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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-31-000-2010-00036-01

Fecha
9 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-31-000-2010-00036-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 23 de enero de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR a la Nación - Rama Judicial responsable por la privación injusta de la libertad de María Ernestina Hernández de Villanueva, Luz Mery Sánchez Hernández y Mari Luz Obando Sánchez, durante el período comprendido entre el 22 de junio de 2005 y el 18 de octubre de 2007, en el proceso penal adelantado en su contra por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. TERCERO: CONDENAR a la Nación - Rama Judicial a pagar, por concepto de perjuicios morales, el equivalente en pesos de las siguientes sumas: Demandante Cuantía María Ernestina Hernández de Villanueva 100 SMLMV Luz Mery Sánchez Hernández 100 SMLMV Mari Luz Obando Sánchez 100 SMLMV María Isabel Henao Obando 35 SMLMV Diego Alejandro Sánchez Hernández 35 SMLMV CUARTO: ORDENAR que la Nación - Rama judicial emita un comunicado en el cual pida perdón por la afectación al buen nombre de María Ernestina Hernández de Villanueva, Luz Mery Sánchez Hernández y Mari Luz Obando 21 de 22 Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591) Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras Demandado: Nación – Rama judicial y otro Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984) Decisión: Revoca y, en su lugar, accede _____________________________________________________________________________________________________________ Sánchez, de acuerdo con las especificaciones expuestas en esta providencia. QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. SEXTO: NO CONDENAR en costas. SÉPTIMO: DAR cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo. OCTAVO: EXPEDIR copia de la Sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá lo previsto por el artículo 362 del C.P.C. NOVENO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente a la Corporación de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 17001-23-31-000-2010-00036-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

9 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 9 de septiembre de 2022

Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591)
Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
Demandado: Nación –Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)

Temas: Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad (Ley
906 de 2004) - Daño especial - En el proceso penal no se desvirtuó la presunción de inocencia
de las procesadas

Síntesis del caso: La fiscalía inició una investigación penal en contra de las demandantes
principales, quienes fueron capturadas en desarrollo de una diligencia de allanamiento,
dado que en la vivienda en la que residían se hallaron varios paquetes que contenían
sustancias estupefacientes. El juez penal, en primera instancia, dictó sentencia
condenatoria por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, así como
de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. El tribunal, en segunda instancia, revocó
dicha decisión y absolvió a las procesadas de responsabilidad penal

Procede esta Sala de Subsección a dictar Sentencia de reemplazo, en
cumplimiento del fallo de 4 de agosto de 2022 proferido por la Sección
Primera de esta Corporación, dentro de la acción de tutela radicada con
el No. 11001-03-15-000-2021-03774-00, que dejó sin efectos la Sentencia
dictada dentro del proceso de la referencia.

En consecuencia, conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante en contra de la Sentencia proferida el 23 de enero de
2013, por el Tribunal Administrativo de Caldas, en la cual se declaró probada
la excepción de culpa exclusiva de la víctima y se negaron las pretensiones
de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia, por tratarse de un
recurso de apelación interpuesto en contra de una Sentencia proferida por
un Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las
pretensiones solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por
el artículo 73 de la Ley 270 de 19961.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1De acuerdo con lo expuesto por la Sala Plena de esta Corporación en Auto de 9 de septiembre de 2008,
expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591)
Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
Demandado: Nación – Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
_____________________________________________________________________________________________________________

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada;
1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación; 1.5. Fallo de tutela

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 18 de diciembre de 2009, María Ernestina Hernández de Villanueva,
Luz Mery Sánchez Hernández y Mari Luz Obando Sánchez, con sus grupos
familiares, presentaron demanda, en ejercicio de la acción de reparación
directa, en contra de la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la
Nación, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios ocasionados
con la privación de su libertad, la cual ocurrió en el proceso penal iniciado
en su contra por la presunta comisión de los delitos de concierto para
delinquir y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes 2.

2. En la demanda se planteó como pretensión declarativa la siguiente (se
trascribe):

“Declare administrativa y patrimonialmente responsable a LA NACIÓN – RAMA
JUDICIAL, y, a LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por los perjuicios ocasionados
a la parte actora, como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la
que fueron objeto las señoras MARÍA ERNESTINA HERNÁNDEZ Vda. DE VILLANUEVA,
MARI LUZ OBANDO SÁNCHEZ, y, LUZ MERY SÁNCHEZ HERNÁNDEZ”.

3. La indemnización solicitada se resume en los siguientes valores:

Perjuicio Demandante Calidad Monto
María Ernestina Hernández de
Víctima directa 200 SMLMV
Villanueva
Luz Mery Sánchez Hernández Víctima directa 200 SMLMV
Mari Luz Obando Sánchez Víctima directa 200 SMLMV
Perjuicios Compañero
morales Noé Antonio Sánchez Martínez permanente de María 100 SMLMV
Ernestina Hernández.
Hijo de Luz Mery
Diego Alejandro Sánchez Hernández 200 SMLMV
Sánchez
Hija de Mari Luz
María Isabel Henao Obando 100 SMLMV
Obando Sánchez

4. Como hechos que fundamentaron las pretensiones, la parte
demandante expuso, en síntesis:

5. 1) El 22 de junio de 2005, María Ernestina Hernández de Villanueva, Luz
Mery Sánchez Hernández y Mari Luz Obando Sánchez fueron capturadas,
en desarrollo de la diligencia de allanamiento practicada a su lugar de
residencia. Al día siguiente, el Juzgado penal municipal con funciones de

2 Folios 78 al 91 del Cuaderno No. 1.

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Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591)
Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
Demandado: Nación – Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
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control de garantías de Aguadas (Caldas) les impuso medida de
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, por
la presunta comisión de los delitos de fabricación, tráfico y porte de
estupefacientes, así como de concierto para delinquir.

6. 2) El 16 de diciembre de 2005, el Juzgado penal del circuito
especializado de Manizales profirió Sentencia condenatoria en contra de
las procesadas. En contra de esta providencia, el Ministerio Público y la
defensa interpusieron recurso de apelación, los cuales fueron resueltos por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Penal, mediante
providencia de 18 de octubre de 2007, que dispuso su revocatoria y ordenó
su libertad inmediata.

7. De acuerdo con los hechos de la demanda, en el proceso penal se
presentaron las siguientes actuaciones: 1) el 23 de junio de 2005 se legalizó
la captura de María Ernestina Hernández de Villanueva, Luz Mery Sánchez
Hernández y Mari Luz Obando Sánchez, se formuló imputación en su contra
y se les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento carcelario; 2) el 16 de diciembre de 2005 fueron
condenadas por el Juzgado penal del circuito especializado de Manizales,
Caldas, y 3) el 18 de octubre de 2007, la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Manizales revocó la Sentencia condenatoria.

1.2. Posición de las partes demandadas

8. La Rama Judicial contestó la demanda, en la que se opuso a las
pretensiones de la demanda3. En su escrito explicó que la medida de
aseguramiento impuesta a las demandantes principales fue legal. Además,
si bien en segunda instancia se revocó el fallo condenatorio dictado en su
contra, esto ocurrió por los errores procedimentales presentados durante el
trámite de la actuación penal, pero no por falta de certeza acerca de su
responsabilidad penal, más si se tiene en cuenta que fueron capturadas en
flagrancia. Por último, propuso las excepciones de “indebida integración del
contradictorio” y “falta de presupuestos legales que establezcan responsabilidad
patrimonial de la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura”.

9. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación presentó contestación a
la demanda, en la que manifestó que, con base en los elementos materiales
probatorios recopilados hasta ese momento, solicitó la imposición de la
medida de aseguramiento ante un juez de control de garantías y,
finalmente, fue esta autoridad la que decretó dicha medida4. Además,
advirtió que las procesadas no fueron absueltas por haber demostrado su

3 Folios 104 al 116 del cuaderno No. 1.
4 Folios 136 al 143 del Cuaderno No. 1.

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Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591)
Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
Demandado: Nación – Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
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completa inocencia en los cargos imputados por la fiscalía, sino solo porque
las pruebas aportadas no fueron suficientes para dictar sentencia
condenatoria en su contra. Finalmente, propuso las excepciones de “falta
de legitimación por pasiva” y “culpa exclusiva de la víctima”.

1.3. Sentencia de primera instancia

10. El 23 de enero de 2013, el Tribunal Administrativo de Caldas dictó
Sentencia de primera instancia, en la cual declaró probada la excepción
de “culpa exclusiva de la víctima” y negó las pretensiones de la demanda5.
En el análisis de fondo, el tribunal advirtió que la revocatoria de la sentencia
condenatoria obedeció a que el juez de segunda instancia consideró que
las pruebas que sirvieron de fundamento a los cargos formulados eran
ilegales, pero no a la comprobación de la inocencia de las procesadas.

11. Además, consideró que en este caso quedó demostrado que la
privación de la libertad alegada se causó por el actuar doloso de las
procesadas en las actividades que fueron objeto de investigación, en tanto
“María Ernestina Hernández viuda de Villanueva, Mari Luz Obando Sánchez y Luz
Mery Sánchez Hernández no obraron en la forma debida, en la que le era
jurídicamente exigible en el desempeño de los asociados, es decir, no tenían por
qué tener ocultas en sus residencias sustancias pulverulentas con características y
olores similares a los de la cocaína, alcaloide de comercialización prohibida en
nuestra sociedad, lo que indica que las afectadas con la medida restrictiva de la
libertad desarrollaban un comportamiento intencional y consciente, a todas luces
reprochable, conductas que dieron lugar a que se iniciara un proceso penal en su
contra”.

1.4. Recurso de apelación

12. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso y
sustentó recurso de apelación6, con el fin de que se revocara y se accediera
a las pretensiones plateadas en la demanda. Al respecto, expuso que el
juez de primera instancia desconoció que, en el proceso penal, las
entonces acusadas fueron absueltas de los cargos presentados en su contra
y, por tanto, no era procedente la declaratoria de la culpa de la víctima,
bajo el argumento de que existían sospechas acerca de su actuación.

5 Folios 171 al 180 del Cuaderno Principal.
6 Folios 185 al 189 del Cuaderno Principal.

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Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591)
Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
Demandado: Nación – Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
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1.5. Fallo de tutela 7

13. El 4 de agosto de 2022, la Sección Primera de esta Corporación profirió
fallo de tutela, en el que amparó los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y, en consecuencia, dejó sin efectos la Sentencia dictada el 11 de
septiembre de 2020 por esta Subsección. Por lo anterior, ordenó que se
profiriera una nueva sentencia, “con fundamento en las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia”, esto es, realizar el análisis de responsabilidad
conforme a las reglas de interpretación fijadas por la Corte Constitucional
en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018.

14. En la providencia allí cuestionada, esta Sala analizó el caso bajo un
régimen objetivo de responsabilidad, dado que no era posible realizar un
estudio de la legalidad de la providencia por medio de la cual se impuso
medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de las
procesadas, por no haberse aportado al proceso. Al respecto, en el fallo de
tutela se resaltó el desconocimiento de los criterios de interpretación sobre
la responsabilidad del Estado en los casos de privación injusta de la libertad
planteados en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018 de la Corte
Constitucional. Así, se consideró que la providencia realizó un estudio del
caso bajo un régimen objetivo, sin analizar si la medida privativa de la
libertad había sido desproporcionada, irrazonable y arbitraria.

15. En efecto, el juez de tutela consideró que, “de acuerdo con el precedente
constitucional en la materia, se puede concluir que el juez administrativo tiene la
potestad de decidir, bajo el principio de iura novit curia, cuál título de imputación
resulta aplicable al caso en concreto. Sin embargo, en todos los casos el juez
contencioso tiene el deber de hacer un análisis riguroso y exhaustivo con miras a
establecer por qué la privación de la libertad se tornó en injusta, para lo cual deberá
verificar que la medida privativa de la libertad haya sido desproporcional, irrazonable,
innecesaria y, con base en lo anterior, deducir su arbitrariedad”.

16. Seguidamente, señaló que en los casos de privación injusta de la
libertad la parte demandante tiene el deber de allegar los medios de
convicción necesarios para realizar el estudio de legalidad de la medida
privativa de la libertad e indicó que el incumplimiento de esa carga tendría

7 El 10 de diciembre de 2021, la Sección Primera de esta Corporación había accedido al amparo solicitado y había
ordenado a esta Sala de Subsección proferir una nueva sentencia de reemplazo. Sin embargo, el apoderado de
la parte actora en el proceso de reparación directa solicitó se declarara la nulidad de todo lo actuado en el
trámite de tutela por indebida notificación a los terceros interesados en el proceso. En consecuencia, el 17 de
marzo de 2022, el despacho del magistrado sustanciador, en auto de ponente, resolvió “DECLARAR la nulidad de
todo lo actuado en este proceso a partir del auto admisorio de la presente acción de tutela, de conformidad con
lo indicado en este proveído”. Por lo anterior, la Sección Primera adelantó nuevamente el trámite de tutela y el 4
de agosto de 2022 profirió nuevamente sentencia de fondo, la cual constituye el motivo del presente
pronunciamiento.

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Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
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Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
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como consecuencia la negativa de las pretensiones reclamadas en la
demanda. Como respaldo a esa postura se citó la providencia de 5 de
febrero de 2021 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado8, en el cual se concluyó que el daño antijurídico no se
probó, dado que no se aportó la medida de aseguramiento.

17. Finalmente, el juez de tutela ordenó dictar sentencia de reemplazo, “en
la que proceda analizar si la medida privativa de la libertad decretada en contra de
las señoras María Ernestina Hernández, Luz Mery Sánchez Hernández y Mari Luz Obando
Sánchez fue desproporcional, irrazonable o arbitraria”.

18. En atención a los argumentos expuestos en el fallo de tutela, se
procederá a dictar el respectivo fallo de reemplazo que se orientará
conforme a los criterios establecidos en las mencionadas providencias de
constitucionalidad. No obstante, la Sala pone de presente que, en este
caso, no es posible realizar un análisis de legalidad de la medida de
aseguramiento, lo cual en el fallo de tutela se echó de menos, debido a no
fue aportada al proceso.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. De la
responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad; 2.3. Identificación
del daño; 2.4. Análisis de la existencia de un daño especial; 2.5. Entidad a la que se le
atribuye el daño; 2.6. Liquidación de perjuicios; 2.7. Costas

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

19. La parte demandante solicitó la indemnización de los perjuicios
derivados de la privación injusta de la libertad de María Ernestina
Hernández, Luz Mery Sánchez Hernández y Mari Luz Obando Sánchez,
dentro del proceso penal que se siguió en su contra y en el cual se les
impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento de reclusión por los delitos de concierto para delinquir, así
como de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. El tribunal, en
primera instancia, negó las pretensiones de la demanda. En esta instancia,
la parte actora solicitó la revocatoria de dicha decisión, toda vez que las
entonces procesadas fueron absueltas de los cargos penales formulados en
su contra y, en este caso, no se configuraba la causal exonerativa de
responsabilidad consistente en el hecho de la víctima.

20. En el expediente se encuentra probado que, María Ernestina

8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Subsección A. Sección Tercera. Sentencia de 5 de
febrero de 2021. Rad. No. 19001-23-31-000-2011-00314-01(60441). C.P.: María Adriana Marín.

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Hernández, Luz Mery Sánchez y Mari Luz Obando fueron privadas de su
libertad, desde el 22 de junio de 2005, fecha en la cual se materializó su
captura9, hasta el 18 de octubre de 2007, fecha en la cual el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Penal, ordenó su libertad
inmediata, como consecuencia de la revocatoria de la sentencia
condenatoria proferida el 16 de diciembre de 2005 por el Juzgado penal
del circuito especializado de Manizales10. De lo anterior, también es posible
advertir que, las aquí demandantes fueron absueltas de los delitos de
fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, así como de concierto para
delinquir que les fueron imputados en el curso del proceso penal.

21. En esta providencia, la Sala estudiará el fondo del asunto porque están
reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fue
presentada dentro del término legal. Si bien en el expediente no obra la
constancia de ejecutoria de la providencia de 18 de octubre de 200711, de
acuerdo con lo previsto por el artículo 183 de la Ley 906 de 2004, vigente
para ese momento12, debía disponerse el traslado de 60 días para
interponer el respectivo recurso de casación, el cual comenzaba a
contabilizarse a partir del día siguiente de la última notificación de la
sentencia. Solo después de vencido ese término y, en el evento de no
presentarse dicho recurso, la providencia de segunda instancia cobraba
ejecutoria.

22. En este caso, se constató que, en contra de la sentencia de segunda
instancia no se interpuso recurso de casación, de acuerdo con la
información registrada en la página de la Rama Judicial y con el Auto de
13 de febrero de 2008 proferido por el juzgado especializado de estarse a
lo resuelto13. Por tanto, dado que la sentencia de segunda instancia debió
quedar ejecutoriada el 5 de febrero de 200814, que el término de caducidad
de la acción se suspendió debido a la solicitud de conciliación prejudicial

9 En las sentencias penales de primera y segunda instancia se indicó que la privación de la libertad de las
demandantes principales se materializó el día en que se llevó a cabo la diligencia de allanamiento, esto es, el 22
de junio de 2005 (Folios 9 al 69 del Cno. 1). Además, sus capturas fueron avaladas al día siguiente por el juzgado
de control de garantías en la respectiva audiencia de legalización, formulación de imputación e imposición de
medida de aseguramiento, tal como se desprende del oficio emitido por esta autoridad (Folios 7 y 8 del Cno. 1).
10 Folios 45 al 70 del Cuaderno Principal. Con la sentencia penal de segunda instancia se pudo constatar que las

entonces procesadas continuaban privadas de su libertad, por lo que se dispuso su libertad inmediata y se ordenó
librar los respectivos oficios al establecimiento de reclusión.
11 Folios 45 al 69 del Cuaderno No. 1.
12 El texto original de la Ley 906 de 2004 preveía lo siguiente: “El recurso se interpondrá ante el tribunal dentro de

un término común de sesenta (60) días siguientes a la última notificación de la sentencia, mediante demanda que
de manera precisa y concisa señale las causales invocadas y sus fundamentos”.
13 Consultada la plataforma de la Rama Judicial – Consulta de Procesos, se advirtió que, si bien el 18 de octubre

de 2007 se llevó a cabo la audiencia de lectura de fallo, el expediente se devolvió al Juzgado penal del circuito
especializado de Manizales solo hasta el año siguiente, esto es, después de vencido el término de los 60 días con
los que contaban las partes para interponer el recurso de casación. Una vez recibida la actuación por el juez de
primera instancia se profirió el auto de cúmplase, en el que se indicó que la sentencia absolutoria quedó
ejecutoriada, aunque sin precisar la fecha exacta. (Folio 70 del Cuaderno Principal).
14 Esta fecha resulta de contabilizar los 60 días –hábiles-, a partir del día siguiente de la audiencia de lectura de

fallo de segunda instancia, sin tener en cuenta el período de vacancia judicial.

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Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
Demandado: Nación – Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
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presentada por la parte demandante15 y que la demanda de reparación
directa se presentó el 18 de diciembre de 2009, la acción se ejerció dentro
del término de 2 años previsto en el artículo 136, numeral 8, del C.C.A.

23. De acuerdo con lo anterior, esta Subsección dará cumplimiento al fallo
de tutela, por lo que realizará un análisis de responsabilidad con
fundamento en los criterios planteados por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-072 de 2018. Además, como lo ha definido esta Sala en
procesos similares, dado que en el expediente no obra la medida de
aseguramiento que restringió la libertad del demandante, el estudio del
caso deberá abordarse desde la responsabilidad objetiva por daño
especial, en tanto ello no contradice ni desconoce la interpretación de la
referida providencia de constitucionalidad y observa el principio de
igualdad, con independencia de la naturaleza del delito investigado por la
jurisdicción ordinaria16.

24. De esta manera, la Sala revocará la Sentencia de primera instancia
que declaró probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y negó
las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará la responsabilidad
del Estado por la privación injusta de la libertad de María Ernestina
Hernández, Luz Mery Sánchez Hernández y Mari Luz Obando Sánchez, toda
vez que en el proceso penal no fue posible establecer la responsabilidad de
las sindicadas en la conducta investigada, por lo que, al no existir un título
jurídico que justificara de manera definitiva su privación provisional de la
libertad, se les causó un daño anormal y grave que debe ser reparado. Por
tanto, atribuirá la responsabilidad a la Rama Judicial, conforme a las reglas
de competencia del proceso penal previstas por la Ley 906 de 2004, y la
condenará al pago de los respectivos perjuicios.

25. Para la resolución del caso, la Sala abordará los asuntos en el siguiente
orden: primero, se referirá a los presupuestos de la responsabilidad
patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, de conformidad
con lo expuesto en la Sentencia SU-072 de 2018 proferida por la Corte
Constitucional. Después, identificará que se acreditó un daño por la
afectación del derecho a la libertad. Seguidamente, ante la imposibilidad
de revisar la legalidad de la decisión de detención preventiva en contra de
las procesadas, analizará la configuración del daño especial.
Posteriormente, dado que en este caso no se evidenció la culpa de la

15 La solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 16 de octubre de 2009 y el respectivo trámite culminó el 11
de diciembre de 2009, con la celebración de la audiencia y la expedición de la constancia.
16 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias proferidas por esta Subsección, en las que se

concluyó que, pese a no existir certeza sobre la legalidad o ilegalidad de la medida de aseguramiento, la víctima
sufrió un daño especial que no estaba en el deber jurídico de soportar: Sentencia de 15 de octubre de 2021, exp.
No. 76001-23-31-000-2011-00754-01(51459); Sentencia de 15 de octubre de 2021, exp. No. 76001-23-31-000-2012-
00767-01(55588); Sentencia de 1 de octubre de 2021, exp. No. 05001-23-31-000-2011-00210-01(49877); Sentencia de
11 de junio de 2021, exp. No. 25000-23-26-000-2010-00242-01(46216); Sentencia de 28 de mayo de 2021, exp. No.
19001-23-31-000-2010-00082-01(48811); Sentencia de 10 de mayo de 2021, exp. No. 25000-23-26-000-2007-00602-
01(44983); Sentencia de 19 de abril de 2021, exp. No. 05001-23-31-000-2010-01045-01(45596), entre otras.

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Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591)
Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
Demandado: Nación – Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
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víctima, atribuirá el daño a la Rama Judicial. Finalmente, liquidará la
indemnización de los perjuicios y declarará improcedente la condena en
costas.

2.2. De la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la
libertad

26. En la Sentencia de unificación de 5 de julio de 201817, la Corte
Constitucional precisó que, los artículos 90 de la Constitución Política de
Colombia y 68 de la Ley 270 de 1996 no establecen un título específico de
imputación, sino que, por el contrario, prevén la posibilidad de que el juez
adecúe la situación específica al título pertinente. Además, recordó que la
falla en el servicio es el título de imputación preferente y que los títulos de
responsabilidad objetiva son residuales, reservados para aquellos casos en
que el régimen subjetivo es insuficiente para resolver la situación
determinada, así:

“Es necesario reiterar que la única interpretación posible –en perspectiva
judicial-- del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece
un único título de atribución y que, en todo caso, le exige al juez contencioso
administrativo definir si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se
apartó de los criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas,
sin que ello implique la exigencia ineludible y para todos los casos de
valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia,
pues, será en aplicación del principio iura novit curia 18, aceptado por la
propia jurisprudencia del Consejo de Estado, que se establezca cuál será el
régimen que ilumine el proceso y, por ende, el deber demostrativo que le
asiste al demandante”.

27. La Corte Constitucional también señaló que, en dos eventos de
aquellos considerados en la jurisprudencia del Consejo de Estado, resultaba
factible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, esto es, inexistencia
del hecho y atipicidad de la conducta punible investigada, porque, a su
juicio, en ambas situaciones la privación de la libertad resulta irrazonable y
desproporcionada, por lo que el daño antijurídico se demuestra sin mayores
esfuerzos. Esto no significa que solo en los casos mencionados es procedente
estudiar el asunto bajo un régimen objetivo de responsabilidad. La Corte
resaltó dichos eventos por tratarse de situaciones evidentemente injustas. No
obstante, se reitera, el daño especial podrá configurarse en otros supuestos
en los que se demuestre el carácter injusto de la restricción a la libertad de
un ciudadano.

17Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018.
18Cita original del texto: “El juez conoce el derecho. En la sentencia T-577 de 2017 se entendió que: “corresponde
al juez la aplicación del derecho con prescindencia del invocado por las partes (…) la determinación correcta
del derecho”.

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Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591)
Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
Demandado: Nación – Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
_____________________________________________________________________________________________________________

28. Asimismo, la Corte refirió que la responsabilidad en casos de privación
injusta de la libertad en ningún caso se limita al estudio de la actuación
estatal, por el contrario, precisó que el análisis debe centrarse en la
existencia o no de un daño antijurídico, por tratarse de la única exigencia
planteada en el artículo 90 de la Constitución Política para la procedencia
de una reparación. Al respecto, afirmó:

“(…) el juez administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se apartó
del criterio de corrección jurídica exigida, debe efectuar valoraciones que
superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación
adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la
responsabilidad del Estado en estos casos, impone considerar,
independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión
adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de
razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.

Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte definen la actuación
judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo
excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de
la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería
más que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurisprudencial
que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996,
en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la
responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo
90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo,
al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños
antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares”.

29. Por otra parte, sostuvo que en todos los casos debía analizarse la culpa
exclusiva de la víctima y afirmó que, “la posibilidad que tienen los administrados
de ser resarcidos cuando el Estado les ocasione un daño que no estaban en el
deber de soportar en el marco de la privación injusta de la libertad es un derecho
que se deriva de la efectividad de los derechos, la igualdad y la libertad, al paso
de estar previsto en el artículo 90 de la Constitución y, en tal virtud, el criterio de
sostenibilidad fiscal no se erige en una barrera para ofrecer la protección efectiva
de tales derechos”.

30. A partir de estas consideraciones, la Sala resalta que es deber del juez
de la responsabilidad analizar, en primera medida, si el Estado actuó o no
conforme a derecho, dado que la falla en el servicio debe considerarse
como el título de imputación preferente. De manera que, si la actuación
estatal no estuvo ajustada al ordenamiento jurídico, el caso debe abordarse
bajo la óptica de la falla del servicio. En caso contrario, el juzgador debe
determinar si el perjuicio que sufre la víctima debe ser reparado bajo la
consideración de que es un daño especial, como título de imputación
residual, es decir, aquel que no lo sufre la generalidad de la población y, por
su gravedad, no podría considerarse que debe soportarlo o tolerarlo por el
solo hecho de vivir en sociedad. Bajo este título de imputación se considera

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Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591)
Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
Demandado: Nación – Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
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que, a partir de la gravedad y anormalidad del daño, debe establecerse el
derecho a la indemnización.

31. De esta manera, en los casos en los que no es posible verificar la
legalidad de la medida restrictiva de la libertad también deberá realizarse
un análisis de responsabilidad bajo un régimen objetivo de responsabilidad,
pues la falta de certeza sobre la legalidad de la actuación del Estado no
excluye la posible configuración de un daño antijurídico. La Sala destaca
que el daño antijurídico no deriva únicamente de la existencia de una falla
en la actuación estatal, dado que puede configurarse incluso a partir de
una actuación legítima de la administración y en ello consiste lo que la
doctrina y la jurisprudencia han denominado daño especial.

32. En el fallo de tutela se insta a la Sala de Subsección a realizar un estudio
de la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida de
aseguramiento que restringió la libertad de las demandantes, conforme lo
exige, en su criterio, la Sentencia SU-072 de 2018. A su vez, apoya su
argumento con la Sentencia de 5 de febrero de 2021 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, según la cual, en caso
de que la parte demandante no cumpla con la carga de aportar la medida
de aseguramiento, se debe considerar que el daño antijurídico no se
encuentra probado. No obstante, esta Sala se limitará a acoger los criterios
establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación,
porque se trata de la providencia a partir de la cual se puede configurar un
desconocimiento de la jurisprudencia vinculante existente en la materia.
Respecto a la interpretación planteada en la Sentencia proferida por la
Subsección A, la Sala considera que dicho argumento no constituye un
precedente vinculante, así como tampoco un criterio orientador para el
cumplimiento de los postulados constitucionales, por lo que se apartará de
la postura allí sostenida.

33. Debe tenerse en cuenta que, la metodología planteada en párrafos
anteriores ha sido aplicada por esta Sala de Subsección cuando se
demanda la responsabilidad patrimonial del Estado en eventos de privación
injusta de la libertad, interpretación que, se reitera, resulta acorde con el
mandato del artículo 90 de la Constitución Política y lo establecido por la
Corte Constitucional en la Sentencia SU-072 de 2018. De acuerdo con lo
anterior, la Sala procederá a efectuar el estudio del caso concreto, por lo
que analizará la existencia de los elementos de la responsabilidad, con el fin
de establecer si hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del
Estado.

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Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591)
Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
Demandado: Nación – Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
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2.3. Identificación del daño

34. En el expediente se encuentra probado que, María Ernestina
Hernández, Luz Mery Sánchez Hernández y Mari Luz Obando Sánchez
sufrieron un daño consistente en la restricción de su derecho a la libertad,
desde el 22 de junio de 2005 hasta el 18 de octubre de 2007, esto es, por un
período de 27 meses y 27 días.

2.4. Análisis de la existencia de un daño especial

35. En el presente asunto, no se aportó la copia de la audiencia en la que
se decretó la medida de aseguramiento impuesta en contra de las
demandantes principales. Al respecto, solo se cuenta con el oficio expedido
el 27 de junio de 2005 por el Juzgado penal municipal con funciones de
control de garantías de Aguadas, en el que se afirmó que se profirió medida
de detención preventiva en establecimiento de reclusión en contra de las
imputadas, en audiencia realizada el 23 de junio de 200519.

36. No obstante, el anterior documento no contiene los fundamentos de la
decisión que afectó la libertad de las demandantes, por lo que no es posible
realizar un análisis de fondo que permita determinar la legalidad o ilegalidad
de esa medida cautelar personal. En todo caso, dado que la Sala advierte
la probabilidad de que haya ocurrido un daño especial, se estudiará el caso
bajo ese régimen objetivo de responsabilidad20.

37. El 18 de octubre de 2007, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, Sala de Decisión Penal, revocó el fallo proferido el 16 de
diciembre de 2005 por el Juzgado penal del circuito especializado de
Manizales, en el que se condenó a las demandantes por los delitos de
concierto para delinquir, así como de fabricación, tráfico y porte de
estupefacientes, en calidad de coautoras. En su lugar, dispuso su
absolución, dado que en el proceso no se probó que las sustancias
incautadas correspondieran a estupefacientes, así como tampoco se
acreditó el concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Lo anterior,
toda vez que las pruebas practicadas en el juicio, y con fundamento en las
cuales se dictó sentencia condenatoria de primera instancia, eran ilegales
y, por tanto, debían ser excluidas del material probatorio21.

19 Folios 7 y 8 del cuaderno No. 1.
20 Al respecto ver, entre otras, las providencias de esta Subsección: Sentencia de 6 de febrero de 2020, exp. 42409,
Sentencia de 13 de febrero de 2020, exp. 43482.
21 En la sentencia de segunda instancia se explicó lo siguiente: 1) El informe presentado por el agente Gonzalo de

Jesús Puerta Ramírez da cuenta que, en el examen definitivo de la sustancia incautada, no se siguieron todos los
procedimientos técnicos con el fin de determinar si la muestra era o no cocaína. Al respecto, se explicó que no
era suficiente el testimonio del perito para dar por cierto lo anterior y tampoco era posible admitir un nuevo informe
en la etapa de juicio, que tuviera la naturaleza de prueba documental, frente al cual no se había podido ejercer
el respectivo contradictorio por parte de la defensa; 2) las grabaciones valoradas dentro del proceso debieron
obtener previamente el aval de un juez de control de garantías, por lo que la ausencia de tal autorización
conduce a la ilegalidad de estas pruebas y 3) el descubrimiento probatorio realizado por la fiscalía en la audiencia

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Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591)
Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
Demandado: Nación – Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
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38. La fiscalía inició la investigación penal con base en la información
aportada en una denuncia ciudadana, a partir de la cual la policía
desarrolló varias actividades investigativas que arrojaron como resultado la
existencia de un grupo delincuencial dedicado a la comercialización de
sustancias estupefacientes en los sectores de “Aguas Claras” y “El Suburbio”
del municipio de Aguadas (Caldas). Con fundamento en dicha
información, el ente investigador solicitó al juez de garantías la práctica de
una diligencia de registro y allanamiento en las viviendas en las que se
desarrollaba la actividad ilícita y la captura de las personas presuntamente
involucradas. El 22 de junio de 2005 se practicó la diligencia de registro y
allanamiento en la casa que habitaban Luz Mery Sánchez Hernández, Mary
Luz Obando y María Ernestina Hernández, en donde se halló “una bolsa
plástica color negro y en su interior un rollo plástico transparente doble para hacer
bolsas, tres tijeras, una cuchara pequeña, varias bolsas pequeñas ya elaboradas, (…)
también se halló una bolsa plástica color negro, con otras tres bolsas negras, una de
ellas con 14 bolsitas plásticas transparentes y en su interior otras más pequeñas con una
sustancia color habano, la segunda bolsa con dos bolsas más con sustancia
pulverulenta color habano y la tercera con una sustancia pulverulenta”. En la misma
fecha, las aquí demandantes fueron capturadas.

39. El tribunal, en la sentencia absolutoria, consideró que la
responsabilidad de las procesadas por los delitos imputados no se
encontraba suficientemente probada, en tanto las pruebas que
fundamentaban la acusación y posterior condena fueron obtenidas con
violación al debido proceso, de manera que su contenido no tenía validez.
En efecto, el informe, en el que se identificó la sustancia hallada en la
residencia de las procesadas, era un documento “preliminar” y así se
presentó en el juicio oral, pese a la falta de certeza sobre el análisis
practicado y el incumplimiento del protocolo que exige el examen para
determinar si la sustancia es cocaína o no. Adicionalmente, en el juicio oral
no se practicó el testimonio de quien elaboró el informe confirmatorio.

40. Lo anterior, dejó en evidencia que el juez penal valoró el informe como
si se tratara de “prueba documental”, por lo que ignoró que la prueba pericial
es el acto procesal en el que se emite el concepto por parte del personal
experto, la cual debe ser practicada en la audiencia de juicio oral para
garantizar los derechos de contradicción e inmediación de la prueba al
sindicado, sin embargo, solo se tuvo en cuenta el informe en el que presentó
su opinión. De manera que, en este caso, el juez penal fundamentó la
responsabilidad de las procesadas en un informe que no era definitivo y que
no constituía prueba, porque nunca fue expuesto en el juicio oral.

preparatoria desconoció la normativa procesal vigente, al haber adicionado unas pruebas que no fueron
presentadas previamente en el escrito de acusación y que fueron fundamentales para respaldar la materialidad
de las conductas imputadas, tal como ocurrió respecto del testimonio de Gloria Norbela Sánchez y su importancia
frente a la configuración típica del delito de concierto para delinquir.

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Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591)
Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
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Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
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41. En la providencia se afirmó lo siguiente: “en ese contexto, el ente acusador,
en lo atinente al caso materia de análisis, debió sopesar el alcance mismo de un
informe preliminar, y más aún, el no hacer comparecer al juicio oral en su calidad de
testigo al perito que realizara el informe confirmatorio (…) no se puede propiciar una
condena con un testimonio que da cuenta de un informe preliminar (como única
prueba aducida en el juicio) cuando es un hecho público, y por público notorio, la
gran cantidad de falsos positivos que se evidencian con el examen confirmatorio tal y
como lo ha puesto de presente la actual sistemática procesal penal. Y esa duda que
genera la ausencia de prueba que de manera concluyente indicara lo extrañado
tanto por la agente del ministerio público, como por los defensores, ha de resolverse,
como es apenas obvio, a favor de los procesados (…)” .

42. Asimismo, el tribunal adujo que la prueba derivada de las
interceptaciones telefónicas fue ilegal, en tanto el cotejo de voces, para
corroborar la identidad de quienes intervinieron en las llamadas, fue
ordenado por el juez de conocimiento del asunto, quien no tenía
competencia para ello, toda vez que las interceptaciones se realizaron
durante la etapa de investigación y la respectiva prueba técnica debió ser
ordenada por el juez de control de garantías que adelantó el asunto. De
modo que no podía el juez de conocimiento subsanar los errores en los que
había incurrido la fiscalía al momento de asegurar la práctica prueba, pues
ello representaba un vicio que tornaba la prueba ilegal, como en efecto
fue declarada.

43. Finalmente, en la sentencia absolutoria se refirió que en el juicio oral se
practicó un conjunto de pruebas que no fueron descubiertas en la debida
oportunidad, pese a que se tenía conocimiento de su existencia. Es así
como la fiscalía, en la audiencia preparatoria, “anexó” como pruebas para
practicar en el juicio oral los testimonios de varias personas y un cassette
que contenía interceptaciones a varias llamadas, sin embargo, dichos
elementos no fueron mencionados en el escrito de acusación, sin que se
configurara una excepción que justificara dicha omisión, con lo cual se
desconoció lo previsto por el artículo 337, numeral 5, del C.P.P., así como los
principios de imparcialidad, objetividad, legalidad, defensa, contradicción
y lealtad procesal.

44. La Sala observa que, en este caso, se presentaron varias
irregularidades, desde el inicio de la investigación hasta el desarrollo del
juicio oral, en lo que se refiere a la solicitud y práctica de las pruebas que
fundamentaban la teoría del caso planteada por la fiscalía, de manera que
la exclusión de ese material probatorio dejó sin sustento las acusaciones
realizadas en contra de las procesadas. Además, se observa que dichas
irregularidades no pueden considerarse como simples errores formales, sino
que constituyeron una violación al debido proceso y a las garantías legales

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Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591)
Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
Demandado: Nación – Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
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previstas a favor de los ciudadanos, con el fin de evitar juicios arbitrarios o
desequilibrados.

45. Así, se encuentra que, María Ernestina Hernández, Luz Mery Sánchez
Hernández y Mari Luz Obando Sánchez estuvieron privadas de la libertad
durante 27 meses y 27 días, con ocasión de un proceso penal en el que se
presentaron diversas situaciones anómalas, en términos probatorios, y en el
que, finalmente, el Estado no pudo desvirtuar su presunción de inocencia.
Por lo que, en este caso, la antijuridicidad del daño se deriva de la
imposibilidad que surgió dentro del proceso de justificar definitivamente la
restricción del derecho a la libertad de las demandantes, lo que generó
para ellas un daño especial que deberá ser indemnizado.

46. En efecto, resulta desproporcionada la privación de la libertad del
procesado que fue exonerado de toda responsabilidad penal, al no
demostrarse su injerencia en la comisión de un determinado
comportamiento punible. En consecuencia, la afectación del derecho a la
libertad, el cual ha sido considerado una garantía básica del ser humano,
al tratarse de un atributo propio de la persona, no puede considerarse
como una carga que deba soportar un ciudadano como contraprestación
propia de vivir en sociedad, dado que, al mantenerse vigente su presunción
de inocencia frente a los cargos que le fueron imputados, no se justifica
dicha restricción durante el tiempo que finalmente se prolongó. Por las
anteriores razones, procede la reparación del daño antijurídico alegado,
como así se ordenará.

2.5. Entidad a la que se le atribuye el daño

47. En este caso, la Sala no advierte que se haya presentado algún hecho
de la víctima que hubiere sido determinante en la causación del daño.
Respecto de este tema, la Sala observa que el a quo hizo un análisis sobre
la conducta preprocesal de la víctima, para determinar si su conducta
rompió o no el nexo causal entre la decisión de la privación de la libertad y
el daño. Sin embargo, dado que, en este tipo de casos, la decisión que
pudo generar el daño se produjo en el marco de un proceso, los únicos
hechos o conductas (de la víctima) aptos para romper el nexo causal entre
esa decisión y el daño suceden en el desarrollo de esa misma actuación,
no antes de ella. Por tanto, se debió valorar si la imposición de la medida
de aseguramiento fue causada por la actuación procesal de quien
demandó y no los comportamientos cometidos antes de la investigación,
que aparentemente pudieron generar sospecha en el ente investigador
para proceder a su vinculación a un proceso penal.

48. El juez administrativo debe estudiar todos los elementos de

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Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
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Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
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responsabilidad y reservar el estudio de la culpa civil de la víctima para la
valoración de sus conductas procesales en el análisis de causalidad o de
imputación fáctica. Sin embargo, en el contexto de ese examen, el juez
administrativo no puede sustituir al juez penal, que es el único competente
para valorar la conducta preprocesal de quien fue privado de la libertad.

49. En consecuencia, del material probatorio que obra en el expediente,
la Sala no observa la configuración de esta causal eximente de
responsabilidad. Las demandantes, en efecto, no desplegaron ninguna
actuación dentro del proceso penal, de la cual se pudiese predicar su
incidencia en la causación del daño. Por el contrario, sus intervenciones se
circunscribieron a presentar los argumentos y las respectivas justificaciones,
tendientes a demostrar su inocencia en el comportamiento investigado.

50. Ahora bien, como el aludido proceso penal se tramitó en vigencia de
la Ley 906 de 2004, el daño alegado por la privación de la libertad de las
demandantes principales solo puede atribuírsele a la Rama Judicial, dado
que el Juzgado penal municipal de control de garantías de Aguadas fue el
que impuso las medidas de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento carcelario en su contra. En efecto, según esta normativa, si
bien la fiscalía debe solicitar las medidas “que aseguren la comparecencia de
los imputados al proceso penal”, entre ellas, la medida de aseguramiento, al
juez de control de garantías, en ejercicio de sus competencias legales y de
manera autónoma, es al que le corresponde adoptar la decisión sobre la
libertad del ciudadano22.

2.6. Indemnización de perjuicios

2.6.1. Perjuicios inmateriales

51. En relación con los perjuicios morales, la Sala considera que toda
privación de la libertad causa una afectación de índole moral, así como
sentimientos de angustia, zozobra e incertidumbre, entre otros, los cuales se
presumen respecto a la persona que sufre la detención, así como también
en relación con su núcleo familiar más cercano, de acuerdo con las
experiencias generalizadas en nuestro entorno.

22El artículo 306 de la Ley 906 de 2004 prevé que “[e]l fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer
medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para
sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia
pertinente.// Escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez emitirá su decisión
(…)”(Negrillas nuestras). De lo anterior se desprende que, si bien el delegado de la fiscalía debe presentar la
petición de imposición de medida de aseguramiento, el juez de control de garantías es el que tiene la
competencia de proferir, de manera autónoma e independiente, la respectiva decisión.

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Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
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52. En la Sentencia de unificación de 29 de noviembre de 2021 23, la
Sección Tercera estableció que los perjuicios morales pueden inferirse para
la víctima directa, a partir de la prueba de la privación de la libertad. Para
su cónyuge o compañero(a) permanente y para sus parientes hasta el
primer grado de consanguinidad, con la prueba de tal condición. Asimismo,
para las demás víctimas indirectas, aunque la prueba del parentesco puede
ser apreciada como indicio de la existencia de relaciones estrechas con el
detenido, los perjuicios morales deben ser acreditados con otros medios de
prueba.

53. Además, se establecieron unos criterios para el cálculo de la
indemnización, según el tiempo de privación de la libertad del afectado
directo. Entonces, si la privación de la libertad tiene una duración igual o
inferior a un mes se debe indemnizar con una suma fija equivalente a 5
SMLMV, de ahí en adelante por cada mes adicional transcurrido se suma un
monto de 5 SMLMV y por cada día adicional al último mes transcurrido se
debe sumar una fracción equivalente a 0,166 SMLMV, la cual se obtiene de
dividir 5 SMLMV entre los 30 días que generalmente tiene un mes. Lo anterior,
hasta llegar a un tope de 100 SMLMV, correspondiente a las privaciones de
la libertad con una duración igual o mayor a 20 meses.

54. Asimismo, se adujo que la indemnización no debía ser igual para todos
los demandantes, dado que la afectación que sufre quien es privado de la
libertad tiene una intensidad distinta a la afectación que padecen sus
familiares. Por tal motivo, se planteó que para los parientes en el primer
grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge o su compañero o
compañera permanente el tope de indemnización es del 50% de lo que le
corresponda a la víctima directa. Y para los demás demandantes, cuando
acrediten los perjuicios morales, el tope máximo es del 30% de lo que le
corresponda a la víctima directa.

55. Por último, la Sección Tercera estableció la forma en que debían
implementarse las reglas establecidas en la Sentencia de unificación de 29
de noviembre de 2021, según lo cual, esta Sala de Subsección interpreta
que, en las demandas presentadas a partir de la ejecutoria de la sentencia
de unificación, la aplicación de las reglas para el reconocimiento y la
liquidación del perjuicio moral será inmediata. En las demandas
presentadas, desde el 28 de agosto de 201324 hasta la fecha de expedición
de la Sentencia de unificación, en las cuales no se solicitaron pruebas para
acreditar los perjuicios morales de las víctimas indirectas sobre quienes no

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de noviembre de
2021, exp. 18001-23-31-001-2006-00178-01 (46681).
24 Es decir, a partir de la expedición de la anterior sentencia de unificación que estableció los criterios para

reconocer una indemnización por perjuicio moral, en la cual, la prueba del parentesco del demandante con la
víctima directa de la privación injusta de la libertad se consideraba prueba suficiente para acceder al
reconocimiento del perjuicio.

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Demandado: Nación – Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
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existe una presunción, fundándose en la jurisprudencia existente en ese
momento, el juez puede hacer uso de las facultades probatorias que le
otorga la ley para garantizar su derecho al debido proceso.

56. Finalmente, en las demandas presentadas antes de 28 de agosto de
2013, al no existir reglas jurisprudenciales que crearan expectativa sobre el
reconocimiento del derecho, las reglas contenidas en la Sentencia de
unificación deben ser aplicadas sin ninguna reserva. Por otra parte, en
relación con la determinación de los topes máximos por perjuicios morales y
la forma de calcularlos, la sentencia será aplicada de inmediato, dado que
sobre ese aspecto no puede considerarse que exista una expectativa
legítima de un derecho.

57. Según lo anterior, en este caso deberán aplicarse las reglas de
unificación anteriormente planteadas por tratarse de una demanda
presentada el 18 de diciembre de 2009. Así, a María Ernestina Hernández,
Luz Mery Sánchez Hernández y Mari Luz Obando Sánchez, por permanecer
privadas de la libertad, desde el 22 de junio de 2005 hasta el 18 de octubre
de 2007, esto es, 27 meses y 27 días, les corresponde una indemnización por
el valor máximo establecido en la tabla indemnizatoria definida en la
Sentencia de unificación, es decir, 100 SMLMV para cada una de ellas.

58. Además, acreditado el interés que les asiste a los demás demandantes,
la Sala reconocerá una indemnización por: 35 SMLMV a María Isabel Henao
Obando (Hija de Mari Luz Obando)25 y 35 SMLMV Diego Alejandro Sánchez
Hernández (Hijo de Luz Mery Sánchez)26, esto es, el 35% de lo
correspondiente a las afectadas directas, dado que se probó el vínculo de
parentesco, pero no se aportó ningún elemento que acreditara la gravedad
del perjuicio padecido por ellos.

59. Se precisa que Noé Antonio Sánchez Martínez, quien acudió al proceso
en calidad de compañero permanente de María Ernestina Hernández, no
probó la relación aludida con la referida demandante. En efecto, si bien se
allegó el registro civil de nacimiento de Luz Mery Sánchez Hernández27 y Ruth
Sánchez Hernández28, aparentemente hijas en común de los dos
demandantes referidos, -y respecto del cual existen algunas dudas en torno
a su contenido-29, no se tiene ningún otro elemento de juicio que demuestre

25 Registro civil de nacimiento de María Isabel Henao Obando, en el que consta que su madre es Mari Luz Obando
Sánchez. Folio 74 del Cuaderno No. 1.
26 Registro civil de nacimiento de Diego Alejandro Sánchez Hernández, en el que consta que su madre es Luz Mery

Sánchez Hernández. Folio 75 del Cuaderno No. 1.
27 Registro civil de nacimiento en el que consta que el progenitor de Luz Mery Sánchez Hernández es Noé Antonio

Sánchez con cédula de ciudadanía Nro. 1.340.121 de Aguadas. Folio 76 del cuaderno No. 1.
28 Registro civil de nacimiento en el que consta que el progenitor de Luz Mery Sánchez Hernández es Noé Antonio

Sánchez con cédula de ciudadanía Nro. 249604 de Aguadas. Folio 2 del cuaderno No. 2.
29 Si bien en ese documento aparece como padre de Ruth Sánchez, Noé Antonio Sánchez, se indica un número

de cédula de ciudadanía distinto de aquel que aparece en el poder otorgado para la presentación de la
demanda de reparación directa. Además, ante la falta de otra información en el proceso, es imposible saber si lo
anterior simplemente obedeció a un error de trascripción en aquel documento público.

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Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591)
Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
Demandado: Nación – Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
_____________________________________________________________________________________________________________

la vida en común entre aquellas personas o, por lo menos, la afectación
moral padecida por Noé Sánchez como consecuencia de la privación de
la libertad de María Ernestina Hernández.

60. Por otra parte, la parte actora adujo que la privación de la libertad
ocasionó una afectación al buen nombre de las demandantes principales,
quienes fueron estigmatizadas y rechazadas por su comunidad como
consecuencia de la detención. En la demanda se adujo que “[l]a privación
de la libertad de las señoras LUZ MERY SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, MARI LUZ OBANDO
SÁNCHEZ, y, MARÍA ERNESTINA HERNÁNDEZ Vda. DE VILLANUEVA, fue conocida por
toda la comunidad aguadeña, lo cual produjo una honda desgracia y congoja para
la familia de las mismas, debido al repudio de la sociedad”.

61. Como lo ha explicado la Sala en diversos pronunciamientos, toda
privación injusta de la libertad, sin importar el delito que hubiera sido
imputado al entonces procesado, trae consigo una intensa vulneración del
derecho al buen nombre de quien la padeció. No se trata de un daño
autónomo al de la privación injusta de la libertad (PIL), sino de un perjuicio
derivado de ella. En consecuencia, si la PIL resulta imputable a la entidad
demandada, no hace falta probar otra relación de causalidad entre su
actuación y el impacto en el buen nombre de la víctima, y tampoco activar
un título de imputación que permita declarar la responsabilidad de la
demandada por ese daño antijurídico. La afectación al buen nombre -se
repite- no es un daño autónomo, sino un perjuicio derivado del daño ya
declarado.

62. Una vez acreditados el nexo de causalidad, la imputabilidad y por
tanto la antijuridicidad de la privación injusta de la libertad, todos los
perjuicios que de ella se deriven deben ser declarados por el juez siempre
que estén acreditados y hayan sido solicitados. La excepción a este último
requisito ha sido reconocida en la jurisprudencia de esta corporación
pacífica y repetidamente desde la Sentencia de unificación proferida el 28
de agosto de 2014 por esta Sección30: si uno de los perjuicios probados
encaja en la categoría de perjuicios a bienes constitucional y
convencionalmente protegidos, debe ser declarado de oficio por el juez, es
decir, aunque no haya sido solicitado en la demanda31.

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de
Unificación de 28 de agosto de 2014, Radicación No. 05001-23-25-000-1999-01063-01, Exp. 32988
31 Así se ha explicado: “i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el

ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los bienes o
derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que
desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades
jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que
estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes
o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad
sustancial.// ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños
pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia
(…) iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por
excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias (…)”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

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Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591)
Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
Demandado: Nación – Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
_____________________________________________________________________________________________________________

63. Las reglas de la experiencia indican que, una vez el imputado es
privado de su libertad, las personas modifican su percepción respecto de él.
El ejercicio del ius puniendi del Estado, en efecto, se sustenta en la confianza
legítima de toda la población, que lo acata porque presume su corrección.
Por tanto, cuando la sociedad tiene conocimiento de la imposición de una
medida privativa de la libertad en contra de un ciudadano, asume que el
Estado tenía serios y razonables indicios de su responsabilidad.

64. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en este tipo de casos
necesariamente se deriva un perjuicio sobre la reputación, o el concepto
que de la persona tenían los demás32, un deterioro de la apreciación que se
tenía del sujeto por la conducta que observaba en su desempeño dentro
de la sociedad33. Este asunto, que podría parecer coyuntural, ha sido
considerado en la jurisprudencia un factor intrínseco de la dignidad humana
que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la
sociedad34.

65. En consecuencia, la Sala encuentra acreditado que la imposición de
la medida de aseguramiento en contra de María Ernestina Hernández, Luz
Mery Sánchez Hernández y Mari Luz Obando Sánchez, en ausencia de un
título jurídico que justificara la restricción de su derecho a la libertad,
conllevó necesariamente un perjuicio a derechos constitucionalmente
protegidos consistentes en un grave menoscabo en su reputación. En
consecuencia, ese perjuicio debe ser reparado.

66. Por tal motivo, se ordenará a la Rama Judicial que emita un
comunicado en el que se disculpe con las víctimas por el perjuicio causado
y reconozca que adelantó un proceso penal en el que nunca se desvirtuó
su presunción de inocencia. De acuerdo con el principio según el cual este
tipo de reparaciones integrales debe concertarse con la víctima, las
demandantes le informarán a la entidad, dentro del mes siguiente a la
ejecutoria de esta providencia, si dicho documento solamente le será
entregado en físico a ellas o si, además, desean que se publique en su
plataforma de comunicación y difusión, por lo que así procederá la
demandada una vez tenga conocimiento de esa decisión. De no hacerse
ninguna manifestación durante ese lapso, se entenderá que las víctimas
optan porque las disculpas se expresen de forma privada, por lo que la
entidad procederá a cumplir esta orden de manera inmediata.

2.6.2. Perjuicios materiales

Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2014, Radicación
No. 05001-23-25-000-1999-01063-01, Exp. 32988.
32 Corte Constitucional. Sentencia C-489 de 2002.
33 Corte Constitucional. Sentencia C-452 de 2016.
34 Corte Constitucional. Sentencia T-977 de 1999.

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Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591)
Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
Demandado: Nación – Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
_____________________________________________________________________________________________________________

67. En la demanda no se solicitaron perjuicios materiales, en ninguna
modalidad, por lo que no hay lugar a pronunciarse al respecto.

2.7. Costas

68. En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la
actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en
costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del C.C.A.,
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 23 de enero de 2013 proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR a la Nación - Rama Judicial responsable por la
privación injusta de la libertad de María Ernestina Hernández de Villanueva,
Luz Mery Sánchez Hernández y Mari Luz Obando Sánchez, durante el
período comprendido entre el 22 de junio de 2005 y el 18 de octubre de
2007, en el proceso penal adelantado en su contra por la presunta comisión
de los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de
estupefacientes.

TERCERO: CONDENAR a la Nación - Rama Judicial a pagar, por concepto de
perjuicios morales, el equivalente en pesos de las siguientes sumas:

Demandante Cuantía
María Ernestina Hernández de Villanueva 100 SMLMV
Luz Mery Sánchez Hernández 100 SMLMV
Mari Luz Obando Sánchez 100 SMLMV
María Isabel Henao Obando 35 SMLMV
Diego Alejandro Sánchez Hernández 35 SMLMV

CUARTO: ORDENAR que la Nación - Rama judicial emita un comunicado en
el cual pida perdón por la afectación al buen nombre de María Ernestina
Hernández de Villanueva, Luz Mery Sánchez Hernández y Mari Luz Obando

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Radicación: 17001-23-31-000-2010-00036-01(46.591)
Demandante: Luz Mery Sánchez Hernández y otras
Demandado: Nación – Rama judicial y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca y, en su lugar, accede
_____________________________________________________________________________________________________________

Sánchez, de acuerdo con las especificaciones expuestas en esta
providencia.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: NO CONDENAR en costas.

SÉPTIMO: DAR cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del
Código Contencioso Administrativo.

OCTAVO: EXPEDIR copia de la Sentencia de segunda instancia, conforme a
lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal
efecto, el Tribunal de instancia cumplirá lo previsto por el artículo 362 del
C.P.C.

NOVENO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente a la
Corporación de origen para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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