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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-33-33-005-2013-00005-01

En el servicio: indebida administración del distrito de adecuación de tierras – no se

Fecha
20 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-33-33-005-2013-00005-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA EN EL SERVICIO – omisión en la adopción de medidas para impedir la ocupación del cauce del río Chicamocha – no se configuró / INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL – no se probó el vínculo entre las obras de captación de agua y las inundaciones que produjeron daños en los predios del actor. La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 22 de junio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda. I. SÍNTESIS DEL CASO El señor Héctor Julio Rincón Verdugo estima que la pasiva es responsable de las inundaciones ocurridas en el departamento de Tibasosa (Boyacá) durante el 2010 y 2012, que anegaron su finca, afectando sus cultivos de cebolla y árboles de diferentes especies, por cuanto permitieron la invasión del cauce, las zonas de ronda hídrica y el vertedero del río Chicamocha, a la vez que manejaron negligentemente la infraestructura del distrito de riego y drenaje del Alto Chicamocha y Firavitoba. Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979) Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros Referencia: Medio de Control de Reparación Directa II. ANTECEDENTES 1. Demanda El 18 de diciembre de 2012 (fls. 1 – 19, c. 1), el señor Héctor Julio Rincón Verdugo presentó demanda de reparación directa, subsanada el 1º de marzo de 2013 (fls. 126 – 136, c. 1)1, contra el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder-, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, el municipio de Tibasosa y Bavaria S.A., con el fin de que se les declare patrimonialmente responsables de los perjuicios causados “por acción u omisión de las entidades estatales y de la sociedad particular demandada que materializan fallas y errores con ocasión de las inundaciones que se presentaron durante el mes de septiembre de 2010 y durante abril, mayo y junio de 2012, en jurisdicción de la vereda Suescún del municipio de Tibasosa en los predios de propiedad del demandante denominados La Boyera, El Salitre, El Juncal, El Juncalito y San Antonio que en su conjunto conforman la finca llamada Las Neiras”. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 15001-33-33-005-2013-00005-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

20 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)

Actor: HÉCTOR JULIO RINCÓN VERDUGO

Demandado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ Y OTROS

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – Afectación patrimonial a cultivos / FALLA
EN EL SERVICIO – indebida administración del distrito de adecuación de tierras – no se
configuró / FALLA EN EL SERVICIO – omisión en la adopción de medidas para impedir la
ocupación del cauce del río Chicamocha – no se configuró / INEXISTENCIA DE NEXO
CAUSAL – no se probó el vínculo entre las obras de captación de agua y las inundaciones
que produjeron daños en los predios del actor.

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 22 de junio de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Héctor Julio Rincón Verdugo estima que la pasiva es responsable de las
inundaciones ocurridas en el departamento de Tibasosa (Boyacá) durante el 2010
y 2012, que anegaron su finca, afectando sus cultivos de cebolla y árboles de
diferentes especies, por cuanto permitieron la invasión del cauce, las zonas de
ronda hídrica y el vertedero del río Chicamocha, a la vez que manejaron
negligentemente la infraestructura del distrito de riego y drenaje del Alto
Chicamocha y Firavitoba.

Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 18 de diciembre de 2012 (fls. 1 – 19, c. 1), el señor Héctor Julio Rincón Verdugo
presentó demanda de reparación directa, subsanada el 1º de marzo de 2013 (fls.
126 – 136, c. 1)1, contra el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder-, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, el municipio de
Tibasosa y Bavaria S.A., con el fin de que se les declare patrimonialmente
responsables de los perjuicios causados “por acción u omisión de las entidades
estatales y de la sociedad particular demandada que materializan fallas y errores
con ocasión de las inundaciones que se presentaron durante el mes de septiembre
de 2010 y durante abril, mayo y junio de 2012, en jurisdicción de la vereda Suescún
del municipio de Tibasosa en los predios de propiedad del demandante
denominados La Boyera, El Salitre, El Juncal, El Juncalito y San Antonio que en su
conjunto conforman la finca llamada Las Neiras”.

En concreto, el demandante solicitó que se accediera a las siguientes condenas:

Por concepto de daño extrapatrimonial o moral (perjuicios morales) a la fecha
de la ejecutoria de la sentencia, (…) para el señor Héctor Julio Rincón Verdugo
en su condición de víctima una suma de dinero equivalente a cien (100)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por concepto de perjuicios materiales al momento de presentación de esta
demanda – daño emergente- con ocasión del valor de la pérdida sufrida:

● Para el año 2010 la suma de $186’374.400 por concepto de la pérdida
de 100 libras de cebolla bulbo sembrada en los predios de propiedad
del demandante.

● Para el año 2012 la suma de $192’090.409,73 por concepto de la
pérdida de 120 libras de cebolla bulbo en los predios de propiedad del
demandante.

● Por concepto de la pérdida de 300 árboles muertos de la variedad aliso,
sauce, acacia y tilo, la suma de $17’500.000.

● Por concepto de los gastos por enmiendas o recuperación y mejoras al
suelo la suma de $100’176.000 en los predios de propiedad del
demandante con ocasión del valor de la pérdida sufrida.

Total daño emergente: 496’140.809,73.

1 La demanda fue inadmitida, debido a que las pretensiones se acumularon indebidamente, los hechos no

estaban debidamente determinados y clasificados, y no se señaló la dirección electrónica de una de las
demandadas.

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

Por concepto de perjuicios materiales – lucro cesante- es decir la pérdida de
los ingresos económicos dejados de percibir y/o la ganancia que dejó de
obtener el actor Héctor Julio Rincón Verdugo, proveniente de la acción u
omisión generadora de la responsabilidad extracontractual, así:

● En la siembra del año 2010 se dejó de percibir unas ganancias
equivalentes a 100 libras de cebolla bulbo, cada libra sembrada
produce 80 bultos y cada bulto tiene un valor actual de $150.000 para
una suma total de $1.200’000.000.

● En la siembra del año 2012 se dejó de percibir unas ganancias
equivalentes a 120 libras de cebolla bulbo, cada libra sembrada
produce 80 bultos y cada bulto tiene un valor actual de $150.000 para
una suma total de $1.440’000.000.

Total lucro cesante: 2.640’000.000.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, el señor Héctor Julio Rincón
Verdugo señaló que, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2010 y
abril, mayo y junio de 2012, se desencadenaron unas inundaciones que anegaron
muchos predios, entre ellos, los de su propiedad, ubicados en la vereda Suescún
del municipio de Tibasosa, en los que el agua alcanzó una altura de 2 metros.

En resumen, señaló que las inundaciones obedecieron al incremento excesivo del
nivel del agua del río Chicamocha y del canal de Vargas (canal de desecación), que
se produjo por los efectos del invierno, la insuficiencia del sistema de drenaje, la
invasión del cauce, zonas de ronda hídrica y zonas de vertedero del río
Chicamocha, así como, por la invasión de la infraestructura construida por el Estado
para aliviar o desaguar el aludido río en caso de fuertes lluvias.

Respecto de la responsabilidad de cada una de las demandadas en la ocurrencia
de las inundaciones, precisó lo siguiente:

i) En el caso de Bavaria, señaló que con la construcción de la planta industrial -
Cervecería de Boyacá- en el municipio de Tibasosa, se invadieron las áreas que
servían como vertedero del río Chicamocha y se obstaculizó la infraestructura
construida por el Estado para drenar el río en temporada de fuertes lluvias, lo que
ocasionó su represamiento, desatando múltiples inundaciones.

ii) En relación con el Incoder, dijo que la entidad ha manejado de manera
irresponsable y negligente la infraestructura que hace parte del distrito de riego y
drenaje de gran escala del río Chicamocha y Firavitoba, dado que ha permitido que
al canal de Vargas se arrojen las aguas negras del municipio de Duitama (Boyacá)

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

y las aguas residuales de diferentes piscinas termales del municipio de Paipa
(Boyacá), que conducen altos contenidos de sulfatos y sales, circunstancia que
agravó los daños ocasionados con las inundaciones, ya que los suelos de la zona,
que antes eran muy fértiles, quedaron en condiciones inservibles para el uso
agrícola, exigiendo grandes inversiones para su rehabilitación.

iii) Frente al municipio de Tibasosa argumentó que este toleró la construcción de
obras que afectaban el flujo del agua y comprometían la función de desecación y
que, además, ha omitido realizar el dragado de los predios y consentido la invasión
de las zonas de ronda hídrica con viviendas y otras construcciones.

iv) Respecto de Corpoboyacá señaló que fue negligente y permisivo frente a la
invasión e indebida intervención del cauce y de las zonas de ronda hídrica de
protección del río Chicamocha, así como de las zonas que servían de vertedero del
mismo.

En conclusión, expuso:

Las entidades aquí convocadas que deben vigilar y mantener el cauce del río
por la acción u omisión no hicieron su trabajo, no realizaron las obras
necesarias para mitigar los riesgos asociados a aquellas inundaciones, por tal
razón el río Chicamocha se desbordó de las aguas con sus efectos negativos
sobre los predios de propiedad del acá demandante.

2. El trámite de primera instancia

2.1. En auto del 21 de marzo de 2013, el Tribunal Administrativo de Boyacá admitió
la demanda (fl. 138, c. 1). Notificado en debida forma el auto admisorio (fls. 144 –
149, c. 1), las demandadas presentaron los siguientes planteamientos de defensa:

2.1.1. El municipio de Tibasosa dio contestación al libelo para oponerse a las
pretensiones, por considerar que en el presente asunto se configuró la eximente de
responsabilidad de fuerza mayor, dado que los hechos que motivaron el litigio se
produjeron por la ola invernal de 2010 que tuvo promedios de precipitación muy
superiores a los normales.

Además, expresó que no había sido omisivo en el cumplimiento de sus funciones,
dado que los habitantes de la zona afectada solamente informaron del

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

taponamiento del vallado de desecación hasta cuando sucedieron las
inundaciones, pese a estar ubicados en un área de alto riesgo de inundación, fecha
desde la que se adoptaron todas las medidas necesarias para mitigar su impacto
(fls. 156 -165, c. 1).

2.1.2. El Incoder se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por estimar que no
existía nexo causal entre el daño alegado y las fallas atribuidas. Advirtió que los
hechos presentados eran situaciones que constituían fuerza mayor o caso fortuito
debido a la ola invernal acontecida en el distrito de adecuación de tierras en el 2010,
por el fenómeno natural de la niña que provocó la declaración del estado de
emergencia económica, social y ecológica.

Añadió que la zona a la que se refiere la demanda es altamente inundable por el
hecho de ubicarse a un nivel más bajo que el cauce del río Chicamocha, y que el
distrito de riego administrado por Usochicamocha, ha funcionado de manera
eficiente, sin que por ello hayan desaparecido las causas y consecuencias
naturales del sector.

Formuló las excepciones de inepta demanda, caducidad de la acción, falta de
acreditación del daño, rompimiento del nexo causal y fuerza mayor (fls. 350 -368,
c. 1).

2.1.3. Corpoboyacá se opuso igualmente a las pretensiones de la demanda, pues,
a su consideración, el incremento excesivo del nivel del agua del río Chicamocha y
del canal de Vargas durante 2010 y 2012 se debió a una fuerte e inesperada ola
invernal, lo cual corresponde a una situación de fuerza mayor en la que no tiene
injerencia.

Advirtió que dentro de sus funciones no se encontraba la del mantenimiento de los
canales y vallados de desecación, que sí le correspondía al Incoder y a
Usochicamocha.

Manifestó que ha cumplido sus funciones sancionatorias, de control y vigilancia
frente a la concesión de aguas y a los hechos que configuran la ocupación del río
Chicamocha.

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

Formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y ausencia
de los elementos que estructuran la responsabilidad (fls. 369 -381, c. 2).

2.1.4. Bavaria, a su turno, se opuso a las pretensiones de la demanda, por estimar
que no desarrolló ningún acto que hubiese causado o contribuido a la configuración
del daño alegado, puesto que aquél fue producto de la ola invernal.

Precisó que la construcción de la planta industrial de la cervecería en Boyacá se
realizó en 1988, sin que se hubiera presentado algún problema de inundación; e
indicó que dicha construcción no ocupó las áreas que sirven como vertedero del río
Chicamocha.

Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva,
inexistencia de los elementos que estructuran la responsabilidad civil
extracontractual, inexistencia de culpa en la producción del posible hecho causante
del daño, ausencia de nexo de causalidad, causa extraña y caducidad (fls. 745 -
761, c. 2); a la vez que, llamó en garantía a la aseguradora AIG Seguros Colombia
S.A., con fundamento en la póliza de seguro No. 1000221 (fls. 766 – 768, c. 2).

2.2. En proveído de 30 de enero de 2014, el Tribunal aceptó el llamamiento en
garantía y ordenó su notificación. Así mismo dispuso integrar al contradictorio a la
Asociación de Usuarios del Distrito de Riego del Alto Chicamocha –
Usochicamocha, “dada su estrecha relación con la causa que se ventila y respecto
de quien se podrían eventualmente llegar a tomar decisiones de fondo” (fls. 792 -
794, c. 3).

2.2.1. AIG Seguros Colombia S.A. contestó el llamamiento en garantía y la
demanda oportunamente. Coadyuvó la contestación de Bavaria e indicó que debían
negarse las pretensiones. Propuso las excepciones de caducidad, falta de
legitimación en la causa por pasiva de Bavaria e inexistencia de responsabilidad de
Bavaria.

Por otra parte, aseveró que no le asistía obligación de concurrir al pago de una
eventual condena ante la inexistencia del siniestro amparado, por haber ocurrido
este antes de la vigencia del seguro de responsabilidad civil. Manifestó que las
obras constitutivas de la obstrucción del cauce del río que se le atribuyen a Bavaria

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

fueron adelantadas antes del 2001, fecha en que fue suscrito el contrato de seguro.
(fls. 813 – 831, c. 3).

2.2.2. Usochicamocha fue debidamente notificada y contestó oportunamente la
demanda. Señaló que las inundaciones fueron producto de: i) el aumento
desmedido de las precipitaciones, lo cual fue un fenómeno climático imposible de
resistir, que causó la declaratoria de calamidad pública en todo el territorio nacional;
así como, ii) el exceso de riego realizado por los usuarios del distrito de adecuación
de tierras, quienes desobedecieron la orden de disminución del riego en un 30%
emitida por Corpoboyacá.

Adicionalmente, indicó que no tiene el carácter de autoridad ambiental, sino que es
una asociación, de la cual hace parte el demandante, que tiene la función de
administrar las obras de adecuación de tierras que conforman el distrito de riego y
drenaje de gran escala del Alto Chicamocha y Firavitoba, lo cual ha cumplido a
través de actividades de mantenimiento, dragado y limpieza de los canales.

Formuló las excepciones de fuerza mayor, inexistencia de nexo causal entre los
perjuicios y las obligaciones de la entidad, improcedencia de la acción de
reparación directa en contra de Usochicamocha, falta de competencia de
Usochicamocha frente al acaecimiento de desastres naturales y ocupación ilegal
de las zonas de conservación del río Chicamocha y sus canales de drenaje (fls. 869
• 883, c. 3).

2.3. En la audiencia inicial del 21 de agosto de 2014, el Tribunal, después de haber
saneado el proceso y resuelto las excepciones previas, fijó el litigio2 y la fecha para
la celebración de la audiencia de pruebas (fls. 184 - 186, c. 1).

2 En esa oportunidad se dispuso: “¿Las inundaciones ocurridas en el mes de septiembre de 2010 y los meses

de abril, mayo y junio de 2012 en predios de propiedad del demandante, son atribuibles a fuerza mayor como
consecuencia de la ola invernal o, por el contrario, el desbordamiento del cauce del Canal de Vargas se debió
al incumplimiento de las funciones que se endilga a las entidades estatales demandadas, Usochicamocha y a
la realización de obras por parte de Bavaria en el cauce del río Chicamocha?
¿Las inundaciones a las que se ha hecho referencia, afectaron predios de propiedad del demandante y causaron
daños en sus cultivos, sus árboles y le generaron costos en la recuperación de suelos?” (fl. 1057, c. 3, minuto
1:23:46, CD 2)

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En la audiencia se resolvió negar la excepción de caducidad de la acción propuesta
por Bavaria, frente a lo que esta entidad interpuso recurso de apelación que fue
admitido y remitido al superior jerárquico3.

2.4. El 17 de febrero de 2015, en la audiencia de pruebas, se prescindió de la
audiencia de alegaciones y juzgamiento y se dispuso presentar alegatos de
conclusión por escrito (fls. 1417 - 1420, c. 4).

La parte actora y las entidades demandadas reiteraron los argumentos expuestos
en la demanda y sus respectivas contestaciones. El actor insistió en que cada una
de las entidades vinculadas tiene injerencia causal en la producción del daño (fls.
1456 – 1460, c. 4), mientras que las demandadas coinciden en que no hay pruebas
que demuestren las fallas del servicio atribuidas y que, de todas maneras, la
inundación ocurrió por un evento de fuerza mayor imprevisible e irresistible, como
lo fue el fenómeno de la niña (fls. 1425 - 1455, 1461 -1475, c. 4).

El Incoder y el Ministerio Público guardaron silencio.

3. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 22 de junio de 2015, el Tribunal Administrativo de Boyacá
declaró probada la excepción de fuerza mayor y negó las pretensiones de la
demanda, por estimar que el daño fue causado por un fenómeno natural, respecto
del cual no se probó omisión, negligencia o descuido por parte de las demandadas.

Sobre los elementos de la responsabilidad, esgrimió las siguientes
consideraciones:

En primer lugar, determinó que el daño consistente en “las inundaciones que
afectaron los predios” del señor Héctor Julio Rincón Verdugo estaba probado con

3 La Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió el recurso de apelación en auto de 7 de

abril de 2016, esto es, después de proferida la sentencia de primera instancia comoquiera que se había
concedido en el efecto devolutivo y no suspensivo. En el proveído consideró que le asistía razón a la entidad
demandada en el sentido de que las pretensiones dirigidas al resarcimiento de perjuicios por los daños
ocasionados en septiembre de 2010 estaban caducadas (fls. 1080 – 1094, c. 5). Valga advertir que en auto de
24 de septiembre de 2015 se advirtió el error y se procedió a corregirlo, motivo por el cual, se concedió en el
efecto suspensivo el recurso de apelación, argumentando que conceder el recurso de apelación en el efecto
que no correspondía no era susceptible de ser considerado como una nulidad procesal, pues la situación no
encuadraba en los supuestos consagrados en el artículo 133 del C.G.P.; pero que sí era susceptible de tenerse
como una irregularidad procesal, aspecto que se daba por subsanado (fls. 1064 – 1067, c. 5).

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
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Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

las pruebas documentales, testimoniales y el interrogatorio de parte practicado al
demandante4, dado que demostraban con certeza la ocurrencia de las
inundaciones en el 2010 y 2012, así como su afectación a los predios que
conforman la finca Las Neiras.

En un segundo momento estudió las diferentes imputaciones expuestas en la
demanda, así:

Frente al municipio de Tibasosa, que se le había atribuido el hecho de tolerar la
invasión de la ronda del río con viviendas y “otras construcciones” y que además
fue omisivo en la limpieza del canal de Vargas, dijo que no se tuvieron por probadas
tales construcciones e invasiones, y que la función de limpieza del distrito de riego
y drenaje del Alto Chicamocha y Firavitoba estaba asignada a Usochicamocha, de
conformidad con lo estipulado en el contrato No. 048 de 24 de marzo de 1995,
vigente para la época de ocurrencia de los hechos.

En relación con el Incoder, que se le había endilgado responsabilidad por permitir
que se arrojaran aguas servidas y termales al canal de Vargas, lo que implicaba
que las tierras del demandante se saturaran de sulfatos y se tornaran en infértiles,

4 En efecto, en el expediente obran las siguientes pruebas que permiten tener por acreditado el daño producido

en 2012:
i) La certificación del Coordinador del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres del Tibasosa del
25 de septiembre de 2014, en la que se indica que el demandante resultó afectado por las inundaciones
ocurridas entre los meses de abril y junio de 2012, así (fl. 1101, c. 3):
“El señor Héctor Julio Rincón Verdugo, identificado con cédula (…) vecino de este municipio fue afectado
por el fenómeno de la niña 2011-2012 conforme a la visita de verificación efectuada por EPSAGRO a los
predios identificados con código catastral 0002-0004-0198-000, 0002-0004-0197-000, 0002-0004-0502-
000, 0002-0004-0561-000, 0002-0004-0503000, ubicados en la vereda Suescún de este municipio. Área
afectada 2012: 190.000 m2.
Los predios objeto de visita se encuentran ubicados dentro de las zonas altamente afectadas por dicho
fenómeno climático y se pudo constatar que sufrió las siguientes pérdidas en sus cultivos: Tomate, repollo,
cebolla cabezona.
El predio se encuentra ubicado en las zonas en las que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi tiene un
registro de afectaciones: sí x
El predio sufrió una pérdida superior al 50% del total del área productiva: sí x”.
ii) Unas facturas de compra de semillas de cebolla bulbo realizada por el señor Rincón Verdugo, que cumplen
con los requisitos del artículo 774 del Código de Comercio y corresponden a las fechas de 19 de diciembre de
2011 por una cantidad de 20 libras de semilla de cebolla bulbo, 10 de enero de 2012 por una cantidad de 20
libras de semilla de cebolla bulbo, 9 de abril de 2012 por una cantidad de 10 libras de semilla de cebolla bulbo,
17 de abril de 2012 por una cantidad de 20 libras de semilla de cebolla bulbo y 20 de mayo de 2012 por una
cantidad de 20 libras de semilla de cebolla bulbo (fls. 79 – 83, c. 1).
iii) La declaración del señor Edilberto Martínez Rincón, quien adujo ser el asesor y administrador del cultivo de
cebolla de la finca Las Neiras y quien aseguró que para el 2012 había aproximadamente 120 libras de cebolla
bulbo sembradas y que se esperaba cosechas entre 10 mil y 12 mil bultos, y manifestó que de la cantidad
sembrada no se logró rescatar nada, “se perdió absolutamente todo el cultivo” y que se perdieron
aproximadamente 200 árboles tipo Sauce, Acacias y Tilo. Señaló que ello se debió a las fuertes lluvias
presentadas en la zona. Además, que la tierra antes de la inundación era muy apta para la siembra y ahora la
tierra requería más fertilizante (CD 2 de la audiencia de pruebas).
iv) La declaración de la señora Dolores Rojas Pérez, quien indicó que el demandante se vio afectado en
aproximadamente 18 hectáreas de cebolla bulbo y árboles de diferentes especies por el desbordamiento del
río Chicamocha que alcanzó su predio y lo inundó (CD 2 de la audiencia de pruebas).

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

aseguró que no se demostró la inactividad del Incoder ni la falta de vigilancia y
control del contrato suscrito con Usochicamocha para la prestación del servicio de
adecuación de tierras. Se advirtió además que el control de vertimientos indebidos
a los cauces de los ríos, no era una función que le competiera, pues correspondía
a los entes territoriales y a las corporaciones autónomas.

Respecto de Corpoboyacá, autoridad a la que se le endilgó responsabilidad por la
omisión en sus funciones al permitir que Bavaria interviniera el cauce del río
Chicamocha y las zonas de la ronda de protección hídrica, las cuales servían de
vertedero, se dijo que no se probó falla del servicio alguna; por el contrario, se
demostró que la Corporación llevó a cabo el trámite administrativo de carácter
sancionatorio contra la empresa Bavaria por la construcción de una bocatoma para
la captación de caudal del río Chicamocha sin autorización, el cual culminó con la
imposición de multas mediante la Resolución 0095 de 21 de enero de 2015.

En relación con el vertimiento de aguas servidas y aguas termominerales también
se probó que Corpoboyacá desarrolló procesos administrativos sancionatorios
contra entidades que realizaban vertimientos de esta naturaleza al canal de Vargas.

Adujo que no se tiene prueba de que aquellos vertimientos contribuyeron al
incremento del caudal tanto del canal de Vargas como del río Chicamocha, pues lo
que se observa es que los vertimientos afectaban la calidad del agua del río, pero
de ninguna manera se sugirió de forma técnica que alteraran la cantidad de los
caudales al punto de generar una inundación.

Tampoco se acreditó que el demandante hubiera elevado alguna queja ante la
autoridad ambiental por la disminución de la calidad de la tierra y su actividad
agrícola en razón de los vertimientos de aguas termominerales, ni que la autoridad
se hubiera negado a ejercer sus funciones para remediar los hechos.

Por el contrario, se demostró que se han adelantado gestiones de carácter
sancionatorio y que se han hecho los procedimientos pertinentes para la mitigación
de sus efectos. Además, señaló que de no haberse presentado inundaciones en
los predios del accionante poco le hubiese interesado el transporte de aguas
termominerales o servidas por el canal de Vargas, dado que sus terrenos en
condiciones de normalidad no tienen contacto con tales aguas.

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

En relación con Bavaria señaló que no obraba una prueba técnica que demostrara
que la construcción de la planta industrial de la cervecería en Boyacá, pese a
obstaculizar el cauce del río Chicamocha, podía ser la causante de las
inundaciones, ni tampoco se probó cuál era la infraestructura del Estado que servía
de vertedero del cauce del río que según afirma el demandante fue intervenido por
la cervecería.

Así, concluyó que no estaba probado el nexo causal entre el hecho y el daño sufrido
por el hoy demandante y que, de todas formas, el daño se vio mediado por un
evento de fuerza mayor por la situación de emergencia social que devino de unas
fuertes lluvias. Así se destaca:

Y es que encuentra falencias la Sala no solo desde el punto de vista de la
imputación del daño a las demandadas, sino también la actividad probatoria de
la parte actora se ha quedado corta en la demostración de la responsabilidad
de las demandadas.

Por otra parte, es claro que mediante el EOT, el Municipio de Tibasosa ha
establecido el área donde se encuentran los predios del actor, como zonas con
alto riesgo de inundación, de manera que su explotación no puede ejercerse
sin previsiones especiales y bajo las mismas técnicas que puedan aplicarse a
un terreno que no se encuentre cobijado por estos riesgos, situación que fue
corroborada, especialmente, por la señora Dolores Rojas (…), quien señaló que
los canales de desecación se construyeron en los predios del accionante por
cuanto esas tierras eran fangosas y no se podían cultivar.

Así las cosas, desde el punto de vista del contenido obligacional de las
funciones de las demandadas, fuerza es concluir que la producción del daño
no les es atribuible y que desde el punto de vista fáctico y técnico, se echan de
menos muchos elementos que eventualmente hubiesen podido conducir a
conclusiones diversas, en efecto, nada se dijo sobre requerimientos anteriores
a las demandadas, por parte del actor o de otros potenciales afectados, que
demostraran la existencia de la previsibilidad de las inundaciones y que aun así
las entidades accionadas, se hubiesen negado al cumplimiento de sus
funciones; del mismo modo no fueron arrimadas pruebas de orden técnico o
especializado que hubiesen permitido concluir que en efecto, aún bajo el
supuesto incremento excesivo de las lluvias para los años 2010 y 2012, los
canales de desecación eran insuficientes para aliviar los terrenos luego del
desbordamiento del río.

(…) conforme a lo que fue probado en el proceso puede atribuirse a la
existencia de fuerza mayor por el incremento excesivo de las precipitaciones,
fenómeno cuya naturaleza es imprevisible e irresistible, de lo cual da cuenta la
expedición del Decreto No. 4580 de 2010, de emergencia social económica y
ambiental y la Directiva presidencial No. 03 de 13 de enero de 2011 y la
certificación del comportamiento de la precipitación desde enero de 2010 a
diciembre de 2012 expedida por el IDEAM, en la cual puede leerse, según la
interpretación que de ella hace el Instituto aludido, que conforme a los datos
recogidos por las cuatro estaciones meteorológicas encargadas en la zona que
ocupa este caso, para los meses de julio de 2010 y abril de 2012, las lluvias
estuvieron muy por encima de lo normal.

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

Por último, refirió que el dictamen pericial aportado con la demanda resultó
insuficiente para demostrar las atribuciones, en tanto que, el concepto realizado por
el ingeniero agrónomo que rindió parte del dictamen no pudo ser localizado para
asistir a la audiencia en donde se realizó su contradicción, y respecto del concepto
de la ingeniera sanitaria, se advirtió que no estaba capacitada para referirse a
asuntos relativos a la valuación de predios, identificación de las causas y tasación
de perjuicios. Asimismo, sostuvo el a quo que tampoco se dirigió esfuerzo
probatorio alguno tendiente a demostrar los perjuicios morales solicitados en el
libelo inicial (fls. 1484 - 1500, c. ppal.).

4. Recurso de apelación

De manera oportuna, la parte demandante apeló la sentencia de primera instancia
y solicitó su revocatoria en los siguientes términos (fls. 1521 - 1534, c. ppal.):

En relación con el daño, manifestó que no tenía ningún reparo, dado que se
encontraba probado de acuerdo con la consideración del a quo al señalar que se
acreditó con los documentos, testimonios e interrogatorios practicados en el
proceso.

Luego, el recurso se centró en las atribuciones: en primera medida señaló que no
era cierto que la finca Las Neiras se encontrara en una zona de alto riesgo de
inundación ya que estaba ubicada a 4 km del río Chicamocha, es decir, fuera del
área inundable y “solamente por la no construcción de obras y por la omisión de las
entidades públicas y la privada acá demandadas fue posible la inundación porque
el canal de desecación se convierte en canal de inundación”, como se demuestra
con el plano aportado por el CLOPAD de Tibasosa a folio 1102, los testimonios de
Dolores Rojas Pérez, Edilberto Martínez Rincón y Wilder Barreto González y el
dictamen pericial rendido por la ingeniera Olga Doralba Barrera Niño.

Seguidamente, argumentó que según el informe rendido por el director de
Corpoboyacá y la documental aportada por esta entidad, tanto el Incoder como
Usochicamocha prestaron irregularmente el servicio de adecuación de tierras y
están llamadas a responder “porque el control de vertimientos indebidos a los
cauces de los ríos corresponde a los entes territoriales como lo advierte la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, que a título de imputación de la falla

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

del servicio debe endilgárseles responsabilidad a esas entidades por vertimientos
al canal de Vargas, lo cual, sí es función que les compete y contribuyó a la
inundación de los predios”, afectando la fertilidad de los suelos.

Continuó su apelación para señalar que de conformidad con el informe rendido por
el alcalde del municipio de Tibasosa, la inundación obedeció al rompimiento de un
jarillón por falta de limpieza del cauce del río que tenía matas de sauce formando
un taponamiento, obligación que se encontraba a cargo de Usochicamocha, en
virtud del contrato de administración celebrado con el Incoder.

Asimismo, adujo que con ese mismo informe, la prueba pericial aportada con la
demanda y las resoluciones Nos. 2283 de 1º de agostos de 2011, 635 de 13 de
marzo de 2012 y 095 de 21 de enero de 2015, se demostró que Bavaria era
responsable por la construcción de infraestructuras de captación de agua en el
cauce del río Chicamocha, que invadían la totalidad de las áreas que servían como
vertedero del río en eventos de elevación excesiva del nivel de las aguas, y que
esa fue una de las concausas que contribuyó a la producción de la inundación,
pues, la estación de captación de Bavaria hizo que se generara presión en la orilla
del río, lo que conllevó a un vertimiento de aguas del río Chicamocha al canal
principal hasta que se presentaron altos niveles que provocaron el desbordamiento
e inundaron la vereda Suescún en el 2012.

Del mismo modo, le atribuyó responsabilidad a Corpoboyacá como quiera que a
pesar de que sancionó a Bavaria, no le exigió detener la invasión del río, “lo cual
trajo como consecuencia el detrimento de la capacidad de evacuación y conducción
de aguas del cauce del río y por tanto, éste adquirió mayor nivel de elevación que
produjo que las aguas inundaran los predios”.

A su vez, manifestó que Corpoboyacá fue demasiado permisiva con Bavaria y no
desplegó respecto de ella acciones de policía administrativa tendientes a evitar que
invadiera la ronda del río, a pesar de haber tenido conocimiento de la situación e
iniciado la acción sancionatoria desde el 2011; asimismo, señaló que Corpoboyacá
omitió exigirle al municipio de Tibasosa que ejerciera las funciones de policía
administrativa que tiene asignadas legalmente, para evitar las consecuencias
conocidas.

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

El apelante reprochó que se hubiera desestimado el dictamen pericial rendido por
la señora Olga Barrera por el hecho de que su profesión era la de ingeniera sanitaria
ambiental, pues, estima que esta profesional fue coherente, conducente y acreditó
su idoneidad y experiencia y que sustentó en debida forma el dictamen, cuyas
conclusiones coincidían con lo manifestado por el municipio de Tibasosa en
relación con la influencia que tuvo la construcción de Bavaria en la ocurrencia de
las inundaciones.

Añadió que los testimonios rendidos por Dolores Rojas Pérez, Edilberto Martínez
Rincón y Wilder Barreto González daban cuenta de los daños irrogados al
demandante, incluido el perjuicio moral; y afirmó que “la excepción de fuerza mayor
por fenómeno natural no podía ser de recibo, cuando existieron fallas y omisiones
de las entidades y particulares demandadas”.

Por último, realizó una solicitud probatoria de un dictamen pericial para determinar
si el represamiento del río Chicamocha a la altura de la planta de Bavaria contribuyó
a las inundaciones de los predios del demandante en los hechos acaecidos en el
2010 y 2012.

El anterior recurso fue concedido por el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante
auto proferido el 13 de julio de 2015 (fl. 1536 c. ppal.) y remitido al Consejo de
Estado para su trámite mediante oficio del 23 de julio del mismo año (fls. 1552 -
1553, c. ppal.).

5. Trámite en segunda instancia

5.1. En proveído del 23 de junio de 2016, esta Corporación admitió el recurso de
apelación (fls. 1565 - 1566, c. ppal.) y, el 28 de junio de 2017, negó la solicitud de
pruebas en segunda instancia elevada por la parte demandante, por no cumplir los
requisitos del artículo 214 del C.P.A.C.A. (fls. 1574 – 1582, c. ppal.).

5.2. Seguidamente, en proveído de 9 de octubre de 2017 se resolvió tener como
sucesora procesal del Incoder a la Agencia de Desarrollo Rural – ADR- (fl. 1604, c.
ppal.).

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

5.3. Finalmente, en auto de 28 de noviembre de 2017 se corrió traslado a las partes
para que presentaran sus alegaciones finales y al Ministerio Público para que
rindiera concepto (fl. 1608, c. ppal.).

5.3.1. La ADR señaló que la causa principal de las inundaciones presentadas en
las áreas bajas del distrito del Alto Chicamocha fue un hecho de la naturaleza
imprevisible e irresistible, conocido como el fenómeno de la niña, que produjo el
desbordamiento del río Chicamocha y la consecuente ruptura de los diques en
Puerto Arepas, Tibasosa, el Pantano de Vargas y el canal Cuche (fls. 1634 – 1639,
c. ppal.).

5.3.2. SBS Seguros Colombia S.A. (antes AIG Seguros Colombia S.A.) indicó
igualmente que la causa del daño reclamado era un fenómeno de la naturaleza que
conllevó al imprevisible incremento de las lluvias; asimismo, insistió en que no se
había producido un siniestro amparable por la póliza de seguros (fls. 1650-1656, c.
ppal.).

5.3.3. Bavaria señaló que las obras de captación de agua realizadas sobre el cauce
del río Chicamocha se realizaron en cumplimiento de la normatividad técnica y
ambiental vigente y que no existía prueba técnica sobre el comportamiento
hidráulico del río, que permitiera establecer que dichas obras fueron la causa
eficiente del hecho dañoso, por el contrario, señaló que se encontraba acreditado
que aquello obedeció a un evento de fuerza mayor por el fenómeno de la niña que,
inclusive, obligó a declarar el estado de emergencia económica, social y ecológica.

Precisó que las pruebas obrantes en el expediente no probaban su responsabilidad,
dado que el informe rendido por el alcalde del municipio de Tibasosa, no estaba
soportado técnicamente; y los actos administrativos mediante los cuales la empresa
fue sancionada por una supuesta infracción ambiental, estaban siendo discutidos
en la jurisdicción contencioso administrativa y no podían servir de sustento para
acreditar su responsabilidad en la producción de un daño antijurídico, pues ello
distaba de su naturaleza y objeto, orientado a la verificación de una supuesta
infracción de la normatividad ambiental (fls. 1657 – 1673, c. ppal.).

5.3.4. El Ministerio Público rindió concepto y solicitó que se confirmara la decisión
de primera instancia, por cuanto la parte demandante faltó a su deber de probar

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

una falla en el servicio atribuible a las entidades estatales que hubiera sido
causante del daño reclamado y, por el contrario, se acreditó que las entidades
públicas llevaron a cabo acciones tendientes a prevenir y mitigar el impacto del
invierno. Agregó que, si bien en el caso de Bavaria se acreditó que construyó sobre
el cauce del río sin contar con permiso, no se probó el nexo de causalidad de dicho
hecho con el daño reclamado (fls. 1692 - 1693, c. ppal.).

En esta oportunidad procesal, la parte actora, el municipio de Tibasosa,
Corpoboyacá y Usochicamocha guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

En el caso bajo estudio se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía
señalada en el artículo 150 y 152 del C.P.A.C.A.5, razón por la cual se concluye que
esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante, contra la sentencia del 22 de junio de 2015, proferida por
el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Valga aclarar que esta Corporación es competente para conocer sobre las
imputaciones formuladas en contra de Bavaria S.A.6, entidad privada, en razón del
fuero de atracción, comoquiera que los hechos en los que se sustentan las
imputaciones formuladas en contra de las entidades y este ente privado son los
mismos. Por tanto, existe un factor de conexión que permite estudiar la
concausalidad en la producción del daño.

2. Oportunidad de la acción

De conformidad con el numeral 2, literal “i” del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011,
el medio de control de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años
contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del

5 La pretensión por concepto de lucro cesante ascendió a $2.640’000.000. Para la fecha de presentación de la

demanda -2012- 500 SMLMV equivalían a $283’350.000.
6 Se aportó el respectivo certificado de Existencia y Representación de Cámara y Comercio No. 0616935 (fls.

86 -95, c. 1).

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia.

En el presente asunto, el señor Héctor Julio Rincón Verdugo reclama la
indemnización de los daños sufridos en sus predios con las inundaciones que se
presentaron durante septiembre de 2010 y abril, mayo y junio de 2012; sin embargo,
la Sala no se pronunciará sobre la oportunidad del medio de control de reparación
directa respecto de los daños producidos en septiembre de 2010, toda vez que dicho
aspecto fue objeto de pronunciamiento en proveído del 7 de abril de 2016 7, por
medio del cual esta Subsección revocó, en sede de segunda instancia, la decisión
del Tribunal Administrativo de Boyacá que negó la excepción de caducidad
formulada por la pasiva (fls. 1080 – 1094, c. 5); además, no existen nuevos
elementos de juicio que conduzcan a un análisis o conclusión distinta, por lo que
hay que estarse a lo ya resuelto sobre el tema8.

De este modo, no se revisará nuevamente el cumplimiento del mencionado
presupuesto en relación con las inundaciones de septiembre de 2010, en aras de
garantizar los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada. En su lugar, la Sala
se ceñirá a estudiar la oportunidad en la formulación de las pretensiones dirigidas
a obtener la reparación de perjuicios por los hechos acaecidos en abril, mayo y
junio del 2012.

Revisado el caudal probatorio traído al proceso, se constata que los testigos
Edilberto Martínez Rincón, Dolores Rojas Pérez y Wilder Barreto González
coinciden en afirmar que la inundación del 2012 se produjo a partir del mes de abril,
lo que guarda consonancia con el incremento de las precipitaciones registradas por
el IDEAM en la estación pluviométrica instalada en el municipio de Tibasosa,
durante ese año (fls. 1167 - 1170, c. 3):

7 En esa oportunidad, esta Subsección consideró que la pretensión no se concretó en un día específico, por lo

que tomó el último día de septiembre de 2010 en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia,
de modo que el término transcurrió entre el 1º de octubre de 2010 y el 1º de octubre de 2012. Luego, el término
fue suspendido debido a la solicitud de conciliación prejudicial radicada el 5 de septiembre de 2012, esto es,
faltando 27 días para su vencimiento y el 4 de octubre siguiente se reanudó, es decir, el día siguiente a la
expedición del acta del cumplimiento del requisito de procedibilidad -3 de octubre-. De modo que, el límite para
interponer la demanda se extendió hasta el 30 de octubre de 2012.
No obstante, lo anterior, se certificó que la Rama Judicial cesó actividades entre el 18 de octubre y 9 de
diciembre de 2012, situación que implicó que el término límite para formular la demanda correspondiera al
primer día hábil siguiente al levantamiento del paro judicial, esto es, el 10 de diciembre de 2012, de manera que
al presentarse la demanda el 18 de diciembre de 2012, ya había fenecido la oportunidad para ejercer el derecho
de acción.
8 Sobre el particular, se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Tercera, Subsección A, sentencia del 1° de julio de 2022, expediente 57.244, C.P. María Adriana Marín.

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
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Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NO DIC
V
2012 7.8 1.1 72.8 178.1 97.2 82.7 50.2 41.4 9.3 102. 45.4 10.
4 4
I (%) 32 <30 86 148 91 138 99 77 <30 95 51 <30

Convenciones:

El índice de precipitación I (%) se interpreta de la siguiente manera:
<30 lluvias muy por debajo de lo normal (mes extremadamente seco)
31 - 60 lluvias moderadamente por debajo de lo normal (mes muy seco).
61 - 90 lluvias ligeramente por debajo de lo normal (mes seco)
91 -110 lluvias normales para el mes.
111-140 lluvias ligeramente por encima de lo normal (mes Iluvioso).
141- 170 lluvias moderadamente por encima de lo normal (mes muy lluvioso).
> 170 lluvias muy por encima de lo normal (mes extremadamente Iluvioso)

En esa medida, al tenerse como hecho conocido que los efectos de las
imputaciones realizadas a la parte demandada se evidenciaron a partir de abril de
2012, fecha en que inició la inundación que causó perjuicios al actor, se tiene que
el plazo para demandar vencía inicialmente en abril de 2014 y comoquiera que la
demanda se presentó el 18 de diciembre de 2012 (fl. 118, c. 1), se entiende que,
sin perjuicio de la suspensión del término en razón de la solicitud de conciliación
prejudicial radicada el 5 de septiembre de 20129, el medio de control se ejerció
oportunamente.

3. La legitimación en la causa

El señor Héctor Julio Rincón Verdugo se encuentra legitimado en la causa por
activa, por cuanto demostró ser el propietario de los siguientes predios ubicados en
la vereda Suescún del municipio de Tibasosa: El Salitre, La Boyera, El Juncal, El
Juncalito y San Antonio, que afirma, conforman en su conjunto la finca denominada
Las Neiras, en la que tenía los cultivos de cebolla bulbo y árboles que resultaron
afectados con las inundaciones.

De ello dan cuenta los certificados de tradición y libertad de los inmuebles
identificados con matrícula inmobiliaria Nos. 074-49022 (fls. 45 - 46, c. 1)10, 074-

9 Como obra en la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad expedida el 3 de octubre de 2012

por la Procuraduría 121 Judicial II para asuntos administrativos de Tunja (fls. 116 - 117, c. 1).
10 Correspondiente al predio denominado La Boyera, según se constata en la Escritura Pública de compraventa

No. 9351 de 30 de septiembre de 1994 (fls. 25 – 36, c. 1).

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Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

5284 (fls. 47 -48, c. 1)11, 074-38049 (fl. 49, c. 1)12, 074-38050 (fls. 50 – 51, c. 1)13 y
074-5208 (fls. 52-53, c. 1)14.

De otro lado, en cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se verifica que el
daño que se invoca en la demanda se imputa al Incoder (sucedido procesalmente
por la Agencia de Desarrollo Rural), al municipio de Tibasosa, Corpoboyacá,
Usochicamocha y Bavaria S.A., a las cuales se acusan de ser las causantes del
daño cuya indemnización reclama la parte actora, motivo por el que considera la
Sala que tienen legitimación para actuar dentro del presente asunto.

Ahora, respecto de la entidad llamada en garantía AIG Seguros Colombia S.A., se
allegó su respectivo certificado de existencia y representación expedido por la
Cámara de Comercio de Bogotá (fls. 834 – 837, c. 3), así como la póliza de
responsabilidad civil No. 1000221 (fls. 769 – 785, c. 2) suscrita entre la sociedad y
Bavaria S.A., en calidad de asegurado, documento respecto del cual mediante auto
del 30 de enero de 2014, se aceptó el llamamiento en garantía efectuado por la
sociedad demandada, circunstancia que impone concluir que se encuentra
legitimada para actuar dentro de la presente controversia.

4. Problema jurídico

En línea con los planteamientos esbozados por la parte actora en su impugnación,
el debate jurídico se orienta a determinar si la pasiva es responsable por el daño
reclamado por el actor, derivado de las supuestas acciones y omisiones que
provocaron la inundación de sus predios, específicamente:

i) Si el Incoder y Usochicamocha prestaron irregularmente el servicio de
adecuación de tierras al permitir el vertimiento de aguas servidas y termales al canal
de Vargas y con ello contribuyeron a la inundación de los predios del actor en abril,
mayo y junio de 2012.

11 Correspondiente al predio denominado El Salitre, tal como se anuncia en el certificado de tradición y libertad

y en la Escritura Pública de compraventa No. 0255 de 17 de febrero de 1999 (fls. 21 – 23, c. 1).
12 Correspondiente al predio denominado El Juncal, según consta en la Escritura Pública de compraventa No.

9350 del 30 de septiembre de 1994 (fls. 39 – 44, c. 1).
13 Correspondiente al predio denominado El Juncalito, como se advierte en la Escritura Pública de compraventa

No. 9352 del 30 de septiembre de 1994 (fls. 34 – 37, c. 1).
14 Correspondiente al predio denominado San Antonio, tal como se anuncia en el certificado de tradición y

libertad y en la Escritura Pública de compraventa No. 9350 del 30 de septiembre de 1994 (fls. 39 – 44, c. 1).

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ii) Si Corpoboyacá es responsable de la inundación, por no haberle exigido a
Bavaria S.A. que detuviera la invasión de la ronda del río Chicamocha.

iii) Si la infraestructura de captación de agua del cauce del río Chicamocha
construida por Bavaria S.A. favoreció la inundación de los predios del actor en el
período objeto de estudio.

En caso de encontrarse demostrada la responsabilidad de alguna de las entidades
y la empresa demandada, se verificará si se configuró la causal eximente de
responsabilidad de fuerza mayor.

La Sala no efectuará pronunciamiento alguno en relación con las nuevas
imputaciones formuladas en el recurso de apelación relativas a la responsabilidad
de Usochicamocha por la falta de limpieza del cauce del río Chicamocha que se
afirma ocasionó el rompimiento de un jarillón, ni en cuanto a la supuesta
responsabilidad de Corpoboyacá por omitir exigirle al municipio de Tibasosa que
ejerciera funciones de policía administrativa para evitar la invasión de la ronda del
mencionado río por parte de Bavaria S.A., por cuanto incluir estos últimos alegatos
en la imputación fáctica y jurídica realizada a la pasiva, implicaría variar la causa
petendi y un desconocimiento flagrante del debido proceso, dado que sorprendería
a las entidades demandadas cuya defensa y medios exceptivos estuvieron
enfocados a controvertir los hechos presentados en la demanda, negando su
legítimo derecho de controvertir y de aportar pruebas tendientes a rebatir los
elementos de juicio.

Se precisa, además, que la Sala no se pronunciará sobre la responsabilidad del
municipio de Tibasosa, puesto que fue definida en la sentencia de primera instancia
y respecto de aquella no se formuló ningún argumento orientado a debatir la tesis
del Tribunal a quo que la exoneró.

5. Determinación de la responsabilidad del Incoder y Usochicamocha por la
indebida administración del distrito de adecuación de tierras. Manejo de aguas
residuales y termominerales.

Para abordar el análisis de responsabilidad del Incoder, cuya génesis concreta la
parte actora en la indebida administración del distrito de riego y drenaje del Alto

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Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

Chicamocha y Firavitoba, por haber permitido vertimientos al canal de Vargas que
supuestamente contribuyeron a la inundación de los predios del actor durante el
2012, parte la Sala por señalar que la adecuación de tierras es un servicio público
encaminado a la construcción de obras de infraestructura necesarias para dotar un
área determinada con riego, drenaje o protección contra inundaciones, con el
propósito de aumentar la productividad del sector agropecuario (artículo 3, Ley 41
de 199315).

Para tal efecto, el Decreto 3759 de 200916, en concordancia con las funciones
asignadas a los órganos ejecutores de los distritos de adecuación de tierras en la
Ley 41 de 1993, estableció que uno de los objetivos del Incoder era promover y
ejecutar, directamente o a través de terceros de reconocida idoneidad, proyectos de
adecuación de tierras e impulsar la organización de las asociaciones de usuarios
(artículo 3, núm. 6).

Siendo así, al Incoder le correspondía “administrar, operar y mantener los distritos
de riego de pequeña, mediana y gran irrigación de su propiedad, preferiblemente a
través de las asociaciones de usuarios, a quienes una vez recuperado el valor de
las inversiones públicas debía transferirles las obras y demás bienes al servicio del
distrito” (artículo 7, núm. 29).

A su vez, según el artículo 22 de la Ley 41 de 1993, constituidas las asociaciones
de usuarios, estas tendrían a su cargo, en particular: i) la promoción de proyectos
de adecuación de tierras dentro de su comunidad; ii) velar por la correcta ejecución
de las obras y la utilización de los recursos; iii) la administración, operación y
mantenimiento de los distritos de adecuación de tierras; así como, iv) proponer las
tasas, tarifas y derechos por los servicios que se prestaran a los usuarios.

En cumplimiento del anterior marco jurídico, se tiene probado en el plenario que el
24 de marzo de 1995, el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras - INAT (cuyos
negocios fueron asumidos por el Incoder) celebró el contrato No. 048 con
Usochicamocha, con el objeto de entregarle a esta última la administración,
operación y conservación de las obras existentes en el distrito de adecuación de

15 “Por la cual se organiza el subsector de adecuación de tierras y se establecen sus funciones”.
16 “Por el cual se aprueba la modificación de la estructura del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder,

y se dictan otras disposiciones”.

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

tierras, bajo la interventoría de la mencionada entidad pública- cláusula décima
sexta - (fls. 899 - 901, c. 3).

Con este propósito, en el anexo No. 3 del mencionado contrato de administración,
se realizó el inventario de bienes que conformaban el distrito, entre los que se
incluyeron los canales denominados: “Vargas – Paipa”, “Vargas – Duitama” y
“Principal – Tibasosa” (fls. 911 – 913, c. 3), de modo que no exista duda sobre la
pertenencia del canal de Vargas o canal Principal -como se denomina en el
municipio de Tibasosa17-, al distrito de adecuación de tierras y de su administración
por parte de las entidades demandadas.

Ahora bien, en relación con el empleo del distrito para el manejo de vertimientos, se
tiene acreditado que mediante la Resolución No. 531 de fecha 5 de septiembre de
1996, Corpoboyacá otorgó al INAT la licencia ambiental ordinaria18 para el proyecto
de riego Alto Chicamocha, estableciendo algunas obligaciones al concesionario,
entre ellas, el trámite de un permiso de vertimientos, en los siguientes términos (fls.
941 – 951, c. 3):

ARTÍCULO OCTAVO: De igual forma el INAT deberá tramitar y obtener el
permiso de vertimientos. Al respecto, el INAT deberá precisar y aclarar el uso
y manejo de las dársenas que son utilizadas para el manejo de las aguas
salinas en el municipio de Paipa, como parte integral del proyecto de
Adecuación de Tierras, ya que también han sido consideradas en el proyecto
de manejo, tratamiento y disposición de aguas residuales del mismo municipio
y de la zona hotelera. Lo anterior debido a que en el primer proyecto, se
contempla para un adecuado manejo de aguas salinas, la ampliación de su
capacidad actual de 150.000 a 470.000 metros cúbicos.

Frente a lo anterior, el director general del INAT presentó recurso de reposición
manifestando respecto del artículo octavo que “los gestores del proyecto no eran
responsables de las aguas salinas, por cuanto era responsabilidad del Centro
Hotelero de Paipa, Sochagota”19.

17 Según fue advertido por el alcalde de Tibasosa en el informe rendido el 26 de septiembre de 2014, obrante a

folios 1100 - 1103 del cuaderno 3 y en el concepto de visita técnica de verificación al vertedero ubicado en los
predios de la empresa Bavaria S.A. sobre la franja de protección de la margen derecha del río Chicamocha, en
el municipio de Tibasosa, realizada el 11 de julio de 2011 por Corpoboyacá, obrante a folios 602 – 606 del
cuaderno 2.
18 Ley 99 de 1993. “Artículo 50. De la licencia ambiental. Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que

otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por
el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada”.
19 La información se extra de los antecedentes de la Resolución No. 081 de 19 de febrero de 1997, obrante a

folios 928 – 935 del cuaderno 3.

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

El recurso fue desatado mediante la Resolución No. 081 de 19 de febrero de 1997,
en el sentido de modificar la licencia ambiental ampliando su término; asimismo,
confirmó el artículo octavo de la resolución recurrida por considerar que debía
exigirse el permiso de vertimientos para el manejo de aguas salinas residuales,
puesto que el estudio de impacto ambiental consideraba manejar las aguas salinas
residuales mediante el uso de las dársenas, que además habían sido consideradas
en el proyecto de manejo, tratamiento y disposición de aguas residuales del
municipio de Paipa y de su zona hotelera (fls. 928 – 935, c. 3).

Además, obra en el expediente la Resolución No. 134 de 28 de enero de 2010
expedida por el Incoder, mediante la cual se aprobaron las tarifas aplicables a los
usuarios del distrito de adecuación de tierras del Alto Chicamocha y Firavitoba para
el 2010, en la que se incluye el cobro de una “tarifa volumétrica por el manejo de
aguas termominerales” (fls. 953 – 956, c. 3).

Sobre dicho aspecto, en el informe presentado por Corpoboyacá, suscrito por el
director de esa entidad pública, en los términos del artículo 275 del C.G.P. (fls. 1179
– 1182, c. 4), se explicó que hasta ese momento el órgano ejecutor del distrito de
adecuación de tierras no había solicitado el permiso de vertimientos, como lo exigía
el artículo 60 del Decreto 3930 de 201020, sin perjuicio de lo cual cobraba una suma
mensual a cada uno de los usuarios del recurso termal, por un concepto
denominado "administración y operación del distrito fuentes salinas".

Aunado a ello, expuso que según el “Estudio final de impacto y plan de manejo
ambiental del distrito de adecuación de tierras del Alto Chicamocha de diciembre de
1996”, el órgano ejecutor construyó un sistema para desviar las aguas salinas
continuamente hacia el canal de Vargas para que fueran transportadas a los límites
del distrito y finalmente desembocaran en el río Chicamocha, para evitar los
perjuicios que la descarga directa al río de las aguas termominerales de Paipa
causaba a los agricultores y ganaderos.

De igual forma, informó que el municipio de Duitama descarga las aguas servidas
domésticas al canal de Vargas, de conformidad con el Plan de Saneamiento y

20 “Artículo 60. Disposición de residuos líquidos provenientes de terceros. El generador de vertimientos que

disponga sus aguas residuales a través de personas naturales o jurídicas que recolecten, transporten y/o
dispongan vertimientos provenientes de terceros, deberán verificar que estos últimos cuenten con los permisos
ambientales correspondientes”.

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Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

Manejo de Vertimientos – PSMV- aprobado mediante la Resolución No. 2248 del 13
de agosto de 2010, sin que pueda disponerse de otra manera hasta que dicho
municipio cuente con un “sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas,
que garantice el cumplimiento del objetivo de calidad del río Chicamocha”. Sobre el
empleo del canal de Vargas para tal fin, expresó lo siguiente:

En el momento en que se presentó y aprobó el PSMV del perímetro urbano del
municipio de Duitama, se registraron los vertimientos y/o descargas al canal
Vargas y a la Quebrada la Aroma como afluente del canal, sin previo
tratamiento; teniendo en cuenta que si los vertimientos se realizaran en esas
condiciones al río Chicamocha en el tramo donde se ubica el perímetro
sanitario de Duitama, afectarían negativamente las condiciones sanitarias y
ambientales del índice de calidad de agua del río, el cual es aceptable. Sumado
a esto, el realizar los vertimientos sin previo tratamiento al río generaría
condiciones de riesgo para consumo humano, ya que en este tramo se ubican
las captaciones de los perímetros urbanos de los municipios de Duitama,
Nobsa y Tibasosa.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corporación definió y estableció mediante la
Resolución No. 337 de 10 de abril de 2007, modificada por la Resolución No.
1553 del 17 de junio de 2010, los objetivos de calidad para el río Chicamocha;
que en el caso del perímetro urbano del municipio de Duitama se ubica en el
tramo definido como lV, el cual comprende desde la Captación Termopaipa
hasta la confluencia del río Chiquito con el Chicamocha estableciéndose entre
sus usos principales el consumo humano.

Como soporte de lo afirmado en el anterior informe, Corpoboyacá aportó, entre otros
documentos, los siguientes:

Expediente Documento Contenido Folio
Concepto técnico de Da cuenta de la existencia de una 386 -396, c. 2
aprobación estudio planta de red de alcantarillado con 14
tratamiento de aguas vertimientos al canal de Vargas
residuales domésticas del que posteriormente desemboca
casco urbano del municipio de en el río Chicamocha.
Duitama – Boyacá de 5 de
agosto de 2010.
Concepto técnico de Hace referencia a la realización 397 – 403, c. 2
aprobación de saneamiento y de un estudio de modelación
manejo de vertimientos del hidráulica del canal de Vargas,
OOPV-0021/04
municipio de Duitama de según el cual se encuentra
Municipio de
agosto de 2010. garantizada la capacidad
Duitama
hidráulica de este canal para la
recepción de los vertimientos
unificados del casco urbano del
municipio de Duitama.
Resolución No. 224 de 13 de Por medio de la cual Corpoboyacá 404 – 411, c. 2
agosto de 2010. aprobó el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos de
EMPODUITAMA S.A. E.S.P., que
incluye la recepción de aguas
residuales en el canal de Vargas.
Resolución No. 1670 de 7 de Por medio de la cual Corpoboyacá 425 – 427, c. 2
OOCQ-0294/11 junio de 2011. impuso una medida preventiva de
Instituto de amonestación escrita al Instituto
Turismo de de Turismo de Paipa – ITP- hasta
Paipa – ITP- que obtuviera la concesión de
aguas termominerales y el

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Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

respectivo permiso de
vertimientos.
Informe de seguimiento a la Se refiere a la recepción de aguas 432 – 436, c. 2
infracción ambiental por termales por parte de
ilegalidad de uso de agua y Usochicamocha. Describe que las
generación de vertimientos de recibe en unas dársenas, para
agua termomineral impuesta al luego conducirlas por una tubería
ITP, de 12 de agosto de 2011. de 16 pulgadas hasta el canal de
Vargas con el fin de no
contaminar el río Chicamocha a la
altura del municipio de Paipa,
para posteriormente verterlas al
mismo río a la altura del municipio
de Nobsa, sin ningún tipo de
tratamiento.
Resolución No. 1253 de 24 de Por medio de la cual Corpoboyacá 444 – 451, c. 2
julio de 2013. decidió el trámite administrativo
ambiental de carácter
sancionatorio del ITP,
imponiéndole una multa por el
vertimiento de aguas
termominerales sin licencia
Resolución No. 1678 de 7 de Por medio de la cual Corpoboyacá 568 - 570, c. 2
junio de 2011. impuso una medida preventiva de
amonestación escrita a Estelar
Paipa Hotel y Centro de
Convenciones, por el vertimiento
de aguas termominerales sin
licencia.
Resolución No. 1679 de 7 de Por medio de la cual Corpoboyacá 571 – 572, c. 2
junio de 2011. formuló cargos a Estelar Paipa
Hotel y Centro de Convenciones.
En sus consideraciones se
determinó que dicho hotel
OOCQ-0299/11 también emplea el sistema de
Estelar Paipa dársenas dispuesto por
Hotel y Centro Usochicamocha para el
de vertimiento de aguas
Convenciones termominerales.
Resolución No. 1250 de 24 de Por medio de la cual Corpoboyacá 586 – 595, c. 2
julio de 2013. decidió el trámite administrativo
ambiental de carácter
sancionatorio en contra de Estelar
Paipa Hotel y Centro de
Convenciones, por realizar
vertimientos sin licencia. En esa
decisión se explica que, de
acuerdo con la normatividad
ambiental, también le
corresponde tramitar dicha
licencia a Usochicamocha.
Resolución No. 1682 de 7 de Por medio de la cual Corpoboyacá 531 – 533, c. 2
junio de 2011. impuso una medida preventiva de
amonestación escrita al hotel
Hacienda del Salitre, por el
vertimiento de aguas
OOCQ-0297/11
termominerales sin licencia.
Hotel Hacienda
Resolución No. 1683 de 7 de Por medio de la cual Corpoboyacá 534 – 539, c. 2
del Salitre
junio de 2011 formuló cargos al hotel Hacienda
el Salitre, en la que se describe el
sistema de disposición de
vertimientos administrado por
Usochicamocha.
Auto No. 1155 de 24 de agosto Por medio del cual Corpoboyacá 477 - 478, c. 2
de 2011 abre a pruebas el trámite
sancionatorio ambiental
OOCQ-0295/11 adelantado en contra del Hotel
Hotel Panorama Panorama Comfaboy, para
Comfaboy verificar las condiciones del uso
del recurso hídrico termal, así
como, su disposición final, por no
existir claridad ni técnica ni

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Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

ambiental del cobro que hace
Usochicamocha por concepto de
administración de fuentes salinas.
Informe de seguimiento a la Se advierte que Comfaboy paga 479 – 483, c. 2
infracción ambiental por una tarifa a Usochicamocha para
ilegalidad de uso de agua y recibir los vertimientos de aguas
generación de vertimientos de termominerales en una
agua termomineral impuesta al infraestructura compuesta por
Hotel Panorama – Comfaboy- unas dársenas y el canal de
de 30 de noviembre de 2011. Vargas.
Resolución No. 1252 de 24 de Por medio de la cual Corpoboyacá 490 - 497, c. 2
julio de 2013 decidió el trámite administrativo
ambiental de carácter
sancionatorio adelantado en
contra de la Caja de
Compensación Familiar de
Boyacá – Comfaboy, mediante la
imposición de multa.
Informe de seguimiento a la Aporta descripción del sistema de 507 - 510, c. 2
infracción ambiental por recepción de vertimientos
vertimiento en el río dispuesto por Usochicamocha.
Chicamocha y uso del recurso
hídrico agua termomineral
impuesto al Instituto Financiero
de Boyacá – Infiboy-, de 14 de
noviembre de 2011.
OOCQ-0296/11
Resolución No. 1404 de 5 de Por medio de la cual Corpoboyacá 520 – 529, c. 2
Instituto
agosto de 2013. sancionó a Infiboy con multa por
Financiero de
la realización de vertimientos sin
Boyacá –
licencia, que en lo relativo al
Infiboy-
manejo y administración de las
aguas termominerales
usufructuadas por los hoteles y el
municipio de Paipa, trajo la
información histórica sobre la
construcción y operación del
distrito para el control y manejo de
las fuentes salinas de Paipa.

En el presente caso, aduce el actor que el informe rendido por el director de
Corpoboyacá, así como, las demás pruebas aportadas por dicha entidad son
concluyentes y demostrativas para evidenciar que Usochicamocha y el Incoder
incurrieron en una falla en la prestación del servicio de adecuación de tierras, dado
que permitieron que se realizaran vertimientos al canal de Vargas, que
contribuyeron a la inundación a los predios del actor y a una agravación del daño.

Con los elementos probatorios anteriormente relacionados, para la Sala es claro
que si bien parte de la infraestructura del distrito de adecuación de tierras del Alto
Chicamocha y Firavitoba – dársenas y el canal de Vargas- ha sido empleada para
la disposición de aguas residuales y termales, lo cierto es que ello no constituye una
falla en el servicio susceptible de indemnización, puesto que, la prestación de dicho
servicio no contraviene el marco competencial establecido para la adecuación de
tierras en la Ley 41 de 1993.

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Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
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En efecto, el objeto de la adecuación de tierras es la construcción de obras,
orientadas a “mejorar y hacer más productivas las actividades agropecuarias,
velando por la defensa y conservación de las cuencas hidrográficas” (artículo 1º,
Ley 41 de 1993) y tal como quedó probado, desde la concepción del distrito se
identificó la necesidad de implementar un sistema de dársenas y tuberías que
permitieran el transporte de los vertimientos por el canal de Vargas hasta los límites
del distrito, con el propósito de evitar que se produjera la descarga directa de aguas
residuales y termales al río Chicamocha en su área de influencia, circunstancia que
afectaba el índice de calidad del agua y, por tanto, a los agricultores y ganaderos
que se servían de dichas aguas para sus actividades productivas.

Así pues, encuentra la Sala que el empleo de la infraestructura del distrito para evitar
vertimientos dentro de su área de influencia, en lugar de contravenir las normas que
regulan la adecuación de tierras, realmente satisface su objeto y fin último, por lo
que, no es dable colegir que dicha actividad sea susceptible de reproche y active el
mecanismo resarcitorio ejercido.

Se precisa, de todas maneras, que aun cuando se probó que tal actividad fue
desarrollada por el administrador del distrito de adecuación de tierras sin contar con
el respectivo permiso de vertimientos, lo concreto es que aquello involucra un
debate jurídico sobre la determinación del sujeto al que le corresponde gestionar la
solicitud, discusión que es ajena al asunto planteado en el sub examine.

Además, tampoco se aportaron elementos probatorios que permitan deducir que tal
actividad habría podido ser restringida, pues no se advierte que los municipios y
hoteles que son usuarios del servicio contaran con alguna alternativa de manejo de
vertimientos que fuera ambientalmente más eficiente, para el momento en que se
produjo la inundación.

De hecho, tal como lo expresó el director de Corpoboyacá en el informe al que se
hizo referencia antes, en el PSMV aprobado para el municipio de Duitama se
contempla la descarga al canal de Vargas como fuente receptora, y así debe
seguirse utilizando “hasta tanto el municipio no tenga (…) un sistema de tratamiento
de aguas residuales domésticas, que garantice el cumplimiento del objetivo de
calidad del río Chicamocha”.

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Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
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En consecuencia, las pruebas que obran en el proceso no dan cuenta de la falla en
la prestación del servicio que la parte actora alega respecto del Incoder y
Usochicamocha, pues nada indica que las entidades encargadas de la
administración, operación y conservación de las obras existentes en el distrito de
adecuación de tierras tuvieran restringido su uso para el manejo de vertimientos.
Por el contrario, el material probatorio permite concluir que su empleo para tal
servicio sirve al propósito de mejorar la actividad agropecuaria y conservar las
cuencas hidrográficas.

Aunado a esto, el demandante no logró probar que la inundación de sus predios
hubiera sido causada por la disposición de vertimientos a través del canal de
Vargas, puesto que, la prueba que afirma como demostrativa de tal afirmación -el
informe rendido por el director de Corpoboyacá-, sobre dicho aspecto se refiere a la
causa de la inundación ocurrida en 2010 y no a la producida en 2012, que es la
única objeto de análisis en esta instancia.

Véase que, en el mencionado informe, en relación con la incidencia de las aguas
del canal de Vargas en las inundaciones, aparte que es citado por el demandante
en su recurso de apelación, se dijo lo siguiente:

Para el año 2011, la Corporación suscribió los siguientes Convenios:
(…)

Convenio Interadministrativo CNV2011038 celebrado entre el municipio de
Duitama y CORPOBOYACÁ, cuyo objetivo fue: "AUNAR ESFUERZOS
LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE
CORPOBOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE DUITAMA PARA ATENDER LA
EMERGENCIA Y COADYUVAR EN LA MITIGACIÓN DE LA OLA INVERNAL
EN SU JURISDICCIÓN", por un valor de $71.428.572, suma que se compone
de aportes de las dos entidades citadas así: CORPOBOYACÁ la cantidad de
$50.000.000, y el municipio de Duitama la suma de $21.428.572.

Igualmente, se aclara que en este Convenio se priorizó entre otros, el sector de
Puente Arepas, donde se logró reconocer y verificar por parte de la supervisión
de CORPOBOYACÁ, la afectación producto de la ola invernal, evidenciando la
falla del muro que protege que las aguas del río Chicamocha se mezclen
con las aguas del Canal de Vargas; impidiendo el buen funcionamiento del
sifón invertido del Canal, lo que generó un represamiento de las aguas del canal
Vargas en la jurisdicción de Duitama, inundando la zona sur de este
municipio. Dada esta situación, se iniciaron las obras de reparación provisional
con el fin de realizar la protección del muro y rivera, utilizando los recursos de
la Corporación en combustible, alquiler de maquinaria, compra de pilotes en
madera y sacos en polipropileno de 50 Kg.

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Como se observa, el director de Corpoboyacá, no solo no se refiere a las causas de
la inundación del 2012, sino que, contrario a lo sostenido por el recurrente, no
identifica que el manejo de vertimientos en el canal de Vargas sea el responsable
del hecho dañoso, pues, según su afirmación tal acontecimiento obedeció a “la falla
del muro que protege que las aguas del río Chicamocha se mezclen con las aguas
del canal de Vargas” y no al empleo de dicho canal para el manejo de vertimientos
per se; menos aún, alude al sitio donde se ubican los predios del actor, pues indica
que la inundación se produjo en la zona sur del municipio de Duitama y no en
Tibasosa.

Por ende, tal medio probatorio resulta del todo improcedente para demostrar la
causalidad de la conducta imputada al Incoder y Usochicamocha con el hecho
dañoso.

Tampoco se encuentra en el expediente medios probatorios adicionales que
vinculen los vertimientos realizados al canal de Vargas con las causas de la
inundación de 2012, pues, como se analizará posteriormente, la prueba pericial,
documental y testimonial arrimada alude a otros eventos como responsables de la
inundación.

En cuanto a la agravación del daño, basta mencionar que si bien en el dictamen
pericial aportado con la demanda se realizó un estudio del suelo para esclarecer
que la tierra sufrió un proceso denominado eutrofización, aspecto que apoyaría sus
conclusiones relacionadas con la incidencia que tuvieron las aguas residuales
vertidas en el canal de Vargas en el deterioro de la tierra del demandante, lo cierto
es que la señora Olga Doralba Barrera Niño, quien rindió el dictamen y afirmó ser
ingeniera sanitaria y ambiental, así como avaluadora de predios urbanos y rurales,
no aportó ningún documento que acreditara su idoneidad y experiencia para realizar
el experticio; además, reconoció haber fundado sus conclusiones en el informe
realizado por el ingeniero agrónomo Cristian Medina Nore, quien no compareció a
la audiencia para su contradicción, por lo que resulta forzoso concluir que dicho
documento no cumplió con los requisitos contenidos en los artículos 226 y 22821 del

21 “Artículo 228. Contradicción del dictamen. (…) Si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no

tendrá valor”.

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C.G.P. – aplicables al sub examine por remisión del artículo 218 del C.P.A.C.A. 22-
para ser apreciado como pericia.

Se recuerda que quien pretenda valerse de un dictamen pericial tiene la carga de
anexar los documentos que demuestren la idoneidad y la experiencia del perito, así
como la información para contactarlo. Esto último, con el objetivo de facilitar su
localización en el evento que debiera comparecer ante el estrado judicial para
soportar las conclusiones de su experticia o su suficiencia como conocedor de
determinada ciencia, técnica o arte, so pena de que el dictamen carezca de valor
probatorio.

Cabe destacar que, aunque la Sala no desconoce que la señora Olga Doralba
Barrera Niño afirmó ser ingeniera sanitaria y ambiental y, además, contar con la
calidad de avaluadora de predios urbanos y rurales, lo cierto es que en el expediente
no reposa documento alguno que respalde dichas calidades, impidiendo que tal
medio de prueba pueda ser valorado por este estrado judicial.

Aunado a ello, si bien la mencionada señora, a diferencia del ingeniero agrónomo
Cristian Medina Nore, sí asistió a la audiencia de contradicción del dictamen, se
advierte que derivó las conclusiones relacionadas con la eutrofización del suelo, de
los análisis realizados por aquél y que respecto de estos tampoco existe claridad
sobre los métodos empleados para obtener los resultados, el día en que se
extrajeron las muestras, las herramientas utilizadas, ni si se analizó toda el área que
compone el predio del demandante.

Así las cosas, es claro que no existe criterio de imputación material, ni normativo,
que permita declarar la existencia de la falla en el servicio que se le imputó al Incoder
y Usochicamocha, ni vincular su conducta o comportamiento con el hecho
desencadenante del daño, razón por la cual éste no le es imputable.

En consecuencia, al no encontrarse acreditado que la conducta que se le atribuye
a las mencionadas entidades fue producto de una indebida administración del

22 “Artículo 218. Prueba pericial. La prueba pericial se regirá por las normas establecidas en este código, y en

lo no previsto por las normas del Código General del Proceso.
“Las partes podrán aportar el dictamen pericial o solicitar al juez que lo decrete en las oportunidades
establecidas en este código.
“El dictamen pericial también podrá ser decretado de oficio por el juez.
“Cuando el dictamen sea aportado por las partes o decretado de oficio, la contradicción y práctica se regirá por
las normas del Código General del Proceso”.

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distrito de adecuación de tierras, así como tampoco la causa directa y adecuada del
daño, deberá confirmarse en este aspecto el fallo recurrido.

6. Determinación de la responsabilidad de Corpoboyacá por la omisión en la
adopción de medidas para detener la invasión de la ronda del río Chicamocha

Esta Sección tiene definido que en los casos en que se imputa a las autoridades
públicas la omisión en el cumplimiento de sus deberes, es preciso identificar los
preceptos de orden constitucional, legal y reglamentario, así como los
pronunciamientos judiciales, que hubieren precisado el alcance de sus
obligaciones. Una vez determinado el contenido obligacional a cargo de la autoridad
pública en el caso concreto, “debe proceder a establecerse si el sujeto accionado
defraudó las expectativas de actuación que se desprendían del que constituye su
rol, de este modo configurado”23.

En este punto, considera la Sala que la atribución jurídica que plantea la parte
demandante contra Corpoboyacá consistente en la omisión de exigirle a Bavaria
S.A. que detuviera la invasión de la ronda del río Chicamocha, que afirma conllevó
a la concreción de un daño en su contra, debe verificarse dentro del marco
competencial de protección al medio ambiente que corresponde al Estado en
atención a los principios de prevención24 y precaución25, que persiguen, como
propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar
ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente o
lo compromete gravemente26.

Sobre la distinción de ambos principios, la jurisprudencia constitucional27 ha
sostenido que el principio de prevención se caracteriza por el previo conocimiento

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de agosto de 2011, exp. 17613,

C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
24 Acerca del principio de prevención se ha considerado: “(…) en virtud del principio de prevención, la actividad

de las autoridades ambientales debe caracterizarse por ser “diligente”, por no ser contraria “al deber objetivo de
cuidado”, el cual se concretiza cuando se asume una actitud de vigilancia permanente y, en aquellos eventos
que se requiera, se profieran los actos administrativos que sean indispensables según el caso para que la
actividad adelantada por el particular (o por el mismo Estado, si adelanta materialmente actividades que puedan
llegar a tener una incidencia significativa sobre el medio ambiente) no ocasione ninguna lesión” (Págs. 113-
114). Enrique Gil Botero & Jorge Iván Rincón Córdoba, Los presupuestos de la responsabilidad ambiental en
Colombia, Serie de Derecho Administrativo No. 20, Universidad Externado de Colombia. (2013).
25 Sobre el principio de precaución ha planteado la doctrina: “El principio de precaución se materializa a través

de la toma de decisiones por parte de las autoridades administrativas que ordenan la inacción cuando no existan
pruebas científicas sobre las potencialidades de generación de riesgos de una actividad o cuando dichas
pruebas no despejen las dudas respecto del posible acaecimiento de daños” (Pág. 66). Enrique Gil Botero &
Jorge Iván Rincón Córdoba, Los presupuestos de la responsabilidad ambiental en Colombia, Serie de Derecho
Administrativo No. 20, Universidad Externado de Colombia. (2013).
26 Corte Constitucional. Sentencia C-703 de 2010.
27 Corte Constitucional. Sentencia C-703 de 2010.

31

Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

de las consecuencias que tendrá sobre el medio ambiente el desarrollo de
determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente
puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzca, con la
finalidad de reducir sus repercusiones o de evitarlas, lo que se materializa en
mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y
expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de
conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese
conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente.

En aplicación de este principio, le corresponde a Corpoboyacá, como máxima
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción (artículo 31, núm. 2, Ley 99 de
1993), ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprende, las construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos (núm. 12, ibídem).

De otro lado, el principio de precaución parte de una premisa diferente, esto es, la
imposibilidad de establecer con anticipación el riesgo o la magnitud del daño que
puede sobrevenir de una determinada acción, lo cual tiene su causa en los límites
del conocimiento científico que no permite adquirir la certeza absoluta acerca de
las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que
los efectos son nocivos.

De esta manera, el principio de precaución28 ha sido estatuido en el ordenamiento
positivo colombiano, de forma expresa y directa, en el numeral 6 del artículo 1º de
la Ley 99 de 1993, así:

Artículo 1º. Principios generales ambientales. La política ambiental
colombiana seguirá los siguientes principios generales:

(…)

28 La jurisprudencia nacional ha considerado que se encuentra constitucionalizado, puesto que se desprende

de los deberes de protección y prevención del medio ambiente del Estado, contenidos principalmente en los
artículos 79, 80 y 334 de la Constitución Política, conforme a los cuales se instituyó i) el derecho a gozar de un
ambiente sano y la obligación del Estado de protegerlo; ii) la planificación, el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales en cabeza del Estado y la obligación de garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución; iii) la intervención estatal en la explotación de los recursos naturales para racionalizar
la economía y preservar un ambiente sano; y, iv) la búsqueda de un equilibrio entre la protección ambiental y el
progreso económico. Ver. Corte Constitucional, sentencias C-703 de 2010, T-299 de 2008, T-299 de 2008, C-
988 de 2004, entre otras; y, Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 7 de julio de
2022, exp. 57.819, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

32

Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado
del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades
ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución
conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta
de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar
la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio
ambiente.

En efecto, se ha indicado que en desarrollo del aludido principio y con los límites
que la propia norma legal consagra, la autoridad ambiental puede proceder a la
adopción de las denominadas “medidas preventivas”, establecidas en la Ley 99 de
1993, subrogado por la Ley 1333 de 2009, como un conjunto de decisiones de
ejecución inmediata que pueden adoptar las autoridades ambientales, en aplicación
de la función de policía, tendientes a “prevenir, impedir o evitar la continuación de
la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o
la salud humana” (artículo 4º, Ley 1333 de 200929), cuando existan indicadores de
que podría comportar riesgos o daños graves e irreversibles, aun en ausencia de
certeza científica.

Para tal efecto, deben encontrarse probados los elementos del principio de
precaución que, como lo consideró la Corte Constitucional al estudiar la
exequibilidad del numeral 6 del artículo 1º de la Ley 99 de 1993, consisten en:

“1. Que exista peligro de daño; 2. Que éste sea grave e irreversible; 3. Que
exista un principio de certeza científica, así no sea ésta absoluta; 4. Que la
decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación
del medio ambiente. 5. Que el acto en que se adopte la decisión sea
motivado”30.

Significa ello que, ante la existencia de un “peligro de daño grave e irreversible”
derivado de un principio de certeza científica, así no sea esta absoluta, le
corresponde a Corpoboyacá, en desarrollo de su función de “imponer y ejecutar a
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de

29 “Artículo 4º. Funciones de la sanción y de las medidas preventivas en materia ambiental. Las sanciones

administrativas en materia ambiental tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar
la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los Tratados Internacionales, la ley y el
Reglamento.
“Las medidas preventivas, por su parte, tienen como función prevenir, impedir o evitar la continuación de la
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana”.
30 Corte Constitucional, sentencia C-293 de 2002.

33

Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de
daños causados” (núm. 17, Ley 99 de 1993), adoptar las medidas preventivas
consagradas en el artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, que en su tenor literal
dispone:

Artículo 36. Tipos de medidas preventivas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible y las Unidades Ambientales de los grandes centros
urbanos, los establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
impondrán al infractor de las normas ambientales, mediante acto administrativo
motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción alguna o algunas de
las siguientes medidas preventivas:

Amonestación escrita.

Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos
utilizados para cometer la infracción.

Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna
y flora silvestres.

Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando
el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión,
autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los
mismos.

Parágrafo. Los costos en que incurra la autoridad ambiental por la imposición
de las medidas preventivas como almacenamiento, transporte, vigilancia,
parqueadero, destrucción, demolición, entre otros, serán a cargo del infractor.

Además de los límites para la aplicación de las medidas preventivas que impone el
principio de precaución, debe precisarse que sobre “la gravedad de la infracción” a
que hace referencia la norma antes citada, la Corte Constitucional, en sentencia C-
703 de 2010, realizó las siguientes precisiones:

En el caso de las medidas preventivas resulta indispensable advertir de nuevo
que el principio de precaución cumple la función de permitirle a la autoridad
ambiental competente decidir sobre su adopción en un estado de
incertidumbre, del que se deriva para el medio ambiente una afectación o un
riesgo grave. Según se ha indicado, la adopción de la medida preventiva
debe estar precedida de una valoración y no puede estar fundada en una
simple alerta o conjetura, sino en un principio de certeza que, aun cuando
no sea absoluta, advierta suficientemente sobre el hecho o la situación
causante de la afectación del ambiente o sobre el riesgo y la gravedad del
daño que podría derivarse de él.

Es de anotar que la gravedad de la afectación o del riesgo que podría dañar de
manera irremediable el medio ambiente o hacer sumamente costosa la
eventual reparación, de todas maneras, no escapa a la incertidumbre que rodea

34

Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

a toda la situación generadora de la aplicación de una medida preventiva. Esa
incertidumbre puede estar ligada, por ejemplo, al empleo de tecnologías
novedosas todavía no conocidas con total certidumbre e incluso a procesos,
actividades o productos ya conocidos y evaluados que, sin embargo, a la luz
de nuevos avances científicos o de su utilización reiterada revelan riesgos de
daño grave, desconocidos hasta entonces.

Sea cual fuere la circunstancia, lo cierto es que en el momento mismo de
adoptar la medida preventiva la administración no está en condiciones de
determinar la gravedad de la eventual infracción, ni de saber si efectivamente
hay o no infracción, pues a esa certeza solo se llegará al término del
procedimiento administrativo que con tal finalidad se adelante.

En razón de lo anterior, la gravedad que se aprecia en la etapa inicial
correspondiente a la aplicación de medidas preventivas es tan solo un elemento
de juicio que, en un estado de incertidumbre, emite la autoridad con base en su
previa valoración del asunto -valoración que, a su vez, debe estar
sustentada en razones serias-, pero no supone una especie de
prejuzgamiento sobre la existencia misma del daño ni sobre su gravedad.

Aunado a las medidas preventivas, Corpoboyacá tiene la facultad de imponer
sanciones administrativas ante la evidencia de una infracción ambiental, con una
función preventiva, correctiva y compensatoria, cuya imposición también está
determinada por la “gravedad de la infracción” dentro de los límites impuestos por
el principio de proporcionalidad. Tales sanciones, están previstas en el artículo 40
ejusdem, así:

Artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán
como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66
de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de
la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de
acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna
o algunas de las siguientes sanciones:

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales
legales vigentes.

2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión,
permiso o registro.

4. Demolición de obra a costa del infractor.

5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos
y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la
infracción.

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.

7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad
ambiental.

35

Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

En cuanto a la sanción consistente en la demolición de obra, esto es, la destrucción
a costa del infractor de una obra bajo parámetros técnicos establecidos por la
autoridad competente en los casos a que hubiere lugar. Dicha sanción implica que
el infractor deberá realizarla directamente y en caso contrario, será efectuada por
la autoridad ambiental, quien repetirá contra el infractor por los gastos en que
incurra mediante proceso ejecutivo (artículo 46, ibídem).

Igualmente, conviene precisar que la imposición de una sanción no exime al
infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente
estime pertinentes para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la
infracción, de ahí que el legislador hubiera previsto la imposición de “medidas
compensatorias” – artículo 31, ibídem31-, definidas como el conjunto de acciones
ordenadas por la autoridad ambiental competente, dirigidas a lograr la
recuperación, rehabilitación o restauración de los sistemas ecológicos que han sido
degradados, dañados o destruidos como consecuencia de una infracción
ambiental, y que le corresponde adelantar al infractor una vez ha quedado
establecida su responsabilidad32.

Sobre su alcance e imposición, la jurisprudencia constitucional ha definido lo
siguiente33:

Ahora bien, el proceso de restitución o restauración ecológica que se adelanta
a través de las llamadas medidas compensatorias, requiere, en cada caso, de
una valoración técnica del daño o impacto negativo causado al medio ambiente
con la infracción, por cuenta de la autoridad ambiental competente. Tal
circunstancia, descarta de plano que el ordenamiento jurídico ambiental pueda
hacer una descripción o enumeración taxativa de las medidas compensatorias.

En efecto, el componente tecnológico e incluso científico que identifica el
manejo medio ambiental, exige que la medida compensatoria a adoptar, solo
pueda determinarse una vez se establezca la clase y magnitud del daño sufrido
por el ecosistema en cada situación particular y concreta. De este modo, la
naturaleza, alcance y tipo de medida, corresponde definirlo a la entidad técnica
ambiental de acuerdo con la evaluación que ésta haga de cada daño, lo cual
asegura además, que la misma resulte equilibrada y coherente y permita
cumplir el objetivo de restituir in natura el valor del activo natural afectado.

La circunstancia de que las medidas compensatorias no se encuentren
descritas en la ley, no significa, en todo caso, que su imposición quede a la

31 “Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al infractor del cumplimiento

de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y
restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las medidas compensatorias o de
reparación deberán guardar una estricta proporcionalidad”.
32 Ver. Corte Constitucional. Sentencia C-632 de 2011
33 Ibídem.

36

Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

simple discrecionalidad de la autoridad ambiental competente, pues éstas solo
se ordenan una vez surtido el respectivo juicio de proporcionalidad. A este
respecto, el propio artículo 31 de la Ley 1333 de 2009 es claro en señalar que
la sanción y las medidas compensatorias “deberán guardar una estricta
proporcionalidad”, lo que permite entender que el alcance de la medida
compensatoria es limitado, pues se circunscribe a la proporción del daño
ambiental y, en todo caso, no podría ser excesivamente más gravosa que la
sanción misma. Además, en cuanto se trata de medidas adoptadas por una
autoridad técnica ambiental, éstas pueden ser sometidas a los respectivos
controles administrativos y jurisdiccionales, por parte de quienes se consideren
injustamente afectados con ellas.

Con base en el anterior marco obligacional, considera la Sala que en el caso bajo
estudio no se demostró la omisión que se le imputa a Corpoboyacá, toda vez que
si bien en el proceso sancionatorio adelantado en contra de Bavaria S.A. no ordenó
la demolición de la totalidad de la obra que ocupaba el cauce del río Chicamocha y
tampoco lo dispuso como medida preventiva, lo cierto es que ejerció sus facultades
sancionatorias atendiendo a la infracción ambiental y a los impactos y efectos
negativos que encontró probados.

En efecto, en la visita técnica efectuada el 7 de julio de 2011 por Corpoboyacá a
los predios de la planta industrial de la cervecería ubicada en el municipio de
Tibasosa, se logró verificar que Bavaria ocupó el cauce del río y su ronda de
protección con diferentes construcciones sin contar con permiso de la Corporación;
además de haber intervenido y modificado la ronda de protección y el vertedero
sobre el río Chicamocha (fls. 602 – 606, c. 2).

Con base en lo anterior, mediante la Resolución No. 2283 de 1º de agosto de 2011,
Corpoboyacá formuló cargos contra Bavaria S.A.34,de acuerdo a lo normado en el
artículo 18 de la Ley 1333 de 200935, al configurarse la flagrancia y en observancia
de lo establecido en el artículo 2436 del mismo dispositivo jurídico, por ocupar el

34 La imputación se decantó en los siguientes cargos: i) ocupar el cauce del río Chicamocha, en jurisdicción del

municipio de Tibasosa, sin contar con el correspondiente permiso de la Corporación, contraviniendo así lo
estipulado en el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 y el numeral 5º del artículo 284 del Decreto 1541 de
1978; ii) presuntamente generar factores de degradación ambiental a los recursos naturales al invadir la ronda
protectora del río Chicamocha, en jurisdicción del municipio de Tibasosa, al construir estructuras de la empresa,
dentro de la franja de protección del cauce, contraviniendo el literal b del numeral 1 del artículo 3 del Decreto
1449 de 1977; y, iii) presuntamente generar factores de degradación ambiental a los recursos naturales sobre
el área donde se encuentra ubicada la planta de la empresa al construir un sistema de captación sin contar con
la respectiva aprobación por parte de la Corporación, contraviniendo lo estipulado en los artículos 97 y 120 del
Decreto 2811 de 1974.
35 Artículo 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,

a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos.
36 Artículo 24. Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad

ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
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Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

cauce del río Chicamocha sin contar con el permiso de la Corporación, así como
por presuntamente generar factores de degradación ambiental a los recursos
naturales al intervenir la ronda del río y por construir un sistema de captación sin
contar con aprobación.

En el transcurso de las diligencias, el 30 de agosto de 2011, el apoderado de
Bavaria presentó descargos solicitando la exoneración de la empresa y el
consecuente archivo del expediente37; y el 26 de septiembre siguiente (fls. 611 –
612, c. 2), Corpoboyacá abrió la etapa probatoria del trámite sancionatorio, con la
finalidad de que la subdirección de administración de recursos naturales realizara
el estudio técnico de la documentación aportada por Bavaria, teniendo en cuenta
que las condiciones de la dinámica del río Chicamocha habían cambiado, los planos
allegados habían sido elaborados en 1991 y obraban como sustento de una
concesión otorgada en 2001.

Adicionalmente, en relación con el riesgo de inundación que podrían generar las
obras, la autoridad ambiental advirtió:

Por otra parte, la infraestructura conocida como vertedero si bien al parecer,
fue construida hace 40 años, ha estado siendo utilizada por la empresa
BAVARIA S.A., como parte del sistema de captación de agua y dadas las
circunstancias que se han presentado por el Fenómeno de la Niña, se requiere,
independientemente de la decisión de fondo que se adopte en el presente
trámite, determinar la utilidad de las mismas; sí están generando algún tipo de
afectación ambiental y si representan riesgo frente al incremento de caudal del
río que ha originado contingencias por inundación.

Con tal finalidad, en el informe técnico No. RH-0058/2012 de 12 de marzo de 2012
emitido por la subdirección de administración de recursos naturales, además de
concluir que Bavaria con las obras de captación de agua ocupó el cauce del río
Chicamocha sin contar con el respectivo permiso de ocupación de cauce, señaló

el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben
estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las
normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego
de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad
ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días
siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el
artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la
dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el
presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le
entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el
edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido
para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.
Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio ambiental se concederá
en el efecto devolutivo.
37 Si bien dicha pieza procesal no obra en el expediente la información se extrae de los antecedentes del auto

No. 1379 de 26 de septiembre de 2011 (fls. 611 – 612, c. 2).

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
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Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

que la invasión de la ronda de protección del río Chicamocha y del canal de Vargas
con estructuras construidas en 1990 -caseta de la estación de bombeo, tanque
presedimentador y desarenador del agua captada y tanque de almacenamiento-
generaba una afectación puntual al medio ambiente, que requería la presentación
de un plan de recuperación y restauración de la ronda de protección en el sitio
donde se encontraba ubicado el aliviadero, dentro de un término de 45 días. Sobre
dicho aspecto, precisó (fls. 613 – 620, c. 2):

El citado Plan debe contener medidas a corto y mediano plazo, cuyo término
total será de doce (12) meses, contados a partir del acto administrativo que
acoja el presente concepto Así mismo, el plan debe contener el montaje, de las
obras de infraestructura existentes en el intermedio de las dos corrientes de
agua (Ronda de Protección), en un lugar diferente, ya que evidentemente la
ubicación actual de estas estructuras constituye una afectación puntual al
ambiente, consistente en la invasión de la ronda de protección del río
Chicamocha y del canal Vargas; además deberá contener un análisis hidráulico
del río que demuestre que la presa de derivación o contención existente en el
cauce del río, para condiciones hidráulicas de eventos de máximos caudales,
como los presentados durante la temporada invernal 2010 -2011, no presenta
riesgo significativo como factor de inundaciones y en caso de serlo, el
cronograma para su desmonte y el diseño final del nuevo sistema de captación.

Con base en el concepto técnico, mediante la Resolución No. 0635 de 13 de marzo
de 2012, Corpoboyacá declaró responsable a Bavaria S.A. de los cargos
formulados. En consecuencia, la sancionó con una multa equivalente a $76’354.436
y además ordenó las siguientes medidas compensatorias (fls. 628 – 639, c. 2):

ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la empresa BAVARIA S.A. CERVECERÍA DE
BOYACÁ, la presentación a esta Corporación, en un plazo máximo de cuarenta
y cinco (45) días calendario contados a partir de la notificación de la presente
providencia, de un plan de recuperación y restauración de la ronda de
protección del río Chicamocha y Canal Vargas en el sitio donde se encuentra
ubicado el aliviadero.

PARÁGRAFO PRIMERO: El citado Plan debe contener medidas a corto y
mediano plazo, cuyo término total será de doce (12) meses, contados a partir
de la notificación del presente acto administrativo. Así mismo, el plan debe
contener el montaje, de las obras de infraestructura existentes en el intermedio
de las dos corrientes de agua (Ronda de Protección), en un lugar diferente, ya
que evidentemente la ubicación actual de estas estructuras constituye una
afectación puntual al ambiente, consistente en la invasión de la ronda de
protección del río Chicamocha y del canal Vargas; además deberá contener un
análisis hidráulico del río que demuestre que la presa de derivación o
contención existente en el cauce del río, para condiciones hidráulicas de
eventos de máximos caudales, como los presentados durante la temporada
invernal 2010 -2011, no presenta riesgo significativo como factor de
inundaciones y en caso de serlo, el cronograma para su desmonte y el diseño
final del nuevo sistema de captación.

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
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Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La malla de protección deberá instalarse fuera del
área establecida como ronda hídrica de los cuerpos de agua, en un plazo
máximo de tres (3) meses contados a partir de la notificación de la presente
providencia.

PARÁGRAFO TERCERO: El incumplimiento a las obligaciones establecidas en
el presente artículo dará lugar a la declaratoria de rebeldía en los términos
establecidos en la normatividad vigente.

Inconforme con la decisión anterior, Bavaria interpuso recurso de reposición,
esgrimiendo, entre otras razones, que las medidas compensatorias ordenadas
resultaban improcedentes, debido a que superaban el valor de la sanción y no se
había destruido recurso natural alguno (fls. 640 – 659, c. 2).

Seguidamente, mediante auto No. 2366 de 14 de septiembre de 2012 (fl. 660, c. 2),
Corpoboyacá admitió el recurso y remitió el expediente a la unidad de licencias,
permisos y concesiones de la subdirección de recursos naturales, que emitió el
concepto técnico No. RH-071/13 de 26 de agosto de 2013, en el que se concluyó
lo siguiente:

(…) desde el punto de vista técnico y ambiental, se considera que las obras de
captación existentes sobre el cauce del río Chicamocha que consisten en una
bocatoma lateral y cuarto de bombas, en la vereda Peña Negra en jurisdicción
del municipio de Tibasosa, dentro de las instalaciones de la empresa Bavaria,
cumplen con las normas técnicas existentes y se ajustan a lo establecido en
resolución No 1096 de 2000, la construcción que se hizo hace 23 años y vida
útil de 50 años38.

Finalmente, con la Resolución No. 0085 de 21 de enero de 2015, Corpoboyacá
encontró configurado el fenómeno jurídico de la caducidad respecto del primer y
tercer cargo imputado a Bavaria S.A., mientras que confirmó su responsabilidad
frente al segundo cargo, así como respecto de las medidas compensatorias, por
estimar que la omisión de mantener la cobertura boscosa en la ronda de protección
del río era una afectación que permanecía en el tiempo. En consecuencia, redujo
la multa en valor equivalente a $17’206.800 (fls. 1247 - 1254, c. 4).

En el sub lite, el demandante hace consistir la responsabilidad de Corpoboyacá en
la omisión de exigirle a Bavaria que detuviera la invasión de la ronda del río
Chicamocha, lo que de acuerdo con el marco competencial de la entidad se

38Si bien el concepto técnico No. RH-071/13 no obra en el expediente, la información se extrae de las
consideraciones de la Resolución No. 0085 de 21 de enero de 2015 (fls. 1247-1254, c. 4).

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

concreta en la omisión en la adopción de medidas preventivas, sancionatorias o
compensatorias orientadas a dicho propósito.

Revisado el caudal probatorio traído al proceso, para la Sala es claro que
Corpoboyacá no incurrió en la falla en el servicio por la omisión que se le imputa,
puesto que, ni con anterioridad a la ocurrencia del hecho dañoso – abril de 2012 –
ni con posterioridad al mismo, encontró demostrado que las obras construidas por
Bavaria para captar agua del río Chicamocha supusieran un riesgo de inundación
en el municipio de Tibasosa.

Como se reseñó, si bien desde la visita técnica realizada el 7 de julio de 2011,
Corpoboyacá conoció la existencia de las obras de captación de agua y su presunta
afectación al medio ambiente, por cuanto Bavaria no acreditó haber tramitado el
permiso de ocupación de cauce para el efecto; lo cierto es que a partir de dicha
visita no se podía establecer, con un grado de certeza -aunque no absoluta-, que
aquellas pudieran derivar una afectación o un riesgo grave de inundación, de ahí
que no resultara procedente la imposición de medidas preventivas orientadas a
mitigar tal circunstancia.

Se reitera que la adopción de las mencionadas medidas por parte de la autoridad
ambiental exige de la existencia de certeza científica, aunque esta no sea absoluta,
de un peligro de daño grave e irreversible que pueda degradar el medio ambiente,
y que para el momento de la visita técnica no se identificó la existencia de dicho
riesgo, ni en el expediente obran otras pruebas que permitan concluir que las
construcciones de Bavaria podían ser responsables de una inundación, por lo que,
no puede reprochársele a Corpoboyacá una falla en el servicio por la omisión en la
adopción de ese tipo de decisiones.

Sin perjuicio de lo anterior, lo que está demostrado es que la autoridad ambiental
debía adelantar el trámite administrativo de carácter sancionatorio en contra de
Bavaria, como en efecto hizo, y que durante el mismo tampoco se llegó al
convencimiento de la existencia de un riesgo de inundación derivado de las obras
construidas por la empresa.

En efecto, aun cuando el trámite sancionatorio estaba orientado a verificar la
configuración de una infracción puntual al medio ambiente consistente en la invasión

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

de la ronda de protección del río Chicamocha y del canal de Vargas; ciertamente la
autoridad ambiental no fue ajena a las inundaciones presentadas en años anteriores
por el fenómeno de la niña, por lo que desde la apertura de la etapa probatoria
advirtió que se debía determinar si las obras de captación de agua representaban
algún riesgo frente al incremento del caudal del río.

De esta manera, la subdirección de administración de recursos naturales de
Corpoboyacá profirió el informe técnico No. RH-0058/2012 de 12 de marzo de 2012,
en el que advirtió sobre la necesidad de realizar un análisis hidráulico para poder
establecer el riesgo que suponían las obras, lo cual, fue ordenado a Bavaria S.A. a
título de medida compensatoria en las resoluciones que decidieron y confirmaron la
decisión proferida en el trámite sancionatorio.

Así las cosas, encuentra la Sala que aun cuando al momento de imponer la
respectiva sanción, la autoridad ambiental no optó por ordenar la demolición
inmediata de las obras a costa del infractor, ello no constituye una falla en el servicio
que pueda ser imputada a la entidad demandada, por cuanto en ese estadio
procesal pese a que existía certeza respecto de la infracción ambiental, no así en
relación con los riesgos de inundación que podía implicar y, por lo mismo, la
adecuación de la sanción, su proporcionalidad y razonabilidad se sujetaron a lo
demostrado en el caso concreto.

Así mismo, la carga impuesta a Bavaria consistente en aportar un plan de
recuperación y restauración de la ronda de protección del río Chicamocha y del
canal de Vargas que contuviera un análisis hidráulico del río para determinar si “la
presa de derivación o contención” representaba un riesgo significativo como factor
de inundaciones, en lugar de evidenciar una falla, demuestra que la autoridad
ambiental actuó diligentemente, puesto que, tomó las medidas necesarias para
establecer la existencia de un eventual riesgo.

A tono con las razones hasta aquí expuestas, al no estar acreditado que las obras
de Bavaria implicaban un riesgo de inundación para el municipio de Tibasosa, la
Sala concluye que no se demostró que Corpoboyacá hubiera incurrido en una falla
en el servicio susceptible de indemnización, por cuanto no se observa, en el
expediente del trámite sancionatorio ambiental ni en otros medios de prueba, que
dicha autoridad hubiera tenido conocimiento de una relación clara y directa de las

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

obras de captaciones de agua construidas por Bavaria con alguna inundación
ocurrida en el sector o con el riesgo de una inundación futura, que le impusieran el
deber de adoptar medidas preventivas, sancionatorias o compensatorias
orientadas a la demolición de las obras.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primer grado que negó las
pretensiones de la demanda formuladas frente a Corpoboyacá.

7. Determinación de la responsabilidad de Bavaria S.A. por la construcción de
las obras de captación de agua del río Chicamocha

La sentencia de primera instancia negó la responsabilidad de Bavaria S.A. por
considerar que no obraba una prueba técnica que demostrara el nexo causal de las
obras que ocupaban el cauce del río Chicamocha con las inundaciones que
produjeron daños al actor; no obstante, el recurrente insistió en la imputación por
estimar que el informe rendido por el alcalde del municipio de Tibasosa, la prueba
pericial aportada con la demanda y las resoluciones Nos. 2283 de 1º de agosto de
2011, 635 de 13 de marzo de 2012 y 095 de 21 de enero de 2015 expedidas por
Corpoboyacá en el proceso sancionatorio adelantado en contra de Bavaria S.A.,
demostraban que la infraestructura de captación de agua construida por dicha
empresa en el cauce del río Chicamocha, era una de las concausas que contribuyó
a la inundación, dado que generó presión en la orilla del río desencadenando el
vertimiento de sus aguas hacia el canal principal, el cual, a su vez se desbordó,
generando la inundación de la vereda Suescún (Tibasosa).

Con este lindero, frente a las pruebas referidas por el actor como demostrativas del
referido elemento de la responsabilidad, debe decir la Sala que aquellas no permiten
tener por acreditado que la inundación causante del daño reclamado por el actor
pudiera ser imputada a Bavaria S.A., por las razones que se pasan a explicar:

En primer lugar, se advierte que según el informe rendido por el alcalde del
municipio de Tibasosa la inundación de 2012 obedeció a la ruptura de un jarillón y
no a la intervención del punto llamado El Vertedero por parte de Bavaria S.A. Sin
embargo, de acuerdo con su dicho una de las concausas de la ruptura de dicho

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

jarillón fue la obra de captación de agua del río Chicamocha realizada por la
mencionada empresa. Así se expresó en el escrito (fls. 1100 - 1103, c. 3):

El punto denominado El Vertedero sí fue intervenido en los años en que fue
adecuada la planta de la cervecería Bavaria, sin embargo, las razones de la
inundación de los predios no obedecen al taponamiento de dicho vertedero sino
al rompimiento del jarillón en este sector por falta de limpieza del cauce del río
por parte de Usochicamocha, pues dentro del río se encontraban matas de
sauce, formando taponamiento (…). Dicha rotura en parte se debió a la
resistencia que encontraron las aguas, por la estación de captación
instalada por la empresa Bavaria, la resistencia generó presión en la orilla
con el subsiguiente socavamiento, terminando por romper totalmente la orilla y
generarse el vertimiento de aguas del río Chicamocha al Canal Principal por un
boquete de aproximadamente 8 metros de longitud, incrementando el caudal
de las aguas del canal principal hasta niveles de desbordamiento en sectores
de la vereda Suescún, hechos ocurridos en el año 2012.(…)

Reitero que no se llama en nuestra jurisdicción canal de Vargas sino canal
principal (…).

En relación con este medio de prueba, de entrada se observa que aun cuando el
alcalde del municipio establece un vínculo entre las obras de captación de agua
realizadas por Bavaria y la ruptura de un jarillón que desencadenó la inundación; lo
cierto es que la prueba por informe no reemplaza o sustituye el dictamen pericial,
porque en estricto sentido la persona o entidad que lo rinde bajo la gravedad de
juramento no presenta una opinión especializada, sino una constancia de datos,
archivos o registros.

Así las cosas, si se requieren demostrar hechos que demanden conocimientos
científicos, técnicos o artísticos, además de la realización de exámenes,
experimentos o investigaciones, debe recurrirse al dictamen pericial, de ahí que al
no haberse aportado, junto con el informe, experticia alguna que sirviera de
fundamento técnico a lo señalado por el alcalde de Tibasosa como causas de la
inundación, no podrá tenerse aquella como prueba cierta de la responsabilidad de
Bavaria S.A.

No obstante lo anterior, la Sala no desconoce que la parte actora allegó un dictamen
pericial denominado “Peritaje predios ubicados en la finca Las Neiras”, rendido en
mayo de 2012, por Olga Doralba Barrera (fls. 55 – 69, c. 1), en el que afirmó a partir
de una visita de campo realizada el 10 del mismo mes y año, que la estructura de

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

captación de agua construida por Bavaria S.A. no permitió el drenaje de las aguas
del río Chicamocha. Así lo señaló:

4. Observaciones después de la visita de campo a tener en cuenta

En el terreno donde se construyó la empresa Bavaria S.A. al parecer no
realizaron estudio hidrológico no tuvieron en cuenta la topografía del terreno
por tal motivo en las épocas de invierno con precipitaciones altas el río
Chicamocha no pudo drenar sus aguas puesto que son obstruidas en la planta
industrial.

De igual manera, al ser interrogada sobre la anterior afirmación durante la
audiencia de contradicción del dictamen, indicó:

Preguntado: ¿De dónde sale la afirmación del punto 4, sobre Bavaria?
Contestó: en la visita de campo me di cuenta que había una desviación de
cauce, en mayo de 2012. Preguntado: ¿Cómo ingeniera ambiental puede
determinar la causa de la inundación? Contestó: sí, se puede determinar de
forma técnica. Para un estudio más detallado del tema debería hacerse una
simulación39. (…) Preguntado: ¿Se apoyó en un ingeniero hidráulico, para
esgrimir las conclusiones del dictamen? Contestó. Las conclusiones fueron
mías40.

Nótese que las apreciaciones realizadas por la señora Olga Doralba Barrera se
desprenden de una visita de campo, que no se soporta en fundamentos técnicos o
científicos, pues en el cuerpo del documento no se hace referencia a ningún estudio
adelantado para fundamentar sus conclusiones, pese a que durante la audiencia
reconoce la necesidad de realizar una simulación hidráulica para determinar las
causas de la inundación, a la vez que, admite no haber acudido a un experto en
dicha materia, todo lo cual se suma a las razones para concluir que el referido
dictamen carece de los requisitos de eficacia probatoria con respecto de los hechos
que pretendía probar.

Se recalca que el artículo 226 del C.G.P. exige que el dictamen sea “claro, preciso,
exhaustivo y detallado; [y que] en él se expliquen los exámenes, métodos,
experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos
técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones”, a la vez que el 232 ibídem
permite examinar no solo que las conclusiones del dictamen sean claras, firmes y
lógicas frente a sus fundamentos, sino también la calidad del fundamento en sí
mismo41, y lo cierto es que la experticia no cumplió con tales características. Su

39 Ver. Audiencia de pruebas. CD 2, archivo 1, obrante al folio 1290 del cuaderno 4.
40 Ver. Audiencia de pruebas. CD 2, archivo 2, obrante al folio 1290 del cuaderno 4.
41 Hernando Devis Echandía, Teoría General de la Prueba Judicial, p. 321-335. Temis (2017).

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

objetivo era evidenciar y explicar las causas de la inundación del predio del
demandante, sin embargo, el escrito se limitó a exponer de manera general las
atribuciones alegadas en la demanda, no cuenta con soportes técnicos ni expone
la manera cómo obtuvo las conclusiones de sus afirmaciones, al punto que en una
de sus respuestas en la audiencia de contradicción del dictamen señaló que su
fuente de investigación había sido “Google”42.

Así las cosas, para la Sala es claro que, contrario a lo manifestado por el recurrente,
el dictamen aportado con la demanda carece de valor probatorio para demostrar la
imputación realizada a Bavaria S.A. y el nexo causal con el daño.

En cuanto a las resoluciones proferidas en el trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio adelantado por Corpoboyacá contra Bavaria S.A. por la
ocupación del cauce del río Chicamocha y del canal de Vargas, se tiene que la
práctica probatoria allí adelantada tampoco permite tener por demostrado que
dichas obras incidieron en la producción de la inundación que afectó al actor, tal
como quedó evidenciado en el acápite anterior.

Sobre este punto, basta precisar que aun cuando con los conceptos técnicos
emitidos por dicha Corporación - recogidos en las resoluciones de formulación de
cargos y en la que decidió el trámite sancionatorio-, que frente a las obras de Bavaria
no se haya probado nexo causal, lo cual torna estéril cualquier posibilidad de
imputación en su contra, cuestión que releva a la Sala de cualquier análisis
adicional.

Como quedó visto, la determinación del riesgo de inundación que podría causar las
obras requería de un análisis técnico adicional a la visita de campo realizada por
Corpoboyacá. Por ello, en el informe técnico No. RH-0058/2012 de 12 de marzo de
2012, titulado “Evidencias y consideraciones técnicas de la etapa probatoria”, la
subdirección de administración de recursos naturales señaló que la afectación al
medio ambiente generada por Bavaria S.A. requería de la presentación de un plan
de recuperación y restauración de la ronda de protección, que además debería
contener un análisis hidráulico del río que demostrara que “la presa de derivación o
contención existente en el cauce del río, para condiciones hidráulicas de eventos de

42 “Preguntado: esta información acerca del área que abarca Usochicamocha, el número de usuarios (…) quiero

que le indique a la audiencia de donde tomó esa información, qué la soporta (…). Contestó: es la información
que tiene Usochicamocha en Google”. Ver. Audiencia de pruebas. CD 2, archivo 1, obrante al folio 1290 del
cuaderno 4.

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

máximos caudales, como los presentados durante la temporada invernal 2010 -
2011, no presenta[ban] riesgo significativo como factor de inundaciones y en caso
de serlo, el cronograma para su desmonte y el diseño final del nuevo sistema de
captación” (fls. 613 – 620, c. 2).

Lo anterior, se itera, fue solicitado a Bavaria S.A. a título de medida compensatoria
en la Resolución No. 0635 de 13 de marzo de 2012, por medio de la cual se decidió
el trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio adelantado en su
contra (fls. 628 – 639, c. 2), decisión que fue confirmada en la Resolución No. 0085
de 21 de enero de 2015 (fls. 1247 - 1254, c. 4).

Significa ello que, durante el trámite sancionatorio no se practicó prueba alguna
orientada a establecer si las obras de captación de aguas de Bavaria S.A. podrían
generar inundaciones en el municipio de Tibasosa, sino que, atendiendo a la
naturaleza del trámite adelantado, la autoridad se limitó a verificar la comisión de
una infracción a la normatividad ambiental consistente en la invasión de la ronda de
protección del río Chicamocha y del canal de Vargas, sin perjuicio de que hubiera
advertido sobre la necesidad de que Bavaria adelantara un análisis hidráulico del
río. Es más, la práctica probatoria adelantada durante dicho trámite se produjo con
anterioridad a las inundaciones presentadas a partir de abril de 2012, esto es, previo
al hecho dañoso, lo que refuerza que tal actuación administrativa no permite probar
ni siquiera de manera indiciaria la responsabilidad de Bavaria S.A. en la ocurrencia
de dicho evento.

Ahora, advierte la Sala que si bien la testigo Dolores Rojas Pérez, agricultora del
municipio de Tibasosa, adujo que la inundación de 2012 se produjo por el “tranque”
construido por Bavaria43 y, a su vez, el demandante al ser interrogado afirmó que
esta se causó porque “el agua se desvió por la bocatoma que tiene Bavaria”44; lo
cierto es que la falta de prueba sobre la causalidad impide a esta Sala aceptar, sin
más, las aseveraciones relacionadas con la responsabilidad de Bavaria en las
inundaciones ocurridas durante el 2012, máxime cuando no existe ninguna otra
evidencia que demuestre que tales obras tuvieron una incidencia directa en la
producción del hecho dañoso.

43 Ver. Audiencia de pruebas. CD 1, archivo 2, obrante al folio 1274 del cuaderno 4.
44 Ver. Audiencia de pruebas. CD 2, archivo 1, obrante al folio 1290 del cuaderno 4.

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Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

Por el contrario, en el expediente obra una prueba documental denominada “Informe
final del estudio de hidrología e hidráulica sobre el río Chicamocha a la altura de la
cervecería Bavaria ubicada en el municipio de Tibasosa, Boyacá” de 6 de agosto de
2014, rendido por CCH ingeniería S.A.S. en el marco del contrato BV-TI-INF-02
celebrado con Bavaria, con el objeto de realizar el estudio hidrológico e hidráulico
de la cuenca del río Chicamocha a la altura de la cervecería de Bavaria, para
identificar las causas de las inundaciones ocurridas durante los años 2010 a 2012
en los municipios de Tibasosa y Duitama, en el que tampoco se concluye que exista
una causalidad directa y adecuada de las obras de Bavaria con las inundaciones.
De allí se destaca la siguiente información: (fls. 1334 – 1404, c. 4):

En el caso de la ola invernal del año 2012, los reportes indican inicialmente la
adecuación y construcción de nuevas obras de mitigación, asociadas al
aumento de la cota de los jarillones del río Chicamocha, particularmente con
material dragado del mismo cauce; obras adelantadas en enero del mismo año.
Para el evento de creciente, los días 21 y 22 de abril, como se observa en la
Fotografía 2.4 se produce el colapso del jarillón derecho a la altura de la
estructura de captación de la planta, conduciendo el caudal de exceso a los
desarenadores y posteriormente al Canal Vargas.

(…)

No está claro si los jarillones fallaron porque el agua pasó por encima y causó
la destrucción de estos o si se trató de una falla estructural de los mismos.

(…)

Los cálculos hidráulicos muestran que el realce efectuado por Bavaria para
garantizar la altura mínima de agua en la succión del sistema de captación del
río Chicamocha, no constituye obstáculo para el paso de los caudales de
creciente. De hecho los desbordes por encima del jarillón, en los años 2011 y
2012, se produjeron aguas abajo de la estructura de captación de Bavaria, en
la curva inmediatamente anterior al puente del ferrocarril.

(…)

Teniendo en cuenta que el control hidráulico del todo el sistema se encuentra
localizado aguas abajo del predio de Bavaria, en la población de Modeca, se
afirma que la existencia o no del vertedero no fue determinante en las
inundaciones de los años 2011 y 2012 en los predios aguas abajo de Bavaria.
Las inundaciones en estos predios hubiesen sido similares, puesto que el
mismo caudal se hubiese presentado en las confluencias del Canal Vargas río
Chiquito y de este último con el río Chicamocha produciendo remansos de los
niveles por encima de los bordes de estos dos cauces.

De lo anterior, en el marco del alcance del análisis de la prueba documental y
aunado a las pruebas traídas al plenario, se advierte que frente a las obras de
Bavaria no se halla probado nexo causal, lo cual torna estéril cualquier posibilidad

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

de imputación en su contra, cuestión que releva a la Sala de cualquier análisis
adicional.

En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.

8. Condena en costas

De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del C.P.A.C.A. la liquidación y
ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de
Procedimiento Civil. En este orden de ideas, según lo dispuesto en el numeral 1º
del artículo 365 del C.G.P.45, la Sala condenará en costas en esta instancia a la
parte actora, toda vez que en esta providencia se resuelve desfavorablemente el
recurso de apelación por ella interpuesto.

En consecuencia y con fundamento en el numeral 3.1.3. del artículo 6 del Acuerdo
No. 1887 expedido el 26 de junio de 2003 por el Consejo Superior de la Judicatura46
se fija como agencias en derecho en esta instancia la suma de $15 ’964.054,
correspondiente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor de las pretensiones
negadas en la demanda47, a cargo de la parte demandante y a favor del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural (sucedido procesalmente por la Agencia de
Desarrollo Rural), la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego del Alto
Chicamocha, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, el municipio de
Tibasosa, Bavaria S.A. y AIG Seguros Colombia S.A. (hoy denominada SBS
Seguros Colombia S.A.).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

45 “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena

en costas se sujetará a las siguientes reglas:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código”.
46 “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

“3.1.3. Segunda instancia.
“Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en
la sentencia”.
47 Las pretensiones deprecadas en la demanda ascienden a $3.192’810.809,73.

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Radicación número: 15001-33-33-005-2013-00005-01 (54979)
Actor: Héctor Julio Rincón Verdugo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Boyacá y Otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de junio de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte actora, para lo cual se fija por
concepto de agencias en derecho, la suma de quince millones novecientos sesenta
y cuatro mil cincuenta y cuatro pesos ($15’964.054) a favor del Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural (sucedido procesalmente por la Agencia de Desarrollo Rural),
la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego del Alto Chicamocha, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, el municipio de Tibasosa, Bavaria S.A. y AIG
Seguros Colombia S.A. (hoy denominado SBS Seguros Colombia S.A.), que
corresponde al 0,5% del valor de las pretensiones negadas en la sentencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen para lo de su cargo.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado Electrónicamente
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

VF

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