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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2012-00262-01

Nombramiento de personal docente en el sector público: marco normativo

Fecha
26 de agosto de 2021
Consejero ponente
César Palomino Cortés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2012-00262-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Artículo Primero.- REVÓCASE en su integridad, la sentencia del 19 de diciembre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, con fundamento en las razones esgrimidas en esta sentencia. Artículo Segundo.- Como consecuencia de la decisión anterior, DENIÉGANSE las súplicas de la demanda de nulidad incoada por Viviana Naranjo Álvarez en contra de las resoluciones 4990 del 11 de octubre de 2011 y 7279 del 19 de diciembre de 2011, de acuerdo con las motivaciones expuestas en la parte considerativa del presente fallo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2012-00262-01

Consejero ponente: César Palomino Cortés

26 de agosto de 2021

NOMBRAMIENTO DE PERSONAL DOCENTE EN EL SECTOR PÚBLICO - Marco normativo / DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA - No vulnerado / ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA - La omisión del requisito académico para la fecha en que se inscribió en el concurso se constituye en un supuesto que no admite agotamiento de procedimiento previo / DEROGATORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE NOMBRAMIENTO POR NO CUMPLIR CON REQUISITOS EXIGIDOS - Procedente / DERECHO ADQUIRIDO - No se configura

El Decreto 1278 de 2002 fijó los requisitos para ingresar al servicio educativo estatal, previendo la posibilidad de que éste sea prestado por profesionales con título diferente al de licenciado en educación, además prevé el concurso para ingresar al servicio educativo estatal y las etapas del mismo. Igualmente dispuso que la entidad territorial será la encargada de convocar al concurso público y abierto para proveer cargos de docentes, convocatoria que en todo caso estará sujeta a la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional. Del mismo modo, determina que la carrera del servicio educativo estatal, será administrada y vigilada por las entidades territoriales certificadas y por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Dada la aplicación de la Ley 909 de 2004 para el ingreso y retiro del servicio público -en lo que no esté regulado en la carrera especial docente-, también deberán ser tenidos en cuenta los presupuestos del Decreto 760 del 17 de marzo de 2005 “Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones”, asunto que será desarrollado en el caso concreto. no tenía sentido la decisión del a quo al disponer la actuación administrativa con el fin de garantizar el debido proceso a la actora, por cuanto en ningún momento le fue vulnerado derecho alguno por la demandada, al tiempo que la omisión del requisito académico para la fecha en que se inscribió y participó la actora en el concurso, se constituye en un supuesto que no admite agotamiento de procedimiento previo, al tratarse de un hecho objetivo e incontrovertible que no da lugar a la interpretación. considera esta instancia judicial, acertado el verbo derogar utilizado por la entidad demandada en el acto acusado, al pretender dejar sin efectos jurídicos la Resolución 5586 del 20 de septiembre de 2010 mediante la cual había nombrado en periodo de prueba a la accionante, luego de percatarse que no reunía el requisito académico para desempeñar el cargo de docente, pues para la fecha de la expedición de este nombramiento en el año 2010, no había obtenido el título de Licenciada en Filosofía y Letras que la convalidaba para acceder al cargo público de docente en básica primaria. el aparte normativo subrayado exige que el docente designado en provisionalidad debe reunir los requisitos del cargo, por tanto, en vista de que en el presente caso se tiene acreditado que la actora no reunía el requisito académico para acceder al cargo de docente en básica primaria, no es posible reconocer el derecho adquirido deprecado por el impugnante.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1278 DE 2002 / LEY 909 DE 2004 / DECRETO 760 DEL 17 DE MARZO DE 2005

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN "B"

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 17001-23-33-000-2012-00262-01(2090-15)

Actor: VIVIANA NARANJO ÁLVAREZ

Demandado: DEPARTAMENTO DE CALDAS - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CALDAS

Referencia: ACCIÓN: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DECRETO 01 DE 1984. TEMAS: DEROGATORIA DE RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA COMO DOCENTE DE BÁSICA PRIMARIA POR NO ACREDITAR EL REQUISITO ACADÉMICO PARA ACCEDER AL EMPLEO PÚBLICO; NO VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS; APLICACIÓN AUTÓNOMA DE NORMATIVAS DEL DECRETO 1950 DE 1973, NO EXIGE AGOTAMIENTO DEL ARTÍCULO 18 DEL DECRETO 760 DE 2005; IMPOSIBILIDAD DE NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD; REVOCATORIA DEL FALLO APELADO.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia de 19 de diciembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual declaró la nulidad de las resoluciones demandadas.

ANTECEDENTES

La demanda

1.1. Las pretensiones

La ciudadana Viviana Naranjo Álvarez, a través de apoderado judicial, interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho -artículo 85 CCA- en contra del Departamento de Caldas y en subsidio en contra de la Secretaría de Educación Departamental, en procura de que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos:

• Resolución Número 4990 de 11 de octubre de 2011 “Por medio de la cual se deroga en todas sus partes el acto administrativo Resolución Nro. 5586 del 20 de septiembre de 2010”, expedida por la Secretaría de Educación de Caldas, que derogó la Resolución Número 5586 el 20 de septiembre de 2010 “por la cual se efectúa un nombramiento de un docente de básica primaria en periodo de prueba”.

• Resolución Número 7279 de 19 de diciembre de 2011 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición de un docente”, proferida por la Secretaría de Educación de Caldas, que no accedió a las pretensiones de la docente.

-A título de restablecimiento del derecho solicitó que en vista de que la señora Viviana Naranjo Álvarez, cumplió los requisitos legales establecidos para ser nombrada como docente básica primaria por lo que solicitó “que la señora NARANJO ÁLVAREZ, se vuelva a incluir en la lista como docente básica primaria en periodo de prueba, al constatarse que efectivamente llenó de manera oportuna todos los requisitos exigidos por la ley para tal fin”.

Los hechos que fundamentan las anteriores pretensiones son los siguientes:

La señora Viviana Naranjo Álvarez mediante Acta de Selección de Plaza Docente de fecha 13 de septiembre de 2010, fue acreditada por la Secretaría de Educación de Caldas, en el cargo de docente básica primaria luego de haber participado en el concurso público de méritos realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante convocatoria N° 064 de marzo de 2009, en el que ocupó el puesto N° 293, cargo que aceptó desempeñar en el establecimiento educativo Guacas con sede en Nuevo Arenillal del Municipio de Pensilvania Caldas.

Mediante Resolución Número 5586 del 20 de septiembre de 2010 “Por la cual se efectúa un nombramiento de un docente de básica primaria en periodo de prueba”, la Secretaría de Educación de Caldas efectuó el nombramiento de la señora Viviana Naranjo Álvarez en periodo de prueba.

El 21 de septiembre de 2010 antes de posesionarse en el cargo, la señora Viviana como aun no tenía su diploma de grado profesional a pesar de haber terminado su licenciatura en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas, solicitó una prórroga hasta el día 24 de enero de 2011 para acreditar dicho requisito, sin embargo, llegada esta fecha y como quiera que no lo tenía, volvió a solicitar nueva prórroga, que no le fue concedida.

El 9 de febrero de 2011 el Secretario de Educación del Departamento, solicitó a la Comisión Nacional del Servicio Civil, concepto sobre la legalidad de la posesión del nombramiento en periodo de prueba de la docente, órgano que rindió concepto N° 02-014665 en el que advirtió, que en caso de presentarse el incumplimiento de las competencias labores para desempeñar un empleo público de carrera, es prohibido para la autoridad nominadora llevar a cabo la posesión en el cargo.

Destacó que el día 24 de enero de 2011, ya había terminado la actora sus estudios profesionales pero que solo le restaba la ceremonia de grado que se llevaría a cabo el 7 de marzo de 2011, calificando este requisito como formal.

El día 18 de abril de 2011, la Secretaría de Educación de Caldas expidió la Resolución N° 1764 “Por medio de la cual se efectúa nombramiento de un docente en provisionalidad”, siendo posesionada la señora Viviana Naranjo Álvarez mediante acta N° 625 del 27 de abril de 2011, servicios que prestó en la institución educativa Gregorio Gutiérrez González del municipio de Manzanares Caldas y, posteriormente fue trasladada a la institución educativa Agua Bonita del mismo corregimiento en Manzanares. Posteriormente fueron expedidas las resoluciones 4990 del 11 de octubre de 2011 y 7279 del 19 de diciembre de 2011, objeto de la presente nulidad.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

De la Constitución Política los artículos 1°, 2°, 4°, 6°, 13, 23, 25, 53, 83, 122 y 125;
La Ley 640 de 2001 no citó una norma en particular; el artículo 42 A de la Ley 270 de 1996 adicionado por la Ley Estatutaria 1285 de 2009 artículo 13 y los artículos 52, 59 y 114 de la Ley 1395 de 2010.

La parte actora invocó como causal de nulidad de los actos acusados, la violación de normas constitucionales y legales, como quiera que el Constituyente desde el preámbulo de la Carta Política reconoce la especial tutela que debe recibir la actividad humana, en este caso, la protección del derecho al trabajo, para lo cual citó apartes de citas jurisprudenciales de la Corte Constitucional.

Refirió que la Secretaría de Educación de Caldas desconoció las normas constitucionales invocadas como vulneradas, por cuanto partió del desconocimiento del principio de la buena fe, presunción que en el presente caso no operó y que se deben tener en cuenta también los artículos 122 y 125 de la Constitución Política, que establecen que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento, así mismo que los empleos en las entidades del Estado son de carrera, cuyo ingreso se hará previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones legales para determinar el mérito y las calidades de los aspirantes, requisito cumplido por la demandante como quiera que superó satisfactoriamente el concurso público de méritos en el que participó.

Contestación de la demanda

El Departamento de Caldas - Secretaría de Educación, por conducto de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que a la parte demandante no le asisten razones legales para hacer la presente reclamación.

Mencionó como razón fundamental para la expedición de los actos acusados, el incumplimiento de un presupuesto legal como lo es el relativo a que el ingreso a los empleos públicos de carrera docente, se hace por nombramiento en periodo de prueba pero con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, cuando el elegible reúne las calidades de formación y experiencia requeridas para el desempeño de la función docente.

Adujo el vocero de la entidad demandada, que el legislador le otorgó facultades a la autoridad nominadora para que, si en el transcurso de la nominación se percata de la imposibilidad de efectuar el nombramiento en periodo de prueba, al advertir que el elegible no reúne los requisitos de formación académica exigidos para el empleo, se pueda prescindir de dicho nombramiento, facultad que tiene su fundamento normativo en el Decreto 1950 de 1973, ratificado por la Ley 909 de 2004 y para el caso de los docentes y directivos docentes, en las Leyes 115 de 1994, 715 de 2001 y en el Decreto Ley 1278 de 2002.

Advirtió que en un caso similar se pronunció la Corte Constitucional, por lo que la Secretaría de Educación de Caldas adoptó la decisión de derogar el nombramiento de la demandante, al considerar que no reunía los requisitos para la posesión a pesar de haber superado satisfactoriamente las etapas del concurso, como quiera que necesitaba para la posesión en el empleo, del título profesional en Filosofía y Letras.

La entidad demandada propuso la excepción que denominó inexistencia de la obligación con fundamento en la Ley, al considerar que la Secretaría de Educación de Caldas sustentó su actuación con base en el ordenamiento legal.

Fallo de la primera instancia

El Tribunal Administrativo de Caldas mediante sentencia de 19 de diciembre de 2014, declaró no probada la excepción propuesta por el apoderado de la parte demandada y declaró la nulidad de los actos enjuiciados. A título de restablecimiento del derecho ordenó al Departamento de Caldas “iniciar dentro del término de un mes contado a partir de la ejecutoria de esta sentencia, la actuación administrativa estipulada en el artículo 18 del Decreto 760 de 2005, con las observaciones que para ello se hicieron en el Concepto N° 02-014665 del 31 de mayo de 2010”. Negó las demás pretensiones de la demanda.

Luego de efectuar el estudio del acervo probatorio, encontró acreditado que la demandante aprobó todas las etapas del concurso público de méritos para docentes de básica primaria adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de la convocatoria N° 064 de marzo de 2009, al ocupar el puesto N° 293, por lo que aceptó la plaza disponible en la Institución Educativa Guacas de la Sede Nueva Arenillal del Municipio de Pensilvania Caldas.

Mencionó que en virtud de lo anterior, la demandada expidió la Resolución N° 5586 del 20 de septiembre de 2010, mediante la cual nombró a la señora Viviana Naranjo en periodo de prueba en el mencionado cargo, para lo cual debía acercarse a tomar posesión ante el Grupo de Gestión y Talento Humano, acreditando el cumplimiento de los requisitos legales, que en vista de que no contaba con el título de Licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas, le fue otorgado un plazo hasta el 24 de enero de 2011 para poder tomar posesión del cargo, pero que según certificación del Director del Programa de dicha Licenciatura, la ceremonia de grado sólo se llevaría a cabo hasta el día 7 de marzo de 2011.

El a quo afirmó que la exigencia del título para el ejercicio de la docencia encuentra su fundamento legal en el artículo 116 de la Ley 115 de 1994, modificado por la Ley 1297 de 2007. Que ante el incumplimiento del anterior requisito, la entidad demandada elevó solicitud ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, con el fin que dilucidara sobre la legalidad de continuar con el acto de posesión de la docente.

Mediante concepto N° 02-014665 del 31 de mayo de 2010, la Comisión precisó los dos momentos que deben tenerse en cuenta para la revocatoria de un nombramiento de un elegible, en el caso de que no reúna los requisitos para ocupar el cargo: el primero, cuando no se ha proferido la resolución de nombramiento y, el segundo, cuando a pesar de haber sido nombrado no ha tomado posesión del cargo.

No obstante lo anterior, señaló que en el presente caso la Secretaría de Educación de Caldas profirió la Resolución N° 4490 del 11 de octubre de 2011 objeto de la presente demanda, sin que se hubiera agotado previamente el procedimiento señalado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, señalado en el artículo 18 del Decreto 760 de 2005, que contempla la realización de una audiencia con el presunto afectado en la que podrá ejercer su derecho de defensa y contradicción e interponer el recurso de reposición, con el fin de salvaguardar su debido proceso.

Por lo anterior, a juicio del Tribunal de primera instancia, si bien es cierto la demandante no cumplía a cabalidad con el requisito señalado en el artículo 116 de la Ley 115 de 1994, la entidad territorial tenía la competencia para revocar pero no para derogar el nombramiento en periodo de prueba, pero con observancia de la actuación administrativa que el artículo 18 del Decreto 760 de 2005 contempla, como quiera que las listas de elegibles pueden ser modificadas, cuando no obstante el participante haber aprobado todas la etapas del concurso, no reunió las exigencias del cargo. Advirtió que en pro de salvaguardar la transparencia del concurso, no se le podía vulnerar el debido proceso a la actora.

Fundamentación del Recurso de Apelación interpuesto por la parte Demandante

La parte actora por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación mediante el cual solicitó la revocatoria o modificación del fallo impugnado al considerar que la actuación administrativa contemplada en el artículo 18 del Decreto 760 de 2005, tiene como único cometido excluir del cargo a la demandante, teniendo en cuenta que de acuerdo con el concepto emitido por la CNSC, se previó el supuesto según el cual, comprobada la falta de un requisito mínimo de formación académica y/o experiencia, proceder la revocatoria del nombramiento en periodo de prueba.

Solicitó ante esta instancia judicial, la aplicación del principio de favorabilidad para la docente, en el sentido de que se considere como un derecho adquirido, el nombramiento que la Secretaría de Educación de Caldas efectuó como docente en provisionalidad de la demandante, cargo del cual tomó posesión mediante Acta N° 625 del 27 de abril de 2011, con el fin de que se le garantice el derecho al trabajo en armonía con los demás derechos constitucionales de que es titular. En todo caso solicitó se le preserve el statu quo a la demandante, como docente básica primaria en periodo de prueba tal y como fue nombrada por la Secretaría de Educación de Caldas.

5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Durante esta etapa procesal, guardaron silencio las partes en litigio.

6. Concepto del Ministerio Público

La señora Procuradora Tercera Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto, mediante el cual solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia y en consecuencia se niegue la prosperidad de las pretensiones de la demanda, por lo que no se deberá acceder a la posesión de la actora en el cargo de Docente Básica Primaria, como quiera que el acto demandado no desconoció las normas en que debía fundarse.

Refirió que la accionante se inscribió en el concurso de docentes, que superó la prueba de conocimientos y que fue excluida después del proceso de selección, debido a que en el momento de la posesión del cargo, no acreditaba el título de licenciada en educación.

Indicó que, al no cumplir con tal requisito legal, procedía el retiro del servicio según el literal i) del artículo 63 del estatuto de profesionalización docente, por lo que era necesario que la docente acreditara el requisito cuando estaba participando en el concurso y que, no obstante habérsele otorgado el plazo del artículo 46 del Decreto 1950 de 1973, no lo cumplió.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, disposición derogada por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011, que ahora establece la competencia de esta Corporación en sede de segunda instancia, en el artículo 150 ídem.

Problema Jurídico

Observa la Sala en el presente caso, que el problema jurídico se contrae en determinar si los argumentos del apelante son suficientes para revocar el fallo de primera instancia que declaró la nulidad de los actos acusados, al considerar que la entidad demandada, previa la expedición de los actos administrativos demandados, debió efectuar la actuación administrativa del artículo 18 del Decreto 760 de 2005.

Bajo esta óptica la Sala desarrollará el siguiente esquema: 2.1. Actos administrativos demandados; 2.2. Marco normativo relacionado con el nombramiento de personal docente en el sector público; 2.3. Hechos probados; 2.4. Solución al caso concreto; 2.5. Cuestión procesal previa. Sobre el recurso de apelación y la no vulneración del principio de la no reformatio in pejus; 2.5.1. En cuanto al agotamiento del supuesto normativo del artículo 18 del Decreto 760 de 2005 ordenado por el Tribunal Administrativo de Caldas; 2.5.2. En cuanto al reconocimiento como derecho adquirido del nombramiento en provisionalidad efectuado a la demandante mediante Resolución Número 1764 del 18 de abril de 2011.

2.1. Actos administrativos objeto de demanda:

La resolución objeto de la presente nulidad en su parte resolutiva dispuso:

“RESOLUCIÓN NÚMERO 4990
11 de octubre de 2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA EN TODAS SUS PARTES EL ACTO ADMINISTRATIVO RESOLUCIÓN NRO. 5586 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001 y en especial las conferidas por el Decreto 1278 de 2002 y el decreto de delegación número 1120 de septiembre 30 de 2008 expedido por el Gobernador de Caldas, y

CONSIDERANDO

(…)
RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Derogar en todas sus partes la Resolución N° 5586 del 20 de septiembre de 2010 “Por la cual se efectúa un nombramiento de un Docente de Básica Primaria en Periodo de Prueba”.

ARTÍCULO 2: Contra la presente Resolución proceden los recursos de ley.

ARTÍCULO 3: Envíese copias de la presente resolución a la Comisión Nacional del Servicio Civil, Grupo de Gestión y Talento Humano, Coordinación de Novedades y a la Coordinación de Hojas de Vida de la Secretaría de Educación Departamental para su competencia.

ARTÍCULO 4: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

JOSÉ GILBERTO POSADA GARCÍA
Secretario de Educación”

El otro acto administrativo demandado reiteró las mismas consideraciones del anterior acto recurrido y en su parte resolutiva dispuso:

“RESOLUCIÓN NÚMERO 7279
19 de diciembre de 2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN DE UN DOCENTE:

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE CALDAS, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 2001, Decreto 520 de 2010 y el Decreto Departamental de delegación 1120 del 30 de septiembre de 2008,

(…)

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a las pretensiones de la señorita VIVIANA NARANJO ÁLVAREZ identificada con la cédula de ciudadanía número 30.239.051 de Manizales Caldas, con el objeto de revocar la Resolución 4990 del 11 de octubre de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente resolución a su destinatario, haciéndole saber que contra la misma, no proceden recursos en la vía gubernativa, y remítase copia al Grupo de Talento Humano, Coordinación de Novedades y Coordinación de Hojas de Vida de la Secretaría de Educación del Departamento, para los fines pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ GILBERTO POSADA GARCÍA
Secretario de Educación”
2.2. Marco normativo relacionado con el nombramiento de personal docente en el sector público

Sea lo primero mencionar que el artículo 125 de la Constitución Política establece las formas de vinculación con el Estado, así:

“Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.

PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 6 del Acto Legislativo 1 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido.”

Según la anterior transcripción, la carrera administrativa es el medio de ingreso al servicio público previo concurso de méritos, concebido como el sistema de administración de personal que encuentra su regulación, para la época de los hechos que motivan la presente demanda, en la Ley 909 de 23 de septiembre de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.”

Como quiera que el tema en discusión recae en el nombramiento de la docente Viviana Naranjo Álvarez, es menester tener en cuenta las disposiciones de la Ley 115 de 8 de febrero de 1994 “Por la cual se expide la Ley General de Educación”, que en el Capítulo Tercero estableció el régimen de Carrera Docente entre los artículos 115 al 119, al tiempo que el artículo 111 ídem prevé el tema de la profesionalización en la formación de los educadores.

Interesan al caso en estudio los siguientes presupuestos normativos:

“ARTÍCULO 111.- Profesionalización. La formación de los educadores estará dirigida a su profesionalización, actualización, especialización y perfeccionamiento hasta los más altos niveles de posgrado. Los títulos obtenidos y los programas de perfeccionamiento que se adelanten dentro del marco de la ley, son válidos como requisitos para la incorporación y ascenso en el Escalafón Nacional Docente, conforme con lo establecido en la presente Ley.

Los programas para ascenso en el escalafón docente deberán ser ofrecidos por una institución de educación superior o, al menos, bajo su tutoría. Estos programas tendrán que estar relacionados con las áreas de formación de los docentes o ser de complementación para su formación pedagógica.

En cada departamento y distrito se creará un comité de capacitación de docentes bajo la dirección de la respectiva secretaría de educación al cual se incorporarán representantes de las universidades, de las facultades de educación, de los centros experimentales piloto, de las escuelas normales y de los centros especializados en educación. Este comité tendrá a su cargo la organización de la actualización, especialización e investigación en áreas de conocimiento, de la formación pedagógica y de proyectos específicos, para lo cual el respectivo departamento o distrito, arbitrará los recursos necesarios provenientes del situado fiscal, las transferencias y de los recursos propios, de conformidad con la Ley 60 de 1993.

(…)
ARTÍCULO 116.- ARTÍCULO 116. TÍTULO EXIGIDO PARA EJERCICIO DE LA DOCENCIA. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1297 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:>

Para ejercer la docencia en el servicio educativo se requiere Título de Normalista Superior expedido por una de las Normales Superiores Reestructuradas, expresamente autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional o de Licenciado en Educación u otro título profesional expedido por una institución universitaria, nacional o extranjera, académicamente habilitada para ello.

(…)
ARTÍCULO 118.- Ejercicio de la docencia por otros profesionales. Por necesidades del servicio, quienes posean título expedido por las instituciones de educación superior, distinto al de profesional en educación o licenciado, podrán ejercer la docencia en la educación por niveles y grados, en el área de su especialidad o en un área afín. Estos profesionales podrán también ser inscritos en el Escalafón Nacional Docente, siempre y cuando acrediten estudios pedagógicos en el país o en el extranjero, en una facultad de educación o en otra unidad académica responsable de la formación de educadores, con una duración no menor de un año.

PARÁGRAFO.- El personal actualmente vinculado en las anteriores condiciones, tiene derecho a que se les respete la estabilidad laboral y a incorporarse al Escalafón Nacional Docente, siempre y cuando llenen los requisitos indicados en este artículo.”

Es pertinente destacar, que en desarrollo del mandato relativo a la profesionalización previsto en el artículo 111 de la Ley 115 de 1994, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1278 del 19 de julio de 2002 “Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.”, decreto que tiene fuerza de ley como quiera que fue expedido por el Presidente de la República en uso de las facultades extraordinarias conferidas por la ley 715 de 2001.

A su vez este Decreto Ley fue reglamentado por el Decreto 3982 de 2006 "Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Ley 1278 de 2002 y se establece el procedimiento de selección mediante concurso para la carrera docente y se determinan criterios para su aplicación", que reguló el concursos de méritos para seleccionar docentes y directivos docentes para proveer los cargos del servicio educativo estatal, administrado por las entidades territoriales certificadas; la estructura del concurso; la determinación de vacantes; la convocatoria y su divulgación; los requisitos para participar en el concurso; la inscripción, los derechos de participación y las pruebas; la presentación de la documentación y verificación de los requisitos; las entrevistas; la valoración de las pruebas; la publicación; el listado de elegibles y la exclusión del mismo; el nombramiento en periodo de prueba; la provisión de nuevas vacantes y el nombramiento en propiedad e inscripción en el Escalafón Docente.

Como quiera que la Resolución 4990 de 11 de octubre de 2011 objeto de la presente nulidad, invocó el Decreto 1278 de 2002, consultado su texto para el caso en estudio resultan aplicables los supuestos normativos de los artículos 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 17, 18 y 63 que regulan entre otros temas, el de la definición de quienes son considerados Profesionales de le educación; a quiénes se les consideran docentes; cómo está previsto el ingreso al servicio educativo estatal; la definición del concurso para dicho ingreso; las etapas del mismo; la administración y vigilancia de la carrera docente, por parte de las entidades territoriales certificadas; el reconocimiento de los derechos y garantías de la carrera docente, así como las causales de retiro de las funciones de los docentes estatales.

De acuerdo con el marco normativo transcrito, se observa que el Decreto 1278 de 2002 fijó los requisitos para ingresar al servicio educativo estatal, previendo la posibilidad de que éste sea prestado por profesionales con título diferente al de licenciado en educación, además prevé el concurso para ingresar al servicio educativo estatal y las etapas del mismo. Igualmente dispuso que la entidad territorial será la encargada de convocar al concurso público y abierto para proveer cargos de docentes, convocatoria que en todo caso estará sujeta a la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional. Del mismo modo, determina que la carrera del servicio educativo estatal, será administrada y vigilada por las entidades territoriales certificadas y por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

En este punto se pone de presente que al ser la Comisión Nacional del Servicio Civil, el órgano encargado de establecer las reglas para los concursos públicos para el ingreso a la carrera administrativa, no obstante existir un régimen propio y autónomo para el ingreso al servicio educativo estatal a través de la Ley 115 de 1994 y los decretos 1278 de 2002 y 3982 de 2006, también resulta válido afirmar que las disposiciones de la Ley 909 de 2004, resultan aplicables a título de complementariedad e integración, para el ingreso a la carrera docente.

Así las cosas, dada la aplicación de la Ley 909 de 2004 para el ingreso y retiro del servicio público -en lo que no esté regulado en la carrera especial docente-, también deberán ser tenidos en cuenta los presupuestos del Decreto 760 del 17 de marzo de 2005 “Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones”, asunto que será desarrollado en el caso concreto.

2.3. Hechos

El acontecer fáctico da cuenta de los siguientes hechos:

2.3.1. Acta de selección de plaza docente expedida el 13 de septiembre de 2010 por el Secretario de Educación del Departamento de Caldas, según la cual la señora Viviana Naranjo Álvarez acudió a la segunda audiencia del concurso público de méritos, realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Convocatoria 064 de marzo de 2009.

2.3.2. Resolución N° 5586 del 20 de septiembre de 2010 “por la cual se efectúa un nombramiento de un docente de básica primaria en período de prueba”, mediante la cual nombró a la señora Viviana Naranjo Álvarez en periodo de prueba como docente de básica primaria en el establecimiento educativo Institución Educativa Guacas sede Nueva Arenillas del municipio de Pensilvania Caldas.

2.3.3. Oficio GTH-2592 del 4 de octubre de 2010 suscrito por el Secretario de Educción de Caldas Asunto: solicitud prórroga posesión, en el que le concedió plazo a la señora Viviana Naranjo hasta el día 24 de enero de 2011, para que tomara posesión del cargo en el que había sido nombrada en periodo de prueba, de conformidad con el artículo 46 del Decreto 1950 de 1973.

2.3.4. Certificación de fecha 9 de febrero de 2011 expedida por el Director Programa de Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas.

2.3.5. Oficio GTH-433 del 9 de febrero de 2011 suscrito por el Secretario de Educación de Caldas Asunto: concepto sobre legalidad de posesión de nombramiento en periodo de prueba en Básica Primaria de Viviana Naranjo Álvarez, al advertir que la docente al parecer “no cumplía con los requisitos exigidos en la Convocatoria 064 de 2009 (Acuerdo N° 036 de marzo de 2009 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil), por no tener el título académico exigido (…).

2.3.6. Resolución Número 1764 del 18 de abril de 2011 “Por medio de la cual se efectúa nombramiento de un docente en provisionalidad” expedida por el Secretario de Educación de Caldas.

2.3.7. Acta de Posesión N° 625 de 27 de abril de 2011 mediante la cual Viviana Naranjo Álvarez tomó posesión del cargo docente.

2.3.8. Acta de Posesión N° 742 del 12 de julio de 2011 mediante la cual la Secretaría de Educación de Caldas efectuó el trasladó de la actora.

2.3.9. Título expedido por la Universidad de Caldas que acredita que Viviana Naranjo Álvarez es Licenciada en Filosofía y Letras, optó a su título profesional según diploma expedido el 7 de marzo de 2011.

2.3.13. Certificación de 29 de septiembre de 2009 expedida por el Jefe de la Oficina de Admisiones y Registro Académico de la Universidad de Caldas.

2.3.14. Resolución N° 425 de 24 de febrero de 2010 “Por medio de la cual se adopta la lista de elegibles del concurso de méritos para proveer empleos de Directivos Docentes Directivos Rurales de instituciones educativas oficiales de la entidad territorial certificada en educación Departamento de Caldas, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria N° 064 de 2009”, expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

2.3.15. Concepto 02-014665 del 31 de mayo de 2010 rendido por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

2.3.16. Oficio GTH-2373 del 2 de septiembre de 2011 suscrito por el Secretario de Educación de Caldas, mediante el cual le pidió a la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Exclusión o Modificación en Lista de Elegibles del nombre de la señora Viviana Naranjo Álvarez, por cuanto no acreditaba el título de Licenciada en Filosofía y Letras cuando concursó.

2.4. Caso concreto

La señora Viviana Naranjo Álvarez demandó en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, los actos administrativos expedidos por la Secretaría de Educación de Caldas, mediante los cuales derogó el acto administrativo proferido por la misma dependencia -Resolución N° 5586 del 20 de septiembre de 2010-, por la cual efectuó el nombramiento de la actora en periodo de prueba como docente de Básica Primaria en una institución educativa del municipio de Pensilvania Caldas.

La demandante en estricto sentido no esgrimió una causal de nulidad, pero aduce como argumento de la nulidad deprecada, que los actos acusados desconocieron normativas constitucionales que reconocen derechos fundamentales como el del trabajo y principios orientadores como el de la buena fe que se presume en la actuación por ella desplegada, luego de haber superado el concurso de méritos para acceder al cargo de docente.

La primera instancia declaró la nulidad de los actos administrativos acusados y ordenó a título de restablecimiento del derecho, que el Departamento de Caldas iniciara dentro del término de un mes contado a partir de la ejecutoria del fallo, la actuación administrativa estipulada en el artículo 18 del Decreto 760 de 2005, de acuerdo con las observaciones planteadas en el Concepto N° 02-014665 del 31 de mayo de 2010 proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

El apoderado de la parte actora pidió la revocatoria del fallo impugnado, al considerar que la orden impartida por el a quo a la demandada para que adelante la actuación del artículo 18 del Decreto 760 de 2005, tiene como único cometido excluirla del cargo teniendo en cuenta que de acuerdo con el concepto emitido por la CNSC, se previó el supuesto según el cual, comprobada la falta de un requisito mínimo de formación académica y/o experiencia, el nominador deberá revocar el acto de nombramiento en periodo de prueba.

El apelante en forma concreta solicitó de esta instancia judicial, la aplicación del principio de favorabilidad y se considere como un derecho adquirido por la docente, el nombramiento efectuado en provisionalidad, a quien se le debe garantizar el derecho al trabajo.

Expresamente afirmó el impugnante lo siguiente: “Solicito al Honorable Magistrado del Consejo de Estado que conozca como ad - quem del recurso de alzada propuesto dentro del susodicho litigio, que MODIFIQUE Y/O REVOQUE la sentencia cuestionada, en los términos ya descritos, es decir, se preserve el statu-quo de la demandante señora VIVIANA NARANJO ÁLVAREZ, como DOCENTE BÁSICA PRIMARIA EN PERIODO DE PRUEBA, nombrado por la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas.”

La Sala procederá a resolver los dos argumentos de inconformidad, previa la siguiente consideración procesal.

2.5. Cuestión procesal previa. Sobre el recurso de apelación y la no vulneración del principio de la no reformatio in pejus

Sea lo primero advertir, que a juicio de esta Sala, la decisión proferida por la primera instancia no favorece en estricto sentido los intereses de la parte actora, por cuanto a pesar de que decidió declarar la nulidad de los actos acusados -decisión que en principio resultaría favorable a los intereses de la actora-, lo cierto es que dispuso también que se debía agotar la actuación administrativa del artículo 18 del Decreto 760 de 2005 en los términos del concepto N° 02-014665 del 31 de mayo de 2010 de la CNSC.

Esta determinación se considera contradictoria, por cuanto en últimas luego de agotada la actuación administrativa, lo más seguro era que la entidad demandada debía proceder de la manera como lo hizo, derogando el acto de nombramiento en periodo de prueba de la actora, al no acreditar para la fecha de su expedición, el título de formación académica.

Por tanto considera esta Sala, que no tenía sentido la decisión del a quo al disponer la actuación administrativa con el fin de garantizar el debido proceso a la actora, por cuanto en ningún momento le fue vulnerado derecho alguno por la demandada, al tiempo que la omisión del requisito académico para la fecha en que se inscribió y participó la señora Naranjo Álvarez en el concurso, se constituye en un supuesto que no admite agotamiento de procedimiento previo, al tratarse de un hecho objetivo e incontrovertible que no da lugar a la interpretación.

Así las cosas, lo que se observa es que el fallo impugnado esgrime una posición de salvaguarda al debido proceso administrativo en un sentido formalista, ya que analizado el fondo del asunto, denota que a pesar de no haberse cumplido con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 760 de 2005, durante toda la actuación administrativa no se le vulneró ninguna garantía a la actora, quien tenía conocimiento amplio y suficiente sobre su obligación de contar con el título profesional, desde el momento en que se presentó en la convocatoria N° 064 de marzo de 2009, el cual era requisito esencial para poderse posesionar en el cargo e ingresar a la carrera administrativa como docente. De allí que la decisión del a quo se tornaba en un desgate incensario para la Administración.

También se debe considerar que la Administración actuaba en el presente caso, en el marco de un concurso de méritos en el que cuenta también la salvaguarda de los derechos fundamentales, no sólo de la ahora demandante sino también de los demás integrantes de la lista de elegibles, quienes sí cumplieron con los requisitos para acceder al cargo al que aspiraban como docentes y, que para dicho momento ya contaban con su título académico profesional.

Por otra parte, llama la atención que incluso el apoderado de la demandante, en el recurso de apelación avizoró los efectos que conllevaría el agotamiento de la audiencia del artículo 18 del Decreto 760 de 2005, que no era otro que al comprobarse la falta del requisito mínimo de formación académica, debería revocarse el acto de nombramiento en periodo de prueba expedido en favor de la señora Viviana Naranjo.

Así las cosas, se deduce que precisamente era tan consiente la parte actora que la decisión proferida por el a quo no le favorecía -a pesar de la declaratoria de nulidad de los actos acusados-, como quiera que sabía lo que se avecinaba y por ello, fue que solicitó la modificación y/o revocatoria del fallo de la primera instancia, para que se le reconociera como derecho adquirido y en aplicación del principio de favorabilidad, el nombramiento en provisionalidad efectuado a la actora.

De tal manera que en criterio de esta Sala, el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas, contempló una decisión que en apariencia favorecía a la demandante pero que a la postre y, luego de surtirse la actuación que ella misma dispuso en la providencia, resultaría perjudicial a los intereses de la actora, razón suficiente para desestimarla.

Bajo esta óptica y al tener la Sala, la certeza de que la decisión impugnada, lejos de favorecer a la accionante la perjudicaba de lo cual era conocedor su defensor, como quiera que a nadie se le ocurre demandar una decisión que lo beneficia para que en segunda instancia se le haga más gravosa su situación, procederá a analizar los dos temas que a continuación se desarrollaran, con el convencimiento de que no se incurre en vulneración al principio constitucional de la non reformartio un pejus previsto en el artículo 31 de la Carta Política según el cual “el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”, principio que tiene plena aplicabilidad en los procesos ante esta jurisdicción.

Lo anterior por cuanto se insiste, a pesar de que la parte actora funge como apelante única, lo cierto es que pidió la revocatoria del fallo impugnado porque sabía que era una decisión que solo en apariencia le favorecía.

2.5.1. En cuanto al agotamiento del supuesto normativo del artículo 18 del Decreto 760 de 2005 ordenado por el Tribunal Administrativo de Caldas

Luego de valorado el material probatorio a la luz del marco legal que reglamenta el tema de los nombramientos de personal docente relacionado en el acápite 2.2. de esta providencia, previa selección una vez agotado el respectivo concurso de méritos, esta instancia considera que en el presente caso no le asiste la razón a la primera instancia en la determinación que adoptó en el fallo impugnado, pero tampoco la tiene el apelante en la motivación esgrimida en el recurso de alzada, razón por la cual se anuncia desde ya, la revocatoria de la sentencia de primera instancia, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Se tiene acreditado que la demandante aprobó las etapas del concurso público de méritos para docentes de básica primaria, el cual fue convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil para la entidad territorial departamento de Caldas mediante convocatoria N° 064 de marzo de 2009, en el cual ocupó la docente el puesto 293, de allí que fuera llamada para aceptar la plaza disponible en la institución educativa Guacas de la Sede Nueva Arenillas del Municipio de Pensilvania Caldas.

También se encuentra acreditado que la actora mediante Resolución N° 5586 del 20 de septiembre de 2010, fue nombrada por la demandada en periodo de prueba en el cargo de docente de básica primaria en la referida institución educativa del municipio de Pensilvania, acto en el que se le concedió un término de cinco (5) días hábiles para aceptar el nombramiento y una vez efectuada la manifestación de aceptación, debería proceder a tomar posesión del cargo acreditando los requisitos legales para desempeñarlo.

Como quiera que la docente para dicha fecha no había obtenido el título académico como profesional, solicitó una prórroga para la posesión, la cual le fue concedida por la Secretaría de Educación de Caldas a fin de que se llevara a cabo a más tardar el 24 de enero de 2011. Sin embargo, según las probanzas, para esta fecha tampoco acreditó el requisito exigido, como quiera que fue hasta el 7 de marzo de 2011, que la actora obtuvo el título de Licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas.

De bulto observa la Sala el incumplimiento del presupuesto normativo consignado en el artículo 116 de la Ley 115 de 1994 modificada por la Ley 1297 de 2007, que establece la exigencia de Título para el ejercicio de la docencia en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 116. TÍTULO EXIGIDO PARA EJERCICIO DE LA DOCENCIA. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1297 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:>
Para ejercer la docencia en el servicio educativo se requiere Título de Normalista Superior expedido por una de las Normales Superiores Reestructuradas, expresamente autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional o de Licenciado en Educación u otro título profesional expedido por una institución universitaria, nacional o extranjera, académicamente habilitada para ello.
(…)” (subrayas nuestras)

Por tanto, no cabe duda alguna en el sentido que para desempeñar el cargo de docente en el sector público, resulta imperioso el cumplimiento del requisito de ostentar título de Normalista Superior o de Licenciado en Educación o cualquier otro título profesional, en todo caso, expedido por institución universitaria habilitada para ello, sin importar si es nacional o del exterior.

Siendo ello así, no cabe duda según las pruebas documentales, que la actora se inscribió y participó en el concurso de méritos de docentes, careciendo del requisito mínimo para el ejercicio del cargo de carrera administrativa y, la entidad territorial demandada presumía que para poder haber aspirado a dicho concurso, la señora Viviana Naranjo Álvarez, reunía el requisito exigido para el ejercicio de la docencia contemplado en el artículo 116 de la Ley General de Educación, relativo al título profesional.

Sin embargo, la presunción no se cumplió por cuanto lo que resulta acreditado es que la demandante participó en el concurso de méritos del año 2009, habiendo cursado y aprobado las asignaturas correspondientes al programa de Licenciatura en Filosofía y Letras, ya que había terminado materias el 7 de diciembre de 2007, según lo acreditó la certificación expedida por la Universidad de Caldas, pero el diploma que le concedió el título como Licenciada, lo obtuvo hasta el 7 de marzo de 2011, es decir, casi cinco años después.

Ante este panorama que no admite controversia alguna, esta instancia considera que la entidad territorial demandada partió de la presunción de la buena fe al expedir la Resolución N° 5586 del 20 de septiembre de 2010, mediante la cual se efectuó el nombramiento en periodo de prueba de la docente Naranjo Álvarez Viviana, al esgrimir en la parte motiva de este acto que la docente había superado las diferentes etapas del concurso, por lo que la Comisión Nacional del Servicio Civil había expedido las distintas resoluciones mediante las cuales fijó las listas definitivas de elegibles del concurso público de méritos y, que en vista de que el nombre de la docente se encontraba en aquellas listas para ocupar el cargo de docente básica primaria, tenía derecho a ser nombrada en periodo de prueba según el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 y el artículo 17 del Decreto 3982 de 2006, en una de las vacantes existentes dentro de la planta de personal docente del Departamento de Caldas.

Como se observa, la Secretaría de Educación de Caldas expidió en su momento la Resolución 5586 del 20 de septiembre de 2010, con fundamento en los listados de elegibles remitidos por la Comisión Nacional del Servicio en los que figuraba el nombre de la señora Naranjo Álvarez, órgano que debió haber verificado en la etapa de análisis de antecedentes (verificación de requisitos mínimos y valoración de hoja de vida de la aspirante al concurso), el cumplimiento del requisito académico exigido con la convalidación del título, pues no era suficiente la terminación de materias.

Ante esta situación, que vino a ser advertida por la Administración en su condición de nominadora luego de efectuado el nombramiento y previo al acto de posesión de la demandante, al percatarse que la señora Viviana Naranjo no contaba con el título académico siendo uno de los requisitos exigidos en la Convocatoria 064 de 2009 (Acuerdo N° 036 del 25 de marzo de 2009), consideró la necesidad de consultar a la CNSC con el fin de que la orientara si debía o no continuar con el trámite de la posesión.

Es así como obra en el expediente el concepto N° 02-014665 del 31 de mayo de 2010, en el que la CNSC se pronunció respecto de los dos momentos en los que se procederá para la provisión del cargo de docente en el sector público, el primero, que es el relacionado con el adelantamiento del concurso público para la provisión de dicho empleo que es administrado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, etapa ésta en la que se hace la publicación, las reclamaciones y cobran firmeza las listas de elegibles frente a las cuales en caso dado, procederá la solicitud de exclusión de un concursante de dichos listados y, el segundo momento, es el que se adelanta ante la administración pública para el acceso al empleo como tal, que corre por cuenta de las entidades nominadoras, en este caso, por la Secretaría de Educación de Caldas.

De acuerdo con el acontecer fáctico, la Sala observa que en el sub judice quedaron en firme las listas de elegibles del concurso público de docentes llevado a cabo en el año 2009, por lo que correspondía a la Secretaría de Educación de Caldas verificar los requisitos que debía cumplir la señora Viviana Naranjo Álvarez para el acceso como tal al empleo público.

No obstante lo anterior, la Secretaría de Educación de Caldas alcanzó a expedir la Resolución N° 5586 del 20 de septiembre de 2010, mediante la cual nombró en periodo de prueba a Viviana Naranjo Álvarez, bajo el convencimiento de que al encontrarse su nombre en la lista de elegibles, era porque reunía los requisitos para ocupar el cargo de docente. No siendo así, una vez advertida de dicha falencia y previo concepto de la CNSC, decidió expedir el acto de derogatoria de este nombramiento mediante la Resolución N° 4990 del 11 de octubre de 2011 objeto de la presente nulidad.

Por tanto, se está frente al supuesto fáctico considerado en el numeral 3.4. del concepto 02-014665 de la CNSC, relativo a la revocatoria de un nombramiento en periodo de prueba antes de la posesión del concursante que no cumple las calidades exigidas para el ejercicio de la función docente.

Es pues con fundamento en el anterior concepto rendido por la autoridad competente, que la Secretaría de Educación de Caldas profirió la resolución demandada, mediante la cual decidió derogar el nombramiento en periodo de prueba efectuado a la señora Viviana Naranjo Álvarez, que encuentra su fundamento legal en los artículos 45 y 50 del Decreto 1950 del 24 de septiembre de 1993 “Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil.”, normativas que fueron acertadamente invocadas en los actos demandados, que a la letra dicen:

“ARTÍCULO 45.- La autoridad podrá o deberá, según el caso, modificar, aclarar, sustituir, revocar o derogar una designación en cualesquiera de las siguientes circunstancias:

a) Cuando se ha cometido error en la persona.

b) Cuando la designación se ha hecho por acto administrativo inadecuado.

c) Cuando aún no se ha comunicado.

d) Cuando el nombrado no ha manifestado su aceptación o no se ha posesionado dentro de los plazos legales.

e) Cuando la persona designada ha manifestado que no acepta.

f) Cuando recaiga en una persona que no reúna los requisitos señalados en el artículo 25 del presente Decreto Nacional.

g) En los casos a que se refieren los artículos 53 y 67 del presente Decreto Nacional, y

h) Cuando haya error en la denominación, clasificación o ubicación del cargo o en empleos inexistentes.

(…)
ARTÍCULO 50.- Los jefes de personal de los organismos administrativos o quienes hagan sus veces deberán verificar el cumplimiento de los requisitos y calidades a que se refiere el artículo anterior.

El incumplimiento de esta obligación constituye causal de mala conducta.”

Es preciso advertir que estas disposiciones legales fueron derogadas por el Decreto 1083 de 2015, pero lo cierto es que para la fecha de expedición de los actos administrativos demandados en el año 2011, se encontraban vigentes.

Por tanto, la Sala arriba a la conclusión, que la actuación adelantada por la Secretaría de Educación de Caldas no incurrió en causal de nulidad alguna, como quiera que los actos demandados tuvieron como fundamento una facultad legal en ejercicio de su función administrativa y nominadora consignada en el Decreto 1950 de 1973, llamándose la atención en los siguientes dos aspectos:

El primero, en el sentido de que el artículo 45 ídem, previó que la autoridad administrativa podrá o deberá, en este caso, derogar la designación de Viviana Naranjo Álvarez que había efectuado mediante resolución de nombramiento 5586 del 20 de septiembre de 2010 en periodo de prueba como docente de básica primaria, al advertir la configuración del supuesto fáctico previsto en el literal g) en los casos a que se refieren los artículos 53 y 67 del presente Decreto Nacional.

Precisamente el artículo 53 del Decreto 1950 de 1973 prevé:

“ARTÍCULO 53.- Derogado por el Decreto 1083 de 2015. No podrá darse posesión cuando:

1. La provisión del empleo se haga con personas que no reúnan los requisitos señalados para el empleo o se encuentren dentro de las provisiones contempladas en los literales b, c y d, del artículo 25 del presente Decreto Nacional. (…)” (subrayas fuera de texto)

Ante esta situación, no tenía opción distinta la Secretaría de Educación de Caldas, que impedir a toda costa la posesión de la designada docente y dejar sin efectos el acto de nombramiento en periodo de prueba a través de la Resolución N°4990 del 11 de octubre de 2011 objeto de nulidad y su acto confirmatorio, y proceder a solicitar la exclusión o modificación de la lista de elegibles, tal y como lo pidió a la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante oficio GTH-2373 del 2 de septiembre de 2011.

El segundo aspecto a tener en cuenta, es que el artículo 45 del Decreto 1950 de 1973, previó varios verbos rectores a los que puede recurrir en dado caso la autoridad en la administración de su personal, siendo uno de ellos “derogar”, que en el sub lite fue utilizado por la demandada en el acto acusado.

Al respecto resulta ilustrativo transcribir algunos apartes de un precedente de esta misma Subsección en los que se estudió la diferencia entre los verbos derogar y revocar:

“La Derogatoria es la abolición de un acto administrativo por decisión unilateral y discrecional de la autoridad u organismo que lo expidió. Así se tiene que es la misma autoridad que expidió el acto administrativo de carácter general o particular, siempre y cuando este último no haya creado un derecho, la que lo hace desaparecer del mundo jurídico, por razones de conveniencia o de oportunidad en ejercicio de su potestad discrecional de la administración. Los efectos de la derogatoria son ex nun, es decir, siempre a partir del momento que queda en firme la decisión, pero sin que puedan afectarse los derechos que se hubieren consolidado como derechos adquiridos bajo el amparo del acto derogado, no así los derechos precarios, esto es, los provenientes de permisos licencias, concesiones no contractuales, etc. que se hayan conferido con base en los mismos. Respecto a los efectos de la derogatoria de los actos generales ha manifestado el Consejo de Estado, en su Sala Plena de lo Contencioso Administrativo que ella surte efectos hacia el futuro, sin afectar lo ocurrido durante su vigencia y sin restablecer el orden violado; inclusive dichos actos pueden ser sometidos al juicio de legalidad, lo que hace que la anulación tenga efectos ab-initio, restableciéndose por tal razón el imperio de la legalidad.

(…)
Una de las diferencias transcendentales de la revocatoria y la derogatoria la constituyen los efectos de la decisión; el acto administrativo que contiene una revocatoria tiene efectos ex tunc, genera efectos hacia el pasado, es decir, a partir de la existencia del acto que se revoca y la derogatoria tiene efectos ex nuc, hacia el futuro, es decir, siempre a partir del momento que queda en firme la decisión de derogación.” (subrayas fuera de texto)

De acuerdo con las anteriores motivaciones, considera esta instancia judicial, acertado el verbo derogar utilizado por la entidad demandada en el acto acusado, al pretender dejar sin efectos jurídicos la Resolución 5586 del 20 de septiembre de 2010 mediante la cual había nombrado en periodo de prueba a la accionante, luego de percatarse que no reunía el requisito académico para desempeñar el cargo de docente, pues para la fecha de la expedición de este nombramiento en el año 2010, no había obtenido el título de Licenciada en Filosofía y Letras que la convalidaba para acceder al cargo público de docente en básica primaria.

Ante este panorama fáctico y en virtud del marco normativo del Decreto 1950 de 1973, considera esta Sala que en el sub judice no era necesario dar aplicación a la actuación prevista en el artículo 18 del Decreto 760 de 2005 como lo dispuso el Tribunal Administrativo de Caldas, norma que dispone:

“Producido el nombramiento o el encargo en un empleo de carrera sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para su ejercicio, la autoridad nominadora, realizará una audiencia con el presunto afectado en la cual este podrá ejercer el derecho de defensa y de contradicción. Comprobados los hechos, el nombramiento o el encargo deberá ser revocado. En cualquiera de los casos anteriores procede el recurso de reposición, el cual se interpondrá, tramitará y decidirá en los términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo.”

Lo anterior, por cuanto pierde de presente la primera instancia que el Decreto 760 del 17 de marzo de 2005 “por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones”, en el Titulo II sobre Reclamaciones en los procesos de selección o concursos, prevé el supuesto normativo del artículo 18, que tiene aplicabilidad estando aun el proceso concursal pendiente de la resolución de las reclamaciones ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, cuando lo cierto es que en el presente caso, ya se había agotado esta etapa.

Por tanto, en el sub lite, la Secretaría de Educación de Caldas lo que hizo mediante los actos acusados fue ejercer una facultad legal en virtud de su función nominadora, la cual tiene fundamento normativo en el artículo 45 literal g) en concordancia con el artículo 53 numeral 1° del Decreto 1950 de 1973, que no está supedita al agotamiento previo de actuación administrativa como la dispuesta en el artículo 18 del Decreto 760 de 2005, como lo entendió la primera instancia.

Sea la oportunidad advertir, que en ningún caso resultaría violentado el derecho de defensa de la demandante como lo apreció el a quo, al no permitírsele escuchar su versión acerca del incumplimiento del requisito académico para acceder al cargo de docente, por cuanto la demandante obtuvo el título profesional apenas el 7 de marzo de 2011, luego de expedida la resolución de nombramiento en periodo de prueba -20 de septiembre de 2010-, hecho que acredita que no reunía el requisito para la posesión, frente al cual no existe argumento defensivo alguno.

Es más resulta censurable que la actora pretenda alegar su propia culpa, cuando lo que cierto es que traicionó la buena fe, al haberse inscrito al concurso público de méritos de docentes apenas habiendo terminado el plan de estudios académico cuando la normatividad exigía que contara con el título profesional, motivo por el cual lejos de vulnerársele derecho alguno, la Administración actuó como procedía y en derecho, con el fin de evitar un perjuicio mayor y garantizando los derechos de los demás integrantes de las listas de elegibles, que sí cumplían todos los requisitos para acceder al cargo de docente.

2.5.2. En cuanto al reconocimiento como derecho adquirido del nombramiento en provisionalidad efectuado a la demandante mediante Resolución Número 1764 del 18 de abril de 2011

El apoderado de la demandante en el recurso de apelación solicitó la aplicación del principio de favorabilidad para la demandante, en el sentido de que se considere como un derecho adquirido el nombramiento que la Secretaría de Educación de Caldas efectuó como docente en provisionalidad de la demandante, cargo del cual tomó posesión mediante Acta de N° 625 del 27 de abril de 2011, con el fin de que se le garantizara el derecho al trabajo en armonía con los demás derechos constitucionales de que es titular.

En todo caso y sin perjuicio de la anterior pretensión, solicitó también el impugnante se le preservara el statu quo a la demandante, como docente básica primaria en periodo de prueba, en virtud del nombramiento efectuado por la Secretaría de Educación de Caldas.

En efecto, se encontró probado que mediante Resolución N° 1764 del 18 de abril de 2011 la demandada nombró en provisionalidad por razones del servicio a la actora como docente en la Institución Educativa Gregorio Gutiérrez en el municipio de Manzanares Caldas, mientras perduraba el periodo de prueba de la titular.

Sin pretender efectuar un examen de legalidad de la Resolución N° 1764 del 18 de abril de 2011, como quiera que este acto no es objeto de la presente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, esta Sala no puede desconocer la previsión consignada en el artículo 13 del Decreto 1278 de 2002, “Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente”, que al reglamentar la provisión de empleos de docentes, previó lo siguiente:

“Artículo 13. NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES. Cuando se trate de proveer transitoriamente empleos docentes, los nombramientos deben realizarse en provisionalidad con personal que reúna los requisitos del cargo, en los siguientes casos: (…)” (subrayas fuera de texto)

Según se observa, el aparte normativo subrayado exige que el docente designado en provisionalidad debe reunir los requisitos del cargo, por tanto, en vista de que en el presente caso se tiene acreditado que la actora no reunía el requisito académico para acceder al cargo de docente en básica primaria, no es posible reconocer el derecho adquirido deprecado por el impugnante.

Tampoco es posible considerar la petición planteada por la parte actora, como quiera que la Secretaría de Educación de Caldas estaba pendiente de la respuesta que la CNSC debía dar a la solicitud de exclusión o modificación de la lista de elegibles que le dirigió el 2 de septiembre de 2011, por lo que no cabe duda de la repercusión que conllevaría la decisión adoptada por el órgano de vigilancia, en torno a la aspiración de vinculación laboral de la señora Naranjo Álvarez como docente de la entidad territorial.

Sin más disquisiciones, luego de efectuadas las anteriores consideraciones, la Sala revocará en todas sus partes el fallo apelado, para en su lugar denegar las pretensiones de la demanda, en virtud de las razones esgrimidas en precedencia, tal y como así se dispondrá en la parte resolutiva de este fallo.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Artículo Primero.- REVÓCASE en su integridad, la sentencia del 19 de diciembre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, con fundamento en las razones esgrimidas en esta sentencia.

Artículo Segundo.- Como consecuencia de la decisión anterior, DENIÉGANSE las súplicas de la demanda de nulidad incoada por Viviana Naranjo Álvarez en contra de las resoluciones 4990 del 11 de octubre de 2011 y 7279 del 19 de diciembre de 2011, de acuerdo con las motivaciones expuestas en la parte considerativa del presente fallo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente) Firmado electrónicamente)
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr. La demanda fue inicialmente radicada el 6 de junio de 2012 ante los juzgados administrativos de Manizales (folio 9); siendo asignada por reparto al Juzgado Octavo Administrativo de Descongestión (folio 32); este Despacho concedió un término de cinco días para que la parte actora corrigiera la demanda en el sentido de estimar razonadamente la cuantía conforme al artículo 134 E y el numeral 6° del artículo 137 del CCA (folio 40); estando el proceso para admisión de la demanda, el Juzgado Octavo Administrativo de Manizales mediante Auto del 12 de octubre de 2012, declaró la falta de competencia funcional para conocer de la demanda y remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Caldas (folios 45-46), esta Corporación mediante Auto del 9 de abril de 2013 admitió la demanda (folio 53)
Folios 1-9 Cuaderno Principal 2
Sentencia C-479 del 6 de agosto de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, Sentencia T-499 de 21 agosto de 1992 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-406 del 5 de junio de 1992 M.P Ciro Angarita Barón y la sentencia C-337 del 19 de agosto de 1993
Folios 59-60
En sentencia T-766 de 2006,
Folios 84-89. En todo caso uno de los magistrados se apartó de la decisión mayoritaria, por lo cual presentó salvamento de voto el cual se encuentra consignado a folios (91-93)
Sentencia T-066 del 7 de septiembre de 2006 M.P. Nilson Pinilla Pinilla
Folios 95-97
Folios 115-126
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO DE ADICACIÓN. <Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia. (…)
folios 19 y 20
Folios 21-22
Folio 11 C.P. Certificó el Acta que la actora ocupó el puesto 293 en el cargo de docentes básica primaria y que aceptó la plaza en el establecimiento educativo Institución Educativa Guacas sede Nueva Arenillal en el Municipio de Pensilvania Caldas, advirtiendo que el nombramiento en periodo de prueba y la posesión en el empleo, se realizaría el 21 de septiembre de 2010
Folios 12-12 vuelto C.P. Folio 13
Folio 14 Certificación que acreditó: “la estudiante VIVIANA NARANJO ÁLVAREZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 30.239.051 de Manizales, culminó satisfactoriamente las asignaturas del Plan de Estudios del Programa Licenciatura en Filosofía y Letras. La estudiante queda pendiente de la ceremonia de grado para recibir su título como Licenciada en Filosofía y Letras programada para el 7 de marzo en curso”. Folio 15
Folio 16 mediante la cual nombró en provisionalidad por necesidad del servicio a Viviana Naranjo Álvarez, como docente en la Institución Educativa Gregorio Gutiérrez González del municipio de Manzanares, por el tiempo que dure el periodo de prueba de la titular –docente Clara Marcela Sánchez Gallego-, o la fecha que determine el nominador .

Folio 17, Posesión llevada a cabo previo nombramiento en provisionalidad por necesidad del servicio, ante el Secretario de Educación de Caldas, desempeñado en la Institución Educativa Gregorio Gutiérrez González del municipio de Manzanares en el área de ciencias sociales
Folio 18 Por necesidad del servicio (plaza liberada) de la Institución Educativa Gregorio Gutiérrez González del municipio de Manzanares para la Institución Educativa Aguabonita del mismo municipio, a la docente Viviana Naranjo Álvarez . Folio 18 Cuaderno de Antecedentes
Folio 39 C.A. Folios 45-46 Cuaderno de Antecedentes
Folio 25 Concepto en relación con la firmeza de las listas de elegibles en las convocatorias de docentes y directivos docentes y competencia de la CNCS y los nominadores frente a las mismas, dirigida al Secretario de Educación Departamental de Caldas previa consulta efectuada por este funcionario . Folios 71-72 C.A. Artículo 18. Producido el nombramiento o el encargo en un empleo de carrera sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para su ejercicio, la autoridad nominadora, realizará una audiencia con el presunto afectado en la cual este podrá ejercer el derecho de defensa y de contradicción. Comprobados los hechos, el nombramiento o el encargo deberá ser revocado. En cualquiera de los casos anteriores procede el recurso de reposición, el cual se interpondrá, tramitará y decidirá en los términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo. (subrayas nuestras)
Folios 12 y 12 vuelto
Folio 13 C.Antecedentes
Folio 31 C. Antecedentes
Folio 39 C. Antecedentes
Folio 18 C. Antecedentes
Folios 48-58 Cuaderno de Antecedentes
En virtud de la competencia otorgada por el artículo 4° de la Ley 190 del 6 de junio de 1995 “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa”,
Folios 55-57 Cuaderno Antecedentes. Evento diferente a los anteriormente planteados se presenta si el aspirante que integra la lista de elegibles, pese a no acreditar alguno de los requisitos básicos de formación académica o experiencia para acceder al empleo de carrera docente, es nombrado en periodo de prueba y aún no se (sic) llevado a cabo la diligencia de posesión.

Ante la situación enunciada, el jefe o responsable de la dependencia de personal y la autoridad nominadora están obligados a no realizar ni permitir la diligencia de posesión y disponer la revocatoria del nombramiento en periodo de prueba, conforme lo establecen los artículos 45 y 50 del Decreto 1950 de 1993.

Por su parte, el artículo 18 del Decreto 760 de 2005, permite revocar directamente los actos de nombramiento sobre empleos de carrera, cuando la autoridad nominadora encuentra que el servidor designado no reunía al momento de su vinculación, los requisitos mínimos exigidos para acceder al respectivo empleo o cargo público, previa realización de una audiencia como etapa procedimental especial para esclarecer la presunta deficiencia en el cumplimiento de las competencias laborales para el desempeño de un empleo público”. (Negritas y subrayas fuera de texto)
Folios 71-72 C. Antecedentes
Sentencia del 31 de mayo de 2012 radicación número: 68001-23-31-000-2004-01511-01 (0825-09) M.P. Gerardo Arenas Monsalve
Folios 17 Cuaderno de Antecedentes

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