Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2026-00202-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2026-00202-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 15001-23-33-000-2026-00202-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 15001-23-33-000-2026-00202-01
Demandante GUSTAVO ALONSO QUINTERO MORALES
Demandado CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y OTRO
Temas Acción de tutela. Derecho fundamental de petición. Falta de radicación
de las peticiones antes de la tutela.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante contra el fallo de 19
de junio de 2026, proferido por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Boyacá, que dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por Gustavo Alfonso
(sic) Quintero Morales, conforme a lo expuesto (…)».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 9 de junio de 2026, el señor Gustavo Alonso Quintero Morales, en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral y el señor Abelardo
de la Espriella, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al voto
informado, participación política, acceso a la información pública y a la petición.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales al voto informado, participación política,
acceso a la información y derecho de petición del accionante.
SEGUNDA. Ordenar al candidato presidencial Abelardo de la Espriella que responda de
fondo, de manera clara, congruente, precisa y dentro del término que señale el despacho, las
solicitudes contenidas en el Anexo No. 1.
TERCERA. Ordenar al Consejo Nacional Electoral – CNE que responda de fondo, de manera
clara, congruente, precisa y dentro del término que señale el despacho, las solicitudes
contenidas en el Anexo No. 2.
CUARTA. Ordenar que las respuestas sean remitidas por medios electrónicos al accionante
de manera inmediata una vez sean emitidas.
QUINTA. Como medida de protección urgente, disponer que las respuestas sean emitidas
con la mayor celeridad posible dada la proximidad de la jornada electoral.
SEXTA. Ordenar a los accionados que las respuestas a los derechos de petición aportados
como anexos sean emitidas de manera integral, clara, precisa, congruente, verificable y
documentada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la
decisión judicial, atendiendo la existencia de un perjuicio irremediable derivado de la
proximidad de la jornada electoral.
SÉPTIMA. Ordenar que las respuestas sean remitidas simultáneamente al accionante y al
despacho judicial para efectos de control y verificación del cumplimiento de la orden
constitucional.
OCTAVA. Adoptar cualquier medida provisional o definitiva que el despacho considere
necesaria para garantizar que la información solicitada pueda ser conocida por el accionante
antes de ejercer su derecho al voto, evitando así la consumación de un perjuicio irremediable».
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Demandante: Gustavo Alonso Quintero Morales
2. Hechos
Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:
Sin haber acudido previamente a la figura del derecho de petición, el señor Gustavo
Alonso Quintero Morales formuló el escrito de tutela objeto de esta providencia con
el propósito de que el señor Abelardo de la Espriella, en calidad de candidato
presidencial, y el Consejo Nacional Electoral dieran respuesta a unas peticiones
sobre la nacionalidad, juramentos prestados ante Estados extranjeros, financiación
de campañas y apoyos provenientes del exterior, validación de firmas, actuaciones
administrativas y demás asuntos de interés público electoral.
3. Fundamentos de la acción
El tutelante manifestó que «la proximidad de la jornada electoral hace que el tiempo disponible
para obtener respuestas sea extremadamente limitado». Aseguró que debido a la inminencia
de la jornada electoral, cualquier respuesta emitida con posterioridad a la fecha de
votación carecería de utilidad material para la finalidad perseguida mediante las
solicitudes, pues la decisión electoral ya habría sido adoptada. En ese escenario se
produciría una afectación irreversible de los derechos fundamentales invocados.
Añadió que la ausencia de respuesta oportuna impide valorar adecuadamente la
información antes de ejercer su derecho al voto y que se encuentra ante la
existencia de un perjuicio irremediable, pues «la información solicitada tiene una utilidad
constitucional limitada temporalmente al período previo a la jornada electoral, razón por la cual una
respuesta posterior perdería eficacia para garantizar el derecho al voto informado». Y mencionó
que la información solicitada no busca satisfacer un interés individual, pues tiene
relevancia pública y resulta indispensable para el ejercicio consciente, libre e
informado del derecho al sufragio.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 10 de junio de 2026, el despacho ponente de primera instancia
admitió la acción de tutela presentada por el señor Gustavo Alonso Quintero
Morales contra el Consejo Nacional Electoral y el señor Abelardo de la
Espriella.
Asimismo, solicitó al accionante que allegara copia de las peticiones dirigidas
a los accionados y sus constancias de radicación; y se ordenó la notificación
a las partes.
4.2. El señor Gustavo Alonso Quintero Morales contestó el requerimiento
explicando que las solicitudes de información aludidas en el escrito de tutela
no fueron radicadas previo a la interposición de la acción, ante el Consejo
Nacional Electoral y el señor Abelardo de la Espriella. Por el contrario, estas
se formularon directamente a través de la acción constitucional, porque «acudir
a la vía ordinaria implica términos de 10 o 15 días hábiles, lo cual haría nugatorio mi derecho
fundamental al VOTO INFORMADO de cara a la inesperada segunda vuelta presidencial del
21 de junio de 2026».
Precisado tal aspecto, sostuvo que las peticiones eran las siguientes:
«ANEXO No. 1 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO Dirigida al candidato
presidencial ABELARDO DE LA ESPRIELLA
La presente solicitud se formula en ejercicio de los derechos fundamentales a la información,
participación política, control ciudadano y voto libre e informado, consagrados en los artículos 20, 23,
40, 74 y 258 de la Constitución Política de Colombia. Su finalidad exclusiva consiste en permitir que la
ciudadanía pueda adoptar una decisión electoral consciente e informada dentro del actual proceso
presidencial. Solicito se informe:
1. ¿Cuáles son las nacionalidades que posee actualmente?
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2. ¿Ha adquirido alguna nacionalidad distinta de la colombiana? En caso afirmativo, indique fecha
aproximada y mecanismo de adquisición. 3. ¿Prestó juramento de fidelidad, obediencia, lealtad o compromiso equivalente frente a algún Estado
extranjero para adquirir dicha nacionalidad? En caso afirmativo, indique la autoridad ante la cual
fue realizado dicho acto y la naturaleza del compromiso asumido. 4. ¿Prestó juramento de hacer cumplir las leyes de los Estados Unidos de América? En caso
afirmativo, sírvase informar fecha y autoridad ante la cual lo realizó. 5. ¿Posee actualmente pasaporte o documentos de ciudadanía expedidos por otros Estados?
6. ¿Considera que la adquisición de otra nacionalidad genera algún efecto jurídico o constitucional
respecto del ejercicio de la Presidencia de la República? Explique. 7. ¿Ha recibido apoyo político, estratégico, comunicacional o logístico de organizaciones, personas o
movimientos extranjeros?
8. ¿El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, o su equipo de campaña lo están apoyando?
En caso afirmativo, sírvase informar de qué manera concreta se materializa dicho apoyo. 9. ¿Ha sostenido reuniones, acuerdos, acercamientos o comunicaciones con dirigentes políticos
extranjeros relacionadas con su aspiración presidencial?
10. ¿Cuáles son las principales fuentes de financiación de su campaña?
11. ¿Ha recibido aportes, donaciones, asesorías, servicios o apoyos provenientes del exterior?
12. ¿Existen convenios, alianzas o compromisos de cooperación política internacional relacionados
con su campaña?
13. ¿Cuál es el significado exacto de la expresión "primer presidente republicano de Colombia"
utilizada en intervenciones públicas y actividades de campaña, considerando que los partidos
Republicano y Demócrata solo existen en el sistema político de Estados Unidos y no en Colombia?
14. ¿Qué reformas institucionales, constitucionales o administrativas propone cuando utiliza dicha
expresión?
15. ¿Cuántas firmas fueron presentadas para respaldar su candidatura presidencial?
16. ¿Cuántas firmas fueron validadas y cuántas rechazadas por la autoridad electoral competente?
17. ¿Conoce o ha sido informado sobre investigaciones, actuaciones administrativas o procesos
relacionados con la financiación de su campaña? En caso afirmativo, sírvase indicar su estado. 18. ¿Autoriza expresamente la divulgación pública de las respuestas suministradas para fines de
control ciudadano, transparencia y garantía del derecho al voto informado?
19. ¿Desea adicionar cualquier información que considere relevante para que los ciudadanos puedan
ejercer un sufragio libre, consciente e informado?
La finalidad de estas preguntas no es formular acusaciones ni juicios de valor, sino obtener información
oficial, verificable y de interés público relacionada con una candidatura presidencial y con el ejercicio
efectivo del derecho fundamental al voto informado. ANEXO No. 2
SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO Dirigida al CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL – CNE
La presente solicitud se formula en ejercicio de los derechos fundamentales de acceso a la información
pública, participación democrática, control ciudadano y voto informado consagrados en los artículos 20,
23, 40, 74, 103, 209 y 258 de la Constitución Política. Solicito informar:
1. ¿Cuál es el régimen constitucional y legal aplicable a candidatos presidenciales que posean doble
o múltiple nacionalidad?
2. ¿La adquisición de una nacionalidad extranjera mediante juramento de fidelidad o lealtad a otro
Estado tiene alguna consecuencia jurídica respecto del ejercicio de la Presidencia de la República?
3. ¿Qué mecanismos de verificación utiliza el Consejo Nacional Electoral respecto del cumplimiento
de los requisitos constitucionales exigidos a los candidatos presidenciales?
4. ¿Dentro de esos mecanismos se verifica la existencia de compromisos de fidelidad asumidos frente
a Estados extranjeros?
5. ¿Cuáles son los controles implementados por el CNE para prevenir o detectar financiación
extranjera prohibida en campañas presidenciales?
6. ¿Qué mecanismos existen para verificar apoyos económicos, logísticos o políticos provenientes
del exterior?
7. ¿Cuáles son los límites legales aplicables a la participación de actores extranjeros dentro de
campañas presidenciales colombianas?
8. ¿Cuántas firmas fueron presentadas para respaldar la candidatura presidencial de Abelardo de la
Espriella?
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9. ¿Cuántas de dichas firmas fueron declaradas válidas?
10. ¿Cuántas fueron rechazadas, anuladas o invalidadas?
11. ¿El Consejo Nacional Electoral verificó el cumplimiento integral de los requisitos constitucionales y
legales exigidos para la inscripción de dicha candidatura?
12. ¿Existe actualmente alguna actuación administrativa, investigación o revisión relacionada con la
candidatura mencionada?
13. ¿Qué controles realiza el CNE para garantizar la transparencia y publicidad de la información
relevante para los electores?
14. ¿El software utilizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil para el escrutinio de las
elecciones presidenciales es de carácter privado?
15. ¿Se puede realizar auditoría pública, técnica e independiente al código fuente de dicho software
electoral? En caso negativo, ¿cómo se garantiza que su carácter privado sea compatible con los
principios democráticos de transparencia y publicidad?
16. ¿Considera el CNE que la utilización de software electoral privado sin auditoría pública es legal y
garantiza el derecho al voto informado y la transparencia del proceso?
17. ¿Qué medidas adopta el Consejo Nacional Electoral para proteger el derecho fundamental al voto
informado de los ciudadanos colombianos?
18. ¿Considera el CNE que la ciudadanía debe tener acceso oportuno a información relevante sobre
quienes aspiran a ejercer la Presidencia de la República antes de la realización de la jornada
electoral?
19. ¿Qué mecanismos institucionales existen para que los ciudadanos puedan acceder oportunamente
a información de interés público relacionada con los candidatos presidenciales?
20. ¿Qué información pública considera el Consejo Nacional Electoral relevante para garantizar el
ejercicio libre, consciente e informado del sufragio en la actual contienda presidencial?
Sírvase remitir cualquier documento, informe, certificación o información pública que contribuya a la
protección del derecho ciudadano al voto informado respecto de las candidaturas presidenciales
inscritas.
La finalidad exclusiva de esta solicitud consiste en garantizar el acceso oportuno a información pública
relevante para el ejercicio efectivo del derecho fundamental al voto informado y la participación
democrática».
Solicitó notificar a los accionados y requerirlos para que den respuesta de
fondo a esas solicitudes dentro del término de 48 horas.
4.3. El Consejo Nacional Electoral sostuvo que no ha vulnerado ningún derecho
fundamental del accionante, puesto que las solicitudes no fueron radicadas
ante dicha entidad. Añadió que no se le puede exigir que responda a una
solicitud o petición que no conocía, pues no fue radicada ante la entidad por
ningún medio. Sostuvo que el accionante pretende utilizar la tutela como un
mecanismo para radicar la solicitud, sin haber acudido al procedimiento
previsto por el legislador para el ejercicio del derecho de petición.
Señaló que el accionante no identificó ninguna acción u omisión de la entidad
que resulte vulneradora de su derecho al ejercicio del voto de forma libre e
informada. Aseguró que como autoridad electoral ha desplegado la logística
de forma que se garantice que el derecho al voto de cada ciudadano se ejerza
de manera libre, sin presiones o coacciones que intervengan en su voluntad.
Finalmente, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, por no
presentarse por parte del Consejo Nacional Electoral ninguna vulneración o
amenaza a los derechos fundamentales del accionante.
4.4. El señor Abelardo de la Espriella sostuvo que el accionante pretende utilizar
la acción de tutela para obtener información, sin haber tramitado previamente
la petición. Consideró que aquel no cumplió con la carga procesal de probar
que había radicado la petición. Por lo tanto, solicitó que se negara el amparo
solicitado, pues no existe prueba de la radicación de la petición.
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Destacó que realizó visitas de ingreso libre en diversas partes del país y que
concedió entrevistas en diferentes medios. Por lo que no ha vulnerado el
derecho a la información del accionante, que tiene a su disposición el acceso
libre a los medios de comunicación para tener un voto informado.
5. Providencia impugnada
El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Quinta Decisión, mediante sentencia del
19 de junio de 2026 negó las pretensiones de la demanda.
En primer lugar, explicó que la acción de tutela sí era procedente en contra del señor
Abelardo de la Espriella, pues el accionante se encuentra en una situación de
indefensión, por lo siguiente: «la controversia se plantea en el contexto de una jornada electoral
próxima y se relaciona con el acceso a información que el accionante considera necesaria para
ejercer el voto de manera libre e informada. En ese escenario, el actor acude como ciudadano elector
frente a un candidato presidencial que ocupa una posición relevante dentro del debate público y de
la contienda democrática, lo que permite tener por satisfecho, para efectos de procedencia, el
presupuesto excepcional de indefensión».
Respecto al derecho de petición, indicó que no se cumple con el presupuesto inicial,
pues el accionante reconoció expresamente que las solicitudes de información no
fueron radicadas con anterioridad a la interposición de la tutela ante los accionados.
En consecuencia, consideró que no puede predicarse una omisión, pues estos no
estaban en posibilidad jurídica, ni material de responder una solicitud que no
conocían. Explicó que la tutela no puede suplir la presentación de la petición, pues
se trata de dos mecanismos con naturaleza, finalidad y presupuestos de activación
distintos.
Frente a la presunta vulneración de los derechos al voto y a la participación política,
el Tribunal concluyó que no se identificó ninguna actuación concreta del Consejo
Nacional Electoral ni del señor Abelardo de la Espriella que le hubiera impedido
acceder a la información electoral disponible de cara a la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales. Además, ninguno de los accionados bloqueó, ocultó o
restringió el acceso a información pública electoral, por lo que el actor cuenta con
los medios informativos necesarios para participar en la elección.
6. Impugnación y actuaciones posteriores al fallo
6.1. El señor Gustavo Alonso Quintero Morales radicó memorial en el que
solicitó lo siguiente:
«Solicito se castigue al Consejo Nacional Electoral por violación a 48 horas, artículo 52
Decreto 2591 de 1991.
Solicito se audite el software electoral de la Registraduría Nacional, por firmas falsas y
financiación extranjera.
Del candidato presidencial Abelardo de la Espriella de firmes por la patria
NO solicito repetición de elecciones hoy 21 junio 2026.
Respeto el resultado que dé el pueblo a las 5:30pm.
Si gana Cepeda me quedo quieto.
Si gana Abelardo ahí sí solicito nulidad por daño consumado al voto informado».
6.2. El accionante radicó otro memorial en el que manifestó que el 4 de junio de
2026 presentó una petición ante el Consejo Nacional Electoral y que solo hasta
el 20 de junio de la misma anualidad recibió como respuesta un oficio en el
que se le daba traslado a la Registraduría Nacional del Estado Civil de su
petición, lo que impidió su voto informado.
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Posteriormente, allegó correo electrónico en el que manifestó que la
Registraduría Nacional del Estado Civil certificó que Abelardo de la Espriella
es colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta años.
Indicó que dicha información correspondía a una de las cuatro preguntas que
contenía su petición, por lo que no se había dado respuesta de fondo a los
otros 3 interrogantes. Además, solicitó lo siguiente:
«1. Tener como prueba los oficios allegados: CNE-AGD-LCL/036206 y 036205 del
17/06/2026, RNEC-E-2026-141312, RNEC-E-2026-142913 y RNEC-S-2026-0106230
del 26/06/2026.
2. Requerir de manera inmediata al CNE y a la Registraduría Nacional para que en 24 horas
emitan resolución de fondo, clara y congruente sobre los numerales 2, 3 y 4 de mi
petición.
3. Ordenar como medida cautelar la suspensión de entrega de credencial al señor Abelardo
De La Espriella hasta tanto se resuelva sobre las firmas falsas y la presunta financiación
extranjera.
4. Compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación por la omisión en el trámite del
derecho de petición.
5 La tutela que cursa con los anexos a la misma sin ser resueltos hasta el momento»
6.3. El señor Gustavo Alonso Quintero Morales impugnó el fallo de primera
instancia. Manifestó que es falso que no radicó las solicitudes ante el Consejo
Nacional Electoral y ante el señor Abelardo de la Espriella. Por el contrario,
indicó que radicó una petición de 4 preguntas ante el Consejo Nacional
Electoral, la cual fue trasladada a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Consideró que esto demostraba que sí había radicado la petición y que las
entidades no resolvieron de fondo lo solicitado.
Argumentó que la respuesta debe ser pronta, completa, de fondo, clara,
precisa y congruente. Sin embargo, la respuesta que otorgó la Registraduría
frente a la petición trasladada no constituye una respuesta de fondo, puesto
que omitió pronunciarse sobre la siguiente información: «- Cuántas de las 4,8
millones de firmas son falsas, investigación CNE-E-DG-2026-005385. - Si hubo financiación
extranjera prohibida por Art. 109. - Si procede anular inscripción o negar credencial».
Por otro lado, sostuvo que sí se afectó su derecho al voto, puesto que (i) ni en
entrevistas, ni en redes sociales había información sobre «firmas falsas y dineros
extranjeros»; (ii) esa información solo la tenían el Consejo Nacional Electoral y
la Registraduría Nacional del Estado Civil; y (iii) sin esa información no podía
ejercer su derecho al voto de manera libre e informada en la segunda vuelta.
Adujo que estaba en total asimetría frente a un candidato presidencial y dos
autoridades electorales.
Finalmente, solicitó que se ordenara al Consejo Nacional Electoral y a la
Registraduría Nacional del Estado Civil «que en el término perentorio de 48 horas
emitan respuesta de fondo, clara y congruente sobre los numerales 2, 3 y 4 de mi petición
radicada CNE-E-DG-2026-021484».
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19911, fue concebida como un mecanismo
1
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
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para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales.
Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, la Sala establecerá si le asistió razón
al juez de primera instancia al negar el amparo de los derechos de petición, voto
informado y participación política del señor Gustavo Alonso Quintero Morales, o si
por el contrario había lugar a su protección en consideración a las razones
expresadas por el impugnante.
3. Núcleo esencial del derecho fundamental de petición
De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas ante autoridades públicas y organizaciones
privadas, por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta
resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el artículo 85 de
la Carta. Asimismo, de conformidad con el inciso 2º del artículo 13 de la Ley 1437
de 20112:
«Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea
necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento
de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación
jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir
copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer
recursos».
La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación
de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales como la
información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social, el
acceso a documentos públicos, entre otros.
El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la jurisprudencia constitucional, que ha dispuesto que son tres los
elementos del núcleo esencial de este derecho, a saber: (i) la pronta resolución; (ii)
que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara, precisa,
congruente y consecuente con lo solicitado; y (iii) que la decisión adoptada se le
notifique al peticionario.
En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido
de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho
de petición, por ello se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso
significa vulneración del derecho fundamental de petición, ya que «existe una diferencia
entre el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido».
En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si existe
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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Sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, «Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y
se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
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coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse
sobre lo pedido.
En lo que respecta a la notificación de la respuesta al derecho de petición, la Corte
Constitucional indicó que corresponde a la administración actuar con diligencia para
que la respuesta sea conocida por el interesado, gestión que denota lealtad y
publicidad de las actuaciones de la administración y permite materializar el derecho
al debido proceso del administrado, ya que es condición necesaria para que el
interesado ejerza su derecho de defensa y contradicción.
Además, la Corte Constitucional hace énfasis en que, «la administración tiene la carga
probatoria de demostrar que notificó al solicitante su decisión, pues el conocimiento de esta hace
parte del intangible de ese derecho que no puede ser afectado»3.
4. Análisis del caso
4.1. Como se expuso previamente, el juez de primera instancia negó el derecho
de petición con base en la premisa de que en el caso el accionante reconoció
expresamente que las solicitudes de información no fueron radicadas con
anterioridad a los accionados. En consecuencia, consideró que no puede
predicarse una omisión, pues los accionados no estaban en posibilidad
jurídica, ni material de responder una solicitud que no conocían. Explicó que
la tutela no puede suplir la presentación de la petición, pues se trata de dos
mecanismos con naturaleza, finalidad y presupuestos de activación distintos.
En el escrito de impugnación, el accionante manifestó que sí había radicado
un derecho de petición de 4 preguntas y que había allegado al expediente el
oficio CNE-AGD-LCL/036206/CNE-E-DG-2026-021484, mediante el cual el
Consejo Nacional Electoral le informó que había remitido su petición a la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
4.2. La Sala confirmará la decisión del Tribunal porque el accionante no aportó
copia de las peticiones, ni de sus constancias de radicación con el escrito de
tutela original. En el auto admisorio de la demanda se le requirió al accionante
que remitiera copia de las peticiones y de sus constancias de radicación.
El accionante respondió expresamente al requerimiento indicando lo siguiente:
(cita textual)
«En cumplimiento de su requerimiento del 10 de junio de 2026, me permito allegar los
siguientes anexos que contienen las solicitudes de información que fundamentan la presente
acción de tutela.
ACLARACIÓN FUNDAMENTAL: Las siguientes solicitudes de información NO fueron
radicadas previamente por los canales ordinarios ante el CNE ni ante el señor ABELARDO
DE LA ESPRIELLA OTERO.fuwron (sic) incorporadas a la acción de tutela, la razón es
constitucional:
acudir a la vía ordinaria implica términos de 10 o 15 días hábiles, lo cual haría nugatorio mi
derecho fundamental al VOTO INFORMADO de cara a la inesperada segunda vuelta
presidencial del 21 de junio de 2026.
La Corte Constitucional, en Sentencia T-1006 de 2001, estableció que en época electoral las
peticiones se deben resolverse en un término máximo de 48 horas, precisamente para
proteger el voto informado, y evitar un daño irreparable. Por ello, acudo a su señoría ,a su
importante Despacho ,para evitar un PERJUICIO IRREMEDIABLE, agradezco se sirva
NOTIFICAR a los accionados y REQUERIRLOS para que den respuesta de fondo dentro del
término perentorio de 48 horas, so pena de las sanciones de ley» (Transcripción literal)
3
Corte Constitucional. Sentencia T-149 de 2013.
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Demandante: Gustavo Alonso Quintero Morales
La sentencia de primera instancia fue proferida el 19 de junio de 2026. Lo
anterior comprueba que el Tribunal valoró adecuadamente la información
obrante en el expediente ya que no hay constancias de la radicación de alguna
petición dirigida al Consejo Nacional Electoral o al señor Abelardo de la
Espriella.
Asimismo, se encuentra que en el caso la parte actora ni siquiera acreditó la
efectiva remisión de la solicitud, pese a que en auto de 10 de junio de 2026
fue requerida para que enviara la constancia de radicación del derecho de
petición. Esta circunstancia fue alegada por el Consejo Nacional Electoral y el
señor Abelardo de la Espriella en sus contestaciones, oportunidad en la cual
aseguraron que se enteraron de la existencia de la petición con la notificación
del auto admisorio de la tutela.
En consecuencia, la Sala considera que no había lugar a conceder el amparo,
pues no se contaba con el requisito esencial de haber radicado los derechos
de petición ante los accionados antes de interponer la acción de tutela.
Aunque la parte actora alegó la vulneración de su derecho fundamental de
petición porque para el 10 de junio de 2026, día en que radicó la acción de
tutela, aún no se había dado respuesta de fondo a la petición, lo cierto es que
no se acreditó el primer requisito para la existencia de una transgresión al
derecho fundamental de petición: la existencia de una solicitud efectivamente
radicada ante una autoridad.
Con posterioridad al fallo de primera instancia, el accionante aportó al
expediente de tutela copia del oficio CNE-AGD-LCL/036206/CNE-E-DG-2026-
021484, mediante el cual el Consejo Nacional Electoral le informó que trasladó
su petición a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Sin embargo, se
advierte que el contenido de la petición mencionada en el oficio del Consejo
Nacional Electoral no coincide con las solicitudes que originaron el escrito de
tutela, como se muestra a continuación.
En la respuesta al requerimiento hecho por el Tribunal en el auto del 10 de
junio de 2026, el accionante manifestó que el contenido de las peticiones
dirigidas al Consejo Nacional Electoral y al señor Abelardo de la Espriella era
el siguiente:
«ANEXO No. 1 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO Dirigida al candidato
presidencial ABELARDO DE LA ESPRIELLA
La presente solicitud se formula en ejercicio de los derechos fundamentales a la información,
participación política, control ciudadano y voto libre e informado, consagrados en los artículos 20, 23,
40, 74 y 258 de la Constitución Política de Colombia. Su finalidad exclusiva consiste en permitir que la
ciudadanía pueda adoptar una decisión electoral consciente e informada dentro del actual proceso
presidencial. Solicito se informe:
1. ¿Cuáles son las nacionalidades que posee actualmente?
2. ¿Ha adquirido alguna nacionalidad distinta de la colombiana? En caso afirmativo, indique fecha
aproximada y mecanismo de adquisición.
3. ¿Prestó juramento de fidelidad, obediencia, lealtad o compromiso equivalente frente a algún Estado
extranjero para adquirir dicha nacionalidad? En caso afirmativo, indique la autoridad ante la cual
fue realizado dicho acto y la naturaleza del compromiso asumido.
4. ¿Prestó juramento de hacer cumplir las leyes de los Estados Unidos de América? En caso
afirmativo, sírvase informar fecha y autoridad ante la cual lo realizó.
5. ¿Posee actualmente pasaporte o documentos de ciudadanía expedidos por otros Estados?
6. ¿Considera que la adquisición de otra nacionalidad genera algún efecto jurídico o constitucional
respecto del ejercicio de la Presidencia de la República? Explique.
7. ¿Ha recibido apoyo político, estratégico, comunicacional o logístico de organizaciones, personas o
movimientos extranjeros?
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 15001-23-33-000-2026-00202-01
Demandante: Gustavo Alonso Quintero Morales
8. ¿El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, o su equipo de campaña lo están apoyando?
En caso afirmativo, sírvase informar de qué manera concreta se materializa dicho apoyo. 9. ¿Ha sostenido reuniones, acuerdos, acercamientos o comunicaciones con dirigentes políticos
extranjeros relacionadas con su aspiración presidencial?
10. ¿Cuáles son las principales fuentes de financiación de su campaña?
11. ¿Ha recibido aportes, donaciones, asesorías, servicios o apoyos provenientes del exterior?
12. ¿Existen convenios, alianzas o compromisos de cooperación política internacional relacionados
con su campaña?
13. ¿Cuál es el significado exacto de la expresión “primer presidente republicano de Colombia” utilizada
en intervenciones públicas y actividades de campaña, considerando que los partidos Republicano
y Demócrata solo existen en el sistema político de Estados Unidos y no en Colombia?
14. ¿Qué reformas institucionales, constitucionales o administrativas propone cuando utiliza dicha
expresión?
15. ¿Cuántas firmas fueron presentadas para respaldar su candidatura presidencial?
16. ¿Cuántas firmas fueron validadas y cuántas rechazadas por la autoridad electoral competente?
17. ¿Conoce o ha sido informado sobre investigaciones, actuaciones administrativas o procesos
relacionados con la financiación de su campaña? En caso afirmativo, sírvase indicar su estado. 18. ¿Autoriza expresamente la divulgación pública de las respuestas suministradas para fines de
control ciudadano, transparencia y garantía del derecho al voto informado?
19. ¿Desea adicionar cualquier información que considere relevante para que los ciudadanos puedan
ejercer un sufragio libre, consciente e informado?
La finalidad de estas preguntas no es formular acusaciones ni juicios de valor, sino obtener información
oficial, verificable y de interés público relacionada con una candidatura presidencial y con el ejercicio
efectivo del derecho fundamental al voto informado. ANEXO No. 2
SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO Dirigida al CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL – CNE
La presente solicitud se formula en ejercicio de los derechos fundamentales de acceso a la información
pública, participación democrática, control ciudadano y voto informado consagrados en los artículos 20,
23, 40, 74, 103, 209 y 258 de la Constitución Política. Solicito informar:
1. ¿Cuál es el régimen constitucional y legal aplicable a candidatos presidenciales que posean doble
o múltiple nacionalidad?
2. ¿La adquisición de una nacionalidad extranjera mediante juramento de fidelidad o lealtad a otro
Estado tiene alguna consecuencia jurídica respecto del ejercicio de la Presidencia de la República?
3. ¿Qué mecanismos de verificación utiliza el Consejo Nacional Electoral respecto del cumplimiento
de los requisitos constitucionales exigidos a los candidatos presidenciales?
4. ¿Dentro de esos mecanismos se verifica la existencia de compromisos de fidelidad asumidos frente
a Estados extranjeros?
5. ¿Cuáles son los controles implementados por el CNE para prevenir o detectar financiación
extranjera prohibida en campañas presidenciales?
6. ¿Qué mecanismos existen para verificar apoyos económicos, logísticos o políticos provenientes
del exterior?
7. ¿Cuáles son los límites legales aplicables a la participación de actores extranjeros dentro de
campañas presidenciales colombianas?
8. ¿Cuántas firmas fueron presentadas para respaldar la candidatura presidencial de Abelardo de la
Espriella?
9. ¿Cuántas de dichas firmas fueron declaradas válidas?
10. ¿Cuántas fueron rechazadas, anuladas o invalidadas?
11. ¿El Consejo Nacional Electoral verificó el cumplimiento integral de los requisitos constitucionales y
legales exigidos para la inscripción de dicha candidatura?
12. ¿Existe actualmente alguna actuación administrativa, investigación o revisión relacionada con la
candidatura mencionada?
13. ¿Qué controles realiza el CNE para garantizar la transparencia y publicidad de la información
relevante para los electores?
14. ¿El software utilizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil para el escrutinio de las
elecciones presidenciales es de carácter privado?
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Demandante: Gustavo Alonso Quintero Morales
15. ¿Se puede realizar auditoría pública, técnica e independiente al código fuente de dicho software
electoral? En caso negativo, ¿cómo se garantiza que su carácter privado sea compatible con los
principios democráticos de transparencia y publicidad?
16. ¿Considera el CNE que la utilización de software electoral privado sin auditoría pública es legal y
garantiza el derecho al voto informado y la transparencia del proceso?
17. ¿Qué medidas adopta el Consejo Nacional Electoral para proteger el derecho fundamental al voto
informado de los ciudadanos colombianos?
18. ¿Considera el CNE que la ciudadanía debe tener acceso oportuno a información relevante sobre
quienes aspiran a ejercer la Presidencia de la República antes de la realización de la jornada
electoral?
19. ¿Qué mecanismos institucionales existen para que los ciudadanos puedan acceder oportunamente
a información de interés público relacionada con los candidatos presidenciales?
20. ¿Qué información pública considera el Consejo Nacional Electoral relevante para garantizar el
ejercicio libre, consciente e informado del sufragio en la actual contienda presidencial?
Sírvase remitir cualquier documento, informe, certificación o información pública que contribuya a la
protección del derecho ciudadano al voto informado respecto de las candidaturas presidenciales
inscritas.
La finalidad exclusiva de esta solicitud consiste en garantizar el acceso oportuno a información pública
relevante para el ejercicio efectivo del derecho fundamental al voto informado y la participación
democrática»
En cambio, la petición de 4 preguntas a la que el actor se refirió en la
impugnación y de la que trata el oficio CNE-AGD-LCL/036206/CNE-E-DG-
2026-021484 de traslado por competencia desde el Consejo Nacional
Electoral a la Registraduría Nacional del Estado Civil, contenía las siguientes
solicitudes:
«1. Certificar si Abelardo de la Espriella cumple requisitos Art. 191 C.P. para ser Presidente.
2. Certificar cuántas de las 4,8 millones de firmas que entregó fueron falsas, según
investigación Rad. CNE-E-DG-2026-005385.
3. Certificar si recibió plata del extranjero, prohibido por Art. 109 C.P.
4. Si hay fraude, ANULAR su inscripción YA o si gana el 21 junio, NO DARLE
CREDENCIAL» (transcripción literal).
Esto demuestra que el accionante busca modificar el debate inicialmente
planteado en la tutela, al pretender que en segunda instancia el juez se
pronuncie respecto de una petición distinta a las solicitudes a las que
originalmente hizo referencia en el escrito de tutela.
Así las cosas, es necesario circunscribir el estudio de esta providencia
únicamente al argumento inicialmente planteado en el escrito de tutela, que
no fue otro que las solicitudes dirigidas al señor Abelardo de la Espriella y al
Consejo Nacional Electoral formuladas directamente a través de la acción de
tutela. Tal delimitación se fundamenta en el respeto al debido proceso de las
partes intervinientes en esta tutela que solo se pronunciaron en el trámite de
primera instancia frente a ese cargo.
4.3. Tampoco se advierte que se haya vulnerado el derecho al voto y a la
participación política del accionante, pues no se comprobó que la petición
efectivamente fue radicada ante el Consejo Nacional Electoral o ante el señor
Abelardo de la Espriella. Por lo que no se acreditó que con alguna acción u
omisión de los accionados se haya obstaculizado el acceso a la información
pública relacionada con los candidatos a la Presidencia de la República, ni se
acreditó algún obstáculo para que el accionante ejerciera su voluntad libre,
autónoma, secreta y ajena a presiones indebidas atribuible a los accionados.
5. Conclusión
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Radicado: 15001-23-33-000-2026-00202-01
Demandante: Gustavo Alonso Quintero Morales
Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia impugnada que
negó el amparo al derecho de petición.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia del 19 de junio de 2026, dictada por la Sala Quinta
de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones
formuladas por el señor Gustavo Alonso Quintero Morales, dadas las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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