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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-31-000-2010-00206-01

Servicio público de transporte de pasajeros: suspensión

Fecha
26 de julio de 2018
Consejero ponente
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-31-000-2010-00206-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas de fecha 28 de noviembre de 2013, por la cual resolvió negar las pretensiones de la demanda. Segundo.- DEVOLVER el expediente de la referencia al tribunal de origen, una vez quede en ejecutoriada la presente providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 17001-23-31-000-2010-00206-01

Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

26 de julio de 2018

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS – Suspensión / COMPETENCIA DE ALCALDE – Para suspender transitoriamente el ingreso de vehículos por incremento

[E]ncuentra la Sala que el alcalde de Manizales, como máxima autoridad municipal estaba facultado suspender transitoriamente “el ingreso de vehículos por incremento” para el servicio público de colectivo individual de pasajeros al municipio de Manizales pues, de acuerdo con las necesidades que evidenció del estudio técnico realizado por la Universidad Nacional, la autoridad determinó que era necesario reorganizar el transporte, para su efectiva prestación.

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR – Reposición / REPOSICIÓN DE VEHÍCULO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS – Improcedencia

[E]l juicio de legalidad que se realiza ahora sobre los actos administrativos que negaron la inclusión de sus dos vehículos, a través de la figura de reposición, no puede extenderse a analizar la legalidad del decreto que le sirvió de base a los actos demandados ni a cuestionar la determinación que en otro acto, distinto a estos, hubiera tomado el ente demandado. Del mismo modo, no puede pretenderse que en este juicio de legalidad se inaplique el Decreto 128 del 2006, por cuanto el examen que se adelanta no implica la aplicación del acto que le sirvió de base a las resoluciones censuradas sino que le corresponde al juez analizar si se expidieron o no en debida forma los actos demandados y la observancia de que se basó en un decreto expedido por la autoridad municipal, lo que en consecuencia, conlleva solo a que se verifique su armonía pero, se insiste, de ninguna manera puede conllevar un juicio de legalidad sobre este último.

FUENTE FORMAL: DECRETO 170 DE 2001 – ARTÍCULO 10 / DECRETO 170 DE 2001 – ARTÍCULO 11 / LEY 688 DE 2001 – ARTÍCULO 2 / LEY 105 DE 1993 – ARTÍCULO 6 / DECRETO 128 DE 2006 – ARTÍCULO 1 / DECRETO 128 DE 2006 – ARTÍCULO 2 / DECRETO 128 DE 2006 – ARTÍCULO 3

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION QUINTA

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 17001-23-31-000-2010-00206-01

Actor: JOHN JAIRO GALLEGO CASTAÑO

Demandado: MUNICIPIO DE MANIZALES - SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – FALLO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia del 28 de noviembre del 2013, por la cual el Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.- LA DEMANDA

El señor JOHN JAIRO GALLEGO CASTAÑO, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Caldas para que accediera a las siguientes pretensiones:

“…Que se declare la nulidad del oficio, suscrito por el doctor LUIS ERNESTO MARTÍNEZ MUÑOZ, … STP-730 del 05 de julio de 2006, por el cual, este funcionario apoyándose en el Decreto 0128 ha manifestado que “…en virtud del Decreto 0128 del 15 de junio de 2006 por medio del cual se suspende el ingreso de vehículos por incremento para el servicio público de transporte colectivo e individual de pasajeros en el municipio de Manizales, no es posible acceder a la petición de la referencia en razón al congelamiento del parque automotor de transporte público decretado en la mencionada norma…”, asimismo, que se declare la nulidad del auto calendado el día 09 de octubre de 2006, por el cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto en contra del Oficio STP-730, descartándose en todo caso del presente numeral, el apartado que dice: salvo la parte pertinente que se declara agotada la vía gubernativa

… Que se declare la inaplicación por vía de excepción de ilegalidad del Decreto 128 del 15 de junio de 2006, los artículos… primero,… segundo y… tercero…

… Como consecuencia de la declaratoria de nulidad y de la inaplicación por vía de excepción solicitadas, se ordene a la parte accionada que le permita vincular a mi cliente, o a quien éste ceda dichos derechos, definitivamente dos (2) busetas nuevas, último modelo, en reposición de las busetas identificadas con las placas WAB-456 Y SDG-675, a la empresa SOCOBUSES S.A.., las que fueron retiradas del servicio por desintegración o chatarrización, previa autorización de la Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad de Manizales, antes del 15 de junio de 2006, considerando que las busetas que otrora fueron matriculadas por mi cliente, con las placas WBF-266 y WBF-267, … debieron ser vendidas, a finales del mes de septiembre de 2007 a terceras personas, para que las mismas operen en la ciudad de Manizales, afectándose la capacidad transportadora, sin que la misma sufra incremento alguno, utilizándose para ello la figura de la reposición, traída por el artículo 2º, de la Ley 688 de 2001, modificatorio del artículo 6º de la Ley 105 de 1993, o que ante la imposibilidad real de utilizar los mismos automotores se ordene que el accionante tiene pleno derecho a hacer uso de los dos (2) cupos, ingresando dos (2) vehículos distintos a la empresa SOCOBUSES, de similares características, pudiéndose utilizar los derechos por personas distintas, con quien podrá negociar sus derechos.

… Que de los vehículos claramente individualizados sobre el cual se iniciaron los trámites y que a la presentación de esta acción fueron vinculados en principio, sólo proporcionalmente por orden impartida por la señora Juez Tercero de Control de Garantías, pero luego desvinculadas obedeciendo a la revocatoria que de la primera instancia hiciera el Juez Quinto Penal del Circuito de la ciudad de Manizales, encontrándose por lo tanto ambos vehículos a la fecha inmovilizados por lo menos hasta el día 30 de septiembre de 2007, impidiéndose por la autoridad competente la prestación del servicio público de transporte urbano colectivo de pasajeros en la ciudad de Manizales a nombre de la empresa SOCOBUSES S.A.

… Como consecuencia de la declaratoria de nulidad … se ordene reparar los daños causados a mi prohijado JOHN JAIRO GALLEGO CASTAÑO, por no haber permitido, y por el contrario haberle impedido en sede administrativo por las vías regulares que continuará y terminará la vinculación de las busetas nuevas sin matricular en su momento, utilizándose para ello la figura de reposición en la capacidad transportadora asignada a la empresa SOCOBUSES S.A., en aplicación de las normas de transición en la ciudad de Manizales, lo que sucedió por la irregular actitud de la accionada que impidió la continuación y terminación de trámites en abierto desconocimiento de la normatividad relacionada y con clara violación de los derechos del señor JOHN JAIRO GALLEGO CASTAÑO.

… Como consecuencia de la orden de reparación del daño se condene al municipio de Manizales, siendo determinable el real daño por perito que se asigne, los perjuicios definitivos a favor de la parte actora, la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 70.000.000,00), equivalente al valor del ejercicio que la actividad en la prestación del servicio público de transporte hubiese reportado al accionante, dentro del término transcurrido desde que las busetas se compraron el 08 de junio de 2006 y el 16 agosto de 2006, en su primer período de inactividad y en su segundo período de inactividad, entre el 21 de septiembre de 2006, fecha en la que por vía de tutela se ordenó retirar definitivamente los vehículos del servicio público de transporte en la ciudad de Manizales, y el 30 de septiembre de 2007, fecha en la que se mi cliente vendió los dos automotores a terceras personas, lo que de manera general, constituye el lucro cesante, más la suma de VEINTE NILLONES DE PESOS M/CTE. (20.000.000.00), que representan el daño emergente, representados en gastos, de registro de matrículas, seguros obligatorios, seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual, pintura de las busetas y adecuación en general, para la adecuación y puesta en marcha de ambas busetas, tales como silletería, al igual que para la defensa ante distintas instancias judiciales, y administrativas, adicionándose el valor de los cupos.

Asimismo subsidiaria y adicionalmente se reclama… la condena por la suma de CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (160.000.000.00) por concepto de valor indemnizatorio que representaban los dos (2) cupos por el hecho de haberse desconocido por la parte demandada, el derecho a utilizarlos… a pesar de haberse pretendido la reposición de dos (2) obsoletos automotores, sustituyéndose por dos (2) busetas, último modelo, 2007, sin que se hubiese querido incrementar la capacidad transportadora de la ciudad, ni de la empresa. Ello en el evento en que se considere la imposibilidad real de utilizar los cupos reclamados, para garantizar la vinculación de los dos (automotores, adscritos al servicio colectivo urbano)

… Que se condene al municipio de Manizales - Secretaría de Tránsito de Manizales -, a reconocer y pagar al accionante las sumas de dinero referidas en la pretensión anterior, en forma indexada con el IPC, certificada por el DANE al momento del pago de la condena.

… Que se ordene que la entidad accionada queda obligada a dar cumplimiento a la sentencia, dentro de los términos señalados por los artículos 176 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

… Que se condene en costas al municipio de Manizales – Secretaría de Tránsito de Manizales…”

1.2.- Los hechos

1.2.1. El señor John Jairo Gallego Castaño, a título de cesión de derechos adquirió dos cupos en la empresa de transporte SOCOBUSES S.A., del municipio de Manizales, por valor de $ 160.000.000, toda vez que, éstos se liberaron en razón a que los vehículos de placas WAB-456 y SDG-675 adscritos a la misma empresa, fueron destruidos al cumplir su ciclo de vida útil de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 105 de 1993 y, con la debida autorización de la Secretaría de Tránsito y Transporte de la misma ciudad.

1.2.2. Posteriormente, el 30 de junio de 2006, solicitó a la mencionada secretaría, mediante la figura de reposición, establecida en el artículo 2º de la Ley 688 de 2001, que le autorizara la vinculación de los dos vehículos de placas WBF-266 y WBF-267, de su propiedad, para prestar el servicio público colectivo municipal en la empresa trasportadora SOCOBUSES S.A., sobre los dos cupos mencionados.

1.2.3. Los vehículos que pretendía vincular, los había comprado el 8 de junio de 2006 en su condición de nuevas y sin matricular, modelo 2007, en la Concesionario Caminos S.A., de la ciudad de Pereira, cumpliendo así con los requisitos establecidos en el estatuto de trámites ante los Organismos de Tránsito, Acuerdo 51 de 1993, para los vehículos nuevos y, por el Decreto 170 del 5 de febrero de 2001 para regularizar y formalizar la vinculación de los automotores.

1.2.4. Mediante oficio STP-730 del 5 de julio de 2006, expedido por el Jefe de la Oficina de Trámites y Asuntos Legales de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales, despachó la solicitud de reposición de sus dos vehículos en forma negativa con fundamento en el Decreto 128 del 15 de junio del 2006, en razón a la medida transitoria de congelamiento que había tomado el municipio de Manizales en aras de evitar el incremento de la capacidad trasportadora de la misma ciudad en el decreto mencionado.

1.2.5. Posteriormente, interpuso una acción de tutela contra dicha entidad, correspondiéndole el trámite al Juzgado Tercero Penal Municipal de Manizales, que amparó los derechos fundamentales deprecados en la referida acción, a través de la providencia del 16 de agosto de 2006, mediante la cual, ordenó a la Secretaría de Tránsito, vincular de manera inmediata las dos busetas de propiedad del actor, mediante la figura de reposición.

1.2.6. La decisión referida fue impugnada por la mencionada secretaría, correspondiéndole el trámite al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Manizales, el cual, mediante fallo del 21 de septiembre del 2006 revocó la decisión del Juzgado Tercero Municipal, en consecuencia, ordenó a la Secretaría de Tránsito y Transporte desvincular las busetas del parque automotor.

1.2.7. Al estar en desacuerdo con la decisión emitida, por dicha secretaría, mediante el oficio STP-730 del 5 de julio 2006, interpuso recurso de reposición, ante lo cual, mediante Auto de 9 de octubre de 2006, la Secretaría de Tránsito y Transporte, por sustracción de materia, confirmó la decisión recurrida toda vez que, simultáneamente, el actor había interpuesto una acción de tutela contra la Alcaldía Municipal de Manizales - Secretaría de Tránsito y Transporte, al considerar que se le habían vulnerado sus derechos fundamentales al negársele la inclusión de sus dos vehículos nuevos al parque automotor de la empresa SOCOBUSES, de lo que en todo caso, en la resolución de la impugnación respecto del fallo que amparó los derechos del actor, el Juez Quinto Penal del Circuito de Manizales, ordenó desvincular de la empresa SOCOBUSES S.A., los vehículos de propiedad del señor Gallego Castaño que habían sido vinculados inicialmente, en razón a la orden impartida en el fallo de tutela en primera instancia.

1.2.8. Por lo anterior y debido a que la decisión de impugnación no fue revisada por la Corte Constitucional, habiendo hecho las gestiones pertinentes, las busetas entraron en inactividad de manera permanente, por lo que, el 30 de septiembre de 2007, el actor, se vio en la obligación de proceder con la venta de las busetas.

1. 3.- Las normas violadas y el concepto de la violación

La parte actora, consideró vulnerados los artículos 1°, 2°, 3, 4°, 6°, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 29, 40, 58, 90, 95, 201, 209, 298, y 365 Constitucionales; artículo 2 de la Ley 688 de 2001, la Ley 105 de 1993, el artículo 66 de la Ley 336 del 20 de diciembre de 1996, artículos 14, 15, 28, 36, 83, 84, 85, 132, 135, 136, 177 y 206 del CCA, artículo 40 de la Ley 153 de 1887; artículos 43 y 66 del Decreto 170 del 5 de febrero del 2001.
Como fundamento de la vulneración aludida, el actor sostuvo que lo actos administrativos demandados fueron expedidos con falsa motivación toda vez que la Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales negó su solicitud de vinculación de los dos vehículos nuevos de su propiedad mediante la figura de reposición, establecida en el artículo 6º de la Ley 688 del 2001, para que fueran incluidos en la capacidad transportadora (cupos) de la empresa de transporte público colectivo SOCOBUSES S.A., de la ciudad de Manizales, toda vez que a título de cesión derechos había adquirido dos cupos en dicha empresa en razón que los dos vehículos que ocupaban tal capacidad fueron chatarrizados con la debida autorización de la autoridad de tránsito.

Adujo que la autoridad de tránsito no permitió la vinculación aludida al considerar que de permitirse, se incrementaría la capacidad transportadora en razón al congelamiento por incremento que se había establecido en el Decreto 128 del 2006, en ese sentido, desconoció la figura de reposición que permitía la vinculación de un vehículo nuevo en los cupos de aquellos que habían sido chatarrizados, asimismo al haberse desentendido el artículo 35 del CCA en la medida en que la Secretaría de Transito y Trasporte de Manizales en la motivación del mismo no tuvo en cuenta las pruebas arrimadas con la solitud de la reposición, ni los argumentos planteados, además, por haberse fundamentado en el Decreto 128 del 2006, el que considera ilegal, del cual, solicitó su inaplicación por haberse expedido con falsa motivación, infracción de las normas en las que deberían fundarse, de forma irregular y con falta de competencia, por las siguientes razones:

En el Decreto 128 del 2006, no se incluyó en la parte considerativa ni en la resolutiva, el artículo 2° de la Ley 688 de 2001, el cual, prevé la reposición de vehículos, pues únicamente, en su artículo 2° dijo que: “solamente podrán ingresar vehículos de transporte público colectivo e individual de pasajeros al municipio de Manizales por reposición, lo cual, solo podrá efectuarse con automotores nuevos, entendiéndose como nuevo aquél que no haya sido matriculado ante las autoridades de tránsito”.
La administración vulneró los artículos 14, 15, 28 y 73 del CCA, en la medida en que en éstos se ordena que cuando la autoridad administrativa, actúe de oficio, se impone la necesidad de publicar y socializar con los ciudadanos interesados y, que posiblemente, fueran afectados con las medidas implementadas en la decisión de fondo, habida cuenta que no cumplió con éste procedimiento previo a la expedición del Decreto 128 del 2001, por lo tanto, no brindó la oportunidad a aquellas personas para que pudieran tomar las medidas atinentes a menguar el impacto de tal decisión.
Al vulnerar su derecho a la igualdad, toda vez que a algunas personas sí se les permitió el ingreso de los vehículos a las empresas transportadoras mediante la figura de reposición mientras que él le fue negada.
La vinculación de los vehículos de transporte público colectivo municipal de pasajeros a través de la figura de reposición no implicaba un incremento en la capacidad trasportadora del municipio de Manizales ni de la empresa SOCOBUSES S.A., como lo adujo la mencionada secretaría en los actos acusados.
Con la expedición del Decreto 128 del 15 de junio de 2006, se vulneraron normas de carácter superior como los artículos 6º, 24, 25, 29, 58 y 365, además del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 toda vez que no se implementaron las normas de transición que permitieran la continuación del trámite administrativo para la vinculación definitiva de sus dos vehículos (placas WBF-266 y WBF-267) a la empresa SOCOBUSES S.A., a través de la figura de reposición, para que ocuparan los dos cupos que había adquirido a título de cesión de derechos, luego de la destrucción de dos vehículos por cumplir su vida útil (placas WAB-456 y SDG-675).

Adicionalmente, frente a la inaplicabilidad del Decreto 128 de 2001 indicó que el Tribunal Administrativo de Caldas, a través del auto del 28 de junio de 2007, en un proceso similar, con radicado 17001 33 003 2006 00112 declaró la suspensión provisional del Oficio STP-936 del 15 de agosto de 2006 y el Auto del 10 de octubre de 2006, suscritos por la Secretaría de Tránsito y Trasporte de Manizales y el Juzgado Tercero Administrativo de Manizales, respectivamente
Que en atención al anterior antecedente, sustentaba su solicitud de inaplicación del Decreto 128 del 15 de junio de 2006 por excepción de ilegalidad. Citó el artículo 240 de la Ley 4° de 1993 respecto de la jerarquía de las normas y la Sentencia C-37 del 26 de enero del 2000, mediante la cual, la Corte planteó que la excepción en comento, la pueden aplicar únicamente los Tribunales Administrativos y el Consejo de Estado. Adujo que, podría predicarse que en virtud del artículo 4° de la Constitución los jueces administrativos pueden inaplicar un acto administrativo que resulte lesivo al orden superior.

2.- ACTUACIONES PROCESALES

2.1.- Admisión de la demanda

Mediante auto de 19 de marzo de 2009, el Juez Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales admitió la demanda y dispuso su notificación al representante legal del municipio de Manizales y al Ministerio Público.

2.2.- Providencias relevantes dictadas con posterioridad a la admisión de la demanda.

Mediante auto de 23 de junio de 2010, el Juez Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales accedió a la solicitud de la parte actora, respecto de remitir el proceso al Tribunal Administrativo de Caldas en razón a la cuantía, así declaró la falta de competencia y ordenó la remisión al mencionado Tribunal.

Por auto del 19 de enero del 2011, el Tribunal Administrativo de Caldas, avocó el conocimiento de la demanda al considerar que para efectos de su admisión, excedía los 300 SMMLV, por lo que encajaba dentro de la regla establecida por el numeral 3° del artículo 134B del CCA, en consecuencia, declaró su competencia.

2.3.- Contestación de la demanda

2.3.1.- El alcalde de Manizales, a través de apoderada judicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda arguyendo que el Decreto 128 del 15 de junio de 2006 se expidió conforme a derecho atendiendo al interés general sobre el particulary que los actos acusados se expidieron con el lleno de los requisitos legales.

Citó y trascribió algunos apartes de la Sentencia T-365 del 11 de mayo de 2006 de la Corte Constitucional en la que se indicó que las medidas tomadas por la autoridades relativas al mejoramiento del transporte apuntaban en gran medida a la descongestión vehicular generada debido al crecimiento descontrolado del parque automotor que afectaba no solo la actividad misma del transporte sino, actuaciones cotidianas que trastocaban la vida de los habitantes. Señaló que precisamente, ese fue el objetivo y finalidad del decreto, pues se pretendió mejorar la calidad de vida de los habitantes de Manizales congelando la capacidad transportadora.

Cito la Sentencia T-026 de 2006 en relación con la facultad de las autoridades locales para regular el transporte público, en cuanto a la posibilidad de introducir modificaciones respecto del número de vehículos autorizados en el área urbana cuando se requiera en orden a la prestación del buen servicio.

Explicó que la capacidad transportadora, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 170 de 2001 consiste en el número de vehículos necesarios para prestar eficientemente los servicios legalmente autorizados, la cual es definida por la autoridad de transporte a través de actos administrativo. Respecto del trámite de matrícula indicó que éste se inicia ante la autoridad competente, por medio de la presentación de la solicitud a través del formulario único nacional y no mediante la desvinculación de otro vehículo.

Adujo que el trámite de matrícula inicial de los vehículos se hace de conformidad con los requisitos establecidos en los artículos 73 a 75 del acuerdo 51 de 1993, no obstante, el actor presentó la solicitud de matrícula el 30 de junio de 2006, fecha posterior a la entrada en vigencia del Decreto 128 de 2006, es decir, del 15 de junio de 2006, que además, el vehículo de placa WAB-456 era de propiedad de los señores Fabio Escalante Gómez y María Consuelo Escalante Gómez el cual fue desvinculado el 16 de febrero de 2006 y el SDG-675 era de propiedad de los señores Carlos Alberto Zuluaga Bernal y María Gladys Yepes Salazar el cual fue desvinculado el 21 de abril de 2006.

Señaló, que hasta el 8 de agosto de 2006, la empresa SOCOBUSES S.A., le informó a la administración que el demandante poseía dos “cupos” que correspondían a los dos vehículos desvinculados, lo que significa que estaban disponibles sin haber sido utilizados inclusive sin saber la administración que los propietarios de éstos no iban a hace uso de esa capacidad transportadora, sino que iban a efectuar un negocio particular. Que de allí se desprende que se trata de un acto realizado entre particulares en el que la autoridad municipal no tuvo ninguna injerencia.

En razón a lo anterior, consideró que no le asistía razón al actor, al considerar que tenía derecho a que sus dos vehículos nuevos fueran incluidos mediante la figura de reposición para que ocuparan tal capacidad en tanto los dos que habían cumplido su vida útil fueron destruidos y por lo tanto desvinculados, los que en todo caso no eran de su propiedad, además por cuanto presentó la solicitud, la capacidad transportadora se encontraba congelada.

Señaló que la Sección Primera del Consejo de Estado, ha hecho pronunciamientos en relación con la competencia de los alcaldes municipales en materia de transporte público, así como la Corte Constitucional frente a lo cual, transcribió algunos apartes de varias sentencias, en las cuales se señala la facultad que ostenta la autoridad para efectuar modificaciones atinentes a mejorar el servicio público de trasporte.

En atención a lo anterior, sostuvo que la autoridad municipal estaba facultada para regular en materia de trasporte, la capacidad transportadora, razón por la cual, congeló el parque automotor de la ciudad de Manizales, de allí que la solicitud de reposición del demandante sí afectaba dicha capacidad porque a pesar de que se solicitaba el reemplazo de uno nuevo por aquél que salió de circulación, realmente representaba un incremento, toda vez que, para el 15 de junio de 2006, fecha en la cual se expidió el Decreto 128 de 2006 los vehículos destruidos ya no se encontraban en circulación, en consecuencia, ya habían salido del inventario del municipio de Manizales y, en todo caso, no era una obligación conservar el cupo hasta que a bien lo considerara un determinado beneficiario.

En tal sentido, adujo que los actos acusados, expedidos por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales, se encontraban de conformidad con la finalidad del decreto en cita, habida cuenta que en éste se ordenó la suspensión del ingreso de vehículos para el servicio público colectivo e individual de pasajeros, por incremento, para así congelar el parque automotor frente a los vehículos que realmente estaban prestando el servicio en la ciudad a la fecha de la expedición del mismo decreto y no respecto de las autorizaciones administrativas no utilizadas por las empresas o por las personas como sucedió en el sub lite.

Que contrario a lo manifestado por el actor, la expedición del decreto en comento, se basó en el artículo 6 de la Ley 105 de 1993, en el que se establece la reposición del parque automotor del servicio público de pasajeros y faculta a la autoridad municipal frente a la posibilidad de que se pueda suspender de manera transitoria el ingreso de vehículos nuevos al servicio público de transporte, de acuerdo con las necesidades de la localidad.

Por lo anterior, sostuvo que el presente caso, el lucro cesante respecto de los perjuicios generados por la compra de dos vehículos de transporte público y el pago correspondiente era inexistente.

Asimismo indicó que no procedía el pago de los perjuicios morales aludidos en por el demandante, pues, la condena por tal concepto es improcedente en la medida en que los eventuales perjuicios se consideran resarcidos con el reintegro de la matrícula y la vinculación de la automotor y el pago de lo dejado de percibir.

Finalmente, frente a la publicación del acuerdo en comento, indicó que se hizo en la Gaceta, de conformidad con el artículo 43 del CCA, el día 15 de junio de 2006, toda vez que se trata de un acto de carácter general y no particular.

2.3.2.- El ministerio público guardó silencio

2.4.- Alegatos de conclusión en primera instancia

2.4.1.- El actor, a través de apoderado judicial, señaló que, de forma arbitraria, la administración municipal impidió que los vehículos de placas WBF-266 y WBF- 267 de su propiedad fueran vinculados a la empresa de transporte SOCOBUSES S.A., mediante la figura de reposición, consagrada en el artículo 2° de la Ley 688 del 2001, en remplazo de los vehículos de placas WAB 456 y SDG 675 que habían sido chatarrizados por orden y autorización de la Secretaría de Tránsito y Trasporte de la ciudad de Manizales, al haber cumplido su vida útil, conforme al artículo 6° de la Ley 105 de 1993, para luego, ser sustituidas por otros dos vehículos nuevos, último modelo, sin matricular en la ciudad de Manizales para ser vinculadas a la misma empresa, sin que ello implique un incremento en el parque automotor.

Indicó que dentro del sub lite quedó demostrado que el trámite de reposición de los vehículos en comento, se inició con vigencia del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 y antes de la expedición del Decreto 128 del 15 de junio del 2006, el cual, en todo caso no prohibió la reposición aludida, también, señaló que en busca de la protección de sus derechos fundamentales instauró una acción de tutela contra la autoridad municipal, la cual, le amparó sus derechos, no obstante, mediante impugnación, la decisión fue revocada y a pesar de que solicitó la revisión del mismo por la Corte Constitucional, ésta no fue posible, por lo que acudió a la presente acción para lo pertinente.

Aseveró que, por lo anterior, el oficio STP730 de 30 de julio de 2006 expedido por la Oficina de Trámites y Asuntos Legales de la Secretaría de Tránsito y Trasportes de la Ciudad de Manizales, el cual fue confirmado mediante Auto del 8 de octubre de 2006, en el trámite del recurso de reposición, devienen ilegal, al estar sustentados en el Decreto 128 del 15 de junio del 2006, éste último, frente al cual, solicitó se inaplicara por vía de excepción de ilegalidad por contrariar los postulados del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 2, parágrafo de la Ley 688 de 2001.

Afirmó que, había aportado como prueba, algunas decisiones judiciales proferidas en casos similares, en las que se despachó favorablemente la solicitud de suspensión provisional del acto administrativo mediante el cual, la misma secretaría negó la vinculación de un vehículo, con fundamento en el Decreto 128 del 15 de junio de 2006, puntualmente, señaló un fallo de segunda instancia, proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante el cual, dispuso la vinculación inmediata del vehículo en reemplazo del que había sido destruido en ese caso, con el argumento que bajo la figura de reposición, el parque automotor no sería incrementado, además, por haberse vulnerado el ordenamiento jurídico vigente.

Sostuvo que con las pruebas arrimadas al proceso quedó demostrado el perjuicio que se le ocasionó con la negativa de la vinculación de sus vehículos a la empresa de SOCOBUSES S.A, a través de la figura de reposición, en consecuencia, solicitó que se declarara la nulidad de los actos administrativos acusados y se declararan imprósperas las excepciones propuestas en la contestación de la demanda.

2.4.2.- El alcalde municipal de Manizales, a través de apoderado judicial, manifestó que reiteraba los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y adicionalmente, sostuvo que el Oficio STP-730 del 15 de julio de 2006 por medio del cual se le negó la solicitud de reposición incoada por el señor John Jairo Gallego Castaño y el Auto del 9 de octubre del 2006 que confirmó esa decisión, de los cuales se depreca su nulidad, se profirieron dentro del marco del Decreto 128 del 15 de junio del 2006, el cual, se expidió con el propósito de que no se incrementara el parque automotor de la ciudad de Manizales, lo cual fue sustentado con estudios técnicos.

Lo anterior, porque la negativa de la autoridad municipal respecto de la inclusión de los dos nuevos vehículos bajo la figura de reposición, para ocupar los cupos de aquellos con placas WAB 456 y SDG 675 que fueron desvinculados del parque automotor del municipio de Manizales, el 16 de febrero y el 21 de abril de 2006, respectivamente, de manera voluntaria y autónoma por parte de sus propietarios, que en todo caso son personas distintas al demandante, se suscitó a raíz de la finalidad del decreto en cita, pues si se permitía que éstos entraran bajo esta figura, se estaría contrariando tal fin.

Resaltó que la desvinculación de los vehículos se efectuó antes de la entrada en vigencia del decreto en comento, y la solicitud de reposición fue posterior a ella, entonces, sostuvo que la asignación de rutas y horarios a las empresas transportadoras se otorga con cierta capacidad transportadora para prestar este servicio con la cantidad de vehículos suficientes para el efecto, en ese orden, a las empresas transportadoras se les concede un permiso de operación, de lo que, en todo caso, no tienen que sufragar ningún dinero por estos conceptos. Que en ese sentido los llamados “cupos” no tienen ningún sustento legal y por lo tanto su negociación por parte de terceros es irregular, en consecuencia, no se le puede condenar a la administración municipal al pago del lucro cesante y daño emergente alegado por el demandante.

Refirió que la administración municipal está facultada para modificar los actos administrativos por medio de los cuales se otorga tanto la capacidad transportadora como los permisos de operación, toda vez que, esas circunstancias no generan derechos adquiridos, que al respecto ya hubo pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, para lo cual, transcribió algunos apartes.

Por último, solicitó al a quo que no tuviera en cuenta el peritaje, rendido dentro del proceso, al considerar que no se había emitido con objetividad, pues adujo que el perito no investigó e indagó respecto de hechos diferentes a los señalados por el demandante, así que dentro de éste no hubo un soporte técnico que lo sustentara, que en ese sentido, para el estudio del caso concreto no se necesitaba tal prueba, habida cuenta que tampoco aportaría elementos de juicio de manera objetiva más allá de los juicios de valor que hizo el perito en el mismo.

II. LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia de 28 de noviembre de 2013, el Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda bajo los siguientes argumentos:

Respecto de la competencia del alcalde del municipio de Manizales en relación con la autorización de rutas y la capacidad trasportadora, citó la sentencia T-026 de 2006 de la Corte Constitucional e indicó que desde la perspectiva legal, atendiendo al alcance de los artículos 1 y 3 de la Ley 105 de 1993, 3 y 5 de la Ley 336 de 1996, se tiene que tal autoridad está facultada para adoptar medidas de carácter general, específicamente, para organizar, diseñar, exigir y ejecutar políticas y condiciones dirigidas al cumplimiento de los fines estatales en materia de tránsito y transporte dentro del marco de las mismas.

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 170 de 2001, el alcalde de Manizales es la máxima autoridad en materia de transporte, por lo tanto, se encontraba investido de las facultades legales y reglamentarias para dictar decretos generales dirigidos a establecer criterios para la reorganización del trasporte público colectivo en el municipio de Manizales, por lo tanto, podía tomar medidas tendientes a diseñar, exigir y ejecutar políticas y condiciones para asegurar la buena prestación del servicio.

A partir del Decreto 128 de 2006 y los artículos 42 y 43 del Decreto 170 de 2011, consideró que quedaba claro que el primero de los decretos tenía como objeto, suspender el ingreso de vehículos, por incremento, para el servicio público colectivo e individual de pasajeros al municipio de Manizales, lo que afectaba incluso los cupos otorgados por la capacidad máxima trasportadora que no hubieren sido utilizados a la fecha de expedición del mismo decreto.

Que en ese orden, en el decreto en cita se previó que, únicamente, a través de la reposición, se podían vincular automotores nuevos al transporte público, en ese sentido, la finalidad de la medida consistía en mantener el mismo número de vehículos a la fecha de la expedición del decreto, de lo contrario, al permitirse la vinculación de forma diferente, haría que el parque automotor aumentara.

Indicó el Tribunal que la reposición del parque automotor se estableció en el artículo 6° de la Ley 105 de 1993 y el mecanismo de la misma, en la Ley 688 de 2001, de allí señaló que al suspenderse el ingreso de vehículos por incremento, conllevó al congelamiento de la capacidad transportadora autorizada a las empresas de transportes, en consecuencia, consideró que no le asistía derecho al actor, respecto de la vinculación de sus dos vehículos en la capacidad máxima autorizada a la empresa SOCOBUSES S.A., bajo el pretexto de que los dos vehículos que cumplieron su vida útil fueron desvinculados antes de la entrada en vigencia del Decreto 128 de 2006.

Señaló que la parte actora promovió la inclusión de sus dos vehículos, el 30 de junio de 2006, mediante la figura de reposición, en reemplazo de aquellas que fueron desvinculadas por cumplimiento de su vida útil, el Decreto 128 de 2006, ya se encontraba vigente, por lo tanto, se había suspendido el ingreso de vehículos para reponer otros desvinculados con anterioridad habida cuenta que se encontraba congelada la capacidad transportadora.

Así, a pesar de que le artículo 2° del decreto en comento, previó la inclusión de vehículos nuevos a través de la reposición, no le era aplicable al actor, pues, precisamente, al incluirse los vehículos, acarearía el aumento de la capacidad transportadora, siendo ello, contrario a la finalidad de la norma, en tanto, la capacidad otorgada por la Resolución 44 del 11 de noviembre de 1997 se encontraba suspendida, situación que se encontraba acorde con el artículo 105 de 1993, en el que se estableció que se podía suspender de manera transitoria el ingreso de vehículos al servicio público de transporte público de pasajeros atendiendo a las necesidades de la localidad respectiva.

De otra parte, el fallador de primera instancia, citó la Sentencia del 24 de enero del 2002, de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante la cual se resolvió un tema similar al caso objeto de estudio, en la que se señaló que la capacidad máxima transportadora otorgada a una empresa de transporte, no constituía un derecho adquirido.

Adicionalmente, el a quo hizo referencia a la sentencia del 7 de junio de 2013 proferida por el mismo Tribunal y resaltó que ante el dicho del actor consistente en que en un caso similar, se había decretado la suspensión provisional de los actos administrativos que negaban la reposición del parque automotor, en esa ocasión, la actora había presentado desistimiento, por lo que no se aportaron pronunciamientos definitivos que permitieran invocar precedentes jurisprudenciales horizontales en la materia.

Por las razones anteriores, concluyó que la administración, al resolver desfavorablemente la pretensión del señor John Jairo Gallego Castaño, dentro del trámite de reposición de los vehículos automotores, actuó dentro de los parámetros legales establecidos para el efecto, es decir, dentro del marco de las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1995, además del Decreto 128 de 2006.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

El accionante, a través de apoderado judicial, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar la nulidad de los actos administrativos demandados de conformidad con los siguientes argumentos:

Sostuvo el recurrente que la providencia en cita negó las pretensiones de la demanda sin contraer argumentos fácticos ni jurídicos que se enmarcaran dentro del objeto de debate, el cual estaba dirigido a establecer que tanto la alcaldía de Manizales como la Secretaría de Tránsito y Trasportes de la misma municipalidad desconocieron lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 668 de 2001, mediante el cual, se previó la figura de reposición que consiste en sustituir un vehículo que ha alcanzado el término de vida útil por otro nuevo o de menor edad, lo que en todo caso, no implicaba un incremento en la capacidad transportadora de la empresa

Indicó que el Tribunal hizo una exposición de las normas legales y constitucionales referidas en la Sentencia T-026 de 2016 de la Corte Constitucional, no obstante la resolución del conflicto allí contenida, obedeció a un fallo dentro del trámite de una acción de tutela por lo que no podía entonces tener efectos erga omnes si no inter partes, además de haber incluido normas que no hacían parte del marco normativo atinentes al sub judice, en consecuencia, no podía ser aplicado al caso concreto.

Señaló que no compartía la consideración del Tribunal respecto de que por vía de interpretación, los cupos que tuvieran las empresas trasportadoras con anterioridad al Decreto 128 de 2006 y que no hubiesen sido utilizados, quedaban congelados.

Adujo estar de acuerdo con la posición del a quo en el sentido de que la administración tiene ciertas prerrogativas y facultades, en tanto, debe velar por el interés general, empero que ello no obsta para que se vulneren los derechos de los particulares, pues las funciones dentro del marco del servicio de transporte público las debe desarrollar con respeto a la Constitución, la ley y el reglamento.

En ese orden sostuvo que los alcaldes municipales, están facultados para expedir actos administrativos para regular el transporte público colectivo municipal, de conformidad con los Decretos Leyes 80 de 1987 y 170 de 2001 y, las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996, puntualmente, respecto del número de vehículos autorizados en el área urbana para prestar el servicio público de transporte y la posibilidad de introducir las modificaciones apropiadas y oportunas que requieran la prestación del buen servicio como lo había señalado el fallador de primera instancia.

Indicó que, no obstante lo anterior, quedó demostrado en el proceso que aunque el alcalde del municipio de Manizales estaba facultado para reglamentar la actividad transportadora, a través del Decreto 128 del 15 de junio de 2016, en todo caso, se extralimitó en el ejercicio de funciones toda vez que:

Dentro de la parte considerativa, del mismo decreto, no incluyó el artículo 2º de la Ley 688 de 2001, es decir, desconoció dicha norma y por lo tanto la figura de reposición.

Tampoco tuvo en cuenta el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 por medio del cual, se faculta a las entidades administrativas para que mediante un periodo de transición, se permita la continuidad de los trámites administrativos que fueron iniciados con anterioridad a la vigencia del decreto que fuere expedido y que modifique un determinado proceso administrativo, puntualmente, del trámite de la reposición aludida y así garantizar el principio de la seguridad jurídica.

De allí que, con la negativa de la Secretaría de Tránsito y Trasporte de la misma municipalidad respecto de su solicitud atinente a la inclusión de sus dos vehículos de placas WEF-266 Y WEF-267 a la empresa SOCOBUSES S.A., para la prestación del servicio público municipal colectivo de pasajeros mediante la figura de reposición, para ocupar los cupos de los vehículos de placas WAB-456 y SDG- 675, los cuales fueron destruidos de conformidad con el artículo 6º de la Ley 105 de 1993 por haber cumplido su vida útil de 20 años de servicio, contrarió el artículo 2º de Ley 668 de 2001.

En razón a lo anterior, sostuvo que tanto el municipio como la autoridad de tránsito en comento desconocieron el procedimiento administrativo que se había iniciado previo a la vigencia del Decreto 128 del 15 de junio de 2016, en ese orden, no permitieron la reposición de los vehículos, siendo que ya se había cumplido con la primera etapa de tal procedimiento, es decir, la destrucción de aquellos que ya habían cumplido su vida útil, la cual fue autorizada por la autoridad de tránsito, anulando así la segunda etapa que consistía en la inclusión de los nuevos vehículos para que entraran a ocupar los cupos disponibles en virtud de tal destrucción.

En ese orden, consideró que, con la decisión del fallador de primera instancia, pretermitió la lesión de sus derechos fundamentales y patrimoniales, no obstante, haberse probado dentro del proceso, las situaciones fácticas decantadas dentro líbelo introductorio de la demanda encaminadas a demostrar la nulidad de los actos acusados, en consecuencia, solicitó que se revocara la decisión del a quo y que se inaplicada el Decreto 128 de 2016 por vía de excepción de ilegalidad.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA

Las partes guardaron silencio.

V. CONCEPTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad.

VI. CONSIDERACIONES

6.1.- Competencia.

El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia por los Tribunales Administrativos de Distrito Judicial, de conformidad con el artículo 129 numeral 1º del CCA y, en cumplimiento al Acuerdo Nº 357 de 5 de diciembre de 2017 celebrado entre las Secciones Quinta y Primera ante la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sección Quinta de la Corporación es competente para proferir la decisión de segunda instancia en el proceso de la referencia, en tanto ha sido remitido dentro del acuerdo de descongestión por la Sección Primera.

6.2.- Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los argumentos del recurso de alzada, se revoca, modifica o confirma la providencia de 28 de noviembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas que negó las pretensiones de la demanda, para lo cual se deberá resolver los siguientes cuestionamientos:

Si el Tribunal planteó o no argumentos fácticos y jurídicos encaminados a establecer que tanto en los actos acusados como el Decreto 128 de 2006, expedido por la autoridad municipal, desconoció el artículo 2º de la Ley 688 de 2001.

Si la Sentencia T-026 de 2016 de la Corte Constitucional, citada en la providencia era o no eran aplicable al caso concreto, en tanto solo tenían efectos inter partes.

Si hay lugar a la inaplicación del Decreto 128 del 2006 expedido por el Alcalde de Manizales, por la supuesta extralimitación en el ejercicio de sus funciones al desconocer los artículos 2º de la Ley 688 del 2001 y 40 de la Ley 153 de 1887.

6.3.- Caso Concreto

La parte actora solicita revocar la decisión del a quo y, en su lugar, declarar la nulidad del Oficio STP-730 del 5 de julio de 2006 y del Auto del 9 de octubre del 2006, expedidos por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales, el primero, por medio del cual, dicha autoridad, negó la vinculación de sus dos vehículos para transporte colectivo en la empresa SOCOBUSES S.A. de la misma ciudad, a través de la figura de reposición, y el segundo, por haber confirmado la decisión referida, toda vez que, consideró que éstos desconocieron el artículo 2º de la Ley 688 del 2001 y por lo tanto la figura de reposición allí prevista, al haberse fundamentado en el Decreto 128 del 2006, expedido por el alcalde del municipio de Manizales, el cual considera ilegal, en tanto dicha autoridad se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, al no incorporar esa norma en la parte considerativa del decreto en cita y al no haber permitido la continuidad de los trámites administrativos adelantados antes de la vigencia del mismo, es decir, descoció la norma del tránsito legislativo.

Al respecto, sostuvo la parte actora que tenía derecho a que mediante la figura de reposición establecida en el artículo 2° del Decreto 688 de 2001, y el artículo 2° del Decreto 128 de 2006, la administración le permitiera la vinculación de sus dos busetas nuevas en la empresa SOCOBUSES S.A., para ocupar los dos cupos disponibles frente a las dos busetas que fueron destruidas por cumplir su ciclo de vita útil, los cuales había adquirido a título de cesión de derechos.

A su juicio, la reposición de los vehículos comprende dos etapas, la destrucción y la posterior vinculación, de tal manera que para el 15 de junio de 2006, fecha en la que se expidió el Decreto 128 de 2006, el trámite administrativo ya se había iniciado, por lo que no era admisible que la administración arguyera que no le asistía derecho toda vez que la reposición la solicitó después de la entrada en vigencia del mencionado decreto, asimismo, por cuanto ésta no implicaba un incremento del parque automotor de Manizales.

Contrario a lo manifestado por el actor, el alcalde de Manizales, señaló que tanto los actos acusados como el decreto en comento se expidieron como en derecho correspondía, pues, por un lado, el decreto se profirió con el ánimo de atender la necesidad de descongestionar el parque automotor de la ciudad, esto, con base en un estudio técnico realizado por la Universidad Nacional de la ciudad y, porque en todo caso, sí se incluyó la figura de reposición, que el artículo 2° del mismo decreto da cuenta de ello, por otro lado, la solicitud de la inclusión de los vehículo del actor, no era procedente en tanto, para la época en la que radicó tal solicitud, ya se había congelado el parque automotor, es decir, si se incluían los dos vehículos nuevos, se incrementaría el número de los ya definidos en el inventario, previo al congelamiento, lo cual, de aceptarse, iría en contra de la finalidad del Decreto 128 de 2006, además por cuanto la administración no tienen la obligación legal de guardar los cupos hasta que a bien tenga el interesado de hacer uso de ellos.

Por su parte, el a quo no encontró tal vulneración por lo que consideró que los actos acusados y el decreto en cita se expidieron como en derecho correspondía, en tanto, la autoridad municipal tenía la facultad de tomar las medidas en materia de transito cuando las necesidades del servicio así lo requiriera, asimismo, por cuanto de incluirse los dos vehículos del actor mediante la figura de reposición, generaría un incremento en la capacidad transportadora.

Ahora bien, previo a hacer el estudio del problema planteado, es menester hacer las siguientes precisiones:

Marco normativo en materia de transporte público municipal

El artículo 315 le atribuye a los alcaldes, “cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo”, bajo esa premisa, en materia de transporte público, debe velar por el cumplimiento de la prestación eficiente del ese servicioahora, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 170 del 5 de febrero de 2001 “por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros", expedido por el presidente de la república, faculta a los alcaldes municipales como autoridad de transporte competente en la jurisdicción municipal

“ARTICULO 10.-Autoridades de transporte. Son autoridades de transporte competentes las siguientes:
En la jurisdicción nacional. El Ministerio de Transporte.
En la jurisdicción distrital y municipal. Los alcaldes municipales y/o distritales o en los que estos deleguen tal atribución.
En la jurisdicción del área metropolitana constituida de conformidad con la ley. La autoridad única de transporte metropolitano o los alcaldes respectivos en forma conjunta, coordinada y concertada.
No se podrá prestar el servicio de transporte público de esta modalidad en un radio de acción diferente al autorizado.
Las autoridades de transporte metropolitanas, municipales y/o distritales, no podrán autorizar servicios de transporte por fuera del territorio de su jurisdicción, so pena de incurrir en causal de mala conducta.
ARTICULO 11.-Control y vigilancia. La inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio estará a cargo de los alcaldes metropolitanos, distritales y/o municipales según el caso, o de las autoridades a las que se les haya encomendado la función”.

En ese sentido, en materia de tránsito y transporte, el alcalde municipal funge como máxima autoridad, en ese orden, descendiendo al tema específico del proceso de reposición, es menester citar las siguientes normas:

Del proceso de reposición del Parque Automotor del Servicio Público de Transporte Terrestre

La figura se encuentra definida en el artículo 2º de la Ley 688 del 23 de agosto del 2001 “por medio de la cual se crea el Fondo Nacional para la Reposición del Parque Automotor del Servicio Público de Transporte Terrestre y se dictan otras disposiciones”, expedida por el congreso de la República así:

“ARTÍCULO 2º. Renovación y reposición. La renovación consiste en la venta de un vehículo de transporte público para adquirir un vehículo de un modelo posterior, dentro de la vida útil determinada por ley.
La reposición consiste en sustituir un vehículo que ha alcanzado el término de su vida útil por otro nuevo o de menor edad, dentro de la vida útil determinada por ley.
PARÁGRAFO. El proceso de renovación y reposición del parque automotor en ningún caso implica un incremento de la capacidad transportadora de la empresa”.

En el parágrafo transcrito, se prevé que la reposición no implica un incremento del parque automotor, no obstante, el inciso primero del artículo 6º de la Ley 105 de 1993 “por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”, expedida por el congreso de la república, autoriza a las autoridades, en el caso concreto, las municipales para que suspendan el servicio público de transporte de pasajeros, de acuerdo a las necesidades de su localidad de la siguiente manera:

Artículo 6º.-  Modificado por el art. 2, Ley 276 de 1996. Reposición del Parque Automotor del Servicio Público de pasajeros y/o mixto. La vida útil máxima de los vehículos terrestres de servicio público colectivo de pasajeros y/o mixto será de veinte (20) años. Se excluyen de esta reposición el parque automotor de servicio público colectivo de pasajeros y/o mixto (camperos, chivas) de servicio público colectivo de pasajeros y/o mixto del sector rural, siempre y cuando reúnan los requisitos técnicos de seguridad exigidos por las normas y con la certificación establecidas por ellas. El Ministerio de Transporte exigirá la reposición del parque automotor, garantizando que se sustituyan por nuevos los vehículos que hayan cumplido su ciclo de vida útil.

Las autoridades competentes del orden Metropolitano, Distrital y Municipal, podrán incentivar la reposición de los vehículos, mediante el establecimiento de los niveles de servicio diferentes al corriente, que serán prestados con vehículos provenientes de la reposición. Así mismo podrán suspender transitoriamente el ingreso de vehículos nuevos al servicio público de transporte de pasajeros, de acuerdo con las necesidades de su localidad, supeditando la entrada de un vehículo nuevo al retiro del servicio público de uno que deba ser transformado o haya cumplido el máximo de su vida útil. Para la fijación de tarifas calcularán los costos del transporte metropolitano y/o urbano incluyendo el rubro de "recuperación de capital", de acuerdo con los parámetros que establezca el Ministerio de Transporte.

Ahora, el Decreto 128 del 2006, “por medio del cual se suspende el ingreso de vehículos por incremento para el servicio público de transporte colectivo e individual de pasajeros en el municipio de Manizales”, expedido por el alcalde municipal de Manizales, suspendió el ingreso de vehículos por incremento de manera transitoria, asimismo, también estableció el proceso de reposición, sujeto a los vehículos nuevos.

“Artículo primero: suspender el ingreso de vehículos por incremento para el servicio público de colectivo individual de pasajeros al municipio de Manizales, hasta tanto la Secretaría de Tránsito de Transportes del municipio de Manizales, o quien haga sus veces determine las condiciones técnicas y operativas en el que deba prestarse el servicio para incrementar el parque automotor.

Artículo segundo: solamente podrán ingresar vehículos de transporte público colectivo e individual de pasajeros al municipio de Manizales por reposición, lo cual solo podrá efectuarse con automotores nuevos, entendiéndose por nuevo aquél que no haya sido matriculado ante las autoridades de tránsito.

Artículo tercero: el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias”.

Lo anterior, de conformidad con la parte considerativa del mismo decreto, éste se expidió con base en las facultades constitucionales y legales en especial, las conferidas por los artículos 315 de la Constitución, el artículo 3 (numeral 1, literal c y el numeral 6, inciso 2) de la Ley 105 de 1993, los artículos 3º, 8º, 57 y 66 de la Ley 336 de 1996 y el artículo 3º (incisos 3º y 4º) de la Ley 769 de 2002, y, con fundamento en los estudios técnicos contratados por la Secretaría de Tránsito y Transporte público colectivo de Manizales con la Universidad Nacional sede Bogotá, al determinarse que el servicio del transporte público colectivo de Manizales era ineficiente, de lo cual, se decidió que se debía reorganizar el transporte del municipio, por lo que se procedió a congelar el parque automotor colectivo de manera inmediata.

En orden a lo anterior, encuentra la Sala que el alcalde de Manizales, como máxima autoridad municipal estaba facultado suspender transitoriamente “el ingreso de vehículos por incremento” para el servicio público de colectivo individual de pasajeros al municipio de Manizales pues, de acuerdo con las necesidades que evidenció del estudio técnico realizado por la Universidad Nacional, la autoridad determinó que era necesario reorganizar el transporte, para su efectiva prestación.

Análisis de la actuación procesal

El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, está prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984 así:

“ARTÍCULO 85. Modificado por el art. 15, Decreto Nacional 2304 de 1989 Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente”

Es decir, este medio de control se instituyó para además de solicitar la nulidad de un acto administrativo, que se le restablezca un derecho y se repare el daño, cuando las autoridades públicas lo hayan causado ya sea por acción u omisión en el ejercicio de sus funciones.
Al respecto, la jurisprudencia de la corporación, ha señalado que

“La nulidad y restablecimiento del derecho es una acción de naturaleza subjetiva, individual, temporal y desistible, sólo que a través de ésta la persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, como efecto de la vigencia de un acto administrativo viciado de nulidad, puede solicitar que se declare la nulidad del mismo, y como consecuencia se le restablezca su derecho o se repare el daño”.

En ese orden, no es admisible que a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se entre estudiar la inaplicación de un acto de carácter general, toda vez, que va en contra vía de la naturaleza de la presente acción.

Ahora bien, corresponde a la Sala, determinar de conformidad con el problema planteado, si en la providencia objeto de censura se incurrió en los yerros endilgados por la parte actora, así, en primer lugar, se establecerá si en efecto, el fallador de primera instancia negó las pretensiones de la demanda sin contraer argumentos fácticos y jurídicos enmarcados dentro del objeto de debate, en segundo lugar, si la decisión del a quo se profirió como consecuencia de la aplicación de la Sentencia T-026 de la Corte Constitucional, con efectos inter partes, al caso concreto, de otra parte, la Sala establecerá si hay lugar a la inaplicación del Decreto 128 del 2001.

Para resolver el primer planteamiento, la Sala encuentra que, una vez revisado el fallo objeto de censura (folios 9° anverso a 21), el Tribunal hizo un estudio de la competencia de la alcalde del municipio de Manizales, con base en normas constitucionales y legales de las que arribó a la conclusión que dicha autoridad tenía facultades legales y reglamentarias para expedir decretos en orden a establecer criterios para la reorganización del transporte público colectivo municipal de la misma ciudad.

De igual forma, también hizo un estudio respecto de la capacidad máxima transportadora y la figura de reposición conforme al Decreto 128 de 2006; los artículos 42 y 43 del Decreto 170 de 2001, en éste último mediante el cual define el término de la capacidad transportadora y la respectiva fijación; el artículo 6° de la Ley 105 de 1993, el cual prevé la reposición del parque automotor de servicio de pasajeros y/o mixto; los artículos 1°, 2° 21 y 23 de la Ley 668 de 2001 que establecen lo atinente a la renovación, reposición y desintegración física de los vehículos de transporte público.

De allí concluyó el Tribunal que era claro que el Decreto 128 de 2006, al suspender a la fecha de su vigencia, el ingreso de vehículos por incremento del parque automotor de Manizales, congeló de igual forma la capacidad transportadora autorizada a las empresas de transporte, en consecuencia, no le asistía derecho al demandante en cuanto a que solicitara el ingreso de sus vehículos hasta la capacidad máxima que le fue otorgada a la empresa SOCOBUSES S.A., bajo el argumento de que los dos vehículos que cumplieron si vida útil habían sido retirados antes de la vigencia del decreto y que se repondrían entonces con las nuevas busetas, con posterioridad al decreto.

Que además, si bien, el Decreto 128 de 2006 en su artículo 2° previó la figura de reposición, en el caso concreto no era posible incluir los dos vehículos del actor mediante dicha figura toda vez que la solicitud fue posterior a la entrada en vigencia del mencionado decreto y ya la capacidad transportadora se encontraba congelada, pues de conformidad con el artículo 6° de la Ley 105 de 1993 la administración podía suspender el ingreso de vehículos nuevos al servicio público de pasajeros de acuerdo con las necesidades de la localidad.

Ahora, el tema de discusión como se desprende de los antecedentes, consistía en establecer si los actos por medio de los cuales la Secretaría de Tránsito y Transporte municipal negó la vinculación de los dos vehículos nuevos de propiedad del actor, mediante la figura de reposición, para que ocuparan los cupos generados a raíz de la chatarrización de los dos que ya habían cumplido su ciclo de vida útil, en la empresa SOCOBUSES S.A., los cuales adquirió el recurrente a título de cesión de derechos, bajo la premisa de que el parque automotor de la ciudad se encontraba congelado en tanto, dadas las necesidades del servicio de transporte, sustentado en un estudio técnico, el alcalde municipal debió tomar una medida transitoria tendiente a descongestionar el tránsito vehicular, eran o no ilegales, en tanto, los actos fueron expedidos con falsa motivación al no permitir tal vinculación, desconociendo la figura de reposición y consecuencialmente el artículo 2º de la Ley 668 del 2001.

Lo anterior, además de haberse sustentado en el Decreto 128 de 2006 proferido por el alcalde municipal de Manizales, que el actor considera ilegal al haberse expedido de forma irregular, con falta de competencia, falsa motivación, desviación de poder, y con extralimitación en el ejercicio de sus funciones, toda vez que, a juicio del actor, el decreto en cita, desconoció, en primer lugar, el artículo 6º de la Ley 688 del 2001que modificó el artículo 6º de la Ley 105 de 1993 y por lo tanto, desconoció la figura de reposición la que en todo caso, en su criterio no incrementa el parque automotor, en segundo lugar, no incluyó normas de transición que permitieran la continuidad de los trámites administrativos que habían sido iniciados con anterioridad de la vigencia del mismo decreto y, en tercer lugar, al no haber publicado y socializado con los ciudadanos interesados y, que posiblemente fueran afectados con las medidas implementadas, la decisión que se fuera a implementar en el referido decreto.

Sentado lo anterior, encuentra la Sala que, de conformidad con los argumentos esbozados por el fallador de primera instancia, se puede inferir que:

Respecto del Decreto 128 del 2006 expedido por el alcalde municipal de Manizales, arguyó que se expidió de conformidad con el marco constitucional y legal en materia de transporte.

No se desconoció la figura de reposición de hecho, el decreto estableció que solamente podían ingresar vehículos de transporte público colectivo e individual de pasajeros por reposición, lo cual solo podía efectuarse con vehículos nuevos, por lo tanto, lo que pretendió la administración fue mantener el número de vehículos en circulación a la expedición del decreto, en consecuencia, a partir de allí no se podían incluir nuevos vehículos bajo tal figura para ocupar la capacidad que no fue utilizada previo al decreto.
A partir de los artículos 42 y 43 del Decreto 170 del 2001, dicha autoridad, tenía la facultad de suspender el ingreso de vehículos por incremento, lo que abarcaba incluso la suspensión de los cupos ya otorgados a las empresas de transporte que no hubieran sido utilizados a la fecha de expedición del decreto, es decir, podía modificar la capacidad máxima trasportadora.
De conformidad con el artículo 60 de la Ley 336 de 1996, los actos administrativos que fijan la capacidad transportadora de una empresa, pueden ser revocados por la autoridad de tránsito sin el consentimiento expreso de los beneficiarios atendiendo la prevalencia del interés general, máxime cuando la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que tal capacidad no constituye un derecho adquirido.

Frente a los actos expedidos por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales consideró que no estaban viciados de nulidad toda vez que:

Se habían proferido con sustento en una norma municipal que fue decretada por el alcalde dentro de sus competencias legales y reglamentarias.
Que la negativa de la inclusión de los vehículos por parte de dicha secretaría a través de la figura de reposición, obedeció al congelamiento del parque automotor, como medida necesaria, lo que entonces no permitía la inclusión de sus dos vehículos toda vez que de ser así, se incrementaría la capacidad máxima automotora de la ciudad lo que iría en contra del objeto del decreto que consistía en suspender el ingreso de vehículos por incremento.

De lo anterior, considera la Sala que no le asiste razón al demandante al acusar al fallador de primera instancia de no haber argumentado ni fáctica ni jurídicamente, la decisión de negar sus pretensiones, pues hizo un estudio encaminado a establecer la competencia atribuida al alcalde de Manizales como de la figura de reposición y la capacidad máxima transportadora aplicada al caso concreto y de allí estableció que al actor no le asistía derecho de vincular sus dos vehículos acudiendo a la figura de reposición por cuanto la capacidad transportadora se encontraba congelada.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el actor adujo que la administración no había tenido en cuenta el tránsito legislativo con lo cual impidió que la los trámites administrativos iniciados con anterioridad a la vigencia del Decreto 128 del 2006, considera la Sala que a pesar de que el tribunal no refirió una conclusión al respecto, es de señalar que este cargo está dirigido a desvirtuar la legalidad del decreto, encaminado a argumentar fáctica y jurídicamente la solicitud de la inaplicación de dicha norma al considerar el recurrente que es ilegal, como se advierte de los planteamientos esbozados en el recurso de alzada, razón por la cual, el estudio de ésta censura, quedará sujeta a lo que resulte del análisis de la inaplicación del decreto en referencia, la cual, por orden metodológico se estudiará más adelante.

El segundo de los reproches del recurrente, en cuanto a que la decisión a la que arribó el Tribunal surgió como consecuencia de la aplicación de Sentencia T-026 de 2016 de la Corte Constitucional, al caso concreto, pues, de la providencia se extrae que se citó con el ánimo de señalar las competencias del Estado en materia de tránsito y transporte, en la que citó normas de carácter general como lo son: el numeral 23 del artículo 150, los artículos 333, 334 y 365 de la Constitución; las leyes 105 de 1993, 336 de 1996, 769 de 2002 que otorgan facultades a las autoridades locales en dicha materia, en desarrollo de las pautas constitucionales, adicionalmente, desde la perspectiva legal, el a quo citó los artículos 1º y 3º de la Ley 105 de 1993, 3º y 5º de la Ley 336 de 1996, el artículo 10 del Decreto 170 de 2001, normas éstas que contienen disposiciones básicas sobre el transporte, a partir de lo cual, concluyó que el alcalde de Manizales, dentro de su jurisdicción municipal, tenía facultades legales y reglamentarias para expedir decretos en orden a establecer criterios para la reorganización del transporte público colectivo municipal.

En consecuencia, si bien es cierto la sentencia en cita tiene efectos inter partes, no se puede concluir que el fallo recurrido la haya tomado como fuente principal aplicada al caso concreto y que de allí haya arribado a la conclusión de negar las pretensiones deprecadas por el actor, pues como se explicó, hizo aprensión de las normas de carácter general proferidas dentro del marco constitucional y legal en el tema de transporte.

De otra parte, si bien indicó el apelante que en el presente asunto se debe inaplicar por irregular el Decreto 128 del 2006, en el que se basó la parte demandada para expedir los actos censurados, considera la Sala que en este momento se estudia es la legalidad de los actos administrativos que expidió la Secretaría de Tránsito y Transporte, los cuales, en todo caso, tuvieron fundamento en un decreto, el cual, se presume legal hasta que una la autoridad judicial competente decida sobre su ilegalidad, en ese orden, para la Sala es evidente que el referido decreto, para la época en que se expidieron aquellos actos, es decir, el momento de su aplicación, gozaba plenamente de la presunción de legalidad, pues hasta ese momento no se había demostrado lo contrario y, en consecuencia, su contenido se tornaba obligatorio para las autoridades de tránsito quienes son las encargadas de proceder con las respectivas matrículas de vehículos para ser vinculados al parque automotor de la ciudad.

Así, mientras no se desvirtúe tal presunción, el acto es plenamente legal, ahora, de insistirse en su ilegalidad, el recurrente cuenta con la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del CCA, esto atendiendo a la época en la que fue expedido, en ese sentido, debió demandarlo bajo la mencionada acción, para que el juez competente hiciera el análisis correspondiente y determinara si el acto es legal o no.

En todo caso, el juicio de legalidad que se realiza ahora sobre los actos administrativos que negaron la inclusión de sus dos vehículos, a través de la figura de reposición, no puede extenderse a analizar la legalidad del decreto que le sirvió de base a los actos demandados ni a cuestionar la determinación que en otro acto, distinto a estos, hubiera tomado el ente demandado.

Del mismo modo, no puede pretenderse que en este juicio de legalidad se inaplique el Decreto 128 del 2006, por cuanto el examen que se adelanta no implica la aplicación del acto que le sirvió de base a las resoluciones censuradas sino que le corresponde al juez analizar si se expidieron o no en debida forma los actos demandados y la observancia de que se basó en un decreto expedido por la autoridad municipal, lo que en consecuencia, conlleva solo a que se verifique su armonía pero, se insiste, de ninguna manera puede conllevar un juicio de legalidad sobre este último.

Así las cosas, la pretensión del actor sobre este punto, se despachará de manera desfavorable, en ese sentido, no es menester referirse al tránsito legislativo que arguyó el actor fue desconocido por la autoridad municipal al expedir el decreto en cita, situación, que como se indicó en precedencia, su estudio estaba sujeto a las resultas de la respectiva solicitud de inaplicación aludida.

En razón a lo anterior, esta Sala, niega las pretensiones del recurso de alzada, al no advertirse el desconocimiento de la ley y del derecho a la igualdad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

Primero.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas de fecha 28 de noviembre de 2013, por la cual resolvió negar las pretensiones de la demanda.

Segundo.- DEVOLVER el expediente de la referencia al tribunal de origen, una vez quede en ejecutoriada la presente providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero

El 19 de junio de 2001. Folios 357 a 401 del cuaderno 1A. Escrito de corrección y, demanda integrados. Aunque inicialmente fue presentada ante el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales, posteriormente fue remita por el mencionado Juzgado al Tribunal en razón a su competencia (folios 413 a 414 del cuaderno 1). A folio 166 del cuaderno 1, reposa el oficio del 23 de mayo de 2006 firmado por Fabio Escalante Gómez y María Consuelo Escalante Gómez, dirigido a la empresa SOCOBUSES S.A., por medio del cual manifiestan la cesión del cupo del vehículo de placas WAB-456 al señor John Jairo Gallego Castaño. A folio 167 del cuaderno 1, se encuentra copia del oficio del 5 de mayo del 2006, mediante el cual, el señor Carlos Alberto Zuluaga Bernal y la señora María Gladys Yepes Salazar comunican a la Secretaría de Tránsito y Trasporte de la ciudad de Manizales que cedían el cupo del vehículo de placas SDG-675 al señor John Jairo Gallego Castaño, en virtud de haberse cancelado la matrícula del referido vehículo.
“Por la cual se dictan las disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”. A folio 168 del cuaderno 1 reposa la autorización de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales del 16 de febrero del 2006 de desvinculación por destrucción del vehículo de placas WAB-456.
“Por la cual se crea el fondo Nacional para la Reposición del Parque Automotor del Servicio Público de Transporte Terrestre y se dictan otras disposiciones”. Mediante facturas VH-21618 y VH-21619.
“Por medio del cual, se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros”.
“Por medio del cual se suspende el ingreso de vehículos por incremento para el servicio público de transporte colectivo e individual de pasajeros en el municipio de Manizales”. Oficio a folio 169 del cuaderno 1. No se encontró la fecha de la presentación. Señaló el Juzgado que “…al señor alcalde municipal… se le dio traslado de la demanda de tutela guardando silencio al respecto, dándose de esta manera a lo aplicado por el Art. 20 del Decreto 2591 de 1991. Así las cosas, el Despacho considera que la ALCALDÍA MUNICIPAL Y SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE MANIZALES, ha conculcado el derecho fundamental de petición y al debido proceso, por tanto se ordenará… que…procedan a la VINCULAR las dos (2) busetas nuevas modelo 2007 a la empresa SOCOBUSES S.A. de la ciudad, por reposición de las busetas identificadas con las placas WAB-456 modelo 1993 y SDG-675 modelo 1982…”
No se encontró la fecha de la presentación
A folio 78 se encuentra el recurso del 17 de febrero del 2006, aunque no se observa fecha de recibido.
“Por la cual se adopta el estatuto de nacional de transporte”. Citó el libro de derecho procesal de Juan Ángel Palacio Hincapié, Sexta edición 2006, Librería Jurídica Sánchez R. Ltda., página 236 a 241 respecto de la definición de desviación de poder, falsa motivación, expedición en forma irregular. El actor no precisó los casos.

De manera confusa el actor indicó: , “ argumentándose que de ello se puede manifestar que en el caso particular que se trata, la administración sin ningún esfuerzo intelectivo de hecho y de derecho (sic) el actor el 3 de agosto de 2006, de la autorización de vinculación de una buseta de placas SRJ-868 modelo 1982 sin matricular y en reposición de otra buseta de placas WBB-451 a la cooperativa UNITRANS, respetuosamente me permito renunciar a la acción de nulidad …contra el Decreto … 128 del 15 de junio de 2006… y en su lugar señor Juez Cuarto Administrativo, teniendo competencia para ello, o en su defecto … el Tribunal Administrativo de Caldas en caso de trasladarse el proceso por razones de competencia en razón a la modificación de la cuantía, solcito como pretensión que se declare la excepción de ilegalidad del Decreto 128 del 15 de junio de 2006…
Frente a este tema, citó al autor Adolfo León Oliveros Tascón del libro Apuntes Sobre Derecho Administrativo, primera edición 2005, Editorial Librería Jurídica Sánchez R Ltda., página 168 y siguientes y trascribió la definición de “la excepción de inconstitucionalidad y de ilegalidad”
Folio 403 a 402 del cuaderno 1
Mediante auto del 7 de diciembre de 2006 (folios 249 a 252), se admitió la demanda, durante el término de fijación en lista, el actor presentó aclaración y corrección (folios 292 a 311), el 26 de febrero de 2009, allegó la demanda integrada (folios 357 a 401). Folio 413 a 414 del cuaderno 1
A folio 411, reposa la solicitud del 15 de febrero de 2010 con fundamento en el numeral 3 del artículo 132 del CCA y el numeral 2 del artículo 20 del CPC, toda vez que al integrar la demanda, se superó los 300 SMMLV. Como sustento de su decisión, el Juzgado, trascribió apartes de la Sentencia del 10 de febrero de 1972, “Tomo CXLII páginas 40 a 42”, de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, mediante la cual, indicó que “se está frente a una nueva demanda que puede cambiar la competencia en los eventos de demanda acumulada o de reconvención”. Folios 420 a 421 del cuaderno 1. Folios 329 a 353 y 441 a 445 del cuaderno 1. Sobre el interés general, citó apartes del concepto del “deslinde de la administración pública y privada” Dr. Libardo Rodríguez, no indicó la cita de origen.
“Por el cual se dictan disposiciones en materia de tránsito terrestre automotor y se derogan los Acuerdos 34 de 1991, 22 de 1992 y 52 de 1992. Lo cual se desprendía de la Resolución de desvinculación de los vehículos, no se indicó el número ni la fecha de la resolución. Sentencias: del 26 de abril del 2007, Radicado 25000 2324 000 2003 00834 02, Actor: Juan Carlos Martínez Sánchez. M.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Planeta; del 27 de febrero de 2003, radicado: 11001 03 24 000 2001 0179 01, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza; del 2 de julio de 1995, expediente 3057, M.P: Ernesto Ariza; expediente 8247 M.P. Manuel Urueta (no indicó fecha). Citó la Sentencia C-539 de 1995, la T-026 de 2006. Adujo que la decisión se tomó con base en las conclusiones del estudio elaborado por la Universidad Nacional de Manizales denominado “Plan de movilidad”. Citó y transcribió apartes de la sentencia del 21 de julio de 2004 del Consejo de Estado, expediente 1999 00143 01, actora: Luz Marina Pineros Torres, M.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Planeta, reiterada en sentencias del 28 de octubre de 2004, expediente 1998 00143 01, actor: Luis Alberto Rodríguez Jurado, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y sentencia del 3 de noviembre de 2005, expediente 1998 00150 01, M.P.: Camilo Arciniegas Andrade. Frente a este punto citó y transcribió apartes de la Sentencia C-646 del 2000. Folios 543 a 339 del cuaderno 1A. El actor no hizo ninguna especificación al respecto (radicado, providencia, ubicación), su afirmación fue de manera general. Folios 530 a 533 del cuaderno 1A. Sentencia del 24 de enero del 2002 con Radicado 76001 23 31 000 2001 3840 01, M.P.: Ricardo Hoyos Duque. C-043 de 1998.

Folios 230 a 237 del cuaderno 1.
“Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros”.
“Por el cual se crea el Fondo Nacional para la reposición del Parque Automotor el Servicio Público de transporte Terrestre y se dictan otras disposiciones”. Radicado 76001 23 31 000 2001 3840 01 (ACU-1163). Actor: Transportes Decepaz Ltda. M.P.: Ricardo Hoyos Duque. Radicado 17 001 33 31 010 2006 00134 01, actor: María Ofelia Castro Morales, M.P.: Jairo Ángel Gómez Peña. Folios 556 a 568 del cuaderno 1A. Modificado por la Ley 688 de 2001. No obstante, también señaló que el artículo 2º del decreto en comento, estableció la figura de reposición.

ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.

Artículo 2º. El artículo 6º será adicionado en su inciso primero de la siguiente manera:
Reposición del Parque Automotor del Servicio Público de Pasajeros y/o mixto. La vida útil máxima de los vehículos terrestres de servicio público colectivo de pasajeros y/o mixto será de veinte (20) años. Se excluyen de esta reposición el parque automotor de servicio público colectivo de pasajeros y/o mixto (camperos, chivas) de servicio público colectivo de pasajeros y/o mixto del sector rural, siempre y cuando reúnan los requisitos técnicos de seguridad exigidos por las normas y con la certificación establecida por ellas.

“Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Expediente 68001-23-33-000-2015-00928-01 del 13 de diciembre de 2016, M.P. Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
"Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros".
“Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”.
Por medio de la cual se crea el Fondo Nacional para la Reposición del Parque Automotor del Servicio Público de Transporte Terrestre y se dictan otras disposiciones.

Sección Tercera, Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque. Sentencia del 24 de enero del 2002. Radicación 76001-23-31-000-2001-3840-01. Actor: Transportares Decepáz LTDA.
“Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte”.
“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.
"Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros".

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