Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2013-00331-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2013-00331-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2013-00331-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
17 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Proceso Ejecutivo
Radicación: 17001-23-33-000-2013-00331-02 (2697-2023)
Demandante: Alberto Orrego Uribe
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Tema: Resuelve apelación contra sentencia que ordenó seguir
adelante con la ejecución – Confirma parcialmente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra la
sentencia del 27 de enero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas,
mediante la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución a favor del demandante.
I. ANTECEDENTES.
Demanda
1. El demandante trabajó como servidor público en el Instituto Colombiano
Agropecuario -ICA- por más de veintiséis años. Mediante sentencia de primera
instancia, proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas el 26
de agosto de 2014, se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación, con base en
el 75% de lo devengado en el último año de servicios y el pago de las sumas de dinero
dejadas de percibir.
2. Pese a que el demandante presentó el 16 de febrero de 2021 cuenta de cobro, la
UGPP no dio cumplimiento a la sentencia que ordenó reliquidar su pensión de jubilación
y pagar las sumas de dinero dejadas de percibir.
3. En vista de lo anterior presentó demanda ejecutiva con el objetivo que se librara
mandamiento de pago por $394.698.153, por concepto de capital debidamente
indexado y por $7.523.536 por intereses generados entre la fecha de ejecutoria de la
sentencia y hasta la presentación de la demanda.
Contestación de la demanda.
4. La entidad ejecutada, propuso como excepciones de fondo la prescripción y proceder
legal de la entidad. Alegó que, conforme a las normas aplicables del Código Sustantivo
del Trabajo y el Código Procesal del Trabajo, la obligación estaba prescrita. También
argumentó que se habían incluido en el cómputo pensionales, tiempos privados que no
debían ser tenidos en cuenta al ser una pensión reconocida al amparo del régimen
establecido en la Ley 33 de 1985.
Radicación: 17001-23-33-000-2013-00331-02 (2697-2023)
Demandante: Alberto Orrego Uribe
Hechos relevantes.
5. Los hechos relevantes a efectos de resolver el recurso de apelación son los
siguientes:
• Sentencia condenatoria: El Tribunal Administrativo de Caldas ordenó la
reliquidación de la pensión de jubilación del señor Alberto Orrego Uribe,
incluyendo la totalidad de los factores salariales aplicables desde el momento en
que el derecho se hizo exigible. La decisión fue proferida en sentencia de
primera instancia el 26 de agosto de 2016 y posteriormente confirmada el 20 de
febrero de 2020 por el Consejo de Estado.
• Ejecutoria y solicitud de cumplimiento: La sentencia quedó ejecutoriada el 23
de junio de 2020. Por lo anterior, el demandante presentó el 16 de febrero de
2021 cuenta de cobro a la UGPP, pero la entidad no dio cumplimiento a lo
ordenado.
• Acción ejecutiva: Ante la omisión del pago de la pensión de jubilación, el capital
y los intereses, el demandante promovió el proceso ejecutivo el 31 de mayo de
2021.
Trámite en primera instancia.
6. En el marco del proceso, mediante auto del 18 de noviembre de 2021, se libró
mandamiento de pago, al considerarse que se estaba frente a una obligación que
cumplió con lo dispuesto en el artículo 422 de la Ley 1564 de 2012.
II. SENTENCIA APELADA.
7. Tras el análisis de los presupuestos jurídicos y fácticos del proceso, el Tribunal
Administrativo de Caldas declaró no probada la excepción de prescripción de la acción
propuesta por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) y ordenó la
continuación del proceso ejecutivo.
8. En primer lugar, la Sala indicó que en virtud de lo dispuesto en el artículo 422 del
CGP mediante proveído del 7 de junio de 2022, fue rechazado por improcedente la
excepción denominada “Proceder legal de la entidad” y además, concluyó que no operó
la prescripción extintiva de la obligación, dado que el término de cinco años para
promover la acción ejecutiva se extendía hasta el 24 de abril de 2026. Así, al
contabilizar los términos, la demanda ejecutiva se presentó dentro del plazo legalmente
establecido. En consecuencia, el Tribunal ordenó seguir adelante con la ejecución y
ordenó que las partes presentaran la liquidación del crédito conforme a lo dispuesto en
el artículo 446 del Código General del Proceso.
9. Finalmente, en cuanto a la condena en costas, el Tribunal atendiendo lo dispuesto en
los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, decidió imponer condena en costas a
cargo de la UGPP.
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Radicación: 17001-23-33-000-2013-00331-02 (2697-2023)
Demandante: Alberto Orrego Uribe
III. RECURSO DE APELACIÓN.
10. Mediante escrito presentado oportunamente, la ejecutada interpuso recurso de
apelación contra la sentencia del 27 de enero de 2023, reiterando la imposibilidad de
cumplir la orden impartida en dicha providencia. Alegó que, al momento de reconocer la
pensión de jubilación a favor del señor Alberto Orrego Uribe, incurrió en un error al
incluir tiempos laborados en una entidad privada, a pesar de que el reconocimiento se
efectuó con fundamento en la Ley 33 de 1985, que únicamente permite considerar
tiempos de servicio prestados en entidades estatales. No obstante, la sentencia
apelada ya se había pronunciado sobre este planteamiento en el sentido de reiterar que
la excepción formulada bajo la denominación “Proceder legal de la entidad” había sido
rechazada por improcedente, mediante auto del 7 de junio de 2022.
11. Adicionalmente señaló que, a pesar de la existencia de los fallos que sirven de título
ejecutivo, solicitó al demandante autorización para revocar el acto administrativo
mediante el cual se reconoció la pensión. Indicó, asimismo, que actualmente se
encuentra promoviendo recurso extraordinario de revisión contra las mencionadas
sentencias.
12. Finalmente, la entidad demandada citó pronunciamientos del Consejo de Estado
sobre la condena en costas y señaló que dentro del proceso ejecutivo no obraba prueba
sobre la causación de gastos procesales. Con base en estos argumentos, solicitó al
Consejo de Estado que se revocara la condena por ese concepto.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.
13. Mediante auto proferido el 21 de septiembre de 2023 y notificado vía notificación
electrónica1 se admitió el recurso de apelación.
14. Durante la oportunidad procesal correspondiente, la parte ejecutante se pronunció
respecto al recurso de apelación interpuesto por la ejecutada, manifestó que la UGPP
no debe utilizar el recurso con miras a revivir asuntos que ya fueron tratados y
decididos en el proceso judicial, contrariando con su proceder lo dispuesto en el artículo
442 del Código General del Proceso.
V. CONSIDERACIONES.
Competencia.
15. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, esta Corporación es competente para abordar el análisis de esta controversia.
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Índice 7 SAMAI
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Radicación: 17001-23-33-000-2013-00331-02 (2697-2023)
Demandante: Alberto Orrego Uribe
Problema jurídico.
16. Antes de abordar el problema jurídico, es preciso pronunciarse sobre el reparo
formulado por la entidad demandada en cuanto a la imposibilidad de cumplir la orden
impartida, en la medida en que, al momento de reconocer la pensión de jubilación a
favor del señor Alberto Orrego Uribe, la UGPP incurrió en un error al computar tiempos
laborados en una entidad privada. Con fundamento en esta circunstancia, solicitó la
reposición del auto que libró el mandamiento de pago.
17. Sin embargo, mediante auto del 7 de junio de 2022, el Tribunal ya se pronunció
sobre el recurso de reposición interpuesto contra dicha providencia, oportunidad en la
que indicó que la sola interposición del recurso extraordinario de revisión no tiene la
entidad suficiente para suspender o impedir el cumplimiento de una sentencia
ejecutoriada.
18. Los argumentos planteados en el recurso no controvierten la sentencia que ordenó
seguir adelante con la ejecución, de modo que no pueden considerarse como una
impugnación directa de esa providencia. Lo que pretende el apelante es reabrir un
debate procesal ya clausurado, al insistir en aspectos que fueron resueltos por el juez
de primera instancia al decidir la reposición contra el mandamiento de pago. Tales
reparos fueron desestimados mediante decisión debidamente ejecutoriada, y no existe
posibilidad jurídica de reactivar válidamente esa discusión dentro de esta etapa
procesal. En ese contexto, no se configura un marco normativo que habilite su
reapertura, ni concurre una causal excepcional que permita desconocer la firmeza de lo
decidido. Por tanto, la segunda instancia no puede convertirse en un escenario para
reiterar objeciones ya resueltas, respecto de las cuales la controversia se encuentra
definitivamente cerrada.
19. Ahora bien, aunque los planteamientos formulados por la UGPP en sede de
apelación no controvierten válidamente la providencia que ordenó seguir adelante con
la ejecución, sí introducen un reparo específico en relación con la condena en costas
impuesta en primera instancia. En ese sentido, corresponde a la Sala determinar si el
Tribunal debía condenar a la ejecutada a costas o no.
20. La apelación interpuesta por la UGPP cuestiona la legalidad de la condena en
costas impuesta en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Caldas, en el
marco del proceso ejecutivo, bajo el argumento de que en el expediente no obran
pruebas que acrediten la causación de gastos procesales por parte del extremo
ejecutante.
21. El problema jurídico a resolver consiste en determinar si era procedente imponer
condena en costas a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales –
UGPP– en el marco del proceso ejecutivo promovido por el señor Alberto Orrego Uribe,
a pesar de que en el expediente no obran pruebas que acrediten la causación de
gastos procesales por parte de la parte ejecutante.
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Radicación: 17001-23-33-000-2013-00331-02 (2697-2023)
Demandante: Alberto Orrego Uribe
22. De conformidad con el artículo 188 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de
2021, toda sentencia debe disponer sobre costas, cuya liquidación y ejecución se rige
por las reglas del Código General del Proceso. Adicionalmente, la norma dispone que
se impondrá condena en costas cuando la demanda carezca de fundamento legal
manifiesto. Por su parte, el artículo 365 del CGP establece que “solo habrá lugar a
costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”.
23. El concepto de costas comprende las agencias en derecho, entendidas como los
gastos derivados del apoderamiento dentro del proceso —esto es, los honorarios del
abogado2—, que el juez reconocerá discrecionalmente a favor de la parte vencedora,
conforme a los criterios previstos en los numerales 3° y 4° del artículo 366 de la Ley
1564 de 2012. Dichas agencias no deben coincidir necesariamente con el monto de los
honorarios pactados entre la parte y su abogado, los cuales deben fijarse
contractualmente según las reglas previstas en el numeral 8° del artículo 28 de la Ley
1123 de 2007.
24. Lo anterior obedece a un criterio de carácter objetivo, que se activa frente a la parte
vencida en el proceso. En consecuencia, su imposición no exige valorar la conducta
procesal del sujeto condenado. En esa línea, esta Subsección ha venido sostenido que
la sanción resulta procedente siempre que se acredite su causación, conforme a los
parámetros del artículo 365 del Código General del Proceso.3
25. En este caso la Sala advierte que el a quo en la sentencia recurrida no motivó la
imposición de esta, por lo tanto, forzoso resulta revocar la condena en costas
reprochada pues tal y como se alegó por el recurrente no obran pruebas en el
expediente que acrediten la causación de gastos procesales por parte del ejecutante.
Costas en segunda instancia
26. El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia debe disponer sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en todo caso, se
condenará en costas si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de
fundamento legal de conformidad con la modificación normativa introducida por la Ley
280 de 2021. De lo anterior se colige que para la imposición de costas se deben
emplear las reglas establecidas en el artículo 365 del CGP y, además, se debe
determinar si la demanda carecía de fundamento legal o no.
27. En este caso no se impondrán costas en esta instancia, dado que, si bien el recurso
de apelación no prospera, los cuestionamientos formulados por la UGPP en torno a la
procedencia de la condena en costas en primera instancia no carecen de sustento
2 Criterio aceptado por la Corte Constitucional en las sentencias C-043 de 2004 y C-539 de 1999
3 Radicado 15001-23-33-000-2012-00162-01 (4492-2013), consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez.
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Radicación: 17001-23-33-000-2013-00331-02 (2697-2023)
Demandante: Alberto Orrego Uribe
legal. Se trata de un aspecto cuya interpretación no ha sido pacífica en la jurisprudencia
contencioso-administrativa, lo que excluye la ausencia de fundamento jurídico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la condena en costas contenida en la sentencia del 27 de enero
de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas conforme a la expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la decisión apelada.
Confirmar la sentencia del 27 de enero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas conforme a la expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
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