Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2026-00296-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2026-00296-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 15001-23-33-000-2026-00296-01
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
1 de octubre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Primero (1º) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 15001-23-33-000-2026-00296-01
Demandante: DYLAN ALFREDY REYES MUÑOZ
Demandados: JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE TUNJA Y OTRO
Temas: Mora judicial. Carencia actual de objeto por hecho superado.
Subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide la impugnación instaurada por la parte actora contra la sentencia del
31 de agosto de 2026, por la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Cuarta
de Decisión declaró improcedente la acción de tutela respecto a las garantías
constitucionales de acceso a la información y al debido proceso administrativo, y
negó el amparo frente al derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
El señor Dylan Alfredy Reyes Muñoz, interpuso acción de tutela contra el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja. Lo anterior, con el propósito
de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia y al debido proceso administrativo, los cuales consideró conculcados por
el despacho accionado ante la omisión de dar trámite a la medida cautelar solicitada
dentro del expediente el cual se identifica con el radicado 15001-33-33-003-2026-
00115-00.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora pretende:
TUTELAR mis derechos fundamentales al Debido Proceso, Acceso a la
Administración de Justicia y Derecho de Defensa.
1
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Demandante: Dylan Alfredy Reyes Muñoz
Demandados: Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de Tunja y otro
Radicado: 15001-23-33-000-2026-00296-01
ORDENAR al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE TUNJA que, en un término perentorio no mayor a cuarenta
y ocho (48) horas, tramite, ordene y resuelva de fondo la medida cautelar
interpuesta dentro del proceso radicado 15001-33-33-003-2026-00115-00.
ORDENAR LA VINCULACIÓN OFICIOSA de la DEFENSORÍA DEL
PUEBLO - REGIONAL BOYACÁ al presente trámite tutelar.
ORDENAR a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO - REGIONAL BOYACÁ que,
en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, expida y remita
copia simple de la totalidad del expediente, incluyendo documentos, actos
administrativos, antecedentes, informes y actas que motivaron la decisión de
retirar la prestación del servicio respecto del suscrito accionante 1.
1.3. Hechos
Revisado el expediente se hallaron los siguientes supuestos fácticos que, a juicio
de la sala, resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente
asunto.
El señor Reyes Muñoz se encontraba protegido por una condición especial, debido
a la suma de factores de vulnerabilidad e interseccionalidad que la afectaban:
discapacidad psicosocial, vivencias como víctima del conflicto armado interno y una
identidad de género diversa, no binaria.
Estas circunstancias obligaban a las autoridades a aplicar un enfoque reforzado
para garantizar sus derechos fundamentales. Por ello, había recibido apoyo en
representación judicial, asistencia técnica y orientación jurídica de la Defensoría del
Pueblo – Regional Boyacá, dentro del programa de atención a víctimas.
Informó que, el 25 de octubre de 2021, la Dirección Nacional de la defensoría expidió
un memorando en el que dispuso retirar dichos servicios sin garantizar el debido
proceso administrativo ni suministrar la motivación documental que sustentara dicha
decisión.
En consecuencia, el accionante acudió a la jurisdicción contenciosa administrativa
para solicitar el amparo de pobreza, conforme a lo previsto en los artículos 151 y
siguientes del Código General del Proceso. La solicitud fue conocida por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja en relación con las actuaciones
adelantadas contra la Defensoría del Pueblo – Regional Boyacá.
Indicó que el 28 de mayo de 2026 radicó una solicitud de amparo de pobreza y que,
dentro del mismo escrito, presentó petición de medida cautelar de urgencia en los
siguientes términos:
«REQUERIR a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO - REGIONAL BOYACÁ para que,
en un término perentorio e improrrogable no mayor a cuarenta y ocho (48) horas,
expida y remita al expediente copia simple de la totalidad de los documentos, actos
1
Transcripción literal del escrito de tutela presentado, con posibles errores.
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Demandante: Dylan Alfredy Reyes Muñoz
Demandados: Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de Tunja y otro
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administrativos, antecedentes, informes y actas que llevaron a tomar la decisión de
retirar la prestación del servicio respecto del suscrito accionante».
El amparo de pobreza solicitado fue decidido mediante auto del 11 de junio de 2026
por el juzgado accionado, en el cual negó lo pedido y dispuso poner en conocimiento
de la entidad demandada la decisión, con el fin de que prestara asesoría al actor
atendiendo su condición de vulnerabilidad.
Posteriormente, el señor Reyes Muñoz interpuso acción constitucional con el
propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y a la defensa técnica. En
consecuencia, solicitó la nulidad del auto del 11 de junio de 2026, proferido por el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Tunja dentro del radicado 15001-33-
33-003-2026-00115-00, y pidió que se accediera a la solicitud de amparo de
pobreza, con el correspondiente nombramiento de abogado de oficio.
El proceso correspondió a la Sala de Decisión Sexta del Tribunal Administrativo de
Boyacá que por medio de providencia del 16 de julio de 2026 decidió tutelar los
derechos del actor y dejar sin efectos el auto enjuiciado.
En atención a lo dispuesto, la autoridad judicial dictó auto el 23 de julio de 2026, a
través del cual otorgó el amparo de pobreza solicitado y procedió a la designación
de un abogado de oficio.
Dentro del trámite procesal adelantado ante el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Tunja, el actor reiteró su solicitud y, el 10 de agosto de 2026 2,,
pidió la adopción de una medida cautelar de urgencia con el propósito de obtener
copia íntegra de los documentos, actos administrativos, informes y actas que
fundamentaron su presunto retiro de la prestación del servicio.
« REQUERIR a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO - REGIONAL BOYACÁ para que,
en un término perentorio e improrrogable no mayor a cuarenta y ocho (48) horas,
expida y remita al expediente copia simple de la totalidad de los documentos,
actos administrativos, antecedentes, informes y actas que llevaron a tomar la
decisión de retirar la prestación del servicio respecto del suscrito accionante»
El juzgado negó la medida cautelar solicitada mediante proveído del 20 de agosto
del mismo año, al advertir la inexistencia de una demanda formal y precisar que el
trámite correspondía a un amparo de pobreza, el cual no permite decretar medidas
cautelares. Señaló además que el actor podía obtener la documentación requerida
mediante el derecho de petición ante la Defensoría del Pueblo Regional Boyacá.
De manera paralela, el señor Dylan Alfredy Reyes Muñoz interpuso acción de
tutela contra la Defensoría del Pueblo – Regional Boyacá con la pretensión de
obtener el restablecimiento del servicio de defensoría pública. El Juzgado Octavo
2
Índice 17 de Samai del radicado 15001-33-33-003-2026-00115-00.
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Demandante: Dylan Alfredy Reyes Muñoz
Demandados: Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de Tunja y otro
Radicado: 15001-23-33-000-2026-00296-01
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, mediante providencia del 30 de
junio de 2026, declaró la improcedencia de la acción.
El accionante impugnó la decisión, la cual fue resuelta por la Sala Cuarta de
Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, que mediante
sentencia T-No. 881 del 3 de agosto de 2026 confirmó el fallo cuestionado al
constatar el incumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, ante
la existencia de medios judiciales ordinarios de defensa como el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.
1.4. Sustento de la vulneración
El actor refirió la vulneración de sus garantías fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y al derecho de defensa y contradicción, los
cuales estimó transgredidas por: (i) el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Tunja y (ii) la Defensoría del Pueblo- Regional Boyacá.
En primer lugar, por la configuración de una mora judicial injustificada, dado que
para el 13 de agosto de 2026, fecha en la cual interpuso la acción de tutela, la
autoridad judicial había omitido tramitar, impulsar y resolver con la celeridad la
medida cautelar de urgencia solicitada el 10 de agosto de 20263.
En segundo lugar y, frente al derecho de defensa y contradicción, el actor alegó el
estado de indefensión probatoria en el que quedó frente a la Defensoría del Pueblo
– Regional Boyacá, ya que la entidad retiró y canceló la prestación del servicio de
defensoría pública y orientación técnica sin garantizar el debido proceso
administrativo ni poner a su disposición la motivación documental del acto.
Por lo anterior, aseguró que la omisión en el trámite de la medida cautelar impide el
acceso a la totalidad de los antecedentes, informes y actas administrativas
requeridas para controvertir la decisión.
Finalmente expuso que solicitó la vinculación de la Defensoría del Pueblo –
Regional Boyacá al trámite constitucional, con el fin de que remitiera en 48 horas el
expediente administrativo completo, superar la indefensión probatoria generada por
la falta de acceso a documentos y garantizar la integración del contradictorio, dado
su interés jurídico directo en las decisiones constitucionales.
1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia
Mediante auto del 18 de agosto del 2026, el despacho No. 3 del Tribunal
Administrativo de Boyacá admitió la acción de tutela, ordenó notificar y requerir al
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja y a la Defensoría del
Pueblo – Regional Boyacá para que: (i) rindiera el informe del que trata el artículo
3
Presentada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-
33-003-2026-00115-00.
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Demandante: Dylan Alfredy Reyes Muñoz
Demandados: Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de Tunja y otro
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19 del Decreto Ley 2591 de 1991 y anexara las pruebas que se encontraran en su
poder, (ii) remitiera el expediente administrativo o la totalidad de los documentos
que sirvieron de soporte a la decisión de retirar al señor Dylan Alfredy Reyes Muñoz
del servicio de defensoría pública ofrecido por la entidad y, (iii) informara si se le ha
convocado en otros procesos de tutela promovidos por el actor con fundamento en
hechos similares a los que soportan la presente solicitud.
1.6. Contestaciones
Surtidas las notificaciones se presentó el siguiente pronunciamiento:
1.6.1. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja 4
La titular del despacho, con escrito allegado el 19 de agosto de 2026, realizó un
resumen de los antecedentes de las actuaciones procesales adelantadas por el
actor en el marco del trámite correspondiente al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Indicó que el 28 de mayo de 2026, el accionante radicó una petición de amparo de
pobreza, la cual ingresó al despacho el 4 de junio del mismo año. Mediante auto del
11 de junio de 2026, el juzgado negó la solicitud y puso en conocimiento de la
Defensoría del Pueblo – Regional Boyacá el escrito, con el fin de brindar la
asistencia correspondiente. La decisión se notificó el 12 de junio de 2026.
En cumplimiento de lo resuelto por la Sala de Decisión No. 6 del Tribunal
Administrativo de Boyacá, en providencia del 16 de julio de 2026, el despacho
profirió auto el 23 de julio de 2026, mediante el cual concedió el amparo de pobreza
y designó un abogado de oficio. La determinación se notificó por estado el 24 de
julio de 2026 y se comunicó al apoderado el 6 de agosto de 2026.
La autoridad judicial sostuvo la inexistencia de mora, dado que el escrito presentado
el 10 de agosto de 2026 ingresó al despacho el 13 del mismo mes y, hasta esa
fecha, solo habían transcurrido 7 días hábiles, lapso razonable que descartaba la
vulneración de derechos fundamentales.
Finalmente, indicó que el trámite procesal mantuvo un curso constante y diligente,
condicionado por la carga laboral propia del despacho, y que el auto que resolvía el
requerimiento del actor se notificaría por estado el 21 de agosto de 2026.
1.6.2. Defensoría del Pueblo – Regional Boyacá5
La defensora del pueblo regional Boyacá rindió informe el 28 de agosto del presente
año, en los siguientes términos:
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Índice 10 de Samai.
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Índice 13 y 14 de Samai.
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del Circuito Judicial de Tunja y otro
Radicado: 15001-23-33-000-2026-00296-01
Precisó que el 10 de agosto de 2026 el accionante radicó una solicitud de medida
cautelar de urgencia directamente ante el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Tunja y no ante la Defensoría Regional. Posteriormente,
mediante Oficio No. 202600600704585621 del 12 de agosto de 2026, la entidad
notificó al usuario que permanecía atenta a lo decidido por el estrado judicial,
autoridad que, mediante providencia del 20 de agosto de 2026, rehusó decretar la
medida cautelar, razón por la cual no se expidieron los documentos solicitados.
Aclaró que, en cumplimiento del mandato judicial de remitir el expediente
administrativo de retiro del servicio de defensoría pública, la entidad suministró
acceso digital exclusivo al tribunal. No obstante, fundamentó que los archivos
adjuntos contenían datos de identificación y contacto de defensores públicos que
habían reportado agresiones, insultos y amenazas por parte del ciudadano
accionante, circunstancia que justificó la protección de la privacidad de dichos
servidores públicos.
Informó sobre la existencia de múltiples procesos de tutela previos promovidos por
el mismo ciudadano, en los cuales se cuestionó la legalidad del memorando del 25
de octubre de 2021. Como sustento de dicha afirmación, la representación
defensorial aportó las decisiones de primera y segunda instancia proferidas dentro
del proceso identificado con radicado 15001-31-87-008-2026-000-636.
Sostuvo que todas sus actuaciones se ajustaron estrictamente a los preceptos
constitucionales y legales vigentes, demostrando que no incurrió en acción u
omisión alguna que lesionara o amenazara las garantías fundamentales del actor.
Finalmente, solicitó la desvinculación formal de la Defensoría del Pueblo – Regional
Boyacá del trámite de la acción de tutela, en razón de la inexistencia de conducta
vulneradora de derechos fundamentales.
En cuanto a la reserva documental, pidió de manera expresa mantener la
confidencialidad legal sobre la documentación y la información de contacto del
personal de defensoría pública aportada al expediente.
1.7. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 31 de agosto de 2026, la Sala de Decisión Cuarta del
Tribunal Administrativo de Boyacá declaró improcedente la acción de tutela respecto
de los derechos fundamentales de acceso a la información y debido proceso
administrativo atribuidos a la Defensoría del Pueblo – Regional Boyacá, por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad, y negó el amparo del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia solicitado contra el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, ante la ausencia de mora
judicial.
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Acción de tutela resuelta en primera instancia por el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Tunja.
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Demandados: Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de Tunja y otro
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Indicó que la pretensión del accionante consistía en obtener copia simple de la
totalidad del expediente, antecedentes, informes y actos administrativos que
motivaron el retiro del servicio de defensoría pública. Sin embargo, no acreditó
haber presentado previamente solicitud o derecho de petición ante la Defensoría
del Pueblo para acceder a dicha documentación.
Señaló que la entidad confirmó en su informe que nunca recibió petición formal
dirigida a sus dependencias y que únicamente tuvo conocimiento indirecto del
requerimiento por una comunicación del actor sobre la medida cautelar radicada
ante el juzgado. En consecuencia, al no existir requerimiento desatendido o negado,
no se configuró controversia directa que justificara la intervención del juez
constitucional.
Explicó que la categoría de «medios de defensa ordinarios» comprende no solo
acciones jurisdiccionales, sino también procedimientos, solicitudes y trámites
administrativos previstos en la ley. La sala precisó que el derecho fundamental de
petición (artículo 23 C.P., reglamentado por la Ley 1755 de 2015, el CPACA y la Ley
1712 de 2014) opera de manera autónoma y constituye el mecanismo ordinario
idóneo para garantizar el acceso a la información pública y el debido proceso
administrativo.
Respecto de la presunta mora judicial atribuida a la autoridad judicial, determinó que
no existió dilación irrazonable en el trámite de la solicitud cautelar y que lejos de
configurarse una conducta tardía, la autoridad actuó con diligencia, celeridad y
eficiencia, resolviendo el trámite dentro de un plazo razonable.
Señaló que el accionante pretende instrumentalizar la acción de tutela como un
mecanismo de impulso procesal en un escenario en el que no se evidenció
inactividad por parte del despacho judicial.
Concluyó que, aunque el juzgado accionado profirió el auto resolutorio durante el
trámite de la tutela, el 20 de agosto de 2026, no se configuró la carencia actual de
objeto por hecho superado. La corporación explicó que dicha figura presupone una
vulneración previa subsanada en el curso del proceso constitucional; sin embargo,
en este caso no existió transgresión inicial al derecho de acceso a la administración
de justicia.
1.8. Impugnación
Mediante escrito radicado el 1° de septiembre de 20267 la parte actora impugnó la
anterior decisión y estructuró su inconformidad frente a la decisión del a quo con
base en los siguientes cargos:
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Índice 20 de Samai.
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Sostuvo que la sala de decisión incurrió en una «incongruencia genérica por
indebida mutación del objeto de la tutela» ya que el fallador escindió la pretensión
incoada contra la Defensoría del Pueblo para tipificarla erróneamente como una
simple solicitud de documentos, omitiendo que la omisión en la entrega del
expediente sustentaba la vulneración continuada del debido proceso administrativo
provocada por la interrupción intempestiva del servicio de defensa técnica.
Alegó la existencia de un defecto fáctico por omisión probatoria y falta de valoración
integral, al haberse declarado la improcedencia por ausencia de prueba de la
solicitud previa.
Sostuvo que el tribunal ignoró el Oficio No. 202600600704585621, documento en el
cual la entidad reconoció haberse abstenido de entregar los soportes solicitados
desde el 10 de agosto de 2026, configurando una renuencia administrativa expresa.
Planteó la configuración de un exceso ritual manifiesto y la indebida aplicación del
principio de subsidiariedad. Censuró la exigencia de agotar el trámite ordinario
previsto en el artículo 13 del CPACA ante la misma autoridad que privó al ciudadano
de la asistencia legal pública, calificando dicha exigencia como una carga
irrazonable e ineficaz para un administrado desprovisto de representación judicial.
Argumentó un indebido análisis de la mora judicial y la inobservancia de la
naturaleza de las medidas cautelares de urgencia. Sostuvo que la providencia restó
eficacia al carácter impostergable de dichas medidas al justificar la inacción del
accionado durante escasos días hábiles.
Asimismo, resaltó que la tutela interpuesta el 13 de agosto de 2026 constituyó el
único remedio reactivo que motivó la decisión del despacho accionado, resultando
desproporcionado catalogarla como una mera herramienta de impulso procesal.
Igualmente solicitó declarar la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia del 31
de agosto de 2026, proferida por la Sala de Decisión Cuarta del Tribunal
Administrativo de Boyacá, y amparar el derecho al debido proceso y al principio de
congruencia en las decisiones judiciales, consagrados en el artículo 29 de la
Constitución Política.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia del 31 de agosto de 2026, en atención a lo
consagrado por el Decreto 2591 de 19918, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como por el artículo 25 del
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Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
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Acuerdo 080 de 20199, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2.2. Cuestión previa
La sala advierte que, dentro del escrito del recurso de impugnación radicado, el
señor Dylan Alfredy Reyes Muñoz solicitó declarar la nulidad de lo actuado a partir
de la sentencia del 31 de agosto de 2026, solicitud que fue rechazada por medio de
proveído del 9 de septiembre de 2026 proferido por el Despacho Tercero del
Tribunal Administrativo de Boyacá.
Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo – Regional Boyacá solicitó su
desvinculación del presente asunto, al considerar que no existía conducta alguna
que vulnerara derechos fundamentales, pero no se resolvió sobre este particular en
primera instancia.
Al respecto, se precisa que su vinculación se dio en calidad demandada debido a
que se cuestiona su omisión en la entrega de unos documentos, así que su
comparecencia resulta necesaria para garantizar su derecho de defensa y
contradicción y, de paso, determinar si de alguna forma violó el derecho
fundamental invocado.
2.3. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala establecer si hay lugar
a confirmar, revocar o modificar el fallo adoptado en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sala Cuarta de Decisión, que declaró
improcedente la acción de tutela en lo que respecta a la vulneración de las garantías
constitucionales de acceso a la información y al debido proceso atribuida a la
Defensoría del Pueblo – Regional Boyacá, y negó el amparo del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia respecto del Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Tunja.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i)
generalidades de la acción de tutela, (ii) mora judicial y (iii) el caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
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Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
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del Circuito Judicial de Tunja y otro
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derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable10.
2.5. Mora judicial
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a trasgredir el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,
en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada
no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes.11
Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»12.
En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:
[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello,
la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar
del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es
producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de
carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está
ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial
no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones.
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial13, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En
el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a
10
Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
11
Corte Constitucional, sentencia T-1019 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
12
Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
13
Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-
2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal
Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014,
Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
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Demandante: Dylan Alfredy Reyes Muñoz
Demandados: Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de Tunja y otro
Radicado: 15001-23-33-000-2026-00296-01
la administración de justicia y, de contera, al debido proceso de las partes en el
desarrollo de la causa.
Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.
2.6. Caso concreto
2.6.1. Respecto del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Tunja
Como se expuso en líneas anteriores, el señor Dylan Alfredy Reyes Muñoz pretende
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia los cuales consideró conculcados por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Tunja ante la omisión de dar trámite a la
solicitud de la medida cautelar requerida dentro del proceso bajo el radicado 15001-
33-33-003-2026-00115-00, cuyo objeto era el siguiente:
«PRETENSIÓN CAUTELAR
Solicito respetuosamente al Despacho:
• REQUERIR a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO - REGIONAL BOYACÁ para
que, en un término perentorio e improrrogable no mayor a cuarenta y ocho
(48) horas, expida y remita al expediente copia simple de la totalidad de
los documentos, actos administrativos, antecedentes, informes y actas
que llevaron a tomar la decisión de retirar la prestación del servicio
respecto del suscrito accionante».
Manifestó que la solicitud anterior se presentó con el propósito de salvaguardar sus
garantías procesales y obtener los elementos probatorios constitutivos del
expediente administrativo.
A juicio del actor, la autoridad judicial, a la fecha de interposición del amparo, no
había resuelto ni tramitado la medida con la celeridad exigida por la Ley, lo que
afecta la protección de sus garantías constitucionales y lo deja «en un estado de
indefensión probatoria».
Al revisa el proceso ordinario en el sistema de gestión judicial SAMAI, se advierte
que la solicitud de la medida cautelar fue radicada el 10 de agosto de 202614 y que
el juzgado mediante proveído del 20 de agosto del mismo año resolvió:
«PRIMERO. – _NEGAR la solicitud de medida cautelar formulada por DYLAN
ALFREDY REYES MUÑOZ, por lo expuesto en la parte motiva»15.
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Índice 17 de Samai.
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Índice 19 de Samai.
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Demandante: Dylan Alfredy Reyes Muñoz
Demandados: Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de Tunja y otro
Radicado: 15001-23-33-000-2026-00296-01
En dicho auto el juzgado explicó que conforme a lo establecido en los artículos 22916
y 23317 del CPACA, las medidas cautelares podían solicitarse en procesos
declarativos desde la presentación de la demanda o durante su desarrollo.
Manifestó que en este caso, no hubo una demanda formal, ya que el accionante
presentó antes una solicitud de amparo de pobreza para que se le asignara un
abogado de oficio encargado de estudiar la posibilidad de demandar.
Adicionalmente el juzgado aclaró que la petición de obtener copia de los
antecedentes administrativos debía resolverse directamente ante la entidad,
mediante el ejercicio del derecho de petición de documentos consagrado en el
artículo 23 de la Constitución y en la Ley 1437 de 2011.
Por tal motivo, resulta evidente que la inconformidad planteada por el tutelante,
relativa a la omisión de dar trámite a lo solicitado, se entiende satisfecha en atención
a que el accionado resolvió lo relativo a la medida cautelar y se lo notificó en debida
forma a la parte actora.
Sobre este punto, la sala ha explicado en varias ocasiones18 que la acción de tutela
ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección
16
ARTÍCULO 229. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los procesos
declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la
demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el
Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere
necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. […] La decisión sobre la medida
cautelar no implica prejuzgamiento.
PARÁGRAFO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Las medidas cautelares en los procesos que
tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos
de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo
dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.
17
ARTÍCULO 233. PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.
La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la demanda y en cualquier estado
del proceso.
El Juez o Magistrado Ponente al admitir la demanda, en auto separado, ordenará correr traslado de
la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en escrito separado
dentro del término de cinco (5) días, plazo que correrá en forma independiente al de la contestación
de la demanda.
Esta decisión, que se notificará simultáneamente con el auto admisorio de la demanda, no será
objeto de recursos. De la solicitud presentada en el curso del proceso, se dará traslado a la otra parte
al día siguiente de su recepción en la forma establecida en el artículo 108 del Código de
Procedimiento Civil.
El auto que decida las medidas cautelares deberá proferirse dentro de los diez (10) días siguientes
al vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse sobre ella. En este
mismo auto el Juez o Magistrado Ponente deberá fijar la caución. La medida cautelar solo podrá
hacerse efectiva a partir de la ejecutoria del auto que acepte la caución prestada.
Con todo, si la medida cautelar se solicita en audiencia se correrá traslado durante la misma a la otra
parte para que se pronuncie sobre ella y una vez evaluada por el Juez o Magistrado Ponente podrá
ser decretada en la misma audiencia.
Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado hechos
sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para su decreto. Contra el
auto que resuelva esta solicitud no procederá ningún recurso.
18
Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 15.11.17, Rad. 2017-00085-01, y M.P. Rocío Araújo Oñate,
Sentencia 19.10.17, Rad. 2017-2365-00.
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de derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera
actual e inminente.
No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.
En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de
tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i) por
hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación
sobreviniente.
Al respecto, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 1º de septiembre de
2016, señaló que:
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual.
Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.19
A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:
La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como
su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión
o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya
sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado
un peligro ya subsanado. (negrillas propias)
Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
19
El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual
se transcribe literalmente: «Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005».
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orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género
que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii)
de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada
como el acaecimiento de una “situación sobreviniente20”.
Con base en el referenciado marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional
ha sostenido que:
El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración
de los derechos fundamentales.21
En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta
esta Sección Quinta), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la
conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron
o no los derechos fundamentales.
De hecho, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos
en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de
revisión ante ese tribunal22.
En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados23.
En este caso la inconformidad del actor radicaba en la falta de pronunciamiento
frente a la medida cautelar solicitada; sin embargo, durante el curso del presente
trámite constitucional, la autoridad judicial demandada estudió su solicitud, emitió el
auto respectivo en el que resolvió lo pertinente y lo notificó a las partes, tal y como
20
El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, en el número 6, la cual se
transcribe literalmente: «Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013».
21
Corte Constitucional. Sentencia T-038/19, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
22
A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
23
Corte Constitucional. Sentencia T-112 /2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
16
“9. Determinar la estructura y las plantas de personal de las Corporaciones y Juzgados. Para tal
efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Rama Judicial, determinar sus
funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no hayan sido fijados por la ley.” 17Acuerdo
No. 006 del 12 de diciembre de 2002, modificado por el Acuerdo 2035 de 2023.
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Radicado: 15001-23-33-000-2026-00296-01
se expuso en líneas precedentes.
Así pues, como la pretensión de la parte actora, relativa a que se ordenara al
Juzgado Administrativo del Circuito Judicial de Tunja que diera trámite y resolviera
de fondo la medida cautelar, ya fue superada en el curso de la acción de amparo,
cualquier orden que imparta el juez de tutela sobre el particular resultaría
innecesaria, por lo que la sala revocará la decisión de primera instancia que denegó
el amparo sobre este punto y, en su lugar, declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado.
2.6.2. Respecto de la Defensoría del Pueblo- Regional Boyacá
Frente a esta entidad, se observa que el actor solicita « ORDENAR a la
DEFENSORÍA DEL PUEBLO - REGIONAL BOYACÁ que, en el término
improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, expida y remita copia simple de la
totalidad del expediente, incluyendo documentos, actos administrativos,
antecedentes, informes y actas que motivaron la decisión de retirar la prestación del
servicio respecto del suscrito accionante».
La sala advierte que, de la revisión del expediente, no se evidencia que el
accionante hubiera solicitado la documentación requerida a la entidad
correspondiente. Así pues que en virtud del carácter subsidiario de la acción de
tutela, no resulta procedente que el juez constitucional asuma el deber propio del
ciudadano, esto es acudir ante la autoridad y requerir lo que necesitaba.
En consecuencia, el accionante no puede subsanar tales omisiones mediante el
amparo constitucional, máxime cuando no acredita la vulneración alegada, pues el
juez de tutela no está facultado para estudiarlas como una petición ni como un
derecho vulnerado.
Por lo que es menester reiterar que la acción de tutela, dada su naturaleza
subsidiaria, «pretende evitar que se soslayen los cauces ordinarios para la
resolución de las controversias jurídicas, se convierta en un instrumento supletorio
cuando no se han utilizado oportunamente dichos medios, o sea una instancia
adicional para reabrir debates concluidos»24.
Por consiguiente, frente a este segundo punto, se confirmará la decisión que declaró
la improcedencia de la acción por no cumplir el requisito de subsidiariedad.
Así las cosas, la sala revocará la sentencia de primera instancia que denegó el
amparo solicitado frente al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Tunja y, en su lugar, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado,
y se confirmará en todo lo demás la providencia impugnada.
24
Sentencias SU-712 de 2013 y C-132 de 2028, Corte Constitucional.
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Radicado: 15001-23-33-000-2026-00296-01
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación presentada por la Defensoría del
Pueblo- Regional Boyacá, en atención a las consideraciones expuestas en este
proveído.
SEGUNDO: Revocar parcialmente la sentencia del 31 de agosto de 2026, mediante
la cual la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, declaró
improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Dylan Alfredy Reyes Muñoz
respecto del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja y, en su
lugar, declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
TERCERO: Confirmar en todo lo demás la sentencia del 31 de agosto de 2026,
conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.
CUARTO: Notificar a las partes y a los terceros en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y enviar
copia de esta al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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