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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-31-000-2012-00323-01

Pensión de sobreviviente: marco normativo y jurisprudencial

Fecha
10 de diciembre de 2018
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-31-000-2012-00323-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ADICIONAR el numeral QUINTO de la sentencia del 13 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, los cuales quedarán así: «[…] Quinto. CONDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- a pagar a favor de las señoras Josefina Castro López y María Noemy Zuluaga Castro la sustitución de la pensión de jubilación que en vida devengada el señor José Loaiza Castaño, en el siguiente porcentaje. Para la señora Josefina Castro López, quien acreditó 41 años, 8 meses y 20 días: 62.93% Para la señora María Noemy Zuluaga Castro, quien acreditó 24 años, 6 meses, 29 días: 37.07% A partir del 1 de marzo de 2018, fecha de fallecimiento de la señora Josefina Castro López, la pensión de la señora la señora María Noemy Zuluaga Castro acrecerá en un 62.93%, siempre y cuando la UGPP, luego de efectuar las respectivas notificaciones, encuentre acreditado que no existe otro beneficiario con mejor derecho. […]» SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 13 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas que accedió a las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo. TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen. CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia Siglo XXI” y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-31-000-2012-00323-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

10 de diciembre de 2018

PENSION DE SOBREVIVIENTE - Marco normativo y jurisprudencial / PENSION DE SOBREVIVIENTE - Convivencia por los últimos cinco años de vida del causante / ACRECIMIENTO DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTE POR EL FALLECIMIENTO DE UNO DE SUS BENEFICIARIOS - La porción correspondiente al segundo beneficiario se incrementará / PENSION DE SOBREVIVIENTE - Reconocimiento / ACRECIMIENTO DE LA PENSION - Procedente por fallecimiento de beneficiario

Con la medida establecida en la Ley 100 de 1993 se busca proteger tanto la sociedad conyugal conformada legalmente, como a aquellas personas con las cuales no se forma una sociedad patrimonial de hecho. Es así que en casos en los que se presentan los mismos presupuestos de hecho que en el actual, corresponde conceder la prestación social de «pensión de sobreviviente», tanto al cónyuge separado de hecho, como al compañero permanente en proporción al tiempo de convivencia con el causante. Las pensiones de sobreviviente reconocidas bajo el imperio de la Ley 100 de 1993, cuando uno o varios de los beneficiarios de esta prestación pierdan su derecho, la porción de los demás beneficiarios se incrementará. De acuerdo con lo expuesto, si la pensión de sobreviviente se distribuye entre la cónyuge y la compañera permanente, como únicas beneficiarias del causante, al fallecer la primera su derecho quedará extinguido y la porción correspondiente a la segunda se incrementará, o viceversa. La Sala de Subsección concuerda con el Tribunal Administrativo de Caldas en que de las pruebas allegadas se encuentra acreditada la convivencia de la actora con el señor LOAIZA CASTAÑO durante el término señalado anteriormente, 24 años, 6 meses y 29 días, motivo por el cual le asiste derecho a la pensión requerida en el porcentaje del 37.07% que le fue reconocido en primera instancia, en ese orden de ideas. Por otra parte, sobre el segundo problema jurídico planteado, en razón a que se demostró la muerte de la señora CASTRO LOAIZA, la Sala de Subsección considera, de conformidad con el numeral 2.2.2. de esta providencia, que le corresponde a la actora, como única beneficiaria reconocida dentro de las presentes diligencias, el acrecimiento de la pensión de sobreviviente que reclama pero partir del momento de la muerte de la cónyuge, esto es, desde el 1 de marzo de 2018.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION "A"

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 17001-23-31-000-2012-00323-01(1597-15)

Actor: MARIA NOEMY ZULUAGA CASTRO

Demandado: UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP

Referencia: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DECRETO 01 DE 1984.

Decide la Sala de Subsección el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada contra la sentencia del 13 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1.- PRETENSIONES

1.1.1.- Demanda promovida por la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO. Proceso Rad. Núm. 17001-23-00-000-2012-00323-00.

La señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO, por intermedio de apoderado y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicitó la nulidad de los siguientes actos administrativos proferidos por la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN:
Resolución UGM029824 del 30 de enero de 2012, mediante la cual negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor JOSÉ LOAIZA CASTAÑO.

Resolución No. UGM38961 del 20 de marzo de 2012, por medio de la cual resolvió desfavorablemente el recurso de reposición que interpuso contra la decisión anterior.

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, requirió:

«3.1.3. Declarar que mi mandante la señora MARIA NOEMY ZULUAGA CASTRO, tiene derecho a que la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. HOY EN LIQUIDACIÓN la reconozca como sustituta de la pensión de sobreviviente por haber sido su compañera permanente durante los 28 años de su vida y haber hecho comunidad de vida e intereses con este hasta el momento del fallecimiento del pensiona(sic) el señor JOSE LOAIZA CASTAÑO identificado con la cédula de ciudadanía número 4.3.3.283 de Manizales, que deberá ser reconocida a partir del 18 de agosto de 2009. En la cuantía por él devengada a la fecha de su fallecimiento, incrementada anualmente de acuerdo con la ley. Pensión esta que le fue reconocida al señor LOAIZA CASTAÑO mediante resolución número 13563 del 11 de Marzo de 1993 y reliquidada mediante resolución número 8829 del 22 de Abril del 2004, esta última que fuera modificada mediante la resolución número 49787 del 22 de septiembre del 2006.

3.1.4. Condenar a LA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. hoy en liquidación a pagar a favor de mi mandante la transmisión de la PENSIÓN MENSUAL DE JUBILACIÓN y de GRACIA Sustitución Pensional -a partir del día dieciocho (18) de Agosto de 2009, en la cuantía por él devengada a la fecha de su fallecimiento, incrementada anualmente de acuerdo con la ley.

3.1.5. Condenar a LA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E hoy en liquidación a cancelar a mi representada las mesadas no pagadas al pensionado en vida, correspondiente estas a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto del año 209.

3.1.6. Ordenar, así mismo, que LA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E, hoy en liquidación, está obligada a reconocer y pagar a la accionante los reajuste y demás beneficios consagrados por la ley a favor de los pensionados y que así se reconozca y pague a mi poderdante, incluyendo en los mismos los reajustes por concepto de la ley 4º de 1976 y 71 de 1988.

Los pagos a que se refieren estas peticiones se harán a partir de la fecha que la actora MARIA NOEMY ZULUAGA CASTRO, como compañera permanente del causante, adquirió el derecho y en consideración al valor que tuvieran al momento de hacerse efectivo el pago, según el índice, de variación de precios al consumidor que entrega el DANE.

Se tendrán en cuenta los intereses moratorios y los compensatorios, además de la indexación, según sea el caso, conforme a datos que sobre el particular aporte la SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Todo lo anterior debe hacerse conforme los mandamientos del artículo 178 del C.C.A.

3.1.7 Ordenar a LA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E-I.C.E, hoy en liquidación a que de cumplimiento al fallo dentro de los términos establecidos por el artículo 176 y 177 del C.C.A.

3.1.8. Ordenar a LA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E-I.C.E, hoy en liquidación a que de cumplimento a mi poderdante de todas las mesadas dejadas de percibir, hasta el momento del fallo definitivo por parte de la justicia ordinaria.

3.1.9. Condenar a LA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E-I.C.E, hoy en liquidación, en caso de no dar cumplimiento al fallo dentro del término previsto por el Artículo 176 del C.C.A., a que reconozca y pague a favor de mi mandante los intereses comerciales y moratorios, tal y como lo establece el Artículo 177 del C.C.A.

3.1.10. Condenar a los demandado al pago de las COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO.» (Sic en toda la cita)

1.1.2.- Demanda promovida por la señora JOSEFINA CASTRO LÓPEZ. Proceso Rad. Núm. 17001-31-05-002-2011-00568-00.

La señora JOSEFINA CASTRO LÓPEZ, por intermedio de apoderada y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicitó la nulidad del siguiente acto administrativo proferido por la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN:

Resolución UGM002776 del 1 de agosto de 2011, mediante la cual negó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente en condición de cónyuge supérstite del señor JOSÉ LOAIZA CASTAÑO.

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, requirió:

«[…]

2ª Declarar que mi mandante la señora JOSEFINA CASTRO LÓPEZ en su condición de cónyuge supérstite tiene derecho a que la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. HOY EN LIQUIDACIÓN la reconozca como SUSTITUTA EN LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE de su cónyuge JOSÉ LOAIZA CASTAÑO no solo por haber estado casada con él durante 47 años, sino por haber mantenido la comunidad de vida hasta el fallecimiento de este. Dicho reconocimiento deberá hacerse a partir del 18 de agosto de 2009, en la cuantía que devengaba el pensionado a la fecha de su fallecimiento, con los incrementos anuales de ley; teniendo en cuenta que dicha Pensión fue reconocida al señor JOSE LOAIZA CASTAÑO mediante resolución número 13563 del 11 de marzo de 1993 y reliquidada mediante las resoluciones 8829 del 22 de abril de 2004 y 49787 del 22 de septiembre de 2006.

3ª Condenar a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E HOY EN LIQUIDACIÓN a cancelar a mi representada las mesadas no pagadas al pensionado en vida, correspondiente estas a los meses de mayo, junio, julio y agosto del año 2009.

4ª Condenar a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. HOY EN LIQUIDACIÓN, a pagar a mi representada los reajustes y demás beneficios consagrados por la ley en favor de los pensionados (reajustes ley 4ª de 1976 y 71 de 1988)

Los pagos a que se refieren estas peticiones se harán a partir de la fecha en que la actora JOSEFINA CASTRO LOPEZ, como cónyuge supérstite del causante, adquirió el derecho y en consideración al valor que tuvieran al momento de hacerse efectivo el pago, según el índice de variación de precios al consumidor expedido por el DANE, se tendrán además en cuenta los intereses moratorios y los compensatorios, con base en el inciso cuarto del art. 187, art. 193 y relacionados de la Ley 1437 de 2011.

5ª Ordenar a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E HOY EN LIQUIDACIÓN cumplir con el fallo dentro de los términos establecidos por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

6ª Ordenar a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E HOY EN LIQUIDACIÓN a pagar a mi representada de todas las mesadas dejadas de percibir y las que se sigan causando hasta el momento del fallo definitivo de este proceso.

7ª Condenar a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. HOY EN LIQUDACIÓN, en caso de no dar cumplimiento al fallo dentro del término previsto por el artículo 192 del C.P.A.C.A., a que reconozca y pague a favor de mi mandante los intereses establecidos en el inciso 3º y 7º del mismo artículo y demás normas concordantes.

8ª Condenar a los demandado al pago de las COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO.» (Sic en toda la cita.)

1.2.- HECHOS

1.2.1.- Demanda promovida por la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO. Proceso Rad. Núm. 17001-23-00-000-2012-00323-00.

El apoderado de la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO expuso como fundamentos fácticos de la acción, los siguientes:

La CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. hoy el liquidación, reconoció al señor JOSÉ LOAIZA CASTAÑO, la pensión de vejez mediante la Resolución No. 13563 del 11 de marzo de 1993, la cual fue liquidada mediante Resolución No. 8829 del 22 de abril de 2004, por cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero de Menores de Manizales que elevó la cuantía de la prestación social a la suma de $454.013,25, efectiva a partir del 4 de abril de 1993, modificada está última a través de Resolución No. 49787 del 22 de septiembre de 2006.

El señor JOSÉ LOAIZA CASTAÑO falleció el 18 de agosto de 2009, momento en el cual la señora JOSEFINA CASTRO LÓPEZ, con quien contrajo matrimonio pero de la que se había separado de hecho hace más de 28 años, solicitó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, petición que fue negada a través de Resolución No. UGM002776 del 1 de agosto de 2011, expedida por COLPENSIONES.

El señor JOSÉ LOAIZA CASTAÑO convivió en unión libre, desde el 15 de octubre de 1981 hasta su muerte, con la señora MARIA NOEMY ZULUAGA CASTRO. De esa relación nació su hijo ANDRÉS LOAIZA ZULUAGA quien a la fecha de presentación de la demanda contaba con 27 años de edad.

En consideración a lo anterior, la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO requirió al gerente del Patrimonio Autónomo Buen Futuro de la Caja Nacional de Previsión Social-CAJANAL E.I.C.E., el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, sin embargo no obtuvo respuesta.

La interesada interpuso acción de tutela para que le fuera contestada su petición, pretensión a la que accedió el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales mediante providencia del 16 de junio de 2010 que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales.

El 13 de agosto de 2010, por el incumplimiento de la orden judicial, presentó incidente de desacato en contra de CAJANAL E.I.C.E, pero el Juzgado precitado se abstuvo de iniciarlo pues se encontraban suspendidas todas las órdenes de arresto y multas en contra del liquidador de dicha entidad.

Mediante Resolución No. UGM029824 del 30 de enero de 2012, el liquidador de CAJANAL E.I.C.E. en Liquidación, negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente pedida por la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO con fundamento en que no demostró que hubiera convivido con el causante no menos de 5 años hasta el momento de su fallecimiento a pesar de que el análisis de un técnico investigador señaló lo contrario.

Contra la decisión anterior, la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO, presentó recurso de reposición, no obstante, fue confirmada a través de Resolución UGM068961 del 20 de marzo de 2012 proferida por CAJANAL E.I.C.E. en liquidación.

1.2.2.- Demanda promovida por la señora JOSEFINA CASTRO LÓPEZ. Proceso Rad. Núm. 17001-31-05-002-2011-00568-00.

La apoderada de la señora JOSEFINA CASTRO LÓPEZ expuso como fundamentos fácticos de la acción, los siguientes:

El señor JOSÉ LOAIZA CASTAÑO contrajo matrimonio católico con la señora JOSEFINA CASTRO LÓPEZ el 29 de noviembre de 1967 en la Parroquia de San José de Pacora.

Durante toda su vida, el señor JOSÉ LOAIZA CASTAÑO convivió con su esposa, quien dependía económicamente de él y se encontraba afiliada en SALUDCOOP en dicha calidad, hasta su muerte cuando fue desvinculada de ese servicio.

La señora JOSEFINA CASTRO LÓPEZ acompañó a su esposo, lo socorrió y le prestó la ayuda necesaria hasta el día de su fallecimiento, razón por la cual el 16 de octubre de 2009 radicó ante CAJANAL solicitud de sustitución pensional.

Mediante Resolución No. UGM002776 del 1 de agosto de 2011, CAJANAL resolvió negar la petición pues consideró que la señora JOSEFINA CASTRO LÓPEZ no logró demostrar los cinco años de convivencia anteriores al 18 de agosto de 2009, fecha de la muerte del pensionado.

1.3.- DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

1.3.1.- Demanda promovida por la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO. Proceso Rad. Núm. 17001-23-00-000-2012-00323-00.

Se invocó en la demanda la violación de las siguientes disposiciones normativas: artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 25, 29, 42, 46, 48 y 53 de la Constitución Nacional; artículos 17 y 18 de la Ley 6 de 1945; artículos 3, 38, 45, 51 y 82 de la Ley 90 de 1956, Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990; artículos 36, 37, 46, 48 y 49 de la Ley 100 de 1993; artículo 6 del Decreto 813 de 1994; numeral 5 del artículo 1 del Decreto 1160 de 1994; Decreto Reglamentario 1730 de 2001 y el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

Como concepto de violación el apoderado de la demandante, en síntesis, adujo que los actos administrativos son contrarios a la ley toda vez que la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO cumplió con todos los requisitos para acceder a la pensión de sobreviviente solicitada teniendo en cuenta que convivió con el señor JOSÉ LOAIZA CASTAÑO por más de 28 años y fue la persona que lo ayudó, socorrió y cuidó hasta su fallecimiento.

1.3.2.- Demanda promovida por la señora JOSEFINA CASTRO LÓPEZ. Proceso Rad. Núm. 17001-31-05-002-2011-00568-00.

Se invocó en la demanda la violación de las siguientes disposiciones normativas: artículos 1, 2, 4, 5, 29, 42, 46 y 48 de la Constitución Nacional; artículo 10 de la Ley 71 de 1988; artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993; artículo 13 de la Ley 797 de 2003; artículo 1 de la Ley 12 de 1975; artículo 7 del Decreto 1160 de 1989; sentencia C-1035 de 2008 y demás normas concordantes y complementarias.

Como concepto de violación la apoderada de la demandante, en síntesis, adujo que el acto administrativo demandado es contrario a la Constitución y a la ley por cuanto la señora JOSEFINA CASTRO LÓPEZ demostró de forma suficiente ante CAJANAL que le asiste el derecho a la sustitución pensional como cónyuge supérstite.

1.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

• Contestación de la UGPP al proceso Rad. Núm. 17001-23-00-000-2012-00323-00.

La Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, por cuanto señaló que dejó en suspenso el reconocimiento de la sustitución pensional en razón a que la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO no acreditó la convivencia de 5 años con el causante hasta el momento de su fallecimiento, es decir, su decisión se ajustó al ordenamiento legal.

Al respecto propuso como excepciones las de (i) inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, pues consideró que la interesada no cumple con los requisitos dispuestos en la Ley 797 de 2003 para acceder a ella, (ii) prescripción de las acciones laborales y prestaciones periódicas dispuesta en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y (iii) la genérica, refiriéndose a que se declarara oficiosamente cualquier hecho a favor de la UGPP que constituyera una excepción.

• Contestación de la UGPP al proceso Rad. Núm. 17001-31-05-002-2011-00568-00.

La Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, se opuso a las pretensiones de la acción y resaltó que la señora JOSEFINA CASTRO LÓPEZ no agotó en debida forma la vía gubernativa porque no interpuso recurso de reposición en contra del acto administrativo adverso a sus intereses.

Asimismo, señaló que la suspensión del reconocimiento de la sustitución de la pensión solicitada por la demandante obedeció al ordenamiento legal aplicable, esto es, las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, el artículo 6 de la Ley 1204 de 2008 y la Ley 1437 de 2011.

De igual forma, propuso las excepciones de (i) inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, pues consideró que la interesada no cumple con los requisitos dispuestos en la Ley 797 de 2003 para acceder a ella, (ii) falta de agotamiento de la reclamación administrativa toda vez que la demandante no presentó recurso de reposición contra la resolución reprochada, (iii) prescripción de las acciones laborales y prestaciones periódicas dispuesta en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y (iv) la genérica, refiriéndose a que se declarara oficiosamente cualquier hecho a favor de la UGPP que constituyera una excepción.

1.5.- LA SENTENCIA APELADA

El 13 de noviembre de 2014, el Tribunal Administrativo del Caldas decidió declarar la nulidad de las Resoluciones No. UGM002776 del 1 de agosto de 2011, UGM038961 del 20 de marzo de 2012 y UGM029824 del 30 de enero de 2012 y condenar a la UGPP a reconocer a las señoras JOSEFINA CASTRO LÓPEZ, en un 62.93% y MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO, en un 37.07%, la sustitución de la pensión de jubilación que en vida devengó el señor JOSÉ LOAIZA CASTAÑO, con efectos a partir del 18 de agosto de 2009.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en el proceso resultó probada la convivencia simultánea entre el señor JOSÉ LOAIZA CASTAÑO y las señoras JOSEFINA CASTRO LÓPEZ, quien acredito 41 años, 8 meses y 20 días y MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO, quién demostró 24 años, 6 meses y 29 días, la primera en su calidad de cónyuge y la segunda como compañera permanente, relaciones en las que evidenció una auténtica vida marital en las que se conformó un hogar con apoyo físico, moral y ayuda mutua.

Sobre la prescripción de las mesadas pensionales, señaló que no estaba configurada por cuanto el fallecimiento del causante se produjo el 18 de agosto de 2009 y las demandas fueron presentadas el 2 de septiembre de 2011 y el 26 de junio de 2012, es decir, antes del término de tres años previsto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

Por último, en cuanto a las costas, decidió no condenar a las partes a su pago porque a su parecer no hubo maniobras dilatorias, desleales, temerarias o de mala fe.

1.6.- LA APELACIÓN

El apoderado de la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO presentó recurso de apelación para que se revocara parcialmente la decisión de primera instancia toda vez que se encuentra en desacuerdo con el porcentaje reconocido a su mandataria.

A este propósito, afirmó que se desconoció el material probatorio que desvirtúa la simultaneidad de la convivencia, como los testimonios rendidos en el trámite del proceso, de acuerdo con los cuales la señora JOSEFINA CASTRO LÓPEZ solo convivió con el causante de la pensión por el término de 17 años, 1 mes y 21 días, esto es, se le debió reconocer el 40,51% mientras que su representada probó 24 años, 6 meses y 29 días, es decir, tiene derecho al 58,95% de la prestación social solicitada.

En ese orden de ideas, señaló que después de la separación de cuerpos entre el señor JOSÉ LOAIZA CASTAÑO y la señora JOSEFINA CASTRO LÓPEZ se inició la sociedad de hecho con la compañera permanente, señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO, con quien convivió los últimos días de su vida por el tiempo anteriormente citado.

El apoderado de la UGPP también impugnó la sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas pues manifestó que la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO no demostró tener mejor o igual derecho que la cónyuge sobreviviente, quien disfrutó de la cobertura de seguridad social del señor JOSÉ LOAIZA CASTAÑO y acreditó la convivencia hasta su fallecimiento, motivo por el cual no le asiste derecho a la sustitución pensional.

Asimismo, resaltó que «si se habla de proteger la familia debe darse toda la prelación a la familia constituida legalmente y cuya unión no ha sido disuelta de ninguna manera. Pues situación muy diferente es cuando se ha presentado una separación de hecho provocada por el o la cónyuge sobreviviente y otra cuando ni siquiera ha habido una ruptura de la pareja, pues además de tener que lidiar con la infidelidad, la cónyuge sobreviviente y con unión vigente debe soportar que una tercera persona dentro de su relación llegue a menguar la estabilidad económica construida en este caso durante 42 años.»

De igual forma, mencionó el Acuerdo 049 de 1990 según el cual la cónyuge es la beneficiaria de la pensión de sobreviviente y, a falta de ésta, la compañera permanente, y el inciso segundo del artículo 54 del Decreto 1045 de 1978, de acuerdo con el cual no se admitirá la calidad de compañera permanente cuando se tenga el estado civil de casado, salvo en los casos de sentencia de separación de cuerpos.

1.7.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

• El apoderado de la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO ratificó los argumentos expuestos en el recurso de apelación que interpuso.

• La abogada de la señora JOSEFINA CASTRO LÓPEZ solicitó que se confirmara la sentencia impugnada teniendo en cuenta que se demostró que su representada tiene derecho al 62.93% de la pensión de su esposo pues su convivencia perduró durante 41 años, 8 meses y 20 días.

• La UGPP guardó silencio en esta etapa procesal.

1.8.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público no presentó concepto en el asunto de la referencia.

II. CONSIDERACIONES

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes consideraciones.

2.1.- Problema jurídico

Previo a plantear el problema jurídico en esta instancia procesal, la Sala de Subsección advierte que el apoderado de la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO, allegó el registro civil de defunción de la señora JOSEFINA CASTRO LÓPEZ, en el que consta que falleció el 1 de marzo de 2018 en la ciudad de Manizales (Caldas).

Lo anterior, con el propósito que se tuviera en cuenta a efectos de decidir sobre el acrecimiento de la pensión a que tiene derecho su representada.

Al respecto, el artículo 281 del Código General del Proceso, establece:

« Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.

[…] ». Destacado fuera del texto.

En ese sentido y toda vez que la circunstancia puesta en conocimiento de la Sala de Subsección es un hecho extintivo del derecho solicitado, la Sala de Subsección lo tendrá en cuenta a efectos de plantear los problemas jurídicos que se resolverán en esta instancia procesal sin que ello comprometa la congruencia de la sentencia.

Según lo anterior y de conformidad con los argumentos expuestos por los impugnantes, en el sub examine, se determinará lo siguiente:

¿La señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente respecto del causante señor JOSÉ LOAIZA CASTAÑO?

De ser positiva la respuesta al cuestionamiento anterior, se responderá:

¿Se debe acrecentar la pensión de sobreviviente de la señora MARÍA NOEMY CASTRO en razón a la muerte de la señora JOSEFINA CASTRO LÓPEZ?

Con la intención de darle respuesta a estas preguntas, a continuación se indicará el marco legal y jurisprudencial aplicable a la pensión de sobreviviente y el referente al acrecimiento pensional en caso del fallecimiento de uno de sus beneficiarios.

2.2.- Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso.

2.2.1.- Sobre la pensión de sobrevivientes

Como antecedentes relevantes respecto de la prestación reclamada en el presente asunto, cabe destacar que en nuestro ordenamiento jurídico, inclusive antes de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, se pretendió proteger al grupo familiar del trabajador pensionado ante la ausencia del mismo. Es así como en los artículos 36 y 39 del Decreto 3135 de 1968 y en los artículos 80 y 92 del Decreto 1848 de 1969, se consagró la posibilidad limitada de transmitir el derecho jubilatorio en casos de empleados públicos o trabajadores oficiales.

Posteriormente, con la Ley 33 de 1973 se estableció la misma posibilidad para la viuda de un empleado particular.

Con la Ley 12 de 1975 se consagró la posibilidad de percibir la pensión de jubilación de un trabajador en los casos en los que, pese a que hubiere completado el tiempo de servicio requerido para ello, no se cumpliera con el requisito de la edad.

Posteriormente, en el artículo 48 de la Constitución Política de 1991, se estableció que los requisitos para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia estarían establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones.

En desarrollo de la anterior disposición se creó la «pensión de sobrevivientes», tanto en el régimen de prima media con prestación definida, como en el de ahorro individual con solidaridad, tal como quedó consagrado en los artículos 46 y 74 de la Ley 100 de 1993.

La anterior precisión resulta relevante en la medida en que para resolver el caso concreto se debe tener en cuenta que el señor JOSÉ LOAIZA CASTAÑO falleció el 18 de agosto de 2009, fecha en la cual ya había entrado en vigencia la Ley 100 de 1993, y por lo tanto, con base en dicha normativa, se debe analizar si hay lugar a conceder la prestación reclamada o no.

En la sentencia C-336 de 16 de abril de 2008, la Corte Constitucional señaló las características generales y la finalidad constitucional que se persigue con la pensión de sobrevivientes en los siguientes términos:

«Anteriormente denominado derecho a la sustitución pensional, la pensión de sobrevivientes corresponde a una garantía propia del sistema de seguridad social fundada en varios principios constitucionales, entre ellos el de solidaridad que lleva a brindar estabilidad económica y social a los allegados al causante; el de reciprocidad, por cuanto de esta manera el legislador reconoce en favor de ciertas personas una prestación derivada de la relación afectiva, personal y de apoyo que mantuvieron con el causante; y el de universalidad del servicio público de la seguridad social, toda vez que con la pensión de sobrevivientes se amplía la órbita de protección a favor de quienes probablemente estarán en incapacidad de mantener las condiciones de vida que llevaban antes del fallecimiento del causante.

La pensión de sobrevivientes es uno de los mecanismos establecidos por el legislador para realizar los derechos de previsión social; su finalidad es la de crear un marco de protección para las personas que dependían afectiva y económicamente del causante, permitiendo que puedan atender las necesidades propias de su subsistencia y hacer frente a las contingencias derivadas de la muerte del pensionado o afiliado.

Como la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes es una institución de la seguridad social favorable a quienes se encuentran en situación involuntaria e insufrible de necesidad y requieren un tratamiento diferencial positivo o protector que les permita un reconocimiento digno e igualitario por parte de la sociedad. Por esta razón, el ordenamiento jurídico crea un determinado orden de prelación respecto de las personas afectivamente más cercanas al causante, privilegiando a quienes más dependían emocional y económicamente de él. Su naturaleza jurídica ha sido explicada en los siguientes términos:

“La Corte Constitucional en varias oportunidades se ha pronunciado respecto de la naturaleza de la pensión de sobrevivientes, al respecto ha dicho que dicha prestación suple la ausencia repentina del apoyo económico del pensionado o del afiliado del grupo familiar con el fin de evitar que su muerte se traduzca en un cambio radical de las condiciones de subsistencia mínimas de los beneficiarios de dicha prestación.

Adicionalmente, la Corte ha planteado que la pensión de sobrevivientes “(…) responde a la necesidad de mantener para su beneficiario, al menos el mismo grado de seguridad social y económica con que contaba en vida del pensionado fallecido, que al desconocerse puede significar, en no pocos casos, reducirlo a una evidente desprotección y posiblemente a la miseria”. La ley prevé entonces que, en un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían del occiso y compartían con él su vida, reciban una sustitución pensional para satisfacer sus necesidades.”

6.2. La pensión de sobrevivientes ha sido definida como una de las expresiones del derecho a la seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política y como aquella prestación que se genera a favor de las personas que dependían económicamente de otra que fallece, con el fin de impedir que éstas últimas deban soportar las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento. Sobre esta materia la Corte ha precisado:

“La sustitución pensional responde a la necesidad de mantener para sus beneficiarios, al menos el mismo grado de seguridad social y económica con que contaban en vida del pensionado o del afiliado fallecido, que al desconocerse puede significar, en no pocos casos, reducirlos a una evidente desprotección y posiblemente a la miseria. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y que, además, en muchos casos compartían con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades mínimas”».

Como se desprende de la providencia transcrita, la pensión de sobrevivientes es una garantía del derecho a la seguridad social y una manifestación de los principios constitucionales de solidaridad y reciprocidad.

Para el caso objeto de la presente decisión, es preciso poner de presente que la prestación reclamada tiene como fundamento el literal b) del inciso 3) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en el cual se dispuso lo siguiente:

«Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente».

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad del último aparte de la disposición transcrita en la sentencia C-336 de 4 de junio de 2014, en la cual determinó la constitucionalidad del precepto transcrito debido a que encontró que existen diferencias entre el matrimonio y la unión marital de hecho y razones que justifican la protección de la situación particular tanto del cónyuge separado de hecho, como del compañero permanente.

En efecto, la Corte Constitucional explicó que pese a que la separación de hecho suspende la convivencia y el apoyo mutuo, no limita los efectos de la sociedad patrimonial conformada en razón del matrimonio. Al respecto, en la mencionada providencia se señaló lo siguiente:

«La jurisprudencia de la Corte ha reconocido que los efectos jurídicos de la unión marital del hecho son diferentes a los del matrimonio, por ende son instituciones jurídicas disímiles y no necesariamente equiparables.

La separación de hecho suspende los efectos de la convivencia y apoyo mutuo, más no los de la sociedad patrimonial conformada entre los cónyuges. Por lo cual, no nace a la vida jurídica la sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes, cuando uno de éstos mantiene en vigor la sociedad patrimonial del matrimonio.

El Legislador dentro del marco de su competencia, en desarrollo del derecho a la seguridad social en pensiones, puede regular lo referente a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. En ese orden de ideas, en el caso de la convivencia no simultánea entre el cónyuge con separación de hecho y con sociedad conyugal vigente y el último compañero permanente, ponderó los criterios de la sociedad patrimonial existente entre los consortes y la convivencia efectiva consolida con antelación al inicio de la unión marital de hecho, mediante la asignación de una cuota parte de la pensión.

Al analizar el aparte acusado a la luz de los presupuestos del juicio de igualdad, se pudo constatar que los sujetos en comparación -cónyuge con separación de hecho y con sociedad conyugal vigente y el último compañero permanente- pertenecen a grupos diferentes y por ello la norma demandada no otorga un trato diferente a quien es diferente, en tanto que ambas figuras no son necesariamente equiparables».

Como se puede apreciar a partir de lo anterior, con la medida establecida en la Ley 100 de 1993 se busca proteger tanto la sociedad conyugal conformada legalmente, como a aquellas personas con las cuales no se forma una sociedad patrimonial de hecho.

Es así que en casos en los que se presentan los mismos presupuestos de hecho que en el actual, corresponde conceder la prestación social de «pensión de sobreviviente», tanto al cónyuge separado de hecho, como al compañero permanente en proporción al tiempo de convivencia con el causante.

2.2.2.- Acrecimiento de la pensión de sobreviviente por el fallecimiento de uno de sus beneficiarios.

El artículo 8 del Decreto 1889 de 1994, compilado en el artículo 2.2.8.2.1. del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, consagró:

« […] DISTRIBUCIÓN DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. La pensión de sobrevivientes se distribuirá, en los sistemas generales de pensiones y de riesgos laborales, así:

1. El 50% para el cónyuge o compañera o compañero permanente del causante, y el otro 50% para los hijos de este, distribuido por partes iguales.

A falta de hijos con derecho o cuando su derecho se pierda o se extinga, la totalidad de la pensión corresponderá al cónyuge o compañera o compañero permanente del causante con derecho.

A falta de cónyuge o compañera o compañero permanente o cuando su derecho se pierda o se extinga, la totalidad de la pensión corresponderá a los hijos con derecho por partes iguales.

2. Si no hubiese cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, la pensión de sobrevivientes, corresponderá en su totalidad a los padres con derecho, por partes iguales.

3. Si no hubiese cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos o padres con derecho, en el régimen de prima media con prestación definida y en el sistema general de riesgos laborales, la pensión corresponderá a los hermanos inválidos con derecho por partes iguales, y en el régimen de ahorro individual los recursos de la cuenta individual harán parte de la masa sucesoral de bienes del causante.

PARÁGRAFO 1o. Cuando expire o se pierda el derecho de alguno de los beneficiarios del orden indicado en los numerales anteriores, la parte de su pensión acrecerá la porción de los beneficiarios del mismo orden.

PARÁGRAFO 2o. La extinción del derecho de los beneficiarios del orden indicado en el numeral 1 de este artículo, implicará la expiración de la pensión sin que pase a los siguientes órdenes.

Igual disposición se aplicará para los beneficiarios descritos en el numeral 2.

PARÁGRAFO 3o. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos sucesorales a que haya lugar.» Destacado fuera del texto.

En ese orden de ideas, de acuerdo con el parágrafo primero de esta norma, aplicable a las pensiones de sobreviviente reconocidas bajo el imperio de la Ley 100 de 1993, cuando uno o varios de los beneficiarios de esta prestación pierdan su derecho, la porción de los demás beneficiarios se incrementará.

De acuerdo con lo expuesto, si la pensión de sobreviviente se distribuye entre la cónyuge y la compañera permanente, como únicas beneficiarias del causante, al fallecer la primera su derecho quedará extinguido y la porción correspondiente a la segunda se incrementará, o viceversa.

2.3. Caso en concreto

Para resolver los problemas jurídicos planteados en el presente asunto, la Sala de Subsección evidencia como pruebas útiles, conducentes y pertinentes las que se mencionan a continuación:

• Resolución Número 13563 del 11 de maro de 1993, expedida por el subdirector de prestaciones económicas de CAJANAL «por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión vitalicia de jubilación» al señor JOSÉ LOAIZA CASTAÑO.

• Resolución No. 8829 del 22 de abril de 2004 a través de la cual la subgerente de prestaciones económicas de CAJANAL da cumplimiento a un fallo de tutela que ordenó la reliquidación de la pensión del señor JOSÉ LOAIZA CASTAÑO.

• Petición presentada por la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO, dirigida al gerente del patrimonio autónomo Buen Futuro, en la que solicita el reconocimiento de la pensión de sobreviviente que recibía su compañero permanente JOSÉ LOAIZA CASTAÑO, en razón a su fallecimiento el 18 de agosto de 2009.

• Registro Civil de Defunción del señor JOSÉ LOAIZA CASTAÑO en el que se certifica su fallecimiento el 18 de agosto de 2009.

• Registro Civil de Nacimiento de ANDRÉS LOAIZA ZULUAGA en el que constan como padres el señor JOSE LOAIZA CASTAÑO y la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO.

• Resolución Número UGM 029824 del 30 de enero de 2012 a través de la cual el liquidador de CAJANAL le negó la pensión de sobreviviente a la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO.

• Recurso de reposición presentado por el apoderado de la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO en contra de la Resolución que negó la pensión de sobreviviente.

• Resolución Número UGM 038961 del 20 de marzo de 2012 proferida por el liquidador de CAJANAL a través de la cual confirma el acto administrativo recurrido que negó la pensión de sobreviviente a la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO.

• Documento denominado «Perfil del afiliado titular» de la empresa Los Olivos para el amparo «muerte anexo exequias» en la que consta como afiliado titular la señora MARÍA NOEMY CASTRO ZULUAGA y como grupo familiar, el señor JOSÉ LOAIZA CASTAÑO en calidad de cónyuge, los señores JHON ALEXANDER ZULUAGA, JULIO ALFREDO RAMIREZ ZULUAGA y ANDRÉS LOAIZA ZULUAGA en condición de hijos y LUZ MARY GUTIERREZ LONDOÑO como su cuñada.

• Informe investigativo No. 0440/2011 realizado por la empresa CYSA en el señala que «existió convivencia como compañeros permanentes entre JOSÉ LOAIZA CASTAÑO (causante) y MARÍA NOHEMY ZULUAGA CASTRO (solicitante) durante más de veinticinco (25) años, los cuales incluyen los últimos cinco (5) años de vida del primero.»

• Testimonios solicitados por el apoderado de la señora MARÍA NOEMY CASTRO ZULUAGA, rendidos ante el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Caldas, en audiencia de pruebas del 16 de septiembre de 2014, por los señores:

ORBILIA URIBE DE LONDOÑO, quien declaró ser amiga íntima de la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO y conocer su relación con el señor JOSÉ LOAIZA CASTAÑO desde hace más de veinte (20) años. Sobre el lugar donde residieron, si bien, en principio, manifestó que la pareja vivía en «villa café» y ante el cuestionamiento del magistrado conductor del proceso no supo responder a que se refería con «villa café» o donde estaba ubicado, de acuerdo con el testimonio del señor JHON ALEXANDER ZULUAGA se constata que efectivamente residieron en ese lugar que es un barrio ubicado en la ciudad de Manizales y luego de trasladaron al barrio El Bosque de esa misma ciudad.

GABRIELA GUTIERREZ LONDOÑO, quien manifestó ser la hermana media de la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO, respecto de la cual afirmó que se conoció en una cafetería con el señor JOSÉ LOAIZA CASTAÑO con el que convivió entre veintiséis (26) y veintisiete (27) años hasta el momento de su muerte cuando residían en el barrio El Bosque en la ciudad de Manizales relación de la que nació un hijo llamado ANDRÉS LOAIZA ZULUAGA.

GLORIA INÉS VALENCIA TORRES, dijo ser amiga de la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO e indicó que conocía de la relación entre ella y el señor JOSÉ LOAIZA CASTAÑO pues los visitaba cuando vivían en el barrio el Bosque, sin embargo no pudo precisar el tiempo de convivencia de los dos.

LUIS EDUARDO PÉREZ QUINTERO, afirmó conocer la convivencia de pareja de los señores MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO y JOSÉ LOAIZA CASTAÑO por más de once (11) años, tiempo en el que su hija, JOHANA LORENA PÉREZ, ha mantenido una relación con el hijo de ellos dos, ANDRÉS LOAIZA ZULUAGA. Aseguró que acompañó a la familia el 18 de agosto de 2009, día de la muerte del señor JOSÉ LOAIZA CASTAÑO cuyo funeral fue organizado por MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO y ANDRÉS LOAIZA ZULUAGA.

JHON ALEXANDER ZULUAGA, indicó ser el hijo de la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO. Expresó que su formación académica se la debe al señor JOSÉ LOAIZA CASTAÑO a quien considera su padre. Manifestó que su madre vivió con él por más de 30 años hasta que murió, el 18 de agosto de 2009, cuando tenían por lugar de residencia el barrio El Bosque de Manizales (Caldas).

ANDRÉS LOAIZA ZULUAGA hijo de la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO y JOSÉ LOAIZA CASTAÑO, aseguró que desde que tiene uso de razón su madre siempre vivió al lado de su padre cuando residían en el barrio el Bosque de la ciudad de Manizales (Caldas).

Registro civil de defunción de la señora JOSEFINA CASTRO LÓPEZ, en el que se encuentra certificado su fallecimiento, ocurrido el 1 de marzo de 2018 a las 5:45 a.m., en la ciudad de Manizales (Caldas).

De acuerdo con estas pruebas y en relación con el primer cuestionamiento formulado, la Sala de Subsección evidencia que los señores JOSÉ LOAIZA CASTAÑO y MARIA NOEMY ZULUAGA CASTRO, compartieron lecho, techo y mesa, cinco (5) años antes del momento de su fallecimiento, el 18 de agosto de 2009.

Lo anterior teniendo en cuenta que, si bien los testimonios recaudados en la audiencia practicada el 16 de septiembre de 2014, en el trámite de la primera instancia, no fueron precisos sobre el tiempo de convivencia entre los señores MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO y JOSÉ LOAIZA CASTAÑO, pues expresaron periodos desde los once (11) años hasta los treinta (30) años de vida juntos de forma ininterrumpida, lo cierto es que fueron coincidentes en que la señora ZULUAGA CASTRO se mantuvo al lado del causante hasta su fallecimiento.

Está acreditado, igualmente, que producto de esa relación, el 20 de enero de 1985, nació ANDRÉS LOAIZA ZULUAGA, de acuerdo con el registro civil visible en folio 108 del cuaderno 1, donde figuran como padres los señores JOSÉ LOAIZA CASTAÑO y MARIA NOEMY ZULUAGA CASTRO.

En ese sentido, el Tribunal Administrativo de Caldas al apreciar en conjunto las pruebas mencionadas decidió tomar como inicio de la relación entre la señora MARÍA NOEMY ZALUAGA CASTRO y JOSÉ LOAIZA CASTAÑO, la fecha del nacimiento de su hijo, el 20 de enero de 1985, hasta el día que falleció el causante, el 18 de agosto de 2009, para un total de 24 años, 6 meses y 29 días, en consecuencia, ordenó el reconocimiento de su porción pensional en 37.07%, valoración con la que está de acuerdo esta Sala pues no se tiene certeza sobre otra fecha de inicio de la relación más que el nacimiento de su hijo.

Ahora bien, sobre la convivencia que encontró demostrada el a quo con las pruebas aquí referidas, la Sala de Subsección advierte que el reproche principal del apoderado de la UGPP se centró en que la señora MARÍA NOHEMÍ ZULUAGA no demostró tener mejor derecho que la cónyuge, con quien el causante tenía una familia legalmente constituida y a su parecer debía ser favorecida y protegida por ese hecho «[…] pues además de tener que lidiar con la infidelidad, la cónyuge sobreviviente y con unión vigente debe soportar que una tercera persona dentro de su relación llegue a menguar la estabilidad económica construida en este caso durante 42 años.»

Al respecto, la Sala de Subsección debe recordarle al abogado que la situación por él planteada sobre «lidiar con la infidelidad» y «soportar que una tercera persona dentro de su relación lleg[ue] a menguar la estabilidad económica» son apreciaciones íntegramente subjetivas que distan de ser argumentaciones jurídicas con vocación de prosperidad en el presente asunto toda vez que la discusión sobre el «mejor derecho» a la pensión de sobreviviente de la cónyuge frente a la compañera permanente es un debate ampliamente superado por el legislador y la jurisprudencia colombiana tal como quedó debidamente explicado en el numeral 2.2.1., de esta providencia.

En conclusión, la Sala de Subsección concuerda con el Tribunal Administrativo de Caldas en que de las pruebas allegadas se encuentra acreditada la convivencia de la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO con el señor JOSÉ LOAIZA CASTAÑO durante el término señalado anteriormente, 24 años, 6 meses y 29 días, motivo por el cual le asiste derecho a la pensión requerida en el porcentaje del 37.07% que le fue reconocido en primera instancia, en ese orden de ideas.

Por otra parte, sobre el segundo problema jurídico planteado, en razón a que se demostró la muerte de la señora JOSEFINA CASTRO LOAIZA, la Sala de Subsección considera, de conformidad con el numeral 2.2.2. de esta providencia, que le corresponde a la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO, como única beneficiaria reconocida dentro de las presentes diligencias, el acrecimiento de la pensión de sobreviviente que reclama pero partir del momento de la muerte de la cónyuge, esto es, desde el 1 de marzo de 2018.

Es decir, desde el 18 de agosto de 2009, momento en que murió el señor JOSÉ LOAIZA CASTAÑO, le corresponde el reconocimiento de la pensión de sobreviviente en un porcentaje acreditado del 37.07% y a partir del 1 de marzo de 2018, fecha en que falleció la señora JOSEFINA CASTRO LOAIZA, el porcentaje se acrecentará en el porcentaje que le correspondía a la cónyuge, esto es, en un 62.93%, el que en todo caso será reconocido por la UGPP siempre que no se hubiere presentado, en vía administrativa, otro beneficiario con mejor derecho.

Se debe tener en cuenta que aun cuando la Sala de Subsección puede imponerle a la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO la realización de un trámite administrativo ante la UGPP para lograr el acrecimiento de la pensión de sobreviviente, en el sub examine lo considera innecesario y desproporcionado pues está probado, de acuerdo con su historia clínica, que es una mujer de la tercera edad quien actualmente sufre de parálisis facial, hipertensión arterial, ulcera gástrica y glaucoma, es decir, es una sujeto de especial protección del Estado.

En consecuencia, la sentencia de primera instancia será confirmada y su numeral quinto será adicionado en el sentido de precisar que a partir del 1 de marzo de 2018, fecha del fallecimiento de la cónyuge, la compañera permanente tiene derecho al acrecimiento de su porción pensional en un 62.93%, siempre y cuando, se reitera, no comparezca ante la UGPP un beneficiario con mejor derecho. En ese orden de ideas, la demandada deberá realizar las notificaciones del caso.

Finalmente, en lo que tiene que ver con la prescripción de las mesadas pensionales, como bien lo observó el a quo no hay lugar a declararla porque el fallecimiento del causante de la pensión se produjo el 18 de agosto de 2009 y la señora MARÍA NOEMY ZULUAGA CASTRO presentó su demanda, el 24 de mayo de 2012, es decir, dentro de los tres (3) años consagrados en el artículo 102 del Decreto 1248 de 1969.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: ADICIONAR el numeral QUINTO de la sentencia del 13 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, los cuales quedarán así:

«[…]

Quinto. CONDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- a pagar a favor de las señoras Josefina Castro López y María Noemy Zuluaga Castro la sustitución de la pensión de jubilación que en vida devengada el señor José Loaiza Castaño, en el siguiente porcentaje.

Para la señora Josefina Castro López, quien acreditó 41 años, 8 meses y 20 días: 62.93%
Para la señora María Noemy Zuluaga Castro, quien acreditó 24 años, 6 meses, 29 días: 37.07%

A partir del 1 de marzo de 2018, fecha de fallecimiento de la señora Josefina Castro López, la pensión de la señora la señora María Noemy Zuluaga Castro acrecerá en un 62.93%, siempre y cuando la UGPP, luego de efectuar las respectivas notificaciones, encuentre acreditado que no existe otro beneficiario con mejor derecho.

[…]»

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 13 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas que accedió a las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo.

TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia Siglo XXI” y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr.
Folios 10 a 12 del cuaderno 1
Folios 10 a 12 del cuaderno 1.
Folios 338 a 339 del cuaderno 1.
Folios 13 a 18 del cuaderno 1.
Folios 156 a 160 del cuaderno 1. Adición de la demanda.
Folios 337 a 338 del cuaderno 1.
Folios 18 a 40 del cuaderno 1
Folios 339 a 343 del cuaderno 1.
Folios 420 a 423 del cuaderno 1A.
Folios 424 a 428 del cuaderno 1A.
Folios 474 a 492 del cuaderno 1A.
Folios 494 a 508 del cuaderno 1A.
Folios 554 a 557 del cuaderno 1A.
Folio 556 del cuaderno 1A.
Folios 596 a 610 del cuaderno 1A.
Folios 611 a 613 del cuaderno 1A.
Folio 623 del cuaderno 1A.
Corte Constitucional, Sentencia C-336 de 16 de abril de 2008.
«Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993»
«Por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones.»
Folios 56 a 57 del cuaderno 1.
Folios 68 a 72 del cuaderno 1.
Folios 73 a 76 del cuaderno 1. También consta en folios 57 a 60 del cuaderno 2.
Folio 102 del cuaderno 1.
Folio 108 del cuaderno 1.
Folios 119 a 122 del cuaderno 1.
Folios 124 a 128 del cuaderno 1.
Folios 131 a 134 del cuaderno 1.
Folio 145 del cuaderno 1.
Folios 364 a 370 del cuaderno 2A.
Folio 369 del cuaderno 2A.
CD Fl. 9 del cuaderno 4. Min. 6:18 a 20:00.
CD Fl. 9 del cuaderno 4. Min. 01:08:10 a 01:23:14.
CD Fl. 9 del cuaderno 4. Min. 20:24 a 40:40.
CD Fl. 9 del cuaderno 4. Min. 41:00 a 55:48.
CD Fl. 9 del cuaderno 4. Min. 56:04 a 01:07:50.
CD Fl. 9 del cuaderno 4. Min. 01:08:10 a 01:23:14.
CD Fl. 9 del cuaderno 4. Min. 01:23:35 a 01:41:30.
Folio 623 del cuaderno 1A.
Folio 556 del cuaderno 1A.
En folio 623 del cuaderno 1A obra el rregistro civil de defunción de la señora JOSEFINA CASTRO LÓPEZ, en el que se encuentra certificado su fallecimiento, ocurrido el 1 de marzo de 2018 a las 5:45 a.m., en la ciudad de Manizales (Caldas).
Folios 627 a 675 del cuaderno 1A.
Los numerales cuarto y quinto de la sentencia impugnada, disponen lo siguiente:

«[…]

Cuarto. CONDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- a reconocer a las señoras Josefina Castro López y María Noemy Zuluaga Castro como sustitutas de la pensión de jubilación que en vida devengaba el señor José Loaiza Castaño, con efectos a partir del 18 de agosto de 2009.

Quinto. CONDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- a pagar a favor de las señoras Josefina Castro López y María Noemy Zuluaga Castro la sustitución de la pensión de jubilación que en vida devengada el señor José Loaiza Castaño, en el siguiente porcentaje.

Para la señora Josefina Castro López, quien acreditó 41 años, 8 meses y 20 días: 632.93%
Para la señora María Noemy Zuluaga Castro, quien acreditó 24 años, 6 meses, 29 días: 37.07%

[…]» Destacado fuera del texto original.

Folio 102 del cuaderno 1.
«Artículo 102º.- Prescripción de acciones.

Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.»

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