Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-31-000-2009-00146-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-31-000-2009-00146-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 17001-23-31-000-2009-00146-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
26 de enero de 2023
Radicado: 17001-23-00-000-2009-00146-01 (53538)
Demandantes: Jhon Fredy Vargas Henao y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de reparación directa
Radicación: 17001-23-00-000-2009-00146-01 (53538)
Demandantes: Jhon Fredy Vargas Henao y otros
Demandados: Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, Reinerio
Cardona López y Bertha Cristina Cardona Pulgarín
Tema: Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por
prescripción de la acción penal. Se declara probada de oficio la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de los
demandados Reinerio Cardona López y Bertha Cristina Cardona
Pulgarín. Se confirma la decisión de negar las pretensiones de la
demanda porque la parte actora no demostró que la decisión de
declarar la prescripción de la acción penal le hubiese generado una
pérdida de oportunidad.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 4 de diciembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de
Caldas, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia por
tratarse de un recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996
contra una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo,
dentro de un proceso de reparación directa por hechos de la administración de
justicia.
El recurso de apelación fue admitido el 9 de abril de 20151. Se corrió traslado para
alegar de conclusión el 30 de abril de 2015. La Fiscalía presentó sus alegatos. Las
demás partes guardaron silencio. El Ministerio Público solicitó negar las
pretensiones de la demanda debido a que no se acreditó una pérdida de
oportunidad.
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1 Fl. 518, cuaderno del Consejo de Estado.
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Radicado: 17001-23-00-000-2009-00146-01 (53538)
Demandantes: Jhon Fredy Vargas Henao y otros
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 14 de mayo de 2009
por Jhon Fredy Vargas Henao (víctima directa) y sus familiares. Se dirigió contra
la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, Reinerio Cardona López y
Bertha Cristina Cardona Pulgarín para obtener la reparación del daño causado por
la providencia que declaró la prescripción de la acción penal y, en consecuencia,
extinguió el proceso adelantado contra Reinerio Cardona López y Bertha Cristina
Cardona Pulgarín por lesiones personales culposas. En concepto de los
demandantes, esto impidió que pudieran obtener la indemnización de los perjuicios
civiles dentro del proceso penal.
2.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas del proceso penal
allegadas, se extrae que:
2.1.- El 30 de noviembre de 2002, cuando el demandante Jhon Fredy Vargas
Henao conducía una motocicleta, fue atropellado por una camioneta que no
respetó la prelación de la vía. La camioneta era conducida por el señor Reinerio
Cardona López y su propietaria era la señora Bertha Cristina Cardona Pulgarín.
2.2.- El 18 de diciembre de 2002, en vigencia de la ley 600 de 2000, la Fiscalía
Séptima Local de Manizales ordenó la apertura de la investigación penal contra
Reinerio Cardona López por el delito de lesiones personales culposas.
2.3.- El 20 de marzo de 2003 el demandante Jhon Fredy Vargas Henao formuló
demanda de parte civil contra Reinerio Cardona López, como conductor del
automóvil, y solicitó la vinculación como tercera civilmente responsable a la
propietaria del automóvil, Bertha Cristina Cardona Pulgarín2.
2.4.- El 23 de abril de 2003 la Fiscalía: i) admitió la demanda de parte civil
presentada por el demandante Jhon Fredy Vargas Henao y ii) no admitió la
vinculación del tercero civilmente responsable debido a que esta solicitud no se
realizó en escrito separado, de conformidad con el artículo 69 del Código de
Procedimiento Penal3.
2.5.- El 5 de junio de 2006 la Fiscalía acusó al señor Reinerio Cardona López.
Esta decisión fue recurrida por su defensa.
2.6.- Mediante auto del 29 de noviembre de 2006 la Fiscalía delegada ante el
Tribunal Superior de Manizales revocó la resolución de acusación y declaró la
prescripción de la acción penal adelantada contra el señor Reinerio Cardona López
por el delito de lesiones personales culposas.
3.- Según la parte actora, el caso debió ser estudiado bajo el régimen del riesgo
excepcional porque la Fiscalía cometió un error judicial al omitir el cumplimiento
de sus funciones y dejar prescribir los términos, pues de haberse continuado con
2 Fls. 20-29, c.1.
3 Fls.280 - 281, c.2.
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Radicado: 17001-23-00-000-2009-00146-01 (53538)
Demandantes: Jhon Fredy Vargas Henao y otros
la acción penal, el señor Reinerio Cardona López hubiera sido condenado y
obligado a reparar el daño a la parte civil.
B. Posición de la parte demandada
4.- La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó que se
declararan como excepciones: i) la falta de configuración de los elementos que
estructuran la responsabilidad extracontractual del Estado, porque no se configuró
el daño antijurídico, el delito o culpa generada por la conducta del agente estatal y
el nexo de causalidad; ii) la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque la
entidad no intervino en la decisión que se señala como generadora del daño; iii)
el hecho de un tercero, porque la indemnización que se pretende fue producto de
un daño causado por un tercero, es decir, por el conductor de la camioneta.
5.- La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que: i) la entidad actuó en cumplimiento de la Constitución y las normas
sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos; ii) la
prescripción de la investigación penal se dio por aplicación del principio de
favorabilidad, porque si bien los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 600 de
2000, posteriormente entró en vigencia la Ley 906 de 2004, lo que obligaba a
aplicar los criterios allí establecidos; iii) no existe nexo causal entre el daño y la
imputación que se le hace a la entidad, porque los daños sufridos por la parte
actora se causaron en un accidente de tránsito en el cual no participó ningún
funcionario de la Fiscalía en ejercicio de sus funciones.
6.- Reinerio Cardona López y Bertha Cristina Cardona Pulgarín se opusieron a las
pretensiones de la demanda. Manifestaron que el accidente de tránsito fue culpa
del demandante Jhon Fredy Vargas Henao al exceder los límites de velocidad. En
todo caso, señalaron que la parte actora no acreditó los perjuicios cuya reparación
solicita, y pidieron el llamamiento en garantía de la aseguradora Colseguros S.A.
7.- Colseguros S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda; como excepción,
propuso la prescripción de las acciones originadas en el contrato de seguro.
Sostuvo que la reclamación debió efectuarse desde la ocurrencia del accidente,
es decir el 30 de noviembre de 2002. Sin embargo, de esa fecha hasta la del
llamamiento en garantía transcurrieron más de ocho años, sin que se hubiera
interrumpido el término de prescripción del artículo 1081 del Código de Comercio.
Como argumentos de fondo indicó que: i) la parte demandante no aportó como
prueba la tarjeta de propiedad del vehículo; ii) existía falta de jurisdicción o
competencia porque una cosa es pretender la responsabilidad de la Administración
de justicia por la prescripción de términos y otra muy distinta la indemnización
pretendida por una responsabilidad civil extracontractual, que se debe solicitar
ante la jurisdicción ordinaria.
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Demandantes: Jhon Fredy Vargas Henao y otros
C. Sentencia recurrida
8.- El 4 de diciembre de 2014 el Tribunal Administrativo del Valle de Caldas profirió
sentencia de primera instancia, en la que decidió lo siguiente:
8.1.- Declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por la Rama Judicial y absolvió a la entidad porque no intervino
en la causación del daño.
8.2.- Absolvió a la Fiscalía porque:
a.- No se demostró que la prescripción de la acción penal hubiera sido causada
por una demora injustificada en el trámite del proceso penal, sino que obedeció a
la aplicación del principio de favorabilidad por la entrada en vigencia de la Ley 906
de 2004.
b.- No se configuró una pérdida de oportunidad ni una denegación de justicia
porque el demandante Jhon Fredy Vargas Henao podía acudir ante la jurisdicción
civil para obtener la indemnización de los perjuicios causados por el accidente de
tránsito.
D. Recurso de apelación
9.- La parte demandante solicita que se revoque integralmente el fallo de primera
instancia y se concedan las pretensiones de la demanda. Su inconformidad se
basa en los siguientes argumentos:
9.1.- Se probó un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por
denegación de justicia porque, durante el trámite del proceso penal, el demandante
Jhon Fredy Vargas Henao solicitó en repetidas ocasiones que las autoridades
judiciales actuaran con celeridad y emitieran una decisión de fondo.
9.2.- En este caso hubiera sido totalmente inoportuno intentar iniciar un proceso
ante la jurisdicción ordinaria debido a que i) el conductor del vehículo causante del
accidente no tenía bien alguno que pudiese servir como garantía de las
indemnizaciones que fueran declaradas por vía judicial y ii) el término para solicitar
la vinculación de la propietaria del automotor a un proceso civil ya había
transcurrido, pues el artículo 2358 del Código Civil, vigente para la época de los
hechos, establecía un término de tres años de prescripción para comparecer ante
la justicia ordinaria, pues se trataba de una conducta proveniente del hecho ajeno.
9.3.- Se configuró una pérdida de oportunidad porque existía una probabilidad de
que el conductor del vehículo fuera condenado debido a que la Fiscalía dictó
resolución de acusación en su contra.
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Demandantes: Jhon Fredy Vargas Henao y otros
II. CONSIDERACIONES
E. Presupuestos procesales
10.- La Sala estudiará de fondo el asunto porque la acción se presentó dentro de
los dos años previstos en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo:
(i) la providencia que precluyó la investigación penal por la prescripción se profirió
el 29 de noviembre de 2006 y quedó ejecutoriada en esa misma fecha4 y (ii) la
demanda se presentó el 28 de noviembre de 2008.
11.- Se declarará probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva de los demandados Reinerio Cardona López y Bertha Cristina
Cardona Pulgarín porque los demandantes solicitan la reparación de perjuicios por
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y tal imputación no
puede formularse frente a estos demandados, quienes son particulares que no
ejercen funciones jurisdiccionales.
F. Decisión
12.- La Sala confirmará la decisión de negar las pretensiones de la demanda
porque la parte demandante no acreditó que la prescripción de la acción penal
decretada por la Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Manizales le hubiese causado la pérdida de la oportunidad de haber obtenido la
indemnización de los perjuicios solicitada dentro del proceso penal.
13.- Es claro que los deudores de la obligación de reparar el daño proveniente del
delito son los autores del delito o quienes tienen la condición de terceros civilmente
responsables y que el Estado no es garante de tal obligación. Por lo tanto, a la
parte actora le incumbe exponer y acreditar las afirmaciones que permitan concluir
que la prescripción de la acción penal le impidió recibir una indemnización que
habría podido obtener si ella no se hubiese declarado; le corresponde demostrar
que tal declaración le frustró definitivamente una expectativa cierta o con grandes
probabilidades de certeza de obtener la reparación.
14.- La pérdida de oportunidad que debe demostrar el demandante debe reunir los
requisitos que la jurisprudencia ha señalado para que sea indemnizable, esto es,
que sea cierta, que sea definitiva y que sea seria en el sentido de evidenciar que,
en efecto, la víctima obtendría una indemnización5.
15.- En el presente caso no está demostrada la certeza de la oportunidad porque:
4 De conformidad con la constancia de ejecutoria que obra en la misma providencia proferida por la Fiscalía
delegada ante el Tribunal Superior del Distrito de Manizales. Fl. 203, c.1.
5 La jurisprudencia ha señalado como requisitos de la pérdida de oportunidad (i) la certeza de la oportunidad
que se pierde; (ii) la imposibilidad definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento; y (iii) la víctima
debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la obtención del resultado esperado,
es decir que debe analizarse si el afectado se encontraba en condiciones fácticas y jurídicas idóneas para
alcanzar el provecho por el cual propugnaba. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
de 5 de abril de 2017, exp. 25706, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, reiterada en sentencia del 3 de abril de 2020,
exp. 21554 del mismo ponente.
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Radicado: 17001-23-00-000-2009-00146-01 (53538)
Demandantes: Jhon Fredy Vargas Henao y otros
15.1.- La parte demandante tenía la carga de acreditar que, de no haber ocurrido
la prescripción de la acción penal, existía una alta probabilidad de que el imputado
Reinerio Cardona López fuera condenado en el proceso penal. Sin embargo, no
cumplió esa carga argumentativa y está probado que la prescripción de la acción
penal se declaró en la etapa de instrucción, es decir en una etapa preliminar del
proceso penal.
15.2.- Los demandantes tampoco acreditaron que, en el evento de haberse
declarado la responsabilidad penal del procesado, habrían tenido la posibilidad
efectiva de ser resarcidos los perjuicios alegados, pues la parte civil no solicitó
medidas cautelares para tal fin ni allegó pruebas de la solvencia económica del
sindicado o de la tercera civilmente responsable. Por el contrario, manifestaron
expresamente en el recurso de apelación que <<de nada hubiese servido
demandar por la jurisdicción civil al responsable directo, es decir al conductor,
cuando él mismo no tenía bien alguno que pudiese servir como garantía de las
indemnizaciones que fuesen declaradas vía judicial>>.
16.- La parte actora tampoco demostró la pérdida definitiva de la oportunidad
porque la declaratoria de la prescripción de la acción penal no impedía que los
demandantes pudieran obtener la indemnización del daño ante la jurisdicción civil.
Por el contrario, podía acudir a la jurisdicción ordinaria civil para solicitar la
respectiva indemnización de perjuicios por parte de la propietaria del vehículo, que
era la tercera civilmente responsable.
17.- En efecto:
17.1.- La prescripción de la acción penal no le impedía al demandante iniciar un
proceso ordinario de responsabilidad civil contra el tercero civilmente responsable,
conforme con lo dispuesto en el artículo 98 del Código Penal6. En los casos de
accidentes de tránsito, la responsabilidad civil extracontractual del propietario del
vehículo y la empresa a la que este está afiliado es directa7, por lo que la acción
para reclamar la indemnización de los daños causados por estos terceros
6 Artículo 98 de la Ley 599 de 2000: <<La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita
dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la
prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes de la
legislación civil>>.
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de 2011. Radicado N.º
44001 31 03 001 2001 00050 01. M.P. Pedro Octavio Munar Cadena: <<Condición semejante, esto es, la de
guardián, deviene absolutamente procedente, entonces, que sea compartida entre la empresa de transporte
y los propietarios del automotor, hipótesis ante la cual, dada la solidaridad que surge para una y otros,
cualquiera puede ser involucrado en el proceso respectivo en función de la eventual responsabilidad por los
perjuicios generados; luego, en el asunto de esta especie, al margen del posible compromiso de los titulares
del dominio del bien con el que se generó el daño, en procura de su resarcimiento, la transportadora estaba
legitimada para ser llamada con miras de cubrir los perjuicios generados a los demandantes. Por manera que,
aún aceptando, en gracia de discusión, que los propietarios, (…) , tenían tal calidad, no por ello, debía
exonerarse a la sociedad Expreso Brasilia S.A., pues la fuente de su responsabilidad, itérase, no puede
hallarse exclusivamente en la titularidad del dominio en cabeza de otra persona, natural o jurídica, sino en el
vínculo del automotor a su objeto social; esto es, en el control que ejerce por razón de la afiliación del
vehículo>>.
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Radicado: 17001-23-00-000-2009-00146-01 (53538)
Demandantes: Jhon Fredy Vargas Henao y otros
civilmente responsables ante la jurisdicción ordinaria civil se sujeta al término
ordinario de prescripción previsto en el artículo 2536 del Código Civil8.
17.2.- Los hechos que dieron origen a los daños reclamados por la parte actora
ocurrieron el 30 de noviembre de 2002. Para ese momento, la prescripción de la
acción civil en cabeza de la demandante contra el tercero civilmente responsable
era de veinte años. Sin embargo, la Ley 791 de 2002 modificó el artículo 2536 del
Código Civil y redujo el término de la prescripción ordinaria a diez años 9. Por lo
tanto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, el
beneficiario de la prescripción -que en este caso era el tercero civilmente
responsable- podía elegir que la prescripción se rigiera: (i) por el término original
de veinte años a partir de la ocurrencia del hecho o (ii) por el nuevo término de
diez años contados a partir de la entrada en vigencia de la ley, el 27 de diciembre
de 200210.
17.3.- Así las cosas, con independencia del término de prescripción que eligiese
la prescribiente, el demandante Jhon Fredy Vargas Henao pudo acudir ante la
justicia civil para obtener el resarcimiento de los perjuicios sufridos, por lo menos,
hasta el 27 de diciembre de 2012, tiempo después de la declaratoria de la
prescripción de la acción penal.
18.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo
previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por
el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de junio de 2016, Radicado N.º 11001-
02-04-000-2016-00743-01, M.P. Ariel Salazar Ramírez: <<Y es que no puede confundirse el significado de lo
que el ordenamiento adjetivo penal considera como “terceros civilmente responsables”, con el de los terceros
responsables dentro del proceso civil, puesto que el término “terceros responsables” para cada uno de esos
ordenamientos tiene un significado y alcance distintos.
En efecto, para el ordenamiento penal, la noción “tercero civilmente responsable” hace alusión a la persona
que a pesar de no haber cometido la conducta punible está llamada, según la ley sustancial, a responder con
su patrimonio por los perjuicios irrogados con la realización del delito (art. 96 de la Ley 600 de 2000).
En cambio, la expresión “tercero responsable conforme a las disposiciones de este capítulo”, contenida en el
artículo 2.358 del Código Civil, se refiere al tipo de responsabilidad indirecta o proveniente del hecho de un
tercero, a diferencia de la que tiene una naturaleza directa o emana del hecho propio.
De suerte que para la doctrina civil el acto generado por quien frente a ley penal es considerado “un tercero”,
puede estar enmarcado en la responsabilidad directa o por el hecho propio, como en el caso de las personas
jurídicas que ejecutan su voluntad a través de sus agentes. De acuerdo con estas premisas, si un tercero
incurre en responsabilidad civil directa, la tesis evidentemente favorece a la víctima de los perjuicios
puesto que la prescripción que reglamenta esta acción es de diez años, y no la trienal a la que refiere
el artículo 2.358 ejusdem. Tal es la claridad del ordenamiento penal en el mencionado artículo 98 de su
legislación sustantiva, que en copiosa jurisprudencia, el máximo tribunal de esa jurisdicción, ha reiterado que
la pérdida de la potestad punitiva para investigar y juzgar al penalmente responsable, impide entrar a definir
aspectos propios de la justicia civil>>.
9 Artículo 2536 del Código Civil, modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002: <<La acción ejecutiva se
prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).
La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará
solamente otros cinco (5).
Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo
términ>>.
10 Artículo 41 de la Ley 153 de 1887: <<La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere
completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda,
a voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la
fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir>>.
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Radicado: 17001-23-00-000-2009-00146-01 (53538)
Demandantes: Jhon Fredy Vargas Henao y otros
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLÁRASE PROBADA de oficio la falta de legitimación en la causa
por pasiva de Reinerio Cardona López y Bertha Cristina Cardona Pulgarín por las
razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2014 por
el Tribunal Administrativo de Caldas por las razones expuestas en esta
providencia.
TERCERO: SIN CONDENA en costas.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con salvamento parcial y aclaración de voto
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