Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-31-000-2010-00036-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-31-000-2010-00036-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 17001-23-31-000-2010-00036-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
18 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 18 de febrero de 2022
Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591)
Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
Demandado: Nación – Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Temas: Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad (Ley
906 de 2004) - Daño especial - En el proceso penal no se desvirtuó la presunción de inocencia
de las procesadas
Síntesis del caso: La fiscalía inició una investigación penal en contra de las demandantes
principales, quienes fueron capturadas en desarrollo de una diligencia de allanamiento,
dado que en la vivienda en la que residían se hallaron varios paquetes que contenían
sustancias estupefacientes. El juez penal, en primera instancia, dictó sentencia
condenatoria por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, así como
de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. El tribunal, en segunda instancia, revocó
dicha decisión y absolvió penalmente a las procesadas
Procede esta Sala de Subsección a dictar Sentencia de reemplazo, en
cumplimiento del fallo de 10 de diciembre de 2021 proferido por la Sección
Primera de esta Corporación, dentro de la acción de tutela radicada con
el No. 11001-03-15-000-2021-03774-00, que dejó sin efectos la Sentencia
dictada dentro del proceso de la referencia.
En consecuencia, conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante en contra de la Sentencia proferida el 23 de enero de
2013 por el Tribunal Administrativo de Caldas, que declaró probada la
excepción de culpa exclusiva de la víctima y negó las pretensiones de la
demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia, por tratarse de un
recurso de apelación interpuesto en contra de una Sentencia proferida por
un Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las
pretensiones solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por
el artículo 73 de la Ley 270 de 19961.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
1De acuerdo con lo expuesto por la Sala Plena de esta Corporación en Auto de 9 de septiembre de 2008,
expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591)
Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
Demandado: Nación –Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
_____________________________________________________________________________________________________________
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada;
1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación; 1.5. Fallo de tutela
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 18 de diciembre de 2009, María Ernestina Hernández de Villanueva,
Luz Mery Sánchez Hernández y Mari Luz Obando Sánchez, con sus grupos
familiares, presentaron demanda, en ejercicio de la acción de reparación
directa, en contra de la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la
Nación, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios ocasionados
con la privación de su libertad, la cual ocurrió en el proceso penal iniciado
en su contra por la presunta comisión de los delitos de concierto para
delinquir y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes2.
2. En la demanda se planteó como pretensión declarativa la siguiente (se
trascribe):
“Declare administrativa y patrimonialmente responsable a LA NACIÓN –
RAMA JUDICIAL y a LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por los perjuicios
ocasionados a la parte actora, como consecuencia de la privación injusta de
la libertad de la que fueron objeto las señoras MARÍA ERNESTINA HERNÁNDEZ
Vda. DE VILLANUEVA, MARI LUZ OBANDO SÁNCHEZ y LUZ MERY SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ”.
3. La indemnización solicitada se resume en los siguientes valores:
Perjuicio Demandante Calidad Monto
María Ernestina Hernández de
Víctima directa 200 SMLMV
Villanueva
Luz Mery Sánchez Hernández Víctima directa 200 SMLMV
Mari Luz Obando Sánchez Víctima directa 200 SMLMV
Perjuicios Compañero
morales Noé Antonio Sánchez Martínez permanente de María 100 SMLMV
Ernestina Hernández.
Hijo de Luz Mery
Diego Alejandro Sánchez Hernández 200 SMLMV
Sánchez
Hija de Mari Luz
María Isabel Henao Obando 100 SMLMV
Obando Sánchez
4. Como hechos que fundamentaron las pretensiones, la parte
demandante expuso, en síntesis:
5. 1) El 22 de junio de 2005, María Ernestina Hernández de Villanueva, Luz
Mery Sánchez Hernández y Mari Luz Obando Sánchez fueron capturadas,
en desarrollo de la diligencia de allanamiento practicada a su lugar de
residencia. Al día siguiente, el Juzgado Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Aguadas, Caldas, les impuso medida de
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, por
2 Folios 78 al 91 del Cuaderno No. 1.
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Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591)
Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
Demandado: Nación –Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
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la presunta comisión de los delitos de fabricación, tráfico y porte de
estupefacientes, así como de concierto para delinquir.
6. 2) El 16 de diciembre de 2005, el Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Manizales profirió Sentencia condenatoria en contra de
las procesadas. En contra de esta providencia, el Ministerio Público y la
defensa interpusieron recurso de apelación, los cuales fueron resueltos por
la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales,
mediante providencia de 18 de octubre de 2007, que dispuso su revocatoria
y ordenó su libertad inmediata.
7. De acuerdo con los hechos de la demanda, en el proceso penal se
presentaron las siguientes actuaciones: 1) el 23 de junio de 2005 se legalizó
la captura de María Ernestina Hernández de Villanueva, Luz Mery Sánchez
Hernández y Mari Luz Obando Sánchez, se formuló imputación en su contra
y se les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento carcelario; 2) el 16 de diciembre de 2005 fueron
condenadas por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales,
Caldas, y 3) el 18 de octubre de 2007, la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Manizales revocó la Sentencia condenatoria.
1.2. Posición de las partes demandadas
8. La Rama Judicial contestó la demanda, en la que se opuso a las
pretensiones de la demanda 3. En su escrito explicó que la medida de
aseguramiento impuesta a las demandantes principales fue legal. Además,
si bien en segunda instancia se revocó el fallo condenatorio dictado en su
contra, esto ocurrió por los errores procedimentales presentados durante el
trámite de la actuación penal, pero no por falta de certeza acerca de su
responsabilidad penal, más si se tiene en cuenta que fueron capturadas en
flagrancia. Por último, propuso las excepciones de “indebida integración del
contradictorio” y “falta de presupuestos legales que establezcan responsabilidad
patrimonial de la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura”.
9. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación presentó contestación a
la demanda, en la que manifestó que, con base en los elementos materiales
probatorios recopilados hasta ese momento, solicitó la imposición de la
medida de aseguramiento ante un juez de control de garantías y,
finalmente, fue esta autoridad la que decretó dicha medida 4. Además,
advirtió que las procesadas no fueron absueltas por haber demostrado su
completa inocencia en los cargos imputados por la fiscalía, sino solo porque
las pruebas aportadas no fueron suficientes para dictar sentencia
3 Folios 104 al 116 del cuaderno No. 1.
4 Folios 136 al 143 del Cuaderno No. 1.
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Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
Demandado: Nación –Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
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condenatoria en su contra. Finalmente, propuso las excepciones de “falta
de legitimación por pasiva” y “culpa exclusiva de la víctima”.
1.3. Sentencia de primera instancia
10. El 23 de enero de 2013, el Tribunal Administrativo de Caldas dictó
Sentencia de primera instancia, en la cual declaró probada la excepción
de “culpa exclusiva de la víctima” y negó las pretensiones de la demanda 5. En
el análisis de fondo, el tribunal advirtió que la revocatoria de la sentencia
condenatoria obedeció a que el juez de segunda instancia consideró que
las pruebas que sirvieron de fundamento a los cargos formulados eran
ilegales, pero no a la comprobación de la inocencia de las procesadas.
Además, consideró que, en este caso, quedó demostrado que la privación
de la libertad alegada se causó por el actuar doloso de las procesadas en
las actividades que fueron objeto de investigación, en tanto “ María Ernestina
Hernández viuda de Villanueva, Mari Luz Obando Sánchez y Luz Mery Sánchez
Hernández no obraron en la forma debida, en la que le era jurídicamente exigible en
el desempeño de los asociados, es decir, no tenían por qué tener ocultas en sus
residencias sustancias pulverulentas con características y olores similares a los de la
cocaína, alcaloide de comercialización prohibida en nuestra sociedad, lo que indica
que las afectadas con la medida restrictiva de la libertad desarrollaban un
comportamiento intencional y consciente, a todas luces reprochable, conductas que
dieron lugar a que se iniciara un proceso penal en su contra”.
1.4. Recurso de apelación
11. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso y
sustentó recurso de apelación6, con el fin de que se revocara y se accediera
a las pretensiones plateadas en la demanda. Al respecto, expuso que el
juez de primera instancia desconoció que, en el proceso penal, las
entonces acusadas fueron absueltas de los cargos presentados en su contra
y, por tanto, no era procedente la declaratoria de la culpa de la víctima,
bajo el argumento de que existían sospechas acerca de su actuación.
1.5. Fallo de tutela
12. El 10 de diciembre de 2021, la Sección Primera de esta Corporación
profirió fallo de tutela, en el que amparó los derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y, en consecuencia, dejó sin efectos la Sentencia dictada el 11 de
septiembre de 2020 por esta Subsección. Por lo anterior, ordenó que se
profiriera una nueva sentencia, “con fundamento en las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia”, esto es, realizar el análisis de responsabilidad
5 Folios 171 al 180 del Cuaderno Principal.
6 Folios 185 al 189 del Cuaderno Principal.
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Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
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Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
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conforme a las reglas de interpretación fijadas por la Corte Constitucional
en las Sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018.
13. En la providencia allí cuestionada, esta Sala analizó el caso bajo un
régimen objetivo de responsabilidad, dado que no era posible realizar un
estudio de la legalidad de la providencia por medio de la cual se impuso
medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de las
procesadas, por no haberse aportado al proceso. Al respecto, en el fallo de
tutela se resaltó el desconocimiento de los criterios de interpretación sobre
la responsabilidad del Estado en los casos de privación injusta de la libertad
planteados en las Sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018 de la Corte
Constitucional. Así, se consideró que la providencia realizó un estudio del
caso bajo un régimen objetivo, sin analizar si la medida privativa de la
libertad había sido desproporcional, irrazonable y arbitraria.
14. En efecto, el juez de tutela consideró que, “de acuerdo con el precedente
constitucional en la materia, se puede concluir que el juez administrativo tiene la
potestad de decidir, bajo el principio de iura novit curia, cuál título de imputación
resulta aplicable al caso en concreto. Sin embargo, en todos los casos el juez
contencioso tiene el deber de hacer un análisis riguroso y exhaustivo con miras a
establecer por qué la privación de la libertad se tornó en injusta, para lo cual deberá
verificar que la medida privativa de la libertad haya sido desproporcional, irrazonable,
innecesaria y, con base en lo anterior, deducir su arbitrariedad”.
15. Seguidamente, señaló que en los casos de privación injusta de la
libertad la parte demandante tiene el deber de allegar los medios de
convicción necesarios para realizar el estudio de la legalidad de la medida
privativa de la libertad e indicó que el incumplimiento de esa carga tendría
como consecuencia la negativa de las pretensiones reclamadas en la
demanda. Como respaldo a esa postura se citó la providencia de 5 de
febrero de 2021 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado7, en el cual se concluyó que el daño antijurídico no se
probó, dado que no se aportó la medida de aseguramiento.
16. Finalmente, el juez de tutela ordenó dictar sentencia de reemplazo, “en
la que proceda analizar si la medida privativa de la libertad decretada en contra de
las señoras María Ernestina Hernández, Luz Mery Sánchez Hernández y Mari Luz Obando
Sánchez fue desproporcional, irrazonable o arbitraria”.
17. En atención a los argumentos expuestos en el fallo de tutela, se
procederá a dictar el respectivo fallo de reemplazo que se orientará
conforme a los criterios establecidos en las mencionadas providencias de
constitucionalidad. No obstante, la Sala pone de presente que, en este
caso, no es posible realizar un análisis de la legalidad de la medida de
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Subsección A. Sección Tercera. Sentencia de 5 de
febrero de 2021. Rad. No. 19001-23-31-000-2011-00314-01(60441).
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Demandado: Nación –Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
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aseguramiento, la cual en el fallo de tutela se echó de menos, debido a que
no fue aportada al proceso.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. De la
responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad; 2.3.
Identificación del daño; 2.4. Análisis del daño especial; 2.5. Entidad a la que se le atribuye
el daño; 2.6. Liquidación de perjuicios; 2.7. Costas
2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán
18. La parte demandante solicitó la indemnización de los perjuicios
derivados de la privación injusta de la libertad de María Ernestina
Hernández, Luz Mery Sánchez Hernández y Mari Luz Obando Sánchez,
dentro del proceso penal que se siguió en su contra y en el cual se les
impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento de reclusión por los delitos de concierto para delinquir, así
como de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. El tribunal, en
primera instancia, negó las pretensiones de la demanda. En esta instancia,
la parte actora solicitó la revocatoria de dicha decisión, toda vez que las
entonces procesadas fueron absueltas de los cargos penales formulados en
su contra y, en este caso, no se configuraba la causal exonerativa de
responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima.
19. En el expediente se encuentra probado que, María Ernestina
Hernández, Luz Mery Sánchez y Mari Luz Obando fueron privadas de su
libertad, desde el 22 de junio de 2005, fecha en la cual se materializó su
captura8, hasta el 18 de octubre de 2007, fecha en el cual la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales ordenó su libertad
inmediata, como consecuencia de la revocatoria de la sentencia
condenatoria proferida el 16 de diciembre de 2005 por el Juzgado Penal
del Circuito Especializado de Manizales9. De lo anterior, también es posible
advertir que las aquí demandantes fueron absueltas de los delitos de
fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, así como de concierto para
delinquir que les fueron imputados en el curso del proceso penal.
20. En esta providencia, la Sala estudiará el fondo del asunto porque están
reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fue
presentada dentro del término legal. Si bien en el expediente no obra la
8 En las sentencias penales de primera y segunda instancia se indicó que la privación de la libertad de las
demandantes principales se materializó el día en que se llevó a cabo la diligencia de allanamiento, esto es, el 22
de junio de 2005 (Folios 9 al 69 del Cno. 1). Además, sus capturas fueron avaladas al día siguiente por el juzgado
de control de garantías en la respectiva audiencia de legalización, formulación de imputación e imposición de
medida de aseguramiento, tal como se desprende del oficio emitido por esta autoridad (Folios 7 y 8 del Cno. 1).
9 Folios 45 al 70 del Cuaderno Principal. Con la sentencia penal de segunda instancia se pudo constatar que las
entonces procesadas continuaban privadas de su libertad, por lo que se dispuso su libertad inmediata y se ordenó
librar los respectivos oficios al establecimiento de reclusión.
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Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591)
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Demandado: Nación –Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
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constancia de ejecutoria de la providencia de 18 de octubre de 200710, de
acuerdo con lo previsto por el artículo 183 de la Ley 906 de 2004, vigente
para ese momento11, debía disponerse el traslado de 60 días para
interponer el respectivo recurso de casación, el cual comenzaba a
contabilizarse a partir del día siguiente de la última notificación de la
sentencia. Solo después de vencido ese término y, en el evento de no
presentarse dicho recurso, la providencia de segunda instancia cobraba
ejecutoria12.
21. En este caso, se constató que en contra de la sentencia de segunda
instancia no se interpuso recurso de casación, de acuerdo con la
información registrada en la página de la Rama Judicial y con el Auto de
13 de febrero de 2008 proferido por el juzgado especializado de estarse a
lo resuelto13. Por tanto, dado que la sentencia de segunda instancia debió
quedar ejecutoriada el 5 de febrero de 2008 14, que el término de caducidad
de la acción se suspendió debido a la solicitud de conciliación prejudicial
presentada por la parte demandante 15 y que la demanda de reparación
directa se presentó el 18 de diciembre de 2009, la acción se ejerció dentro
del término de 2 años previsto en el artículo 136, numeral 8, del C.C.A.
22. De acuerdo con lo anterior, esta Subsección dará cumplimiento al fallo
de tutela, por lo que realizará un análisis de la responsabilidad con
fundamento en los criterios planteados por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-072 de 2018. Además, como lo ha definido esta Sala de
Subsección en procesos similares, dado que en el expediente no obra la
medida de aseguramiento que restringió la libertad del demandante, el
estudio del caso deberá abordarse desde la responsabilidad objetiva por
daño especial, en tanto ello no contradice, ni desconoce la interpretación
de la referida providencia de constitucionalidad y observa el principio de
igualdad, con independencia de la naturaleza del delito investigado por la
jurisdicción ordinaria16.
10 Folios 45 al 69 del Cuaderno No. 1.
11 El texto original de la Ley 906 de 2004 preveía lo siguiente: “El recurso se interpondrá ante el tribunal dentro de
un término común de sesenta (60) días siguientes a la última notificación de la sentencia, mediante demanda que
de manera precisa y concisa señale las causales invocadas y sus fundamentos”.
12 Corte Constitucional, Sentencia C-252 de 2001.
13 Consultada la plataforma de la Rama Judicial – Consulta de Procesos, se advirtió que, si bien el 18 de octubre
de 2007 se llevó a cabo la audiencia de lectura de fallo, el expediente se devolvió al Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Manizales solo hasta el año siguiente, esto es, después de vencido el término de los 60 días con
los que contaban las partes para interponer el recurso de casación. Una vez recibida la actuación por el juez de
primera instancia se profirió el auto de cúmplase, en el que se indicó que la sentencia absolutoria quedó
ejecutoriada, aunque sin precisar la fecha exacta. (Folio 70 del Cuaderno Principal).
14 Esta fecha resulta de contabilizar los 60 días –hábiles-, a partir del día siguiente de la audiencia de lectura de
fallo de segunda instancia, sin tener en cuenta el período de vacancia judicial.
15 La solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 16 de octubre de 2009 y el respectivo trámite culminó el 11
de diciembre de 2009, con la celebración de la audiencia y la expedición de la constancia.
16 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias proferidas por esta Subsección, en las que se
concluyó que, pese a no existir certeza sobre la legalidad o ilegalidad de la medida de aseguramiento, la víctima
sufrió un daño especial que no estaba en el deber jurídico de soportar: Sentencia de 15 de octubre de 2021, Exp.
No. 76001-23-31-000-2011-00754-01(51459); Sentencia de 15 de octubre de 2021, Exp. No. 76001-23-31-000-2012-
00767-01(55588); Sentencia de 1 de octubre de 2021, Exp. No. 05001-23-31-000-2011-00210-01(49877); Sentencia de
11 de junio de 2021, Exp. No. 25000-23-26-000-2010-00242-01(46216); Sentencia de 28 de mayo de 2021, Exp. No.
19001-23-31-000-2010-00082-01(48811); Sentencia de 10 de mayo de 2021, Exp. No. 25000-23-26-000-2007-00602-
01(44983); Sentencia de 19 de abril de 2021, Exp. No. 05001-23-31-000-2010-01045-01(45596), entre otras.
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Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591)
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23. De esta manera, la Sala revocará la Sentencia de primera instancia
que declaró probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y negó
las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará la responsabilidad
del Estado por la privación injusta de la libertad de María Ernestina
Hernández, Luz Mery Sánchez Hernández y Mari Luz Obando Sánchez, toda
vez que en el proceso penal no fue posible establecer la responsabilidad de
las sindicadas en la conducta investigada. En efecto, al no existir un título
jurídico que justificara de manera definitiva su privación provisional de la
libertad, se les causó un daño anormal y grave que debe ser reparado. Por
tanto, atribuirá la responsabilidad a la Rama Judicial, conforme a las reglas
de competencia del proceso penal previstas por la Ley 906 de 2004, y la
condenará al pago de los respectivos perjuicios.
24. Para la resolución del caso, la Sala abordará los asuntos en el siguiente
orden: primero, se referirá a los presupuestos de la responsabilidad
patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, de conformidad
con lo dispuesto en la Sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional.
Después, identificará que se acreditó un daño por la afectación del
derecho a la libertad. Seguidamente, ante la imposibilidad de revisar la
legalidad de la decisión de detención preventiva en contra de las
procesadas, analizará la configuración del daño especial. Posteriormente,
dado que en este caso no se evidenció la culpa de la víctima, atribuirá el
daño a la Rama Judicial. Finalmente, liquidará la indemnización de los
perjuicios y declarará improcedente la condena en costas.
2.2. De la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de
la libertad
25. En la Sentencia de unificación de 5 de julio de 2018 17, la Corte
Constitucional precisó que, los artículos 90 de la Constitución Política de
Colombia y 68 de la Ley 270 de 1996 no establecen un título específico de
imputación, sino que, por el contrario, prevén la posibilidad de que el juez
adecúe la situación específica al título pertinente. Además, recordó que la
falla en el servicio es el título de imputación preferente y que los títulos de
responsabilidad objetiva son residuales, reservados para aquellos casos en
que el régimen subjetivo es insuficiente para resolver la situación
determinada, así:
“Es necesario reiterar que la única interpretación posible –en perspectiva judicial-
• del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único título
de atribución y que, en todo caso, le exige al juez contencioso administrativo
definir si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de los
criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas, sin que ello
implique la exigencia ineludible y para todos los casos de valoraciones del dolo o
la culpa del funcionario que expidió la providencia, pues, será en aplicación del
17 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018.
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Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591)
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Demandado: Nación –Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
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principio iura novit curia18, aceptado por la propia jurisprudencia del Consejo de
Estado, que se establezca cuál será el régimen que ilumine el proceso y, por ende,
el deber demostrativo que le asiste al demandante” .
26. La Corte Constitucional también señaló que, en dos eventos de
aquellos considerados en la jurisprudencia del Consejo de Estado, resultaba
factible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, esto es, inexistencia
del hecho y atipicidad de la conducta punible investigada, porque, a su
juicio, en ambas situaciones la privación de la libertad resulta irrazonable y
desproporcionada, por lo que el daño antijurídico se demuestra sin mayores
esfuerzos. Esto no significa que solo en los casos mencionados es procedente
estudiar el asunto bajo un régimen objetivo de responsabilidad. La Corte
resaltó dichos eventos por tratarse de situaciones evidentemente injustas. No
obstante, se reitera, el daño especial podrá configurarse en otros supuestos
en los que se demuestre el carácter injusto de la restricción a la libertad de
un ciudadano.
27. Asimismo, la Corte refirió que la responsabilidad en casos de privación
injusta de la libertad en ningún caso se limita al estudio de la actuación
estatal. Por el contrario, precisó que el análisis debe centrarse en la
existencia o no de un daño antijurídico, por tratarse de la única exigencia
planteada en el artículo 90 de la Constitución Política para la procedencia
de una reparación. Al respecto afirmó:
“(…) el juez administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se apartó
del criterio de corrección jurídica exigida, debe efectuar valoraciones que
superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación
adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la
responsabilidad del Estado en estos casos, impone considerar,
independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión adoptada
por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad.
Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte definen la actuación
judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo
excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la
Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más
que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurisprudencial que
gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto,
debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la
responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90
de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al
haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos
que se le hubieren causado a los particulares.”
28. Por otra parte, sostuvo que en todos los casos debía analizarse la culpa
exclusiva de la víctima y afirmó que “la posibilidad que tienen los administrados
de ser resarcidos cuando el Estado les ocasione un daño que no estaban en el deber
18Cita original del texto: “El juez conoce el derecho. En la sentencia T-577 de 2017 se entendió que: “corresponde
al juez la aplicación del derecho con prescindencia del invocado por las partes (…) la determinación correcta
del derecho”.
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Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591)
Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
Demandado: Nación –Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
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de soportar en el marco de la privación injusta de la libertad es un derecho que se
deriva de la efectividad de los derechos, la igualdad y la libertad, al paso de estar
previsto en el artículo 90 de la Constitución y, en tal virtud, el criterio de sostenibilidad
fiscal no se erige en una barrera para ofrecer la protección efectiva de tales derechos”.
29. A partir de estas consideraciones, la Sala advierte que, es deber del
juez de la responsabilidad analizar, en primera medida, si el Estado actuó o
no conforme a derecho, dado que la falla en el servicio debe considerarse
como el título de imputación preferente. De manera que, si la actuación
estatal no estuvo ajustada al ordenamiento jurídico, el caso debe abordarse
bajo la óptica de la falla del servicio. En caso contrario, el juzgador debe
determinar si el perjuicio que sufre la víctima debe ser reparado bajo la
consideración de que es un daño especial, como título de imputación
residual, es decir, aquel que no lo sufre la generalidad de la población y, por
su gravedad, no podría considerarse que debe soportarlo o tolerarlo por el
solo hecho de vivir en sociedad. Bajo este título de imputación se considera
que es a partir de la gravedad y anormalidad del daño que debe
establecerse el derecho a la indemnización.
30. De esta manera, en los casos en los que no es posible verificar la
legalidad de la medida restrictiva de la libertad también deberá realizarse
un análisis de responsabilidad bajo un régimen objetivo de responsabilidad,
pues la falta de certeza sobre la legalidad de la actuación del Estado no
excluye la posible configuración de un daño antijurídico. La Sala destaca
que el daño antijurídico no deriva únicamente de la existencia de una falla
en la actuación estatal, este puede configurarse incluso a partir de una
actuación legítima de la administración, debido a que, precisamente, en
ello consiste lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado daño
especial.
31. En el fallo de tutela se insta a la Sala de Subsección a realizar un estudio
de la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida de
aseguramiento que restringió la libertad de las demandantes, conforme lo
exige, en su criterio, la Sentencia SU-072 de 2018. A su vez, apoya su
argumento con la Sentencia de 5 de febrero de 2021 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, según la cual,
en caso de que la parte demandante no cumpla con la carga de aportar
la medida de aseguramiento, se debe considerar que el daño antijurídico
no se encuentra probado. No obstante, esta Sala se limitará a acoger los
criterios establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia de
unificación, porque se trata de la providencia a partir de la cual se puede
configurar un desconocimiento de la jurisprudencia vinculante existente en
la materia. Respecto a la interpretación planteada en la Sentencia
proferida por la Subsección A de esta Sección, la Sala considera que dicho
argumento no constituye un precedente vinculante, así como tampoco un
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Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591)
Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
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criterio orientador para el cumplimiento de los postulados constitucionales,
por lo que se apartará de la postura allí sostenida.
32. La metodología planteada en párrafos anteriores ha sido aplicada por
esta Sala de Subsección cuando se demanda la responsabilidad
patrimonial del Estado en eventos de privación injusta de la libertad,
interpretación que, se reitera, resulta acorde con el mandato del artículo 90
de la Constitución Política y lo establecido por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-072 de 2018. De acuerdo con lo anterior, la Sala procederá a
efectuar el estudio del caso concreto, por lo que analizará la existencia de
los elementos de la responsabilidad con el fin de establecer si hay lugar a
declarar la responsabilidad patrimonial del Estado.
2.3. Identificación del daño
33. En el expediente se encuentra probado que, María Ernestina
Hernández, Luz Mery Sánchez Hernández y Mari Luz Obando Sánchez
sufrieron un daño consistente en la restricción de su derecho a la libertad,
desde el 22 de junio de 2005 hasta el 18 de octubre de 2007, esto es, por un
período de 27 meses y 27 días.
2.4. Análisis de la existencia de un daño especial
34. En el presente asunto, no se aportó la copia de la audiencia en la que
se decretó la medida de aseguramiento impuesta en contra de las
demandantes principales. Al respecto, solo se cuenta con el oficio expedido
el 27 de junio de 2005 por el Juzgado Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Aguadas, en el que se afirmó que se profirió medida
de detención preventiva en establecimiento de reclusión en contra de las
imputadas, en audiencia realizada el 23 de junio de 2005 19.
35. No obstante, el anterior documento no contiene los fundamentos de la
decisión que afectó la libertad de las demandantes, por lo que no es posible
realizar un análisis de fondo que permita determinar la legalidad o ilegalidad
de esa medida cautelar personal. En todo caso, dado que la Sala advierte
la probabilidad de que haya ocurrido un daño especial, se estudiará el caso
bajo ese régimen objetivo de responsabilidad 20.
36. El 18 de octubre de 2007, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, Sala de Decisión Penal, revocó el fallo proferido el 16 de
diciembre de 2005 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de
Manizales, en el que se había condenado a las demandantes por los delitos
de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de
19Folios 7 y 8 del cuaderno No. 1.
20Al respecto ver, entre otras, las providencias de esta Subsección: Sentencia de 6 de febrero de 2020, Exp. 42409
y Sentencia de 13 de febrero de 2020, Exp. 43482.
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estupefacientes, en calidad de coautoras. En su lugar, dispuso su
absolución, dado que en el proceso no se probó que las sustancias
incautadas correspondieran a estupefacientes, así como tampoco se
acreditó el concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Lo anterior,
toda vez que las pruebas practicadas en el juicio, y con fundamento en las
cuales se dictó sentencia condenatoria de primera instancia, eran ilegales
y, por tanto, debían ser excluidas del material probatorio21.
37. La fiscalía inició la investigación penal con base en los datos aportados
en una denuncia ciudadana, a partir de la cual la policía desarrolló varias
actividades investigativas que arrojaron como resultado la presunta
existencia de un grupo delincuencial dedicado a la comercialización de
sustancias estupefacientes en los sectores de “Aguas Claras” y “El Suburbio”
del municipio de Aguadas (Caldas). Con fundamento en dicha
información, el ente investigador solicitó al juez de garantías la práctica de
una diligencia de registro y allanamiento en las viviendas en las que se
desarrollaba la actividad ilícita y la captura de las personas presuntamente
involucradas. El 22 de junio de 2005 se practicó la diligencia de registro y
allanamiento en la casa que habitaban Luz Mery Sánchez Hernández, Mary
Luz Obando y María Ernestina Hernández, en donde se halló “una bolsa
plástica color negro y en su interior un rollo plástico transparente doble para hacer
bolsas, tres tijeras, una cuchara pequeña, varias bolsas pequeñas ya elaboradas, (…)
también se halló una bolsa plástica color negro, con otras tres bolsas negras, una de
ellas con 14 bolsitas plásticas transparentes y en su interior otras más pequeñas con una
sustancia color habano, la segunda bolsa con dos bolsas más con sustancia
pulverulenta color habano y la tercera con una sustancia pulverulenta”. En la misma
fecha, las mencionadas personas fueron capturadas.
38. El tribunal, en la sentencia absolutoria, consideró que la
responsabilidad de las procesadas por los delitos imputados no se
encontraba suficientemente probada, en tanto las pruebas que
fundamentaban la acusación y posterior condena fueron obtenidas con
violación al debido proceso, de manera que su contenido no tenía validez.
En efecto, el informe, en el que se identificó la sustancia hallada en la
residencia de las procesadas, era un documento “preliminar” y así se
presentó en el juicio oral, pese a la falta de certeza sobre el análisis
practicado y el incumplimiento del protocolo que exige el examen para
21 En la sentencia de segunda instancia se explicó lo siguiente: 1) El informe presentado por el agente Gonzalo de
Jesús Puerta Ramírez da cuenta que, en el examen definitivo de la sustancia incautada, no se siguieron todos los
procedimientos técnicos con el fin de determinar si la muestra era o no cocaína. Al respecto, se explicó que no
era suficiente el testimonio del perito para dar por cierto lo anterior y tampoco era posible admitir un nuevo informe
en la etapa de juicio, con la condición de prueba documental, respecto del cual no se había podido ejercer el
respectivo contradictorio por parte de la defensa; 2) las grabaciones valoradas dentro del proceso debieron
obtener previamente el aval de un juez de control de garantías, por lo que la ausencia de tal autorización
conduce a la ilegalidad de estas pruebas y 3) el descubrimiento probatorio realizado por la fiscalía en la audiencia
preparatoria desconoció la normativa procesal vigente, al haber adicionado unas pruebas que no fueron
presentadas previamente en el escrito de acusación y que fueron fundamentales para respaldar la materialidad
de las conductas imputadas, tal como ocurrió respecto del testimonio de Gloria Norbela Sánchez y su importancia
frente a la configuración típica del delito de concierto para delinquir.
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determinar si la sustancia era cocaína o no. Adicionalmente, en el juicio oral
no se practicó el testimonio de quien elaboró el informe confirmatorio.
39. Lo anterior, dejó en evidencia que el juez penal valoró el informe como
si se tratara de “prueba documental”, por lo que ignoró que la prueba pericial
es el acto procesal en el que se emite el concepto por parte del personal
experto, la cual debe ser practicada en la audiencia de juicio oral para
garantizar los derechos de contradicción e inmediación de la prueba al
procesado, sin embargo, solo se tuvo en cuenta el informe en el que
presentó su opinión. De manera que, en este caso, el juez penal
fundamentó la responsabilidad de las procesadas en un informe que no era
definitivo y que no constituía prueba, porque nunca fue expuesto en el juicio
oral.
40. En la providencia se afirmó lo siguiente: “en ese contexto, el ente acusador,
en lo atinente al caso materia de análisis, debió sopesar el alcance mismo de un
informe preliminar, y más aún, el no hacer comparecer al juicio oral en su calidad de
testigo al perito que realizara el informe confirmatorio (…) no se puede propiciar una
condena con un testimonio que da cuenta de un informe preliminar (como única
prueba aducida en el juicio) cuando es un hecho público, y por público notorio, la
gran cantidad de falsos positivos que se evidencian con el examen confirmatorio tal y
como lo ha puesto de presente la actual sistemática procesal penal. Y esa duda que
genera la ausencia de prueba que de manera concluyente indicara lo extrañado
tanto por la agente del ministerio público, como por los defensores, ha de resolverse,
como es apenas obvio, a favor de los procesados (…)”.
41. Asimismo, el tribunal señaló que, la prueba derivada de las
interceptaciones telefónicas fue ilegal, en tanto el cotejo de voces, para
corroborar la identidad de quienes intervinieron en las llamadas, fue
ordenado por el juez de conocimiento del asunto, quien no tenía
competencia para ello, toda vez que las interceptaciones se realizaron
durante la etapa de investigación y la respectiva prueba técnica debió ser
ordenada por el juez de control de garantías que adelantó el asunto. De
modo que no podía el juez de conocimiento subsanar los errores en los que
había incurrido la fiscalía al momento de asegurar la práctica prueba, pues
ello representaba un vicio que tornaba la prueba ilegal, como en efecto
fue declarada.
42. Finalmente, en la sentencia absolutoria se indicó que en el juicio oral
se practicó un conjunto de pruebas que no fueron descubiertas en la
debida oportunidad, pese a que se tenía conocimiento de su existencia. Es
así como la fiscalía, en la audiencia preparatoria, “anexó” como pruebas
para practicar en el juicio oral los testimonios de varias personas y un casete
que contenía interceptaciones a varias llamadas, sin embargo, dichos
elementos no fueron mencionados en el escrito de acusación, sin que se
configurara una excepción que justificara dicha omisión, por lo que se
desconoció lo previsto por el artículo 337, numeral 5, del C.P.P., así como los
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principios de imparcialidad, objetividad, legalidad, defensa, contradicción
y lealtad procesal.
43. La Sala observa que, en este caso, se presentaron varias
irregularidades, desde el inicio de la investigación hasta el desarrollo del
juicio oral, en lo que se refiere a la solicitud y práctica de las pruebas que
fundamentaron la teoría del caso planteada por la fiscalía, de manera que
la exclusión de ese material probatorio dejó sin sustento las acusaciones
realizadas en contra de las procesadas. Además, se observa que dichas
falencias no pueden considerarse como simples errores formales, sino que
constituyeron una violación al debido proceso y a las garantías legales
previstas a favor de los ciudadanos con el fin de evitar juicios arbitrarios o
desequilibrados.
44. Así, se encuentra que, María Ernestina Hernández, Luz Mery Sánchez
Hernández y Mari Luz Obando Sánchez estuvieron privadas de la libertad
durante 2 años, 3 meses y 27 días, con ocasión de un proceso penal en el
que se presentaron diversas irregularidades y en el que, finalmente, el
Estado no pudo desvirtuar su presunción de inocencia. Por lo que, en este
caso, la antijuridicidad del daño se deriva de la imposibilidad que surgió
dentro del proceso de justificar definitivamente la restricción del derecho a
la libertad de las demandantes, lo que generó para ellas un daño especial
que deberá ser indemnizado.
45. En efecto, resulta desproporcionada la privación de la libertad del
procesado que fue exonerado de toda responsabilidad penal, al no
demostrarse su injerencia en la comisión de un determinado
comportamiento punible. En consecuencia, la afectación del derecho a la
libertad, el cual ha sido considerado una garantía básica del ser humano,
al tratarse de un atributo propio de la persona, no puede considerarse
como una carga que deba soportar un ciudadano como contraprestación
propia de vivir en sociedad, dado que, al mantenerse vigente su presunción
de inocencia frente a los cargos que le fueron imputados, no se justifica
dicha restricción durante el tiempo que finalmente se prolongó. Por las
anteriores razones, procede la reparación del daño antijurídico alegado,
como así se ordenará.
2.5. Entidad a la que se le atribuye el daño
46. En este caso, la Sala no advierte la configuración de la culpa exclusiva
de la víctima, única causal eximente de responsabilidad posible en materia
de privaciones injustas de la libertad.
47. Respecto de este tema, la Sala observa que, el a quo hizo un análisis
sobre la conducta preprocesal de la víctima, para determinar si su
conducta rompió o no el nexo causal entre la decisión de la privación de la
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libertad y el daño. Sin embargo, dado que, en este tipo de casos, la decisión
que pudo generar el daño se produjo en el marco de un proceso, los únicos
hechos o conductas (de la víctima) aptos para romper el nexo causal entre
esa decisión y el daño suceden en el desarrollo de esa misma actuación,
no antes de ella. Por tanto, se debió valorar si la imposición de la medida
de aseguramiento fue causada por la actuación procesal de quien
demandó y no los comportamientos cometidos antes de la investigación,
que aparentemente pudieron generar sospecha en el ente investigador
para proceder a su vinculación a un proceso penal.
48. El juez administrativo debe estudiar todos los elementos de
responsabilidad y reservar el estudio de la culpa civil de la víctima para la
valoración de sus conductas procesales en el análisis de causalidad o de
imputación fáctica. Sin embargo, en el contexto de ese examen, el juez
administrativo no puede sustituir al juez penal, que es el único competente
para valorar la conducta preprocesal de quien fue privado de la libertad.
49. En consecuencia, del material probatorio que obra en el expediente,
la Sala no advierte la configuración de esta causal eximente de
responsabilidad. Las demandantes, en efecto, no desplegaron ninguna
actuación dentro del proceso penal, de la cual se pudiese predicar su
incidencia en la causación del daño. Por el contrario, sus intervenciones se
circunscribieron a presentar los argumentos y las respectivas justificaciones,
tendientes a demostrar su inocencia en el comportamiento investigado.
50. Ahora bien, como el aludido proceso penal se tramitó en vigencia de
la Ley 906 de 2004, el daño alegado por la privación de la libertad de las
demandantes principales solo puede atribuírsele a la Rama Judicial, dado
que el Juzgado Penal Municipal de Control de Garantías de Aguadas fue el
que impuso las medidas de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento carcelario en su contra. Precisamente, según esta
normativa, si bien la fiscalía debe solicitar las medidas “que aseguren la
comparecencia de los imputados al proceso penal”, entre ellas, la medida de
aseguramiento, es el juez de control de garantías, en ejercicio de sus
competencias legales y de manera autónoma, quien adopta la decisión
sobre la libertad del ciudadano22.
2.6. Indemnización de perjuicios
2.6.1. Perjuicios inmateriales
22 El artículo 306 de la Ley 906 de 2004 prevé que “[e]l fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer
medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para
sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia
pertinente.// Escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez emitirá su decisión
(…)”(Negrillas fuera del texto). De lo anterior se desprende que, si bien el delegado de la fiscalía debe presentar
la petición de imposición de medida de aseguramiento, es al juez, en este caso de control de garantías, a quien
le corresponde proferir, de manera autónoma e independiente, la respectiva decisión.
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51. En relación con los perjuicios morales, la Sala considera que toda
privación de la libertad causa una afectación de índole moral, así como
sentimientos de angustia, zozobra e incertidumbre, entre otros, los cuales son
presumibles respecto a la persona que sufre la detención, así como también
respecto a su núcleo familiar más cercano, de acuerdo con las experiencias
generalizadas en nuestro entorno.
52. En la Sentencia de unificación de 29 de noviembre de 2021 23, la
Sección Tercera estableció que los perjuicios morales pueden inferirse para
la víctima directa, a partir de la prueba de la privación de la libertad. Para
su cónyuge o compañero/a permanente y para sus parientes hasta el primer
grado de consanguinidad, con la prueba de tal condición. Por último, para
las demás víctimas indirectas, aunque la prueba del parentesco puede ser
apreciada como indicio de la existencia de relaciones estrechas con el
detenido, los perjuicios morales deben ser acreditados con otros medios de
prueba.
53. Además, se establecieron unos criterios para el cálculo de la
indemnización, según el tiempo de privación de la libertad del afectado
directo. Así, si la privación de la libertad tiene una duración igual o inferior a
un mes, se debe indemnizar con una suma fija equivalente a 5 SMLMV. De
ahí en adelante, por cada mes adicional transcurrido, se suma un monto de
5 SMLMV y, por cada día adicional al último mes transcurrido, se debe sumar
una fracción equivalente a 0,166 SMLMV, la cual se obtiene de dividir 5
SMLMV entre los 30 días que generalmente tiene un mes. Lo anterior hasta
llegar a un tope de 100 SMLMV, correspondiente a las privaciones de la
libertad con una duración igual o mayor a 20 meses. Con todo, la
providencia contempla la posibilidad de superar dichos topes en casos en
los que se demuestre una gravedad e intensidad excepcional en el perjuicio
sufrido por las víctimas, sin embargo, esa indemnización no podrá superar en
ningún caso el monto de 300 SMLMV para la víctima directa.
54. Asimismo, se indicó que la indemnización no debía ser igual para todos
los demandantes, dado que la afectación que sufre quien es privado de la
libertad tiene una intensidad distinta a la afectación que padecen sus
familiares. Por tal motivo, se planteó que, para los parientes en el primer
grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge o su compañero o
compañera permanente, el tope de indemnización es de 50% de lo que le
corresponda a la víctima directa. Para los demás demandantes, cuando
acrediten los perjuicios morales, el tope máximo es del treinta por ciento 30%
de lo que le corresponda a la víctima directa.
23Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de noviembre de
2021, exp. 18001-23-31-001-2006-00178-01 (46681).
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55. Por último, la Sección Tercera precisó la forma en que debían
implementarse las reglas establecidas en la Sentencia de unificación de 29
de noviembre de 2021, según lo cual, en las demandas presentadas a partir
de la ejecutoria de la Sentencia de unificación, la aplicación de las reglas
para el reconocimiento y la liquidación del perjuicio moral será inmediata,
al igual que para las demandas presentadas antes del 28 de agosto de 2013,
como ocurre en este caso.
56. Según lo anterior, en este caso deberán aplicarse las reglas de
unificación anteriormente planteadas por tratarse de una demanda
presentada el 18 de diciembre de 2009. Así, a María Ernestina Hernández,
Luz Mery Sánchez Hernández y Mari Luz Obando Sánchez, por permanecer
privadas de la libertad, desde el 22 de junio de 2005 hasta el 18 de octubre
de 2007, esto es, 27 meses y 27 días, les corresponde una indemnización por
el valor máximo establecido en la tabla indemnizatoria definida en la
Sentencia de unificación, es decir, 100 SMLMV para cada una de ellas.
57. Además, acreditado el interés que les asiste a los demás demandantes,
la Sala reconocerá una indemnización por: 35 SMLMV a María Isabel Henao
Obando (Hija de Mari Luz Obando)24 y 35 SMLMV Diego Alejandro Sánchez
Hernández (Hijo de Luz Mery Sánchez)25, esto es, el 35% de lo
correspondiente a las afectadas directas, dado que se probó el vínculo de
parentesco, pero no se aportó ningún elemento que acreditara la
intensidad del perjuicio padecido por ellos.
58. Se precisa que, Noé Antonio Sánchez Martínez, quien acudió al proceso
en calidad de compañero permanente de María Ernestina Hernández, no
probó la relación aludida con la referida demandante. En efecto, si bien se
allegó el registro civil de nacimiento de Luz Mery Sánchez Hernández26 y Ruth
Sánchez Hernández27, aparentemente hijas en común de los dos
demandantes referidos, -y respecto del cual existen algunas dudas en torno
a su contenido-28, no se tiene ningún otro elemento de juicio que demuestre
la vida en común entre aquellas personas o, por lo menos, la afectación
moral padecida por Noé Sánchez, como consecuencia de la privación de
la libertad de María Ernestina Hernández.
59. Por otra parte, la parte actora adujo que la privación de la libertad
ocasionó una afectación al buen nombre de las demandantes principales,
24 Folio 74 del Cuaderno No. 1. Registro civil de nacimiento de María Isabel Henao Obando, en el que consta que
su madre es Mari Luz Obando Sánchez.
25 Folio 75 del Cuaderno No. 1. Registro civil de nacimiento de Diego Alejandro Sánchez Hernández, en el que
consta que su madre es Luz Mery Sánchez Hernández.
26 Registro civil de nacimiento. Folio 76 del cuaderno No. 1. En el que consta que el progenitor de Luz Mery Sánchez
Hernández es Noé Antonio Sánchez con cédula de ciudadanía Nro. 1.340.121 de Aguadas.
27 Registro civil de nacimiento. Folio 2 del cuaderno No. 2. En el que consta que el progenitor de Luz Mery Sánchez
Hernández es Noé Antonio Sánchez con cédula de ciudadanía Nro. 249604 de Aguadas.
28 Si bien en ese documento aparece como padre de Ruth Sánchez, Noé Antonio Sánchez, se indica un número
de cédula de ciudadanía distinto de aquel que aparece en el poder otorgado para la presentación de la
demanda de reparación directa. Además, ante la falta de otra información en el proceso, es imposible saber si lo
anterior simplemente obedeció a un error de trascripción en aquel documento público.
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quienes fueron estigmatizadas y rechazadas por su comunidad como
consecuencia de la detención. En la demanda se indicó: “La privación de la
libertad de las señoras LUZ MERY SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, MARI LUZ OBANDO SÁNCHEZ, y,
MARÍA ERNESTINA HERNÁNDEZ Vda. DE VILLANUEVA, fue conocida por toda la
comunidad aguadeña, lo cual produjo una honda desgracia y congoja para la familia
de las mismas, debido al repudio de la sociedad”.
60. La Sala encuentra que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, de la vulneración al buen nombre se deriva siempre y
necesariamente un perjuicio sobre la reputación, o el concepto que de la
persona tenían los demás29, un deterioro de la apreciación que se tenía del
sujeto por la conducta que observaba en su desempeño dentro de la
sociedad30. Este asunto, que podría parecer coyuntural, ha sido
considerado en la jurisprudencia un factor intrínseco de la dignidad humana
que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la
sociedad31. De ahí la gravedad del perjuicio que debe repararse con
ocasión de la afectación al buen nombre de María Ernestina Hernández, Luz
Mery Sánchez Hernández y Mari Luz Obando Sánchez.
61. Por tal motivo, se ordenará a la Rama Judicial que emita un
comunicado en el que se disculpe con las víctimas por el perjuicio causado,
con ocasión de la privación injusta de su libertad. Asimismo, de acuerdo con
el principio según el cual este tipo de reparaciones integrales debe
concertarse con las víctimas, el representante de esta entidad deberá
coordinar con las demandantes si el documento solamente le será
entregado en físico a ellas o si, además, se publicará en sus plataformas de
comunicación y difusión, por lo que así procederá la demandada una vez
tenga conocimiento de esa decisión. De no hacerse ninguna manifestación
durante ese lapso, se entenderá que la víctima opta porque las disculpas se
expresen de forma privada, por lo que la entidad procederá a cumplir esta
orden de manera inmediata.
62. En relación con esta categoría de perjuicio inmaterial, la jurisprudencia
ha señalado que debe privilegiarse la compensación a través de medidas
de reparación no pecuniarias y, solo si estas no resultan posibles, oportunas,
pertinentes o suficientes, podrá condenarse al pago de una indemnización
pecuniaria. Como en este caso es posible reparar el perjuicio indicado con
la aludida comunicación, no se condenará al pago de suma dineraria
alguna.
2.6.2. Perjuicios materiales
29 Sentencia C-489 de 2002.
30 Sentencia C-452 de 2016.
31 Sentencia T-977 de 1999.
18 de 20
Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591)
Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
Demandado: Nación –Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
_____________________________________________________________________________________________________________
63. En la demanda no se solicitaron perjuicios materiales, en ninguna
modalidad, por lo que no hay lugar a pronunciarse al respecto.
2.7. Costas
64. En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la
actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en
costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del C.C.A.,
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 23 de enero de 2013 proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR a la Nación - Rama Judicial responsable por la
privación injusta de la libertad de María Ernestina Hernández de Villanueva,
Luz Mery Sánchez Hernández y Mari Luz Obando Sánchez, durante el
período comprendido entre el 22 de junio de 2005 y el 18 de octubre de
2007, en el proceso penal adelantado en su contra por la presunta comisión
de los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de
estupefacientes.
TERCERO: CONDENAR a la Nación - Rama Judicial a pagar, por concepto de
perjuicios morales, el equivalente en pesos de las siguientes sumas
expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de
ejecutoria de esta providencia:
Demandante Cuantía
María Ernestina Hernández de Villanueva 100 SMLMV
Luz Mery Sánchez Hernández 100 SMLMV
Mari Luz Obando Sánchez 100 SMLMV
María Isabel Henao Obando 35 SMLMV
Diego Alejandro Sánchez Hernández 35 SMLMV
CUARTO: ORDENAR que la Nación – Rama Judicial emita un comunicado en
el cual pida perdón por la afectación del buen nombre de María Ernestina
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Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591)
Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
Demandado: Nación –Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
_____________________________________________________________________________________________________________
Hernández de Villanueva, Luz Mery Sánchez Hernández y Mari Luz Obando
Sánchez, en las condiciones expuestas en esta providencia.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: NO CONDENAR en costas.
SÉPTIMO: DAR cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del
Código Contencioso Administrativo.
OCTAVO: EXPEDIR copia de la Sentencia de segunda instancia, conforme a
lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal
efecto, el Tribunal de instancia cumplirá lo previsto por el artículo 362 del
C.P.C.
NOVENO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente a la
Corporación de origen para lo de su cargo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
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