Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 15001-33-33-014-2018-00076-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 15001-33-33-014-2018-00076-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 15001-33-33-014-2018-00076-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
Radicación: 15001-33-33-014-2018-00076-01 (28033)
Recurrente: Municipio de Puerto Boyacá
Temas: Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
Efectos de las sentencias que declaran la nulidad
condicionada
Sentencia
La Sala decide el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia presentado
por el municipio de Puerto Boyacá contra la sentencia proferida el 25 de agosto de
2022 por el Tribunal Administrativo de Boyacá1, resolvió:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida 12 de diciembre de 2019 por el Juzgado
Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja, en el que se negó las pretensiones
de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Declarar probada de oficio la prescripción de la devolución de los
pagos, con respecto a parte del periodo en el que la sociedad demandante pagó el
impuesto de Alumbrado Público, esto es, del 31 de enero de 2011 al 08 de febrero del
mismo año.
TERCERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos:
“a). La Resolución No. 0222 de 02 de septiembre de 2016, por medio del cual las
Autoridades Tributarias Municipales negaron la solicitud de devolución por pago en
exceso del impuesto de alumbrado público por los periodos enero de 2011 a
noviembre de 2013.
b). La Resolución No.720 del 19 de septiembre de 2017, por medio de la cual se
resuelve el respectivo recurso de reconsideración en contra de la Resolución No.
0222.
c). La Resolución No. 0223 de 02 de septiembre de 2016, por medio de la cual las
Autoridades Tributarias Municipales negaron la solicitud de devolución por pago en
exceso del impuesto de alumbrado público por los periodos diciembre de 2013 a
septiembre de 2015.
d). La Resolución No.721 del 19 de septiembre de 2017, por medio de la cual se
resuelve el respectivo recurso de reconsideración en contra de la Resolución No.
0223.”
CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, condénese a la entidad demandada
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, reintegrar a la compañía Mansarovar Energy
1 Radicado rad. 15001-33-33-014-2018-00076-01.
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Recurrente: Municipio de Puerto Boyacá
Colombia LTDA, la suma de $ 8.031.384.829, que corresponde al valor que ésta última
pagó en exceso por concepto de impuesto de alumbrado público, durante el periodo en
que no se consolido la situación jurídica, esto es, del 09 de febrero de 2011 al mes de
septiembre de 2015 (fecha ésta última establecida en la demanda), con los intereses
corrientes a la tasa señalada en el artículo 8642 del Estatuto Tributario, desde el 29 de
septiembre de 2017 (fecha de notificación de las Resoluciones que resolvieron el
recurso de reconsideración confirmado la negativa de devolución del pago en exceso-
fls. 46 y 52) hasta la ejecutoria de esta providencia, e intereses moratorios a partir del
vencimiento de los cincuenta (50) días siguientes al de la ejecutoria de esta sentencia
hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación, conforme a lo
establecido por el artículo 865 del E.T.
Los intereses corrientes y moratorios se deberán liquidar de acuerdo con lo establecido
en los artículos 864, 635 y 590 del Estatuto Tributario.
QUINTO: Sin condena en costas en segunda instancia por las razones antes
expuestas.
I. Antecedentes
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 27 de agosto de
2015, negó la nulidad parcial del artículo 3 del Acuerdo 021 de 28 de junio de 2007
y de la expresión "industria del petróleo 22%" contenida en el parágrafo quinto del
artículo 1 del Acuerdo 028 de 19 de diciembre de 2005, ambos del municipio de
Puerto Boyacá. No obstante, condicionó su legalidad a que la actividad de industria
del petróleo estuviera sometida a las mismas tarifas aplicables a las demás
industrias (4% y 5%, respectivamente).
Con fundamento en esa decisión, el 9 de febrero de 2016, Mansarovar Energy
Colombia Ltda. solicitó al municipio de Puerto Boyacá la devolución del impuesto de
alumbrado público pagado en exceso durante los periodos comprendidos entre
enero de 2011 y noviembre de 2013, por $4.992.140.935, y entre diciembre de 2013
y septiembre de 2015, por $3.006.325.348.
Mediante las Resoluciones 0222 y 0223 de 2016, notificadas el 2 de septiembre del
mismo año, el municipio rechazó las solicitudes, al considerar que la sentencia del
Consejo de Estado producía efectos ex nunc y que, por tanto, los pagos efectuados
mientras los acuerdos conservaban su presunción de legalidad eran válidos.
Contra esas decisiones, Mansarovar promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho (rad. 15001-33-33-014-2018-00076-01). En sentencia
de 12 de diciembre de 2019, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Tunja
negó las pretensiones, al concluir que la sentencia de 27 de agosto de 2015 no
declaró la nulidad de las disposiciones, sino que condicionó su validez, razón por la
cual sus efectos eran ex nunc y no afectaban los pagos efectuados con anterioridad.
Apelada esa decisión, el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia de
25 de agosto de 2022, revocó la sentencia de primera instancia para, en su lugar,
declarar la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó al municipio
de Puerto Boyacá devolver a la demandante la suma de $8.031.384.829,
2
ARTICULO 864. TASA DE INTERES PARA DEVOLUCIONES. <Artículo modificado por el artículo 166 de la Ley 223 de 1995. El nuevo texto
es el siguiente:> El interés a que se refiere el artículo anterior, será igual a la tasa de interés prevista en el artículo 635 del Estatuto
Tributario.<Inciso adicionado por el artículo 38 de la Ley 1430 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Los intereses corrientes se liquidarán a
una tasa equivalente al interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia; para la liquidación de los intereses
moratorios, se descontará el término del plazo originario para devolver no utilizado por la administración a la fecha del rechazo total o parcial
del saldo a favor.
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correspondiente al impuesto de alumbrado público pagado en exceso entre el 9 de
febrero de 2011 y septiembre de 2015.
El Tribunal sostuvo que, aunque la sentencia del Consejo de Estado produjo efectos
hacia el futuro respecto de la legalidad condicionada de los acuerdos, la
incompatibilidad constitucional de las tarifas diferenciadas existía desde su
expedición, por lo que no podían mantenerse los efectos derivados de su aplicación.
Asimismo, consideró que el derecho a la devolución no se encontraba consolidado
mientras no hubiera vencido el término legal para solicitarla, requisito que estimó
satisfecho en el caso de Mansarovar.
1. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
El municipio de Puerto Boyacá presentó recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, bajo el argumento de que la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá contravino las sentencias de
unificación núm. 66001-33-31-002-2007-00107-01 de 4 de diciembre de 2018 (AG)
y 66001-2333-003-2012-00007-01 de 1 de octubre de 2019 proferidas por el
Consejo de Estado.
Al respecto, indicó la parte recurrente que el Tribunal Administrativo de Boyacá
desconoció que la declaratoria de validez condicionada de una norma general, no
tiene los mismos efectos de la declaratoria de nulidad. Explicó que en la sentencia
de unificación de 4 de diciembre de 2018 el Consejo de Estado realizó un adecuado
examen constitucional para fijar las reglas jurídicas que hoy responden a la
jurisprudencia vigente.
En cuanto a la decisión del 1 de octubre de 2019, precisó que resolvió un caso
análogo a este asunto y concluyó que los efectos ex tunc se predican únicamente
de las sentencias que anulan un acto administrativo de carácter general, pero no de
una sentencia que declara la validez condicionada, razón por la que insiste en que
el Tribunal Administrativo de Boyacá no debió darle dichos efectos a la sentencia
de nulidad proferida por esta Corporación y, en consecuencia, declarar la nulidad
de los actos administrativos demandados, pues eso desconoce las reglas de
unificación en esta materia.
2. De la contestación al traslado del recurso extraordinario
La compañía Mansarovar, a través de apoderada judicial, afirmó que el recurso
interpuesto carece de una interpretación razonable y profunda sobre los efectos de
la declaratoria de validez condicionada de un acto de carácter general, en tanto a
su juicio, en lugar de considerar que la validez condicionada y la nulidad producen
efectos disímiles, debe entenderse que tanto la ley como la jurisprudencia
establecen que ambos son mecanismos de control de legalidad del acto
administrativo, al procurar eliminar del ordenamiento jurídico las disposiciones,
interpretaciones y aplicaciones que vulneran la Constitución Política o la ley.
Explicó que no existe norma expresa en lo contencioso administrativo que regule
los efectos de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos generales y
que siguiendo la legislación civil y el precedente judicial del Consejo de Estado, se
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puede concluir que tales efectos rigen hacia el futuro, salvo que se trate de
situaciones jurídicas no consolidadas.
Frente a los efectos de la validez condicionada del acto, citó las sentencias de 16
de junio de 20093 y la sentencia C-259 de 2015 para indicar que este tipo de
decisiones persiguen dos propósitos: (i) eliminar del ordenamiento jurídico las
interpretaciones y aplicaciones que vulneran el derecho y (ii) conservar
exclusivamente la aplicación e interpretación ajustada. En ese orden, concluyó que
la validez condicionada parte del mismo supuesto que el de la nulidad, es decir, que
la disposición examinada no se ajusta al ordenamiento jurídico lo que la torna en
ilegal.
Así las cosas, consideró la compañía que ambas figuras (nulidad y validez
condicionada) buscan retirar del ordenamiento jurídico el componente de ilegalidad
del que adolece el acto, siendo la única diferencia que la nulidad expulsa todo o en
parte la disposición acusada y la validez condicionada expulsa el aparte que se
torna ilegal.
Bajo esos supuestos y descendiendo al caso concreto, indicó que con el fallo
proferido por el Consejo de Estado en el trámite de nulidad simple, se reconoció la
ilegalidad de la tarifa del 21% al violar el principio de equidad, específicamente los
artículos 95-9 y 363 constitucionales. Por lo tanto, en principio debió darse
aplicación de la sentencia con efectos ex nunc de no ser porque frente a
Mansarovar, la situación jurídica no estaba consolidada al encontrarse dentro del
término para solicitar la devolución de pago en exceso y discutir su procedencia,
tanto en sede administrativa como judicial, deviniendo en improcedente el recurso
interpuesto.
Adicionalmente, la compañía anotó que el municipio de Puerto Boyacá en total
desconocimiento de la finalidad del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia no solicitó la extensión de ninguna regla de unificación, sino que
pretendió la no aplicación de las reglas de unificación de las sentencias núm. 66001-
2333-003-2012-00007-01 y 66001-33-31-002-2007-00107-01(AG). Esto, bajo el
entendido equívoco de que las sentencias de unificación tratan de nulidades y no
sobre legalidades condicionadas, por lo que sus efectos no pueden ser extensibles
al caso particular de Mansarovar, máxime cuando el recurrente no hizo un ejercicio
de comparación de la ratio decidendi de las sentencias de unificación con la
sentencia recurrida.
Precisó que las sentencias de unificación de las que pretende su extensión no
cuentan con la similitud temática necesaria para ser aplicadas al caso en concreto,
para el efecto hizo un cuadro explicativo para demostrar que las sentencias de
unificación tratan sobre acciones de grupo relacionadas con cobros indebidos y
perjuicios patrimoniales, en contraste, la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá versa sobre el derecho a pagos en exceso del impuesto
de alumbrado público.
Por lo expuesto, la compañía solicitó desestimar el recurso de unificación de
jurisprudencia interpuesto y condenar en costas a la parte recurrente.
3 Expediente núm. 11001-03-15-000-2009-00305-00 (CA).
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3. El ministerio público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, aun
cuando fueron debidamente notificados guardaron silencio.
4. Trámite procesal
Por medio de auto de 11 de marzo de 2024, se inadmitió el recurso interpuesto con
el fin de que el municipio de Puerto Boyacá especificara de manera clara y precisa
las razones por las cuales consideraba que la sentencia de 25 de agosto de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá contrariaba las sentencias de
unificación citadas. Este proveído se notificó por estado el 13 del mismo mes y año.
El 20 de marzo de 2024, el interesado allegó memorial de subsanación, razón por
la cual por auto de 10 de diciembre de 2024 se admitió el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia y se corrió traslado a Mansarovar por el término de
quince días. La decisión se notificó el 13 de enero de 2025.
El 6 de febrero de 2026, se requirió a la abogada de Mansarovar para que allegara
el certificado de existencia y representación legal de la sociedad que representa. El
requerimiento se cumplió en la misma fecha y el expediente ingresó al despacho el
13 de febrero de 2026.
II. Consideraciones de la Sala
1. Competencia
En ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 259 del CPACA, en
concordancia con el Acuerdo 434 de 20244, a la Sala le corresponde decidir el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia presentado por el municipio
de Puerto Boyacá.
2. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 25 de agosto de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 150013333014 2018-00076- 01,
contraría o se opone a las sentencias de unificación núm. 66001-33-31-002-2007-
00107-01 de 4 de diciembre de 2018 (AG) y 66001-2333-003-2012-00007-01 de 1
de octubre de 2019 proferidas por esta Corporación, y si es procedente dictar
decisión de reemplazo.
3. Generalidades del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
La interpretación sistemática de los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 83, 121, 123, 209 y
230 de la Constitución permite afirmar que el ordenamiento superior impone a todas
las autoridades el deber de observar el precedente judicial, como manifestación de
los principios de igualdad, seguridad jurídica, confianza legítima y sometimiento al
orden jurídico. En desarrollo de ese mandato, el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011
4 Por el cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los
artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
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dispone que las autoridades al momento de resolver los asuntos de su competencia,
“aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera
uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos (…) y
deberán tener en cuenta las sentencias de unificación del Consejo de Estado en las
que se interpreten y apliquen dichas normas”5.
Los artículos 270 y 271 de la Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 78 y
79 de la Ley 2080 de 2021, aluden a las sentencias de unificación jurisprudencial, a
saber: (i) las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia
jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar la
jurisprudencia, o sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las
divergencias en su interpretación y aplicación; (ii) las proferidas al decidir los
recursos extraordinarios y (iii) las relativas al mecanismo eventual de revisión
previsto en el artículo 36 A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de
la Ley 1285 de 2009.
Esta Corporación ha precisado que “(…) una sentencia de unificación es aquella
emitida por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, con el propósito de
establecer un criterio jurídico uniforme frente a un asunto que ha generado
interpretaciones divergentes, división de criterios o jurisprudencia contradictoria en
torno a la aplicación o interpretación de una norma, o de una situación jurídica” 6.
De igual manera, ha indicado que “estas sentencias buscan unificar la jurisprudencia
para evitar decisiones judiciales contradictorias sobre un mismo asunto, garantizar
la seguridad jurídica, orientar a los jueces de la jurisdicción contencioso
administrativa y consolidar el precedente judicial. El núcleo de estas decisiones lo
constituyen las reglas de unificación, que son los criterios jurídicos específicos
determinados por el Consejo de Estado sobre cómo debe interpretarse o aplicarse
un precepto normativo o situación jurídica específica”7. (Negrilla por fuera del
texto original).
El título VI capítulo II de la Ley 1437 (artículos 256 a 268)8, consagró el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia contra las sentencias dictadas en
única y segunda instancia por los tribunales administrativos. El recurso tiene como
finalidad, en esencia, “asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su
aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros».
Asimismo, estableció como única causal para su procedencia, la siguiente:
“Artículo 258. Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
cuando la sentencia impugnada contrarie o se oponga a una sentencia de unificación del
Consejo de Estado”
5 En sentencia C-634 de 2011, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de esa disposición “en el
entendido que las autoridades tendrán en cuenta, junto con las sentencias de unificación jurisprudencial
proferidas por el Consejo de Estado y de manera preferente, las decisiones de la Corte Constitucional que
interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia. Esto sin
perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias que efectúan el control abstracto de
constitucionalidad”.
6 Sentencia de 11 de diciembre de 2025, exp. 14001-33-31-005-2009-00279-01 (59634).
7 Ibidem.
8 Modificado por el artículo 71 de la Ley 2080 de 2021.
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Por su parte, el artículo 262 ibídem previó entre los requisitos que debe contener el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia “la indicación precisa de la
sentencia de unificación jurisprudencial que se estima contrariada y las razones que
le sirven de fundamento”. A su vez, el artículo 266 de la Ley 1437 de 2011,
contempla el trámite breve, expedito, sin que en él se incluya etapa de excepciones,
ni probatoria, pues no es una instancia adicional9.
La Corte Constitucional en la sentencia C-179 de 2016 declaró exequible la
expresión “por los tribunales administrativos” consagrada en el artículo 257 de la
Ley 1437 de 2011, y sobre el alcance del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia sostuvo:
“[…] En el asunto sub-judice, el recurso extraordinario objeto de controversia se encuentra
regulado como una vía para asegurar el respeto del precedente vertical consagrado en
sentencias de unificación; por lo que, a partir de dicho objetivo, se entiende que su
procedencia se circunscriba a las decisiones de “única y segunda instancia” dictadas por
los tribunales administrativos. En efecto, como ya se ha dicho, en relación con los jueces
de inferior jerarquía se entiende que su desconocimiento puede corregirse a través de los
medios ordinarios de contradicción; y en cuanto a las dependencias internas que integran
el Consejo de Estado, no se presenta el supuesto de sujeción jerárquica o de
subordinación funcional que explica la viabilidad de este recurso, conforme se explicó con
anterioridad.
(…)
6.7.6.2. Finalmente, en lo que atañe a la seguridad jurídica, basta con señalar que al
contrario de lo manifestado por la accionante, el recurso estudiado y la norma acusada
promueven su cumplimiento, comoquiera que permiten la coherencia y uniformidad en la
interpretación del derecho, al exigir que las decisiones adoptadas por los tribunales
administrativos se adecuen a los estándares expuestos por el máximo órgano de la Justicia
Contencioso Administrativa. Ello garantiza que las partes del proceso y los ciudadanos en
general tengan un importante nivel de certeza sobre los criterios de decisión aplicables y
que ellos resulten razonablemente previsibles. (…)”.
En definitiva, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia no constituye
una nueva instancia ni un mecanismo para replantear el debate procesal,
complementar la argumentación de las partes, subsanar omisiones o deficiencias
en la actividad litigiosa, ni cuestionar el acierto jurídico de una sentencia de
unificación. Su carácter extraordinario delimita estrictamente su objeto al examen
de la correspondencia entre la decisión proferida por el tribunal administrativo y la
sentencia de unificación invocada como fundamento del recurso, a partir de la
verificación de la identidad de los supuestos fácticos y jurídicos y de la conformidad
o apartamiento de las reglas jurisprudenciales fijadas en esta última.
4. Estudio y solución del caso concreto
En el sub examine el municipio de Puerto Boyacá acudió a este recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, al considerar que el Tribunal
Administrativo de Boyacá en sentencia de 25 de agosto de 2022, le otorgó a la
sentencia de nulidad simple núm. 20103 de 27 de agosto de 201510, -que negó
9 En sentencia de 16 de octubre de 2025, exp. 11001-03-26-000-2025-00054-00 (72734), esta Corporación
sostuvo: “El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia no comporta una nueva instancia para
controvertir las consideraciones de la sentencia cuya legalidad se cuestiona”.
10 CP Carmen Teresa Ortíz de Rodríguez
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pretensiones y declaró la legalidad condicionada de los artículos 1° y 3° del Acuerdo
021 de 28 de junio de 2007-, efectos ex tunc11 lo cual, a su juicio, contraviene las
sentencias de unificación núm. 66001-33-31-002-2007-00107-01 de 4 de diciembre
de 2018 (AG) y 66001-2333-003-2012-00007-01 de 1 de octubre de 201912, en
tanto, ante esa tipología de decisiones los efectos que surte la sentencia son ex
nunc13.
En ese contexto, corresponde a la Sala determinar si le asiste razón al recurrente,
para lo cual, en primer término, deberá establecer si las sentencias de unificación
en las que se funda el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
resultaban aplicables al asunto estudiado por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
es decir, si contienen similitud fáctica, problema jurídico y reglas de decisión que
vincularan a la referida autoridad judicial.
Atendiendo lo anterior, sobre la primera sentencia de unificación [2007-00107-01],
la Sala encuentra que se trata de una providencia dictada en el marco de un trámite
de revisión eventual en una acción de grupo presentada por el Ministerio Público, el
ICBF y el SENA en contra de la sentencia de 29 de abril de 2009, proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda dentro del proceso de acción de grupo que
interpusieron varias cooperativas de Trabajo Asociado, con el fin de que se
declarara administrativamente responsables de la totalidad de los perjuicios
causados por “falla en el servicio de la función pública en que incurrió y/o daño
antijurídico”, reflejado en el detrimento patrimonial que les produjo el pago de
aportes parafiscales entre el 1 de enero de 2005 y el 12 de octubre de 2006, en
tanto la norma sustento de la imposición (artículo 1 del Decreto 2996 de 2004) fue
declarada nula mediante sentencia del Consejo de Estado de 12 de octubre de
2005.
En lo que interesa a este trámite judicial, en la referida sentencia de unificación se
abordó el análisis sobre los efectos de la nulidad de actos administrativos de
contenido general, en el sentido de indicar que “el fallo de nulidad de un acto de
carácter general no afecta situaciones consolidadas, esto quiere decir, que sus
efectos son ex nunc, pero sí afecta las no consolidadas, lo que significa que en este
caso, sus efectos son ex tunc, por ello la sentencia de nulidad en relación con estos
últimos actos produce efectos retroactivos14”.
Además, sostuvo que “la anulación del acto de naturaleza general no conlleva per
se la nulidad de los actos administrativos particulares o concretos expedidos con
base en ese acto general anulado, pues es indispensable que sean demandados
en sus propias acciones jurisdiccionales si la pretensión del interesado es que
también desaparezcan del orden jurídico”.
Se precisó, además, que para ese caso concreto era próspera la solicitud de
eventual de revisión propuesta porque en la acción de grupo el juez centró el análisis
solo en los efectos de la sentencia, pero omitió abordar el estudio de la probanza
del daño antijurídico y la necesidad de que las demandantes agotaran la decisión
11 «Desde el origen» o «desde siempre»
12 Sentencias que deciden sobre la revisión eventual en acción de grupo.
13 «En adelante» o «desde ahora»
14 Conclusión a la que arribó, citando la sentencia del 3 de marzo de 2011. Exp. 17741 C.P. William Giraldo
Giraldo.
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previa, por tratarse de un tema tributario. En ese orden resolvió:
“PRIMERO. DECLÁRASE PRÓSPERA LA SOLICITUD DE REVISIÓN EVENTUAL
presentada por el SENA y el ICBF contra la sentencia de 29 de abril de 2009 proferida
por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda. En consecuencia,
DECLÁRASE que dicha sentencia no se ajustó a los parámetros jurisprudenciales
sentados por esta Corporación y, por lo tanto, CONFÍRMASE.
SEGUNDO: CONFÍRMASE la posición jurisprudencial atinente a la acción de la posición
jurisprudencial atinente a la acción de grupo en cuanto a: (i) la necesaria acreditación del
daño antijurídico cuando se trata de deprecar los perjuicios por el acto declarado nulo,
por cuanto la declaratoria de nulidad del acto general no afecta per se la legalidad de los
actos administrativos particulares y concretos expedidos con fundamento en ese acto
general (actos derivados), en tanto gozan de todos los atributos propios del acto
administrativo, entre ellos, están cobijados por la presunción de legalidad; que la
vocación resarcitoria en la acción de grupo obedece a la acreditación debida de un daño
antijurídico, es decir, aquel que no tenía la obligación de padecer o soportar y que le es
imputable material y jurídicamente a la administración; que para que el daño antijurídico
sea indemnizable patrimonialmente en los casos en que tenga su causa directa en el
acto administrativo declarado nulo, independientemente de la irregularidad declarada
mediante la sentencia de nulidad, debe demostrarse precisamente que sí fue antijurídico,
porque legalmente no estaba en el deber de soportarlo y el nexo de causalidad; que
conforme al artículo 90 constitucional solo es indemnizable el daño antijurídico, por lo
que no todo daño es indemnizable. Debe quedar demostrado entonces que esa
antijuridicidad se deriva de haber padecido una lesión antijurídica, que no puede
confundirse con el perjuicio que es el valorativo o lo cuantificable del daño; (ii) que en
caso de que el interesado (devolución de tributos indebidamente pagados) solicite a la
entidad recaudadora el resarcimiento por vía administrativa porque así lo impone la
regulación o se deriva de la relación jurídica y la decisión administrativa no le sea
favorable, para efectos de reclamar el resarcimiento del perjuicio causado por el daño
antijurídico, deberá acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en el
que cuestionará la decisión expresa o presunta y puede solicitar los perjuicios causados
por el acto administrativo demandado, siempre que haya padecido un daño antijurídico;
(iii) la vía indemnizatoria directa cuando se está frente a la nulidad del acto general, debe
analizarse cuidadosamente según las circunstancias de cada caso, pues la acción de
grupo no puede constituir mecanismo judicial adecuado, si el interesado legalmente tenía
la carga de agotar un trámite previo ante la entidad o de generar una decisión
administrativa particular, aunado a la demostrativa de haber padecido un daño, pero no
cualquiera, sino aquel de alcance y estirpe antijurídico”.
Por otro lado, en cuanto a la segunda sentencia que se reprocha como desconocida
[2012-00007-01], la Sala advierte que también se da en el marco de una revisión
eventual de una acción de grupo que tuvo su génesis en una demanda que
interpusieron unos contratistas contra el departamento de Risaralda, porque
cancelaron el equivalente al 2% sobre el valor de sus contratos por concepto de la
«estampilla pro-desarrollo» creada mediante el artículo 3.º de la Ordenanza 012 del
7 de mayo de 2009, el cual fue declarado nula por el Tribunal Administrativo de
Risaralda mediante sentencia del 11 de noviembre de 2011 y confirmada por el
Consejo de Estado mediante sentencia de 18 de junio de 2013.
Al resolver el mecanismo revisión eventual presentado por el departamento de
Risaralda, la Sala Primera Especial de Decisión del Consejo de Estado, en lo que
interesa a este asunto, reiteró la siguiente posición jurisprudencial:
“PRIMERO.- Se reitera la posición jurisprudencial sobre los efectos de las sentencias
de nulidad que recaen sobre los actos administrativos de carácter general y la
consolidación de situaciones jurídicas en los siguientes términos:
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1) Una sentencia que anula un acto administrativo de carácter general tiene efectos
desde el origen o «ex tunc», excepto que se trate de situaciones jurídicas
consolidadas, en cuyo caso produce efectos desde ahora o «ex nunc».
2) Las situaciones jurídicas se consolidan cuando ya no son susceptibles de ser
discutidas en vía administrativa o jurisdiccional, porque se sometieron a dichos
controles y fueron resueltas con efectos de cosa juzgada que hace inmutable la
decisión; o también, en el evento que el interesado dejó precluir la oportunidad de
someterlas a examen administrativo previo o judicial, razón por la cual el acto cobró
firmeza.
(…)”.
Visto lo anterior, la Sala advierte que las sentencias de unificación invocadas por el
recurrente no constituyen precedente judicial aplicable al asunto sub examine, en la
medida en que las reglas de decisión fijadas en dichas providencias no gobiernan
el problema jurídico debatido, ni existe identidad material -normativa y fáctica-
relevante que permita extender sus efectos al caso concreto. En esas decisiones,
la premisa fáctica para la resolución de los casos se circunscribió a los efectos de
la declaratoria de nulidad o invalidez de una norma jurídica, lo que dista del asunto
bajo examen en el que el parámetro fue una decisión de nulidad simple que declaró
la legalidad condicionada de un acto administrativo de carácter general, impersonal
y abstracto.
En efecto, conforme a la jurisprudencia reiterada de esta Corporación15 y de la Corte
Constitucional16, el precedente judicial no se predica de la sola existencia de una
decisión previa, sino de la ratio decidendi que en ella se haya fijado, entendida como
la regla jurídica necesaria y determinante para la solución del caso, siempre que
exista similitud fáctica y jurídica relevante entre los asuntos comparados, lo que no
ocurre en esta oportunidad porque el parámetro que propone la recurrente se
resolvió en el marco de una decisión de declaró la ilegalidad de un acto
administrativo general. En ausencia de dicha identidad, la sentencia anterior carece
de fuerza vinculante.
Al respecto, la doctrina ha sostenido que el precedente judicial vinculante implica
que “La decisión adoptada con anterioridad dentro de un cierto patrón fáctico tiene
fuerza gravitacional prima facie sobre un caso nuevo análogo por sus hechos o
circunstancias17”, lo que no ocurre en esta oportunidad en las que las reglas de
decisión jurisprudencial que se invocan no resultan aplicables.
De igual modo, se ha indicado que “no todo lo que resuelve un tribunal es
considerado como un ‘precedente’. Únicamente aquellas partes de una opinión de
15 Ver entre otras: Sentencia del 5 de febrero de 2015. Exp. N° 2014 – 1312-01 C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Sentencia de 11 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-015-000-2015-03358-00 (AC) C.P. Rocio Araujo
Oñate, Sentencia de 4 de septiembre de 2025. Exp. 11001-03-15-000-2025-04412-00 C.P. Claudia Rodríguez
Velásquez y Sentencia de 5 de febrero de 2025. Exp. 11001-03-15-000-2025-06521-01 C.P. Luis Antonio
Rodríguez Montaño.
16 Puede verse entre otras, las sentencias T-292 de 2006, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-158 de 2006,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-762 de 2011, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-053 de 2015. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado, T-441 de 2018 M.P. Diana Fajardo Rivera y T-024 de 2024 M.P. Paola Andrea
Meneses Mosquera, entre otras.
17 LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. El Derecho de los Jueces, segunda edición, Bogotá, editorial Legis, 2006,
p.109.
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la Corte que constituyen declaraciones de derecho que sean esenciales para la
sentencia de un caso ante ella misma, poseen valor de precedente”18.
Por lo tanto, a juicio de la Sala el precedente judicial no opera como una fuente
autónoma e incondicionada, sino como una técnica de coherencia que exige
correspondencia material entre los casos, que se sustenta en los principios
constitucionales de igualdad y confianza legítima, y como una salvaguarda del
principio de seguridad jurídica.
En esa línea, se precisa que el deber de aplicar el precedente judicial no comporta
una adhesión mecánica o acrítica a decisiones anteriores, sino un ejercicio
argumentativo riguroso de comparación (similitud fáctica, problema jurídico y regla
decisional), que permita establecer si la regla jurisprudencial invocada resulta
verdaderamente aplicable al nuevo caso. Por ello, no toda sentencia de unificación
constituye automáticamente precedente judicial obligatorio, pues su fuerza
normativa se limita, se reitera, al ámbito material definido por los hechos, el
problema jurídico y la solución adoptada.
Por tanto, aplicando estos criterios al caso concreto, la Sala observa que las
sentencias de unificación núm. 66001-33-31-002-2007-00107-01 de 4 de diciembre
de 2018 (AG) y 66001-2333-003-2012-00007-01 de 1 de octubre de 2019, se
ocupan exclusivamente de los efectos de las sentencias que declaran la nulidad
de actos administrativos de carácter general, particularmente en el marco de
acciones de grupo y del análisis del daño antijurídico derivado de cobros efectuados
y perjuicio patrimoniales con fundamento en normas posteriormente anuladas.
Dicho en otros términos, lo abordado en esas decisiones unificadoras no guarda
relación fáctica y normativa con el asunto bajo estudio, en el que la decisión de
nulidad que se adoptó en un proceso de nulidad simple fue de legalidad
condicionada, es decir, no se expulsó del ordenamiento jurídico el marco normativo
analizado, sino que se privilegió su validez siempre y cuando se entendiera de una
determinada manera.
El asunto objeto de estudio no versa sobre una declaratoria de nulidad de un acto
administrativo de carácter general, impersonal y abstracto, es decir, no se expulsó
del ordenamiento jurídico, sino sobre los efectos jurídicos de una sentencia que
declaró la legalidad condicionada de la norma acusada. Esa diferencia no es menor
ni es puramente formal, sino sustancial, pues la legalidad condicionada no implica
la expulsión del acto administrativo del ordenamiento jurídico, sino la conservación
de su vigencia bajo una interpretación conforme a la Constitución Política y a la ley.
Así las cosas, las reglas jurisprudenciales fijadas en las sentencias de unificación
invocadas -relativas a los efectos ex tunc de la nulidad de actos generales, a la
consolidación de situaciones jurídicas y a la necesidad de acreditar un daño
antijurídico-, no resultan aplicables a este caso particular y concreto, en el que no
existió declaratoria de nulidad del acto administrativo general, sino, se reitera, se
trató de una legalidad condicionada.
Adicionalmente, se observa que las providencias de unificación citadas se
18 BARKER, Robert S, El precedente y su significado en el derecho constitucional de los Estados Unidos,
ediciones Olejnik, Argentina, 2018, p. 21.
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profirieron en un contexto procesal y material distinto, pues fueron proferidas en el
marco de acciones de grupo orientadas a la reparación de perjuicios patrimoniales
por cobros indebidos, mientras que el proceso que dio lugar al recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia corresponde a una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho relativa a solicitudes de devolución de pagos en
exceso derivados de la aplicación de una norma cuya legalidad fue condicionada.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que no existe contradicción entre la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá y las sentencias de
unificación invocadas, en tanto estas no fijaron alguna regla jurisprudencial relativa
a los efectos jurídicos de las sentencias de legalidad condicionada, ni abordaron un
supuesto fáctico y jurídico análogo al aquí examinado.
En efecto, se insiste, las providencias citadas por el recurrente se circunscribieron
al estudio de los efectos temporales derivados de la declaratoria de nulidad de actos
administrativos de carácter general, particularmente en el contexto de acciones de
grupo y del análisis del daño antijurídico. Por el contrario, el asunto objeto del
recurso versa sobre los efectos que se le debe dar a una sentencia que declaró la
legalidad condicionada de la norma acusada, supuesto que no implica la expulsión
del acto administrativo del ordenamiento jurídico, sino su conservación bajo una
interpretación conforme.
La diferencia estructural entre ambos escenarios excluye la identidad material
necesaria para predicar la obligatoriedad del precedente judicial. En consecuencia,
no puede afirmarse que el Tribunal Administrativo de Boyacá haya desconocido una
regla de unificación de obligatoria observancia.
Así las cosas, no se configura el presupuesto material previsto en el artículo 258 del
CPACA para la procedencia del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, esto es, que la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una
sentencia de unificación del Consejo de Estado, lo que releva a la Sala de efectuar
valoraciones de fondo relativas a la eventual consolidación de situaciones jurídicas
o al alcance temporal de la decisión cuestionada, pues ello presupone la existencia
de una contradicción jurisprudencial que, en este caso, no se evidencia.
Por consiguiente, se declarará desestimado el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia interpuesto por el municipio de Puerto Boyacá.
5. Costas
La Sala condenará en costas a la parte recurrente de conformidad con lo previsto
en el artículo 267 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, que establece que la condena resulta procedente cuando se
desestime el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
La liquidación de costas se sujetará a las pautas fijadas en el artículo 366 del Código
General del Proceso y en la liquidación en costas se incluirá por concepto de
agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente a la fecha de la presente providencia teniendo en cuenta las tarifas
establecidas en el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Declarar desestimado el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia presentado por el municipio de Puerto Boyacá contra la sentencia
proferida el 25 de agosto de 2022, por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el
marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado (rad.
15001-33-33-014-2018-00076-01, por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo.- Condenar en costas a la parte recurrente, las cuales deberán ser
liquidadas por la secretaría de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 267 y 188 del CPACA y 366 del
Código General del Proceso. Para el efecto, inclúyase por concepto de agencias
en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la
fecha de la presente providencia.
Tercero.- Reconocer personería a la abogada Margarita Diana Salas Sánchez,
para actuar en nombre y representación de la Compañía Energy Colombia Ltda, en
los términos del poder conferido (índice Samai 00021).
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Ausente con permiso) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Aclara voto
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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