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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-31-000-2008-00191-02

Fecha
2 de octubre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-31-000-2008-00191-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia proferida el 15 de marzo de 2012 por el Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. Segundo: Decretar la nulidad parcial de la Resolución 695 del 23 de junio de 2008, a través de la cual, la «apoderada general» de Fiduagraria, actuando como agente liquidadora de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, resolvió rechazar 375 reclamaciones de los empleados y trabajadores de la ESE, únicamente en lo que tiene que ver con el demandante. Tercero: Ordenar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que reconozca y pague de manera indexada a Alejandro Álvarez Henao la indemnización especial prevista en el artículo 14 del Decreto 452 de 2008, en proporción al tiempo de servicios prestados. Radicación: 17001-23-31-000-2008-00191-02 (3253-2024) Demandante: Alejandro Álvarez Henao Demandada: ESE Rita Arango Álvarez del Pino – En liquidación La suma a pagar se actualizará según la siguiente fórmula, por corresponder lo adeudado a un monto fijo, así: R = Rh Índice final Índice inicial Según la cual el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh) que es la suma adeudada que debió pagar la administración por concepto de la indemnización por supresión de cargo, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la ejecutoria de esta sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha en que debió hacerse el pago). Cuarto: No condenar en costas en esta instancia. Quinto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-31-000-2008-00191-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

2 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-31-000-2008-00191-02 (3253-2024)
Demandante: Alejandro Álvarez Henao
Demandada: Empresa Social del Estado, ESE, Rita Arango Álvarez del Pino
en liquidación

Tema: Indemnización de empleado provisional retirado de la ESE Rita
Arango Álvarez del Pino

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el
15 de marzo de 2012 por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se
negaron sus pretensiones.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Alejandro Álvarez Henao cuestionó la legalidad de la Resolución 229 del 5 de marzo
de 2008, por medio de la cual la «apoderada general» de Fiduagraria, actuando
como agente liquidadora de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, ordenó la
terminación de todas las vinculaciones provisionales de la entidad, incluida la suya
en el empleo de técnico administrativo, como consecuencia de la supresión y
liquidación definitiva de la ESE. También demandó la Resolución 695 del 23 de junio
de 2008, a través de la cual, la referida autoridad rechazó 375 reclamaciones de los
empleados y trabajadores de la ESE porque no eran acreencias concursales, sino
salariales y prestacionales con carácter preferencial, y dispuso que se pagasen
como gastos administrativos, previa verificación, ya que correspondían a
funcionarios que estaban vinculados al momento de cobrar vigencia la orden de
liquidar la entidad. A título de restablecimiento del derecho solicitó su reintegro, el
pago de los salarios y prestaciones, y el pago de la indemnización especial
establecida en el artículo 14 del Decreto 452 de 2008.

La sentencia de primera instancia negó las pretensiones de la demanda porque: (i)
la terminación de su vínculo obedeció a la supresión y liquidación de la entidad,
circunstancia que justificaba plenamente la desvinculación, y (ii) como él fue
nombrado en provisionalidad en la ESE mediante la Resolución 243 del 12 de mayo
de 2004, no adquirió derechos de carrera.

El Consejo de Estado confirma parcialmente la sentencia de primera instancia en lo
que tiene que ver con la negativa de acceder a reintegrar el demandante, debido a
la supresión y liquidación de la ESE. A su vez, declara que el actor tiene derecho a
la indemnización especial prevista en el artículo 14 del Decreto 452 de 2008, porque
estuvo vinculado de manera continua desde 1985 al ISS y, posteriormente,
«automáticamente» y «sin solución de continuidad», entró a formar parte de la
planta de personal de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino hasta su liquidación en
2008.

Radicación: 17001-23-31-000-2008-00191-02 (3253-2024)
Demandante: Alejandro Álvarez Henao
Demandada: ESE Rita Arango Álvarez del Pino – En liquidación

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. El 4 de julio de 2008, Alejandro Álvarez Henao presentó1 demanda2 de nulidad y
restablecimiento del derecho3 de acuerdo con las pretensiones, hechos y
fundamentos jurídicos que a continuación se expresan.

2.1.1. Pretensiones

2. Solicitó que se declarara la nulidad de las resoluciones: (i) 229 del 5 de marzo de
2008 mediante la cual la «apoderada general» de Fiduagraria, actuando como
agente liquidadora de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, resolvió dar por
terminados los nombramientos en provisionalidad de la entidad, dentro de los cuales
se encontraba el suyo en el empleo de técnico administrativo, código 3124, grado
22, 8 horas, y (ii) 695 del 23 de junio de 2008, por la cual la entidad rechazó 375
reclamaciones de los empleados y trabajadores de la ESE porque no eran
acreencias concursales, sino salariales y prestacionales con carácter preferencial,
y dispuso que se pagasen como gastos administrativos, previa verificación, ya que
correspondían a funcionarios que estaban vinculados a la ESE al momento de
cobrar vigencia la orden de liquidar la entidad.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condenara a la entidad
demandada a: (i) reintegrarlo al cargo de técnico administrativo, código 3124, grado
22, 8 horas, (ii) pagarle en forma indexada los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir desde que fue desvinculado hasta que sea efectivamente
reincorporado, y (iii) pagarle de manera subsidiaria, también de manera indexada,
la indemnización especial establecida en el Decreto 452 de 2008.

2.1.2. Hechos

4.El demandante se vinculó a la planta de personal del Instituto de los Seguros
Sociales, ISS, el 1 de abril de 1985, en el empleo de técnico de servicios
administrativos, grado 18.

5. A raíz de la expedición del Decreto 1750 de 2003, que ordenó la escisión del ISS
y la creación de unas ESE, fue incorporado automáticamente sin solución de
continuidad a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, pero en el empleo de técnico
administrativo 3124, grado 18, lo que según la demanda implicó un ascenso.

6. Para realizar el supuesto ascenso de Alejandro Álvarez Henao y de otros
servidores, la demanda informó que la ESE dio cumplimiento a lo establecido en el
artículo 31 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente en ese momento para el
ISS, que establecía que el ISS adelantaría un plan de estímulos para los trabajadores
oficiales con el fin de que se les ascendiera a empleos de mayor jerarquía y
responsabilidad, teniendo en cuenta la experiencia y la posibilidad de valerse de
equivalencias.

7.En la resolución de nombramiento del demandante en la ESE no se indicó que tal
designación se hacía en provisionalidad, «lo que en el leal saber y entender» del
1 Según el «acta individual de reparto», visible en: Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-31-000-

2008-00191-02, índice 2, archivo zip «4ED_EXPEDIENTE_17001230000020080019(.zip) NroActua 2»,
«Archivo 010ED_Cuadernos _Cuaderno12y3pdf.pdf» / Ff 122.
2 Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-31-000-2008-00191-02, índice 2, archivo zip

«4ED_EXPEDIENTE_17001230000020080019(.zip) NroActua 2», «Archivo 010ED_Cuadernos
_Cuaderno12y3pdf.pdf» / Ff 104 a 121.
3 En virtud de la acción prevista en el artículo 85 del Decreto Ley 01 de 1984, Código Contencioso–

Administrativo, en adelante CCA.

Radicación: 17001-23-31-000-2008-00191-02 (3253-2024)
Demandante: Alejandro Álvarez Henao
Demandada: ESE Rita Arango Álvarez del Pino – En liquidación

accionante, «constituía un ascenso que le representaba una estabilidad laboral, por
esa razón, no se preocupó por concursar para otro cargo o tratar de acceder a otro
empleo». Además, «[l]a ESE Rita Arango Álvarez del Pino, nunca convocó a
concurso para proveer dichos cargos, razón de más para que» él «no supusiera que
su vinculación era en provisionalidad».

8. La demanda aseguró que el artículo 17 del Decreto 1750 de 2003, estipuló que
los servidores públicos que se encontraban vinculados a la Vicepresidencia de
Servicios de Salud, a las Clínicas y a los Atención Ambulatoria del ISS, quedarían
«automáticamente incorporados, sin solución de continuidad», en la planta de
personal de las recién creadas ESE.

9.También sostuvo que el artículo 19 del mismo Decreto 1750 de 2003, estableció
que los servidores del ISS incorporados como empleados públicos a la planta de
personal de las ESE tendrían derecho de acceder a la carrera administrativa a través
del proceso de selección que previa convocatoria se adelantare, y que mientras
permanecieran en provisionalidad, solo podrían ser retirados del cargo por las
causales señaladas en el artículo 37 de la Ley 443 de 1998 y demás normas que la
modifiquen o adicionen, o por supresión del cargo.

10. Mediante Decreto 452 del 15 de febrero de 2008, el Gobierno nacional ordenó
suprimir y liquidar la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, para lo cual designó a la
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario SA, Fiduagraria SA, como
liquidadora. El artículo 2 de la norma ibídem señaló que la supresión de empleos y
cargos como consecuencia del proceso de la supresión y liquidación de la ESE Rita
Arango Álvarez del Pino en liquidación, daría lugar a la terminación del vínculo legal
y reglamentario o contractual, según el caso, de los servidores públicos de
conformidad con las disposiciones legales vigentes.

11. A través de la Resolución 0229 del 5 de marzo de 2008, la agente liquidadora de
la ESE ordenó dar por terminados los nombramientos en provisionalidad, entre esos
el del demandante, como consecuencia de la supresión y liquidación de la entidad.

12. Sin embargo, según Alejandro Álvarez Henao, en realidad, el empleo que él
ocupaba nunca fue suprimido, «de allí que su despido no mejoró en nada la
situación de la ESE en liquidación, es decir, no fue en razón del mejoramiento del
servicio».

13. De acuerdo con la demanda, «la experiencia e idoneidad de[l] [de]mandante
dentro de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud lo llevó a que fuera
contratado por otro operador para realizar actividades de carácter administrativo
dentro en la Unidad Hospitalaria Villapilar».

14. La demanda expresa que a pesar de que varios servidores de la ESE fueron
ascendidos en los mismos términos y condiciones que el demandante, sus
nombramientos no fueron objeto de terminación, lo cual atenta contra su derecho a
la permanencia en el empleo.

15. Elaccionante «llenó el respectivo formulario de reclamación de acreencias
laborales dentro del término legal fijado por la [liquidadora de la] ESE, al cual se
anexó escrito del 9 de abril de 2008 por el cual se solicita a la apoderada general
del Liquidador de la ESE […], la nulidad de la Resolución 0229 del 5 de marzo de
2008 por la cual se daba por terminada la relación laboral […] y que en consecuencia
[…] se le reintegrara al cargo que ocupaba al 5 de marzo de 2008 con el
consecuente pago de salarios y prestaciones sociales, hasta tanto se hiciera
efectiva el reintegro. Igualmente, y en forma subsidiaria se solicitó el reconocimiento
y pago de la respectiva indemnización liquidada a partir de la fecha efectiva del pago

Radicación: 17001-23-31-000-2008-00191-02 (3253-2024)
Demandante: Alejandro Álvarez Henao
Demandada: ESE Rita Arango Álvarez del Pino – En liquidación

y las prestaciones sociales causadas hasta la fecha. Y por último, y en caso de que
no prosperaran las dos anteriores, en subsidio, solicité el reconocimiento y pago de
la indemnización consagrada en el Decreto 452 de 2008 a la que tiene derecho por
haber sido incorporado automáticamente a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino el
26 de junio de 2003».

16. Posteriormente, mediante escrito del 27 de mayo de 2008 el demandante reiteró
las peticiones señaladas en el formulario indicado en el numeral anterior.

17. Mediante Resolución 0695 del 23 de junio de 2008, Fiduagraria rechazó las
reclamaciones presentadas por los servidores públicos que se encontraban
vinculados a la planta de cargos de la ESE al 15 de febrero de 2008, entre los que
se encuentra el accionante, por cuanto al tratarse de solicitudes de carácter laboral
que gozan de un carácter preferencial no están sometidas a las reglas de los
procesos concursales. En el anexo de la referida resolución se indica que al actor
se le reconocería un valor de $0.00.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

18. Alejandro Álvarez Henao citó como normas violadas las siguientes: los artículos
1, 13, 25, 29, 53, 58, 125 y 209 de la Constitución Política; los artículos 17, 18 y 19
del Decreto 1750 de 2003; el artículo 2 de la Ley 4 de 1992; los artículos 2, 3, 43,
44 y 64 del Decreto 01 de 1984; el artículo 37 de la Ley 443 de 1998; el artículo 8
del Decreto 1227 de 2005; y los artículos 12 y 14 del Decreto 452 de 2008.

19. En el concepto de violación afirmó que los actos acusados desconocieron la
estabilidad laboral que le asistía, por cuanto luego de la escisión del ISS, fue
incorporado a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino de manera automática y sin
solución de continuidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 1750
de 2003.

20. Señaló que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional —en especial las
sentencias C-314 de 2004 y C-349 de 2004—, los servidores incorporados a las ESE
creadas por el Decreto 1750 de 2003, solo podían ser retirados por las causales
previstas en el artículo 37 de la Ley 443 de 1998 o por la supresión efectiva del cargo,
ninguna de las cuales se configuró en su caso.

21. Manifestó que el nombramiento que le fue realizado en la ESE en el cargo de
técnico administrativo no fue señalado como provisional ni se le exigió participar en
concurso de méritos, lo que generó para él una expectativa legítima de estabilidad.

22. Finalmente, sostuvo que la terminación de su vinculación mediante la Resolución
229 de 2008, constituyó un acto arbitrario, carente de motivación suficiente y
contrario al orden constitucional y legal, vulnerando sus derechos al trabajo, a la
igualdad, al debido proceso y a la seguridad social.

2.2. Contestación de la demanda

23. La ESE Rita Arango Álvarez del Pino en liquidación contestó la demanda y se
opuso a la prosperidad de las pretensiones. Explicó que Alejandro Álvarez Henao
fue nombrado en la ESE en provisionalidad en el cargo de técnico administrativo
mediante la Resolución 243 del 12 de mayo de 2004, de manera que nunca
consolidó derechos de carrera, y en consecuencia, «podía ser retirado en cualquier
momento».

Radicación: 17001-23-31-000-2008-00191-02 (3253-2024)
Demandante: Alejandro Álvarez Henao
Demandada: ESE Rita Arango Álvarez del Pino – En liquidación

24. Negó que hubiera existido ascenso en propiedad, pues el actor no accedió al
cargo a través de concurso de méritos, como lo exige la Constitución y la Ley 443
de 1998 para los empleos de carrera administrativa.

25. Afirmó que la convención colectiva suscrita entre el ISS y sus trabajadores, no
resultaba aplicable a la ESE, ya que la ESE nunca fue parte de ese acuerdo colectivo
y, además, Alejandro Álvarez Henao pasó a ostentar la calidad de empleado público
y no la de trabajador oficial. En todo caso, precisó que en cumplimiento de la
sentencia C-314 de 2004 se reconocieron algunos beneficios convencionales hasta
el 31 de octubre de 2004, fecha límite fijada por la Corte Constitucional en esa
providencia.

26. Argumentó que la terminación del vínculo se produjo con ocasión de la liquidación
de la entidad dispuesta en el Decreto 452 de 2008, situación que justificaba
plenamente la desvinculación del actor y hacía improcedente cualquier reintegro o
indemnización, más aún porque su vínculo laboral con la entidad era de naturaleza
provisional4.

27. Como excepciones propuso: «inexistencia de la obligación», «legalidad de los
actos acusados», y «buena fe de la administración».

2.3. Sentencia de primera instancia

28. El Tribunal Administrativo de Caldas5, mediante sentencia del 15 de marzo de
20126, resolvió tener como sucesores procesales al Ministerio de Protección Social,
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Fiduprevisora S.A., declarar probada
la excepción de «inexistencia de la obligación», negar las pretensiones de la
demanda, y no condenar en costas.

29. En resumen, el Tribunal argumentó lo siguiente: (i) Alejandro Álvarez Henao fue
nombrado en la ESE en provisionalidad en el cargo de técnico administrativo
mediante la Resolución 243 del 12 de mayo de 2004, por lo que no adquirió
derechos de carrera administrativa; (ii) la incorporación automática prevista en el
Decreto 1750 de 2003 garantizaba la continuidad del servicio y la estabilidad mínima
de los servidores trasladados del ISS a las ESE, pero no convertía en empleados de
carrera a quienes no habían accedido por concurso; (iii) el artículo 19 del Decreto
1750 de 2003 establecía que los servidores incorporados en provisionalidad solo
podían ser retirados por las causales del artículo 37 de la Ley 443 de 1998 o por la
supresión del cargo, y que en este caso la supresión y liquidación de la ESE Rita
Arango Álvarez del Pino mediante el Decreto 452 de 2008 implicó la desaparición
de la planta de personal y, en consecuencia, la terminación de los nombramientos;
(iv) la terminación del vínculo de Álvarez Henao obedeció a una causa legalmente
justificada y no configuraba vulneración de sus derechos, razón por la cual no había
lugar al reintegro ni al pago de indemnización.

2.4. Sentencia de segunda instancia del 3 de noviembre de 2016

30. A través de sentencia del 3 de noviembre de 2016, la Subsección B de esta
Corporación decidió revocar parcialmente la providencia del Tribunal Administrativo
de Caldas que había negado las pretensiones, y en su lugar reconoció a favor de
4 Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-31-000-2008-00191-02, índice 2, archivo zip
«4ED_EXPEDIENTE_17001230000020080019(.zip) NroActua 2», «Archivo 010ED_Cuadernos
_Cuaderno12y3pdf.pdf» / Ff 168 a 195.
5 En Sala integrada por los magistrados Augusto Ramón Chávez Marín (ponente), Jairo Ángel Gómez Peña y

Carlos Manuel Zapata Jaimes (E).
6 Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-31-000-2008-00191-02, índice 2, archivo zip

«4ED_EXPEDIENTE_17001230000020080019(.zip) NroActua 2», «Cuaderno principal», archivo
«005ENVIODENOTIFI_SENTENCIA200800191PD.pdf».

Radicación: 17001-23-31-000-2008-00191-02 (3253-2024)
Demandante: Alejandro Álvarez Henao
Demandada: ESE Rita Arango Álvarez del Pino – En liquidación

Alejandro Álvarez Henao la indemnización especial prevista en el artículo 14 del
Decreto 452 de 2008, por acreditar más de 10 años de servicios continuos desde
su vinculación en el ISS hasta la supresión de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino;
y finalmente, negó la pretensión de reintegro debido a la supresión y liquidación de
la entidad demandada.

2.5. Nulidad de la sentencia de segunda instancia del 3 de noviembre de 2016

31. En virtud del recurso extraordinario de revisión promovido por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, la Sala Especial de Decisión 16 del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 13 de diciembre de 2023, declaró probada la causal de
nulidad consistente en la falta de notificación y vinculación del Ministerio al proceso
como sucesor procesal de la ESE. En consecuencia, dispuso retrotraer la actuación
a la sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas, y ordenó rehacer las diligencias
de notificación personal de los sucesores procesales de la entidad liquidada, con el
fin de garantizar plenamente su derecho de defensa7.

32. En cumplimiento a lo ordenado en la referida sentencia del 13 de diciembre de
2023 que resolvió el recurso extraordinario de revisión, el Tribunal Administrativo de
Caldas profirió auto del 4 de marzo de 2024, mediante el cual dispuso rehacer el
trámite de notificación de la sentencia de primera instancia del 15 de marzo de 2012,
precisando que respecto de los sucesores procesales debía realizarse notificación
personal. Según consta en la plataforma Samai Tribunales8, dicha providencia fue
notificada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Fiduprevisora SA, ver
índice 40, de igual modo se hizo con la sentencia de primera instancia, ver índice
419.

2.6. Recurso de apelación

33. Alejandro Álvarez Henao interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia y precisó lo siguiente: (i) el a quo no valoró adecuadamente las
pruebas que acreditaban su vinculación continua desde 1985 al ISS y luego a la ESE,
así como la aplicación de la convención colectiva en el nombramiento de 2004 y el
reconocimiento de beneficios convencionales hasta el 31 de octubre de ese mismo
año; (ii) su nombramiento como técnico administrativo nunca fue expresamente
señalado como provisional, ni estuvo sujeto a término de duración, por lo que debía
entenderse que gozaba de estabilidad en el empleo y (iii) el Decreto 452 de 2008
ordenaba el reconocimiento de indemnización para todos los empleados
incorporados automáticamente con más de 10 años de servicios, sin distinguir entre
quienes estaban en carrera o en provisionalidad10.

2.7. Intervenciones en segunda instancia

34. En sus alegatos de conclusión ante esta corporación Fiduagraria reiteró los
argumentos expuestos por la ESE en liquidación en la contestación a la demanda, y
agregó que su actuación se limitó a desempeñarse como ente liquidador entre
febrero de 2008 y octubre de 2009, sin ser sucesora ni responsable de las
obligaciones de la extinta ESE. Precisó que los pasivos laborales no cancelados
fueron asumidos por la Nación a través de los Ministerios de Salud y de Hacienda y
la Fiduprevisora, conforme al Decreto 3751 de 2009. Asimismo, enfatizó que nunca
existió relación laboral entre Fiduagraria y el actor y que, al pasar del ISS a la ESE,

7 Ver Samai Consejo de Estado, expediente 11001-03-15-000-2018-00483-00.
8 Samai Tribunales, expediente 76001-23-31-000-2008-00191-01, índices 37, 40 y 41.
9 Según consta en el expediente del Tribunal se notificó el auto que concede el recurso de apelación al Ministerio

de Hacienda y Crédito Público y a la Fiduprevisora, constancia visible a índice 47 de Samai Tribunales,
expediente 76001-23-31-000-2008-00191-02.
10 Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-31-000-2008-00191-02, índice 17.

Radicación: 17001-23-31-000-2008-00191-02 (3253-2024)
Demandante: Alejandro Álvarez Henao
Demandada: ESE Rita Arango Álvarez del Pino – En liquidación

cambiaron las condiciones y la naturaleza del vínculo, lo cual hacía improcedente
alegar derechos derivados de la convención colectiva11.

35. La parte demandante guardó silencio.

2.8. Concepto del Ministerio Público

36. El Ministerio Público no se pronunció.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

37. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con
lo establecido en el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 38 de la Ley 446
de 1998, vigente al momento de presentación de la demanda, según el cual, el
Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos y metodología de su resolución

38. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir de los
siguientes problemas jurídicos: determinar si, pese a haber sido nombrado en
provisionalidad, la incorporación automática y sin solución de continuidad a la ESE
Rita Arango Álvarez del Pino, ordenada por el Decreto Ley 1750 de 2003, le
otorgaba al demandante una estabilidad reforzada que impedía su desvinculación,
o si, por el contrario, la supresión y liquidación de la entidad establecida en el
Decreto 452 de 2008 justificaba plenamente la terminación de su vínculo laboral;
adicionalmente, establecer si tenía derecho o no a la indemnización especial
señalada en el artículo 14 del mencionado decreto.

39. Con miras a resolver el problema jurídico, la Sala abordará las siguientes
temáticas: (i) el marco normativo aplicable a la incorporación de los servidores del
ISS a las ESE en virtud del Decreto Ley 1750 de 2003; (ii) el alcance de la
provisionalidad en los cargos de carrera administrativa en las ESE, luego de la
escisión del ISS, y las causales de retiro, según el Decreto Ley 1750 de 2003; (iii)
constitucionalidad de los artículos 17 t 18 del Decreto Ley 1750 de 2003, según la
sentencia C-349 de 2004; (iv) los efectos de la supresión y liquidación de la ESE Rita
Arango Álvarez del Pino, conforme al Decreto 452 de 2008; (v) la aplicabilidad de la
convención colectiva del ISS a los empleados públicos vinculados a la ESE, de
acuerdo con los límites fijados por la jurisprudencia constitucional; (vi) la
diferenciación entre la condición de empleado público y trabajador oficial en el
marco del sistema de salud, (vii) la indemnización especial establecida en el artículo
14 del Decreto 452 de 2008, y (viii) la sucesión procesal en cabeza del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

3.3. El marco normativo aplicable a la incorporación de servidores del ISS a las
ESE según el Decreto Ley 1750 de 2003

40. El Decreto Ley 1750 de 2003 dispuso la escisión de la Vicepresidencia de
Prestación de Servicios de Salud del ISS y la creación de 7 ESE, entre ellas la ESE
Rita Arango Álvarez del Pino. El artículo 17 estableció que los servidores que a la
fecha de entrada en vigor del referido decreto se encontraban vinculados a las
clínicas, centros de atención ambulatoria y dependencias de dicha vicepresidencia

11 Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-31-000-2010-01416-02, índices 30 y 31.

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Demandante: Alejandro Álvarez Henao
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serían incorporados, «automáticamente y sin solución de continuidad», a las plantas
de personal de las nuevas entidades12.

41. Asimismo, el artículo 18 del mencionado decreto ley señaló que el tiempo de
servicios prestado en el ISS sería tenido en cuenta para todos los efectos legales en
las ESE a las que fueran incorporados sus trabajadores, también bajo el entendido
de que no existía ruptura en el vínculo jurídico13.

42. Por su parte, el artículo 19 dispuso que los servidores incorporados en calidad
de empleados públicos tendrían derecho a acceder a la carrera administrativa
mediante los concursos de mérito que se convocaran, y que mientras
permanecieran en provisionalidad solo podrían ser retirados por las causales del
artículo 37 de la Ley 443 de 1998 o por la supresión del cargo14.

43. De lo anterior se desprende que el Gobierno nacional, al ordenar la escisión de
la Vicepresidencia de Prestación de Servicios de Salud del ISS y la creación de 7
ESE para asumir sus funciones, como legislador extraordinario, diseñó un régimen
de incorporación que, aunque no otorgaba automáticamente la condición de
empleados de carrera, sí garantizaba la continuidad del vínculo y una estabilidad
relativa, restringiendo las causales de retiro mientras se adelantaban los procesos
de selección.

44. La Corte Constitucional, como más adelante se explicará, en las sentencias C-
314 de 2004 y C-349 de 2004, declaró la exequibilidad condicionada de los artículos
17, 18 y 19 del Decreto Ley 1750 de 2003, bajo el entendido de que debía respetarse
la estabilidad de los servidores públicos incorporados, y que quienes permanecieran
en provisionalidad solo podrían ser retirados con base las causales del artículo 37
de la Ley 443 de 1998 o por la supresión del cargo. De esta manera, la Corte resaltó
que la incorporación automática y sin solución de continuidad no podía traducirse
en una facultad arbitraria para la desvinculación, sino que respondía a la garantía
de continuidad en el empleo y al derecho a la estabilidad laboral consagrado en el
artículo 53 de la Constitución15.

3.4. El alcance de la provisionalidad en los cargos de carrera administrativa
en las ESE, luego de la escisión del ISS, y las causales de retiro, según el
Decreto Ley 1750 de 2003

45. En términos generales, el régimen de la provisionalidad en los empleos de carrera
administrativa tiene como finalidad permitir la prestación continua y eficaz del
servicio mientras se surten los procesos de selección. De manera tal que la
designación en provisionalidad constituye una forma de vinculación precaria y
temporal, que no genera derechos de carrera, pero que sí otorga una estabilidad
relativa, pues el retiro solo procede por causas expresamente señaladas en la ley.

46. En este sentido, el artículo 19 del Decreto Ley 1750 de 2003 señaló que
«mientras permanezcan en provisionalidad [los empleados transferidos del ISS a las
ESE] solo podrán ser retirados del cargo por las causales señaladas en el artículo
37 de la Ley 443 de 1998 […], o por supresión del cargo». Es importante precisar,
que el artículo 37 de la Ley 443 de 1998 disponía que el retiro de los empleados de
carrera se producía en los siguientes eventos: (i) calificación no satisfactoria en la
evaluación del desempeño, (ii) renuncia aceptada, (iii) retiro con derecho a
jubilación, (iv) invalidez absoluta, (v) edad de retiro forzoso, (vi) destitución o
remoción disciplinaria, (vii) abandono del cargo, (viii) revocatoria del nombramiento
12 Decreto Ley 1750 de 2003, art. 17.
13 Ibíd., art. 18.
14 Ibíd., art. 19.
15 Corte Constitucional, sentencias C-314 de 2004 y C-349 de 2004.

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por no acreditar requisitos, (ix) orden o decisión judicial, y (x) demás causales
previstas en la Constitución, la ley y los reglamentos16.

47. De esta manera, la incorporación de los servidores del ISS a las ESE en condición
de provisionalidad, luego de la escisión, no autorizaba a la administración para
desvincularlos discrecionalmente, como si se tratara de empleos de libre
nombramiento y remoción. Por el contrario, la normativa limitaba la facultad de retiro
a las causales taxativas enunciadas y a la eventual supresión del cargo,
garantizando con ello un nivel mínimo de estabilidad.

48. En conclusión, de acuerdo con artículo 19 del Decreto Ley 1750 de 2003, los
empleados en provisionalidad en las ESE creadas con ocasión de la escisión del ISS,
no pueden equipararse a un empleo de libre nombramiento y remoción, sino que
hacen parte de un régimen especial de permanencia, en el que la administración
únicamente puede retirar al servidor provisional cuando se configure alguna de las
causales legales establecidas en el artículo 37 de la Ley 443 de 1998, o cuando
existiese una supresión real del cargo.

3.5. Constitucionalidad de los artículos 17 y 18 del Decreto Ley 1750 de 2003,
según la sentencia C-349 de 2004

49. En la referida providencia, la Corte resolvió declarar exequibles las expresiones
«automáticamente» y «sin solución de continuidad» contenidas en el artículo 17 y
la expresión «automáticamente» contenida en el parágrafo transitorio del artículo 18
del Decreto Ley 1750 de 2003, bajo las siguientes consideraciones que se trascriben
in extenso por su relevancia para el caso concreto:

«D.3.1. Cargo relativo al desconocimiento del derecho a la estabilidad en el empleo,
por el hecho de la incorporación automática y sin solución de continuidad a la planta
de personal de las nuevas empresas sociales del Estado.

[…]

En el caso presente, la decisión de escindir el Instituto de Seguros Sociales no
conlleva la pérdida del empleo para aquellos servidores públicos respecto de
quienes se determina la incorporación automática y sin solución de continuidad a la
planta de personal de las nuevas empresas sociales del Estado creadas a partir de
la referida escisión. Esta categoría de trabajadores conserva su trabajo,
circunstancia que les permite atender a sus necesidades básicas, así como ejercer
su profesión y desarrollar su personalidad en la misma forma en la que venían
haciéndolo. La situación de estabilidad es lograda justamente por lo dispuesto por
el legislador extraordinario al ordenar la incorporación “automática” y “sin solución
de continuidad” a la nueva planta de trabajo. Precisamente los artículos 17 y 18 del
Decreto Ley 1750 de 2003 que se demandan en la presente oportunidad -y
exactamente en los apartes impugnados- precaven la vulneración del derecho a la
estabilidad laboral al disponer la continuidad de los servidores públicos en sus
cargos, no obstante la escisión decretada.

En efecto, recuérdese que la primera de estas normas, demandada aquí en forma
parcial, indica que “los servidores públicos que a la entrada en vigencia del presente
decreto se encontraban vinculados a la Vicepresidencia de Prestación de Servicios
de Salud, a las Clínicas y a los Centros de Atención Ambulatoria del Instituto de
Seguros Sociales, quedarán automáticamente incorporados, sin solución de
continuidad, en la planta de personal de las Empresas Sociales del Estado creadas
en el presente decreto” (Artículo 17). Y que “el tiempo de servicio de los servidores
públicos que pasan del Instituto de Seguros Sociales a las Empresas Sociales del
Estado, creadas en el presente decreto, se computará para todos los efectos

16 Ley 443 de 1998, art. 37.

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legales, con el tiempo que sirvan en estas últimas, sin solución de continuidad.”
(Artículo 17, parágrafo)

Para la Corte la redacción de esta disposición es claramente indicativa de la
voluntad del legislador extraordinario de mantener la estabilidad en el empleo, de
manera tal que los servidores públicos afectados por la decisión de escisión no
pierdan su puesto de trabajo ni la fuente de los ingresos para atender a sus
necesidades; en tal virtud estima que no era procedente ordenar por vía legislativa
la indemnización general por despido injustificado, teniéndose en cuenta la
continuidad de la relación laboral.

No obstante lo anterior, el artículo 19 contienen algunos elementos normativos que,
como se dijo, inciden en la posibilidad de permanecer en el empleo una vez
producida la escisión del Instituto de Seguros Sociales. En efecto, dicha norma se
refiere a estos tres asuntos: (i) al derecho que tienen los servidores del Instituto de
Seguros Sociales incorporados como empleados públicos a la planta de personal
de las nuevas Empresas Sociales del Estado para acceder a la carrera
administrativa a través del proceso de selección que previa convocatoria se adelante
para proveer el empleo; (ii) también se refiere a la situación de provisionalidad en
que estarán mientras no se accedan a dicha carrera; y (iii) finalmente la disposición
alude a las causales por las cuales podrán ser retirados del cargo mientras
permanezcan en dicha provisionalidad.

Vista la materia del artículo 19 debe la Corte examinar su sentido y alcance, a fin de
determinar si resulta contrario al derecho constitucional a la estabilidad en el empleo
que, como se acaba de ver, parece estar asegurado por lo dispuesto en el artículo
17 y corroborado en el 18, cuando se refieren a la continuidad “automática” y “sin
solución de continuidad” de la relación laboral. Para ello es menester referirse
brevemente a la carrera administrativa como sistema de acceso a los cargos
públicos y de ascenso dentro de la Administración, pues, como se acaba de ver, el
artículo bajo examen pretende regular la situación de los antiguos servidores del
Instituto de Seguros Sociales incorporados como empleados públicos a la planta de
personal de las nuevas Empresas Sociales del Estado frente al derecho de acceso
a dicha carrera, la situación de provisionalidad en que estarían mientras logran dicho
acceso y la causales que, estando en esa situación, permitirían su retiro del cargo,
con la consecuente pérdida de estabilidad laboral.

[…]

En un segundo enunciado, el artículo 19 bajo examen establece que “mientras
permanezcan en provisionalidad” dichos servidores sólo podrán ser retirados del
cargo por ciertas causales legales. Al parecer de la Corte la situación de
provisionalidad a que hace alusión la disposición es consecuencia del hecho de que
a la carrera administrativa solo es posible acceder por concurso y también de lo
dispuesto en los artículos 17 y 18 cuando indican que los servidores públicos que
se encontraban vinculados al Instituto de Seguros Sociales y que vienen a entrar al
formar parte de la planta de personal de las nuevas empresas sociales del Estado
creadas, “automáticamente” y “sin solución de continuidad” se incorporarán a ella ;
en efecto, si a fin de garantizar el derecho a la estabilidad laboral los referidos
servidores públicos quedan incorporados a la nueva planta de esa manera
automática, pero no pueden, por impedimento constitucional, acceder a la carrera
administrativa mientras no superen un concurso de méritos, la única fórmula posible
para definir su situación laboral consiste en que se vinculen en situación de
provisionalidad. Por lo anterior, la Corte no ve obstáculo constitucional a que la
vinculación automática a los cargos de carrera se haga en esta condición
provisional.

Finalmente el artículo 19 señala las causales por la cuales podría ser desvinculado
el servidor público incorporado automáticamente a la nueva planta de personal
mientras permanezca en estado de provisionalidad y al respecto indica que tales
causales serán las señaladas en el artículo 37 de la Ley 443 de 1998 y demás
normas que la modifiquen o adicionen, o por supresión del cargo.

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La norma a que alude la disposición bajo examen contiene las causales por las
cuales puede ser desvinculado del cargo un funcionario público de carrera
administrativa. En efecto, el artículo 37 de la Ley 443 de 1998 dice así:

37. Causales. El retiro del servicio de los empleados de carrera se produce en los
siguientes casos:

a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia de
calificación no satisfactoria en la evaluación del desempeño laboral;

b) Por renuncia regularmente aceptada;

c) Por retiro con derecho a jubilación;

d) Por invalidez absoluta;

e) Por edad de retiro forzoso;

f) Por destitución, desvinculación o remoción como consecuencia de investigación
disciplinaria;

g) Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo;

h) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para
desempeñar el empleo, de que trata el artículo 5 de la Ley 190 de 1995;

i) Por orden o decisión judicial;

j) El personal no uniformado de carrera del Ministerio de Defensa Nacional, de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, con excepción de sus entidades
descentralizadas, previo concepto favorable de la Comisión de Personal, podrá ser
retirado cuando por informe reservado de inteligencia se considere que es
inconveniente su permanencia en el servicio por razones de seguridad nacional. En
este caso, la providencia no se motivará;

k) Por las demás que determinen la Constitución Política, las leyes y los
reglamentos.

Al parecer de la Corporación, el propósito del legislador al señalar que solamente
por las anteriores causales podría ser desvinculado el servidor público incorporado
automáticamente a la nueva planta de personal de las nuevas empresas, mientras
permanezca en estado de provisionalidad, no fue otro distinto que el de extender a
esta situación concreta de provisionalidad de tales servidores las normas de carrera
administrativa que garantizan la estabilidad laboral. En efecto, nótese cómo dentro
de estas causales no aparece la convocatoria a concurso para la provisión del cargo;
en tal virtud, esta categoría de empleados no podrán ser retirados por dicha causa,
de lo cual se concluye que sólo si se presenta la vacancia en el cargo, motivada por
la verificación de alguna de las causales mencionadas en el artículo 37, podrá
llevarse a cabo la convocatoria para provisión de la referida vacante mediante
concurso. De esta forma, la filosofía de la disposición es coincidente con la que
inspira las expresiones “automáticamente” y “sin solución de continuidad”
contenidas en los artículos 17 y 18 y consiste en proteger la estabilidad en el empleo
de esta categoría de servidores públicos. Así se da cumplimiento a al artículo 125
de la Constitución Política y a la vez se protege el derecho a la estabilidad laboral
consagrado en el artículo 53 de la Carta.

Ahora bien, aunque el artículo 37 de la Ley 443 de 1998 no se refiere a la supresión
del cargo como causal de desvinculación del cargo un funcionario público de carrera
administrativa, resulta claro que si en virtud de un proceso de reestructuración
llevado a cabo en las nuevas entidades creadas esto llegara a suceder, conforme a
las normas generales el servidor público que, en virtud de lo dispuesto por los

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artículos 17, 18 y 19 del Decreto 1750 de 2003, estuviere ocupando el cargo en
provisionalidad tendría derecho a ser indemnizado17.

[…]

Por todo lo anterior la Corte no encuentra que las expresiones “automáticamente” y
“sin solución de continuidad” contenidas en los artículos 17 y 18 del Decreto 1750
de 2003, ni lo prescrito por el artículo 19 ibidem desconozca la garantía
constitucional de estabilidad laboral».

50. Así las cosas, en la sentencia C-349 de 2004, la Corte observó que en el artículo
19 del Decreto Ley 1750 de 2003 el legislador extraordinario definió un régimen
especial de permanencia laboral para los servidores públicos incorporados
automáticamente a la nueva planta de personal de las empresas creadas en ese
mimo decreto, régimen especial de permanencia que se debe, entre otras, a la
transición de la situación de trabajadores oficiales a empleados públicos al pasar
del ISS a las ESE, y que pretende dar efectividad a la garantía de estabilidad en el
empleo a que alude el artículo 53 superior.

3.6. Los efectos de la supresión y liquidación de la ESE Rita Arango Álvarez del
Pino conforme al Decreto 452 de 2008

51. El Decreto 452 de 2008, expedido por el Presidente de la República en ejercicio
de sus facultades constitucionales y legales, ordenó la supresión y liquidación de la
ESE Rita Arango Álvarez del Pino.

52. El artículo 1 de dicho decreto dispuso expresamente que, a partir de su vigencia,
la entidad entraba en proceso liquidatorio, con el objeto de extinguir su existencia
jurídica y transferir las obligaciones a la Nación18.

53. Por su parte,
el artículo 3 estableció la prohibición de iniciar nuevas actividades,
«como efecto de la liquidación […] ordenada», de manera tal que «la Empresa
Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación, no podrá iniciar
nuevas actividades en desarrollo de su objeto social, por lo tanto, conservará su
capacidad jurídica únicamente para realizar actos, operaciones y contratos
necesarios en orden a efectuar su pronta liquidación».

54. De igual modo el artículo 12 ibídem determinó la «[s]upresión de empleos y
terminación de la vinculación» de la siguiente manera: «[l]a supresión de empleos y
cargos como consecuencia del proceso de supresión y liquidación de la Empresa
Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación, dará lugar a la
terminación del vínculo legal y reglamentario o contractual, según el caso, de los
servidores públicos de conformidad con las disposiciones legales vigentes. El
Liquidador, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que asuma sus
funciones, elaborará un programa de supresión de cargos, determinando el
personal que por la naturaleza de las funciones desarrolladas debe acompañar el
proceso de liquidación. En todo caso, al vencimiento del término de liquidación de
la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación, quedarán
automáticamente suprimidos todos los cargos existentes y terminarán las relaciones
laborales de acuerdo con el respectivo régimen legal aplicable».

17 El artículo 39 de la misma Ley 443 de 1998 se refiere al derecho a la indemnización en caso de supresión del

cargo.
18 Decreto 452 de 2008, art. 1.

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3.7. La aplicabilidad de la convención colectiva del ISS a los empleados
públicos vinculados a la ESE, de acuerdo con los límites fijados por la
jurisprudencia constitucional

55. Con ocasión de la escisión de la Vicepresidencia de Prestación de Servicios de
Salud del ISS y la creación de 7 ESE, a través del Decreto Ley 1750 de 2003, se
suscitó la discusión sobre si las convenciones colectivas de trabajo suscritas por el
ISS podían extenderse a los servidores públicos que fueron incorporados
automáticamente a las nuevas entidades.

56. Sobre este aspecto, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-314 de 2004,
precisó que, dado el cambio en la naturaleza del vínculo, los trabajadores que
pasaron a ser empleados públicos no podían seguir siendo destinatarios de los
beneficios convencionales, en la medida en que este tipo de prerrogativas resultan
reservadas a los trabajadores oficiales19. No obstante, como medida de transición,
la misma providencia dispuso que los beneficios derivados de la convención
colectiva del ISS se reconocerían únicamente hasta el 31 de octubre de 2004, fecha
límite fijada por la Corte para salvaguardar derechos adquiridos mientras los
servidores se adaptaban al nuevo régimen.

57. De esta manera, quedó definido que la convención colectiva del ISS no podía
aplicarse de manera indefinida a los empleados públicos de las ESE, pues ello
desconocería la distinción constitucional y legal entre trabajadores oficiales y
empleados públicos, así como el carácter taxativo de las fuentes que regulan el
régimen prestacional de estos últimos20.

58. Así pues, en el caso de Alejandro Álvarez Henao, su incorporación como
empleado público a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino descarta la posibilidad de
invocar beneficios convencionales con posterioridad a la fecha indicada por la Corte.
En consecuencia, los actos administrativos demandados no podían considerarse
ilegales por la sola circunstancia de no aplicar disposiciones de la convención
colectiva, puesto que su inaplicación obedecía a un mandato constitucional y
jurisprudencial.

3.8. La diferenciación entre la condición de empleado público y trabajador
oficial en el sector salud

59. El artículo 125 de la Constitución Política establece como regla general que los
empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera administrativa, salvo
las excepciones de libre nombramiento y remoción, elección popular y los demás
que determine la ley. En ese marco, la legislación ha distinguido entre empleados
públicos y trabajadores oficiales, de acuerdo con la naturaleza de las funciones
desempeñadas y la forma de vinculación.

60. En materia de salud, la Ley 10 de 1990 y posteriormente la Ley 100 de 1993
determinaron que la planta de personal de las ESE estaría conformada, en su
mayoría, por empleados públicos, salvo aquellos que desempeñaran funciones
relacionadas con el mantenimiento de la planta física hospitalaria o los servicios
generales, quienes tendrían la calidad de trabajadores oficiales21.

61. El artículo 16 del Decreto Ley 1750 de 2003 reiteró esta regla, señalando que los
servidores de las nuevas ESE tendrían la condición de empleados públicos, salvo
los cargos no directivos destinados al mantenimiento de la infraestructura

19 Corte Constitucional, sentencia C-314 de 2004.
20 Constitución Política, art. 150-19, literal e y Ley 4 de 1992, art. 2.
21 Ley 10 de 1990, art. 26 y Ley 100 de 1993, art. 195.

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hospitalaria y de los servicios generales, que conservarían la naturaleza de
trabajadores oficiales22.

62. De este diseño normativo se sigue que las funciones administrativas, técnicas o
asistenciales vinculadas a la prestación del servicio de salud deben considerarse
como propias de empleados públicos, con sujeción al régimen legal y reglamentario
correspondiente, mientras que los trabajadores oficiales se reservan a un ámbito
estrictamente excepcional.

63. En el caso concreto de Alejandro Álvarez Henao, al haber sido designado como
técnico administrativo, resulta claro que su condición jurídica era la de empleado
público y no la de trabajador oficial, de manera que su vinculación estaba regida por
las normas de la carrera administrativa y las disposiciones legales aplicables a los
servidores públicos, sin que le fueran extensibles las prerrogativas de naturaleza
convencional.

3.9. La indemnización especial del artículo 14 del Decreto 452 de 2008

64. La indemnización especial prevista en el artículo 14 del Decreto 452 de 2008
constituye una compensación de carácter económico, destinada a atenuar los
efectos de la supresión de las ESE creadas mediante el Decreto Ley 1750 de 2003.
Su finalidad es ofrecer una protección a los servidores de carrera y a los
provisionales que venían del ISS y que fueron «incorporados automáticamente como
empleados públicos en la planta de personal de la Empresa Social del Estado Rita
Arango Álvarez del Pino, en cumplimiento de la sentencia C-349 de 2004»:

«Indemnización. La tabla de indemnización a que tienen derecho los servidores
públicos incorporados automáticamente como empleados públicos en la planta de
personal de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino, en
cumplimiento de la sentencia C-349 de 2004, cuyos empleos sean suprimidos como
consecuencia de la supresión y liquidación de la entidad, será la siguiente:

1. Por menos de cinco (5) años de servicios continuos: Cuarenta y cinco (45) días
de salario por el primer año; y quince (15) días de salario por cada uno de los años
subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos.
2. Por cinco (5) años o más de servicios continuos y menos de diez (10) años:
Cuarenta y cinco (45) días de salario por el primer año; y veinte (20) días de salario
por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses
cumplidos.
3. Por diez (10) años o más de servicios continuos: Cuarenta y cinco (45) días de
salario por el primer año; y cuarenta (40) días de salario por cada uno de los años
subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos.
Parágrafo 1°. La indemnización se liquidará con base en el salario promedio
causado durante el último año de servicio teniendo en cuenta los siguientes factores:
Asignación básica mensual correspondiente al empleo del cual es titular a la fecha
de su supresión, recargos dominicales y festivos, auxilio de alimentación y de
transporte, prima de navidad, bonificación por servicios prestados, prima de
servicios, prima de vacaciones, prima individual de compensación y horas extras.
Parágrafo 2°. Para los efectos de reconocimiento y pago de la indemnización de que
trata el presente artículo, el tiempo de servicios continuos se contabilizará a partir
de la fecha de nombramiento en el Instituto de Seguros Sociales como funcionario
de la seguridad social o de suscripción del contrato a término indefinido.
Parágrafo 3°. Esta indemnización no aplica a quienes desempeñen cargos de libre
nombramiento y remoción, ni a quienes hayan ingresado después del 26 de junio
de 2003, a la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino, creada
mediante el Decreto-ley 1750 de 2003.
Parágrafo 4°. Los valores cancelados por concepto de indemnización no constituyen
factor de salario para ningún efecto, pero son compatibles con el reconocimiento y
22 Decreto Ley 1750 de 2003, art. 16.

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el pago de las prestaciones sociales a que tuviere derecho el empleado retirado.
Parágrafo 5°. Las indemnizaciones serán canceladas en el término máximo de dos
(2) meses siguientes a la ejecutoria de la resolución que ordene el reconocimiento
y pago». (Subraya la Sala).

65. De la lectura de esta norma se desprende que la indemnización especial no
constituye un derecho de carácter general para todos los desvinculados, sino una
compensación especial restringida a los «servidores públicos [que venían del ISS]
incorporados automáticamente como empleados públicos en la planta de personal
de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino, en cumplimiento de
la sentencia C-349 de 2004». La norma además estableció límites claros: no se
reconoce para los cargos de libre nombramiento y remoción, ni para quienes
ingresaron con posterioridad al 26 de junio de 2003, fecha en que entró en vigencia
el Decreto Ley 1750 de 2003.

66. En este orden, la finalidad de la disposición fue proteger de manera general a
aquellos empleados cuya carrera laboral se vio truncada por la desaparición de la
entidad, con excepción de los de libre nombramiento y remoción y los que
ingresaron después del 26 de junio de 2003 a la ESE, reconociéndoles una
compensación proporcional a su antigüedad y remuneración. En consecuencia, el
análisis de cada caso concreto debe partir de verificar si el servidor efectivamente
reúne los requisitos de continuidad en el servicio y de antigüedad mínima exigida
por la norma.

67. En desarrollo de dicho ordenamiento, se entiende que la supresión y liquidación
de la ESE implicó de manera necesaria la supresión de todos los cargos de su planta
de personal, lo que jurídicamente hacía imposible la permanencia de los empleados
en la misma. Así, la terminación de los nombramientos no obedeció a una decisión
discrecional de la administración, sino a una consecuencia obligada de la
desaparición de la persona jurídica.

68. Ahora bien, la normativa también preveía la necesidad de salvaguardar los
derechos adquiridos y, en especial, reconocer la indemnización a los empleados
que acreditaran la antigüedad exigida, lo que plantea la discusión sobre si en el caso
concreto se cumplían las condiciones para acceder a tal beneficio.

69. El parágrafo tercero de la norma dispuso que la indemnización no sería aplicable
a quienes desempeñaran cargos de libre nombramiento y remoción, ni a quienes
hubiesen ingresado después del 26 de junio de 2003 a las ESE23. Esta exclusión no
se predica de los servidores que venían vinculados al ISS con anterioridad y que
fueron trasladados automáticamente a las ESE, puesto que en tales casos no se
trata de un ingreso nuevo, sino de la continuidad de la relación laboral
preexistente24.

70. La Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad del Decreto Ley 1750 de
2003, destacó que los servidores incorporados tenían derecho a la estabilidad
derivada de su vinculación previa, y que el tránsito a la nueva entidad no podía
desconocer los derechos derivados de la antigüedad acumulada25.

3.10. De la sucesión procesal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

71. Conforme a lo previsto en el Decreto 452 de 2008, se dispuso la supresión y
liquidación de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino26. Posteriormente, el Decreto

23 Ibíd., parágrafo 3.
24 Ibíd. y Decreto Ley 1750 de 2003, arts. 17 a 19.
25 Corte Constitucional, sentencias C-314 de 2004 y C-349 de 2004.
26 Decreto 452 de 2008, art. 1.

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Demandada: ESE Rita Arango Álvarez del Pino – En liquidación

3751 de 2009 precisó que los pasivos a cargo de las ESE en liquidación serían
asumidos por la Nación, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la
siguiente manera27:

«Artículo 1. En virtud del presente decreto la Nación asume el valor de las
obligaciones laborales reconocidas insolutas a cargo de la Empresa Social del
Estado Rita Arango Álvarez del Pino en liquidación, únicamente por concepto del
valor de la normalización pensional aprobado por la entidad ante la cual se surtió
dicho mecanismo, las obligaciones laborales oportunas y extemporáneas, las
obligaciones laborales clasificadas en el pasivo cierto no reclamado y las
clasificadas como gastos administrativos.

Las obligaciones laborales cuyo valor es asumido por la Nación corresponderán
exclusivamente a aquellas que se encuentran incorporadas como tales en el
contrato de fiducia mercantil suscrito por la entidad en liquidación, en cumplimiento
del artículo 35 del Decreto-ley 254 de 2000 modificado por el artículo 19 de la Ley
1105 de 2006. El valor de la normalización pensional asumido es aquel que hace
parte del Convenio suscrito por la empresa en liquidación y la entidad ante la cual
se surtió dicho mecanismo.

El valor de las obligaciones laborales a que hace referencia el presente artículo,
será asumido por la Nación luego de descontada la totalidad de recursos de activos
líquidos o no líquidos que la empresa en liquidación haya trasladado al Patrimonio
Autónomo de Remanentes al finalizar el proceso de liquidación, en cumplimiento de
las normas vigentes sobre liquidación de entidades públicas.

La asunción del valor de los pasivos laborales incluye los aportes a la seguridad
social solo por concepto de pensiones y de salud.

Esta asunción excluye cualquier otra obligación de la Empresa Social del Estado
Rita Arango Álvarez del Pino en liquidación que esté determinada o pueda
determinarse.

Parágrafo. Los recursos para el pago de las obligaciones laborales cuyo valor
asume la Nación de conformidad con el presente artículo serán girados por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la entidad fiduciaria contratada por la
entidad en liquidación, de conformidad con el artículo 35 del Decreto ley 254 de
2000 modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, para lo cual en el contrato
de fiducia mercantil se incluirán las previsiones correspondientes.

Los recursos de la normalización pensional serán girados por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público a la entidad que será la obligada frente a los
beneficiarios para realizar los pagos correspondientes».

72. En virtud de lo anterior, resulta claro que el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público tiene la condición de sucesor procesal de la ESE liquidada, de manera que
en los procesos judiciales en que esta última era parte, debía ser vinculado en
calidad de entidad llamada a responder por las obligaciones que se llegaren a
declarar.

3.11. Estudio del caso concreto

3.11.1. Hechos probados

73. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente la Sala establece
lo siguiente:

27 Decreto 3751 de 2009, arts. 1 y 2.

Radicación: 17001-23-31-000-2008-00191-02 (3253-2024)
Demandante: Alejandro Álvarez Henao
Demandada: ESE Rita Arango Álvarez del Pino – En liquidación

73.1. Alejandro Álvarez Henao ingresó al ISS el 1 de abril de 1985 en el cargo de
técnico de servicios administrativos28.

73.2. De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1750 del 26 de junio de 2003,
«por el cual se escinde el Instituto de Seguros Sociales y se crean una
Empresas Sociales del Estado», fue «incorporado automáticamente y sin
solución de continuidad» a la planta de personal de la ESE Rita Arango Álvarez
del Pino.

73.3. Por medio de la Resolución 243 del 12 de mayo de 2004, fue nombrado en la
ESE en el cargo de técnico administrativo, código 3124, grado 18, 8 horas29.

73.4. En el acto de nombramiento no se indicó de manera expresa que la vinculación
fuera en provisionalidad, ni se dejó constancia de término alguno de duración.

73.5. El Decreto 452 del 15 de febrero 2008 ordenó la supresión y liquidación de la
ESE Rita Arango Álvarez del Pino, disponiendo en su artículo 14 una
indemnización para todos los «servidores públicos [que venían del ISS]
incorporados automáticamente como empleados públicos en la planta de
personal de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino, en
cumplimiento de la sentencia C-349 de 2004».

73.6. La ESE Rita Arango Álvarez del Pino expidió la Resolución 229 del 5 de marzo
de 2008, por medio de la cual dispuso la terminación de los nombramientos en
provisionalidad, dentro de los cuales se encontraba el del actor30.

73.7. El 27 de mayo de 2008 Alejandro Álvarez Henao presentó reclamación
administrativa solicitando el reintegro al cargo de técnico administrativo,
código 3124, grado 22, 8 horas, el pago de los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir desde la desvinculación hasta la reincorporación efectiva,
y el pago de la indemnización especial establecida en el Decreto 452 de 2008;
petición que fue resuelta de manera negativa mediante la Resolución 695 del
23 de junio de 200831.

3.11.2. Análisis sustancial de la Sala

74. De acuerdo con lo expuesto, el demandante considera que tiene derecho a ser
reintegrado, y a que se le paguen los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir desde la desvinculación hasta la reincorporación efectiva, así como la
indemnización especial establecida en el artículo 14 del Decreto 452 de 2008,
porque en su concepto:

a) Los actos acusados desconocieron la estabilidad laboral que le asistía, por
cuanto fue incorporado a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino de manera
automática y sin solución de continuidad en virtud del Decreto Ley 1750 de 2003.

28 Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-31-000-2008-00191-02, índice 2, archivo zip
«4ED_EXPEDIENTE_17001230000020080019(.zip) NroActua 2», «Archivo 010ED_Cuadernos
_Cuaderno12y3pdf.pdf», F 27.
29 Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-31-000-2008-00191-02, índice 2, archivo zip

«4ED_EXPEDIENTE_17001230000020080019(.zip) NroActua 2», «011ED_CuadernC04_Cuaderno4pdf.pdf »,
F 51.
30 Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-31-000-2008-00191-02, índice 2, archivo zip

«4ED_EXPEDIENTE_17001230000020080019(.zip) NroActua 2», «Archivo 010ED_Cuadernos
_Cuaderno12y3pdf.pdf», Ff 3 a 6.
31 Samai Consejo de Estado, expediente 76001-23-31-000-2008-00191-02, índice 2, archivo zip

«4ED_EXPEDIENTE_17001230000020080019(.zip) NroActua 2», «Archivo 010ED_Cuadernos
_Cuaderno12y3pdf.pdf», Ff 9 a 14 y 136 a 145.

Radicación: 17001-23-31-000-2008-00191-02 (3253-2024)
Demandante: Alejandro Álvarez Henao
Demandada: ESE Rita Arango Álvarez del Pino – En liquidación

b) De conformidad con la jurisprudencia constitucional —en especial la sentencia C-
349 de 2004—, los servidores incorporados a las ESE solo podían ser retirados
por las causales previstas en el artículo 37 de la Ley 443 de 1998 o por la
supresión efectiva del cargo, precisando que ninguna de las cuales se configuró
en su caso.

c) El nombramiento en el cargo de técnico administrativo no fue señalado como
provisional ni se le exigió participar en concurso de méritos, lo que generó una
expectativa legítima de estabilidad.

75. La sentencia de primera instancia negó las pretensiones de la demanda porque
la terminación de su vínculo obedeció a la supresión y liquidación de la entidad,
circunstancia que justificaba plenamente la desvinculación; además, como fue
nombrado en provisionalidad en la ESE mediante la Resolución 243 del 12 de mayo
de 2004, no adquirió derechos de carrera.

76. A partir del marco normativo y jurisprudencial expuesto, y del análisis del
material probatorio, la Sala encuentra acreditado que Alejandro Álvarez Henao
ingresó al ISS en 1985 y fue incorporado automáticamente y sin solución de
continuidad a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino en virtud del Decreto Ley 1750 de
2003 «por el cual se escinde el Instituto de Seguros Sociales y se crean una
Empresas Sociales del Estado». También se encuentra probado que en mayo de
2004 fue nombrado en la ESE en el cargo de técnico administrativo, código 3124,
grado 18, y que permaneció en ese empleo hasta el 5 de marzo de 2008, fecha en
que se expidió la Resolución 229 del 5 de marzo de 2008, por la cual se dispuso la
terminación de los nombramientos en provisionalidad, como consecuencia de la
supresión y liquidación de la entidad.

77. En este punto es importante tener presente al artículo 19 del Decreto Ley 1750
de 2003 anteriormente comentado, según el cual, «mientras permanezcan en
provisionalidad [los empleados transferidos del ISS a las ESE] solo podrán ser
retirados del cargo por las causales señaladas en el artículo 37 de la Ley 443 de
1998 […], o por supresión del cargo».

78. En el caso concreto, la terminación del vínculo de Alejandro Álvarez Henao no
respondió a una decisión arbitraria de la administración, sino a la supresión general
de la planta de personal como consecuencia de la supresión y liquidación de la ESE,
ordenada por el Decreto 452 de 2008. De manera tal que la desaparición de la
entidad hacía jurídicamente imposible mantener los nombramientos, por lo que la
desvinculación tenía fundamento legal. En ese sentido, no puede prosperar el
argumento de la apelación relativo al reintegro.

79. Así mismo, tampoco el argumento que alude a la aplicación de la convención
colectiva del ISS, por cuanto la Corte Constitucional en la Sentencia C-314 de 2004
definió que sus efectos solo podían extenderse hasta el 31 de octubre de 2004. De
manera que, para la fecha de la desvinculación en 2008, los beneficios
convencionales no eran exigibles por parte de empleados públicos como el
demandante.

80. Por consiguiente, la Sala concluye que la Resolución 229 del 5 de marzo de
2008, por medio de la cual la «apoderada general» de Fiduagraria, actuando como
agente liquidadora de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, ordenó la terminación de
todas las vinculaciones provisionales de la entidad, incluida la del demandante en
el empleo de técnico administrativo, como consecuencia de la liquidación de la ESE,
no es ilegal en cuanto a la terminación de su nombramiento, pues ello obedeció a
la supresión de la entidad, circunstancia prevista en la ley para tal efecto.

Radicación: 17001-23-31-000-2008-00191-02 (3253-2024)
Demandante: Alejandro Álvarez Henao
Demandada: ESE Rita Arango Álvarez del Pino – En liquidación

81. En consecuencia, la Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera
instancia en lo que tiene que ver con la negativa de acceder a reintegrar el
demandante, debido a la supresión y liquidación de la ESE. Por lo tanto, la
Resolución 229 del 5 de marzo de 2008, por medio de la cual la «apoderada
general» de Fiduagraria, actuando como agente liquidadora de la ESE Rita Arango
Álvarez del Pino, ordenó la terminación de todas las vinculaciones provisionales de
la entidad, conserva su presunción de legalidad.

82. No obstante lo anterior, la Sala no pasa por alto que el artículo 14 del Decreto
452 de 2008 que ordenó la liquidación y supresión de la ESE, estableció el derecho
a percibir una indemnización especial para los «servidores públicos [que venían del
ISS] incorporados automáticamente como empleados públicos en la planta de
personal de la Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino, en
cumplimiento de la sentencia C-349 de 2004», beneficio que para el caso concreto
de la ESE en liquidación demandada, aplica para los empleados de carrera y para
los provisionales, pero que no cobija a los empleados de libre nombramiento y
remoción ni a los que ingresaron después del 26 de junio de 2003 a la ESE. En este
punto, correspondía a la administración verificar, en cada caso, si se reunían los
requisitos para acceder a dicha compensación. Así, aunque el reintegro resulta
improcedente ante la desaparición de la entidad, subsistía la obligación de analizar
la procedencia de la indemnización reclamada.

83. Por consiguiente, como en aplicación del artículo 14 del Decreto 452 de 2008,
el demandante tenía derecho a la indemnización especial debido a que era un
servidor público provisional que venían del ISS, y como tal fue incorporado
automáticamente y sin solución de continuidad en la planta de personal de la ESE
Rita Arango Álvarez del Pino, la Sala accederá únicamente a la pretensión de
reconocimiento del referido emolumento, el cual deberá pagarse de manera
indexada de acuerdo con la fórmula que para el efecto se señalará en la parte
resolutiva de esta providencia.

84. Así las cosas, se ordenará la nulidad parcial de la Resolución 695 del 23 de
junio de 2008, a través de la cual, la referida autoridad resolvió rechazar 375
reclamaciones de los empleados y trabajadores de la ESE, únicamente en lo que
tiene que ver con el demandante.

3.12. Conclusión

85. Con fundamento en lo expuesto, la respuesta a los problemas jurídicos
planteados es que la Resolución 229 del 5 de marzo de 2008, por medio de la cual
la «apoderada general» de Fiduagraria, actuando como agente liquidadora de la
ESE Rita Arango Álvarez del Pino, ordenó la terminación de todas las vinculaciones
provisionales de la entidad, incluida la del demandante en el empleo de técnico
administrativo, como consecuencia de la liquidación de la ESE, no es ilegal, en
cuanto a la decisión de dar por terminado el nombramiento de Alejandro Álvarez
Henao, por lo que conserva su presunción de legalidad, pues, la desvinculación
obedeció a la supresión y liquidación de la entidad ordenada por el Decreto 452 de
2008, circunstancia que excluye la posibilidad de reintegro.

86. Sin embargo, al acreditarse que el demandante era un servidor público
provisional que venían del ISS, y que fue incorporado automáticamente y sin solución
de continuidad en esa misma calidad en la planta de personal de la ESE Rita Arango
Álvarez del Pino, correspondía a la administración aplicar lo dispuesto en el artículo
14 del Decreto 452 de 2008, esto es, reconocer la indemnización especial prevista
en dicha norma para quienes se encontraban en esa situación.

Radicación: 17001-23-31-000-2008-00191-02 (3253-2024)
Demandante: Alejandro Álvarez Henao
Demandada: ESE Rita Arango Álvarez del Pino – En liquidación

87. En consecuencia, la Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera
instancia en lo que tiene que ver con la negativa de acceder a reintegrar el
demandante, debido a la supresión y liquidación de la ESE. Pero a su vez, decretará
la nulidad parcial de la Resolución 695 del 23 de junio de 2008, a través de la cual,
se resolvió rechazar 375 reclamaciones de los empleados y trabajadores de la ESE,
únicamente en lo que tiene que ver con el demandante, y ordenará restablecer su
derecho en los términos señalados.

3.13. Costas

88. El Decreto 01 de 1984, «Código Contencioso Administrativo», señalaba en su
artículo 171 que «en todos los procesos, con excepción de los de nulidad y de los
electorales, habrá condena en costas para el litigante vencido en el proceso,
incidente o recurso, en los términos del artículo 392 del Código de Procedimiento
Civil». Artículo que fue declarado exequible por la Sala de Asuntos Constitucionales
de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 16 de agosto de 1984.

89. El artículo 171 del CCA, fue modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998,
de la siguiente manera: «[e]n todos los procesos, con excepción de las acciones
públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá
condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos
del Código de Procedimiento Civil».

90. Por ello, debe entenderse que esta disposición define un carácter subjetivo de la
responsabilidad por el pago de dichas costas, es decir una responsabilidad que sólo
opera cuando existe una conducta reprochable atribuible a la parte vencida. En
efecto, su lectura lleva a concluir que tal condena no se producirá necesariamente,
sino que podrá darse o no dependiendo de si ha mediado o no una conducta
reprochable en la parte vencida, durante el trámite del proceso. Por lo que es
necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de la
conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc.

91. Así las cosas, en esta oportunidad no se condenará en costas, porque no se
advierte que la parte demandante haya incurrido en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia proferida el 15
de marzo de 2012 por el Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

Segundo: Decretar la nulidad parcial de la Resolución 695 del 23 de junio de 2008,
a través de la cual, la «apoderada general» de Fiduagraria, actuando como agente
liquidadora de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, resolvió rechazar 375
reclamaciones de los empleados y trabajadores de la ESE, únicamente en lo que
tiene que ver con el demandante.

Tercero: Ordenar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que reconozca y
pague de manera indexada a Alejandro Álvarez Henao la indemnización especial
prevista en el artículo 14 del Decreto 452 de 2008, en proporción al tiempo de
servicios prestados.

Radicación: 17001-23-31-000-2008-00191-02 (3253-2024)
Demandante: Alejandro Álvarez Henao
Demandada: ESE Rita Arango Álvarez del Pino – En liquidación

La suma a pagar se actualizará según la siguiente fórmula, por corresponder lo
adeudado a un monto fijo, así:

R = Rh Índice final
Índice inicial

Según la cual el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor
histórico (Rh) que es la suma adeudada que debió pagar la administración por
concepto de la indemnización por supresión de cargo, por el guarismo que resulta
de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a
la ejecutoria de esta sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha en que debió
hacerse el pago).

Cuarto: No condenar en costas en esta instancia.

Quinto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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