Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-31-000-2010-00259-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción popular: declara la vulneración del patrimonio público y cultural de la Nación
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-31-000-2010-00259-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 17001-23-31-000-2010-00259-02
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
4 de abril de 2019
ACCIÓN POPULAR - Declara la vulneración del patrimonio público y cultural de la Nación / ESTACIÓN DE FERROCARRIL - Declarada monumento nacional / PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN - Responsabilidad del Estado / RESTAURACIÓN DE MONUMENTO NACIONAL - A cargo del propietario del bien
El abandono en el que se encuentra la Estación de Ferrocarril es responsabilidad del propietario, así como la ocupación irregular; el Instituto Nacional de Vías al ser el propietario, debió cuidar y preservar la Estación. (…) Los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y la defensa del patrimonio cultural de la Nación fueron vulnerados por i) el Instituto Nacional de Vías por ser el propietario de la Estación de Pasajeros de Ferrocarriles Nacionales, en el Corregimiento de Arauca, Municipio de Palestina Caldas; ii) el Ministerio de Cultura por ser el encargado de cumplir funciones de vigilancia respecto de los bienes de interés cultural y conocer del mal estado del inmueble y de la ocupación irregular y no realizar actuaciones tendientes a solucionar la problemática; iii) la Agencia Nacional de Infraestructura, Tren de Occidente S.A. e Ingeral Cía. Ltda. por ocupar el inmueble como bodega de almacenamiento de materiales y taller de reparación de maquinaria; iv) las señoras [N.C., M.N.P. y M.B.R.] por habitarlo; y, el Departamento de Caldas por ser la entidad Departamental de velar por la protección de los bienes de interés cultural.
OCUPACIÓN DE BIEN DE USO PÚBLICO / OCUPACIÓN ILEGAL DE BIEN DE USO PÚBLICO – Por parte de una entidad pública
[L]a Sala señala, frente al recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional de Infraestructura, en el que argumenta que la sentencia proferida en primera instancia no estudió las funciones de esa entidad, previstas en el artículo 4° del Decreto 4165 de 2011, que el Tribunal no concluyó que la Agencia Nacional de Infraestructura haya vulnerado los derechos a la defensa del patrimonio público y a la defensa del patrimonio cultural de la Nación, por incumplimiento de sus funciones como entidad pública, sino por ocupar el mismo como bodega; de igual forma, la Sala observa que la ocupación del inmueble por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura no cuenta con la autorización del propietario que, para este caso, es el Instituto Nacional de Vías, en los términos del artículo 10 de la Ley 397 de 1997, En conclusión, es cierto que el Decreto 4165 de 2011 no señala que sea función de la Agencia Nacional de Infraestructura proteger bienes de interés cultural, pero no hay que desconocer que la Agencia apelante, con el uso del mismo como bodega, está afectando el bien y que, con base en lo dispuesto por el artículo 10° de la Ley 397, desconoció el trámite de permiso para su uso.
FUENTE FORMAL: LEY 397 – ARTÍCULO 10
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 17001-23-31-000-2010-00259-02(AP)
Actor: FERNANDO PATIÑO MARTÍNEZ
Demandado: MINISTERIO DE CULTURA, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, INGERAL CIA LTDA., TREN DE OCCIDENTE S.A. Y FERROCARRILES DEL OESTE S.A. DEPARTAMENTO DE CALDAS, MUNICIPIO DE PALESTINA, MARÍA NIEVES PACHÓN, MARÍA BERNARDA RESTREPO Y NOELVA CALVO ARICAPA.
Coadyuvantes: Javier Elías Arias Idarraga
Referencia: Acción Popular
Asunto: Apelación de la sentencia proferida, en primera instancia, el 2 de agosto de 2017, por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se ampararon los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y la defensa del patrimonio cultural de la Nación; demanda relacionada con el mal estado de la Estación de Pasajeros de Ferrocarriles Nacionales, en el Corregimiento de Arauca, Municipio de Palestina, Departamento de Caldas.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la Agencia Nacional de Infraestructura y por el Instituto Nacional de Vías, contra la sentencia proferida, en primera instancia, el 2 de agosto de 2017, por la Sala de conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas, a través de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
El señor Fernando Patiño Martínez –en adelante el demandante, el actor o la parte demandante- interpuso demanda, en ejercicio de la acción popular, por la presunta vulneración de los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y la defensa del patrimonio cultural de la Nación, previstos en los literales “e” y “f” del artículo 4.º de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.
Pretensiones
Las pretensiones invocadas en el escrito de la demanda, son las siguientes:
“[…] 1. Desígnese, mediante sentencia, ordenar al Ministerio de Cultura, que, en un tiempo prudencial, se realicen al inmueble donde funcionaba la Estación de Pasajeros de Ferrocarriles Nacionales, en el Corregimiento de Arauca, Municipio de Palestina Caldas, las obras necesarias para su conservación y exhibición como Monumento Nacional.
2. Desígnese, determinar el incentivo correspondiente.
3. Desígnese condenar en costas a la Parte Demandada […]”.
Presupuestos fácticos
En síntesis de la Sala, los hechos que fundamentaron la solicitud de protección de los derechos e intereses colectivos, son los siguientes:
3.1. En el Corregimiento de Arauca, Municipio de Palestina – Caldas, existe una construcción donde funcionaba la Estación de Pasajeros del Ferrocarril de Colombia, el cual fue declarado como monumento Nacional mediante el Decreto núm. 746 del 24 de abril de 1996.
3.2. El inmueble se encuentra en abandono y deteriorado.
3.3. El Ministerio de Cultura no ha desarrollado actividades orientadas al mantenimiento, preservación, embellecimiento y conservación del inmueble.
Actuaciones en primera instancia
El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante auto proferido el 10 de agosto de 2010, admitió la acción popular y dispuso notificar personalmente al Ministro de Cultura, al Defensor del Pueblo y al Procurador Judicial, conforme a lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley 472.
A través de auto proferido el 11 de julio de 2011 admitió litisconsorcio necesario y ordenó la notificación personal de la demanda al Alcalde de Palestina, el Gobernador de Caldas, el Director del Instituto Nacional de Vías, el Director del Instituto Nacional de Concesiones, las señoras María Nieves Pachón, María Bernarda Restrepo y Noelva Calvo Aricapa y al Representante Legal de Ingeral Cia Ltda.
El Tribunal, mediante auto proferido el 14 de febrero de 2012, admitió litisconsorcio necesario, y en consecuencia ordenó la notificación personal de la demanda al Representante Legal de Tren de Occidente S.A. y al Representante Legal de Ferrocarriles del Oeste S.A.
El Tribunal, mediante providencia proferida el 2 de mayo de 2012, fijó fecha para celebrar audiencia especial de pacto de cumplimiento y, mediante auto proferido el 23 de mayo 2012, reprogramó la audiencia en atención a solicitud presentada por el Instituto Nacional de Vías.
El 27 de julio de 2012 se realizó la audiencia especial de pacto de cumplimiento, la cual se declaró fallida por ausencia de la parte demandante y del representante del Municipio de Palestina.
En providencia proferida el 14 de septiembre de 2012 se decretaron pruebas de conformidad con el artículo 28 de la Ley 472.
En auto proferido el 13 de noviembre de 2012 se admitió como coadyuvante de la parte actora al señor Javier Elías Arias Idarraga.
El Tribunal, vencido el periodo probatorio, ordenó correr traslado común a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 472.
La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante auto proferido el 5 de abril de 2013, se declaró impedida para conocer el proceso por cuanto el 9 de noviembre de 2011 presentaron denuncia penal contra el señor Javier Elías Arias Idarraga -coadyuvante de la parte demandante- por los delitos de injuria y calumnia.
El Consejo de Estado, mediante auto proferido el 6 de julio de 2015, declaró fundado el impedimento y ordenó designar una Sala de conjueces para el conocimiento del proceso.
Las Intervenciones de las entidades accionadas
El Ministerio de Cultura, mediante apoderado, contestó la demanda y señaló que el bien inmueble sí es Monumento Nacional, pero que no es propiedad del Ministerio de Cultura.
14.1. Señaló que su función es la declaratoria y manejo de los Monumentos Nacionales; entendiendo como manejo la orientación técnica para efectos del mantenimiento, intervención y restauración, según la misma Ley 397 de 7 de agosto de 1997.
14.2. Afirmó que cualquier intervención a un inmueble declarado monumento nacional debe contar con autorización del Ministerio de Cultura.
14.3. Expresó que ha adelantado acciones tendientes a la recuperación y conservación de las estaciones de ferrocarril existentes en el país, entre ellas la Estación objeto del caso sub examine; como por ejemplo: i) declaró la Estación como Monumento Nacional; ii) suscribió convenios; iii) promocionó programas de reciclaje; iv) motivó a los alcaldes para que participaran en la restauración y mantenimiento de las estaciones, aportando estudios arquitectónicos y colaborando con la consecución de créditos para su restauración; v) gestionó recursos, como la sobretasa a la telefonía móvil, para la conservación, mantenimiento y conservación de los bienes de interés cultural.
14.4. Indicó que es obligación del Municipio y los particulares proteger las riquezas culturales y que son los propietarios de los inmuebles los que los deben mantenerlos en buen estado.
14.5. Sostuvo que el Municipio de Palestina se encuentra facultado para exigir al propietario del inmueble que adelante las obras de mantenimiento y conservación necesarias que garantice estabilidad al inmueble; y en el evento, en que no realice las obras, el Municipio puede adelantarlas y repetir contra el propietario.
14.6. Añadió que la acción popular no es el medio adecuado para exigir el cumplimiento de una ley, como es la Ley 397.
14.7. En su sentir, el demandante no señaló los responsables de los hechos de la demanda, ni el daño causado.
14.8. Con fundamento en los anteriores argumentos, formuló como excepciones: i) “[…] responsabilidad del dueño por daños ocasionados por ruina del edificio […]”; ii) “[…] falta de legitimación en la causa por pasiva […]”; iii) “[…] improcedencia de la acción […]” e “[…] indebida presentación de la acción popular […]”.
La señora María Bernarda Restrepo, por intermedio de apoderado especial, contestó la demanda y arguyó que no cuenta con dinero para hacer las adecuaciones señaladas en la demanda.
15.1. Indicó que es la acción de cumplimiento la adecuada para hacer cumplir lo establecido en las Leyes 397 y 1185 de 12 de marzo de 2008, por medio de la cual modifica y adiciona la Ley 397.
15.2. Expresó que el demandante no aportó prueba del supuesto daño causado por el mal estado del bien, ni indicó de qué manera la señora María Bernarda Restrepo, viviendo allí, afecta el patrimonio público.
15.3. Señaló que en el evento que se accediera, de parte del Tribunal, a realizar las obras necesarias para conservar el inmueble, se le debe reconocer a la demandada su estatus, al llevar más de 20 años habitando el inmueble de buena fe.
15.3.1. Afirmó que la acción popular no puede utilizarse en lugar de la acción reivindicatoria o de restitución, pues en caso de ser necesario le correspondería al Municipio de Palestina iniciar las acciones civiles pertinentes para recuperar el inmueble.
15.4. Con fundamento en los anteriores argumentos, formuló como excepciones: i) “[…] improcedencia de la acción popular incoada […]”; ii) “[…] ausencia de prueba del perjuicio – lesión o amenaza […]”; y iii) “[…] mantenimiento del statu quo […]”.
16. Las señoras Noelva Calvo Aricapa y María Nieves Pacho Molano, en un solo escrito, contestaron la demanda mediante apoderada especial.
16.1. Frente a la señora Noelva Calvo, destacó que: i) habita en parte del inmueble hace 24 años, lo acondicionó como vivienda y le ha realizado mejoras para poder habitarlo; ii) es madre cabeza de familia; y que iii) vive con un hijo menor de edad y su señora madre.
16.2. En relación con la señora María Nieves Pachón Molano señaló que es madre cabeza de familia, debe responder por su hijo menor de edad discapacitado y que sus ingresos los obtiene de una cafetería que tiene en el inmueble desde hace 15 años. Afirmó que ha realizado mejoras para poder habitar el inmueble y usufructuarlo, por lo que no es cierto que el inmueble se encuentra en ruina.
16.3. Con fundamento en los anteriores argumentos, formularon como excepción “[…] falta de legitimación en la causa por pasiva […]”.
17. La Gobernación de Caldas, a través de apoderado especial, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la misma.
17.1. Destacó que no es el encargado de recuperar y mantener infraestructuras propiedad del Instituto Nacional de Vías -en adelante Invías-; sin embargo, señaló que, como parte de la agenda ciudadana, con apoyo de otras entidades que están relacionadas con el proyecto que desarrolla la Concesión del Ferrocarril del Oeste, se está buscando con la comunidad del Corregimiento de Arauca del Municipio de Palestina la recuperación del inmueble, sin desconocer a quienes se encuentran ejerciendo posesión de los inmuebles con el objeto de mejorar en forma coordinada la calidad de vida de esas personas.
17.2. Indicó que el demandante solamente busca el incentivo económico, el cual fue derogado, porque si quisiera buscar soluciones al problema aludido en la demanda se hubiera integrado a la agenda ciudadana.
17.3. Propuso como excepciones: i) “[…] falta de legitimación en la causa por pasiva […]”; ii) “[…] inexistencia de la obligación y responsabilidad: improcedencia de la acción popular frente al Departamento de Caldas […]”; iii) “[…] ausencia de responsabilidad por parte del Departamento de Caldas […]”; iv) “[…] temeridad y mala fe de la acción – actuación temeraria de un profesional del derecho […]”; y v) “[…] no al pago del incentivo de ley […]”.
18. Ingeral Cia Ltda, por conducto de apoderado, contestó la demanda. Se opuso a las pretensiones de la demanda, bajo el argumento que no es la propietaria ni poseedora del inmueble. Señaló, además, que lo ha ocupado de manera circunstancial y transitoria por acciones derivadas de las ofertas mercantiles que tiene suscritas con Tren de Occidente S.A. y que corresponden a la realización de unas obras determinadas dentro del proyecto de rehabilitación de la Infraestructura Férrea de la Red Pacífico que esa sociedad ejecuta para el Instituto Nacional de Concesiones. Afirmó que, por esa razón, guarda material y maquinaria y usa una oficina en el inmueble.
18.1. Aseguró que Tren de Occidente S.A., en uso de sus facultades derivadas del Contrato núm. 09- CONP-98, suscrito con Ferrovías (en la actualidad cedido al Instituto Nacional de Concesiones) autorizó a Ingeral Cia Ltda. usar las instalaciones para los fines descritos, sin que se afecte o deteriore el inmueble, por cuanto contribuye con el mantenimiento.
18.2. Propuso como excepciones: i) “[…] FALTA DE LEGITIMACIÓN EN CAUSA PASIVA”; ii) “IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR”; y, iii) “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN A CARGO DE INGERAL CIA LTDA”.
19. El Instituto Nacional de Vías, por conducto de apoderado, contestó la demanda y destacó que no ha vulnerado ningún derecho e interés colectivo.
19.1. Señaló que es el Ministerio de Cultura y los entes territoriales los encargados de velar por la protección de los bienes de interés cultural.
19.2. Agregó que el Instituto Nacional de Concesiones, por ser el encargado de manejar la red férrea, así como Tren de Occidente S.A. y Ferrocarril del Oeste S.A., en su calidad de firmas concesionarias, deben adelantar todos los procedimientos legales tendientes al mantenimiento y conservación de la Estación del Ferrocarril.
19.3. Indicó que el demandante incumple el deber de probar la amenaza de los derechos colectivos y que la Estación de Ferrocarril no está en abandono o deteriorada.
19.4. Propuso como excepciones: i) “[…] CARENCIA DE PRUEBA DE LA VULNERACIÓN O AMENAZA DE DERECHOS COLECTIVOS […]”; ii) “[…] INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS […]” y iii) la excepción que denominó “[…] GENÉRICA […]”.
20. Ferrocarril del Oeste S.A., por conducto de apoderado, contestó la demanda.
20.1. Destacó que no tiene ningún vínculo con los patrimonios culturales y tampoco es el encargado de realizar obra alguna en un monumento histórico de la Nación como es la Estación de Ferrocarril. Aseguró que la sociedad que representa no ha entregado la concesión.
20.2. Afirmó que, en el caso que se estudia, se debate un asunto administrativo y, al ser Ferrocarril del Oeste S.A. una empresa privada, no cuenta con jurisdicción ni competencia para responder por las pretensiones de la demanda.
20.3. Propuso como excepciones: i) “[…] NO ESTAR DIRIGIDA LA PRETENSIÓN Y DEMANDA CONTRA EL LEGÍTIMO DEMANDANTE Y/ LITISCONSORTE NECESARIOS […]”; ii) “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”, iii) “IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR” y iv) “INEXISTENCIA DE LA ACCIÓN A CARGO DE FERROCARRILES DEL OESTE S.A”.
21. Tren de Occidente S.A., por conducto de apoderado, contestó la demanda.
21.1. Aseguró que el 18 de diciembre de 1998 suscribió contrato de concesión núm. 09-CONP-98 de infraestructura y obras de conservación de la red pacífica, con la Empresa Colombiana de Vías Férreas, para adelantar rehabilitación, conservación, operación y explotación de la infraestructura férrea de la Red Pacífica, que incluye líneas Buenaventura – Cali, Cali –La Felisa y Zarzal – La Tebaida.
21.2. Indicó que mediante el Decreto núm. 1791 de 2003, el Gobierno Nacional liquidó la Empresa Colombiana de Vías Férreas y, por medio de la Resolución núm. 0049 del 10 de septiembre de 2003, dispuso, a título gratuito, la entrega al Instituto Nacional de Concesiones del contrato de concesión de infraestructura y de obras de conservación de la Red Pacífica.
21.3. Señaló que conforme al otrosí núm. 9 del contrato 09-CONP-98, el Instituto Nacional de Concesiones reemplazó en el contrato a la Empresa Colombiana de Vías Férreas; el 10 de julio de 2008 Tren de Occidente S.A. realizó la cesión del contrato a Ferrocarril del Oeste S.A.
21.4. Resaltó que Tren de Occidente S.A., mediante Acta núm. 01 de 15 de octubre de 2008, hizo entrega real y material a Ferrocarril del Oeste S.A., del corredor férreo Buenaventura – Zaragoza, y del Ramal Zarzal – La Tebaida.
21.5. Aseveró que el Gobierno Nacional, mediante Decreto núm. 4165 de 2011, cambió la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Concesiones y lo denominó Agencia Nacional de Infraestructura.
21.6. Aclaró que con el contrato de concesión, se transfirió únicamente la tenencia de los bienes concesionados, detallados y entregados bajo inventario, para su administración, control y vigilancia, pero no se transfirió la propiedad, la cual continúa radicada en cabeza del Estado, actualmente en el Instituto Nacional de Vías; y que la invasión del inmueble está desde antes del inicio de la concesión.
21.7. Propuso como excepciones: i) “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN CAUSA POR PASIVA”; ii) “IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR EN CONTRA DE TREN DE OCCIDENTE S.A.”; iii) “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN A CARGO DE TREN DE OCCIDENTE S.A.”; y, iv) “FALTA DE INTEGRACIÓN DEL LITIS CONSORCIO NECESARIO PASIVO”.
La audiencia especial de pacto de cumplimiento
22. El Tribunal Administrativo de Caldas, el 27 de julio de 2012, realizó la audiencia especial de pacto de cumplimiento y la declaró fallida por ausencia del demandante y de un representante del Municipio de Palestina.
La sentencia proferida, en primera instancia
23. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia proferida el 2 de agosto de 2017, dispuso en su parte resolutiva lo siguiente:
“[…]
PRIMERO. DECLARAR FUNDADAS las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva” y “ausencia de responsabilidad por parte del Departamento de Caldas”, propuestas por el Departamento de Caldas.
SEGUNDO: DECLARA INFUNDADAS las excepciones de “improcedencia de la acción”, “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “indebida presentación de la acción popular”, “ausencia de prueba del perjuicio – lesión o amenaza”, “mantenimiento del statu quo”, “carencia de prueba de la vulneración o amenaza de derechos colectivos”, “inexistencia de responsabilidad por parte del Instituto Nacional de Vías”, “no estar dirigida la pretensión y demanda contra el legítimo demandante y litisconsorte necesarios” y “falta de integración del litisconsorcio necesario pasivo”, propuestas por las entidades accionadas y vinculadas.
TERCERO: DECLARAR al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVÍAS-, MINISTERIO DE CULTURA, AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI (ANTES INCO), TREN DE OCCIDENTE S.A., FERROCARRIL DEL OESTE S.A. INGERAL CÍA. LTDA y a las señoras MARÍA BERNARDA RESTREPO, MARÍA NIEVES PACHÓN Y NOELVA CALVO ARICAPA, responsables de la vulneración de los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y la defensa del patrimonio cultural de la Nación, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.
CUARTO: ORDENAR al MINISTERIO DE CULTURA que dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si aún no lo hubiere hecho, informe a la Oficina de Instrumentos Públicos de Manizales acerca de la declaratoria de la estación del ferrocarril como bien de interés cultural, para su anotación el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente.
QUINTO: ORDENAR al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS –INVÍAS que dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, realice un estudio técnico que permita establecer la clase de obras que deben ejecutarse en el inmueble de la estación del ferrocarril del corregimiento de Arauca, municipio de Palestina, con el fin de intervenir los elementos que presentan deterioro en la edificación y procurar su conservación como bien de interés cultural. Asimismo, dentro de este mismo término deberá radicar la propuesta de intervención - acompañada del estudio técnico correspondiente – ante el Ministerio de Cultura.
SEXTO: ORDENAR al MINISTERIO DE CULTURA que expida la autorización correspondiente a la propuesta de intervención presentada por INVÍAS, dentro de los tres (3) meses siguientes contados a partir de su radicación por parte del propietario de la estación del ferrocarril del corregimiento de Arauca.
SÉPTIMO: ORDENAR al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS que dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, elabore un plan especial de manejo y protección para la estación del ferrocarril del corregimiento de Arauca, que garantice su conservación en el tiempo como bien de interés cultural.
OCTAVO: ORDENAR al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS- que en el término de tres (3) meses realice las apropiaciones presupuestales que se requieran para la intervención de la estación del ferrocarril del corregimiento de Arauca y lleven a cabo la misma en un lapso máximo de diez (10) meses contados a partir de la respectiva autorización por parte del Ministerio de Cultura.
NOVENO: ORDENAR al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS- que dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, adelante las actuaciones administrativas necesarias tendientes a regularizar o culminar la ocupación irregular que se viene presentando en la estación del ferrocarril de Arauca, por parte de Tren de Occidente S.A., Ferrocarril del Oeste S.A., Ingeral Cía. Ltda y las señoras María Bernarda Restrepo, María Nieves Pachón y Noelva Calvo Aricapa.
En cumplimiento de esta orden, el INVÍAS deberá contemplar inicialmente la posibilidad de suscribir contratos con las mencionadas sociedades y particulares, siempre y cuando se garantice la protección, recuperación y conservación del inmueble, contratos que en todo caso deberán contar con la respectiva autorización del Ministerio de Cultura.
DÉCIMO: ORDENAR a las señoras MARÍA BERNARDA RESTREPO, MARÍA NIEVES PACHÓN y NOELVA CALVO ARICAPA, que en lo sucesivo se abstengan de realizar cualquier tipo de obras en la edificación de la estación del ferrocarril de Arauca, que signifique transformación y/o modificación actual del inmueble.
UNDÉCIMO: CONFORMAR un Comité de Verificación, el cual estará integrado por el Director del INVÍAS Regional Caldas o quien este delegue, la Ministra de Cultura o quien este delegue, el actor popular, un representante de las personas ocupantes de la estación del ferrocarril de Arauca y el personero municipal de Palestina, este último, quien lo presidirá y hará las veces secretariales. Dicho Comité de Verificación presentará un informe al Tribunal, en donde explicará en detalle, todas y cada una de las decisiones administrativas y actos de ejecución relacionados con la presente sentencia. El Tribunal podrá convocar al Comité, solicitar informes adicionales o intervenir en el momento que lo considere necesario, para efectos del cabal cumplimiento de esta sentencia.
DUODÉCIMO: ABSOLVER al MUNICIPIO DE PALESTINA – CALDAS de la responsabilidad derivadas de este proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
DÉCIMO TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
[…]”.
24. El Tribunal A quo, de forma preliminar, advirtió que el bien es propiedad del Instituto Nacional de Vías; que presenta gran deterioro y peligro de transformación debido a los ajustes que le han hecho las personas que ocupan el inmueble en su intención de volverlo habitable. Los testigos coincidieron en que las señoras Noelva Calvo, María Nieves Pachón y María Bernarda Restrepo ocupan el inmueble desde hace varios años.
25. El Tribunal, luego de valoradas las pruebas documentales, periciales y testimoniales obrantes en el plenario, consideró que los derechos colectivos estaban siendo vulnerados y que debían ser protegidos por i) el Instituto Nacional de Vías: por ser el propietario; ii) el Ministerio de Cultura: por ser el encargado de cumplir funciones de vigilancia respecto de los bienes de interés cultural y conocer del mal estado del inmueble y de la ocupación irregular y no realizar actuaciones tendientes a solucionar la problemática; iii) la Agencia Nacional de Infraestructura, Tren de Occidente S.A. e Ingeral Cia. Ltda. por ocupar el inmueble como bodega de almacenamiento de materiales y taller de reparación de maquinaria; y, iv) las señoras Noelva Calvo, María Nieves Pachón y María Bernarda Restrepo por habitarlo.
26. En consecuencia, el Tribunal dispuso que el inmueble debía ser reparado y se debían ejecutar obras orientadas a la conservación de su naturaleza.
27. Concluyó que el bien ha sufrido transformación por lo que amerita una formulación del plan especial de manejo y protección, en los términos de la Ley 1185.
Recursos de apelación
Recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional de Infraestructura
28. La Agencia Nacional de Infraestructura señaló que no hubo una debida valoración del material probatorio y que se desconocieron las funciones de la Agencia, establecidas en el Decreto 4165 de 2017. Indicó que los argumentos del recurso de apelación serían ampliados en segunda instancia, sin embargo, no lo hizo.
Recurso de apelación interpuesto por el Instituto Nacional de Vías
29. El Instituto Nacional de Vías, en su escrito de impugnación, destacó que no es el responsable del daño causado y que, en consecuencia, las excepciones propuestas debieron declararse probadas.
29.1. Señaló que el hecho de que el inmueble sea propiedad del Instituto Nacional de Vías no significa que se desconozca que es un bien declarado Monumento Nacional y que, en consecuencia, se encuentra a cargo del Ministerio de Cultura, al cual el Tribunal no le impuso ninguna obligación en cuanto a la conservación y mantenimiento.
29.2. Manifestó que el Instituto Nacional de Vías no hace parte de las entidades públicas del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, conforme al artículo 2.° de la Ley 1185.
29.3. Afirmó que es cierto que el Decreto 288 de 1995 estableció las funciones del Instituto Nacional de Vías y creó la Subdirección de Monumentos Nacionales; no obstante, señala que esa subdirección se fusionó al Ministerio de Cultura, conforme a los Decretos 1974 de 1997, 2806 de 1997 y 367 de 1998. El Decreto 081 de 2000 “[…] mediante el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías, y se evidencia que la función de administración, restauración de los inmuebles nacionales, no está a cargo del Instituto Nacional de Vías, sino del Ministerio de Cultura […]”.
29.4. Indicó que las estaciones férreas son inmuebles protegidos por una legislación especial, que implica que cualquier intervención que se le realice, debe contar con permisos tramitados ante el Ministerio de Cultura por ser la autoridad que regula esos asuntos.
29.5. Resaltó que, tanto la Alcaldía Municipal de Palestina, como las entidades municipales competentes, conforme al Código de Policía y a la normativa que rige los Monumentos Nacionales, tienen la obligación de salvaguardar y proteger la Estación del Ferrocarril, e impedir cualquier tipo de perturbación que se llegue a presentar en el inmueble.
29.6. Agregó que no se debe desconocer que la empresa Ingeral Cia. Ltda. ocupa parte de la estación; por ello debe tenerse en cuenta para el mantenimiento que debe hacérsele a la Estación férrea.
29.7. Indicó que el Instituto Nacional de Vías siempre ha estado a disposición de entregar el bien al Instituto Nacional de Concesiones, pero el INCO no ha realizado las labores y el procedimiento para la entrega, a pesar de que ya lo ocupa, en razón a que celebró contrato de concesión con Tren de Occidente S.A., quien subcontrató con Ingeral Cia. Ltda., y es por esa empresa que se entiende que el Instituto Nacional de Concesiones ocupa el inmueble y está obligado a realizar labores de mantenimiento y conservación.
29.8. Destacó que el Instituto Nacional de Vías no tiene a su cargo la red vial o férrea de que trata la demanda.
29.9. Dijo que el contrato de Concesión núm 09-CONP- 98 comprende la construcción, operación y mantenimiento de la red férrea y está a cargo de la Sociedad Concesionaria de la Red Férrea del Pacífico S.A.- Tren de Occidente S.A. y tiene por objeto “[…] entregar en concesión por el término de treinta (30) años la infraestructura de transporte férreo de la red del pacífico para rehabilitación, conservación, operación y explotación en los tramos de Buenaventura (PK 0) – Cali (PK 170) - La Felisa (PK 459), Zarzal (PK 304) – La Tebaida (PK 343), así como la construcción, operación y mantenimiento de un terminal de transferencia de carga en la Felisa y el derecho de paso en el área urbana de la ciudad de Cali (PK170), incluyendo los bienes inmuebles, los bienes muebles y el material rodante consignados en los anexos del Pliego de Condiciones de la Licitación Pública No.001 de 1998, que dio origen al mismo […]” por lo que es su deber conservar y mantener los bienes que usufructúa.
29.10. En su sentir, el Tribunal erró al no imponerle al Ministerio de Cultura la carga de realizar todas las labores tendientes a la recuperación de la estación, con sus propios recursos, al ser la entidad delegada por mandato legal y por contar con los conocimientos técnicos y logísticos, más aún cuando cualquier intervención debe contar con la aprobación del Ministerio de Cultura.
29.11. Concluyó que el Ministerio de Cultura debe i) realizar los estudios técnicos ordenados en primera instancia, por ser la entidad facultada y ii) disponer de su presupuesto para la intervención de la estación, por ser el ente que debe tramitar las partidas presupuestales.
Actuación en segunda instancia
30. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 4 de diciembre de 2017, admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida, en primera instancia, por el Ministerio de Salud y Protección Social.
31. El Despacho, por auto proferido el 1.° de marzo de 2018, ordenó correr traslado a las partes para que en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión, y al Procurador Delegado ante esta Corporación con el fin que rindiera concepto.
Alegatos de conclusión
32. La Sala observa que en esta instancia procesal, allegaron alegatos de conclusión Tren de Occidente S.A., el Instituto Nacional de Vías, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Municipio de Palestina.
33. Tren de Occidente S.A., por conducto de apoderado, presentó alegatos de conclusión en los que reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda e indicó que debe exonerarse de cualquier orden, que el Municipio de Palestina no debió desvincularse, ya que se probó que las personas que habitan el inmueble han pagado, mes a mes, recibos de servicios públicos, impuesto predial por un bien del Estado por lo que es claro que el Municipio tuvo que instalar contadores y demás.
34. El Instituto Nacional de Vías, a través de apoderado, hizo un resumen de la sentencia de primera instancia, dijo que siempre ha estado dispuesto a entregar el bien al antiguo Instituto Nacional de Concesiones pero que es ese Instituto el que no ha querido realizar las labores para el recibido, agregó que el Instituto Nacional de Vías no tiene a su cargo la red vial o férrea. Reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda.
35. La Agencia Nacional de Infraestructura, a través de apoderada, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda relacionados con la falta de competencia para atender las pretensiones de la demanda, y la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Concepto de Ministerio Público
36. El Agente del Ministerio Público no rindió concepto.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
Vistos los artículos: i) 16 de la Ley 472, sobre competencia en acciones populares; ii) 129 del Código Contencioso Administrativo, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; y iii) 13 del Acuerdo 58 de 15 de septiembre de 1999, modificado por el artículo 1.º del Acuerdo 55 de 5 de agosto de 2003; sobre competencia de las secciones del Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación que se presenten contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, en el trámite de las acciones populares.
37. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a proferir la sentencia correspondiente.
Marco normativo y jurisprudencial de la acción popular
38. El artículo 88 de la Constitución Política dispone que las acciones populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
39. En desarrollo de la norma constitucional, el legislador expidió la Ley 472 que en su artículo 2º define las acciones populares como “[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
40. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos colectivos cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la procedencia del amparo.
41. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la afectación de los derechos e intereses.
42. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia de 28 de marzo de 2014, explicó lo siguiente:
“[…] Acorde con el inciso 2 del artículo 3 de la Ley 472 de 1998, el objeto de la acción popular radica en evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando ello fuere posible.
Por su parte, el artículo 9 de la misma disposición prevé que tal instrumento procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares
[…] Esta Corporación ha recalcado que además de que se presente a) una acción u omisión de la parte demandada, b) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno la que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana, sino también c) la existencia de la relación de causalidad entre la acción, la omisión, y la señalada afectación de los referidos derechos e intereses […] Cabe anotar que las acciones populares tienen carácter restitutorio, es decir, buscan, cuando ello fuere posible, volver las cosas al estado anterior a la violación del derecho, toda vez que su objeto radica en proteger de manera efectiva el interés colectivo, razón por la cual corresponde al juez determinar si es posible dicho restablecimiento, porque de no serlo procede una indemnización, teniendo claro que la acción popular no persigue un beneficio pecuniario […] Dentro de este contexto la acción popular se encuentra vinculada estrechamente con el principio de solidaridad consagrado en la Constitución Política, esto es, que constituye un mecanismo por medio del cual los ciudadanos intervienen en las decisiones que los afectan para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado […] Otra de las características de la acción popular es la relacionada con la autonomía del instrumento judicial.
En efecto, esta Sección ha indicado que esta acción constitucional es autónoma y principal, no es viable que se formulen reparos para su ejercicio, diferentes a los que corresponden a las reglas procesales propias para su admisibilidad (artículo 18 ley 472 de 1998); por consiguiente, no resulta viable, ni legítimo, que se haga pender la admisión de la acción popular de la procedencia o no de otras acciones principales o subsidiarias, por cuanto la acción popular tiene como objetivo específico y puntal el proteger a los derechos o intereses colectivos invocados con la demanda […] Es de resaltar que la acción popular puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica. Empero, ha destacado la Sala que quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es el actor quien en la demanda, fija el litigio […] la Sala encuentra el artículo 25 de la Ley 472 de 1998, el cual permite el decreto de medidas cautelares de oficio o a petición de parte, antes de notificada la demanda o en cualquier estado del proceso, con el propósito de prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiese causado. Aunado a ello, el artículo 26 ibídem, señala que contra el auto que ordena dichas medidas proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deben ser concedidos en el efecto devolutivo. Los intereses colectivos suponen la restitución de derechos cuyo titular es un grupo indeterminado de personas […]” (Destaca la Sala).
43. Esta Sala resalta que conforme a los artículos 1, 2, 4 y 9 de la citada Ley 472, la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción pública, esto es, como mecanismo propio de la democracia participativa, puede ser ejercida por “toda persona” y, además, para afianzar pedagógicamente un sistema de control social, se señalan expresamente como titulares de esta acción las organizaciones no gubernamentales, las entidades públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, finalmente, vi) no ha sido instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al Legislador, habrá de acudirse a las acciones pertinentes.
44. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispone el artículo 30 de la Ley 472 y corresponde al actor popular la carga de acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.
Planteamiento de los problemas jurídicos
45. De acuerdo con el análisis fáctico y normativo previamente efectuado, la Sala deberá determinar, por un lado, si el Instituto Nacional de Vías está llamado a proteger los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y a la defensa del patrimonio cultural de la Nación con ocasión del mal estado y abandono de la Estación de Pasajeros de Ferrocarriles Nacionales, en el Corregimiento de Arauca – Municipio de Palestina, bien declarado Monumento Nacional, siendo procedente la adopción de medidas para su garantía tal como lo determinó el Tribunal; o si, por el contrario, es otra entidad o particular el llamado a responder por las afectaciones probadas. Y si como consecuencia del análisis, debe revocarse, modificarse o confirmarse las órdenes impartidas al Instituto Nacional de Vías en la sentencia proferida en primera instancia; y por el otro, si se debe declarar próspera la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Agencia Nacional de Infraestructura, por no ser la responsable de la vulneración de los derechos colectivos.
Caso Concreto
46. Para efectos de abordar el estudio del caso, la Sala desarrollará los siguientes aspectos: i) el marco normativo y jurisprudencial de los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y a la defensa del patrimonio cultural de la nación; y, ii) se procederá a resolver el problema jurídico.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público
47. Desde el punto de vista constitucional, este derecho colectivo tiene su fundamento en el artículo 2 de la Constitución Política, que dispone lo siguiente:
“[…] ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares[…]”.
48. Estrechamente ligado a la moralidad administrativa, se encuentra el derecho colectivo que garantiza la protección del patrimonio público, entendido este como la totalidad de bienes, derechos y obligaciones del Estado, cuya garantía implica su administración eficiente, que evite cualquier detrimento al patrimonio estatal. Sobre esta garantía colectiva ha señalado la Corporación:
«[…] El derecho colectivo al patrimonio público alude no solo a “la eficiencia y transparencia en el manejo y administración de los recursos públicos sino también a la utilización de los mismos de acuerdo con su objeto y, en especial, con la finalidad social del Estado”. En tal virtud, si el funcionario público o el particular administraron indebidamente recursos públicos, bien “porque lo hizo en forma negligente o ineficiente, o porque los destinó a gastos diferentes a los expresamente señalados en las normas, afectaron el patrimonio público”. El concepto de patrimonio público “cobija la totalidad de bienes, derechos y obligaciones, que son propiedad del Estado y que se emplean para el cumplimiento de sus atribuciones de conformidad con el ordenamiento normativo.
Adicionalmente, el Consejo de Estado ha reconocido que el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público implica que los recursos públicos sean administrados de manera eficiente, oportuna y responsable, de acuerdo con las normas presupuestales, con lo cual se evita el detrimento patrimonial. A su vez, ha concluido en múltiples ocasiones “que la afectación de patrimonio público implica de suyo la vulneración al derecho colectivo de la moralidad administrativa” por cuanto generalmente supone “la falta de honestidad y pulcritud en las actuaciones administrativas en el manejo de recursos públicos […]».
48.1. El Consejo de Estado también ha indicado que esta garantía entraña una dimensión subjetiva, como garantía de la que goza la colectividad, así como una objetiva que se traduce en la obligación de manejarlo de manera eficiente, por lo que el análisis de su transgresión conlleva la necesaria verificación de las condiciones en que ha tenido lugar su manejo por parte de los gestores públicos y, en general, de los involucrados en su cuidado, administración y ejecución, de modo que no se vea afectada su integridad.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la Nación
49. El artículo 11 de la Ley 397 de 1997, señala el régimen especial de protección que tienen los bienes de interés cultural:
“[…] ARTICULO 11. RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL.<Artículo modificado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1185_2008.html" \l "7" 7 de la Ley 1185 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> Los bienes materiales de interés cultural de propiedad pública y privada estarán sometidos al siguiente Régimen Especial de Protección:
1. Plan Especial de Manejo y Protección. La declaratoria de un bien como de interés cultural incorporará el Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-, cuando se requiera de conformidad con lo definido en esta ley. El PEMP es el instrumento de gestión del patrimonio cultural por medio del cual se establecen las acciones necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo.
Para bienes inmuebles se establecerá el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido de intervención, las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes.
Para bienes muebles se indicará el bien o conjunto de bienes, las características del espacio donde están ubicados, el nivel permitido de intervención, las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes.
El Ministerio de Cultura reglamentará para todo el territorio nacional el contenido y requisitos de los Planes Especiales de Manejo y Protección y señalará, en dicha reglamentación, qué bienes de interés cultural de la Nación, de los declarados previamente a la expedición de la presente ley, requieren de adopción del mencionado Plan y el plazo para hacerlo.
1.1. Cuando un bien de interés cultural del ámbito departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas y de los de las comunidades negras de que trata la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0070_1993.html" \l "1" 70 de 1993 sea declarado bien de interés cultural del ámbito nacional por el Ministerio de Cultura, el Plan Especial de Manejo y Protección, si se requiriere, deberá ser aprobado por dicho Ministerio, quien podrá atender posibles sugerencias hechas por las autoridades competentes para efectuar declaratorias en el ámbito territorial.
1.2. Incorporación al Registro de Instrumentos Públicos. La autoridad que efectúe la declaratoria de un bien inmueble de interés cultural informará a la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a efectos de que esta incorpore la anotación en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente. Igualmente, se incorporará la anotación sobre la existencia del Plan Especial de Manejo y Protección aplicable al inmueble, si dicho plan fuese requerido.
Del mismo modo se informará en el caso de que se produzca la revocatoria de la declaratoria en los términos de esta ley. Este tipo de inscripciones no tendrá costo alguno.
1.3. Incorporación de los Planes Especiales de Manejo y Protección a los planes de ordenamiento territorial. Los Planes Especiales de Manejo y Protección relativos a bienes inmuebles deberán ser incorporados por las autoridades territoriales en sus respectivos planes de ordenamiento territorial. El PEMP puede limitar los aspectos relativos al uso y edificabilidad del bien inmueble declarado de interés cultural y su área de influencia aunque el Plan de Ordenamiento Territorial ya hubiera sido aprobado por la respectiva autoridad territorial.
1.4. Plan de Manejo Arqueológico. Cuando se efectúen las declaratorias de áreas protegidas de que trata el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0397_1997.html" \l "6" 6o de este Título, se aprobará por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia un Plan Especial de Protección que se denominará Plan de Manejo Arqueológico, el cual indicará las características del sitio y su área de influencia, e incorporará los lineamientos de protección, gestión, divulgación y sostenibilidad del mismo.
En los proyectos de construcción de redes de transporte de hidrocarburos, minería, embalses, infraestructura vial, así como en los demás proyectos y obras que requieran licencia ambiental, registros o autorizaciones equivalentes ante la autoridad ambiental, como requisito previo a su otorgamiento deberá elaborarse un programa de arqueología preventiva y deberá presentarse al Instituto Colombiano de Antropología e Historia un Plan de Manejo Arqueológico sin cuya aprobación no podrá adelantarse la obra.
1.5. Prevalencia de las normas sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas patrimonio cultural de la Nación. De conformidad con lo preceptuado en los numerales 2 del artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997.html" \l "10" 10 y 4o del artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997.html" \l "28" 28 de la Ley 388 de 1997 o las normas que los sustituyan, las disposiciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles de interés cultural constituyen normas de superior jerarquía al momento de elaborar, adoptar, modificar o ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial de municipios y distritos.
2. Intervención. Por intervención se entiende todo acto que cause cambios al bien de interés cultural o que afecte el estado del mismo. Comprende, a título enunciativo, actos de conservación, restauración, recuperación, remoción, demolición, desmembramiento, desplazamiento o subdivisión, y deberá realizarse de conformidad con el Plan Especial de Manejo y Protección si este fuese requerido.
Cuando se trate de proyectos de infraestructura la intervención a la que hace referencia el presente artículo deberá ser asumida por el concesionario o contratista encargado del proyecto quien para el efecto será el titular del permiso de intervención que otorgue el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. No obstante, será obligación del concesionario o contratista contar con un profesional idóneo quien deberá hacer el acompañamiento al Plan de Manejo Arqueológico, bajo los parámetros que hayan sido definidos previamente por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Los proyectos que se encuentran en ejecución al momento de expedición de la presente norma y definida la gestión en cabeza del profesional registrado, el contratista o concesionario podrá optar por mantener la responsabilidad en cabeza de dicho profesional o adoptar la solución a que hace referencia el presente artículo.
La intervención de un bien de interés cultural del ámbito nacional deberá contar con Ia autorización del Ministerio de Cultura o el Archivo General de Ia Nación, según el caso. Para el patrimonio arqueológico, esta autorización compete al lnstituto Colombiano de Antropología e Historia de conformidad con el Plan de Manejo Arqueológico.
Asimismo, Ia intervención de un bien de interés cultural del ámbito territorial deberá contar con Ia autorización de Ia entidad territorial que haya efectuado dicha declaratoria.
La intervención solo podrá realizarse bajo Ia dirección de profesionales idóneos en Ia materia. La autorización de intervención que debe expedir Ia autoridad competente no podrá sustituirse, en el caso de bienes inmuebles, por ninguna otra clase de autorización o licencia que corresponda expedir a otras autoridades públicas en materia urbanística.
Quien pretenda realizar una obra en inmuebles ubicados en el área de influencia o que sean colindantes con un bien inmueble declarado de interés cultural, deberá comunicarlo previamente a Ia autoridad que hubiera efectuado Ia respectiva declaratoria. De acuerdo con Ia naturaleza de las obras y el impacto que pueda tener en el bien inmueble de interés cultural, Ia autoridad correspondiente aprobará su realización o, si es el caso, podrá solicitar que las mismas se ajusten al Plan Especial de Manejo y Protección que hubiera sido aprobado para dicho inmueble.
El otorgamiento de cualquier clase de licencia por autoridad ambiental, territorial, por las curadurías o por cualquiera otra entidad que implique Ia realización de acciones materiales sobre inmuebles declarados como de interés cultural, deberá garantizar el cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección si éste hubiere sido aprobado.
3. Exportación. Queda prohibida la exportación de los bienes muebles de interés cultural. Sin embargo, el Ministerio de Cultura, en relación con los bienes muebles de interés cultural del ámbito nacional, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia respecto de los bienes arqueológicos y el Archivo General de la Nación respecto de los bienes documentales y archivísticos, podrán autorizar su exportación temporal, por un plazo que no exceda de tres (3) años, con el único fin de ser exhibidos al público o estudiados científicamente.
Tratándose de bienes de interés cultural del ámbito territorial, con exclusión de bienes arqueológicos, esta autorización estará a cargo de las alcaldías y las gobernaciones, según corresponda.
La autorización podrá otorgarse hasta por el término de tres (3) años prorrogables por una vez, cuando se trate de programas de intercambio entre entidades estatales nacionales y extranjeras.
El Ministerio de Cultura y demás entidades públicas, realizarán todos los esfuerzos tendientes a repatriar los bienes de interés cultural que hayan sido extraídos ilegalmente del territorio colombiano.
3.1. Exportación temporal de bienes muebles de propiedad de diplomáticos. El Ministerio de Cultura podrá autorizar la exportación temporal de bienes muebles de interés cultural de propiedad de los diplomáticos de Colombia acreditados en el exterior, o de bienes muebles destinados a la exhibición pública en las sedes de las representaciones diplomáticas de la República de Colombia, para lo cual deberán constituir garantía bancaria o de compañía de seguros, según lo establecido en el Estatuto Aduanero.
3.2. Transitarios, sociedades de intermediación aduanera, almacenadoras y empresas de correo. Los transitarios, sociedades de intermediación aduanera, almacenadoras y empresas de correo, así como cualquier otra que realice trámites de exportación, por vía aérea, marítima y terrestre, están en la obligación de informar a sus usuarios sobre los requisitos y procedimientos para la exportación de bienes arqueológicos y los demás de interés cultural.
El Ministerio de Cultura reglamentará para todo el territorio nacional lo referente al procedimiento y requisitos necesarios para la exportación temporal de este tipo de bienes, sin perjuicio de las regulaciones en materia aduanera.
Para tener acceso a cualquier estímulo, beneficio tributario, autorización de exportación o cualquier otro que provenga de autoridad pública sobre bienes de interés cultural, deberá acreditarse por su propietario o por su tenedor legítimo en el caso del patrimonio arqueológico, el cumplimiento de lo previsto en este artículo en lo pertinente, así como la realización del correspondiente registro”.
4. Enajenación. Quien pretenda enajenar un bien mueble de interés cultural, deberá ofrecerlo en primer término a la autoridad que haya efectuado la respectiva declaratoria, la cual podrá ejercer una primera opción de adquisición, en condiciones no menos favorables de aquellas en las que adquirirían los particulares y previo avalúo. Esta primera opción podrá ser ejercida por cualquier entidad estatal, según coordinación que para el efecto realice la autoridad que haya efectuado la declaratoria.
La transferencia de dominio a cualquier título de bienes de interés cultural de propiedad privada deberá comunicarse por el adquirente a la autoridad que lo haya declarado como tal y en un plazo no mayor a los seis (6) meses siguientes de celebrado el respectivo negocio jurídico.
Sobre las colecciones declaradas de interés cultural no podrá realizarse su desmembramiento o la disposición individual de los bienes que las conforman, sin autorización previa de la autoridad que haya efectuado la declaratoria”[…]..
50. La Sala destaca que es deber del Ministerio de Cultura velar por la protección de los bienes decretados de interés cultural, y cualquier intervención o enajenación del bien debe contar con su autorización, conforme al artículo 10 de la Ley 397:
“[…] ARTICULO 10. INEMBARGABILIDAD, IMPRESCRIPTIBILIDAD E INALIENABILIDAD. <Artículo modificado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1185_2008.html" \l "6" 6 de la Ley 1185 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> Los bienes de interés cultural de propiedad de entidades públicas, son inembargables, imprescriptibles e inalienables.
PARÁGRAFO 1o. El Ministerio de Cultura autorizará, en casos excepcionales, la enajenación o el préstamo de bienes de interés cultural del ámbito nacional entre entidades públicas. Las alcaldías, gobernaciones y autoridades de los territorios indígenas y de las comunidades negras de que trata la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0070_1993.html" \l "1" 70 de 1993, serán las encargadas de dar aplicación a lo previsto en este parágrafo respecto de los bienes de interés cultural declarados por ellas.
Las autoridades señaladas en este parágrafo podrán autorizar a las entidades públicas propietarias de bienes de interés cultural para darlos en comodato a entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, hasta por el término de cinco (5) años prorrogables con sujeción a lo previsto en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html" \l "355" 355 de la Constitución Política, celebrar convenios interadministrativos y de asociación en la forma prevista en los artículos HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998_pr002.html" \l "95" 95 y HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998_pr002.html" \l "96" 96 de la Ley 489 de 1998 o en las normas que los modifiquen o sustituyan, y en general, celebrar cualquier tipo de contrato, incluido el de concesión, que implique la entrega de dichos bienes a particulares, siempre que cualquiera de las modalidades que se utilice se dirija a proveer y garantizar lo necesario para la protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación de los mismos, sin afectar su inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad […]”.
51. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dejado claro cuáles son algunas de las tradiciones o elementos materiales que identifican y distinguen a una cultura:
“[…] De acuerdo con la doctrina especializada, para considerar que existe una “etnia” deben identificarse en un determinado grupo humano dos condiciones: una subjetiva y una objetiva. La primera condición, se refiere a lo que se ha llamado la conciencia étnica y puede explicarse de la siguiente manera: (...) [es] la conciencia que tienen los miembros de su especificidad, es decir, de su propia individualidad a la vez que de su diferenciación de otros grupos humanos, y el deseo consciente, en mayor o menor grado, de pertenecer a él, es decir, de seguir siendo lo que son y han sido hasta el presente. La segunda, por el contrario, se refiere a los elementos materiales que distinguen al grupo, comúnmente reunidos en el concepto de “cultura”. Este término hace relación básicamente al “conjunto de creaciones, instituciones y comportamientos colectivos de un grupo humano. (...) el sistema de valores que caracteriza a una colectividad humana.” En este conjunto se entienden agrupadas, entonces, características como la lengua, las instituciones políticas y jurídicas, las tradiciones y recuerdos históricos, las creencias religiosas, las costumbres (folklore) y la mentalidad o psicología colectiva que surge como consecuencia de los rasgos compartidos […]”. (Destacado de Sala)
52. La Decisión 588 de 10 de julio de 2004 de la Comisión Comunidad Andina, en adelante la Decisión 588, en su artículo 1.º, define los términos Patrimonio cultural, Patrimonio cultural mueble y Patrimonio cultural intangible así:
“[…] Patrimonio cultural: Se entiende por patrimonio cultural la apropiación y gestión de las manifestaciones materiales e inmateriales heredadas del pasado, incluyendo los valores espirituales, estéticos, tecnológicos, simbólicos y toda forma de creatividad, que los diferentes grupos humanos y comunidades han aportado a la historia de la humanidad […].”
“[…] Patrimonio cultural mueble: Comprende los objetos arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal o folklórico que constituyen bienes o colecciones importantes para las ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural del país […]”.
“[…] Patrimonio cultural intangible: Comprende las manifestaciones y los valores culturales y los significados sociales contenidos en la música y las artes del espectáculo; el lenguaje y la literatura; las tradiciones orales, la toponimia, los festivales folklóricos y de toda naturaleza, los ritos y las creencias; el arte culinario y la medicina tradicional, entre otros conocimientos y tecnologías tradicionales, que la comunidad haya reconocido como recurrentes y válidas para identificación y expresión cultural […]”.
53. En una definición más exhaustiva, la Ley relativa a la regulación del patrimonio cultural determina que “[…] El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico […]”.
54. El Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura, establece que hacen parte del Patrimonio cultural Inmaterial de la Nación “[…] los usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos, espacios culturales y naturales que les son inherentes, así como las tradiciones y expresiones orales, incluidas las lenguas, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, técnicas artesanales, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte de su patrimonio cultural. […]. El Patrimonio cultural Inmaterial incluye a las personas que son creadoras o portadoras de las manifestaciones que lo integran. […] Los diversos tipos de Patrimonio cultural Inmaterial antes enunciados, quedan comprendidos para efectos de este decreto bajo el término manifestaciones´ […]”.
55. El mismo Decreto ordena además que “[…] Es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el patrimonio cultural de la nación […]” y, que ningún particular podrá “[…] abrogarse la titularidad del Patrimonio cultural Inmaterial, ni afectar los derechos fundamentales, colectivos y sociales que las personas y las comunidades tienen para el acceso, disfrute, goce o creación de dicho Patrimonio […]”.
Acervo probatorio
56. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
57. Del material probatorio allegado al proceso, se destacan las siguientes pruebas:
Documentales
57.1. Seis fotografías en las cuales se observa Estación de Pasajeros de Ferrocarriles Nacionales.
57.2. Copia del Decreto 0746 del 24 de abril de 1996, en el cual, por un lado, se declara Monumento Nacional del Conjunto de las Estaciones del Ferrocarril existentes en el país, y por el otro, señala que cualquier obra debe contar con permiso del Consejo de Monumentos Nacionales.
57.3. Ficha de seguimiento de conservación de las Estaciones del ferrocarril en Colombia, la cual señala que la Estación Arauca presenta deterioro y que no ha sido intervenida, la mampostería y la estructura de la cubierta está en regular estado, se encuentra ocupada por una cafetería, dos viviendas, dos talleres, una oficina y dos bodegas […]”.
57.4. Actas de entrega de evaluación del levantamiento de inventario de estaciones ferroviarias, y de entrega y análisis de la formulación del pan estratégico para la recuperación de las Estaciones de Ferrocarril a nivel nacional
57.5. Escritura pública núm. 6455 de 22 de diciembre de 1959, donde consta la venta a Ferrocarriles Nacionales de Colombia los derechos de dominio de la Línea de Ferrocarriles del Pacífico
57.6. Copia del contrato de cesión del contrato de concesión núm. 09-CONP98 celebrado entre la Sociedad Tren de Occidente S.A. y la Sociedad Ferrocarril del Oeste S.A.
57.7. Copia del Otro sí núm. 15 al contrato celebrado entre Ferrovías (hoy cedido al antiguo Instituto Nacional de Concesiones) y Tren de Occidente S.A. y Ferrocarril del Oeste S.A..
57.8. Contrato de concesión de infraestructura y de obras de conservación de la red pacífica celebrado entre Ferrovías y la Sociedad Concesionaria de la Red Férrea del Pacífico S.A.
57.9. Contrato de transacción celebrado entre Ferrovías y el concesionario Tren de Occidente S.A. para la entrega del corredor férreo Cartago – La Felisa.
57.10. Copia del Otrosí núm. 9 al contrato núm. 09-CONP-98.
57.11. Certificado de libertad y tradición del inmueble núm. de matrícula 100-44625, bien de que trata la demanda, donde consta que es propiedad del INVÍAS.
Inspección judicial con perito
57.12. Informe de peritazgo de la inspección judicial realizada el 19 de octubre de 2012 por el profesor asociado Jairo Andrés Paredes López, del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional- Sede Manizales, a la Estación del Tren en el corregimiento de Arauca – Municipio de Palestina, en la que concluyen que el bien está en mal estado por el deterioro propio del edificio y la falta de mantenimiento; la estructura se puede rehabilitar, las labores de restauración requieren de estudio de evaluación y diseño de restauración.
57.13. Inspección judicial adelantada el 19 de octubre de 2012, con perito, donde se mide el inmueble, se determina que está en mal estado, es una edificación antigua, hay dos viviendas, una bodega ocupada por materiales, una pequeña tienda; se recibe el testimonio del señor Miguel Antonio López Hurcue, almacenista de Ingeral y Cia Ltda, quien dice que lleva 6 años en el inmueble, desde esa época ya estaba ocupado por las señoras María Bernarda Restrepo, Noelva Calvo Aricapa y María Nieves Pacho, y desde que llegó, el inmueble cuenta con los servicios públicos de energía y agua.
Testimonios
57.14. Audiencia de recepción de testimonios de los señores Frank de Jesús Jaramillo, José Ramiro Franco y José Arquímedes Betancourt, los cuales fueron interrogados sobre la ocupación de parte de las señoras María Bernarda Restrepo, Noelva Calvo Aricapa y María Nieves Pacho.
57.15. Audiencia de recepción de testimonios de la señora Gladys Montoya Restrepo, José Liborio Saavedra Becerra y William de Jesús Ceballos Castañeda los cuales fueron interrogados sobre la ocupación de parte de las señoras María Bernarda Restrepo, Noelva Calvo Aricapa y María Nieves Pacho y de alguna entidad pública.
Análisis probatorio
58. Del análisis en conjunto de los medios de convicción, la Sala destaca que la Estación de Pasajeros de Ferrocarriles Nacionales, en el Corregimiento de Arauca, Municipio de Palestina Caldas, fue reconocida Monumento Nacional mediante Decreto 476 de 1996:
“[…] que el consejo de monumentos nacionales en su sesión ordinaria del 26 de abril de 1993, según consta en el Acta No. 5 del mismo año, estudió la documentación del conjunto de las Estaciones del Ferrocarril y determinó que sus valores estéticos, históricos, testimoniales y documentales además de su singularidad y representatividad cumplen con las exigencias para ser monumento nacional, (…)
DECRETA
ARTICULO 1º. Declarar como Monumento Nacional el conjunto de las Estaciones del Ferrocarril existentes en el país.
ARTÌCULO 2º. En aplicación de lo dispuesto por la Ley 163 de 1959 y su decreto reglamentario, todas las restauraciones, refacciones, remodelaciones y las obras de protección, defensa y conservación que deban efectuarse en todas las estaciones del ferrocarril existentes en el país, deberán contar con el permiso previo del Consejo de Monumentos Nacionales. […]”
58.1. La Estación de Pasajeros de Ferrocarriles Nacionales, en el Corregimiento de Arauca, Municipio de Palestina Caldas, está en mal estado, según el informe rendido por el perito Jairo Andrés Paredes López, en el que concluye que: i) el deterioro se debe al paso del tiempo y la falta de mantenimiento; ii) que la estructura se puede rehabilitar; iii) las labores de restauración requieren de estudio de evaluación y diseño; iv) el inmueble ocupado de manera irregular por parte de las señoras María Bernarda Restrepo, Noelva Calvo Aricapa y María Nieves Pacho, la sociedad Ingeral Cia Ltda. y la Agencia Nacional de Infraestructura.
58.2. Asimismo, se destaca que la Estación de Pasajeros de Ferrocarriles Nacionales, en el Corregimiento de Arauca, Municipio de Palestina Caldas, es propiedad del Instituto Nacional de Vías, según consta en Certificado de libertad y tradición del inmueble núm. de matrícula 100-44625.
Caso concreto
59. Particularmente, en el caso que ocupa la atención de la Sala se destaca que la impugnación formulada por el Instituto Nacional de Vías tiene sustento en el siguiente aspecto: i) la ausencia de competencia funcional para la protección de los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y a la defensa del patrimonio cultural de la Nación y, consecuente con ello, cumplir las órdenes impartidas por el A quo; y la impugnación formulada por la Agencia Nacional de Infraestructura tiene sustento en el siguiente aspecto: ii) la ausencia de competencia funcional, en los términos del Decreto 4165 de 2011, para la protección de los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y a la defensa del patrimonio cultural de la Nación.
60. Con la finalidad de resolver el problema jurídico, se debe destacar que el Instituto Nacional de Vías fue creado mediante el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, por el cual se reestructura el Ministerio de Obras Públicas y Transporte como Ministerio de Transporte y se suprimen, fusionan y reestructuran entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, y lo definió “[…] como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, con la función de ejecutar las políticas y proyectos relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nación […]”.
60.1. El Decreto 2618 de 20 de noviembre de 2013, por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías (Invías) y se determinan las funciones de sus dependencias, dispuso en su artículo 1.° que el Instituto Nacional de Vías tendría por objeto “[…] la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte[…]”.
60.1.1. De igual forma, el Decreto 2618 de 2013, en su artículo 2.° estableció las funciones del Instituto Nacional de Vías
“[…] ARTÍCULO 2o. FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS). Para el cumplimiento de sus objetivos el Instituto Nacional de Vías (Invías) desarrollará las siguientes funciones generales:
2.1 Ejecutar la política del Gobierno nacional en relación con la infraestructura de su competencia, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministro de Transporte.
2.2 Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte los planes, programas y proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de emergencias, y demás obras que requiera la infraestructura de su competencia.
2.3 Coordinar con el Ministerio de Transporte la ejecución de los planes y programas de su competencia.
2.4 Adelantar investigaciones, estudios, y supervisar la ejecución de las obras de su competencia conforme a los planes y prioridades nacionales.
2.5 Asesorar y prestar apoyo técnico a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados encargados de la construcción, mantenimiento y atención de emergencias en las infraestructuras a su cargo, cuando ellas lo soliciten.
2.6 Recaudar los peajes y demás cobros sobre el uso de la infraestructura vial de su competencia.
2.7 Celebrar todo tipo de negocios, contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento de su objetivo.
2.8 Elaborar, conforme a los planes del sector, la programación de compra de terrenos y adquirir los que se consideren prioritarios para el cumplimiento de sus objetivos.
2.9 Adelantar, directamente o mediante contratación, los estudios pertinentes para determinar los proyectos que causen la contribución nacional por valorización en relación con la infraestructura de su competencia, revisarlos y emitir concepto para su presentación al Ministro de Transporte, de conformidad con la ley.
2.10 Dirigir y supervisar la elaboración de los proyectos para el análisis, liquidación, distribución y cobro de la contribución nacional de valorización, causada por la construcción y mejoramiento de la infraestructura de transporte de su competencia.
2.11 Prestar asesoría en materia de valorización, a los entes territoriales y entidades del Estado que lo requieran.
2.12 Proponer los cambios que considere convenientes para mejorar la gestión administrativa.
2.13 Definir las características técnicas de la demarcación y señalización de la infraestructura de transporte de su competencia, así como las normas que deberán aplicarse para su uso.
2.14 Ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura a su cargo.
2.15 Controlar y evaluar la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura a su cargo.
2.16 Definir la regulación técnica relacionada con la infraestructura de los modos de transporte carretero, fluvial, férreo y marítimo.
2.17 Coordinar con la Agencia Nacional de Infraestructura la entrega, mediante acto administrativo, de la infraestructura de transporte, en desarrollo de los contratos de concesión.
2.18 Las demás que se le asignen […]”.
60.1.1.2. De las funciones trascritas, tal y como lo indicó el Instituto Nacional de Vías, no hay ninguna relacionada con la protección de bienes de interés cultural de la Nación; pero, en criterio de la Sala, el propietario de un bien de interés cultural está en el deber de conservar y proteger el bien, aun cuando es una entidad pública y por ley, esa función no esté descrita.
60.1.1.3. El abandono en el que se encuentra la Estación de Ferrocarril es responsabilidad del propietario, así como la ocupación irregular; el Instituto Nacional de Vías al ser el propietario, debió cuidar y preservar la Estación. Para la Sala no son de recibo los argumentos relativos a que ha intentado entregar el bien al “[…] INCO […]” y que ese Instituto no ha hecho los trámites para recibirlo, o que el bien está deteriorado por el uso que le ha dado la Agencia Nacional de Infraestructura, Tren de Occidente S.A. e Ingeral Cia. Ltda. y las señoras Noelva Calvo, María Nieves Pachón y María Bernarda Restrepo, ya que esos argumentos, de una parte, no están sustentados en pruebas que permitan determinar la vulneración de derechos e intereses colectivos, y de otra, no se encuentra probado en el expediente que el deterioro de la edificación se produjo durante el tiempo en que el inmueble ha estado en manos de los mencionados ocupantes.
60.2. El propietario de un bien de interés cultural, está en la obligación de proteger y conservar el mismo, tal y como lo ha señalado la Corte constitucional en sentencia C-366 del 29 de marzo de 2000: “[…] 6.2.3. Significa lo anterior que la declaración de un bien como parte integrante del patrimonio cultural de la Nación, lleva consigo una serie de restricciones al derecho de propiedad, e imposición de cargas para los propietarios de éstos que, en concepto de esta Corporación, se relacionan con su disponibilidad y ello incluye, por supuesto, el uso o destinación que ha de darse al bien para efectos de su conservación y protección. En estos eventos, los propietarios de estos bienes, están obligados a tomar las medidas que sean necesarias para su mantenimiento. En contraposición, el Estado puede reconocer ciertas compensaciones y beneficios en su favor, tal como lo establece el artículo 48 de la ley 388 de 1997, las que, en todo caso, han de ser proporcionales a la limitación del derecho a la propiedad que se llegue a imponer […]”.
60.3. Por regla general, el propietario de un bien, inmueble o mueble, tiene la obligación de destinar o gestionar recursos para su mantenimiento.
61. Señalado que es el propietario el responsable de velar por proteger el bien de interés cultural, la Sala estudiará las facultades que tiene el Estado para proteger los bienes, en los siguientes términos:
61.1. El artículo 5.° de la Ley 397, modificado por el artículo 2 de la Ley 1185, regula lo relacionado con el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, previendo que el mismo “[…] está constituido por el conjunto de instancias públicas del nivel nacional y territorial que ejercen competencias sobre el patrimonio cultural de la Nación, por los bienes y manifestaciones del patrimonio cultural de la Nación, por los bienes de interés cultural y sus propietarios, usufructuarios a cualquier título y tenedores, por las manifestaciones incorporadas a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, por el conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional, planificación, información, y por las competencias y obligaciones públicas y de los particulares, articulados entre sí, que posibilitan la protección, salvaguardia, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural de la Nación […]”.
61.1.1. Conforme a lo anterior, la misma norma dispone que las entidades públicas que integran el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación son: i) el Ministerio de Cultura -quien tiene a su cargo la labor de coordinación-, ii) el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, iii) el Archivo General de la Nación, iv) el Instituto Caro y Cuervo, v) el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, vi) los Consejos Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural y, en general, vii) las entidades estatales que a nivel nacional y territorial desarrollen, financien, fomenten o ejecuten actividades referentes al patrimonio cultural de la Nación.
61.2. A su vez, el artículo 8 de la Ley 397, modificado por el artículo 5 de la Ley 1185, le impone al Ministerio de Cultura, la función de declarar y manejar los bienes de interés cultural del ámbito nacional, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, de fijar las políticas generales y dictar normas técnicas y administrativas, a las que deben sujetarse las entidades y personas que integran dicho sistema.
62. De igual forma, a los Municipios, a través de la respectiva Alcaldía Municipal, de conformidad con el artículo 8.° de la Ley 397, modificado por el artículo 5.° de la HYPERLINK "http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/LEY_1185_DE_2008.htm" Ley 1185, les corresponde cumplir respecto de los bienes de interés cultural del ámbito municipal que declare o pretenda declarar como tales; o los bienes incluidos en los Planes de Ordenamiento Territorial y los declarados como monumentos, áreas de conservación histórica o arquitectónica, conjuntos históricos u otras denominaciones efectuadas por los concejos municipales y alcaldías, homologadas a bienes de interés cultural, las funciones descritas en el numeral 1.2. del artículo 4.° del Decreto 763 de 2009.
62.1. También, les compete, en coordinación con el respectivo Concejo Municipal, destinar los recursos que las leyes y los presupuestos correspondientes señalan para las acciones relativas al Patrimonio Cultural de la Nación en lo de sus competencias, esto es, bienes municipales.
63. Frente a los Departamentos, a través de las Gobernaciones, de conformidad con el artículo 8.º de la Ley 397, les corresponde cumplir respecto de los bienes de interés cultural del ámbito departamental que declare o pretenda declarar como tales, las funciones señaladas en el numeral 1.2 del artículo 4.° del Decreto 763 de 2009; las cuales también se aplicaran a los bienes declarados como monumentos, áreas de conservación histórica o arquitectónica, conjuntos históricos u otras denominaciones efectuadas por las asambleas departamentales o gobernaciones.
63.1. Del mismo modo, les compete, en coordinación con la respectiva Asamblea Departamental, destinar los recursos que las leyes y los presupuestos correspondientes señalan para las acciones relativas al Patrimonio Cultural de la Nación en lo de su competencia, esto es, bienes departamentales.
64. En conclusión, es deber del Estado proteger los bienes que conforman el patrimonio cultural, cada uno, en su ámbito de competencia, sea nacional o territorial, lo cual, a nivel territorial es asignado a las entidades territoriales respecto de bienes de interés cultural del ámbito municipal, distrital o departamental, por intermedio de las Alcaldías o las Gobernaciones, previo concepto favorable del correspondiente Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, o del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, en el caso de los Distritos.
64.1. Conforme al artículo 3.° de la Ley 397, el dispone que para la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural se aplicará el principio de coordinación entre los niveles nacional, departamental, distrital y municipal y de los territorios indígenas, previendo a su vez que los planes de desarrollo de las entidades territoriales deben tener en cuenta los recursos para la conservación y la recuperación del patrimonio cultural.
65. Aplicando lo anterior al caso concreto, como el bien no es propiedad del Municipio de Palestina, ni del Departamento de Caldas, dichas entidades no están en la obligación legal de disponer de sus recursos para la conservación y recuperación de la Estación de Pasajeros de Ferrocarriles Nacionales, en el Corregimiento de Arauca, Municipio de Palestina, Departamento de Caldas.
66. Por último, la Sala señala, frente al recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional de Infraestructura, en el que argumenta que la sentencia proferida en primera instancia no estudió las funciones de esa entidad, previstas en el artículo 4.° del Decreto 4165 de 2011, que el Tribunal no concluyó que la Agencia Nacional de Infraestructura haya vulnerado los derechos a la defensa del patrimonio público y a la defensa del patrimonio cultural de la Nación, por incumplimiento de sus funciones como entidad pública, sino por ocupar el mismo como bodega; de igual forma, la Sala observa que la ocupación del inmueble por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura no cuenta con la autorización del propietario que, para este caso, es el Instituto Nacional de Vías, en los términos del artículo 10 de la Ley 397 de 1997, que dispone:
“[…] ARTICULO 10. INEMBARGABILIDAD, IMPRESCRIPTIBILIDAD E INALIENABILIDAD. <Artículo modificado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1185_2008.html" \l "6" 6 de la Ley 1185 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> Los bienes de interés cultural de propiedad de entidades públicas, son inembargables, imprescriptibles e inalienables.
(…)
Las autoridades señaladas en este parágrafo podrán autorizar a las entidades públicas propietarias de bienes de interés cultural para darlos en comodato a entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, hasta por el término de cinco (5) años prorrogables con sujeción a lo previsto en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html" \l "355" 355 de la Constitución Política, celebrar convenios interadministrativos y de asociación en la forma prevista en los artículos HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998_pr002.html" \l "95" 95 y HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998_pr002.html" \l "96" 96 de la Ley 489 de 1998 o en las normas que los modifiquen o sustituyan, y en general, celebrar cualquier tipo de contrato, incluido el de concesión, que implique la entrega de dichos bienes a particulares, siempre que cualquiera de las modalidades que se utilice se dirija a proveer y garantizar lo necesario para la protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación de los mismos, sin afectar su inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad”[…]
66.1. En conclusión, es cierto que el Decreto 4165 de 2011 no señala que sea función de la Agencia Nacional de Infraestructura proteger bienes de interés cultural, pero no hay que desconocer que la Agencia apelante, con el uso del mismo como bodega, está afectando el bien y que, con base en lo dispuesto por el artículo 10.° de la Ley 397, desconoció el trámite de permiso para su uso.
Conclusión de la Sala
67. Los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y la defensa del patrimonio cultural de la Nación fueron vulnerados por i) el Instituto Nacional de Vías por ser el propietario de la Estación de Pasajeros de Ferrocarriles Nacionales, en el Corregimiento de Arauca, Municipio de Palestina Caldas; ii) el Ministerio de Cultura por ser el encargado de cumplir funciones de vigilancia respecto de los bienes de interés cultural y conocer del mal estado del inmueble y de la ocupación irregular y no realizar actuaciones tendientes a solucionar la problemática; iii) la Agencia Nacional de Infraestructura, Tren de Occidente S.A. e Ingeral Cía Ltda por ocupar el inmueble como bodega de almacenamiento de materiales y taller de reparación de maquinaria; iv) las señoras Noelva Calvo, María Nieves Pachón y María Bernarda Restrepo por habitarlo; y, el Departamento de Caldas por ser la entidad Departamental de velar por la protección de los bienes de interés cultural.
68. El Instituto Nacional de Vías ostenta la calidad de propietario y goza de las facultades para velar por la recuperación, reparación y conservación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 397.
69. La Agencia Nacional de Infraestructura ocupó el bien sin permiso, desconociendo lo previsto en el artículo 10 de la Ley 397.
70. Lo anterior, conlleva a determinar que la Sala confirmará la sentencia proferida en primera instancia, el 2 de agosto de 2017 por el Conjuez del Tribunal Administrativo de Caldas, a través de la cual se ampararon los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
RESUELVE:
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de 2 de agosto de 2017, proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
Consejero de estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
Demanda presentada el 6 de agosto de 2010, folio 3 vto
Folios 748 a 767 vto cuaderno de apelaciones
Impugnación visible a folio 777 del cuaderno de apelaciones.
Impugnación visible a folios779 a 792 ibídem.
Providencia obrante a folios 748 a 767 vto. Ibidem.
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se distan otras disposiciones”.
Folio 3 cuaderno núm 1l.
Folios 6 a 9 cuaderno núm 1.
Folios 129 a 132 Ibídem.
Folios 282 y 283 Ibídem.
Folios 478 y 479 cuaderno 2.
Folio 481 ibídem.
Folios 541 a 545 ibídem.
Folios 546 a 548 Ibidem.
Folios 610 y 611 ibídem
Auto proferido el 18 de diciembre de 2012, visible a folio 616 Ibidem.
Folios 693 y 694 ibídem.
Folios 727 a 731 ibídem.
Folios 28 a 57 ibídem.
“Por la cual se desarrollan los Artículos HYPERLINK "http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125" \l "70" 70, HYPERLINK "http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125" \l "71" 71 y HYPERLINK "http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125" \l "72" 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias”.
Folios 153 a156 del cuaderno principal.
“Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 -Ley General de Cultura- y se dictan otras disposiciones”.
Folios 56 a 60 ibídem.
Folios 72 a 75 del cuaderno principal.
Folios 211 a 214 cuaderno principal.
Folios 235 a 246 ibídem.
Folios 289 a 302 ibídem.
Folios 336 a 342 cuaderno principal.
Folios 541 a 544 cuaderno de primera instancia.
Folios 748 a 767 vlto ibídem.
Impugnación visible a folio 777 del cuaderno principal.
Impugnación visible a folios 779 a 792 ibídem.
Auto visible a folio 819 y 820 ibídem.
Auto visible a folio 835 vto Ibidem.
Folios 850 y 851 vto ibídem.
Folios 853 a 860 del cuaderno principal.
Folios 861 a 866 ibídem.
“[…] ARTÍCULO 16.- COMPETENCIA. De las Acciones Populares conocerán en primera instancia los jueces administrativos y los jueces civiles de circuito. En segunda instancia la competencia corresponderá a la Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal de Distrito Judicial al que pertenezca el Juez de primera instancia […]
Parágrafo. Hasta tanto entren en funcionamiento los juzgados administrativos, de las acciones populares interpuestas ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa conocerán en primera instancia los Tribunales Contencioso Administrativos y en segunda instancia el Consejo de Estado […]”.
“[…] ARTICULO 129. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. Subrogado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0446_1998_pr001.html" \l "37" 37 de la Ley 446 de 1998. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.
El grado jurisdiccional de consulta se surtirá en los eventos de que trata el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo_pr004.html" \l "184" 184 de este Código. […]”
Decreto 001 de 2 de enero de 1984 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.”
[…] ARTÍCULO 1. Distribución de negocios entre las secciones. El artículo 13 del Acuerdo Núm. 58 de 1999, por el cual se expidió el reglamento del Consejo de Estado, quedará así: Artículo 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS NEGOCIOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus Secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […]7-. Las acciones populares con excepción de las que se atribuyan a la sección tercera de lo Contencioso Administrativo […]”.
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, Radicación núm. 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de junio de 2011. C.P.: Jaime Santofimio Gamboa, número único de radicación 25000-23-26-000-2005-01330-01(AP). Cfr. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 12 de octubre de 2006, número único de radicación AP 857 -01.C.P.: Ruth Stella Correa Palacio. Crf. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 25 de febrero de 2016, número único de radicación 25000-23-24-000-2012-00656-01(AP) M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-778 del 27 de julio de 2005. Acción de tutela instaurada por Ati Seygundiba Quigua Izquierdo contra Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera Subsección A. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
“Por la cual se sustituye la Decisión 460 sobre la protección y recuperación de bienes del patrimonio cultural de los Países Miembros de la Comunidad Andina”
Artículo 4º. de la Ley 397 del 7 de agosto de 1997: “Por medio de la cual se desarrollan los artículos 70, 71, 72 y demás artículos concordantes de la constitución política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el ministerio de la cultura y se trasladan algunas dependencias”. Artículo 2.5.1.2. del Decreto 1080 del 26 de mayo de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario único del Sector Cultura”. De acuerdo con el Decreto, el Patrimonio cultural Inmaterial se integra en la forma dispuesta en los artículos 4º de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 1º de la Ley 1185 de 2008, y 11-1 de la Ley 397 de 1997 y adicionado por el artículo 8º de la Ley 1185 de 2008. Lo anterior, en consonancia, con las referidas normas y con la Convención de la Unesco para la Salvaguardia del Patrimonio cultural Inmaterial aprobada en París el 17 de octubre de 2003, adoptada por Colombia mediante la Ley 1037 de 2006 y promulgada mediante el Decreto 2380 de 2008. Artículo 1º. de la Ley 397 de 1997.
(Decreto número 2941 de 2009; artículo 5°). Artículo 2.5.1.5. del Decreto 1080 del 26 de mayo de 2015. Folio 4 del cuaderno principal. Folios 72 y 73 Ibidem. Folio 76 a 79 cuaderno de primera instancia. Folios 80 a 85 ibídem. CD visible a folio 173 A cuaderno de primera instancia. Folios 310 a 316 ibídem. Folios 317 a 320 cuaderno de primera instancia. Folios 318 a 427 Ibidem. Folios 434 a 441 ibídem. Folios 442 y 443 ibídem. Folios 589 a 591 cuaderno de primera instancia. Folios 583 a 585 ibídem. Folios 1 a 9 cuaderno núm. 3. Cd a folios 41 A cuaderno 2. Cd a folios 47 A ibídem. Folio 188 ibídem. Folios 72 y 73 cuaderno núm. 1. Folios 589 a 591 cuaderno de primera instancia. Corte Constitucional, sentencia proferida el 29 de marzo del 2000, magistrado ponente Alfredo Beltrán Sierra
1.2. Competencias específicas sobre BIC del ámbito nacional. Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural
i.
Elaborar y administrar la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, e incluir en dicha Lista los bienes que podrían llegar ser declarados como BIC en dicho ámbito.
ii. Definir cuáles de los bienes incluidos en la Lista de que trata el numeral anterior requieren un Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-. Declaratorias y revocatorias
iii. Efectuar las declaratorias de los BIC del ámbito nacional.
iv. Revocar los actos de declaratoria de BIC del ámbito nacional por razones legales o cuando los respectivos bienes hubieran perdido los valores que dieron lugar a la declaratoria.
v. Someter al concepto del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural los actos antes enumerados que requieran de la participación de dicho Consejo, y acoger dichos conceptos cuando tengan carácter obligatorio. Régimen Especial de Protección de BIC
vi. Actuar como instancia competente en lo relacionado con la aplicación del Régimen Especial de Protección, cuya sigla es -REP-, de que trata el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0397_1997.html" \l "11" 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1185_2008.html" \l "7" 7o de la Ley 1185 de 2008, respecto de los bienes que declare como BIC del ámbito nacional o de los declarados como tal con anterioridad a la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1185_2008.html" \l "1" 1185 de 2008.
vii. Aprobar los PEMP de bienes que declare como BIC del ámbito nacional o los declarados como tal antes de la expedición de la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1185_2008.html" \l "1" 1185 de 2008, si tales bienes requieren dicho plan, previo concepto del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.
viii. Autorizar las intervenciones en BIC del ámbito nacional, así como aquellas que se pretendan realizar en sus áreas de influencia y/o en bienes colindantes con dichos bienes.
ix. Autorizar las intervenciones en espacios públicos localizados en sectores urbanos declarados BIC del ámbito nacional.
x. Registrar a profesionales que supervisen intervenciones de BIC del ámbito nacional.
xi. Autorizar, cuando proceda en los casos previstos en la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1185_2008.html" \l "1" 1185 de 2008 y bajo las condiciones allí establecidas y reglamentadas en este decreto, la exportación temporal de BIC muebles del ámbito nacional.
xii. Evaluar los ofrecimientos de enajenación de BIC muebles del ámbito nacional, producto de la intención de venta de sus propietarios y dar respuesta de conformidad con el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0397_1997.html" \l "11" 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1185_2008.html" \l "7" 7o de la Ley 1185 de 2008, numeral 4, y recibir noticia de la transferencia de dominio de los BIC del ámbito nacional de conformidad con la misma disposición legal.
xiii. Informar a la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que esta incorpore la anotación en el folio de matrícula Inmobiliaria respecto de los BIC inmuebles que declare, o los declarados con anterioridad a la expedición de la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1185_2008.html" \l "1" 1185 de 2008 en el ámbito nacional, así como sobre la existencia del PEMP aplicable al inmueble, si dicho plan fuese requerido. Igualmente, informar sobre la revocatoria de tales declaratorias.
xiv.
Autorizar en casos excepcionales, la enajenación o el prestamo de BIC del ámbito nacional que pertenezcan a entidades públicas, entre entidades públicas de cualquier orden, y autorizar cuando proceda a las entidades públicas propietarias de BIC del ámbito nacional, para darlos en comodato a entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad o celebrar con estas convenios o contratos de que trata el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0397_1997.html" \l "10" 10 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1185_2008.html" \l "6" 6o de la Ley 1185 de 2008.
xv. Elaborar y mantener actualizado el registro de BIC del ámbito nacional, e incorporar los registros de BIC del ámbito territorial al Registro Nacional de BIC de conformidad con el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0397_1997.html" \l "14" 14 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1185_2008.html" \l "9" 9o de la Ley 1185 de 2008. Sanciones
xvi. Aplicar o coordinar, según el caso, respecto de los BIC del ámbito nacional el régimen precautelar y sancionatorio dispuesto en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0397_1997.html" \l "15" 15 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1185_2008.html" \l "10" 10 de la Ley 1185 de 2008.
ARTÍCULO 4o. FUNCIONES GENERALES. Como consecuencia del cambio de naturaleza, son funciones generales de la Agencia Nacional de Infraestructura: 1. Identificar, evaluar la viabilidad y proponer iniciativas de concesión u otras formas de Asociación Público Privada para el desarrollo de la infraestructura de transporte y de los servicios conexos o relacionados. 2. Planear y elaborar la estructuración, contratación y ejecución de los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública y de los servicios conexos o relacionados, que hayan sido previamente identificados por el Ministerio de Transporte o asignados por el Gobierno Nacional. 3. Crear y administrar un banco de proyectos de infraestructura de transporte que sean susceptibles de desarrollarse mediante concesión u otras formas de Asociación Público Privada. 4. Definir metodologías y procedimientos en las etapas de planeación, preadjudicación, adjudicación, postadjudicación y evaluación de proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo. 5. Elaborar los estudios para definir los peajes, tasas, tarifas, contribución de valorización y otras modalidades de retribución por el diseño, construcción, operación, explotación, mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura relacionada con los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo. 6. Elaborar los estudios y adelantar las acciones necesarias para recopilar la información de carácter predial, ambiental y social requerida para una efectiva estructuración y gestión de los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo. 7. Identificar y proponer, como resultado del análisis de viabilidad técnica, económica, financiera y legal, las modificaciones requeridas a los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo, con la finalidad de asegurar condiciones apropiadas para el desarrollo de los mismos. 8. Realizar directa o indirectamente la estructuración técnica, legal y financiera de los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo, con base en los lineamientos y políticas fijadas por las entidades encargadas de la planeación del sector transporte y por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, (Conpes). 9. Coordinar y gestionar, directa o indirectamente, la obtención de licencias y permisos, la negociación y la adquisición de predios y la realización de las acciones requeridas en el desarrollo de los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo. 10. Adelantar los procesos de expropiación administrativa o instaurar las acciones judiciales para la expropiación, cuando no sea posible la enajenación voluntaria de los inmuebles requeridos para la ejecución de los proyectos a su cargo. 11. Identificar, analizar y valorar los riesgos de los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo e incorporar en todos los contratos de concesión y sus modificaciones las reglas de distribución de riesgos de forma que sea explícita la asunción de riesgos de cada una de las partes. 12. Evaluar y hacer seguimiento a los riesgos contractuales e institucionales y proponer e implementar medidas para su manejo y mitigación. 13. Controlar la evolución de las variables relacionadas con las garantías otorgadas por la Nación durante la vigencia de los contratos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a cargo de la entidad, y calcular y actualizar los pasivos contingentes, si hubiere lugar a ello, para cubrir dichas garantías, de acuerdo con las normas legales vigentes y los lineamientos impartidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 14.
Coordinar con el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) la entrega y recibo de las áreas y/o la infraestructura de transporte asociadas a los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo. 15. Ejercer las potestades y realizar las acciones y actividades necesarias para garantizar la oportuna e idónea ejecución de los contratos a su cargo y para proteger el interés público, de conformidad con la ley. 16. Supervisar, evaluar y controlar el cumplimiento de la normatividad técnica en los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo, de acuerdo con las condiciones contractuales. 17. Realizar la medición y/o seguimiento de las variables requeridas en cada proyecto para verificar el cumplimiento de los niveles de servicio y demás obligaciones establecidas en los contratos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo. 18. Asesorar a las entidades descentralizadas, territorialmente o por servicios y a las entidades nacionales, en la estructuración técnica, legal y financiera de proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada, para lo cual se suscribirán los convenios y contratos que sean necesarios. 19. Administrar y operar de forma temporal la infraestructura ferroviaria nacional cuando por razones de optimización del servicio esta haya sido desafectada de un contrato de concesión y hasta tanto se entregue a un nuevo concesionario o se disponga su entrega definitiva al Instituto Nacional de Vías (Invías). 20. Adelantar con organismos internacionales o nacionales, de carácter público o privado, gestiones, acuerdos o contratos para el desarrollo de actividades relacionadas con su objeto, tales como la realización de estudios o la estructuración de proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada o la prestación de servicios de consultoría. 21. Las demás funciones que se le asignen de conformidad con lo establecido en la ley.
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