admitido de manera excepcionalísima,
casos en los que es procedente la acción de tutela cuando las pretensiones están
encaminadas a la protección al debido proceso6.
2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional,
cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia
de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno
de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido;
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho
fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
5
La no procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela se fijó en la Sentencia SU-1219 de 2001 y se reiteró,
entre otras, en las Sentencias T- 021, T-174, T-192, T-217, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002; T-200, T-502 y T-1028 de
2003; T-528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T-
237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de 2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701 de 2011;
T-208 de 2013.
6
Sentencia T – 162 de 1997.
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En sentencia SU – 627 de 2015, la Corte Constitucional unificó la jurisprudencia
respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y
contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia.
Esto es, fijó las reglas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
dictadas en el trámite de la acción de tutela, según tres hipótesis: (i) cuando la tutela
se dirige en contra de la sentencia de tutela en sentido estricto; (ii) cuando se dirige
contra una decisión anterior al fallo y (iii) cuando se efectúa en contra de una
decisión posterior7.
Respecto al cuestionamiento de decisiones proferidas con posterioridad a la
sentencia de tutela, señaló:
«4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a
la sentencia, se debe distinguir si estas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la
sentencia.
(…)
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría
sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional.»
(Negrita y subraya fuera del texto)
Posteriormente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-034 de 2018, estableció
como requisitos para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra las
providencias que resuelven un incidente de desacato, las siguientes reglas:
«i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir
que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite
incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las causales
específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo
planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer
a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b)
no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del
desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio.»
En consecuencia, durante el trámite del incidente de desacato no es procedente
reabrir el análisis de aspectos que comprometan la ratio decidendi del fallo de tutela
original. Es decir, el juez constitucional debe limitarse exclusivamente a examinar la
actuación dentro del incidente, sin revaluar los fundamentos del fallo de tutela que
lo originó, en respeto del principio de cosa juzgada.
(ii) Del cumplimiento de los requisitos para la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra las providencias proferidas dentro de un incidente de
desacato
La Sala anota que en los términos de la sentencia SU-034 de 2018, se encuentran
satisfechos los requisitos de procedencia excepcional para cuestionar decisiones
7
Reiterada en sentencia T-322 de 2019.
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proferidas en el marco de incidentes de desacato, como se pasa a explicar.
En primer lugar, se advierte que la decisión dictada en el trámite de desacato se
encuentra ejecutoriada, pues los autos que negaron la solicitud de inaplicación de
la sanción impuesta al señor Valero Sáenz se constituyeron en la decisión definitiva,
en el entendido de que esas providencias negaron la inaplicación de la sanción por
desacato.
La providencia del 8 de abril de 2026, notificada el mismo día por medio de correo
electrónico, de modo que, no queda duda que la decisión se encuentra
«ejecutoriada».
En segundo lugar, se cumple con los requisitos generales de procedencia, porque
la parte actora invoca la protección del derecho fundamental al debido proceso, se
sustentan con suficiencia las razones por las que las decisiones judiciales
cuestionadas afectan dicho derecho, no se trata de un asunto de mera legalidad o
económico y los cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi.
Tampoco se advierte que la acción de tutela se utilice como una instancia adicional,
pues no se dirige contra el fallo de tutela que accedió a las pretensiones, sino contra
el auto que se abstuvo de inaplicar la sanción impuesta en el incidente de desacato
ante la inactividad del sancionado.
Además, de configurarse alguno de los requisitos especiales de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, se vería comprometido el derecho fundamental
al debido proceso de la parte actora, en tanto la autoridad judicial demandada negó
la inaplicación de la sanción.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque el actor no cuenta
con ningún otro medio de defensa idóneo para la protección de los derechos que
invoca vulnerados ni para cuestionar las decisiones que negaron la inaplicación de
la sanción impuesta en el incidente de desacato. En igual sentido, el (iii) Requisito
general de inmediatez se satisface, pues el ejercicio de la presente acción de tutela
resulta oportuno, toda vez que el auto cuestionado fue proferido el 8 de abril de
2026, y el ejercicio de la acción de tutela tuvo lugar el 27 de abril de 2026.
En lo demás, la Sala encuentra satisfechos los restantes requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad
que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron
la vulneración; y (vi) se cumplen los requisitos de procedencia de acción de tutela
contra una decisión dictada en el trámite del incidente de desacato.
En tercer lugar, tal como quedó establecido en el análisis del presupuesto anterior,
la parte actora no alega nuevos argumentos que hubiera dejado de expresar en el
incidente de desacato, ni solicitó pruebas que no hubieran sido pedidas en ese
trámite, sino que cuestiona que, a pesar de que se declaró el cumplimiento de la
orden impartida en el fallo de tutela, el Juzgado no inaplicó la sanción.
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(ii) Del defecto sustantivo 8 y del desconocimiento del precedente
jurisprudencial9 en el caso concreto
En el presente asunto, el señor Ludwing Joel Valero Sáenz alega la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso con ocasión de las providencias proferidas
por el Juzgado Tercero Administrativo de Tunja. En concreto, el actor dirige su
censura contra las decisiones judiciales que negaron la inaplicación de la sanción
impuesta en su contra, a pesar de que el mismo despacho judicial declaró el
cumplimiento de la orden impartida.
Para lo que interesa a este asunto, se destaca que, mediante providencia del 20 de
noviembre de 2023, el Juzgado Tercero Administrativo de Tunja constató que las
autoridades dieron cabal cumplimiento a las órdenes impartidas en la sentencia de
tutela y, por ello, declaró su cumplimiento. No obstante, como la sanción por
desacato impuesta al señor Ludwing Joel Valero Sáenz se mantuvo, el sancionado
presentó solicitud de levantamiento e inaplicación de la multa, negada mediante los
autos del 26 de febrero y del 8 de abril de 2026. En el primero, el juzgado estimó
que quien elevó la solicitud carecía de legitimación en la causa por activa, al no
acreditar poder para actuar en representación del sancionado, y que, en todo caso,
la petición era extemporánea, pues habían transcurrido más de dos años desde la
remisión del asunto a cobro coactivo, por lo que había perdido competencia para
dejar sin efectos la sanción. En el segundo, el juzgado se estuvo a lo resuelto en la
providencia del 26 de febrero, al considerar que en ella ya se había negado la
inaplicación de la sanción. Esas decisiones dieron lugar a la presente acción de
tutela.
Con el fin de resolver el caso concreto, conviene recordar que el incidente de
desacato es un trámite incidental especial previsto en los artículos 27 y 52 del
Decreto 2591 de 1991, mediante el cual el juez de tutela verifica si las órdenes
impartidas en una sentencia de amparo fueron cumplidas por su destinatario. Este
8
Como lo ha reiterado esta Sala, en los términos de la sentencia T – 1009 de 2000 de la Corte Constitucional, se presenta
el denominado defecto sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente
inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque
su contenido no guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado. Sin
embargo, para que se predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para
controvertir la razonable interpretación de una norma legal o reglamentaria, en razón de que los jueces son autónomos para
escoger entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento
jurídico (art. 230 de la Constitución Política). Para la Corte Constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo cuando: (i) la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) a pesar
del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla
es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para
los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente, (iii) cuando el fallador
desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva (Sentencia T – 462 de 2003, Corte Constitucional).
9
El precedente judicial consiste en las decisiones adoptadas previamente por los jueces en casos con hechos y problemas
jurídicos sustancialmente similares, las cuales sirven como referencia obligatoria para resolver asuntos posteriores. Su
observancia garantiza principios fundamentales como la igualdad, la seguridad jurídica y la coherencia del ordenamiento. La
vulneración del precedente ocurre cuando existe una decisión anterior aplicable y vinculante, pero el juez se aparta de ella,
expresa o tácitamente, sin ofrecer una justificación razonable y constitucionalmente válida. La jurisprudencia distingue entre
precedente horizontal, relacionado con las propias decisiones anteriores del juez o tribunal, y precedente vertical, conformado
por las reglas fijadas por los órganos de cierre de cada jurisdicción y la Corte Constitucional, cuya observancia es obligatoria
para los demás jueces.
No obstante, el ordenamiento admite que un juez pueda apartarse de un precedente vigente, siempre que cumpla estrictas
exigencias de argumentación. En primer lugar, debe satisfacer la carga de transparencia, identificando de manera expresa el
precedente del cual se aparta y explicando su relevancia para el caso. En segundo lugar, debe cumplir la carga de suficiencia
argumentativa, exponiendo razones sólidas, objetivas y constitucionalmente fundadas que justifiquen el cambio de criterio,
sin afectar los principios de igualdad, seguridad jurídica y buena fe. Además, el juez debe demostrar que la nueva
interpretación ofrece una mejor protección de los derechos fundamentales comprometidos y desarrolla de manera más
adecuada los valores y mandatos constitucionales.
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mecanismo surge del poder disciplinario del juez constitucional y se activa cuando
se alega que la orden ha sido incumplida total o parcialmente, o que su ejecución
se ha realizado de manera incompleta o contraria a lo dispuesto en el fallo. Su
trámite exige la observancia plena del debido proceso, garantizando al presunto
incumplido la oportunidad de conocer la actuación, presentar explicaciones, aportar
pruebas y ejercer su derecho de defensa.
Dentro de este procedimiento, el juez debe verificar aspectos concretos
relacionados con el cumplimiento de la sentencia, tales como la persona obligada,
el término concedido para ejecutar la orden, el alcance de lo ordenado y la
existencia real de un incumplimiento. Esta labor excluye la posibilidad de reabrir el
debate jurídico ya resuelto en la tutela, pues el objeto del incidente no es revisar la
decisión judicial sino controlar su ejecución efectiva, respetando los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica.
Asimismo, la imposición de una sanción por desacato exige la demostración de
responsabilidad subjetiva, lo que implica acreditar que el incumplimiento es
atribuible al obligado a título de dolo o culpa. Para ello, el juez debe valorar las
circunstancias particulares del caso, incluidas aquellas que puedan constituir
obstáculos reales para el cumplimiento de la orden, así como las actuaciones
desplegadas por el destinatario para atender lo dispuesto en la sentencia
constitucional.10
Ahora bien, la finalidad principal del incidente de desacato es garantizar el
cumplimiento efectivo de las órdenes impartidas por el juez de tutela y, con ello,
asegurar la protección real y material de los derechos fundamentales reconocidos
en la sentencia. La jurisprudencia constitucional ha señalado de manera reiterada
que el eje central de este mecanismo no es la imposición de una sanción, sino la
ejecución de la orden judicial pendiente de cumplimiento.
Por esta razón, las medidas de arresto y multa previstas en la ley tienen un carácter
eminentemente coercitivo y persuasivo. Su propósito es inducir al obligado a ajustar
su conducta a las exigencias del fallo y lograr que las decisiones judiciales
produzcan los efectos concretos para los cuales fueron adoptadas. En
consecuencia, la sanción constituye un instrumento para promover el cumplimiento
y no un castigo autónomo dirigido únicamente a reprochar la conducta del
incumplido.
De igual forma, el incidente de desacato busca preservar la eficacia de la
administración de justicia y la autoridad de las decisiones judiciales. Permitir que
una orden de tutela permanezca incumplida comprometería la efectividad de los
derechos fundamentales y afectaría la credibilidad del sistema judicial. Por ello, este
mecanismo dota al juez de herramientas que le permiten exigir la observancia de
sus decisiones y garantizar que la protección constitucional concedida no se
convierta en una declaración meramente formal.
Finalmente, el desacato persigue la materialización efectiva del amparo
constitucional mediante la adopción de medidas que conduzcan al restablecimiento
de los derechos vulnerados. En este sentido, la actuación del juez está orientada a
verificar las condiciones reales de cumplimiento, identificar las razones del
10
Sentencias SU-1158 de 2003, T-421 de 2003, T-421 de 2003, T-368 de 2005, T-014 de 2009, T-171 de 2009, T-123 de
2010, T-652 de2010, T-512 de 2012, C-367 de 2014, T-271 de 2015 y T-226 de 2016, SU-034 de 2018, T-420 de 2022.
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Radicado: 15001-23-33-000-2026-00193-01
Demandante: Ludwing Joel Valero Sáenz
incumplimiento y adoptar las medidas necesarias para superar los obstáculos
existentes, de modo que la tutela cumpla su cometido de brindar una protección
oportuna, efectiva y concreta a los derechos fundamentales.11
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que el Juzgado Tercero
Administrativo de Tunja erró al mantener la sanción de desacato porque perdió de
vista la verdadera finalidad de este mecanismo. La jurisprudencia constitucional ha
señalado que el incidente de desacato no existe para castigar a quien incumple una
orden de tutela, sino para lograr que dicha orden se cumpla y que los derechos
fundamentales protegidos por el fallo sean efectivamente garantizados. Por ello, la
sanción de multa o arresto tiene un carácter instrumental y su razón de ser
desaparece cuando la orden judicial finalmente es acatada.
En este caso, la USPEC demostró el cumplimiento de la orden de tutela. En efecto,
el 21 de julio de 2023 informó al juzgado las gestiones que venía adelantando para
dar cumplimiento al fallo y, durante los meses siguientes, acreditó visitas técnicas,
actividades de planeación, ejecución contractual y coordinación logística para
intervenir la celda objeto de la tutela, esto es, actuaciones concretas encaminadas
a materializar la orden judicial.
Además, mediante auto del 20 de noviembre de 2023, el propio Juzgado Tercero
Administrativo de Tunja declaró expresamente que las autoridades accionadas
habían dado cumplimiento a la sentencia de tutela, pues la batería sanitaria fue
reparada, la lámpara fue cambiada y las condiciones que dieron origen a la acción
constitucional fueron superadas. De manera que, desde esa fecha, el juez de
instancia tuvo por cumplida la orden constitucional.
Tampoco era válido justificar la negativa en el hecho de que la solicitud de
inaplicación se hubiera presentado tiempo después o cuando ya existía un proceso
de cobro coactivo. Lo verdaderamente relevante era que el juez contaba con una
providencia previa que acreditaba el cumplimiento integral del fallo. En
consecuencia, debía analizar si la finalidad constitucional de la sanción seguía
existiendo, y no limitarse a invocar razones formales relacionadas con el transcurso
del tiempo o con el avance del procedimiento de cobro. Al no hacerlo, desconoció
la naturaleza misma del incidente de desacato.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
2. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
11
Sentencia C-092 de 1997
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Radicado: 15001-23-33-000-2026-00193-01
Demandante: Ludwing Joel Valero Sáenz
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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