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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2015-00012-01

Fecha
3 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2015-00012-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 9 de noviembre de 2020, por medio de la cual el Tribunal Administrativo Caldas negó las súplicas de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar: SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución UGM 040799 del 29 de marzo de 2012, a través de las cual se negó el reconocimiento de la pensión gracia a la demandante. TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la señora María Esperanza Noreña Cárdenas, a partir del 15 de julio de 2008, liquidada con el 75% del promedio de todos los factores devengados en el último año de servicios, previo a la adquisición del estatus pensional, comprendido entre el 15 de julio de 2007 hasta el 14 de julio de 2008, con la respectiva indexación de la primera mesada pensional. CUARTO: DECLARAR la prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 20 de enero de 2012, de acuerdo con lo precisado en esta sentencia. QUINTO: La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP DEBERÁ CUMPLIR lo dispuesto en este fallo conforme a lo señalado en el artículo 192 del CPACA. SEXTO: NO CONDENAR en costas en ambas instancias. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 30 N.º Interno: 4601-2023 Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas Demandado: UGPP

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2015-00012-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

3 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 17001-23-33-000-2015-00012-01 (4601-2023)1
Demandante : María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado : Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437
de 2011
Tema : Reconocimiento de pensión gracia, docente
nacional
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 9 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1 Pretensiones

La señora María Esperanza Noreña Cárdenas por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad de la Resolución UMG 040799 del 29 de marzo de
2012, por medio de la cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) le
negó el reconocimiento de la pensión gracia.

1
Expediente digital, puede ser consultado en el aplicativo Samai, en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=170012333000201500012011100103
0

2

N.º Interno: 4601-2023
Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

A título de restablecimiento del derecho, pide se ordene a la entidad
demandada el aludido reconocimiento; que la mesada pensional se
incremente con los aumentos legales; al pago de las mesadas retroactivas,
debidamente indexadas y con los intereses moratorios a los que haya lugar;
al pago de costas y agencias en derecho; al cumplir la sentencia en los
términos de los artículos 187, 189 y 195 del CPACA.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

Relató la parte actora el actor que nació el 11 de septiembre de 1948 y prestó
sus servicios como educadora así:

• Con vinculación territorial desde el 5 de febrero de 1969, designada por
Resolución 0056 del 5 de febrero de 1969 del departamento de Caldas,
en la escuela rural La Aurora, y tomó posesión del cargo el 21 de junio
de 1969.

• El Ministerio de Educación Nacional la designó por Resolución 3205
del 22 de abril de 1977.

• Por Resolución 076 A del 5 de julio de 1996, fue vinculada
provisionalmente al magisterio en el colegio Pablo VI de Taminango-
Nariño. Nombrada por traslado y en propiedad en el colegio Pablo VI,
tomó posesión el 15 de julio de 1996.

• Por Decreto 00298 del 28 de abril de 1997 nombrada en la escuela 7
de agosto de Manizales, tomó posesión el 28 de abril de 1997, con acta
de posesión 0211[traslado].

Afirmó que, en total, acumuló más de 30 años de servicio docente con
vinculación territorial y con observancia de buena conducta.

Al considerar que cumplía con todos los requisitos legales, solicitó a la
demandada el reconocimiento y pago de la pensión gracia, negada por medio
del acto demandado.

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N.º Interno: 4601-2023
Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

1.2 Normas violadas y concepto de violación

De la Constitución Política, los artículos 1, 2,6, 13, 25, 29, 46, 48, 53, 90, 121,
125, 128 y 209.
De la Ley 114 los artículos 1, 2, 3 y 4.
De la Ley 116 de 1928 el artículo 6.
De la Ley 37 de 1933 el artículo 3
Del Decreto 2285 de 1955, los artículos 1 y 3
De la Ley 43 de 1975 y su decreto reglamentario 223 de 1977
Ley 116 de 1928
De la Ley 6 de 1945 el artículo 17
De la Ley 33 de 1985, el artículo 1, inciso 2
De la Ley 91 de 1989.

La parte demandante, sostuvo que como el acto demandado es violatorio de
las normas en las que debía fundarse toda vez que acreditó el cumplimiento
de la totalidad de los requisitos exigidos para acceder al reconocimiento de la
pensión gracia, es decir, se vinculó con anterioridad al 31 de diciembre de
1980, contaba con más de 50 años cuando realizó la reclamación y con más
de 20 años de servicio a la docencia nacionalizada con buena conducta.

Sostuvo que de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 37 de 1933 se extendió el
derecho al reconocimiento de una pensión gracia a aquellos docentes que
hubieren prestado sus servicios en establecimientos de enseñanza
secundaria, sin que en esta disposición se excluyera a los docentes del orden
nacional, vinculados directamente por el Ministerio de Educación Nacional.

2. Contestación de la demanda

La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda frente a la reclamación
del accionante, relativa al reconocimiento de la pensión gracia, adujo que no
tiene derecho porque conforme a los tiempos de servicio aportados se puede
observar que estos fueron prestados con vinculación del orden nacional, en
consecuencia, no hay lugar pago de la pensión de jubilación solicitada.

Como excepciones propuso las que denominó: inexistencia de la obligación,
prescripción y la genérica.

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N.º Interno: 4601-2023
Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

4. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 9 de noviembre
de 20202, negó las pretensiones de la demanda.

Consideró que la accionante prestó sus servicios en una plaza nacionaliza, en
la escuela rural La Aurora de Manizales, desde el 5 de febrero de 1969 hasta
el 11 de mayo de 1977. Con un tiempo total de 8 años, 4 meses y 3 días.

Precisó que la vinculación docente de la actora desde el 22 de abril de 1977
hasta el 6 de junio de 1986 y desde el 20 de febrero de 1996 hasta el 31 de
agosto de 2013 [con dos traslados] fueron de orden nacional, con lo que sumó
un total de 26 años y 11 meses.

Precisó que de conformidad con el material probatorio que obra en el plenario,
la vinculación desde el 20 de febrero de 1996 hasta el 27 de abril de 1997 era
nacional y sobre la comprendida entre el 28 de abril de 1997 hasta el 31 de
agosto de 2013, constituyó un traslado de esa misma plaza nacional, que por
el traslado no mutó a nacionalizada.

Concluyó que, aun cuando la accionante acreditó la edad de 50 años y el
desarrollo de sus actividades docentes con buena conducta, el tiempo de 20
años de servicio en la docencia territorial o nacionalizada no se cumplió, pues,
aunque prestó sus servicios docentes por más de 30 años, lo cierto es que el
periodo laborado como docente nacionalizado solo es de 8 años y, por
consiguiente, no tiene el derecho al reconocimiento de la pensión gracia.

5. El recurso de apelación3

La parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia4. Dijo
que cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en la ley, para el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.

2
Visible en el índice 25 de la herramienta electrónica Samai Tribunal Administrativo de Caldas:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=170012333000201500012001700123
3
Expediente digital, índice 2
4
Índice 2 ibidem.

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N.º Interno: 4601-2023
Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

Indicó que no existe ninguna discusión sobre el primer periodo de tiempo
servido, esto es, desde el 5 de febrero de 1969 hasta el 11 de mayo de 1977,
nombrada por Decreto 0056 del 5 de febrero de 1969 y expedido por el
gobernador de Caldas, para una plaza nacionalizada.

Afirmó que, en efecto desde el 12 de mayo de 1997 hasta el 6 de junio de
1986, fue designada por Resolución 3205 del 22 de abril de 1977, del
Ministerio de Educación Nacional, para una plaza nacional, en la que se
desempeñó por 9 años y 1 mes.

Puntualizó que la vinculación desde el 28 de abril de 1997 hasta el 31 de
agosto de 2013, fue a través del Decreto 041 del 1 de abril de 1997, expedido
por el alcalde de Taminango, para una plaza nacionalizada; circunstancia que
se acreditó con los documentos aportados al proceso, puesto que se vinculó
a través de actos administrativos provenientes de autoridades territoriales.

Sostuvo que el a quo pasó por alto la convocatoria que realizó el municipio de
Taminango, para proveer unas plazas nacionalizadas en provisionalidad y que
correspondían a un colegio de esta misma índole y el acta para el
nombramiento, en la que se evidencia que la actora ganó el concurso con un
puntaje de 97 sobre 100; por lo mismo, obtuvo el derecho a ser nombrada y
este acto se efectuó a través del alcalde del municipio de Taminango, por
consiguiente, se trata de una plaza nacionalizada.

Concluyó que las pruebas aportadas son suficientes para acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos de la actora para acceder a la
pensión gracia.

6. Alegatos de conclusión

En auto del 31 de mayo de 20245, el despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación interpuesto por el demandante y, en virtud del numeral 5 del
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para
alegar. Sin embargo, las partes presentaron escrito de alegatos.

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Índice 21 Samai

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N.º Interno: 4601-2023
Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

Parte demandante6: reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación e insistió en que la accionante acreditó los requisitos para acceder
a la pensión gracia.

Parte demandada7 dijo que la sentencia debe ser confirmada porque no hay
lugar al reconocimiento de la pensión gracia tal cual lo demuestran las
certificaciones aportadas donde consta los actos de nombramiento y
certificaciones expedidas por las secretarías de educación de los municipios
de Manizales - Caldas, Medellín - Antioquía y Taminango - Nariño, de acuerdo
a lo anterior y conforme a los tiempos de servicio, la demandante laboró como
docente con nombramiento de carácter nacional, durante 26 años 11 meses;
mientras que la vinculación territorial o nacionalizada solo sumó un total de 8
años y 4 meses, en consecuencia, no hay lugar al reconocimiento y pago de
la pensión de jubilación solicitada.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 8, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal

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Índice 25
7
Índice 26
8
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».

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N.º Interno: 4601-2023
Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones. Para el efecto, se
analizará si a la accionante le asiste razón jurídica para reclamar de la UGPP
el reconocimiento de la pensión gracia por cumplir los requisitos exigidos en
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás normas que la
regulan; o, por el contrario, carece de fundamento, pues no laboró por lo
menos veinte (20) años como maestro con vinculación territorial o
nacionalizada en instituciones educativas departamentales, distritales o
municipales, como lo concluyó el a quo.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia; 2.2.
Hechos probados; y 2.3. Caso concreto.

2.1 Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia

En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una
prestación especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como
reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al
servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20
años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se condensa en los
siguientes párrafos:

El artículo 1º de la Ley 114 de 19139 consagró por primera vez la pensión
gracia:

Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el Magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de
jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley.

El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que, para gozar de la
gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q]ue no ha
recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional […]».

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el
propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que
recibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de
las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la

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«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».

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N.º Interno: 4601-2023
Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903 10, la
educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o
departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.

Posteriormente, la Ley 116 de 192811 amplió el beneficio de la pensión gracia
a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:

Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los
Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos
que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el
cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas,
tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista,
pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.

Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la
exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder
a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida
en la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario,
limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual12.

La Ley 37 de 193313 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos
contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la
pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel
secundario.

La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 199814,
con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º
(parcial) y 4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:

En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913,
que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber
recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional,
no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente el principio de
igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que la misma Carta le
confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la pensión,
incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella.

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«[S]obre Instrucción Pública».
11
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
12
«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de
las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
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«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
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M. P. Carlos Gaviria Díaz.

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Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado
para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino limitados y,
por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos
condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación. En
este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una justificación
objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble remuneración
de carácter nacional y así garantizar el precepto constitucional vigente desde la
Constitución de 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre
la prohibición de recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo las
excepciones que sobre la materia establezca la ley.

A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43
de 197515, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la
Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación
primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación».
Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias
salariales entre los distintos docentes del sector oficial.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto
de las pensiones, preceptuó:

«A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar está a cargo total o
parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector
público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una
mesada pensional».

15
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».

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N.º Interno: 4601-2023
Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes
enunciada, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación.
Por ello, se acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en
fallo de 26 de agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2)
de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los
derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los
docentes nacionalizados.

En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:

«[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos
docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron
comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por
habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la
oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran
la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad
con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su
compatibilidad “[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de
estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de
1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de
la pensión gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de carácter
nacional”.
[…]

5. La norma pre transcrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su
propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el
proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.

6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se
hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no
existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en
el literal B del mismo precepto, o sea la “[…] pensión de jubilación equivalente al
75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a
docentes nacionales o nacionalizados (literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que
indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También,
que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos
los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice
la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre
y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91

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N.º Interno: 4601-2023
Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo
15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión,
pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales,
dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente
le asignó la ley».16

Recientemente, la sección segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar
la interpretación aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la
mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001-23-33-000- 2016-00278-
01 (3018-2017), en la que se fijó la siguiente regla en torno al tema, así:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional, en fallo
SU-14 de 202017, esa disposición «[…] «solo tiene una lectura posible, esto es,
la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de
primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de
instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la
prestación [después del 29 de diciembre de 1989,] siempre que se hubiesen
vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de
ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente
que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a
la promulgación de la Ley 91 de 1989».

De acuerdo con lo precedente, nótese que en criterio de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable conceder la pensión
gracia a quien, pese a colmar los requisitos con posterioridad al 29 de
diciembre de 1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de ese año), sirvió al sector
educativo antes del 31 de diciembre de 1980, umbral que precisamente previó
el legislador como plazo máximo para iniciar tales labores y, por ende, ser
acreedor de esa prestación.

En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la
Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero

16
Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, M. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
17
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.

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N.º Interno: 4601-2023
Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

de 1999, expuso:

«Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.
3.2.1. De la propia evolución histórico-legislativa de la vinculación laboral de los
“docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975, tanto la
educación primaria como la secundaria oficial constituyen “un servicio a cargo
de la Nación”, lo que significa que culminado el tránsito entre el régimen anterior
y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió la antigua
distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser
pagados con dineros de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos
Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal.

Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su artículo
15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como
docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y por mandato de las
leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para entonces “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión gracia”, continuarían con ese
derecho, para que la misma le fuere reconocida con el lleno de los requisitos
legales correspondientes.
[…]

Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de la
educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser
cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980,
existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados
laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los
territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a
la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada
“pensión gracia”, de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a
otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone
la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la
disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes
del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad de empleados (nación o
departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una
excepción al principio general prohibitivo de devengar dos asignaciones del
Tesoro Público, situación ésta que resulta igualmente acompasada con la
Constitución Política de 1991, pues la norma acusada (artículo 4º, numeral 3º
Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de la igualdad consagrado por el
artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohíbe dispensar trato diferente y
discriminado “por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica”, nada de lo cual ocurre en este caso.

La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo 13

13

N.º Interno: 4601-2023
Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

de la Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no existe. En
efecto, el legislador, conforme a lo establecido por el artículo 150 de la
Constitución Nacional, en ejercicio de la función de “hacer las leyes”, que
asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la Constitución anterior,
puede regular lo atinente al régimen prestacional del Magisterio, como
efectivamente lo ha hecho.

La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional haya
preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de 1913 para los
maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros docentes, sólo se
conserve como derecho para quienes estaban vinculados al servicio antes
del 1º de enero de 1981 y que no se conceda a los vinculados con posterioridad
a esa fecha, no implica desconocimiento de ningún “derecho adquirido”, es decir,
no afecta situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente,
a disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán posibilidad
de adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa” la que,
precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por el legislador,
pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en cabeza suya de manera
particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las situaciones fácticas de
quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y quienes ingresaron después del
1º de enero de 1981 no son las mismas, es claro, entonces, que por ser disímiles
no exigen igualdad de trato, y que, las consideraciones sobre la antigüedad de
la vinculación laboral que se tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al
expedir la normatividad cuya exequibilidad se cuestiona, son razones que
legitiman lo dispuesto por los apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto
de la acusación»18 [se subraya y destaca].

De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber
prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales
o municipales por un término no menor de veinte (20) años, en virtud de la
naturaleza de su vinculación, y que estuviere vinculado antes del 31 de
diciembre de 1980; cumplir cincuenta (50) años de edad; y desempeñarse con
honradez, consagración y buena conducta.

18
En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913,
continúa teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues, como
acaba de verse, el legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre de 1980”
que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la
totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los vinculados a partir del 1º de
enero de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho “sólo a una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año» (se destaca). La parte en negrillas de la
Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico.

14

N.º Interno: 4601-2023
Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

2.2 Hechos probados19

1) Según el registro civil y la cédula de ciudadanía de la accionante nació el
11 de septiembre de 1948.

2) Decreto 0056 del 5 de febrero de 1969, por medio del cual el gobernador
de Caldas designó a la demandante como seccional de la escuela La Aurora.

3) Diligencia 0503 del 21 de junio de 1969, por medio de la cual la actora
tomó posesión del cargo nombrada por Decreto 0291 del 11 de junio de 1969.

4) Resolución 3205 del 22 de abril de 1977, por medio de la cual el Ministerio
de Educación Nacional designó a la solicitante, a partir del 7 de marzo de 1977
en el cargo de profesora de enseñanza secundaria, en el Liceo Nacional Javier
Londoño de Medellín.

5) Acta de posesión del 12 de mayo de 1977, como docente designada por
Resolución 3205 del 22 de abril de 1977, emanada del Ministerio de
Educación Nacional.

6) Resolución 3792 del 22 de abril de 1986, por medio de la cual el Ministerio
de Educación Nacional, entre otras cosas, aceptó la renuncia de la reclamante
desde el 7 de junio de 1985.

7) Resolución RV 0076 del 5 de julio de 1996, «Por medio de la cual se hace
una convocatoria para el nombramiento en propiedad de 2 plazas de carácter
nacionalizado, que en la actualidad se encuentran en provisionalidad y que
corresponden a la planta de personal del colegio nacionalizado Pablo VI del
Municipio de Taminango».

8) Acta de convocatoria número 002 del 13 de julio de 1996: para el
nombramiento de dos profesores de carácter nacionalizado para el colegio
Pablo VI de Taminango, en la que se indica que una vez realizados las
pruebas correspondientes de acuerdo con los puntajes establecidos quedó
como elegible la señora Mireya Rivas Torres.

19
Documentos aportados con la demanda, expediente digital y expediente físico folios 440 a 587

15

N.º Interno: 4601-2023
Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

9) Decreto 025 del 15 de julio de 1996, por medio del cual la alcaldesa del
municipio de Taminango, nombró en propiedad a la accionante.

10) Acta de posesión de la señora María Esperanza Noreña Cárdenas como
profesora nacionalizada en propiedad del colegio Pablo VI, del 15 de julio de
1996, en el colegio Pablo VI, designada por Decreto 025 del 15 de julio de
1996.

11) Decreto 041 del 28 de noviembre de 1996, por medio del cual la
alcaldesa de Tumaco trasladó a la actora del cargo de docente en el colegio
nacionalizado Pablo VI, que funciona en el municipio de Taminango al cargo
de profesora de tiempo completo al colegio Cooperativo de Manizales.

12) Decreto 00298 del 28 de abril de 1997, «por medio del cual el gobernador
de Caldas hace un traslado-nombramiento de un docente cancelado con
recursos del situado fiscal». Dispuso
«[…]

13) Acta de posesión 0211 del 28 de junio de 1997, de la reclamante como
docente de tiempo completo en la escuela Urbana Siete de agosto del
municipio de Manizales, designada por Decreto 0299 del 28 de abril de 1997,
emanado de la gobernación de Caldas.

14) Formato único para la expedición de certificado de historia laboral No.
VENT -7214, de la Secretaría de Educación de Manizales, expedido el 23 de
abril de 2012, en la que se hace constar que la solicitante prestó sus servicios
como docente de primaria, con tipo de vinculación nacional, como sigue:

16

N.º Interno: 4601-2023
Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

• Nombramiento en propiedad en la escuela La Aurora de Manizales, por
Decreto 0056 del 5 de febrero de 1969, desde el 5 de febrero de 1966
hasta el 11 de mayo de 1977.

• Traslado al Liceo Nacional Javiera Londoño, por Decreto 3205 del 22
de abril de 1977; desde el 12 de mayo de 1977 hasta el 6 de junio de
1986.

• Renuncia del Liceo Nacional Javiera Londoño de Medellín, aceptada
por Resolución 3792 del 22 de abril de 1986; a partir del 7 de junio de
1986.

• Nombramiento provisional en el Colegio Pablo VI de Taminango, por
Decreto 007 A del 20 de febrero de 1996; desde 20 de febrero de 1996
hasta el 14 de julio de 1996.

• Nombramiento en propiedad colegio Pablo VI, Taminango, por Decreto
025 del 15 de julio de 1996, desde el 15 de julio de 1996, hasta el 27
de abril de 1997.

• Traslado nombramiento escuela urbana Siete de Agosto por Decreto
0298 del 28 de abril de 1997, desde el 28 de abril de 1997 hasta el 6
de febrero de 2012.

• Suspensión del cargo por 16 días, Escuela Urbana Siete de Agosto,
Manizales, Resolución 3930 del 22 de octubre de 1998, desde el 22 de
octubre hasta el 8 de noviembre de 1998.

• Licencia voluntaria por 90 días, Resolución 560 del 21 de agosto de
2003, desde el 22 de septiembre hasta el 20 de diciembre de 2003.

• Licencia voluntaria por 72 días, Resolución 2009-6, del 11 de agosto
de 2009, desde el 1 de octubre de 2009 hasta el 11 de diciembre de
2009.

17

N.º Interno: 4601-2023
Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

• Traslado IE Normal Superior de Manizales, por Resolución 137 del 3
de febrero de 2012; desde el 7 de febrero de 2012, hasta el 24 de abril
de 2012.

También se lee: «NOTA: PLAZA NACIONALIZADA DESDE FEBRERO 05
DE 1969 HASTA JUNIO 06 DE 1986. PLAZA NACIONAL A PARTIR DEL 20
DE FEBRERO DE 1996».

15) Formato Único para la expedición de certificado de salarios, de la
Secretaría de Educación de Manizales, expedido el 23 de abril de 2012, en el
que se hace constar que la accionante recibió como factores salariales, en el
periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 13 de abril de 2011 (sic),
desde el 4 de abril hasta el 31 de diciembre de 2011 y desde el 1 de enero
hasta el 23 de abril de 2012: asignación básica, prima de vacaciones y prima
de navidad.

16) Certificado Nr. VU 11459, por medio del cual el secretario de educación
y la profesional universitaria del área de recursos humanos de la alcaldía de
Manizales hacen constar que la actora laboró como docente en plaza
nacionalizada de tiempo completo, i) nombrada en propiedad en la IE
Seccional Rural la Aurora de Manizales, mediante Decreto 0056 del 5 de
febrero de 1969, posesionada el 5 de febrero de 1969, renunció partir del 22
d abril de 1986; ii) Nombramiento provisional según Decreto 007 del 20 de
febrero de 1996, posesionada el 20 de febrero de 1996, por la alcaldía de
Taminango [Nariño], hasta el 14 de julio de 1996.

17) Formato Único para la expedición de certificado de Historia Laboral,
consecutivo 1283 del 21 de mayo de 2013, en el que se hace constar que
la actora prestó sus servicios como docente de primaria, con régimen de
pensiones nacional, en el Colegio Nacionalizado Pablo VI-Taminango,
vinculada por Decreto 025 del 15 de julio de 1996; desde el 25 de julio de 1996
hasta el 1 de abril de 1997.

18) Formato Único para la expedición de certificado de historia laboral,
del 25 de mayo de 2013, en el que se indicó que la demandante prestó sus
servicios como docente, en propiedad, con vinculación nacional, de básica

18

N.º Interno: 4601-2023
Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

secundaria;
Con este tiempo:

19) Formato Único para la expedición de certificado de salarios, del 25
de mayo de 2013, que da cuenta sobre la vinculación como docente de básica
secundaria, con vinculación nacional, desde el 7 de marzo hasta el 31 de
diciembre de 1977, y recibió como factores salariales: asignación básica,
prima de alimentación, prima de transporte y prima de navidad; desde el 1 de
enero hasta el 31 de diciembre de 1978; asignación básica, prima de
alimentación, prima de transporte, y prima de navidad.

20) Formato Único para la expedición de certificado de salarios, del 25 de
mayo de 2013, que da cuenta sobre la vinculación como docente de básica
secundaria, con vinculación nacional; desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre de 1979, 1980, 1981, 1882, 1983, 1984, 1985, la actora recibió
como factores salariales: asignación básica, prima de alimentación, prima de
transporte y prima de navidad

21) Formato único para la expedición de certificado de historia laboral,
Consecutivo No. 3459, expedido el 31 de octubre de 2014, en que se indicó
que la accionante prestó sus servicios como docente de básica primaria, con
régimen de pensiones nacional, vinculada al colegio nacionalizado Pablo VI,
designada por Decreto 025 del 15 de julio de 1996; desde el 25 de julio de
1996, hasta el 1 de abril de 1997.

22) Formato único para la expedición de certificado de historia laboral,
Consecutivo No. 7523, en que se indicó que la accionante prestó sus
servicios como docente de básica secundaria, con régimen de pensiones
nacional, vinculada al colegio nacionalizado Pablo VI, designada por Decreto
025 del 15 de julio de 1996; desde el 15 de julio de 1996, traslado
nombramiento a la escuela urbana siete de agosto de Manizales, por Decreto
0298 del 28 de abril de 1997, prestó sus servicios desde el 15 de julio de 1996

19

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hasta el 31 de agosto de 2013.

23) Certificado número 277, en el que se precisó la demandante prestó sus
servicios como docente nacional de básica primaria con nombramiento en
propiedad, de la siguiente manera:

24) Formato único para la expedición de certificado de salarios, Certificado
2766, en el que se indicó que la accionante prestó sus servicios como docente
de primaria, en propiedad, con vinculación nacional [parte de la información
sobre los actos de nombramientos es ilegible].

25) Formato Único para la expedición de certificado de historia laboral,
certificado VENT-11459, da cuenta de la vinculación de la actora como
docente de básica primaria, con vinculación territorial:

i) Nombrada en propiedad en la escuela Rural La Aurora, por Decreto 0056
del 5 de febrero de 1969, desde el 5 de febrero de 1969 hasta el 11 de mayo
de 1977.

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Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

ii) Traslado al Liceo Nacional Javeria Londoño de Medellín, por Decreto 3205
del 22 de abril de 1977; desde el 12 de mayo de 1977 hasta el 6 de junio de
1986.

iii) Renuncia al Liceo Javiera Londoño desde el 7 de junio de 1986, aceptada
por Resolución 3792 del 22 de abril de 1986.

iv) Nombramiento provisional en el colegio Pablo VI de Taminango Nariño, por
Decreto 007 A del 20 de febrero de 1996; desde el 20 de febrero de 1996
hasta el 14 de julio de 1996.

v) Nombramiento en propiedad en el colegio Pablo VI de Taminango, por
Decreto 025 del 15 de julio de 1996; desde el 15 de julio de 1996; desde el
15 de julio de 1996 hasta el 27 de abril de 1997.

vi) Traslado nombramiento a la escuela urbana Siete de Agosto de Manizales,
por Decreto 0298 del 26 de abril de 1997; desde el 28 de abril de 1997 hasta
el 6 de octubre de 2011.

vii) suspensión del cargo, por Resolución 3930 del 22 de octubre de 1998;
desde el 22 de octubre hasta el 8 de noviembre de 1998.

viii) licencia voluntaria por 90 días, Resolución 560 del 21 de agosto de 2003;
desde el 22 de septiembre hasta el 20 de diciembre de 2003.

ix) licencia voluntaria por 72 días, Resolución 2009-6 del 11 de agosto de
2009; desde el 1 de octubre hasta el 11 de diciembre de 2009.

26) Acta de posesión del 7 de febrero de 2012, de la demandante con el
objeto de
«[…]tomar posesión del cargo de docente (PRIMARIA) EN IE NORMAL
SUPERIOR DE MANIZALEZ, cargo para el cual fue TRASLADADA mediante
RES.No.137 de fecha 3-FB-2012[…]»

27) Certificado de tiempo servido expedido por la Secretaría de

21

N.º Interno: 4601-2023
Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

Educación de la gobernación de Nariño, el 1 de abril de 2005; en la que
certifica que:

«La señora NOREÑA CARDENAS MARIA ESPERANZA identificada con la
cédula de Ciudadanía No. 24299796, prestó sus servicios en el nivel de
Básica Primaria, vinculación: En Propiedad, como Nacional en forma
continua.
Hasta la última fecha se desempeñó como Docente en Secretaría de
Educación ubicado en Municipio No Codificado, jornada Mañana.
Actualmente, se encuentra en el grado 010 del escalafón, según Resolución
Número 413 del 14 de septiembre de 1987, con fecha de efecto fiscal: 14 de
septiembre de 1987.
Historia Laboral:

[…]»

2.3 Caso concreto

La señora María Esperanza Noreña Cárdenas acude en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho para solicitar la anulación de los actos
administrativos por los cuales la demandada negó el reconocimiento de la
pensión gracia, al estimar que se trata de una docente con vinculación
nacional.

El Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda,
por considerar inviable acceder al reconocimiento de la pensión gracia porque
todo el tiempo laborado lo fue como docente nacional.

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, en el que insiste acreditó el cumplimiento de todos los requisitos
legales para acceder al reconocimiento de la pensión gracia.

En el sub lite, se tiene que nació el 11 de septiembre de 1948 y prestó sus
servicios a la docencia así:

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N.º Interno: 4601-2023
Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

Tiempo
Acto de
Nominador Desde Hasta laborado
nombramiento
a. m. d.
Decreto 0056
5 de
Gobernación del 5 de 11 de mayo
febrero de 8 3 5
de Caldas febrero de de 1977
1969
1969
Ministerio de Resolución 12 de
7 de junio
Educación 3205 del 22 de mayo de 020 0 0
de 1986
Nacional abril de 1977 1977
Municipio de Decreto 025 18 de
15 de julio
Taminango SE, del 15 de octubre de 14 8 1
de 1996
julio de 1996 201121

Total tiempo de servicio 2222 11 6

En lo atinente al período trabajado, desde el 5 de febrero de 1969 hasta el 11
de mayo de 1977, se evidencia que en el Decreto 056 del 5 de febrero de
1969, el gobernador de Caldas la nombró como maestra de la escuela rural
La Aurora.

Hecho que es corroborado por el Formato Único para la expedición del
certificado de historia laboral; asimismo, como por las certificaciones
emanadas de la secretaria de educación.

Así las cosas, este interregno de tiempo laborado, con designación del
gobernador de Caldas puede ser contabilizado para el reconocimiento de la
pensión gracia.

De otra parte, en lo concerniente a la vinculación, desde el 12 de mayo de
1977 hasta el 7 de junio de 1986, se tiene que, mediante Resolución 3205 del
22 de abril de 1977, el Ministerio de Educación Nacional, la nombró como
profesora de enseñanza secundaria, en el Liceo Nacional Javeria Londoño de
Medellín; Además, obra el acta de la diligencia de posesión del 12 de mayo
de 1977, ante el gobernador de Antioquia; y por Resolución 3792 del 22 de
abril de 1986, el Ministerio aceptó la renuncia presentada por la actora, desde

20
No es computable este tiempo para el reconocimiento de la pensión gracia
21
Fecha de la reclamación
22
Se descontaron 5 meses, 28 días correspondientes a i) suspensión de 16 días desde el 22 de octubre hasta el 8
de noviembre de 1998; licencia voluntaria por 90 días desde el 22 de septiembre hasta el 22 de diciembre de 2003 y
licencia voluntaria por 72 días desde el 1 de octubre hasta el 11 de diciembre de 2009, de conformidad con la
información del formato para la expedición de historia laboral.

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N.º Interno: 4601-2023
Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

el 7 de junio de 1986. Este tiempo no puede ser contabilidad para el
reconocimiento de la pensión gracia, por tratarse de una vinculación de índole
nacional.

Ahora bien, en relación con el periodo de tiempo laborado desde el 15 de julio
de 1996, se aportó al proceso la Resolución RV 0076-A del 5 de julio de 1996,
«Por medio de la cual se hace una convocatoria para el nombramiento en
propiedad de dos plazas de carácter Nacionalizado que en la actualidad se
encuentran en Provisionalidad y que corresponden a la planta de personal del
Colegio Nacionalizado Pablo VI del municipio de Taminango»

Se encuentra también el Decreto 025 S.E. del 15 de julio de 1996

«Por medio del cual se hace un Nombramiento en Propiedad de una plaza
Nacionalizada»

y en el que se consideró:

«Que es deber del ejecutivo Municipal velar por el normal funcionamiento de la
educación dentro de su Municipalidad.

Que en el Colegio Nacionalizado Pablo VI municipio de Taminango se encuentran
laborando dos profesores en Plazas Nacionalizadas en forma provisional.

Que, dando cumplimiento a la ley y artículos antes citados, se convocó a todas las
personas interesadas y que reúnan los requisitos de la Ley a inscribirse y participar
en el concurso que se llevó a cabo durante los días 11 y 12 de julio de 1996, para
el Nombramiento en Propiedad de las dos plazas vacantes.

Que una vez realizadas las pruebas requeridas y obtenidos los resultados, de
acuerdo a la Resolución RV0076_A de julio 5 de 1996.
DECRETA
ARTICULO PRIMERO: - Nombrar en propiedad, mediante Decreto No. 025 de Julio
15 de 1996, a la señora MARIA ESPERANZA NOREÑA CARDENAS, identificada
con la C.C. 24.299.796 de Manizales, Grado diez (10) en el Escalafón Nacional […]»
Destaca la sala.

Se aportó también el «ACTA DE POSESIÓN DE LA SEÑORA MARIA
ESPERANZA NOREÑA CARDENAS, COMO PROFESORA

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N.º Interno: 4601-2023
Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

NACIONALIZADA EN PROPIEDAD EN EL COLEGIO
NACIONALIZADO PABLO VI QUE FUNCIONA EN ESTE MUNICIPIO»,
de la secretaría de educación de Taminango, ante la alcaldesa municipal
y el secretario general de dicho municipio

Así como el Decreto 041S.E. del 1º de abril de 1997, «Por medio del cual se
hace un Traslado Nombramiento entre Docentes Nacionalizados», [se
destaca]. A través del cual es trasladada como docente de tiempo completo
de la Escuela Urbana Siete de Agosto, del municipio de Manizales.

En contraste con lo anterior, el formato único de expedición de historia laboral
VENT-7214 de la Secretaría de Educación de Manizales indicó que su
vinculación es nacional; por igual, la certificación expedida por la
Coordinadora de la Oficina de Prestaciones de la Secretaría de Educación de
la alcaldía de Manizales, expedida el 18 de junio de 2018, en los siguientes
términos:

De lo anterior surge la controversia, pues la accionada sostuvo que este
periodo no puede ser computable por ser de orden nacional, y el a quo
consideró que, con fundamento en esta certificación, no es dable

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N.º Interno: 4601-2023
Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

contabilizarlo por ser nacional, conforme con las certificaciones expedidas
por la secretaría de educación de Caldas, por consiguiente, encontró que no
había lugar el reconocimiento de la prestación solicitada.

Pues, bien, está acreditado que la demandante se vinculó nuevamente a la
docencia el 15 de julio de 1996, con ocasión de designación que le hiciera la
alcaldesa del municipio de Taminango por Decreto 025 S.E. del 15 de julio de
1996, por medio del cual «se hace un nombramiento en propiedad de una plaza
nacionalizada».

Para la Sala esta certificación, además de ser contradictoria, no es creíble
porque se aportaron los actos de nombramiento y la diligencia de posesión, y
de su lectura se exterioriza que la plaza a ocupar es de índole nacionalizada.
Esta vinculación se sostuvo hasta la fecha de la reclamación de la pensión
gracia, el 18 de octubre de 2011.

Recuerda la Sala, esta Corporación en sentencia de Unificación CE-SUJ2-
011-18 del 21 de junio de 201823, precisó:

«[…]vi) Prueba de la calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el
legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de
manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el
docente oficial es de carácter territorial. […]» se destaca

Cabe resaltar que, la diferenciación entre docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, quedó establecida en el artículo 1º de la Ley 91
de 1989, así:

i) Personal nacional. Son los vinculados por nombramiento del Gobierno
nacional.

ii) Personal nacionalizado. Los designados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014)

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Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

iii) Personal territorial. Son los vinculados por nombramiento de ente
territorial, a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
del artículo 1024 de la Ley 43 de 1975.

La distinción que trae la norma clasifica la vinculación oficial docente en dos
grandes grupos: (i) los vinculados por nombramiento del Gobierno nacional
(personal nacional) y (ii) los nombrados por entidades territoriales (personal
nacionalizado y territorial).

Así entonces, el tiempo laborado desde el 15 de julio de 1996 debe ser
considerado como docente nacionalizado, en atención a que se desprende
de los mismos actos de nombramiento y posesión, que la plaza a ocupar es
de este tipo.

En el sub examine, se hace patente que el nombramiento de la accionante
provino de la autoridad territorial, para una plaza de carácter nacionalizado,
motivo por el cual ese interregno es susceptible de ser contabilizado para el
reconocimiento de la pensión gracia deprecada.

En esos términos y al no existir duda de la naturaleza de la vinculación de la
demandante, se tiene que los 20 años de servicio docente los acreditó el 15
de julio de 2008 y la edad de 50 años los cumplió el 11 de septiembre de 1998;
No obstante, la petición inicial la realizó el 18 de octubre de 2011.

En este orden, se tiene que la solicitante consolidó el estatus pensional el 15
de julio de 2008, la cuantía será equivalente al 75% del promedio de los
factores salariales devengados durante año anterior a la consolidación del
estatus, esto es, del 15 de julio de 2007 hasta el 14 de julio de 2008 y se
ordenará indexar la primera mesada pensional

2.4. De la prescripción

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«En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos,
del Ministerio de Educación Nacional».

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N.º Interno: 4601-2023
Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

La demandante consolidó su derecho de pensión el 15 de julio de 2008
cuando alcanzó los 20 años de servicios como docente con naturaleza jurídica
nacionalizada, presentó la reclamación el 18 de octubre de 2011, orientada
a obtener la pensión gracia, y la demanda fue radicada el 20 de enero de
201525.

En ese orden de ideas, es claro que se configuró el fenómeno jurídico de la
prescripción, por cuanto, entre la fecha del estatus pensional y la reclamación
se superó el término de los 3 años.

Ahora, el fenómeno de la prescripción opera en materia pensional sobre las
mesadas que hubiese lugar a reconocer y no sobre el derecho en sí mismo,
por lo que, siendo la interesada aún titular de la prerrogativa jurídica
reclamada ante la UGPP, la prescripción debe contarse desde el momento en
que se radicó la demanda [20 de enero de 2015], de modo que hay lugar a
declarar la prescripción de las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 20 de enero de 2012.

En consecuencia, se declarará la nulidad de la Resolución UGM 040799 del
29 de marzo de 2012, a través de la cual se negó el reconocimiento de la
pensión gracia de la demandante.

A título de restablecimiento del derecho, se condenará a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, a reconocer y pagar la pensión gracia a favor
de la señora María Esperanza Noreña Cárdenas, a partir del 15 de julio de
2008, liquidada con el 75% del promedio de todos los factores devengados en
el último año de servicios, previo a la adquisición del estatus pensional,
comprendido entre el 15 de julio de 2007 hasta el 14 de julio de 2008, con la
respectiva indexación de la primera mesada pensional, según certificación
que deberá expedir la entidad territorial.

La suma de dinero que resulte de la condena anterior será ajustada a valor
presente, en los términos del artículo 187 del CPACA, en aplicación de la
siguiente fórmula:

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Expediente digital, demanda y anexos

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N.º Interno: 4601-2023
Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

R = Rh Índice Final
Índice Inicial

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de
mesada pensional, hasta la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el
número que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor,
certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia,
por el índice inicial, vigente para la fecha en que debió hacerse el pago, según
se dispuso en la parte motiva de este proveído.

La entidad demandada deberá cumplir esta sentencia en los términos del
artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

2.5. Condena en costas.

De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido
del criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la
procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la
actuación procesal de la parte vencida, debe tener certeza de su causación y
que la conducta desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el
simple hecho de las resultas del proceso.

En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandada fue vencida en
el proceso, no lo es menos que, revisado su proceder a lo largo de la
actuación, no se evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa
propia de sus intereses, de modo no se condenará en costas en ambas
instancias.

III. DECISIÓN

En atención a lo anterior, la Sala revocará la sentencia del Tribunal
Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en

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N.º Interno: 4601-2023
Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 9 de noviembre de 2020, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo Caldas negó las súplicas de la demanda,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, y en
su lugar:

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución UGM 040799 del 29
de marzo de 2012, a través de las cual se negó el reconocimiento de la
pensión gracia a la demandante.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la
señora María Esperanza Noreña Cárdenas, a partir del 15 de julio de 2008,
liquidada con el 75% del promedio de todos los factores devengados en el
último año de servicios, previo a la adquisición del estatus pensional,
comprendido entre el 15 de julio de 2007 hasta el 14 de julio de 2008, con la
respectiva indexación de la primera mesada pensional.

CUARTO: DECLARAR la prescripción de las mesadas pensionales causadas
con anterioridad al 20 de enero de 2012, de acuerdo con lo precisado en esta
sentencia.

QUINTO: La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y de
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP DEBERÁ
CUMPLIR lo dispuesto en este fallo conforme a lo señalado en el artículo 192
del CPACA.

SEXTO: NO CONDENAR en costas en ambas instancias.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

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Demandante: María Esperanza Noreña Cárdenas
Demandado: UGPP

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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