Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-31-000-2011-00145-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-31-000-2011-00145-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 17001-23-31-000-2011-00145-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
5 de febrero de 2026
1
Número de radicación: 17001 23 31 000 2011 00145 01
Demandante: Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Número de radicación: 17001 23 31 000 2011 00145 01
Demandante: Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta
Demandada: Municipio de Riosucio
Acción: Nulidad simple. Código Contencioso Administrativo
Tesis: No procede la acción de nulidad simple interpuesta contra un acto
administrativo particular, si es interpuesta por una comunidad indígena para la
defensa de su territorio.
Procede la excepción de indebida escogencia de la acción en el evento en el que
se advierte que las pretensiones de la demanda que se interpuso implican el
restablecimiento automático de un derecho subjetivo.
Caduca la acción de nulidad y restablecimiento, si entre la notificación por conducta
concluyente y la presentación de la demanda, transcurrieron más de cuatro meses
sin que se presentara la demanda.
SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación presentado por Comcel S.A. contra la
sentencia de 16 de enero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, que declaró la nulidad de la Resolución 0015-00 de 17 de marzo de 2010,
expedida por la Secretaría de Planeación de Obras Públicas del Municipio de
Riosucio.
I. DEMANDA
1. En ejercicio de la acción de nulidad simple consagrada en el artículo 84 del
Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), el Resguardo Indígena de
Cañamomo y Lomaprieta actuando por intermedio de apoderada judicial, interpuso
demanda contra el Municipio de Riosucio.
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Número de radicación: 17001 23 31 000 2011 00145 01
Demandante: Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta
1.1. Pretensiones
«DECLARACIONES
1. Que es nula la Resolución No 0015-010, mediante la cual se expide una
licencia de construcción, otorgada por el Arq. Angelo Geovanny Cruz Navas,
Secretario de Planeación y Obras Públicas del municipio de Riosucio
Caldas, al señor Henry Londoño Narvaez, con fecha de notificación Marzo
17 de 2010, y a través de la cual se concede licencia de construcción de la
Estación Base G.S.M Cad Riosucio II antena de comunicaciones
perteneciente a la empresa Comcel S.A., en territorio reconocido
ancestralmente como jurisdicción del resguardo indígena Cañamomo-
Lomaprieta, específicamente por la vía del Talego, cerca al Estadio
Municipal, como según consta en la "Escritura Pública # 565 de 18 de
diciembre de 1953 que contiene a su vez la protocolización de la escritura #
79 de 13 de febrero de 1936 por medio de la cual el Cabildo de la Parcialidad
Cañamomo y Lomaprieta protocolizó el acta de posesión de dicha
Parcialidad Indígena.
2. Una vez ejecutoriada la sentencia que le ponga fin a la presente acción, se
comunique a la autoridad administrativa que profirió el acto, para los efectos
legales consiguientes» 1.
1.2. El acto administrativo acusado
2. La parte resolutiva del acto cuya legalidad se discute es la que se transcribe a
continuación:
«RESOLUCION (sic) No. 0015-010
MEDIANTE LA CUAL SE EXPIDE UNA LICENCÍA DE CONSTRUCCIÓN
EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO
DE RIOSUCIO CALDAS, EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES Y EN
ESPECIAL LAS OTORGADAS POR LA LEY 388 DE 1997, EN ESPECIAL
SU CAPITULO XI Y EL ARTICULO 65 DEL DECRETO 564 DE 2006.
CONSIDERANDO:
(…)
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder la Licencia de Construcción solicitada por el
Señor HENRY LONDOÑO NARVAEZ y para el predio que a continuación se
describe:
Tipo de Solicitud: LICENCIA DE CONSTRUCCION
Propietario: HENRY LONDONO NARVAEZ
1
Folio 2 del cuaderno principal.
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Número de radicación: 17001 23 31 000 2011 00145 01
Demandante: Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta
Identificación: 8231652
Pecha de Radicación: 17 de febrero de 2010
Ficha Catastral: 010000760071000
Matricula Inmobiliaria: 115-0012181
Dirección: Carrera 6ª No 19-30
Tipo-de construcción: ESTACIÓN BASE DE TELEFONIA CELULAR
Solicitante: COMCEL SA
Identificación: 800.153.993-7
No. de Radicación: 015
AREA TOTAL A CONSTRUIR: 250 m
Que la construcción se destinará al siguiente Uso:
Tipo de construcción: ESTACIÓN BASE DE TELEFONIA CELULAR
Que la obra se ejecutará en un área de desarrollo urbano y para lo cual no se
hace necesario elaborar un plan parcial ya que el predio es menor de 10 has,
como lo indica el decreto 4065 de 2008
Que los linderos y dimensiones del inmueble se hallan contenidos en la
Escritura y/o el Certificado de Tradición que a continuación se relacionan:
Escritura N° 275 de 03 de Julio de 1994.
Certificado de tradición impreso. (sic) el 17 de febrero de 2010
Que la existencia y representación legal de la sociedad esta certificada en
documento expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá del 14 de febrero
de 1992 expedido el 18 de febrero de 1992
Que el Proyecto está presentado por:
Arquitecto: NESTOR MARIO AGUDELO SOTO, Mat. No 0570037926- Ant.
Ingeniero Civil: FRANK MONTOYA CALLEJAS. Mat. No 05202-07502 Ant
Que el propietario solicitó una licencia para ejecutar la siguiente obra
Adelantar la Construcción de una estación base de Comunicación celular,
conforme a los planos presentados.
Detalle de Área total: 250 m2
Presupuesto: $ 74.904.083
Impuesto cancelado: $ 917.747
Que hacen parte de esta resolución, los siguientes planos y documentos:
• Copia del contrato de arrendamiento firmado por las partes.
• Certificado de Tradición y libertad del inmueble donde se desarrollará el
proyecto.
• Copia de cédula del propietario del predio
• Solicitud de licencia de construcción firmado, por el propietario del
inmueble.
• Copia de la escritura pública.
• Estudio de suelos.
• Dos juegos de planos de localización del proyecto (planimetría y
altimetría)
• Tres juegos de planos de planta actual, planta de la estación, cortes,
fachada, caseta, cuadro de áreas y localización presentados por el
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Número de radicación: 17001 23 31 000 2011 00145 01
Demandante: Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta
Arquitecto: NESTOR MARIO AGUDELO SOTO. M.P. 0570037926 y el
Ingeniero civil: FRANK MONTOYA CALLEJAS., M.P. 05202-07502.
• Dos juegos de planos de diseño arquitectónico del proyecto.
• Un juego de planos diseño estructural cimentación de la torre auto
soportada.
• Acta de vencidad
Lo anterior de acuerdo con los planos presentados y aprobadas por esta oficina
las cuales hacen parte integral de esta Licencia.
ARTICULO SEGUNDO: Esta Licencia tiene una vigencia de (24) Veinticuatro
meses, la cual es prorrogable por un plazo adicional de (12) Doce meses,
contados a partir de la fecha de su ejecutoria. La solicitud de dicha prórroga,
deberá formularse dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores al
vencimiento de la respectiva licencia. La prorroga (sic) se podrá conceder
siempre que se compruebe la iniciación de la obra, de acuerdo al artículo 24 del
decreto 1052 de 1998.
ARTICULO TERCERO: La presente licencia deberá ser publicada en Cartelera
de la Oficina de Planeación municipal.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procederán los recursos
de reposición ante la Secretaria (sic) de Planeación y Obras Públicas y en
subsidio el de Apelación ante eI Alcalde Municipal dentro de los cinco (5) días
siguientes a su notificación para los vecinos y a la publicación para el titular de
la Licencia y los terceros»2.
1.3. Supuestos fácticos
2. Afirmó que por medio de la Resolución No 0015-010 el secretario de
Planeación y Obras Públicas del municipio de Riosucio concedió licencia de
construcción al señor Henry Londoño Narváez para construir una Estación Base
G.S.M Cad Riosucio II, antena de comunicaciones de la empresa Comcel S.A, en
territorio reconocido como jurisdicción del Resguardo Indígena Cañamomo
Lomaprieta.
3. Manifestó que el 09 de septiembre de 2010 el gobernador indígena del
Resguardo de Cañamomo y Lomaprieta radicó derecho de petición ante la alcaldía
del municipio de Riosucio con el fin de solicitar información sobre los documentos y
los procedimientos mediante los cuales se autorizó la construcción de la Estación
Base G.S.M Cad. Riosucio II ubicada en el sector El Talego, zona que pertenece a
la jurisdicción del resguardo indígena.
2 Folios 161 a 165 ibidem.
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Demandante: Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta
4. Adujo que en oficio de 28 de septiembre de 2010, con nota de recibo el 04
de octubre de 2010, la Alcaldía del Municipio de Riosucio contestó el derecho de
petición y anexo como pruebas: i) Cuadro de Área de la estación base G.S.M "CAD
Riosucio II" avenida el Vergel (vía Sipirra) —N15- 30 villa del Socorro municipio de
Riosucio, Departamento de Caldas, el cual contiene: Planta actual, Planta Estación,
Cortes, Fachada PPAL, Detalles, Cuadro de Áreas, Localización, Realizado por
Frank Montoya Callejas Ingeniero Civil, de fecha marzo 28 de 2007 y; ii) la
Resolución No 0015-010, mediante la cual se expide una licencia de construcción,
otorgada por el Arquitecto Ángelo Geovanny Cruz Navas, Secretario de Planeación
y Obras Públicas del municipio de Riosucio Caldas, al señor Henry Londoño
Narváez, con fecha de notificación marzo 17 de 2010.
1.4. Concepto de la violación
1.4.1. Expedición irregular y violación de normas superiores
5. Invocó como desconocidos los artículos 7, 8, 246, 330 (parágrafo), 329, 29,
40 (numerales 2, 79 y 80) de la Constitución Política; artículos 6, 7, y 15 del
Convenio de la OIT aprobados mediante la Ley 21 de 1991 y los artículos 76 y 1
(numerales 1,2 y 11) de la Ley 99 de 1993 en los que se consagran disposiciones
para la protección de las comunidades indígenas de conformidad con la diversidad
étnica y cultural de la nación.
6. De la licencia de construcción señaló que no se exigió a la autoridad
competente los estudios de impacto ambiental, con los que se determinaban los
impactos ambientales, étnicos y culturales, de acuerdo con el Convenio 169 de la
OIT ni tampoco se observaba la participación de la comunidad indígena de
conformidad con las normas que establecen el derecho a la consulta previa.
7. Agregó que la Alcaldía de Riosucio al expedir la Resolución N°0015-010
inobservó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT y las normas en materia
ambiental de que tratan el artículo 1 numerales 1,2 11 y el artículo 76 de la Ley 99
de 1993 al otorgar una licencia de construcción sin el proceso de consulta previa y
concertación con las comunidades.
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8. Igualmente, indicó que el acto administrativo demandado fue expedido de
forma irregular dado que desconoció el derecho de audiencia y de defensa
establecido en el inciso 2 del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.
9. Sostuvo que el lugar en donde se realizó la construcción de la Estación Base
de Telefonía Celular de Comcel S.A. hace parte del territorio ancestral del
Resguardo Indígena por lo que se afectó el territorio y la integridad étnica y cultural
de la comunidad. Adujo que si bien existían problemas frente a la titulación de las
tierras, el Convenio 169 de la OIT contiene un concepto amplio de la noción de
territorios indígenas por lo que el proyecto de construcción de la antena está dentro
del área de influencia y en virtud de eso se debió realizar la consulta previa para
otorgar la licencia de construcción.
10. Explicó el marco normativo y el desarrollo jurisprudencial en materia
ambiental para el otorgamiento de licencias con las que precisó que en el caso bajo
estudio no se podía subestimar las afectaciones ambientales que podrían poner en
riesgo la integridad étnica y cultural de la comunidad indígena y la salud e integridad
de los habitantes del municipio por la amplia gama de campos electromagnéticos
que las antenas generan.
11. Finalmente, indicó que en el caso concreto aplicaba el principio de precaución
establecido en la Declaración de Río de Janeiro con el que se debe proteger los
grupos étnicos y la biodiversidad del país dada la incertidumbre de los impactos que
generan las antenas de telefonía celular y la inexistencia de los estudios de los
impactos ambientales que la instalación de las antenas causa.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
12. El Municipio de Riosucio y el señor Henry Londoño Narváez guardaron
silencio según constancia secretarial visible a folio 88 del cuaderno principal.
2.1. Comcel S.A.
13. La sociedad Comcel S.A., actuando por intermedio de apoderado judicial, se
opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en que el acto
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administrativo demandado fue expedido de conformidad con la ley sustantiva y
procedimental vinculante al caso3.
14. Consideró que el predio en el cual se concedió licencia de construcción no
pertenece a la jurisdicción del Resguardo Indígena sino a la jurisdicción del
Municipio de Riosucio.
15. Advirtió que la Resolución demandada cumplía con los requisitos
establecidos en el Acuerdo 145 de 2003- Plan Básico de Ordenamiento Territorial
que contenía aspectos sobre las políticas urbanas, licencias de construcción y
transformación del territorio municipal.
16. Sobre la instalación de equipos de comunicación afirmó que estaban
regulados en la Ley 1341 de 2009, reglamentada en el Decreto 4392 de 2010, el
cual regulaba el uso del espectro radioeléctrico y establecía por requisito un permiso
previo otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones.
17. Señaló que la licencia para la instalación de los equipos es de competencia
de las autoridades de orden nacional según el Decreto 1995 de 2009, lo que le
permitía concluir que las entidades de orden municipal y las curadurías urbanas sólo
tenían competencia para el otorgamiento de las licencias de construcción, pero no
para los aspectos técnicos de las instalaciones electromagnéticas.
18. Finalmente, invocó por excepción i) la improcedencia de la acción de simple
nulidad toda vez que no se acreditó la afectación de manera evidente al orden
público, social o económico, ni de afectar el interés colectivo o tener incidencia
transcendental sobre el desarrollo y bienestar social de los colombianos y; ii) la
prevalencia del principio de legalidad de las resoluciones demandadas.
III. SENTENCIA APELADA
19. El Tribunal Administrativo de Caldas, resolvió lo siguiente:
3 Folio 149 del cuaderno principal.
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«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución Nº 0015-00 del 17 de
marzo de 2010 por medio de la cual el Secretario de Planeación y Obras
Públicas del Municipio de Riosucio expidió una licencia de construcción a favor
del sr. Henry Londoño Narváez.
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia según lo indicado en la parte motiva.
TERCERO: ejecutoriada esta providencia, LIQUÍDENSE los gastos del
proceso, DEVUÉLVANSE los remanentes si los hubiere y ARCHÍVENSE las
diligencias, previas las anotaciones respectivas en el programa Justicia Siglo
XXI.»4
20. Para sustentar su decisión manifestó que a pesar de la certificación expedida
por el gobernador del resguardo en 2001 en la que se indicó que el predio del señor
Henry Londoño Narváez no hace parte del Resguardo Indígena, de las pruebas
aportadas al proceso se infería que el predio hace parte del Resguardo toda vez
que en dos oportunidades el señor Londoño Narváez le solicitó al gobernador
permiso para instalar la antena sumado a que dicho asunto fue corroborado con la
sentencia T-698 de 2011 proferida por la Corte Constitucional.
21. Sostuvo que frente a los mismos hechos que se discutieron en esa instancia,
la Corte Constitucional en la sentencia mencionada afirmó que la consulta previa es
una manifestación al derecho de participación de las comunidades indígenas de
conformidad con la normativa constitucional y el bloque de constitucionalidad que lo
integra sobre diversidad étnica y cultural de la nación y derechos fundamentales de
las comunidades indígenas.
22. Al respecto precisó que en virtud de la sentencia T- 693 de 2011 la consulta
previa a las comunidades indígenas procede tanto en decisiones administrativas
como legislativas y señaló que en sentencias T-235 de 2011 y T-693 de 2011 se
desarrolló el concepto de territorio colectivo el cual no se limitaba a la ubicación
geográfica de la comunidad sino a la idea del territorio como “el lugar en donde se
desarrolla la vida social de la comunidad indígena” sumado a su carácter
inembargable, inalienable e imprescriptible.
23. Agregó que en la sentencia T- 617 de 2010 se definió el ámbito territorial de
una comunidad como el espacio en donde esta ejerce su autonomía y agregó que
4 Folio 248 del Cuaderno principal.
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la titularidad del territorio, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, proviene de “la
posesión ancestral por parte de las comunidades y no de un reconocimiento estatal”
con lo cual se reconoció que el concepto de territorio podía tener un efecto
expansivo el cual es diferente a la visión tradicional de propiedad regulada en el
ordenamiento civil.
24. De la sentencia T-698 de 2011 concluyó que en el caso concreto existía
ambigüedad en la delimitación de los territorios ancestrales en el Municipio de
Riosucio y divergencias entre las autoridades locales y la comunidad indígena, por
lo cual amparó el derecho de consulta previa de la comunidad indígena
perteneciente al Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta con el objetivo
de identificar el impacto que les pudiera causar la operación de la estación Base
CAD Riosucio-2, pero precisó que la Corte Constitucional en sede de tutela no anuló
la licencia de construcción ni ordenó que se demoliera, comoquiera que la
comunidad indígena y las autoridades debían dialogar para valorar las afectaciones.
25. El Tribunal señaló que de la anterior decisión se extraía que la consulta previa
era procedente en virtud a que i) se trataba de una decisión administrativa; ii) la
medida involucraba la explotación de un recurso natural en territorio indígena y iii)
la Constitución garantiza la identidad cultural de los pueblos indígenas y el derecho
de participación, de suerte que el acto administrativo demandado desconoció el
contenido de los artículos 6 y 7 de la Ley 21 de 1991 y el parágrafo del artículo 330
de la Constitución Política.
IV.RECURSO DE APELACIÓN
26. El apoderado judicial de la empresa Comcel S.A. interpuso recurso de
apelación5 manifestando que se incurrió en un error de hecho en la medida en que
se desconoció la certificación expedida en 2001 por el Gobernador del Resguardo
Indígena de Cañamomo y Lomaprieta en el que consta que el predio de propiedad
del señor Henry Londoño Narváez no hace parte del Resguardo Indígena.
5 Folio 267 del cuaderno principal.
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27. Afirmó que la sentencia de primera estancia desconoció el derecho de
propiedad del señor Henry Londoño Narváez al desestimar el certificado de tradición
del inmueble, así como la licencia de construcción para ejecutar la obra y permitir la
instalación de la antena en el predio solicitado.
28. Adujo que el demandante alega en su favor su propia culpa, pues no obstante
tener la certificación del gobernador en la que se indicaba que el predio no hacía
parte del Resguardo Indígena solicitó autorización al gobernador para la instalación
de la antena, sin que obtuviera respuesta.
29. Agregó que no se aplicó el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil,
según el cual les incumbe a las partes probar los presupuestos de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que se persigue. Así, adujo que en el caso
concreto se pretendía la declaración de nulidad simple basada en el hecho que el
predio del señor Henry Londoño Narváez no hace parte del territorio Indígena del
Resguardo de Cañamomo y Lomaprieta, pero se demostró tal aserto.
30. Consideró que la sentencia le dio un alcance equívoco a la escritura pública
para afirmar que el predio integraba el resguardo cuando debió acreditarse dicho
aspecto mediante inspección judicial con intervención de perito.
31. Sostuvo que el A Quo no aplicó el artículo 23 de la Ley 89 de 1890, según el
cual los cabildos indígenas pueden pedir la nulidad de los contratos en los que se
hayan hipotecado las tierras del Resguardo o cualquier negocio en que la
comunidad haya sufrido perjurios que se pudieran reclamar.
32. Aseguró que la Corte Constitucional en sentencia T-698 de 2011 le dio
validez a la resolución demandada en la medida en que previno a la Alcaldía de
Riosucio para que en el futuro se abstuviera de entregar licencias ambientales, de
construcción y en general adoptar medidas administrativas en las que intervengan
comunidades indígenas sin que se agotara el procedimiento de consulta previa. En
su criterio, la Corte no cuestiona la legalidad de ese acto, sino que establece pautas
para que surtan el proceso de consulta previa de la comunidad de Cañamomo y
Lomaprieta y en esa medida rectificar la omisión como causal de nulidad de la
decisión censurada, sin precisar más al respecto.
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33. Por último, señaló que el A Quo trasgredió el derecho fundamental al debido
proceso ya que mediante auto admisorio se advirtió que se trataba de una demanda
de un acto particular y concreto y la parte demandante reformó la demanda a la
acción de nulidad y el restablecimiento del derecho, sin que el Tribunal se
pronunciara al respecto.
V.TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
34. Mediante auto de 04 de agosto de 20146, el Despacho admitió el recurso de
apelación interpuesto y sustentado oportunamente por la empresa Comcel S.A.
35. A través de proveído de 31 de mayo de 20167, se corrió traslado para alegar
de conclusión.
36. Las partes guardaron silencio.
VI.CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
37. La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa8 consideró
que en virtud del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por
remisión del artículo 165 del Código Contencioso Administrativo, no existía la
nulidad procesal invocada por Comcel, aun cuando el Tribunal no se pronunció
frente a la reforma de la demanda, sin precisar más al respecto.
38. Sostuvo que en el asunto no se discutía el derecho de dominio del señor Henry
Londoño Narváez sobre el predio en el que se tramitó la licencia de construcción de
la antena sino el cumplimiento del deber de consultar a la comunidad indígena del
resguardo de Cañamomo y Lomaprieta sobre la construcción de la Estación Base
GSM Cad Riosucio II, comoquiera que en la sentencia de instancia y en la sentencia
T-698 de 2011 quedó suficientemente demostrado que el otorgamiento de la licencia
6 Folio 4 del cuaderno núm. 2.
7 Folio 7 del cuaderno núm. 2.
8 Folio 10 del cuaderno núm. 2.
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afectaba el entorno de la comunidad indígena en donde realizaban sus prácticas
culturales.
39. Destacó que el derecho fundamental a la consulta previa era exigible de forma
independiente a que la comunidad indígena tuviera un título ajustado a los
estándares de la Legislación civil sobre dicho territorio.
40. Reiteró lo manifestado por el Tribunal respecto a que de las pruebas se
determinaba que el predio del señor Henry Londoño Narváez hacía parte del
Resguardo Indígena.
41. Frente a la petición remitida por el señor Henry Londoño Narváez al
Gobernador del Resguardo Indígena en el que se solicitaba autorización para la
construcción de la antena precisó que no todo acercamiento con las comunidades
conllevaba el cumplimiento de la consulta previa, sino que debía realizarse con
pleno conocimiento de los alcances del proyecto, ventajas y desventajas para la
comunidad y en atención a los procedimientos establecidos con ese propósito.
VII.CONSIDERACIONES
7.1. Competencia de la Sala
42. En atención De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la
Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 129 del Código
Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20199, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la
referencia.
43. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala
a decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.
7.2. Sobre el impedimento
9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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44. Por medio de comunicación de 3 de diciembre de 202510, el doctor Carlos
Fernando Mantilla Navarro Consejero de la Sección Primera de esta Corporación
manifestó su impedimento en el presente asunto.
45. Mediante auto de 11 de diciembre de 202511 se declaró fundado en atención
a que cuando fungía como Agente del Ministerio Público rindió concepto sobre el
asunto de la referencia.
7.3. Cuestión previa
46. De lo primero que se debe ocupar la Sala es de la manifestación del
recurrente con relación a si el A Quo incurrió en una vulneración del debido proceso
cuando profirió la sentencia que se controvierte, comoquiera que en la primera
instancia no se pronunció frente a la reforma de la demanda mediante la cual la
parte actora pretendía cambiar la acción de nulidad simple por nulidad y
restablecimiento del derecho.
47. Sobre el particular lo que se advierte es que mediante auto calendado el 8 de
septiembre de 2025, el Despacho Sustanciador resolvió la cuestión procesal
alegada en el sentido rechazarla por improcedente dada la taxatividad de las
causales de nulidad dentro de las cuales no se encontraba la referida por Comcel.
También señaló que esa empresa había actuado en el proceso con posterioridad a
la anotada irregularidad sin ponerla en consideración del juez por lo que en gracia
de discusión sobre su alcance podría entenderse saneada.
48. Vistas así las cosas, y evidenciando que la anotada decisión quedó
ejecutoriada sin que se presentaran recursos que la reprocharan, se está a lo
resuelto en dicha providencia.
7.4. De la procedencia de la acción interpuesta
49. De manera previa a resolver los problemas formulados en el recurso de
apelación, la Sala debe dilucidar cuál es la acción procedente para controvertir la
10
Índice 00039 del expediente digital SAMAI.
11
Índice 00042 del expediente digital SAMAI.
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legalidad de un acto administrativo por medio del cual se otorga una licencia de
construcción, si un resguardo indígena muestra su inconformidad respecto de la
validez de esa decisión aduciendo que vulnera su derecho al territorio y por ende a
la consulta previa.
50. Tal análisis resulta indispensable, pues al margen de que el Tribunal se haya
pronunciado o no sobre la reforma presentada por la accionante en el sentido de
indicar que promovía la prevista en el artículo 85 del CCA12 y no la nulidad simple13,
la Sala debe fijar el alcance de la decisión que se cuestiona y por ende la
procedencia de la acción impetrada.
51. En ese contexto, también es relevante acotar que el carácter particular del
acto que se impugna no fue objeto de debate en primera instancia y tampoco
merece un pronunciamiento especial, por cuanto es claro que el destinatario de la
licencia era un sujeto determinado y determinable, es decir el señor Henry Londoño
Narváez.
52. En tal orden, por regla general la acción procedente en el marco del Código
Contencioso Administrativo era la de nulidad y restablecimiento del derecho pues la
pretensión de invalidez se predica de un acto particular.
53. En ese sentido, y dado que inicialmente se instauró demanda en ejercicio de
la acción de nulidad simple para discutir la validez de un acto particular, es preciso
indicar que el asunto se debe analizar a la luz de la teoría de los móviles y
finalidades con el alcance que se pasa a explicar, para determinar si es viable que
el Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta radique esa acción contra el
acto que concedió la licencia de construcción de una estación base de telefonía de
celular al señor Henry Londoño Narváez.
54. Como ha sido reseñado por esta Corporación14, desde el primer Código
Contencioso Administrativo, esto es la Ley 130 de 1913, se estableció un control
12
Folios 69 y 70 del Cuaderno del Tribunal.
13
Folio 2 ibidem.
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Manuel Santiago Urueta
Ayola. Sentencia de 4 de marzo del 2003. Radicación: 11001-03-24-000-1999-05683-02 (IJ-030).
Actor: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.
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contencioso contra los actos de las corporaciones o empleados administrativos, a
través de las acciones de nulidad y de lesividad, esta última referida a revisar dichos
actos “en el concepto de ser lesivos de derechos civiles”, caso en el cual se procedía
a petición de quienes tuvieran interés en ello. En la Ley 167 de 1941, segundo
Código Contencioso Administrativo, se estructuró de manera más clara las
acciones, denominándolas de nulidad y de plena jurisdicción, correspondientes a
los contenciosos objetivo y subjetivo. En el Decreto 01 de 1984, tercer Código
Contencioso Administrativo, se regulan las dos acciones denominándolas de
nulidad simple y de nulidad y restablecimiento del derecho.
55. Sostuvo esta Corporación que dichas acciones se diferencian, entre otros
aspectos, en cuanto a la titularidad de la acción; así, la de nulidad es una acción
pública, abierta a todas las personas, cuyo ejercicio no necesita del ministerio de un
abogado; en tanto que el uso de la acción de nulidad y restablecimiento está
condicionado a la existencia de un interés, de manera que podrá ejercerla quien
considere que su derecho ha sido lesionado y es necesario para tal efecto el
apoderamiento de un profesional del derecho; otro aspecto que distingue a las dos
acciones tiene que ver con su procedibilidad, el cual se vincula directamente con la
teoría de los motivos y finalidades, explicada así:
«Algunos meses después, la teoría de los móviles y finalidades encuentra su
formulación acabada en la sentencia de agosto 10 de 1961, tomo LXIII, núms.
392-396, p. 202), con ponencia de CARLOS GUSTAVO ARRIETA ALANDETE,
en donde se dijo: ¨No es la generalidad del ordenamiento impugnado el
elemento que determina la viabilidad del contencioso popular de anulación. Son
los motivos determinantes de la acción y las finalidades que a ella ha señalado
la ley, los elementos que sirven para identificarla jurídicamente y para calificar
su procedencia. ...los únicos motivos determinantes del contencioso popular de
anulación son los de tutelar el orden jurídico y la legalidad abstracta contenida
en esos estatutos superiores, y que sus finalidades son las de someter la
administración pública al imperio del derecho objetivo. (…) la Corporación
reiteró y precisó la doctrina de 1961, al introducir la idea de “pretensión litigiosa”,
como elemento de distinción entre las dos acciones. Se dijo en esa oportunidad,
en auto de 8 de agosto de 1972, Mag. Pon. Dr. HUMBERTO MORA, que las
acciones de nulidad y de plena jurisdicción se distinguían en el sentido de que
la primera buscaba la tutela del orden jurídico abstractamente considerado,
sobre la base del principio de jerarquía normativa, lo cual originaba un proceso
que, en principio, no llevaba implicado un litigio o contraposición de
pretensiones; en tanto que la segunda, tenía por objeto la garantía de derechos
privados, vulnerados por actuaciones de la administración, lo cual se lograba
mediante el restablecimiento del derecho o el resarcimiento del daño».15
15 Ibídem.
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56. Tal posición jurisprudencial, conservada por varios lustros, fue recogida en la
Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en donde además se precisó que el medio de control de nulidad
procede contra los actos generales, y el de nulidad y restablecimiento del derecho
contra los actos particulares, cuestión que no estaba así discernida de manera
expresa en las normas que le antecedieron.
57. También, prohijó como norma positiva los criterios jurisprudenciales
señalados relacionados con la teoría de móviles y finalidades y los casos en los que
procede el medio de control de nulidad contra actos particulares y el de nulidad y
restablecimiento del derecho contra actos generales, siempre dentro de un margen
de rigor excepcional y bajo el cumplimiento de ciertos requerimientos, sobre todo en
lo que concierne al criterio de “pretensión litigiosa”, como elemento de distinción
entre las dos acciones, así como a partir de su “causa petendi”, cuestión que es la
alegada en el asunto bajo examen y que será analizada a renglón seguido.
58. El mencionado parámetro se define como aquella situación según la cual, si
de conformidad con las pretensiones del demandante, o del fallo de nulidad que
eventualmente se produjera, no se genera un restablecimiento automático de un
derecho subjetivo a favor de aquel o de un tercero, la acción procedente podría ser
la de nulidad y no la de nulidad y restablecimiento del derecho como procedería en
principio.
59. Asimismo, se ha aceptado el criterio de la «regulación legal», según el cual
es procedente la acción de nulidad simple contra actos particulares en casos
excepcionales, cuando exista una habilitación expresa de la ley. Al respecto, esta
Sección, en sentencia del 29 de marzo de 2019, señaló:
«Por su parte, el criterio de la “Regulación Legal” igualmente implicó una
extensión de la teoría de los motivos y finalidades por cuanto la precisó en el
sentido de que, bajo el ejercicio de su potestad normativa, el Legislador ha
contemplado expresamente diversas situaciones en las que se considera que
ciertos actos administrativos de carácter particular pueden afectar gravemente
el orden jurídico y la vida social, razones por las cuales consagra la posibilidad
de impugnarlos judicialmente por vía de la acción de nulidad, como ocurre por
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ejemplo tratándose de los actos de elección o nombramientos, o de las cartas
de naturaleza o de las marcas16»17. (Subrayas de la Sala).
60. Entre tanto, la Sala Plena de del Consejo de Estado, en providencia del 4 de
marzo de 2003 aludió a un tercer derrotero relacionado con el impacto que pudiera
generar en el orden jurídico, económico y social la expedición del acto particular. Al
respecto, indicó:
«El estado actual de la teoría en la jurisprudencia de la Sala Plena
El desarrollo jurisprudencial de la última década ha tenido que ver, de manera
principal, con la procedencia de la acción de nulidad frente a actos creadores
de situaciones jurídicas individuales, posición que en alguna medida implica
reconsideración del tratamiento que se le venía dando a la materia en ese punto
específico.
Actos de contenido particular señalados en la ley
Dentro de su proceso de evolución, la teoría de los motivos y finalidades fue
objeto de algunas precisiones, mediante auto de 2 de agosto de 1990, de la
Sección Primera, con ponencia de PABLO CACERES, en relación con la acción
de nulidad frente a actos particulares. Se dijo en dicho auto lo siguiente: “Si
observamos la evolución legislativa desde la ley 167 de 1941, código bajo cuyo
imperio se formuló la jurisprudencia de 1961, encontramos que la procedencia
de la acción pública contra actos de contenido particular y concreto está
precisamente regulada por la ley. El legislador colombiano ha venido
considerando, en las diversas normas procesales expedidas desde 1941 hasta
el Decreto extraordinario 2304 de 1989, cuáles relaciones individuales y
concretas (creadas en el seno del derecho público) pueden afectar gravemente
el orden jurídico y, por supuesto la vida social y, con esa presunción indiscutible
(originada en la esencia política de la potestad legislativa), ha señalado
expresamente los casos en que cualquier persona puede atacar ante el juez
los actos administrativos de contenido individual”. Cita como ejemplos, las
acciones de nulidad electoral, consagrada en los artículos 223 y ss del código
contencioso administrativo; de nulidad de cartas de naturaleza, prevista en los
artículos 221 y ss ibídem; de nombramientos de empleados del control fiscal,
artículo 57 de la Ley 20 de 1975, hoy derogada; de nombramientos ilegales de
funcionarios, según los términos del Decreto legislativo Núm. 2898 de 1953,
también derogado, y de marcas, según lo dispuesto por el artículo 585 y ss. del
Código de Comercio. Dice el auto comentado que “Es de vital importancia
anotar … que si la facultad de los ciudadanos de atacar jurisdiccionalmente
actos administrativos de contenido subjetivo no tuviera limitación alguna y la
acción del artículo 84 se pudiera emplear indiscriminadamente, no solo contra
los actos generales o reglamentarios, sino contra todos aquellos creadores de
situaciones particulares, derechos o relaciones de esta naturaleza, sin
excepción alguna, carecería totalmente de sentido que la ley hubiera
establecido expresamente las acciones de nulidad en los casos arriba
enlistados y en otros que la sabiduría del legislador dispondrá en su
16 Consejo de Estado, Sección Primera, Auto del 2 de agosto de 1990, C.P. Pablo Cáceres,
confirmado mediante Sentencia del 28 de agosto de 1992.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 29 de
marzo de 2019. Proceso radicado número: 11001 03 24 000 2009 00600 00.
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oportunidad. En tal supuesto bastaría la simple acción de nulidad de que habla
el artículo 84 del C. C. A. para gobernar todas las hipótesis en que se
impugnaran actos por cualquier persona. Lo contrario es dejar al garete, a la
deriva y sin gobierno los derechos individuales y quitarle a los actos
administrativos particulares la virtud de ser ejecutorios. Es, sencillamente,
acabar con el principio básico de la seguridad de las relaciones jurídicas que
vertebra el derecho colombiano y le hace indispensable en el mantenimiento
del sistema político”.
El auto que acaba de citarse fue adoptado por la Sección Primera en la
sentencia de 28 de agosto de 1992, en donde se reiteró lo siguiente: “La acción
de nulidad procede contra los actos generales y aquellos actos particulares que
la ley señala, y señale en el futuro, expresamente, si tienen como motivos
determinantes la tutela del orden jurídico y la legalidad abstracta sobre la base
del principio de la jerarquía normativa y si persiguen como finalidad someter a
las entidades públicas y a las personas privadas que desempeñen funciones
administrativas al imperio del derecho objetivo…
“La acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por su parte, cabe contra
los actos de carácter general y de carácter particular si se tienen como motivos
determinantes de su ejercicio el quebrantamiento de un estatuto civil o
administrativo, en cuanto ampare una situación jurídica subjetiva, y si tiene
como finalidad la garantía de los derechos privados, civiles o administrativos,
violados por un acto administrativo…”.
Actos particulares de contenido económico o social
La Sección Primera consideró posteriormente que la doctrina de los motivos y
finalidades contra actos particulares, en la modalidad que acaba de enunciarse,
se podía ampliar en el sentido de que la acción de simple nulidad procediera
contra actos creadores de situaciones jurídicas individuales y concretas, a
pesar de que ello no hubiera sido expresamente previsto en la ley, “cuando esa
situación conlleve un interés para la comunidad en general de tal naturaleza e
importancia que desborde el simple interés de la legalidad en abstracto, por
afectar de manera grave y evidente el orden público social o económico. En
estos casos, no obstante, deberá vincularse al proceso a la persona
directamente afectada con el acto”. (Sentencia de 26 de octubre de 1995,
Consejero Ponente: LIBARDO RODRIGUEZ).
La posición de la Sala Plena
En el mismo sentido anotado en los párrafos anteriores se pronunció la Sala
Plena de la Corporación en el caso de Cusiana, sentencia de octubre 29 de
1996, con ponencia de DANIEL SUAREZ HERNANDEZ, cuando dijo :
“En virtud de las anteriores consideraciones y en procura de reafirmar
una posición jurisprudencial en torno de eventuales situaciones similares
a la que ahora se examina, estima la Sala que además de los casos
expresamente previstos en la ley, la acción de simple nulidad también
procede contra los actos particulares y concretos cuando la situación de
carácter individual a que se refiere el acto, comporte un especial interés,
un interés para la comunidad de tal naturaleza e importancia, que vaya
aparejado con el afán de legalidad, en especial cuando se encuentre de
por medio un interés colectivo o comunitario, de alcance y contenido
nacional, con incidencia trascendental en la economía nacional y de
innegable e incuestionable proyección sobre el desarrollo y bienestar
social y económico de gran número de colombianos. De otra parte, el
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criterio jurisprudencial así aplicado, habrá de servir como de control
jurisdiccional frente a aquellos actos administrativos que no obstante
afectar intereses de particulares, por su contenido y trascendencia
impliquen, a su vez, el resquebrajamiento del orden jurídico y el
desmejoramiento del patrimonio económico, social y cultural de la
Nación”.
Esa tesis de la Sala Plena ha sido reiterada en varias oportunidades por las
distintas secciones de la corporación, pues ella constituye un importante
elemento de seguridad en las situaciones jurídicas creadas por los actos
administrativos de carácter particular. Dicho criterio se seguirá en la solución
del asunto sub examine.”18 (Subrayas de la Sala).
61. Pues bien, no se evidencia en el orden jurídico autorización alguna para
impetrar la acción de nulidad simple en materia urbanística, puntualmente en contra
de un acto que concede una licencia urbanística y tampoco se halla de por medio ni
así es invocado por la parte actora, un efecto grave en el orden jurídico económico
y social que amerite la excepción explicada con el último derrotero.
62. Ahora, de cara a la aplicación del criterio de pretensión litigiosa lo que halla
la Sala es que con la declaratoria de nulidad de la Licencia de Construcción
proferida por el secretario de Planeación y Obras Públicas del Municipio de
Riosucio, se genera un restablecimiento para el Resguardo Indígena de Cañamomo
y Lomaprieta en la medida en que le es reconocido su derecho sobre el territorio
reclamado.
63. Tal consideración se desprende del contenido de la demanda concretamente,
para el caso bajo examen, de la causa petendi, de la que se deriva un móvil o un
propósito diferente a la protección abstracta del orden jurídico; veamos19:
18 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 4 de marzo de
2003. Proceso radicado número 11001 03 24 000 1999 05683 02. Consejero Ponente: Manuel
Santiago Urueta Ayola.
19 Folio 6 del cuaderno principal.
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64. También se evidencia lo que pasa a ilustrarse20:
65. Ciertamente, el interés que llevó al Gobernador del Resguardo Indígena de
Cañamomo y Lomaprieta para presentar la demanda era obtener el
restablecimiento de un derecho propio, esto es, la protección del derecho de ese
Resguardo sobre el territorio que vio trastocado tras la expedición de la licencia de
construcción de una antena de telecomunicaciones.
20 Folio 17 cuaderno principal.
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66. Al respecto, la Sala destaca lo reiterado por la Corte Constitucional en
sentencia T-698 de 2011 cuando conoció sobre este mismo asunto y sostuvo que:
«(…) "El derecho fundamental de la comunidad a preservar la integridad se
garantiza y efectiviza a través del ejercicio de otro derecho que también tiene el
carácter de fundamental, como es el derecho de participación de la comunidad
en la adopción de las referidas decisiones. La participación de las comunidades
indígenas en las decisiones que pueden afectarlas en relación con la
explotación de los recursos naturales ofrece como particularidad el hecho de
que la referida participación, a través del mecanismo de la consulta, adquiere la
connotación de derecho fundamental, pues se erige en un instrumento que es
básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las
comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como
grupo social (...)"».21
67. Se acota de la transcripción que a las comunidades indígenas les es
reconocido el derecho fundamental de consulta previa que trasciende a otro, el de
participación, de la misma categoría, que se predican del resguardo en sí mismo y
que se orienta a la salvaguarda de decisiones que puedan afectar su existencia y
autonomía.
68. En estos términos, es evidente que con la eventual declaración de nulidad
del acto que se impugna se restablece el derecho del resguardo Indígena
Cañamomo y Lomaprieta sobre el territorio, de manera que no es viable impetrar la
acción de nulidad simple al no cumplirse tampoco con la posibilidad que propone la
enunciada teoría a través de la aplicación del parámetro de la pretensión litigiosa y
en consecuencia, siendo un acto particular el que se discute es procedente la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho.
69. La Sala destaca que la noción de territorio en el marco del reconocimiento de
la protección a pueblos indígenas, afro y campesinos comprende aspectos
inherentes a la preservación étnica, económica y cultural así como la resistencia
para su perdurabilidad en atención a sus prácticas ancestrales y sus costumbres,
por lo que es evidente que cuando una de esas comunidades reclama un derecho
de ese carácter, propende por la protección de su autonomía, es decir, la acción en
21 Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión. T- 698 de 2011. Sentencia de 20 de septiembre de
2011. MP: Luis Ernesto Vargas Silva.
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ese escenario está encaminada a la defensa del derecho de la comunidad
propiamente dicha.
70. Si ello es así, el instrumento judicial idóneo que una de esas poblaciones
puede utilizar para ventilar la validez de una decisión de la administración de
carácter particular que pone en peligro las condiciones que el orden jurídico ha
reconocido para garantizar su existencia, es la prevista en el artículo 85 del CCA.
7.5. Del ejercicio oportuno de la acción
71. La caducidad es la sanción por el ejercicio tardío del medio de control por la
desatención de los términos definidos en el ordenamiento jurídico para la
presentación oportuna de la correspondiente demanda.
72. En el sub examine, la norma de caducidad aplicable es la contenida en el
numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo en el cual se
establece que «La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4)
meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación,
comunicación o ejecución del acto, según el caso» (negrillas fuera de texto).
73. Sobre esta base, se debe tener por punto inicial para contabilizar el término
de caducidad el momento en el que el Resguardo Indígena tuvo conocimiento del
acto administrativo enjuiciado. Al respecto, la Sala no observa en los antecedentes
administrativos22 que se le notificara al Resguardo Indígena de Cañamomo y
Lomaprieta la Resolución 0015-010 de 17 de marzo de 2010 mediante la cual se
expidió una licencia de construcción a favor del señor Henry Londoño Narváez. Sin
embargo, se advierte que en el acápite de hechos u omisiones del libelo
demandatorio se consignó lo siguiente:
« 2- De este hecho tuvo conocimiento el Gobernador Indígena del Resguardo
Cañamomo-Lomaprieta, cuando se empiezan a realizar las obras de
construcción de dicha estación base, ante lo cual se dirige mediante derecho
de petición del día 09 de septiembre de 2010, al señor Alcalde Municipal de
Riosucio en el que le solicita información sobre los documentos legales y los
procedimientos mediante los cuales se autorizó la construcción de la Estación
Base G.S.M Cad. Riosucio II, ubicada en el sector el Talego, Junto al Estadio
22
Cuaderno núm. 2 de antecedentes administrativos.
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Municipal, zona que ancestralmente ha pertenecido a la jurisdicción del
Resguardo Cañamomo-Lomaprieta.
3- Por medio de oficio con fecha 28 de septiembre de 2010, firmado por el Arq.
Cesar Augusto Becerra Hoyos, Secretario de Planeación y Obras Públicas de
la Alcaldía de Riosucio; y con nota de recibido 04 de octubre de 2010 del
Resguardo Indígena Cañamomo-Lomaprieta, la Alcaldía dio respuesta al
derecho de petición con los siguientes documentos que serán anexados
como prueba:
-Cuadro de Áreas de la estación base G.S.M "CAD Riosucio II" avenida el
Vergel (vía Sipirra) —N15- 30 villa del Socorro municipio de Riosucio,
Departamento de Caldas, el cual contiene: Planta actual, Planta Estación,
Cortes, Fachada PPAL, Detalles, Cuadro de Áreas, Localización, Realizado por
Frank Montoya Callejas Ingeniero Civil, de fecha marzo 28 de 2007.
-Resolución No 0015-010, mediante la cual se expide una licencia de
construcción, otorgada por el Arq. Angelo Geovanny Cruz Navas, Secretario
de Planeación y Obras Públicas del municipio de Riosucio Caldas, al señor
Henry Londoño Narvaez, con fecha de notificación Marzo 17 de 2010» (negrillas
de la Sala).
74. Se desprende de lo expuesto que según lo manifiesta de manera expresa la
parte demandante se notificó de la Resolución núm. 0015-010 de 17 de marzo de
2010, de lo que se colige que conoció del acto administrativo por conducta
concluyente.
75. Al respecto, el artículo 330 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por
remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo establece
que: «Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada
providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una
audiencia o diligencia, si queda constancia en el acta, se considerará notificada
personalmente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la
audiencia o diligencia».
76. Así, del escrito de la demanda se observa que el resguardo manifestó tener
conocimiento del acto demandado el 4 de octubre de 2010, cuando obtuvo
respuesta a la petición elevada a la alcaldía de Riosucio y en la que se adjuntó el
acto demandando junto con sus anexos.
77. Bajo tal perspectiva, a partir del 5 de octubre de 2010 la parte demandante
contaba con 4 meses para radicar la demanda, es decir, hasta el 7 de febrero de
2011, dado que el 5 y 6 de febrero eran días inhábiles; sin embargo, del escrito de
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la demanda visible en el folio 2 del cuaderno principal, se observa que esta fue
radicada el 31 de marzo de 2011, con lo que se evidencia que transcurrió un tiempo
superior a los 4 meses autorizados por ley para presentar la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, razón por la cual cabe concluir que operó el
fenómeno de la caducidad de la acción.
78. De manera complementaria, la Sala precisa que si bien en el líbelo
demandatorio no se formuló de manera expresa una pretensión que implicara el
restablecimiento del derecho ni se planteó la consulta previa como un
reconocimiento aplicable para la comunidad indígena, del análisis de los
antecedentes se evidencia que la referencia a ese derecho fundamental estaba
orientado a la protección del territorio que integraba el resguardo indígena de
Cañamomo y Lomaprieta y de la autonomía del pueblo frente a los efectos
concretos de la licencia de construcción de la antena de telecomunicaciones.
79. En ese sentido, para la Sala la consulta previa planteada en ese contexto,
no fue fundada como un reparo de legalidad abstracto sino como el reclamo de un
derecho subjetivo de la comunidad, cuya afectación repercutía directamente en
otros derechos de las comunidades indígenas como la autodeterminación e
integridad cultural, social y territorial. Por las razones antes expuestas, la Sala
considera que con la demanda no se busca la protección del ordenamiento en sino,
por el contrario, su propósito es la protección de un derecho propio del Resguardo
Indígena de Cañamomo y Lomaprieta,
80. En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia para en su
lugar declarar probada de oficio la excepción de indebida escogencia de la acción
y de caducidad, por las razones antes expuestas.
7.6. Sobre la condena en costas
81. De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, en
consonancia con el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, la Sala considera que no se
debe condenar en costas toda vez que no se evidencia que la parte demandante
haya actuado con temeridad o mala fe.
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Número de radicación: 17001 23 31 000 2011 00145 01
Demandante: Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta
82. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 16 de enero de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas. En consecuencia, DECLARAR PROBADAS DE
OFICIO las excepciones de indebida escogencia de la acción y de caducidad, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
Salva voto
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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