Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-31-33-000-2012-00284-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-31-33-000-2012-00284-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-31-33-000-2012-00284-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
1 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., primero (1.°) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 15001 31 33 000 2012 00284 01 (3678-2016)
Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 10 de marzo de 2015, proferida por la Sala de Descongestión del
Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (CCA), la
señora Carmen Rosa Chaparro Barrera, por conducto de apoderado, formuló
demanda en orden a que se declare la nulidad de la Resolución UGM 011465 del
30 de septiembre de 2011, emitida por la Caja Nacional de Previsión Social, que le
negó el reconocimiento de la pensión gracia de jubilación.
1 Folios 2 al 12.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 15001 31 33 000 2012 00284 01 (3678-2016)
Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la ugpp a lo siguiente: i) reconocer y pagar a la actora
la pensión gracia de jubilación, por su labor como docente, desde cuando adquirió
el estatus jurídico; ii) pagar los valores adeudados con los ajustes de valor, en los
términos del artículo 178 del C. C. A.; iii) dar cumplimiento al fallo dentro y en los
términos establecidos en los artículos 176 y 177 del C. C.A.; y iv) pagar los intereses
por las sumas no recibidas por la actora, debidamente indexadas.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, se relataron los siguientes:
i) La accionante prestó sus servicios como docente en el departamento de Boyacá,
inicialmente, durante el lapso comprendido entre el 2 de octubre de 1977 y el 28 de
noviembre del mismo año; y, posteriormente, desde el 3 de abril de 1986 hasta la
fecha de la demanda [9 de julio de 2012].
ii) Solicitó a Cajanal en Liquidación la accionada el reconocimiento y pago de
pensión gracia de conformidad con lo establecido en las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933.
iii) Dicha entidad, a través de la Resolución UGM 011465 del 30 de septiembre de
2011, negó el reconocimiento y pago de la prestación, argumentando que no era
factible tener en cuenta el tiempo laborado entre el 2 de octubre de 1977 y el 28 de
noviembre de la misma anualidad, con fundamento en que no se allegó el acto
administrativo de nombramiento y posesión, desconociendo que dicho lapso de
servicio fue certificado por la Secretaría de Educación de Boyacá.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 2, 48 y 58 de la Constitución Política; 10 del
Código Civil; 5 de la Ley 57 de 1887; 1 al 5 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116
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Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 4 de la Ley 4 de 1966; 1 de la Ley 33 de 1985; 1
de la Ley 62 de 1985; y 5 del Decreto 1743 de 1966.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo
siguiente:
i) Es deber del Estado reconocer los derechos conforme a la ley, máxime cuando
una persona ha prestado sus servicios en la formación, razón por la cual merece el
reconocimiento de la pensión gracia.
ii) La seguridad social es un derecho de carácter público obligatorio, que no se debe
limitar, toda vez que de este depende la posibilidad de disfrutar de una vida digna
con el otorgamiento de la pensión gracia; no obstante, está siendo vulnerado por la
entidad demandada, al negarle arbitrariamente a la actora su reconocimiento.
iii) El Estado no puede desconocer los derechos adquiridos de conformidad con las
leyes; no obstante a la demandante se le está vulnerando este principio, al no
permitírsele el acceso a la pensión gracia consagrada en la normatividad vigente y
reconocida a otros docentes en igualdad de condiciones.
1.2. Contestación de la demanda
El apoderado de Cajanal se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las
siguientes razones de defensa:2
i) Los actos administrativos demandados están amparados por la presunción de
legalidad, la cual no ha sido desvirtuada procesalmente, dado que no se aporta
prueba que demuestre que la entidad demandada los hubiese expedido con
violación del régimen legal, más aún cuando las normas en que se fundamentan no
requieren una interpretación especial, para determinar la voluntad del legislador; por
2 Folios 256 al 260.
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Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
tanto, no es procedente la equivocada interpretación que hizo el apoderado de la
actora.
ii) La pensión gracia es una prestación especial, establecida por la Ley 114 de 1913,
concebida como una compensación o retribución en favor de los docentes de
primaria del sector oficial que percibían una baja remuneración. Por consiguiente,
tenían un poder adquisitivo precario frente a los educadores que se encontraban a
cargo a de la Nación, la cual es reconocida siempre y cuando se cumpla con la
totalidad de requisitos dispuestos en la norma enunciada. Sin embargo, en el
presente caso, la actora no se encontraba vinculada al 31 de diciembre de 1980.
Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido;
inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales; y genérica o
innominada.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 10 de marzo de 2015,
accedió a las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes
consideraciones:3
i) De acuerdo con las normas que regulan la pensión gracia, le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de esta prestación a los docentes que presten sus servicios
en instituciones educativas del orden territorial o nacionalizado, que hubiesen
ingresado al servicio público de la educación hasta el 31 de diciembre de 1980, sin
tener en cuenta la forma de vinculación o si las labores docentes las realizó en forma
interrumpida.
ii) En el proceso está demostrado que la vinculación laboral de la actora, como
docente del orden departamental, fue anterior al 31 de diciembre de 1980;
3 Folios 377 al 395.
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Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
inicialmente en interinidad, del 2 de octubre de 1977 al 28 de noviembre de 1977,
después en propiedad, del 20 de marzo de 1986 al 9 de febrero de 2009 (fecha de
la última certificación); cumplió 50 años de edad el 12 de julio de 2007, y para esa
data ya había laborado como educadora un lapso superior a 20 años; no obra
prueba en el proceso que evidencie que incumplió con sus deberes, pues a pesar
de que se le inició un disciplinario este fue archivado; en el ejercicio de las labores
observó buena conducta; no presenta antecedentes disciplinarios; y no recibe
ninguna pensión por parte de la Caja Nacional de Previsión Social, como lo certificó
esta entidad.
iii) En consecuencia, la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión
gracia, a partir del 12 de julio de 2007, fecha en que adquirió el estatus de
pensionada, la cual deberá liquidarse con todo lo que percibió durante el año
anterior a la fecha de consolidación del derecho, esto es, la asignación básica, la
prima de alimentación, la prima de grado, la prima de vacaciones y la prima de
navidad.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado de la accionante interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos:4
i) El tiempo de servicio alegado por la demandante, anterior al 31 de diciembre de
1980, no se ha acreditado adecuadamente; por lo tanto, no puede ser tenido en
cuenta para el reconocimiento y pago de la pensión gracia. Pero, si se aceptaran
las certificaciones de servicios aportadas, lo cierto es que se trató de un
nombramiento interino, no apto para hacer extensivo el beneficio de la prestación,
ya que se trató de una colaboración ocasional con el servicio docente, sin un decreto
de nombramiento ni acta de posesión.
4 Folios 398 al 401.
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Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
ii) No existe reconstrucción de los decretos de nombramiento de las vinculaciones
anteriores a 31 de diciembre de 1980, y aunque se allegó un certificado de tiempo
de servicios, este no cumple los requisitos legales para ser tenido en cuenta, en
tanto que no hay certeza sobre el tipo de vinculación, es decir, si es de carácter
nacional, nacionalizado, distrital, municipal o departamental; tampoco se puede
establecer la fecha de vinculación ni el origen de los recursos con los que se financió
dicha vinculación.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal.5
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.6
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la ugpp le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
5 Según constancia secretarial obrante en el folio 468.
6 Ibidem.
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Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 19287 y 37 de 19338 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 9
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».10
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».11
7 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública
tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan.
Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la
enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
8 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter
legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados
por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
9 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio
de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
10 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo
sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar
lo necesario para su sostenimiento.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997,
radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han
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Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-
2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-
000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida
por la Corte Constitucional.
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Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».13
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
12 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-
23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Radicación: 15001 31 33 000 2012 00284 01 (3678-2016)
Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:14
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».15
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-
23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-
2019-02219-01 (AC).
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Radicación: 15001 31 33 000 2012 00284 01 (3678-2016)
Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,16 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:17
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las exógenas -situado fiscal- cuando se sufragaban los
gastos a través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que
tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
17 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia
transcrita.
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Radicación: 15001 31 33 000 2012 00284 01 (3678-2016)
Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».18
2.3. Hechos probados
• Conforme al registro de nacimiento, la señora Carmen Rosa Chaparro Barrera
nació el 12 de julio de 1957.19
• Según los certificados expedidos por la Secretaría de Educación de Boyacá, el 6
de agosto de 2008 y el 9 de febrero de 2009, la demandante prestó sus servicios
como docente departamental, así:20
INSTITUCIÓN ACTO ADMINISTRATIVO PERIODO LABORADO
EDUCATIVA
Escuela Hato Viejo de Resolución 11410 Del 02 de octubre de 1977
Aquitania (Nombramiento interino) al 28 de noviembre de
1977
Colegio Sergio Camargo Decreto 204 Del 20 de marzo de 1986 al
de Iza (Posesión por nombramiento) 9 de febrero de 2000
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19 Folio 28.
20 Folios 18 y 41.
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Radicación: 15001 31 33 000 2012 00284 01 (3678-2016)
Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
Colegio Sergio Camargo Decreto 186 Del 10 de febrero de 2000
de Iza (Incorporación) al 27 de febrero de 2006
Institución Educativa Decreto 0411 Del 28 de febrero de 2006
Nueva Generación (Permuta) al 0 de febrero de 2009
Sáchica
• La Secretaria de Educación de Boyacá certificó que la demandante, durante
octubre y noviembre de 1977, ostentó un vínculo de carácter departamental, en
interinidad, en el nivel de secundaria, con dedicación de tiempo completo y devengó
asignación básica, prima de grado y prima rural.21
• En respuesta al requerimiento efectuado por esta Sala,22 la Secretaría de
Educación de Boyacá remitió los siguientes documentos:23
➢ Oficio suscrito por el subdirector Inspección y Vigilancia de la Gobernación
de Boyacá, en el que informa que la señora Carmen Rosa Chaparro Barrera
ha laborado con la Secretaria de Educación Departamental, en las
instituciones educativas Colegio Sergio Camargo del municipio de Iza y
Nueva Generación del Municipio de Sáchica, establecimientos de carácter
oficial, administrados por el Departamento.
➢ Oficio suscrito por la directora administrativa y financiera de la Secretaría de
Educación de Boyacá, en el que informó que las acreencias laborales de la
demandante hasta el año 1999 fueron pagadas por la Gobernación de
Boyacá, con recursos propios, y a partir del año 2000 hasta el 30 de
diciembre de 2002, con recursos del Situado Fiscal; posteriormente, en virtud
de la Ley 715 de 2001 los recursos tuvieron como fuente el Sistema General
de Participaciones.
21 Folio 17.
22 Auto para mejor proveer del 29 de junio de 2023 (folios 506 y 507).
23 Índice 42 del aplicativo Samai.
13
Radicación: 15001 31 33 000 2012 00284 01 (3678-2016)
Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
➢ Decreto 0204 del 20 de marzo de 1986, expedido por el gobernador de
Boyacá, por medio de cual fue nombrada en propiedad en el Colegio
Departamental del municipio de Iza.
➢ Decreto 186 del 31 de enero de 2000, expedido por el gobernador de Boyacá,
mediante el cual fue incorporada a la nómina del situado fiscal en el colegio
departamental Sergio Camargo del municipio de Iza.
➢ Decreto 037 del 16 de enero de 2003, por medio del cual el gobernador la
comisionó para ejercer funciones de directivo sindical.
➢ Oficio suscrito por el coordinador del Área de Talento Humano de la
Secretaría de Educación de Boyacá, por medio del cual se le comunica a la
demandante que, mediante Decreto 0411 del 28 de febrero de 2006, fue
trasladada por permuta libremente convenida del cargo de docente del
colegio Sergio Camargo del municipio de Iza a la Institución Educativa Nueva
Generación del municipio de Sáchica.
➢ Formato único para expedición de certificado de historia laboral expedido el
18 de octubre de 2023, que da cuenta de los servicios prestados por la
demandante a la docencia oficial, así:
14
Radicación: 15001 31 33 000 2012 00284 01 (3678-2016)
Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
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Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
• La Procuraduría General de la Nación, la Oficina de Escalafón Docente y la Oficina
Asesora de Control Interno Disciplinario del departamento de Boyacá certificaron
que la actora no registraba antecedentes disciplinarios.24
➢ Actuación administrativa
• El 14 de octubre de 2008, la demandante peticionó ante Cajanal el reconocimiento
de la pensión gracia.25
24 Folios 34, 35 y 36.
25 Según se extracta de la Resolución UGM 011465 del 30 de septiembre de 2011, mediante la cual se negó el
reconocimiento de la prestación a la demandante (folios 25 y 26).
16
Radicación: 15001 31 33 000 2012 00284 01 (3678-2016)
Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
• El 30 de septiembre de 2011, la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. En
Liquidación profirió la Resolución UGM 011465, por medio de la cual negó la
solicitud, al desestimar «los tiempos comprendidos y certificados como
nombramiento interino entre el 02 de octubre de 1977 y el 28 de noviembre de 1977,
toda vez que respecto de estos no fueron allegados los actos administrativos de
nombramiento y posesión». Informó, además, que contra esta decisión se podía
interponer el recurso de reposición. 26
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Teniendo en cuenta el recuento fáctico que antecede, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en precedencia, la Sala confirmará la decisión
del a quo que accedió al reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
demandante. Esta conclusión se funda en los siguientes razonamientos:
i) La señora Carmen Rosa Chaparro Barrera acreditó como tiempo de servicio
computable para obtener la pensión gracia el período comprendido entre el 30 de
abril de 1979 y el 14 de octubre de 2008,27 a través de vinculaciones clasificadas
como territoriales; igualmente, tuvo una experiencia como educadora anterior al 31
de diciembre de 1980; por ende, en lo que respecta al tiempo de servicio, cumple
con los presupuestos previstos por las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989 para ser
acreedora del beneficio pensional pretendido.
En efecto, está acreditado que la docente laboró como docente interina en el
departamento de Boyacá, nombrada por medio de la Resolución 11410 del 18 de
noviembre de 1977, entre el 2 de octubre y el 28 de noviembre de 1977, periodo
durante el cual percibió salario y prestaciones y se le hicieron los descuentos de ley,
con destino a la Caja de Previsión Social.28
26 Folios 13 al 15.
27 En esta fecha radicó la petición de reconocimiento pensional. Sin embargo, en el momento de presentar la
demanda (9 de julio de 2012) continuaba activa en el servicio.
28 Folio 17
17
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Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
Ahora bien, aunque no existe en el proceso el acto administrativo que designó en
interinidad a la docente, lo cierto es que la Secretaría de Educación de Boyacá
certificó, el 6 de agosto del 2008 y el 9 de febrero del 2009,29 la prestación de
servicios en tal condición, durante el lapso mencionado, y los factores de salario
que devengó, tal como se aprecia en las siguiente imágenes:
29 Folios 18 y 41
18
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Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
19
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Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
Dicho periodo, sin duda, resulta computable para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia, en tanto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 exige haber tenido
una relación docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, indistintamente
de la naturaleza del vínculo con el establecimiento educativo, siempre que sea del
orden municipal o departamental.
En relación con otros tipos de vinculación al servicio estatal, como la interinidad,
esta Subsección30 advirtió que si bien dentro del ordenamiento interno no existe una
30 Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 17 de agosto de 2011. Radicado: 25000-23-25-000-2004-
00269-01 (1446-2006). Actor: Nero Cárdenas García.
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Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
definición expresa sobre dicha figura, lo cierto es que debe ser entendida como el
mecanismo a través del cual la administración, ante la imposibilidad de contar con
docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas instruidas en el
ejercicio de dicha actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la
efectiva prestación de los servicios educativos. De ahí que el servicio prestado bajo
esa modalidad constituye una forma de ingresar a la administración.
En ese orden, es viable colegir que, ante la ausencia temporal del titular de un
empleo docente por cualquiera de las situaciones administrativas previstas en la ley,
la administración está facultada para proveer dicho empleo en forma transitoria por
medio de un nombramiento interino con el fin de prestar el servicio educativo oficial
de forma habitual.
Sobre el punto, la Corte Constitucional31 se pronunció en los siguientes términos:
[…] en ningún caso, esos parámetros de contratación son imputables al docente
quien, sin importar la forma como ha de ser vinculado, cumple funciones similares
en el campo educativo y, en consecuencia, está obligado a acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las
propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus propios
estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de
los docentes ocasionales y hora cátedra, a percibir las prestaciones sociales
reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores públicos o privados,
las cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado.
En el mismo sentido, la Subsección A del Consejo de Estado, en sentencia del 13
de febrero de 2014,32 concluyó:
[…] En este punto, vale la pena aclarar que no le asiste razón a la entidad
demandada al señalar que los tiempos que la demandante pretende hacer valer, en
los que laboró por los periodos arriba mencionados como docente interina para
cubrir licencias de otros docentes, no pueden ser tenidos en cuenta como quiera
que no se generó relación laboral alguna y ningún tipo de vinculación, [lo anterior
toda vez que] como lo ha señalado la jurisprudencia33 en ningún caso, los
parámetros de [nombramiento] son imputables al docente quien, sin importar la
forma como ha de ser vinculado, cumple funciones similares en el campo educativo
31 Sentencia C-517 de 1999.
32 Sección Segunda, Subsección A. Radicado: 170012331000201200008-01 (2022-2013). Actor: Gloria Cristina
Pineda Barbosa.
33 Sentencia C-517 de 22 de julio de 1999.
21
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Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
y, en consecuencia, está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y
experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro
de la autonomía de que gozan para darse sus propios estatutos, puedan establecer
regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de los docentes ocasionales y
hora cátedra, a percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico
para todos los trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en
proporción al tiempo laborado. […]
A su turno, la Subsección B, en sentencia del 10 de octubre de 2018, consideró:34
[…] el hecho de que la actora haya sido vinculada en interinidad para que se
desempeñara como docente del 12 de noviembre al 5 de diciembre de 1980 resulta
irrelevante, ya que el ordenamiento que regula la prestación reclamada no establece
que dicho ingreso deba hacerse bajo un nombramiento en propiedad.
Esa modalidad de vinculación no es ajena a quienes se incorporen a la planta
docente en propiedad, toda vez que las funciones que cumplen unos y otros son
«[…] similares en el campo educativo y, en consecuencia, [el vinculado por
interinidad también] está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y
experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro
de la autonomía de que gozan para darse sus propios estatutos, puedan establecer
regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de los docentes ocasionales
[…], a percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico para todos
los trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en proporción al
tiempo laborado»35.
Así las cosas, esta Sala concluye que la accionante satisfizo la condición de haberse
vinculado a la docencia oficial antes del 31 de diciembre de 1980, dado que prestó
sus servicios al departamento del Cauca como docente interina del 12 de noviembre
al 5 de diciembre de 1980.
Así mismo, esta Sala ha discurrido:36
En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, habida cuenta de
que la labor desempeñada a través de contratos u órdenes de prestación de
servicios desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya
querido ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de
contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están
sujetos a un específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar
iguales condiciones de formación y experiencia.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de octubre de 2018, radicación: 19001-
23-33-000-2013-00102-01 (1665-14), actor: Lidia Amaye Orozco Erazo, demandado: Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
35 Sentencia C-517 de 1999.
36 Ver entre otras sentencias del: 11 de marzo de 2001, radicado 52001-23-33-000-2016-00499-01(2298-19);
15 de julio de 2010, rad. 25000 23 25 000 2007 91356 01 (1465-09); 17 de agosto de 2011, rad. 25000-23-25-
000-2004-00269-01 (1446-2006); 10 de marzo de 2016, radicado 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-14);
19 de febrero de 2018, rad. 25000234200020150003201 (2300–2017); 19 de julio de 2018, radicado 17001-23-
33-000-2013-00457-01 (3598-14); 10 de noviembre de 2022, rad. 05001-23-33-000-2014-1000-01 (0823-2017).
22
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Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
De igual forma, en lo que respecta a este tipo de vinculación, en particular cuando
se trata de maestros, la Corte Constitucional es del criterio que la «[...] primacía de
la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales, es un principio constitucional [...]», y si el intérprete judicial, «[...] en un
caso concreto, decide, porque lo encuentra probado, otorgarle a un docente-
contratista el carácter de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base
en el artículo 53 de la CP [...].
Por tanto, la Sala valida el tiempo laborado por el accionante como docente
mediante contratos de prestación de servicios, para que sea contabilizado con el
ejercido en propiedad, circunstancia que le permite, previo estudio de su caso
particular, acceder al reconocimiento de la pensión gracia.
En concordancia con los anteriores pronunciamientos, el lapso servido por la actora
en condición de interina, debidamente certificado, resulta válido para acreditar su
nombramiento con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y, por lo tanto, para
acceder a la pensión gracia, pues «el tiempo requerido para el reconocimiento de la
pensión gracia no solo es aquel que se deriva de las relaciones regulares y en
titularidad, debido a que se trata de una prestación cimentada en la prestación
efectiva de labores de educador»,37 siempre y cuando, la vinculación sea territorial
o nacionalizada, circunstancia que fue válidamente demostrada por la actora, pues,
se insiste, se desempeñó como profesora al servicio de la Secretaria de Educación
de Boyacá, con tipo de vinculación departamental, como lo certificó la entidad.
ii) La demandante fue nombrada profesora, en propiedad, en la planta de personal
docente del colegio departamental del municipio de Iza (Boyacá), por medio del
Decreto 0204 del 20 de marzo de 1986, expedido por el gobernador, en uso de sus
atribuciones legales, como se aprecia en la siguiente imagen:
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2022, rad. 05001-23-33-000-2014-
1000-01 (0823-2017).
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[…]
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En este cargo se posesionó el 3 de abril de 1986, 26 de noviembre de 1981, ante el
secretario de educación y el jefe de personal, como da cuenta el acta
correspondiente:
26
Radicación: 15001 31 33 000 2012 00284 01 (3678-2016)
Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
El nombramiento en propiedad efectuado por medio del Decreto 0204 del 20 de
marzo de 1986 es de carácter territorial, pues fue suscrito por una autoridad del
mismo orden (el gobernador de Boyacá), quien señaló que actuaba en uso de sus
facultades legales, es decir, en calidad de representante del ente territorial, sin
intervención de ningún otro funcionario o en atención a un acto de delegación.
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Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
Dicha designación fue para ocupar una plaza creada en la planta de personal
docente del municipio de Iza, con ocasión de la departamentalización del colegio
Sergio Camargo, con cargo al presupuesto del ente territorial, conforme a lo
establecido en el Decreto Departamental 041 del 17 de enero de 1986, mencionado
en los considerandos del acto de nombramiento.
iii) El 31 de enero de 2000, por medio del Decreto 0186, la demandante fue
incorporada a la nómina del situado fiscal, sin solución de continuidad, con ocasión
de la reubicación de una plaza que se encontraba vacante en la Concentración
Urbana Sergio Camargo del municipio de Iza, por la renuncia de su titular. Es decir,
no se trató de una nueva designación, sino que el vínculo inicial conservó su
naturaleza, en tanto permaneció inmodificable y conservó su régimen prestacional.
De ello da cuenta la siguiente imagen:
28
Radicación: 15001 31 33 000 2012 00284 01 (3678-2016)
Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
iv) El traslado por permuta libremente convenida entre la demandante y otra
docente, efectuado a través del Decreto 0411 del 28 de febrero de 2006, también
es de carácter territorial, pues fue dispuesto por el gobernador de Boyacá, en uso
29
Radicación: 15001 31 33 000 2012 00284 01 (3678-2016)
Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
de sus atribuciones legales, sin intervención de ningún otro funcionario, ni por
delegación del Ministerio de Educación, como se observa:
30
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Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
31
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Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
En este orden, no queda duda de que el vínculo de la educadora a partir del 3 de
abril de 1986 es de carácter departamental, lo cual, por demás no ha sido objeto de
controversia en el proceso y, por el contrario, es un hecho aceptado por la entidad,
que así lo reconoció en la Resolución UGM 011465 del 30 de septiembre de 2011,
como se aprecia a continuación:
32
Radicación: 15001 31 33 000 2012 00284 01 (3678-2016)
Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
En esta línea argumentativa, de un análisis en conjunto del acto de nombramiento
y del material probatorio aportado al proceso, así como de los argumentos objeto
de discusión tanto en sede administrativa como judicial, se concluye que la
designación de la actora fue procedente del gobernador, quien actuó en
representación de la entidad territorial; además, la entidad accionada centró su
argumento para negar la prestación en que no se demostró la vinculación anterior
a 1981.
No se puede perder de vista que en la sentencia del 21 de junio de 2018, se
estableció la regla de que «para acreditar la calidad de docente territorial, se
requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que
además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de
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Radicación: 15001 31 33 000 2012 00284 01 (3678-2016)
Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se
puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial», sin que pueda hacerse
exigencias adicionales respecto de los referidos medios de prueba, que incluso
desconocerían los preceptos legales mencionados.
Adicionalmente, vale la pena precisar que en la citada providencia de unificación se
concluyó que lo esencialmente relevante frente al reconocimiento de la pensión
gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, máxime si se tiene en cuenta que, en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal—
cuando se sufragaban los gastos a través de los Fondos Educativos Regionales; y
en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que
estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy Sistema
General de Participaciones.38
Sobre el particular, esta Sala señaló lo siguiente:39
Es oportuno resaltar que el a quo desestimó el referido tiempo en consideración a
que los salarios fueron financiados por la Nación; sin embargo, conforme se expuso
en acápites anteriores, esta corporación unificó su criterio en el sentido de indicar
que tal argumento no podía oponerse para reconocer la prestación en comento, toda
vez que los dineros provenientes del entonces situado fiscal -ahora sistema general
de participaciones- «le pertenecía[n] de forma exclusiva a los entes locales dado
que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas endógenas y exógenas».40
De esta manera, los docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten en
nacionales «por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento
tienen su origen o fuente en la Nación».
38 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de octubre de 2022, radicado: 52001-23-33-000-2014-
00540-01 (2892-2016).
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
v) En este orden, la Sala concluye que la demandante acreditó con suficiencia el
ejercicio de la profesión docente en plazas del orden territorial por más de 20 años
y cumplió con la exigencia de haberse vinculado antes del 31 de diciembre de 1980,
tal como se explicó al inicio de este análisis; por lo tanto, cumplió el requisito del
tiempo de servicio previsto por el legislador para acceder a la prestación pretendida.
De igual modo, la señora Chaparro Barrera cuenta con más de 50 años de edad y
durante su ejercicio como docente no se registraron sanciones disciplinarias, es
decir, que cumple con los requisitos de edad, buena conducta y desempeño laboral
con honradez y consagración previstos por la Ley 114 de 1913 para el
reconocimiento del beneficio pensional reclamado.
Finalmente, es preciso anotar que la UGPP no manifestó un reparo en particular
frente a la fecha de efectividad del reconocimiento pensional; sin embargo, esta Sala
se encuentra facultada para estudiar este aspecto al tenor del artículo 187 del
CPACA, en tanto prevé que «[e]l silencio del inferior no impedirá que el superior
estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de
la non reformatio in pejus».
Al respecto, se observa que el a quo omitió estudiar la configuración de la
prescripción y ordenó el pago a partir de la fecha de consolidación del derecho. En
ese orden, al revisar el material probatorio del proceso, la Sala advierte que, en
efecto el cumplimiento del estatus pensional de la señora Chaparro Barrera ocurrió
el 12 de julio de 2007, cuando cumplió 50 años de edad, y la reclamación en sede
administrativa se presentó el 14 de octubre de 2008, es decir, dentro del término
previsto en la norma, lo cual la habilitaba para acudir ante la jurisdicción hasta el 14
de octubre de 2011; sin embargo, comoquiera que la demanda fue presentada el 9
de julio de 2012, queda claro que se configuró el fenómeno de prescripción trienal
de las mesadas causadas tres años atrás,41 es decir, antes del 9 de julio de 2009.
41 Decreto 3135 de 1968: «Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto
prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
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Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
En ese sentido, se modificará la sentencia apelada, en el sentido de precisar que el
reconocimiento pensional tendrá efectividad a partir de esta última fecha.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,42 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual».
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
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Radicación: 15001 31 33 000 2012 00284 01 (3678-2016)
Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices
interpretativas que regían la situación particular de la demandante. Sin embargo, se
adicionará la sentencia en relación con la efectividad del pago de la prestación, por
la ocurrencia de la prescripción de mesadas pensionales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar la prescripción de las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 9 de julio de 2009.
Segundo. Modificar el numeral tercero del fallo apelado, en el sentido de precisar
que el reconocimiento pensional tendrá efectividad a partir del 9 de julio de 2009.
Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia del 10 de marzo de 2015, proferida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá —Sala de Descongestión—, que accedió
a las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por la señora Carmen
Rosa Chaparro Barrera contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
Cuarto. Sin condena en costas en segunda instancia.
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Radicación: 15001 31 33 000 2012 00284 01 (3678-2016)
Demandante: Carmen Rosa Chaparro Barrera
Quinto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
mygr
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