Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-31-000-2012-00024-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-31-000-2012-00024-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 17001-23-31-000-2012-00024-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
11 de febrero de 2022
Radicado: 17001-23-31-000-2012-00024-01 (48513)
Demandante: Gladys Janet Herrera y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., once (11) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Reparación directa
Radicación: 17001-23-31-000-2012-00024-01 (48513)
Demandante: Gladys Janet Herrera y otros
Demandado: Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial
Tema: Privación de la libertad. Se revoca la decisión de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar: (i) se
absuelve a la Fiscalía General de la Nación porque el daño no le es
imputable y (ii) se condena a la Rama Judicial dado que, si bien la
medida de aseguramiento cumplió los requisitos legales para su
imposición, la víctima directa sufrió un daño especial.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia dictada el 4 de julio de 2013 por el Tribunal Administrativo de
Caldas que negó las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso
de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia
proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, dentro de un proceso
de reparación directa por hechos de la administración de justicia.
El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 17 de septiembre de
20131; se corrió traslado para alegar de conclusión el 15 de octubre de 20132; la
Rama Judicial3 y la Fiscalía4 presentaron sus alegatos. La parte actora y el
Ministerio Público guardaron silencio5.
I. ANTECEDENTES
1 Fl. 234, c-3.
2 Fl. 236, c-3.
3 Fl. 237, c-3.
4 Fl. 247, c-3.
5 Fl. 263, c-3.
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Radicado: 17001-23-31-000-2012-00024-01 (48513)
Demandante: Gladys Janet Herrera y otros
A. Posición de la parte demandante
1.- La demanda fue interpuesta el 7 de septiembre de 20116 por Gladys Janet
Herrera 7 (víctima directa) y su grupo familiar. Se dirigió contra la Fiscalía General
de la Nación y la Rama Judicial para obtener la reparación del daño causado por
la privación injusta de su libertad ocurrida entre el 15 de marzo de 2009 y el 25
de noviembre de 2009, es decir por un término de ocho (8) meses y once (11)
días. En el proceso penal se le imputó el delito de porte de estupefacientes para
la venta.
2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
<<. Que LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL, y, LA FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, ambas de manera solidaria, indemnicen los perjuicios irrogados a mis
representados de la siguiente manera:
1.1. Para GLADYS JANET HERRERA:
1.1.1. PERJUICIOS MORALES: En cuantía que se estima en 80 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, o lo que las partes estimen de más dentro
del trámite.
1.1.2. LUCRO CESANTE: 9 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
1.2. Para la menor Luisa Carolina Ocampo Herrera:
1.2.1. Perjuicios Morales: en cuantía que se estima en 40 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, o lo que las partes estimen de más dentro del
trámite.
1.3. Para el menor Johan Esteban Valencia Herrera:
1.3.1. Perjuicios Morales: en cuantía que se estima en 40 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, o lo que las partes estimen de más dentro del
trámite.
1.4. Para la menor Laura Estefanía Giraldo Herrera:
1.4.1. Perjuicios Morales: en cuantía que se estima en 40 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, o lo que las partes estimen de más dentro del
trámite.
1.5. Para Paola Andrea Valencia Herrera:
6 Fl. 9, c-1.
7 La demandante es identificada como <<Gladys Yanet>> en el poder (fl.1). Sin embargo, en la
firma autenticada por la Notaría de dicho poder, aparece como <<Gladys Janet>>, con <<J>> en
el segundo nombre <<Janet>>. Así también aparece en los registros civiles de sus hijos, cfr. fl.
14,15,16 y 17, todos del c-1. Por lo anterior, la Sala usará este nombre <<Gladys Janet>> para
referirse a la víctima directa. En todo caso, este nombre hace referencia a la persona con cédula
No. 24.369.255 de Aguadas, Caldas.
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Demandante: Gladys Janet Herrera y otros
1.5.1. Perjuicios Morales: en cuantía que se estima en 40 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, o lo que las partes estimen de más dentro del
trámite.
2. Las sumas dinerarias deberán ser indexadas al momento de su pago
3. Las entidades demandadas deberán pagar intereses a cada uno de los
demandantes, calculados sobre las cantidades solicitadas, en los términos del
artículo 177 del C.C.A.>>
3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:
3.1.- La investigación penal contra la demandante Gladys Janet Herrera tuvo su
origen en informes de policía judicial y entrevistas a consumidores de drogas de
la localidad de Aguadas, Caldas. A partir de estos elementos probatorios las
autoridades concluyeron que la demandante vendía estupefacientes en su casa.
Por lo anterior, la Fiscalía solicitó su captura y una diligencia de allanamiento a
su domicilio que fue decretada por un juez de control de garantías.
3.2.- El 15 de marzo de 2009, en la diligencia de allanamiento, la policía incautó
unas bolsas con una sustancia derivada de la cocaína y capturó a la demandante
Gladys Janet Herrera.
3.3.- En audiencia preliminar ese mismo día, el 15 de marzo de 2009, el Juez
Promiscuo Municipal de Pácora, Caldas, con función de garantías, legalizó la
captura de la demandante y le impuso medida de aseguramiento de detención
domiciliaria. Le imputó el delito de conservación de estupefacientes con finalidad
de venta.
3.4.- El 25 de noviembre de 2009 el Juez Penal del Circuito de Aguadas, Caldas,
con funciones de conocimiento, anunció sentido de fallo absolutorio y ordenó la
libertad de la demandante Herrera. El 26 de enero de 2010 profirió la sentencia.
4.- De acuerdo con lo afirmado por la parte actora, en el proceso penal se
surtieron las siguientes actuaciones relevantes: (i) la demandante fue capturada
el 15 de marzo de 2009; (ii) ese mismo día, un juez con funciones de garantías
le impuso una medida de aseguramiento de detención domiciliaria por el delito
de conservación de estupefacientes con finalidad de venta; (iii) el juez de
conocimiento anunció sentido de fallo absolutorio el 25 de noviembre de 2009 y
ordenó su libertad inmediata, y, finalmente, (iv) el 26 de enero de 2010 se profirió
la sentencia absolutoria.
5.- Según la parte actora, la demandante Gladys Janet Herrera fue privada
injustamente de su libertad porque la medida de aseguramiento se fundó en
pruebas que la policía implantó en su domicilio; aseguró que los agentes de
policía implantaron la droga como retaliación por las denuncias que la víctima
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Demandante: Gladys Janet Herrera y otros
directa instauró contra agentes de policía por su relación con bandas de
microtráfico.
6.- En relación con los perjuicios, la parte actora indicó que: (i) la demandante no
pudo obtener ingresos como consecuencia de su detención, pues no pudo salir
a recolectar café; (ii) la víctima directa y sus hijos sufrieron perjuicios morales
derivados de <<la profunda congoja (…) la angustia y dolor a raíz de la privación
de la libertad de su madre>>.
B. Posición de las entidades demandadas
7.- La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda.
Como argumentos de defensa expuso que: (i) su actuación cumplió los requisitos
legales y (ii) el daño no le es imputable, pues la medida de aseguramiento fue
proferida en vigencia de la Ley 906 de 2004.
8.- La Rama Judicial también se opuso las pretensiones de la demanda. En su
contestación señaló que: (i) la medida de aseguramiento tuvo el respaldo
probatorio requerido por la ley y la demandante fue absuelta en aplicación del
principio in dubio pro reo, lo que excluye su ilegalidad; (ii) la sola absolución no
prueba que la detención fue injusta, pues el juez de garantías comprueba la
presencia de una inferencia razonable de autoría pero no verifica la certeza de
una responsabilidad penal; (iii) se probó una culpa exclusiva de la víctima de la
demandante Herrera porque ya había sido condenada previamente por el delito
de tráfico de estupefacientes y <<su historial>> causó la medida.
C. Sentencia recurrida
9.- En la sentencia del 4 de julio de 2013 el Tribunal Administrativo de Caldas
negó las pretensiones de la demanda porque: (i) el régimen de responsabilidad
aplicable al caso es subjetivo, dado que la demandante Herrera fue absuelta por
aplicación del principio in dubio pro reo y (ii) la medida se fundó en una inferencia
razonable de autoría debido a que la policía encontró unas bolsas con una
sustancia derivada de la cocaína en el domicilio de la víctima directa. Además,
resaltó que (iii) no se probó que los agentes de policía que realizaron el
allanamiento hubieran incurrido en alguna actuación irregular, pues contra ellos
no se impuso ningún <<tipo de sanción penal o disciplinaria>> por su conducta.
Por último, el tribunal indicó que (iv) la detención preventiva de la demandante
Herrera era necesaria, toda vez que tenía antecedentes penales por el delito de
tráfico de estupefacientes y mostró un comportamiento reincidente.
D. Recurso de apelación
10.- En su escrito de apelación la parte demandante solicita que se revoque
integralmente la decisión de primera instancia y, en su lugar, se concedan las
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pretensiones de la demanda. Su inconformidad se centra en los siguientes
puntos:
10.1.- Se probó la ilegalidad de la privación de la libertad porque durante el
allanamiento los agentes de policía implantaron la droga en la residencia de la
demandante Gladys Janet Herrera, tal como lo reconoció el juez penal en la
sentencia absolutoria. Contrario a lo afirmado por el tribunal, no es cierto que las
conductas reprochables de los policías solo puedan probarse con sanciones
penales o disciplinarias, pues en Colombia rige la libertad probatoria.
10.2.- Debió aplicarse un régimen de responsabilidad objetivo. Si bien el juez
penal invocó la regla de in dubio pro reo como razón de absolución, los
fundamentos de la sentencia se refieren a que el hecho no existió. En efecto, el
juez penal resaltó que la droga incautada en la diligencia de allanamiento, única
razón de la imputación, tuvo su origen en <<una conducta irregular y
malintencionada de los policías>>.
II. CONSIDERACIONES
E. Asuntos procesales
11.- Esta Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos
años previsto en el artículo 136 del C.C.A. En efecto: (i) según la constancia
allegada, la sentencia absolutoria quedó ejecutoriada el 5 de marzo de 20108,
una vez la Fiscalía desistió de su recurso de apelación y (ii) la demanda se
interpuso a tiempo el 7 de septiembre de 20119.
F. Exposición del litigio, decisiones a adoptar y plan
12.- A partir de certificación del INPEC10 está probado que la demandante Gladys
Janet Herrera estuvo privada de su libertad entre el 15 de marzo de 2009 y el 25
de noviembre de 2009, es decir, por un periodo total de ocho (8) meses y once
(11) días.
13.- También está probado que, mediante providencia del 26 de enero de 2010,
el juez penal absolvió a la demandante Gladys Janet Herrera debido a que las
irregularidades cometidas por los policías en la diligencia de allanamiento le
generaban dudas sobre el verdadero origen de la droga incautada en su
residencia. Además, las otras pruebas tales como las declaraciones de los
consumidores de drogas en Aguadas, Caldas, no tenían valor probatorio, porque
se produjeron por la coacción de los mismos policías a los entrevistados.
8 Fl. 50, c-1.
9 Fl. 7, reverso, c-1.
10 Fl. 9, c-1.
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Demandante: Gladys Janet Herrera y otros
14.- En esta providencia, la Sala:
14.1.- Absolverá a la Fiscalía General de la Nación porque el daño no le es
imputable.
14.2.- Revocará la decisión de negar las pretensiones de la demanda y, en su
lugar, condenará a la Rama Judicial porque, si bien la medida de aseguramiento
cumplió los requisitos legales para su imposición, la víctima directa sufrió un daño
especial como consecuencia de la privación de su libertad. Lo anterior, porque la
fuerza probatoria de las evidencias en las que se basó la medida de
aseguramiento decayó durante la investigación penal.
G. Plan de exposición
15.- La Sala seguirá la metodología adoptada en la sentencia de esta Subsección
del 4 de junio del 2019 para decidir los procesos de privación de la libertad11. En
consecuencia, se referirá a: (i) la legalidad de la privación de la libertad; (ii) el
análisis del daño especial; (iii) las entidades imputadas; (iv) el análisis de la culpa
de la víctima y (v) la determinación de los perjuicios y la reparación.
H. La legalidad de la privación de la libertad
16.- En vigencia de la Ley 906 de 2004, norma bajo la cual se adelantó el proceso
penal y se dispuso detener a la víctima directa del daño, los requisitos legales
que debían cumplirse para adoptar tal medida estaban previstos en sus artículos
308 a 313, y eran los siguientes:
16.1.- La procedencia de la medida según el tipo de delito o la pena del delito
imputado (art. 313).
16.2.- La existencia de evidencia física, elementos materiales probatorios o
información obtenida legalmente que permitieran <<inferir razonablemente que
el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se
investiga>> (art. 308).
16.3.- Que la medida fuera necesaria porque: (i) se requiriera para evitar que el
imputado obstruyera el debido ejercicio de la justicia; (ii) el imputado constituía
un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima o (iii) resultaba
probable que el imputado no compareciera al proceso o que no cumpliera la
sentencia.
11 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
“B”. Sentencia del 4 de junio del 2019. Expediente: 39.626. M.P.: Dr. Alberto Montaña Plata.
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17.- Mediante la grabación de la audiencia preliminar del 15 de marzo de 200912,
está probado que el juez de garantías ordenó una medida de aseguramiento
contra la demandante Gladys Janet Herrera porque consideró que a partir de los
elementos materiales probatorios allegados al proceso, se podía inferir
razonablemente que ella se dedicaba a la venta de estupefacientes. Las pruebas
que utilizó para fundamentar esta inferencia fueron las siguientes:
17.1.- Las entrevistas a consumidores de la región de Aguadas, Caldas, que
dijeron que obtenían sus drogas en la casa de la demandante Gladys Janet
Herrera;
17.2.- Un informe de policía judicial, que confirmó lo anterior, y
17.3.- Las bolsas incautadas por los policías durante la diligencia de allanamiento
en el domicilio de la demandante Herrera y el informe pericial que confirmó que
la sustancia que ellas contenían era un derivado de la cocaína.
18.- La Sala advierte que la medida de aseguramiento dictada contra la
demandante Gladys Janet Herrera cumplió los requisitos legales porque:
18.1.- El delito de porte de estupefacientes en una cantidad no superior a 100
gramos de cocaína y con fines de venta, que fue el imputado a la demandante
Gladys Janet Herrera, para el momento de los hechos tenía una pena de
<<cuatro (4) a seis (6) años de prisión>> de conformidad con el artículo 376 del
Código Penal y los incrementos punitivos del artículo 14 la Ley 890 de 2004.
18.2.- A partir de los elementos materiales y evidencias aportadas por la Fiscalía
al momento de decretar la medida de aseguramiento se podía inferir la
responsabilidad de la demandante Gladys Janet Herrera en el delito de porte de
estupefacientes. En efecto, la Fiscalía allegó entrevistas de varios consumidores
de drogas de la región que coincidieron en afirmar que se abastecían de la droga
en la residencia de la demandante Herrera. Además, esta acusación fue
confirmada durante la diligencia de allanamiento a la residencia de la víctima
directa, en la cual se incautaron unas bolsas con sustancias derivadas de la
cocaína.
18.3.- Sobre la necesidad de la medida, el artículo 310 de la Ley 906 de 2004,
vigente para el momento de los hechos, señalaba que <<para estimar si la
libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, será
suficiente la gravedad y modalidad de la conducta punible>>. Además, en virtud
de los antecedentes penales que tenía la víctima directa, quien ya había sido
condenada por el mismo delito, el juez de garantías consideró que la medida de
aseguramiento también era necesaria pues era probable <<la continuación de la
12 Fl. 206, c-1 en donde obra el CD de la audiencia de legalización de captura, formulación de
imputación y medida de aseguramiento.
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actividad delictiva>> por parte de la demandante Herrera (art. 310 de la Ley 906
de 2004).
I. El análisis del daño especial
19.- A pesar de que la medida de aseguramiento cumplió los requisitos legales,
está probado que la demandante Gladys Janet Herrera sufrió un daño especial
con ocasión de su detención, porque todas las evidencias que fundaron la medida
de aseguramiento en su contra perdieron fuerza probatoria durante la
investigación penal. En efecto:
19.1.- Durante el juicio oral se hizo evidente que las entrevistas a los
consumidores de drogas no ofrecían ningún tipo de credibilidad. Los testigos, al
momento de ratificar sus dichos ante el juez de conocimiento, reconocieron que
estaban <<amanecido[s] y loco[s]>> cuando declararon ante la policía judicial y
se retractaron de sus acusaciones contra la demandante Herrera. En efecto, solo
declararon contra ella porque los policías les pusieron esa condición para dejarlos
en libertad. Lo anterior fue resaltado por el juez penal en la sentencia absolutoria:
<<Los testimonios de los señores José Didier Pulgarín y Rúlber Morales Marriaga
presentan serios defectos en su forma, contenido y sujeto (…) José Didier expuso
que la comentada entrevista la firmó en su propia casa de habitación, hasta
donde fue visitado por un personaje a quien ni siquiera lograron identificar (…)
además, agregó que el día en que fue entrevistado se encontraba “amanecido” y
“loco” (…).
Estos testimonios habría que recibirlos con beneficio de inventario, si se
considera que se trata de consumidores de drogas conducidos al cuartel policial
bajo esos efectos, en donde al parecer se les pidió señalar a la persona
distribuidora de los narcóticos consumidos a cambio de obtener su
inmediata libertad (…) Cualquiera puede ejercer fuerza moral sobre ellos, sin
que les importe que con sus irresponsables afirmaciones puedan perjudicar a sus
semejantes, mucho más si, como parece que aconteció en el caso de estudio, el
interés de los entrevistados tenía como único objetivo recobrar su libertad>> 13
(énfasis de la Sala).
19.2.- El informe de inteligencia de la Policía Judicial en el que se reseñaron que
las actividades de venta de estupefacientes de la demandante Herrera no eran
creíbles. Tal como lo indicó el juez penal, este informe se basó en fuentes
anónimas no reveladas y se sustentó únicamente en el mismo dicho del agente
que lo rindió, quien reseñó los hechos con fundamento en denuncias de oídas.
Al respecto, el juez penal resaltó:
<<A la petición solo se adosó el informe suscrito por el Agente Restrepo
Bermúdez en donde -escuetamente- indica que supo de la actividad desplegada
por GLADYS YANET(sic) relacionada con el expendio de drogas, en virtud de la
información suministrada por vecinos del barrio…cuya identidad decidieron
13 Fl. 39 y ss.
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Demandante: Gladys Janet Herrera y otros
reservar incluso en la audiencia preliminar en la que se debatió la legalidad de la
actuación, contrariamente lo decidido por la Corte Constitucional en sentencia C-
673 de 2005 que declaró que tal reserva de datos de los informantes no es
oponible al juez de control de garantías (…).
No se acompañó el aludido informe del Agente… con ningún otro documento –
fotográfico o fílmico- que comprobara la veracidad de esa anónima información
(…) solo se aportaron tres fotografías del inmueble que se pretendía registrar, en
las que ninguna actividad sospechosa se avizora y, entonces, el contenido de
tal “informe de inteligencia” no pasa a ser una simple afirmación indefinida
que en sí mismo nada demuestra>>14 (énfasis de la Sala).
19.3.- Por último, está acreditado que la diligencia de allanamiento a la residencia
de la demandante Gladys Janet Herrera, y en la que se incautaron unas bolsas
con sustancia derivada de la cocaína, fue practicada por unos policías
parcializados y con móviles de retaliación contra la demandante Herrera, lo que
generaba dudas sobre el verdadero origen de la droga incautada. De nuevo, el
juez de conocimiento penal, al momento de absolver a la víctima, puso lo anterior
de presente:
<<El procedimiento de “allanamiento y registro” materializado en este asunto, no
constituye propiamente un prototípico ejemplo de las actuaciones policiales (…)
Una vez iniciado el acto, bastó que ….[el] hermano de Gladys Yanet apareciera
en escena con su teléfono celular, dispuesto a filmar la actuación policial, para
que estos funcionarios perdieran su serenidad, y trataran de impedírselo por
todos los medios posibles, hasta que se comunicaron con el señor Personero
Municipal y éste les indicó que no había inconveniente.
Entonces, no muy a gusto, le permitieron permanecer en el lugar y grabar el
cacheo, pero bajo la amenaza de que, si algo ilícito hallaban, también sería
capturado, como en efecto aconteció. Es más: en el video allegado al juicio por
la señora Defensora, se escucha con absoluta nitidez la siguiente expresión del
Patrullero…. En contra del nombrado [hermano de la víctima directa]…: “me voy
hasta las últimas para dejarlo detenido”.
Y fue así como, constantemente, tratan de despojarlo del aparato del celular y al
final de la actuación, ya en las Instalaciones de la Policía, lanzaron amenazas tan
significantes como que “enterrarían a toda la familia” si no entregaba el video.
(…) Podría pensarse -prima facie- que el resultado positivo de la diligencia de
“registro y allanamiento” fue la causa para que el Patrullero Arias Naranjo se
perturbara de esa forma, pero éste lo niega, en virtud de su amplia experiencia
realizando esta clase de actos. Entonces, dónde está el motivo para tan extraña
y súbita reacción?
Se abre la posibilidad – no la certeza- de que dicho estado emocional haya
surgido ante una actuación marginada de la legalidad, indebida,
inapropiada, probabilidad que adquiere fortaleza al valorar en su conjunto
el acopio probatorio (…) Finalmente, surgió en el juicio otro aspecto imposible
de soslayar en esta valoración probatoria, inherente al posible motivo que tenía
la Policía de Aguadas para proceder en retaliación, en contra de la señora
Gladys Janet Herrera (…) Nos referimos, obviamente, a una investigación
preliminar que el Juzgado Ciento Sesenta de Instrucción Penal Militar, adscrito al
14 Fl. 37 y ss, c-1.
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Radicado: 17001-23-31-000-2012-00024-01 (48513)
Demandante: Gladys Janet Herrera y otros
Departamento de Policía, Caldas, inició contra [varios agentes de policía] por el
delito de “Concusión” porque —al parecer— guardaron silencio ante importante
información suministrada por la señora Gladys Janet Herrera, acerca de las
personas que en esta población habían tomado las riendas y monopolizado el
ilícito negocio del micro-tráfico de estupefacientes a finales del año 2008>>15
(negrilla del texto).
J. Entidad imputada
20.- Por tratarse de una medida de aseguramiento dictada bajo la vigencia de la
Ley 906 de 2004, el daño causado por la privación de la libertad de la
demandante Gladys Janet Herrera es imputable a la Rama Judicial, dado que fue
esta entidad la que impuso la medida de aseguramiento a través del Juzgado
Promiscuo Municipal de Pácora, Caldas, con función de garantías.
21.- De acuerdo con el artículo 306 de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía debe
solicitar al juez de control de garantías la imposición de la medida de
aseguramiento y a este último le corresponde, de manera autónoma e
independiente, proferir la decisión sobre su imposición. Debido a que la Fiscalía
se limita a solicitar la imposición de la medida de aseguramiento y es el juez de
control de garantías quien decide si la decreta o no, el perjuicio causado por tal
determinación debe imputarse a la decisión de este último y no a la solicitud del
fiscal. Por esta razón se absolverá a la Fiscalía.
K. Análisis de la culpa de la víctima
22.- No está probado que la víctima directa hubiera realizado conductas dentro
del proceso penal que pudieran ser determinantes para la imposición de la
medida de aseguramiento. El hecho de tener antecedentes penales no puede
considerarse como la causa de una medida de aseguramiento, toda vez que fue
un juez de garantías quien autónomamente, y a partir de una valoración
probatoria independiente, tomó la decisión de ordenar la captura de la víctima
directa. Esta decisión, frente a la cual la víctima no interfirió dentro del proceso,
es la causa del daño y a ella se le debe imputar.
L. Determinación de los perjuicios y reparación
i. Perjuicios morales
23.- En aplicación de la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 202116,
el cálculo de los perjuicios morales para la víctima directa se hará teniendo en
cuenta que la demandante Gladys Janet Herrera estuvo privada de su libertad en
su domicilio entre el 15 de marzo de 2009 y el 25 de noviembre de 2009, es
15 Fl. 43 y ss, c-1.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29
de noviembre de 2021. Expediente 46681.
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Radicado: 17001-23-31-000-2012-00024-01 (48513)
Demandante: Gladys Janet Herrera y otros
decir, por un periodo total de ocho (8) meses y once (11) días. Para la
liquidación de los perjuicios morales sufridos por la víctima directa se aplicará la
siguiente fórmula:
PM = [(número de meses x 5 SMLMV) + (fracción adicional de días x 0,166 SMLMV)] / 2
PM = [(8 meses x 5 SMLMV) + (11 días x 0,166 SMLMV)] / 2
PM = [40 SMLMV + 1,82 SMLMV] / 2
PM = [41, 82 SMLMV] / 2
PM = 20,91 SMLMV
24.- Debido a que las víctimas indirectas tienen la condición de hijos de la víctima
directa, la Sala tendrá por acreditados los perjuicios morales con la demostración
de tales calidades, de conformidad con la sentencia de unificación del 29 de
noviembre de 202117. Con la copia de los registros civiles que obran en el
expediente está acreditado que Luisa Carolina Ocampo Herrera18, Jhoan
Esteban Valencia Herrera19, Laura Estefanía Giraldo Herrera20 y Paola Andrea
Valencia Herrera21 son hijos de la víctima directa Gladys Janet Herrera.
25.- En relación con la intensidad de los perjuicios morales sufridos por las
víctimas indirectas y su cuantificación, conforme con la sentencia anteriormente
citada deben tenerse en cuenta las circunstancias particulares demostradas en
el curso del proceso. La Sala advierte que la parte actora solicitó la práctica de
testimonios para acreditarlos y destaca que los testimonios se refirieron de
manera general y abstracta al dolor sufrido por los hijos de la demandante
Herrera durante su detención domiciliaria por no poder <<salir a compartir en la
calle y disfrutar>>22. Por lo tanto, la Sala cuantificará el monto de la indemnización
de los perjuicios morales sufridos por estos demandantes en el 40 % del perjuicio
moral determinado para la víctima directa, así:
DEMANDANTE PARENTESCO CUANTÍA
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29
de noviembre de 2021. Expediente 46681.
18 Fl.15, c-1.
19 Este demandante es identificado en el poder como <<Jhoan>> (fl. 1, c-1) y en las pretensiones
de la demanda y en su registro civil como <<Johan>>, se decir, con la << h >> después de la
<<o>> y no antes. La Sala usará el nombre que obra en el poder, aclarando que hace referencia
a la misma persona, nacida el 2 de diciembre de 1997 e hijo de Gladys Janet Herrera (fl. 16, c-1)
20 Esta demandante es identificada en su registro civil de nacimiento como <<Stefanía>> es decir,
sin la <<E>> en su segundo nombre. Sin embargo, la Sala usa el nombre <<Estefanía>>, pues
así aparece en el poder otorgado (fl.1) y en las pretensiones, aclarando que hace referencia a la
misma persona, nacida el 28 de marzo de 2007, hija de la demandante Gladys Janet Herrera (fl
17, c-1),
21 Fl.14, c-1.
22 Fl 11, c-3.
11
Radicado: 17001-23-31-000-2012-00024-01 (48513)
Demandante: Gladys Janet Herrera y otros
Luisa Carolina Ocampo 8,36
Hija
Herrera SMLMV
Jhoan Esteban Valencia 8,36
Hijo
Herrera SMLMV
Laura Estefanía Giraldo 8,36
Hija
Herrera SMLMV
Paola Andrea Valencia 8,36
Hija
Herrera SMLMV
ii. Daño al buen nombre
26.- Con la prueba testimonial la parte actora probó que la privación a la cual fue
sometida la demandante Gladys Janet Herrera afectó su derecho al buen
nombre. La testigo Alba Diela Herrera, hermana de la víctima y que se encontraba
presente al momento de la diligencia de allanamiento, declaró que la captura de
la demandante Herrera fue llevada a cabo frente a sus hijos y sobrinos, en
presencia de los cuales un agente de policía <<le mostró algo y que quedaba
detenida>>23. En consecuencia, la Sala le ordenará al Director Ejecutivo de
Administración Judicial de la Rama Judicial que expida un comunicado en el que
ofrezca disculpas a la víctima por el perjuicio causado y reconozca que ella no
era responsable del delito que se le imputó. De acuerdo con el principio según el
cual este tipo de reparaciones integrales deben concertarse con la víctima, la
demandante informará a la Rama Judicial, dentro del mes siguiente a la ejecutoria
de esta providencia, si dicho documento solamente le será entregado en físico a
ella o si, además, desea que se publique en las plataformas de comunicación y
difusión de cada entidad, y a ello se procederá una vez así sea comunicado. De
no hacerse ninguna manifestación durante ese lapso, se entenderá que la víctima
opta por que las disculpas se expresen de manera privada, por lo que así se
cumplirá inmediatamente.
iii. Lucro cesante
27.- La parte actora solicitó indemnización por los ingresos dejados mientras la
demandante Gladys Janet Herrera estuvo privada de su libertad y no pudo salir
a recoger café al final del año, como solía hacerlo, ni dedicarse a sus labores de
empleada doméstica.
28.- Sobre el particular, de conformidad con el criterio jurisprudencial unificado24,
para el reconocimiento de este perjuicio debe: (i) haber sido solicitado en la
demanda y (ii) estar demostrado que al momento de su detención la persona
desempeñaba una actividad económica y que debido a la privación de la libertad
23 Fl. 8, c-2.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Expediente
73001-23-31-000-2009-00133-01 (44.572). Sentencia del 18 de julio de 2019. M.P.: Dr. Carlos
Alberto Zambrano Barrera
12
Radicado: 17001-23-31-000-2012-00024-01 (48513)
Demandante: Gladys Janet Herrera y otros
dejó de percibir ingresos. En relación con la liquidación del perjuicio se indica
que: (i) el periodo indemnizable es el tiempo que duró la detención, desde la
aprehensión física hasta <<cuando éste recobró materialmente la libertad o
quedó ejecutoriada la providencia que puso fin a la actuación penal contra el
investigado o sindicado, lo último que ocurra>>; (ii) el ingreso base de liquidación
debe estar probado, y en caso de que se pruebe que la persona desempeñaba
una actividad lícita pero no el monto devengado <<la liquidación del lucro cesante
se debe hacer teniendo como ingreso base el valor del salario mínimo legal
mensual vigente al momento de la sentencia que ponga fin al proceso de
reparación directa>> y (iii) es viable el reconocimiento del 25% por prestaciones
sociales en caso de que se acredite una relación laboral subordinada, siempre y
cuando se haya solicitado en la demanda.
29.- La parte actora no probó que la víctima directa ejerciera una actividad
económica estable al momento de su detención, por lo que la Sala no reparará
el perjuicio solicitado como lucro cesante. La testigo Alba Diela Herrera afirmó
que <<a mi hermana le llegaba plata de familias en acción y el compañero con
que vivía le ayudaba, y el papá de los niños le colaboraba únicamente a la niña>>.
Esta misma testigo agregó que la demandante Gladys Herrera ocasionalmente
recogía café: <<estuvo cogiendo café en noviembre de 2008 (….) a ella siempre
le ha gustado mucho salir a las fincas a coger cafés y por esa detención
domiciliaria no podía salir (…) cogía café más que todo en noviembre y diciembre
que era la cosecha>>25 (énfasis de la Sala). Sin embargo, esta declaración es
insuficiente para probar una actividad económica de la víctima directa consistente
en recoger café porque: (i) no da cuenta de un trabajo estable; (ii) se refiere la
actividad de recoger café en términos generales como <<le gustaba (…) salir a
las fincas>>, que no ofrecen certeza y (iii) solo acredita que la víctima salió a
recoger café un año antes de su detención, en el 2008. Sin embargo, más allá de
una inferencia de la misma testigo, esta declaración no demuestra con hechos
concretos (compromisos de trabajo, acuerdos particulares con alguna finca
cafetera, por ejemplo) que la demandante Gladys Janet Herrera iba a repetir esta
actividad de recolección de café en noviembre de 2009, época durante la cual
estuvo detenida.
M. Costas
30.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado
por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
N. Costo total de la condena para la fecha en la que se profiere la
sentencia
25 Fl. 8, c-2.
13
Radicado: 17001-23-31-000-2012-00024-01 (48513)
Demandante: Gladys Janet Herrera y otros
31.- El costo total de la condena contra el Estado para la fecha en la que se
profiere esta providencia es de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($54.350.000,00), los cuales
corresponden en su totalidad a perjuicios morales.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia dictada el 4 de julio de 2013 por el Tribunal
Administrativo de Caldas que negó las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la NACIÓN – RAMA
JUDICIAL por el daño causado con la privación de la libertad de la demandante
Gladys Janet Herrera.
TERCERO: CONDÉNASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL al pago de las
siguientes indemnizaciones por concepto de perjuicios morales, los cuales se
tasarán en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria
de esta providencia:
Número DEMANDANTE PARENTESCO CUANTÍA
20,91
1. Gladys Janet Herrera26 Víctima directa
SMLMV
Luisa Carolina Ocampo 8,36
2. Hija
Herrera SMLMV
Jhoan27 Esteban Valencia 8,36
3. Hijo
Herrera SMLMV
Laura Estefanía Giraldo 8,36
4. Hija
Herrera SMLMV
26 La Sala reitera en este punto que la demandante es identificada como <<Gladys Yanet>> en el
poder (fl.1). Sin embargo, en la firma autenticada por la Notaría de dicho poder, aparece como
<<Gladys Janet>>, con <<J>> en el segundo nombre, esto es, <<Janet>>. Así también aparece
en los registros civiles de sus hijos, cfr. fl. 14,15,16 y 17, c-1. Por lo anterior, la Sala usará este
nombre <<Gladys Janet>> para referirse a la víctima directa. En todo caso, este nombre hace
referencia a la persona con cédula No. 24.369.255. de Aguadas, Caldas.
27 Este demandante es identificado en el poder como <<Jhoan>> (fl. 1, c-1) y en las pretensiones
de la demanda y en su registro civil como <<Johan>>, se decir, con la <<h>> después de la <<o>>
y no antes. La Sala usará el nombre que obra en el poder, aclarando que hace referencia a la
misma persona, nacida el 2 de diciembre de 1997 e hijo de Gladys Janet Herrera (fl. 16, c-1). La
cédula del demandante no obra en el expediente.
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Radicado: 17001-23-31-000-2012-00024-01 (48513)
Demandante: Gladys Janet Herrera y otros
Paola Andrea Valencia 8,36
5. Hija
Herrera SMLMV
CUARTO: ORDÉNASE al Director Ejecutivo de la Administración Judicial de la
Rama Judicial emitir un comunicado en el cual pida disculpas a la señora Gladys
Janet Herrera por el daño antijurídico que padeció con ocasión de la privación
injusta de su libertad, en los términos señalados en esta providencia.
QUINTO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: SIN CONDENA en costas.
SÉPTIMO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178
del CCA.
OCTAVO: Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con destino a
las partes, de conformidad con el artículo 114 del CGP.
NOVENO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto
15
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