RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2015-00299-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2015-00299-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2015-00299-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación (PGN)

Tema: sanción disciplinaria a servidor público de elección popular. Subtema 1: unidad
procesal (Ley 734 de 2002). Subtema 2: validez del pliego de cargos, exigencias de
determinación fáctica y jurídica y garantía del derecho de defensa en el proceso
disciplinario (Ley 734 de 2002). Subtema 3: responsabilidad disciplinaria del servidor
público delegante, alcance del deber de vigilancia y control. Subtema 4: marco jurídico
de la culpabilidad en materia disciplinaria (Ley 734 de 2002)

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso de
apelación interpuesto por la PGN, contra la sentencia de primera instancia proferida el
31 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se
accedieron a las pretensiones de la demanda.

I. Síntesis del caso

Jaime Gutiérrez Ángel, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, solicitó la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la PGN
lo sancionó disciplinariamente con destitución e inhabilidad general —inicialmente por 15
años, luego reducida a 12—, por irregularidades en la celebración y ejecución de un
convenio interadministrativo suscrito durante su periodo como alcalde del municipio de
La Dorada (2004–2007). Como restablecimiento del derecho, pidió, entre otras
pretensiones, la declaratoria de prescripción de la acción disciplinaria, la eliminación de
la sanción de los registros correspondientes y el reconocimiento de perjuicios. La parte
demandante fundamentó sus pretensiones en la presunta vulneración del debido
proceso, al considerar que la actuación disciplinaria se adelantó pese a encontrarse
prescrita la acción; que se fragmentó indebidamente la unidad procesal al investigarse
separadamente a los distintos intervinientes en los mismos hechos; que el pliego de
cargos carecía de precisión; que no se configuraba adecuadamente la tipicidad; y que
no existía culpabilidad, en tanto había delegado la ordenación del gasto y las
irregularidades ocurrieron, en parte, con posterioridad a su administración. Asimismo,
alegó la vulneración del principio de igualdad, dado que otros investigados por los
mismos hechos fueron favorecidos con la prescripción.

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 31 de julio de 2020, accedió
a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad de los actos acusados. Consideró

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

que, si bien no operó la prescripción de la acción disciplinaria, la Procuraduría vulneró el
debido proceso y el principio de igualdad al tramitar de manera separada las
investigaciones disciplinarias derivadas de una misma unidad fáctica, lo que impidió una
valoración integral de las conductas y condujo a decisiones disímiles frente a los mismos
hechos, en perjuicio del demandante.

La PGN interpuso recurso de apelación contra dicha decisión, al estimar que el tribunal
incurrió en error al considerar obligatoria la acumulación de los procesos disciplinarios.
Sostuvo que el ordenamiento jurídico no impone dicha exigencia, que la tramitación
separada obedeció a razones procesales válidas y que no se demostró una afectación
real del derecho de defensa. Agregó que cada actuación disciplinaria es autónoma y que
los resultados distintos frente a otros investigados no configuran, por sí mismos, una
vulneración del principio de igualdad.

Por su parte, el Ministerio Público solicitó revocar la sentencia de primera instancia y
negar las pretensiones de la demanda. Señaló que, si bien la conexidad puede justificar
la acumulación de procesos, esta no constituye una regla absoluta y su aplicación
depende de las circunstancias del caso. En ese sentido, concluyó que la falta de
acumulación no configura, por sí sola, una irregularidad sustancial ni se acreditó que
hubiera afectado de manera concreta las garantías del debido proceso del demandante.

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, revoca la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, niega las pretensiones de la demanda, al concluir, en síntesis,
que (i) la decisión de adelantar las investigaciones disciplinarias de manera separada no
vulneró el debido proceso ni el principio de igualdad, dado que el ordenamiento no
impone una regla obligatoria de acumulación y no se acreditó una afectación real del
derecho de defensa; (ii) el pliego de cargos cumplió con los estándares de claridad,
precisión y congruencia exigidos, permitiendo el ejercicio efectivo del derecho de
contradicción; y (iii) se configuró la responsabilidad disciplinaria del demandante, al
encontrarse debidamente acreditada la tipicidad y culpabilidad de la conducta, sin que la
delegación de funciones ni las circunstancias alegadas desvirtúen el incumplimiento de
sus deberes funcionales como ordenador del gasto.

II. Antecedentes

2.1. La demanda y su adición

1. El 19 de junio de 2015, Jaime Gutiérrez Ángel, por conducto de apoderado judicial,
presentó1 demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho2 contra la PGN, la cual fue adicionada el 25 de abril de 20163, en los términos
que a continuación se sintetizan:

1 Según el «acta individual de reparto» visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 17001-23-33-000-

2015-00299-01, archivo rar «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.RAR) NROACTUA 2», cuaderno 1, archivo pdf
«ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», fl. 1.
2 Índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo rar
«ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.RAR) NROACTUA 2», cuaderno 1, archivo pdf «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar)
NroActua 2», fls. 3 a 31.
3 Índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo rar
«ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.RAR) NROACTUA 2», cuaderno 1, archivo pdf «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar)
NroActua 2», fls. 239 y 241.

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

2.1.1. Pretensiones

2. Solicitó que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) fallo
disciplinario de primera instancia –Resolución 010 del 28 de septiembre de 2012–,
proferido por la Procuraduría Provincial de Manizales, mediante el cual, le fue impuesta
sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad por 15 años; y (ii) fallo disciplinario de
segunda instancia –Resolución 023 del 9 de diciembre de 2014–, expedido por la
Procuraduría Regional de Caldas, en el que confirmó la destitución y redujo la inhabilidad
a 12 años.

3.A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condenara a la PGN a: (i)
declarar la prescripción de la acción disciplinaria, (ii) eliminar de sus bases de datos la
anotación de la sanción, (iii) pagarle de manera indexada 100 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, SMLMV, por «concepto de perjuicios morales por los daños
causados», y (iv) pagar las costas y agencias en derecho.

2.1.2. Hechos

4. Jaime Gutiérrez Ángel fue elegido alcalde del municipio de La Dorada, Caldas, para
el periodo 2004 – 2007.

5.A través de los Decretos 002 del 2 de enero de 2004 y 085 del 16 de julio de 2007,
delegó la facultad de ordenación del gasto en materia de contratación estatal en el
secretario general y administrativo, Ángel Antonio González Páez.

6. El 23 de diciembre de 2006, en calidad de alcalde, suscribió con la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Fondo de Inversión
para la Paz (Acción Social – FIP), el convenio interadministrativo de cooperación núm.
755, que tenía por objeto «llevar a cabo la construcción de la primera etapa de la Escuela
Juan Pablo II, del barrio de Las Ferias»; por valor de $2.528.935.261, de los cuales,
Acción Social – FIP aportó $1.284.810.738, y la entidad territorial $1.244.124.523. El
plazo inicial de ejecución era de 12 meses.

7.Mediante otrosí núm. 1 del 24 de abril de 2007, firmado por Jaime Gutiérrez Ángel
como alcalde, y Acción Social – FIP, el valor del convenio fue adicionado en
$955.531.314, de los cuales, Acción Social – FIP aportó $215.189.262, y el municipio
$740.342.052.

8.A través del otrosí núm. 2 del 18 de diciembre de 2007, también suscrito por Jaime
Gutiérrez Ángel, el plazo del convenio fue prorrogado 6 meses.

9.En desarrollo del mencionado convenio interadministrativo, el municipio suscribió –al
menos 47– contratos: de obra, de suministro de materiales, de mano de obra, de gerencia
de proyectos, de residencia de obra y de interventoría.

10. El 22 de abril de 2008, el siguiente alcalde, periodo 2008 – 2011, Justo Capera
Caicedo, y su secretario de Planeación, Jorge Enrique Ángel Villada, remitieron a la PGN
un documento informando sobre presuntas irregularidades ocurridas durante la
planeación, suscripción y ejecución de los contratos antes señalados.

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

11. A través del otrosí núm. 3 del 7 de julio de 2008, suscrito entre Acción Social – FIP, y
el alcalde del periodo 2008 – 2011, Justo Capera Caicedo, el plazo del convenio
interadministrativo núm. 755 de 2006, fue prorrogado 6 meses adicionales.

12. Mediante autos del 9 de junio y 11 de diciembre de 2008, respectivamente, la
Procuraduría Provincial de Manizales ordenó abrir indagación preliminar e investigación
disciplinaria, por las presuntas irregularidades en las que pudo incurrir Jaime Gutiérrez
Ángel, exalcalde de La Dorada, en la construcción de la primera etapa de la Escuela
Juan Pablo II, por fraccionamiento, falta de planeación e incumplimiento del deber de
vigilancia y control sobre los delegatarios. El proceso disciplinario se identificó con el
núm. lUC- 109-2927-2008.

13. A través de auto del 27 de diciembre de 2010, la Contraloría Departamental de Caldas
ordenó abrir proceso de responsabilidad fiscal, porque la auditoría que dicha entidad hizo
a la obra en marzo de ese año arrojó que apenas se había ejecutado en un 60%, además,
que se encontraba deteriorada, y que los materiales de construcción estaban a la
intemperie «sin ninguna evidencia de conservación». La Contraloría también señaló, que
la administración municipal debió hacer una licitación pública para la realización del
proyecto y no una contratación fragmentada, improvisada y sin planeación, que generó
falta de seguimiento, control y monitoreo, lo que derivó en una gran obra inconclusa;
situación que permitió fragmentar las responsabilidades de los funcionarios públicos
como de los particulares.

14. Mediante auto del 20 de marzo de 2012 la Procuraduría Provincial de Manizales
formuló cargos contra el accionante, entre otras, por falta de planeación, fraccionamiento
e incumplimiento del deber de vigilancia y control sobre los delegatarios

15. En el mismo auto del 20 de mazo de 20124, la entidad ordenó investigar «por cuerda
separada» y por los mismos hechos, a Ángel Antonio González Páez y Alberto Jaramillo
Lopera, secretarios de despacho durante el periodo 2004 – 2007; Justo Capera Caicedo,
alcalde 2008 – 2011; Ramiro García Avilés y Andrea Arroyave Barrera, secretarios de
despacho 2008 – 2011; así como a José Óscar de la Torre Avilés, Jorge Mario Rojas
Giraldo y Jesús Ernesto Montealegre, interventores.

16. El demandante presentó sus descargos el 18 de abril de 2012. En el escrito de
descargos también solicitó que se recaudaran pruebas.

17. Mediante auto del 2 de mayo de 2012 la Procuraduría Provincial de Manizales accedió
a decretar la mayoría de las pruebas solicitadas y negó otras.

18. Notificado el traslado para alegar de conclusión previo al fallo disciplinario de primera
instancia, el demandante no hizo uso de tal derecho.

19. Agotado el procedimiento disciplinario, la Procuraduría provincial de Manizales profirió
el fallo disciplinario de primera instancia –Resolución 010 del 28 de septiembre de 2012–
, mediante el cual declaró disciplinariamente responsable a Jaime Gutiérrez Ángel por
los cargos formulados y le impuso la sanción de destitución del cargo e inhabilidad

4 En el que la autoridad disciplinaria formuló el pliego de cargos contra el exalcalde Jaime Gutiérrez Ángel.

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

general para ejercer funciones públicas por 15 años. Contra dicha decisión, el
demandante interpuso recurso de apelación.

20. El accionante también presentó acción de tutela para solicitar el amparo de su derecho
al debido proceso, y en consecuencia la nulidad de todo lo actuado, para efectos de que
se acumularan en un solo proceso todas las investigaciones, o que se recibiera el
testimonio de Alberto Jaramillo Lopera y Ángel Antonio Gonzáles Páez. El Tribunal
Superior de Manizales, Sala Civil Familia, mediante sentencia del 10 de octubre de 2012,
expediente 17-001-22-13-000-2012-00386-00, resolvió negar el amparo de tutela
solicitado.

21. A través de auto del 22 de abril de 2013, proferido en el proceso disciplinario
IUC518316, la Procuraduría provincial de Manizales ordenó el archivo, por prescripción
de la acción disciplinaria, de la investigación adelantado contra Justo Capera Caicedo,
alcalde 2008 – 2011; Ángel Antonio González Páez, secretario general y administrativo
2004 - 2007; Alberto Jaramillo Lopera, secretario de Planeación 2004 - 2007; y de los
interventores Ramiro García Avilés; Andrea Arroyave Barrera; José Oscar La Torre Ávila,
Jorge Mario Rojas Giraldo y Jesús Ernesto Montealegre. El órgano de control adujo que
en el caso de los mencionados servidores públicos, el término de prescripción empezaba
a contarse desde la fecha de suscripción de los contratos controvertidos, es decir, 23 de
diciembre de 2006, por lo que, para ese momento, 22 de abril de 2013, se había
consumado el fenómeno prescriptivo.

22. A través de Resolución 023 del 9 de diciembre de 2014, la Procuraduría Regional de
Caldas, emitió fallo disciplinario de segunda instancia: confirmó la sanción de destitución
impuesta en primera instancia y modificó el término de inhabilidad, reduciéndolo de 15 a
12 años.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

23. Jaime Gutiérrez Ángel citó como normas violadas los artículos 2, 6, 13, 29, 83 y 209
de la Constitución Política; el artículo 12 de la Ley 80 de 1993; y 29, 30 y 31 de la Ley
734 de 2002.

24. Prescripción de la acción disciplinaria. En el concepto de violación sostuvo, que la
PGN vulneró su derecho al debido proceso porque lo sancionó sin tener en cuenta que
la acción disciplinaria se encontraba prescrita, debido a que entre la suscripción del
convenio 755 del 23 de diciembre de 2006, hasta la expedición del fallo disciplinario de
segunda instancia –Resolución 023 del 9 de diciembre de 2014–, transcurrieron más de
los 5 años señalados en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002.

25. Violación del debido proceso por ruptura injustificada de la unidad procesal. Sostuvo
que la PGN adelantó investigaciones disciplinarias separadas respecto de servidores
públicos involucrados en los mismos hechos, pese a existir una evidente conexidad
fáctica y probatoria derivada de la ejecución del convenio núm. 755 de 2006. En su
criterio, la fragmentación del proceso disciplinario impidió una valoración integral de las
pruebas y de la conducta de todos los intervinientes, afectando su derecho de defensa y
el principio de debido proceso.

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

26. Inexactitud del pliego de cargos. Aunque la parte demandante no formuló de manera
autónoma un cargo de nulidad por indebida formulación del pliego de cargos, del
contenido de la demanda se advierte un cuestionamiento sustancial dirigido a reprochar
la generalidad e indeterminación de la imputación disciplinaria, en cuanto —según se
afirma— esta se estructuró a partir de la enunciación de un conjunto de normas, deberes
y prohibiciones presuntamente vulnerados, sin precisar de manera suficiente la conducta
atribuida al disciplinado, ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que habría sido
ejecutada, lo cual, en criterio del actor, comprometió el ejercicio efectivo de su derecho
de defensa.

27. Deficiencias en la adecuación típica. Sostuvo que la autoridad disciplinaria incurrió en
errores en la calificación jurídica de la conducta por indebida valoración de las pruebas,
al no demostrar de manera suficiente la existencia de una conducta típica atribuible a él.
Adujo que no se acreditó su intervención directa en las irregularidades contractuales que
sirvieron de fundamento a la sanción disciplinaria. En particular, indicó que la mayoría de
los contratos fueron suscritos por funcionarios delegados, en ejercicio de competencias
legalmente asignadas, por lo que no puede atribuírsele responsabilidad disciplinaria por
actuaciones ajenas.

28. Aplicación de normas que no estaban vigentes al momento de edificar la tipicidad.
Afirmó que la autoridad disciplinaria desconoció el marco normativo aplicable a la
actividad contractual para la época de los hechos, pues en la decisión sancionatoria se
realizaron consideraciones relacionadas con disposiciones introducidas posteriormente
por la Ley 1150 de 2007, que —según indicó— no resultaba aplicable al periodo en el
cual se desempeñó como alcalde.

29. Ausencia de culpabilidad porque: (i) delegó la ordenación del gasto y, (ii) en virtud de
confianza legítima en la estructura administrativa. Señaló que la delegación de funciones
en materia contractual se realizó en funcionarios idóneos, dentro de una estructura
administrativa que incluía mecanismos de supervisión e interventoría, lo que excluye la
posibilidad de atribuirle responsabilidad disciplinaria por eventuales irregularidades en la
ejecución de los contratos. Agregó, que actuó conforme a los principios de confianza
legítima y buena fe en la actuación de sus subalternos.

30. No se tuvo en cuenta que las irregularidades se presentaron luego de finalizada su
administración. Indicó que las irregularidades denunciadas y evidenciadas en la
ejecución del convenio se produjeron cuando ya no ejercía el cargo de alcalde, por lo
que no tenía control ni injerencia en la fase final de ejecución del proyecto. En
consecuencia, consideró que no puede atribuírsele responsabilidad por hechos ocurridos
bajo la administración de su sucesor.

31. Vulneración del derecho a la igualdad. Afirmó que, mientras a él se le impuso una
sanción disciplinaria, a los demás funcionarios investigados por los mismos hechos se
les decretó la prescripción de la acción disciplinaria, lo cual configura un trato desigual
injustificado. Indicó que todos los investigados participaron en la ejecución del mismo
convenio y en la actividad contractual cuestionada, por lo que no resulta razonable que
se hubiesen adoptado decisiones diametralmente opuestas sin una justificación
suficiente.

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

32. Daño antijurídico y perjuicios. Finalmente, afirmó que la sanción disciplinaria le
ocasionó un grave daño moral, al afectar su buen nombre, reputación y proyecto de vida,
en tanto truncó su carrera política y profesional, generándole afectaciones personales y
sociales significativas.

2.2. Contestación de la demanda y de su adición

33. LaPGN contestó oportunamente la demanda5 y su adición6, oponiéndose a la
prosperidad de las pretensiones, con fundamento en los siguientes argumentos.

34. En términos generales señaló, que los actos administrativos acusados fueron
proferidos con sujeción a las normas constitucionales y legales aplicables, con
observancia del debido proceso y con fundamento en una adecuada valoración
probatoria.

35. Indicó que la actuación disciplinaria respondió al cumplimiento de la función
constitucional de vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos, y que las
decisiones adoptadas no obedecieron a criterios arbitrarios sino al análisis del material
probatorio recaudado.

36. Frente a los hechos expuestos por la parte actora, la PGN aceptó aquellos
relacionados con: (i) la suscripción del convenio interadministrativo núm. 755 de 2006,
las modificaciones contractuales realizadas, (ii) la condición del demandante como
alcalde del municipio de La Dorada para el período 2004–2007, y (iii) el inicio de la
actuación disciplinaria con ocasión de la queja presentada en el año 2008.

37. No obstante, precisó que: (i) la delegación de funciones contractuales no exime de
responsabilidad al delegante, quien conserva el deber de dirección, control y vigilancia
de la actividad delegada; (ii) las afirmaciones relativas a la adecuada supervisión del
convenio por parte del demandante debían ser probadas dentro del proceso; y (iii) las
irregularidades objeto de investigación correspondían a actuaciones desarrolladas
durante su administración, aun cuando la queja se hubiera presentado con posterioridad
a la finalización de su período.

38. La Procuraduría estructuró su defensa en la premisa según la cual el demandante, en
su condición de alcalde y ordenador del gasto, incumplió los deberes de dirección, control
y vigilancia que le eran exigibles como ordenador del gasto, lo que permitió la
configuración de múltiples irregularidades en la ejecución del convenio
interadministrativo. En ese sentido, indicó que: (i) la delegación en sus secretarios de
despacho no lo relevaba de su deber de supervisión, vigilancia y control; (ii) en su
condición de máxima autoridad administrativa del municipio, le correspondía garantizar
la correcta ejecución del convenio y de los contratos derivados del mismo; y (iii) la
conducta reprochada se concretó en la omisión de adoptar medidas oportunas frente a
las irregularidades detectadas en la ejecución contractual.

55 Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo rar
«ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.RAR) NROACTUA 2», / cuaderno 1 / archivo pdf «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar)
NroActua 2». / folios 219 a 238
6 Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo rar

«ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.RAR) NROACTUA 2», / cuaderno 1 / archivo pdf «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar)
NroActua 2». / folios 262 a 264

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

39. Señaló que, durante la actuación disciplinaria, se acreditaron múltiples irregularidades
en la ejecución de los contratos celebrados en desarrollo del convenio, tales como: (i)
falta de ejecución de contratos pese al desembolso de anticipos, (ii) ausencia de
documentos contractuales esenciales, tales como, actas de inicio, liquidación, informes
de interventoría, y certificados presupuestales, (iii) deficiencias en la planeación
contractual, y (iv) incumplimientos que generaron la paralización de las obras y afectaron
la adecuada ejecución del objeto contractual. A partir de estas circunstancias, sostuvo
que se configuraron conductas disciplinarias típicas, antijurídicas y culpables atribuibles
al demandante.

40. A partir de precedentes jurisprudenciales de esta jurisdicción, la entidad demandada
sostuvo que no operó la prescripción de la acción disciplinaria, en la medida en que: (i)
la potestad disciplinaria se ejerce oportunamente cuando el acto administrativo principal
que decide de fondo es expedido y notificado dentro del término legal, (ii) las conductas
investigadas tenían carácter continuado, y (iii) el término de prescripción debía
contabilizarse desde el último acto constitutivo de la falta.

41. La Procuraduría afirmó que la actuación disciplinaria se adelantó con plena
observancia de las garantías del debido proceso, en tanto: (i) se permitió al investigado
ejercer su derecho de defensa y contradicción, (ii) se surtieron las etapas propias del
procedimiento disciplinario, y (iii) las decisiones fueron debidamente motivadas.

42. Asimismo, sostuvo que el control ejercido por la jurisdicción contencioso-
administrativa no constituye una tercera instancia, por lo que no le corresponde al juez
sustituir la valoración probatoria realizada por la autoridad disciplinaria, sino verificar la
legalidad de la decisión adoptada.

43. Finalmente, sobre el argumento del demandante relativo al trato desigual frente a otros
funcionarios investigados por los mismos hechos, la entidad indicó que: (i) cada proceso
disciplinario es autónomo, (ii) la decisión de adelantar investigaciones separadas no
vulnera el debido proceso, y (iii) la declaratoria de prescripción respecto de otros
investigados, obedeció a las particularidades de cada actuación disciplinaria y no
desvirtúa, por sí misma, la validez de la decisión adoptada respecto del demandante ni
implica un trato discriminatorio.

2.3. Sentencia de primera instancia

44. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 31 de julio de 2020,
accedió las pretensiones de la demanda, y condenó en costas a la PGN.

45. El tribunal precisó de entrada, que el control ejercido por la jurisdicción contencioso–
administrativa sobre los actos disciplinarios es de carácter integral, conforme a la
jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, lo que habilita al juez para examinar no
solo los aspectos formales del procedimiento, sino también la validez material de la
actuación administrativa.

46. Abordó el estudio del caso conforme a los problemas jurídicos fijados en la audiencia
inicial, distinguiendo entre cuestiones de carácter procesal y aspectos de fondo. En
particular, identificó como problemas procesales aquellos relacionados con (i) la
prescripción de la acción disciplinaria, (ii) la falta de acumulación de los procesos

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

disciplinarios, (iii) la indebida formulación de cargos y (iv) la denegación de pruebas.
Como problemas sustanciales, los relativos a la responsabilidad disciplinaria del
demandante en su condición de alcalde y ordenador del gasto.

47. Asimismo, precisó que el análisis debía iniciarse por los aspectos procesales y, solo
en caso de no prosperar estos, abordar el estudio material del asunto, en atención a la
prevalencia de las garantías del debido proceso.

48. Estudió, en primer lugar, la prescripción de la acción disciplinaria, a partir de lo
dispuesto en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, conforme al cual dicha acción prescribe
en cinco años, contados desde la consumación de la falta o desde el último acto,
tratándose de conductas permanentes o continuadas. Para resolver este aspecto,
reconstruyó la evolución jurisprudencial del Consejo de Estado en torno al momento en
que se entiende ejercida oportunamente la potestad disciplinaria, destacando la tesis de
unificación según la cual basta con que, dentro del término legal, se expida y notifique el
acto administrativo sancionatorio que pone fin a la actuación disciplinaria. En aplicación
de dicho criterio, consideró que la conducta imputada al demandante tenía naturaleza
omisiva, por lo que su consumación se extendió hasta el 31 de diciembre de 2007, fecha
en la que culminó su periodo como alcalde. Así, al haberse notificado el fallo disciplinario
de primera instancia el 10 de octubre de 2012, concluyó que la potestad sancionatoria
se ejerció dentro del término legal, razón por la cual no operó la prescripción de la acción
disciplinaria.

49. Superado el análisis de la prescripción, el tribunal abordó el estudio de los cargos
relacionados con la vulneración de los derechos al debido proceso, defensa e igualdad.

50. En este punto, centró su análisis en la decisión de la PGN de adelantar investigaciones
disciplinarias separadas frente a los mismos hechos, en relación con el demandante y
otros servidores públicos que participaron en la ejecución del convenio
interadministrativo objeto de investigación.

51. Al respecto, estableció que, en el auto de formulación de cargos del 20 de marzo de
2012, la autoridad disciplinaria dispuso investigar «por cuerda separada» a los
secretarios de despacho y a los interventores vinculados a la actividad contractual, pese
a la conexidad fáctica y funcional existente entre las conductas investigadas.

52. Igualmente, advirtió que mientras al demandante se le impuso sanción disciplinaria,
las investigaciones adelantadas contra los demás funcionarios involucrados en los
mismos hechos culminaron con la declaratoria de prescripción de la acción disciplinaria.
A partir de estas circunstancias, el Tribunal consideró que la fragmentación de la
investigación disciplinaria afectó de manera sustancial las garantías del debido proceso,
en tanto impidió una valoración integral y coherente de los hechos, y generó decisiones
disímiles frente a una misma situación fáctica.

53. En ese sentido, concluyó que la falta de acumulación de los procesos disciplinarios
frente a una causa común comportó: (i) la ruptura de la unidad del juicio disciplinario, (ii)
la afectación del derecho de defensa del investigado, (iii) la vulneración del principio de
igualdad, al otorgarse tratamientos disímiles a sujetos involucrados en los mismos
hechos, y (iv) el desconocimiento de los principios de transparencia y coherencia de la
actuación administrativa.

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

54. La sentencia de primera instancia consideró que, aunque formalmente no existe una
regla absoluta que obligue a acumular procesos disciplinarios, en este caso concreto sí
se imponía hacerlo, por unidad fáctica, ya que son los mismos hechos contractuales,
porque todo se deriva del convenio núm. 755 de 2006; además, existe unidad funcional,
por la intervención concurrente del alcalde, sus secretarios y los interventores; lo que
impone la necesidad de valoración integral y la imposibilidad de analizar aisladamente
conductas funcionalmente conectadas.

55. En ese sentido, concluyó que la separación de procesos produjo una ruptura de la
coherencia del juicio disciplinario, que se evidenció en decisiones contrarias frente a los
mismos hechos; lo cual generó una afectación del derecho de defensa, porque resultó
imposible de controvertir integralmente el contexto fáctico. También vulneró el principio
de igualdad, debido a que unos investigados resultaron beneficiados con prescripción,
mientras que el alcalde fue sancionado por los mismos hechos. Todo ello con
desconocimiento del debido proceso por la fragmentación artificial de una causa única.

56. A partir de lo anterior, sostuvo que la actuación disciplinaria se encontraba viciada por
la falta de acumulación de procesos frente a una misma causa fáctica lo que comportó
violación del debido proceso y de los principios de igualdad y coherencia de la actuación
administrativa7.

2.4. Recurso de apelación

57. La PGN interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia8.

58. La entidad apelante controvirtió la declaratoria de nulidad de los actos disciplinarios,
al estimar que el tribunal incurrió en error al concluir que la falta de acumulación de las
investigaciones disciplinarias vulneró los derechos al debido proceso, defensa e igualdad
del demandante.

59. Sostuvo que el ordenamiento disciplinario no establece una obligación general de
acumular procesos, por lo que la autoridad disciplinaria cuenta con la facultad para
determinar la forma de adelantar las investigaciones, de acuerdo con las particularidades
del caso.

60. Explicó que, en el caso concreto, la decisión de adelantar investigaciones separadas
obedeció a razones procesales válidas, en tanto el proceso seguido contra el
demandante ya se encontraba en etapa de calificación de la investigación y formulación
de pliego de cargos.

61. En ese contexto, indicó que no era jurídicamente viable vincular nuevos sujetos dentro
de la misma actuación sin afectar el principio de congruencia y las garantías del debido
proceso, en particular el derecho de defensa de los eventuales implicados.

7 Índice 2 de Samai Consejo de Estado, archivo rar «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.RAR) NROACTUA 2», / cuaderno

1 / archivo pdf «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2». / folios 371 a 413
8 Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo rar

«ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.RAR) NROACTUA 2», / cuaderno 1 / archivo pdf «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar)
NroActua 2». / folios 424 a 432

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

62. Agregó que la acumulación en esa etapa habría implicado alterar el marco fáctico y
jurídico definido en el pliego de cargos, lo cual resulta incompatible con la estructura del
procedimiento disciplinario.

63. Adicionalmente, indicó que la decisión de tramitar las investigaciones de manera
separada también buscó salvaguardar el debido proceso de los demás funcionarios
eventualmente implicados, quienes no podían ser vinculados en una etapa procesal
distinta sin afectar sus garantías

64. Sostuvo que la tramitación independiente de las investigaciones y los resultados
distintos respecto de otros funcionarios no configuran una vulneración del derecho a la
igualdad, en tanto cada proceso disciplinario es autónomo y debe resolverse conforme a
sus propias circunstancias probatorias y procesales.

65. Indicó que el tribunal no demostró de qué manera la separación de las investigaciones
afectó de forma real y concreta el ejercicio del derecho de defensa del demandante.
Agregó que la decisión de primera instancia se sustentó en una afectación meramente
hipotética del derecho de defensa del demandante, sin que se hubiere acreditado de
manera concreta cómo la tramitación separada de las investigaciones disciplinarias
incidió materialmente en el ejercicio de sus garantías procesales. Porque en efecto, no
se evidenció que el actor hubiese sido privado de la posibilidad de solicitar o controvertir
pruebas, ni que se le hubiesen restringido oportunidades procesales, razón por la cual
no resulta suficiente la sola afirmación de una eventual mejor defensa para estructurar la
nulidad de los actos acusados.

66. Invocó la Guía Disciplinaria adoptada mediante la Resolución 191 de 2003, expedida
por la PGN, conforme a la cual no procede la acumulación de procesos en eventos en
los que se haya formulado pliego de cargos o cuando surjan nuevos posibles
disciplinados en etapas avanzadas del proceso. Señaló, además, que dicho instrumento
fue objeto de control judicial y declarado ajustado a derecho por el Consejo de Estado.

67. Sostuvo que la actuación disciplinaria respetó plenamente las garantías del debido
proceso previstas en el artículo 29 de la Constitución y desarrolladas por la jurisprudencia
constitucional. En particular, afirmó que el demandante: (i) conoció los cargos formulados
en su contra, (ii) ejerció su derecho de defensa y contradicción, (iii) solicitó y controvirtió
pruebas, (iv) presentó alegatos de conclusión, y (v) recurrió las decisiones adoptadas
dentro del proceso.

68. Finalmente, reiteró que los actos administrativos demandados se ajustan a derecho,
en tanto la actuación disciplinaria se adelantó conforme a la Ley 734 de 2002, se
individualizó adecuadamente la conducta atribuida y la sanción impuesta fue
proporcional a la gravedad de la falta.

2.5. Intervenciones en segunda instancia

69. Las partes guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

2.6. Concepto del Ministerio Público

70. El Ministerio Público solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda9.

71. El agente del Ministerio Público indicó que el problema jurídico central consiste en
determinar, si la decisión de adelantar investigaciones disciplinarias separadas frente a
los mismos hechos vulneró el debido proceso del demandante, al punto que constituyó
una nulidad sustancial y procesal, como lo concluyó el Tribunal Administrativo de Caldas.

72. Destacó que el debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución, es
plenamente exigible en las actuaciones disciplinarias, e implica un conjunto de garantías
tales como: (i) el derecho de defensa y contradicción, (ii) la posibilidad de aportar y
controvertir pruebas, (iii) la publicidad de las actuaciones, (iv) la doble instancia, y (v) la
imparcialidad, entre otras.

73. Asimismo, resaltó que el control ejercido por la jurisdicción de lo contencioso–
administrativo sobre los actos disciplinarios es integral, conforme a la jurisprudencia del
Consejo de Estado, lo que implica que el juez no se limita a verificar aspectos formales,
sino que puede examinar la validez material de la actuación disciplinaria.

74. El Ministerio Público explicó que la Ley 734 de 2002 consagra la conexidad como un
factor determinante de la competencia disciplinaria, en virtud del cual, cuando varios
servidores públicos participan en la comisión de faltas conexas, estas deben investigarse
en un mismo proceso. No obstante, precisó que, conforme a la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, es posible distinguir entre: (i)
conexidad sustancial, que se presenta cuando existe un vínculo material entre las
conductas investigadas, lo que impone su investigación conjunta; y (ii) conexidad
procesal, que corresponde a una relación de conveniencia práctica para adelantar las
investigaciones en un mismo trámite, la cual no es absoluta y debe evaluarse en cada
caso concreto, atendiendo criterios de economía procesal y eficacia de la actuación
disciplinaria. En ese sentido, señaló que la conexidad procesal no impone, de manera
automática, la obligación de acumular procesos disciplinarios.

75. Con fundamento en lo anterior, el Ministerio Público concluyó que la decisión del
Tribunal Administrativo de Caldas no es acertada, por cuanto: (i) la falta de acumulación
de procesos disciplinarios no constituye, por sí sola, una irregularidad sustancial, (ii) la
conexidad procesal no impone una obligación absoluta de unidad procesal, y (iii) en el
presente caso, no se acreditó que la tramitación separada de las investigaciones hubiera
afectado de manera concreta el derecho de defensa del demandante.

III. Consideraciones

3.1. Competencia

76. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado

9 Visible a índice 9 de Samai Consejo de Estado 17001-23-33-000-2015-00299-01 / archivo pdf
«9_MemorialWeb_Concepto(.pdf) NroActua 9».

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Cuestión preliminar

77. En la demanda se planteó, entre otros aspectos, la prescripción de la acción
disciplinaria; sin embargo, dicho asunto no fue objeto de controversia en la segunda
instancia, razón por la cual la Sala no se pronunciará al respecto, en atención al principio
de congruencia que rige el recurso de apelación. Por consiguiente, se abstendrá de
reabrir su análisis, en tanto el tribunal concluyó que no operó la prescripción y dicha
conclusión no fue controvertida en la alzada, sin que se adviertan razones para apartarse
de dicho entendimiento.

3.3. Problemas jurídicos

78. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir de los
siguientes problemas jurídicos:

79. Primerproblema jurídico: ¿la decisión de la PGN de tramitar en actuaciones
separadas las investigaciones disciplinarias derivadas de los mismos hechos vulneró el
debido proceso y el principio de igualdad del demandante?

80. Segundo problema jurídico: ¿el pliego de cargos proferido dentro de la actuación
disciplinaria observó los parámetros de determinación fáctica y jurídica exigidos por la
Ley 734 de 2002 o, por el contrario, adolece de generalidad e indeterminación en la
imputación, en detrimento del debido proceso y del derecho de defensa?

81. Tercer problema jurídico: ¿la PGN estructuró válidamente el elemento de tipicidad de
la responsabilidad disciplinaria, al sancionar al demandante por el incumplimiento del
deber de vigilancia y control respecto de la actividad contractual adelantada por sus
delegatarios, e irregularidades en la actividad contractual que desarrolló directamente,
siendo que, según el servidor público sancionado, la adecuación típica fue deficiente, él
no respondía por los errores de los delegatarios y la norma que establece la
responsabilidad del delegante no estaba vigente para la época de los hechos?

82. Cuarto problema jurídico: ¿la PGN estructuró válidamente el elemento de culpabilidad
de la responsabilidad disciplinaria, sin tener en cuenta que –según afirma la demanda–
el exalcalde actuó bajo la confianza legítima de que sus secretarios eran idóneos?

3.4. Estudio y resolución del primer problema jurídico

83. Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso, la decisión de la PGN de
tramitar en actuaciones separadas las investigaciones disciplinarias derivadas de los
mismos hechos vulneró el debido proceso y el principio de igualdad del demandante.

3.4.1. Debido proceso en el procedimiento disciplinario

84. Los artículos 29 de la Constitución y 6 de la Ley 734 de 2002 establecen la garantía
del debido proceso, que comprende un conjunto de principios materiales y formales de
obligatorio acatamiento por parte de las autoridades disciplinarias, en cuanto constituyen

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

derechos de los sujetos disciplinables que se traducen, entre otras cosas, en la
posibilidad de defenderse, designar defensor, presentar y controvertir pruebas e
impugnar las decisiones que los afecten.

85. En materia disciplinaria rige el principio de trascendencia, conforme al cual no toda
irregularidad procesal conduce a la nulidad, sino únicamente aquella que incide de
manera concreta en la formación de la decisión o afecta las garantías del investigado.
Este criterio se encuentra recogido en el artículo 143 de la Ley 734 de 2002, que restringe
la nulidad a eventos como la falta de competencia, la violación del derecho de defensa o
la ocurrencia de irregularidades sustanciales.

3.4.2. La unidad procesal en materia disciplinaria

86. La Sala precisa que el Código Disciplinario Único no consagra una regla absoluta de
unidad procesal, pues si bien el artículo 81 de la Ley 734 de 2002 prevé que las faltas
conexas puedan investigarse en un mismo proceso, dicha disposición se refiere a un
criterio de competencia y no impone, en todos los casos, la acumulación obligatoria de
actuaciones.

87. En efecto, el artículo 81 de la Ley 734 de 2002, al regular lo relacionado con la
«competencia por razón de la conexidad», establece que «cuando un servidor público
cometa varias faltas disciplinarias conexas, se investigarán y decidirán en un solo
proceso», y que «cuando varios servidores públicos de la misma entidad participen en la
comisión de una falta o de varias que sean conexas, se investigarán y decidirán en el
mismo proceso, por quien tenga la competencia para juzgar al de mayor jerarquía.».

88. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta corporación10 ha señalado que la regla
general en materia disciplinaria es que las conductas conexas deben investigarse y
juzgarse conjuntamente. También ha señalado, que la separación de investigaciones o
ruptura de la unidad procesal es válida, siempre que se fundamente en razones legales
y no afecte los derechos fundamentales ni el debido proceso.

89. En ese sentido, en aplicación de la doctrina que sobre este preciso tópico tiene
elaborada la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, esta Sección ha distinguido
entre conexidad sustancial —que impone la investigación conjunta por la estrecha
relación entre las conductas— y conexidad procesal, la cual responde a razones de
conveniencia, economía y racionalidad del trámite, sin que su concurrencia obligue
necesariamente a la unificación de las actuaciones11.

90. Bajo este entendimiento, el Consejo de Estado ha sostenido que, en presencia de
conexidad meramente procesal, corresponde a la autoridad disciplinaria evaluar, en cada
caso, la conveniencia de adelantar una actuación conjunta o separada, en función de
criterios como la complejidad del asunto, el número de investigados o el estado de los

10 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de junio de 2013, expediente

11001-03-25-000-2011-00393-00(1492-11), y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6
de junio de 2019, expediente 11001-03-25-000-2012-00230-00.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de junio de 2013, expediente 11001-03-25-

000-2011-00393-00(1492-11).

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

procesos, sin que la decisión de tramitar investigaciones independientes constituya, por
sí misma, una irregularidad o causal de nulidad12.

91. A lo anterior, la Sala agrega que la ruptura de la unidad procesal puede decretarse
válidamente en casos de pluralidad de faltas disciplinarias o de sujetos disciplinados,
permitiendo llevar procesos separados para mayor agilidad. En esa línea, se reitera que
la ruptura de la unidad procesal no genera por sí misma nulidad, siempre y cuando no
conlleve a una vulneración de garantías constitucionales. Por consiguiente, aun en
presencia de conexidad fáctica, la tramitación separada de investigaciones no vicia
automáticamente el procedimiento, salvo que se demuestre una afectación real de las
garantías procesales.

3.4.3. Análisis sustancial de la Sala para resolver el primer problema jurídico

92. La Sala debe determinar si la decisión de la PGN de adelantar en actuaciones
separadas las investigaciones disciplinarias derivadas de la ejecución del convenio
interadministrativo núm. 755 de 2006 vulneró los derechos al debido proceso y a la
igualdad del demandante.

93. La inconformidad del actor se sustenta en una lectura rígida del artículo 81 de la Ley
734 de 2002, según la cual la existencia de unidad fáctica y pluralidad de intervinientes
imponía la tramitación de una única investigación disciplinaria. Sin embargo, dicha
interpretación no se ajusta al alcance que la jurisprudencia ha reconocido a la figura de
la conexidad.

94. En efecto, como quedó expuesto, el ordenamiento disciplinario no consagra una regla
general de acumulación obligatoria. Si bien la conexidad puede justificar la tramitación
conjunta de actuaciones —particularmente por razones de economía procesal,
coherencia y eficacia—, su configuración no impone un deber jurídico ineludible de
unidad procesal ni convierte en irregular la decisión de adelantar investigaciones
separadas. Por el contrario, la autoridad disciplinaria dispone de un margen para
estructurar el trámite, siempre que respete las garantías del debido proceso. Así, la
previsión contenida en el artículo 81 ibídem debe interpretarse en armonía con criterios
de eficiencia, eficacia investigativa y adecuada administración de justicia disciplinaria.

95. Bajoese entendimiento, la Sala insiste en que la ausencia de acumulación de
procesos disciplinarios no constituye, per se, una irregularidad sustancial con aptitud
para invalidar la actuación.

96. En el caso concreto, la Procuraduría justificó la no acumulación en circunstancias
propias del desarrollo del proceso disciplinario. En particular, se estableció que la posible
intervención de otros funcionarios fue advertida con ocasión de la formulación del pliego
de cargos contra el demandante, lo que condujo a la apertura de actuaciones
independientes.

97. Esta decisión fue reiterada en el auto del 27 de agosto de 2012, mediante el cual se
negó la nulidad solicitada, al considerar que no existía causal de invalidez por la no

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de junio de 2019, expediente 11001-03-25-

000-2012-00230-00.

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

acumulación, y que integrar nuevos sujetos en una etapa avanzada implicaría modificar
el marco de imputación fijado, en contravía del principio de congruencia.

98. Asimismo, al resolver el recurso de reposición, la autoridad disciplinaria insistió en que
la conexidad no impone de manera automática la unidad procesal y que la decisión
adoptada obedeció a criterios propios de la dirección de la investigación.

99. Estas actuaciones evidencian que la decisión fue motivada, razonada y adoptada
dentro del ámbito de competencia de la autoridad disciplinaria, sin que se advierta
arbitrariedad.

100. La Sala destaca que la responsabilidad disciplinaria es de carácter individual y
funcional, lo que implica que el juicio se estructura a partir de la conducta particular
atribuida a cada investigado.

101. En el presente caso, aunque los hechos se enmarcan en la ejecución de un mismo
convenio interadministrativo, el material probatorio evidencia que intervinieron diversos
funcionarios, con competencias diferenciadas — es más, algunos contratos fueron
suscritos directamente por el alcalde y otros por el secretario general en virtud de
delegación—, lo que configura ámbitos funcionales diferentes y autónomos (ver la tabla
8 contenida en el párrafo 158).

102. En ese contexto, la Procuraduría no sancionó un resultado global del proceso
contractual, sino una conducta específica: la omisión del deber de vigilancia y control por
parte del alcalde respecto de los contratos ejecutados bajo su delegación. De allí se sigue
que la determinación de la responsabilidad disciplinaria no depende de la situación
jurídica de otros intervinientes, ni exige una decisión conjunta, pues el juicio es autónomo
respecto de cada sujeto.

103. Desde la perspectiva de las garantías procesales, no se evidencia que la
tramitación separada haya limitado el ejercicio del derecho de defensa del demandante.
Por el contrario, está acreditado que, conoció oportunamente los cargos formulados,
rindió versión libre, solicitó y controvirtió pruebas, y ejerció los recursos procedentes.
Adicionalmente, el demandante no demostró de qué manera la falta de acumulación
incidió materialmente en su defensa, limitándose a plantear una afectación hipotética
basada en la posibilidad de una mejor valoración probatoria en caso de trámite conjunto,
lo cual resulta insuficiente para estructurar una nulidad.

104. La Sala precisa que la valoración probatoria en el proceso disciplinario se realiza
respecto de la conducta atribuida al investigado, y no en función de la totalidad de los
intervinientes. En ese sentido, la responsabilidad de otros funcionarios no es presupuesto
para determinar la del actor, la reconstrucción de los hechos puede efectuarse con el
acervo probatorio incorporado en cada actuación, y la ausencia de acumulación no
impide una valoración integral de los hechos relevantes. Por tanto, la autonomía de las
actuaciones disciplinarias no compromete la validez del análisis probatorio ni la
coherencia del juicio disciplinario.

105. Tampoco prospera el argumento según el cual la prescripción declarada en otros
procesos vulnera el derecho a la igualdad del demandante. Ello obedece a que cada
actuación disciplinaria es autónoma, la prescripción depende de variables propias de

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

cada proceso (como el momento de iniciación), y se trata de un fenómeno jurídico
objetivo, no atribuible a un trato discriminatorio. En consecuencia, las decisiones
adoptadas respecto de otros investigados no determinan la validez de la actuación
adelantada contra el actor.

106. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la decisión de adelantar
investigaciones disciplinarias separadas no constituye una irregularidad sustancial, ni
vulnera los derechos al debido proceso, defensa o igualdad del demandante. Porque en
efecto, la conexidad procesal no impone de manera absoluta la acumulación de
actuaciones y, en el caso concreto, no se acreditó una afectación real y concreta de las
garantías del disciplinado.

107. En este contexto, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de Caldas
incurrió en un entendimiento equivocado del alcance de la conexidad en materia
disciplinaria, al considerar que la tramitación separada de las investigaciones constituía,
por sí misma, una vulneración del debido proceso. Como quedó expuesto, ni el
ordenamiento jurídico impone un deber absoluto de acumulación, ni la decisión de
adelantar actuaciones independientes configura irregularidad sustancial en ausencia de
una afectación concreta de las garantías del investigado, circunstancia que no fue
demostrada en el presente caso. En consecuencia, al haber edificado la declaratoria de
nulidad sobre una premisa jurídica incorrecta, la sentencia apelada no puede
mantenerse, por lo que será revocada en este punto, para en su lugar negar el cargo de
nulidad por ruptura de la unidad procesal.

3.5. Estudio y resolución del segundo problema jurídico

108. Corresponde a la Sala determinar si el pliego de cargos formulado mediante auto
del 20 de marzo de 2012 se ajustó a las exigencias constitucionales y legales que rigen
el debido proceso disciplinario, en particular, en lo relativo a la adecuada determinación
de los hechos jurídicamente relevantes, su correcta adecuación típica y la claridad en la
imputación subjetiva. Para tal efecto, se examinará si la autoridad disciplinaria delimitó
de manera precisa las conductas reprochadas al demandante —relacionadas con el
presunto incumplimiento de sus deberes de vigilancia y control, así como con
irregularidades en la actividad contractual—, o si, por el contrario, estructuró los cargos
a partir de imputaciones vagas, genéricas o indeterminadas que pudieran haber afectado
el ejercicio efectivo del derecho de defensa.

3.5.1. Formulación de cargos en materia disciplinaria

109. El Código Disciplinario Único establece exigencias específicas en materia de
formulación de cargos. En particular, el artículo 162 de la Ley 734 de 2002 establece que
el «funcionario de conocimiento formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente
demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado»,
y que contra esta decisión no procede recurso alguno.

110. Por su parte, el artículo 163 de la Ley 734 de 2002 señala que la decisión mediante
la cual se formulen cargos al investigado deberá contener la descripción y determinación
de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en que se realizó, las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación,
concretando la modalidad específica de la conducta, la identificación del autor o autores

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

de la falta, la denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión
de la conducta, el análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos
formulados, la exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la
gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 43 ibídem,
la forma de culpabilidad y el análisis de los argumentos expuestos por los sujetos
procesales.

111. Finalmente, el artículo 165 ibídem preceptúa que el pliego de cargos se notificara
personalmente al procesado o a su apoderado si lo tuviere, para lo cual, inmediatamente
se librará comunicación y se surtirá con el primero que se presente, de manera que, si
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación no se ha presentado el
procesado o su defensor, si lo tuviere, se procederá a designar defensor de oficio con
quién se surtirá la notificación personal. La norma también establece que, el pliego de
cargos podrá ser variado luego de concluida la práctica de pruebas y hasta antes del
fallo de primera o única instancia, por error en la calificación jurídica o por prueba
sobreviniente. En ese sentido, la variación se notificará en la misma forma del pliego de
cargos y de ser necesario se otorgará un término prudencial para solicitar y practicar
otras pruebas, el cual no podrá exceder la mitad del fijado para la actuación original.

112. De las disposiciones anteriores se desprende que, la formulación de cargos
constituye el eje estructural del proceso disciplinario, en tanto delimita el objeto del
debate y fija el marco dentro del cual el investigado ejercerá su derecho de defensa.

113. Sobre el particular, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha señalado que
el pliego de cargos disciplinario es un acto preparatorio que delimita el debate probatorio
y garantiza el debido proceso. Debe contener la descripción clara, integral, precisa13 y
«circunstanciada» de la conducta (tiempo, modo, lugar), las normas vulneradas, la
calificación provisional de la falta y la individualización del investigado. De manera tal
que el imputado pueda comprender cabalmente cuál es la acción que se le atribuye y el
resultado que se le recrimina; asimismo, el pliego de cargos debe ser asertivo, exento de
ambigüedades que le impidan al investigado saber por qué razón se le investiga; la
formulación de cargos no puede ser genérica, ambigua o imprecisa, por el contrario, debe
ser puntual y rigurosa; ya que a través de este se impone un límite claro a la actuación
sancionatoria; lo que le permite al investigado ejercer su derecho de contradicción y
defensa14.

114. En ese sentido, la exigencia de que la conducta sea descrita con indicación de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la obligación de precisar las normas
presuntamente vulneradas, la modalidad de la conducta y el soporte probatorio responde
a la necesidad de garantizar que el disciplinado conozca de manera cierta y concreta los
hechos que se le imputan, evitando imputaciones vagas o indeterminadas.

115. Bajo este marco, el pliego de cargos debe permitir al investigado comprender con
claridad el alcance de la imputación disciplinaria, de manera que pueda ejercer una

13 En la sentencia del 24 de octubre de 2019, proferida por la Subsección A de esta Sección en el expediente 11001-

03-25-000-2010-00264-00(2217-10), se señala que la formulación de cargos debe ser de «altísima precisión».
14 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de febrero de 2012,

expediente 11001-03-25-000-2010-00048-00(0384-10); Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 10 de octubre de 2013, expediente 11001-03-25-000-2010-00068-00(0690-10); Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de mayo de 2018, Expediente 11001032500020110054400 (2116-
11); Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2020, expediente 11001-03-25-
000-2011-00284-00 (1068-2011).

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

defensa material y técnica efectiva, sin que ello implique exigir una descripción
exhaustiva o minuciosa, pero sí una determinación suficiente de los hechos y su
relevancia jurídica dentro de la actuación disciplinaria.

3.5.2. Análisis sustancial de la Sala para resolver el segundo problema jurídico

116. En el presente caso, la Sala advierte que el pliego de cargos formulado mediante
auto del 20 de marzo de 2012 cumple con las exigencias previstas en los artículos 162 y
163 de la Ley 734 de 2002, en tanto contiene una imputación fáctica y jurídica
suficientemente clara, precisa y circunstanciada, que permitió al disciplinado conocer los
hechos que se le atribuyen y ejercer adecuadamente su derecho de defensa.

117. En efecto, del examen del referido acto se observa, en primer lugar, que la
autoridad disciplinaria delimitó el marco fáctico general de la imputación, consistente en
las presuntas irregularidades en la ejecución del convenio interadministrativo celebrado
para la construcción de la primera etapa de la Escuela Juan Pablo II del municipio de La
Dorada, incluyendo su valor, modificaciones y plazo de ejecución. Esta contextualización
no es accesoria, sino que constituye el eje estructural a partir del cual se comprenden
las conductas reprochadas.

118. En segundo lugar, el pliego desarrolla de manera detallada los hechos
jurídicamente relevantes, mediante la identificación concreta de múltiples contratos
celebrados en desarrollo del referido convenio, precisando respecto de cada uno de ellos
aspectos como su objeto, valor, plazo, intervinientes y, especialmente, las irregularidades
advertidas en su ejecución, tales como la ausencia de soportes contractuales,
deficiencias en la supervisión, incumplimientos contractuales, inconsistencias
documentales y falta de planeación. Así las cosas, lejos de tratarse de una imputación
genérica, el acto disciplinario desagrega las conductas en situaciones específicas
verificables.

119. A manera de ilustración de lo anterior, la Sala observa que el pliego de cargos no
se limita a formular reproches abstractos, sino que identifica irregularidades específicas
en contratos determinados. Así, por ejemplo, respecto del contrato de suministro núm.
29110701, se dejó constancia de que, pese a haberse entregado un anticipo del 50%, el
contratista no ejecutó el objeto contractual dentro del plazo previsto, lo que dio lugar a
requerimientos reiterados y al inicio de un procedimiento de caducidad, sin que se
evidenciara una actuación eficaz de la administración para asegurar su cumplimiento. En
otros contratos, como los de suministro de materiales (v.gr. cemento, triturado o arena),
se señaló la ausencia de soportes esenciales como registros presupuestales, actas de
liquidación o informes de interventoría, así como la falta de justificación de prórrogas y
adiciones contractuales. Incluso, se documentaron inconsistencias documentales
relevantes, como actas de inicio suscritas sin que la ejecución material del contrato
hubiera comenzado o liquidaciones contractuales que referían a números de contrato
distintos, lo que pone de presente fallas en el control administrativo y en la coherencia
de la documentación contractual. Estos ejemplos evidencian que la imputación
disciplinaria se construyó a partir de situaciones fácticas concretas, verificables y
diferenciadas, y no sobre afirmaciones genéricas o indeterminadas.

120. Por efectos metodológicos, la Sala presenta los siguientes siete cuadros de
elaboración propia, para esquematizar, la imputación efectuada en el pliego:

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

Tabla 1. Falta de planeación y fraccionamiento contractual

Hecho Norma Reproche Prueba (Pliego) Contratos
Ejecución de una obra Ley 80/93 Falta de planeación y Descripción Todos los
única mediante múltiples (principio de estructuración del general del contratos
contratos planeación); CDU proyecto esquema derivados del
interdependientes art. 34 contractual Convenio 755 de
fragmentado 2006
División artificial de la obra Ley 80/93 Fraccionamiento Queja inicial y Múltiples
en contratos de suministro contractual indebido análisis del modelo contratos
y mano de obra contractual (suministro +
obra)
Fuente: elaboración de la Sala.

Tabla 2. Incumplimiento contractual y deficiencias en ejecución

Hecho Norma Reproche Prueba Contrato
Anticipo del 50% sin Ley 80/93 Pago sin Acta de liquidación y Contrato
ejecución del objeto (responsabilidad) contraprestación resolución administrativa 29110701
Contrato no ejecutado Ley 80/93 Simulación de Acta firmada sin inicio 29110701
pese a acta de inicio ejecución real
Retrasos generalizados Ley 80/93 Ineficiencia Acta de visita (40% Proyecto
en ejecución contractual ejecución) global
Fuente: elaboración de la Sala.

Tabla 3. Irregularidades documentales

Hecho Norma Reproche Prueba Contrato
Dos CDP para un mismo Ley Doble imputación Documentos 131207011
objeto 80/93 presupuestal presupuestales
Dos estudios de conveniencia Ley Deficiencia en estudios Estudios duplicados 131207011
para mismo contrato 80/93 previos
Falta de CRP Ley Contratación sin respaldo Ausencia 13090701,
80/93 presupuestal documental 30080701, otros
Falta de actas de liquidación Ley Incumplimiento del ciclo Ausencia múltiples
80/93 contractual documental contratos
Falta de actas de inicio o Ley Irregularidad en Actas inconsistentes Varios
inconsistencias 80/93 formalización
Fuente: elaboración de la Sala.

Tabla 4. Fallas en interventoría y control

Hecho Norma Reproche Prueba Contrato
Ausencia de informes de Ley Falta de control No existen informes 13090701,
interventoría 80/93 18090701,
27080703
Incumplimientos no CDU art. Omisión funcional Requerimientos sin efecto 29110701
sancionados 34
No declaratoria de caducidad Ley Falta de control Actuación administrativa sin varios
pese a incumplimiento 80/93 disciplinario resultado
Fuente: elaboración de la Sala.

Tabla 5. Contratos sin ejecución o con ejecución defectuosa

Hecho Norma Reproche Prueba Contrato
Contrato adjudicado, pero no Ley Ineficacia contractual Falta de actas y 21060701
ejecutado 80/93 ejecución
Suspensión sin justificación Ley Arbitrio Acta sin soporte 18090701
80/93 administrativo
Contrato sin interventoría ni Ley Falta de control Ausencia total de 30080701
liquidación 80/93 soportes
Fuente: elaboración de la Sala.

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

Tabla 6. Irregularidades en adiciones y prórrogas

Hecho Norma Reproche Prueba Contrato
Adiciones sin justificación Ley Improvisación Falta de estudios varios
técnica 80/93 contractual
Prórrogas reiteradas Ley Planeación deficiente Múltiples 13090701 y
80/93 ampliaciones 22050702
Suspensiones por factores Ley Falta de previsión Invierno, materiales Varios
previsibles 80/93
Fuente: elaboración de la Sala.

Tabla 7. Irregularidades sistémicas o transversales

Hecho Norma Reproche Prueba Contratos
Falta de coordinación entre Ley Desarticulación Dependencia entre Todo
contratos 80/93 contractual contratos
Retrasos por suministro de Ley Mala estructuración Informes técnicos Múltiples
materiales 80/93
Paralización de obra Ley Afectación del interés Informe de avance Global
80/93 público
Fuente: elaboración de la Sala.

121. Con estos cuadros, la Sala muestra que la PGN no imputó hechos aislados, sino
un patrón sistemático de irregularidades contractuales, compuesto por: falta de
planeación estructural, fraccionamiento contractual, fallas en control e interventoría,
deficiencias documentales e ineficiencia en ejecución.

122. En tercer lugar, la Sala destaca que la Procuraduría no se limitó a enunciar
irregularidades de manera aislada, sino que articuló dichas situaciones dentro de una
hipótesis de reproche coherente, relacionada con la posible vulneración de los deberes
funcionales de dirección, vigilancia y control de la actividad contractual, así como con la
eventual configuración de irregularidades de mayor entidad en la estructuración y
ejecución de los contratos. Esta integración permite comprender la lógica de la
imputación y su relevancia disciplinaria.

123. En cuarto lugar, el pliego de cargos incorpora la adecuación típica provisional de
las conductas, al vincular los hechos descritos con normas específicas del régimen
disciplinario, lo cual satisface la exigencia de tipicidad en esta etapa del proceso, sin que
sea necesario un desarrollo exhaustivo propio del fallo. En este punto, la Sala anota que
al actor se le formularon de manera puntual, concreta y muy descriptiva los dos cargos
que a continuación se identifican:

a) Primero, le atribuyó a título de dolo, la comisión de la falta grave señalada en los
artículos 34 –numerales 1 y 5–, y 50 de la Ley 734 de 2002, que alude al
incumplimiento de los deberes, porque omitió los de vigilancia, seguimiento, tutela,
control y custodia que le correspondían como ordenador del gasto, y como delegante,
sobre las funciones delegadas15. Lo anterior por cuanto, no ejerció la debida
vigilancia, ni el efectivo control sobre los contratos indicados a pie de página 16, que

15 Obligaciones que están señaladas en los artículos 6, 123 y 209 de la Constitución y, 12 y 26 –numerales 1 y 5– de

la Ley 80 de 1993.
16 Contratos núms. 01020718 y 01020735 del 1 de febrero de 2007; 09030702 del 9 de marzo de 2007; 22030701 y

22030701 del 22 de marzo de 2007; 17040701 del 17 de abril de 2007; 07050 71 del 7 de mayo de 2007; 18050701
del 18 de mayo de 2007; 220507020 y 220507022 del 22 mayo de 2007; 6060703 del 6 de junio de 2007; 07060701
de 21 de junio de 2007; 21060701 de 21 de junio de 2007; 01080701 del 1 de agosto de 2007; 27080701, 27080703
del 27 de agosto de 2007; 30080701, 30080702 y 30080703 del 30 de agosto de 2007; 31080701 del 31 de agosto de
2007; 03090702 del 3 de septiembre de 2007; 18090701 del 18 de septiembre de 2007; 19090701 de 19 de septiembre

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

sus secretarios de despacho suscribieron en el marco del convenio interadministrativo
núm. 755 de 2006, en desarrollo de la delegación que él les hizo; ni adoptó medidas
para obtener el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas, pese a tener
conocimiento de los reiterados incumplimientos de estos y del saqueo y pérdida de
algunos de los bienes contratados. En ese sentido, se le reprochó también, que no
estuvo atento a las decisiones que tomaron los delegatarios respecto de los
mencionados contratos, para efectos de proceder a revocar el acto de delegación, o
adoptar las medidas a que hubiere lugar.

b) Segundo, la autoridad disciplinaria le imputó a título de dolo, el haber cometido la falta
gravísima establecida en el artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002, que refiere a
participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la
contratación estatal y la función administrativa17. Porque «incurrió en irregularidades
[en materia de planeación y responsabilidad, desde el punto de vista] precontractual
[… y] contractual […], al celebrar los contratos que se señalan a pie de página18,
[debido a que no tenían] estudios técnicos, planos y diseños», y […] no se elaboró
«certificado de registro presupuestal, actas de anticipo, informes de anticipo, actas
de liquidación ni informes de interventoría».

124. Finalmente, en lo que respecta al elemento subjetivo, la imputación a título de dolo
no se presenta como una afirmación vacía o indeterminada, sino que se sustenta en la
reiteración y sistematicidad de las irregularidades advertidas en el proceso contractual,
lo cual, prima facie, permite inferir un conocimiento y voluntad en la realización de las
conductas reprochadas.

125. En este orden de ideas, el pliego de cargos no adolece de vaguedad o
indeterminación fáctica ni jurídica, pese a la complejidad del caso, ni vulnera el derecho
de defensa del disciplinado, en la medida en que le proporcionó los elementos necesarios
para comprender la imputación y controvertirla. Por el contrario, se trata de un acto de
imputación estructurado que, aunque complejo por la naturaleza del asunto, no es
abstracto o indeterminado –pese al volumen de contratos–, no es genérico –sino
casuístico, pues, la referencia a un número significativo de contratos no impide la
comprensión de la imputación, en la medida en que estos son identificados y vinculados
a patrones de irregularidad claramente descritos–, la imputación subjetiva o de
culpabilidad a título de dolo no es arbitraria sino que estuvo razonada suficientemente,
por lo que satisface los estándares de claridad, precisión y congruencia exigidos por el
ordenamiento disciplinario.

126. En este contexto, la Sala concluye que el pliego de cargos formulado en el
presente asunto satisface las exigencias de claridad, precisión y determinación fáctica y
jurídica previstas en el artículo 163 de la Ley 734 de 2002, en tanto delimita un marco de
imputación comprensible, identifica conductas concretas y las vincula con los deberes

de 2007; 28090701 del 28 de septiembre de 2007; 24100701 del 24 de octubre de 2007; 09110701 del 9 de noviembre
de 2007; 161107031, 161107032 y 16110703 del 16 de noviembre de 2007; 29110701 de 29 de noviembre de 2007;
03120703 y 03120704 del 3 de diciembre de 2007; 13120708, 13120710, 13120711 del 13 de diciembre del 2007;
14120701 del 14 de diciembre de 2007; 19120704 y 19120705 del 19 de diciembre de 2007; 27120701 y 27120702
del 27 de diciembre de 2007.
17 Establecidos en la Constitución y en la ley.
18 Contratos núms. 03120703 y 03120704 del 3 de diciembre de 2007; 13120708, 13120710 y 13120711 del 13 de

diciembre del 2007; 14120701 del 14 de diciembre de 2007; 19120704 y 19120704 del 19 de diciembre de 2007; y
27120701 y 27120702 del 27 de diciembre de 2007.

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

funcionales presuntamente infringidos, permitiendo al disciplinado conocer el alcance del
reproche y ejercer su derecho de defensa de manera efectiva. En consecuencia, no se
configura la alegada indeterminación o generalidad de los cargos, ni se advierte
vulneración alguna del debido proceso. Por el contrario, la imputación disciplinaria se
ajusta a los estándares normativos que rigen esta etapa procesal, razón por la cual el
cargo de nulidad por indebida formulación del pliego de cargos no está llamado a
prosperar.

3.6. Estudio y resolución del tercer problema jurídico

127. Corresponde a la Sala determinar si la PGN estructuró válidamente el elemento
de tipicidad de la responsabilidad disciplinaria, al sancionar al demandante por el
incumplimiento del deber de vigilancia y control respecto de la actividad contractual
adelantada por sus delegatarios, e irregularidades en la actividad contractual que
desarrolló directamente, siendo que, según él, la adecuación típica fue deficiente, él no
respondía por los errores de los delegatarios y la norma que establece la responsabilidad
del delegante no estaba vigente para la época de los hechos.

3.6.1. Tipicidad de la falta disciplinaria

128. La tipicidad, como categoría dogmática del derecho disciplinario, encuentra su
fundamento en el principio de legalidad, entendido como expresión del debido proceso,
conforme al cual «nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio» (artículo 29 de la Constitución Política). Dicho principio
cumple la función de garantizar la libertad y seguridad individuales, al establecer de
forma previa y clara qué comportamientos son sancionables, y a la vez, preservar la
seguridad jurídica19.

129. A diferencia del derecho penal, el régimen disciplinario se caracteriza porque las
conductas constitutivas de falta no se encuentran descritas de manera cerrada o taxativa,
sino que están consignadas en tipos abiertos o en blanco, dada la imposibilidad del
legislador de prever de forma detallada todos los comportamientos reprochables de los
servidores públicos. Por ello, el tipo disciplinario se complementa con normas que
establecen deberes, mandatos y prohibiciones aplicables a cada cargo, de las cuales se
deriva la adecuación específica de la conducta20.

130. En este sentido, la Corte Constitucional ha precisado que los tipos abiertos o en
blanco son aquellos que remiten a normas complementarias que definen con mayor
precisión los deberes o prohibiciones vulnerados. Así, en la sentencia C-818 de 2005,
esa corporación sostuvo que los tipos abiertos son «aquellas infracciones disciplinarias
que ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de
comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un complemento normativo
integrado por las disposiciones en las que se establecen deberes, mandatos y
prohibiciones que resulten aplicables a los servidores públicos»21.

19 Constitución Política, art. 29.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de febrero de 2024, expediente 11001-03-

25-000-2021-00261-00.
21 Corte Constitucional, Sentencia C-818 de 2005.

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

131. Por consiguiente, el proceso de adecuación típica supone la verificación lógica y
razonada de la relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta y el
comportamiento desplegado por el disciplinado, de lo cual surge la contrariedad entre el
hecho y el deber funcional. En este análisis, la autoridad disciplinaria cuenta con un
margen de interpretación más amplio que en el ámbito penal, lo que no implica que pueda
extenderse hasta alterar o ampliar el tipo legal, pues ello desconocería el principio de
legalidad22.

132. De acuerdo con lo expuesto, el juicio de adecuación típica en materia disciplinaria
es el proceso detallado de razonamiento metodológico, mediante el cual se compara la
conducta real y comprobada de un servidor público con la descripción abstracta de una
falta establecida en la ley. En ese sentido, consiste en determinar si el comportamiento
encaja en el tipo disciplinario, garantizando el principio de legalidad23. Se trata de una
confrontación objetiva o subsunción lógica-jurídica, en la que se analiza si el hecho
probado coincide exactamente con los elementos normativos de la falta descrita en
el estatuto disciplinario u otras normas especiales, como ocurre con los tipos en blanco,
en los que, se requiere integrar la descripción típica con normas complementarias, tales
como, otras normas que establecen deberes o prohibiciones, por ejemplo, manuales de
funciones, reglamentos, entre otros, para establecer la falta con precisión24. Su
finalidad primordial es asegurar que no se sancione conducta alguna que no esté
previamente definida como falta en virtud del principio de legalidad en materia punitiva
en sentido estricto: nullum crimen, nulla poena sine lege, según el cual, ningún delito,
ninguna pena, sin ley previa, recogido por el constituyente de 1991 en el artículo 29.

3.6.3. Contenido y alcance de las normas imputadas en el pliego de cargos

3.6.3.1. Contenido y alcance del artículo 34.1 de la Ley 734 de 2002

133. El artículo 34.1 de la Ley 734 de 2002 establece:

«Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados
de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes,
los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y
disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes
superiores emitidas por funcionario competente».

134. Esta disposición señala el deber general de legalidad que rige el ejercicio de la
función pública, en virtud del cual todo servidor público no solo está obligado a ajustar
su conducta al ordenamiento jurídico, sino también a garantizar que la actividad
administrativa bajo su dirección se desarrolle conforme a dicho marco normativo.

135. El alcance de esta norma no se limita al cumplimiento personal de funciones, sino
que se extiende al deber de hacer que se cumplan las disposiciones legales por parte de

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de diciembre de 2022, expediente 11001-03-

25-000-2020-00210-00.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 06 de febrero de 2020, expediente 25000-23-
42-000-2013-06021-01(3003-17).
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de octubre de 2018, expediente 11001-03-

25-000-2013-00234-00(0530-13).

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

quienes intervienen en la gestión pública, lo cual adquiere especial relevancia en
estructuras administrativas jerarquizadas, como ocurre en el nivel territorial, donde el
alcalde actúa como jefe de la administración y director de la actividad administrativa del
municipio.

136. En ese sentido, el contenido de este deber incorpora una dimensión activa de
dirección, supervisión y control, en la medida en que el servidor público, particularmente
quien ejerce funciones de dirección, debe adoptar las medidas necesarias para asegurar
que sus subordinados actúen conforme a la Constitución y la ley.

137. Así, el incumplimiento de este deber puede configurarse tanto por acción como
por omisión, cuando el servidor público, pese a tener la competencia y la posición de
garante, no despliega las actuaciones necesarias para asegurar la sujeción de la
actividad administrativa al ordenamiento jurídico.

138. En el caso concreto, esta disposición resulta directamente aplicable en la medida
en que la imputación disciplinaria se fundamenta en la presunta omisión del demandante
en ejercer control sobre la actividad contractual del municipio, lo que implicaría no solo
el incumplimiento de sus funciones, sino también la falta de garantía de que los
delegatarios cumplieran las normas que regulan la contratación estatal.

3.6.3.2. Contenido y alcance del artículo 35.1 de la Ley 734 de 2002

139. El artículo 35.1 de la Ley 734 de 2002 establece:

«A todo servidor público le está prohibido:
1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas
en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y
disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo».

140. Esta disposición consagra una cláusula general de prohibición disciplinaria, en
virtud de la cual se proscribe cualquier conducta que implique el desconocimiento de los
deberes funcionales, el abuso de los derechos derivados del cargo o la extralimitación
en el ejercicio de las funciones asignadas.

141. El alcance de esta norma es amplio, en tanto no se circunscribe a una conducta
específica, sino que incorpora diversas formas de infracción al ordenamiento jurídico,
entre ellas, el incumplimiento de deberes previamente establecidos, lo que la convierte
en una norma de remisión directa a los deberes funcionales, como los previstos en el
artículo 34 ibídem.

142. En ese sentido, la prohibición de incumplir los deberes no solo se configura
cuando el servidor público omite de manera directa una obligación, sino también cuando,
estando en posición de garante, permite que la actividad administrativa bajo su dirección
se aparte del ordenamiento jurídico, ya sea por falta de control, supervisión o intervención
oportuna.

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

143. Así, la infracción a esta disposición puede materializarse tanto por acción como
por omisión, en la medida en que el servidor público deje de desplegar las actuaciones
necesarias para asegurar el cumplimiento de sus funciones o de las funciones a su cargo.

144. En el caso concreto, esta norma resulta relevante en tanto la imputación
disciplinaria se sustenta en la presunta omisión del demandante en ejercer control sobre
la ejecución de los contratos celebrados en desarrollo del Convenio 755 de 2006, lo cual,
de acreditarse, constituiría un incumplimiento de los deberes funcionales y, por ende,
una infracción a la prohibición consagrada en esta disposición.

3.6.3.3. Contenido y alcance del artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002

145. El artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002 dispone:

«Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
[…]
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación
estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.»

146. Esta disposición tipifica como falta gravísima la intervención del servidor público
en la actividad contractual en condiciones que impliquen un menoscabo del patrimonio
público o el desconocimiento de los principios que rigen la contratación estatal y la
función administrativa, elevando así el estándar de exigencia en materia de gestión
contractual.

147. El alcance de esta norma comprende no solo las actuaciones directas del servidor
público en la celebración o ejecución de contratos, sino también aquellas conductas que,
por acción u omisión, incidan de manera determinante en el desarrollo de la actividad
contractual, en la medida en que el concepto de «participar» no se limita a la suscripción
formal de contratos, sino que incluye la intervención funcional en cualquiera de sus
etapas, incluida la dirección, coordinación y control.

148. En ese sentido, la infracción a esta disposición puede configurarse tanto por
actuaciones comisivas como omisivas, cuando el servidor público, teniendo la
competencia o el deber funcional de intervenir en la actividad contractual, permite su
desarrollo en condiciones contrarias a los principios de legalidad, transparencia,
economía, responsabilidad y planeación, que orientan la contratación estatal.

149. De igual manera, la norma establece dos hipótesis autónomas de configuración
de la falta: (i) la participación en detrimento del patrimonio público y (ii) la participación
con desconocimiento de los principios de la contratación estatal, sin que sea necesario
que concurran ambas para que se configure la falta disciplinaria.

150. En el caso concreto, esta disposición resulta especialmente relevante, en tanto
los cargos formulados se fundamentan en presuntas irregularidades en la planeación,
ejecución y control de los contratos derivados del Convenio 755 de 2006, lo que podría
implicar un desconocimiento de los principios que rigen la contratación estatal,
particularmente los de responsabilidad, economía y planeación, así como una afectación
al adecuado manejo de los recursos públicos.

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

151. En consecuencia, la aplicación de esta norma exige verificar si la conducta del
disciplinado, en su calidad de alcalde y director de la actividad administrativa, implicó una
intervención en la actividad contractual en condiciones contrarias a los principios que la
rigen, o si, por el contrario, se trató de situaciones que no alcanzan el umbral de gravedad
exigido para la configuración de esta falta.

3.6.4. Medios de prueba

152. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente la Sala establece lo
siguiente:

153. Jaime Gutiérrez Ángel fue elegido alcalde del municipio de La Dorada, Caldas,
para el periodo 2004 – 2007.

154. A través de los Decretos 002 del 2 de enero de 2004 y 085 del 16 de julio de 2007,
delegó la facultad de ordenación del gasto en materia de contratación estatal en el
secretario general y administrativo, Ángel Antonio González Páez.

155. El 23 de diciembre de 2006, en calidad de alcalde, suscribió con la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Fondo de Inversión
para la Paz (Acción Social – FIP), el convenio interadministrativo de cooperación núm.
755, que tenía por objeto «llevar a cabo la construcción de la primera etapa de la Escuela
Juan Pablo II, del barrio de Las Ferias»; por valor de $2.528.935.261, de los cuales,
Acción Social – FIP aportó $1.284.810.738, y la entidad territorial $1.244.124.523. El
plazo inicial de ejecución era de 12 meses.

156. Mediante otrosí núm. 1 del 24 de abril de 2007, firmado por Jaime Gutiérrez Ángel
como alcalde, y Acción Social – FIP, el valor del convenio fue adicionado en
$955.531.314, de los cuales, Acción Social – FIP aportó $215.189.262, y el municipio
$740.342.052.

157. A través del otrosí núm. 2 del 18 de diciembre de 2007, también suscrito por Jaime
Gutiérrez Ángel, el plazo del convenio fue prorrogado 6 meses.

158. En desarrollo del mencionado convenio interadministrativo, el municipio suscribió
los contratos y sus adiciones que a continuación se presentan organizados en forma
cronológica, con la indicación de la modalidad de selección:

Tabla 8

Núm. del Fecha Objeto Funcionario que lo Contratista Valor
contrato suscribió
Contrato de 01/02/2007 Prestación de servicios Ángel Antonio Federico Arrieta $23.000.000
prestación de profesionales para la González Páez, Upegui.
servicios para la gerencia administrativa del como secretario Contratado a
gerencia proyecto «construcción de la general y través de
administrativa escuela Juan Pablo II» en el administrativo contratación
del proyecto, barrio las ferias del Municipio directa.
0102071825 de la Dorada
Contrato de 01/02/2007 Prestación de servicios Ángel Antonio David Angello $20.000.000
prestación de cumpliendo servicios labores González Páez, Jiménez Franco.
servicios de residente de la obra civil como secretario Contratado a
«construcción de la escuela general y través de
Juan Pablo II» en el barrio las administrativo

25 Samai Consejo de Estado índice 36, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo zip
«45RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL63042022Lina(.pdf) NroActua 36», folio 211 a 213.

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

0102073526, ferias del Municipio de la contratación
para residente Dorada directa.
de obra
Contrato de 22/03/2007 Adquirir a título de suministro Ángel Antonio Augusto Gabriel $8.259.200
suministro con destino a la Secretaría de González Páez, Ruiz,
2203070127 Planeación postes de como secretario representante
concreto con destino a la general y legal de Serrano
construcción de la escuela administrativo Gómez Pretecor
Juan Pablo II del barrio las LTDA.
ferias del Municipio de la Contratado a
Dorada través de
contratación
directa
Contrato de obra 22/03/2007 Construcción de un box Ángel Antonio Henry Arenas
2203070228 culvert en el sector donde se González Páez, Castila.
construirá la escuela Juan como secretario Contratado a
Pablo II del barrio las ferias general y través de
del Municipio de la Dorada, administrativo contratación
Caldas para el manejo de directa.
aguas lluvias en el sector del
caño San Javier entre calle
45 y calle 46c.
Contrato de obra 22/03/2007 Movimiento de tierra para la Ángel Antonio Henry Arenas
2203703 construcción de un box González Páez, Castilla
culvert en el sector donde se como secretario
construirá la escuela Juan general y
Pablo II del barrio las ferias administrativo
del Municipio de la Dorada
Contrato de 17/04/2007 Suministrar 172.344 bloques Ángel Antonio Bloquera doña $189.578.400
suministro estructurales No. 12, González Páez, Juana.
17040701 resistencia de 25 kg/cm2, con como secretario Representante
dimensiones 12x20x40 cm, general y legal Simón
con destino a la construcción administrativo Moreno
de la escuela Juan Pablo II
del barrio las ferias del
Municipio de la Dorada
Contrato de obra 07/05/2007 Construcción de un muro de Ángel Antonio ARQUIGEN CIA $15.298.823
07050701 cerramiento, con destino a la González Páez, LTDA.
construcción de la escuela como secretario Representante
Juan Pablo II del barrio las general y legal Omar
ferias del Municipio de la administrativo Manrique Ramírez
Dorada
Contrato de 09/05/2007 Prestación de servicios Ángel Antonio José Luis Caicedo. $20.000.000
prestación de profesionales de topografía González Páez, Contratado a
servicios para el proyecto como secretario través de
0903070229 «construcción de la escuela general y contratación
Juan Pablo II» en el barrio las administrativo directa.
ferias del Municipio de la
Dorada
Contrato de obra 18/05/2007 Construcción del bloque de Ángel Antonio ARQUIGEN CIA $51.873.060
1805070130 restaurante del proyecto González Páez, LTDA.
Pablo II del barrio las ferias como secretario Representante
del Municipio de la Dorada general y legal Omar
administrativo Manrique Ramírez.
Contratado a
través de proceso
de selección.
Contrato de obra 22/05/2007 Construcción de 28 aulas, Ángel Antonio ARQUIGEN CIA $147.945.488
22050702 con destino a la construcción González Páez, LTDA
de la escuela Juan Pablo II como secretario
del barrio las ferias del general y
Municipio de la Dorada administrativo
Contrato de obra 22/05/2007 Construcción del edificio Ángel Antonio ARQUIGEN CIA $135.550.846
2205070331 administrativo de la escuela González Páez, LTDA.

26 Samai Consejo de Estado índice 33, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo zip
«42RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL63042022ESCA(.pdf) NroActua 33», archivo pdf «ESPEDIENTE LA DORADA»,
archivo pdf «untitled.pdf», folio 103 a 107
27 Samai Consejo de Estado índice 35, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo zip
«50RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20260407zip(.zip) NroActua 37», archivo pdf «cuaderno 956-1453», archivo pdf
«folios 953-983.pdf », folio 3 y 5
28 Samai Consejo de Estado índice 33, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo zip
«42RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL63042022ESCA(.pdf) NroActua 33», archivo pdf «ESPEDIENTE LA DORADA»,
archivo pdf «untitled.pdf», folio 18 a 47
29 Samai Consejo de Estado índice 33, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo zip
«42RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL63042022ESCA(.pdf) NroActua 33», archivo pdf «ESPEDIENTE LA DORADA»,
archivo pdf «2.pdf, folio 9 a 12
30 Samai Consejo de Estado índice 33, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo zip
«42RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL63042022ESCA(.pdf) NroActua 33», archivo pdf «ESPEDINTE -109-2927-2008
• CUADERNO 3», archivo pdf «03.pdf», folio 42. Acta de ampliación
31 Samai Consejo de Estado índice 34, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo pdf
«41RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL63042022CUAD(.pdf) NroActua 32», folio 3.

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

Juan Pablo II del barrio las como secretario Representante
ferias del Municipio de la general y legal Omar
Dorada administrativo Manrique Ramírez
Contrato de 06/06/2007 Suministrar 24.500 bultos de Ángel Antonio Cemex Colombia $379.750.000
suministro cemento gris x50 kg tipo González Páez, S.A.
06060703 Portland Tipo I, con destino a como secretario Representante
la escuela Juan Pablo II del general y legal: José Luis
barrio las ferias del Municipio administrativo Garnica Nova
de la Dorada
Contrato de obra 07/06/2007 Construcción del edificio de Ángel Antonio Carlos Julio de $36.297.378
0706070132 baños para la escuela Juan González Páez, Salvador
Pablo II del barrio las ferias como secretario Ahumada.
del Municipio de la Dorada general y Contratado como
administrativo resultado de la
adjudicación
realizada mediante
resolución 619 del
31 de mayo de
2007, producto de
la contratación
pública SGA-0507-
020
Contrato de 13/06/2007 Vigilancia y verificación, Ángel Antonio Oscar de la Torre $86.400.000
interventoría mediante interventoría González Páez, Avilés
13070701 técnica y administrativa sobre como secretario
la ejecución y cumplimiento general y
de las obligaciones administrativo
contraídas por los
contratistas de la escuela
Juan Pablo II, Primera Etapa,
como son la construcción de:
bloque central administrativo,
bloque de aulas, bloque de
restaurante, obras exteriores
y urbanismo, bloque de
baños, puente articulador,
edificio central administrativo
y rampas de acceso a
salones, bloque preescolar,
así como el control
relacionado con la medida,
calidad, oportunidad y pago
de las obras
Contrato de 21/06/2007 Suministro de aparatos Ángel Antonio F.F Soluciones $48.997.556
suministro sanitarios con destino a la González Páez, S.A.,
21060701 escuela Juan Pablo II del como secretario representante
barrio las ferias del Municipio general y legal: Hugo Alberto
de la Dorada administrativo Forero Vargas
Contrato de 27/07/2007 Construcción del edificio de Ángel Antonio ARQUIGEN CIA $147.495.488
adición 28 aulas de la escuela Juan González Páez, LTDA
27060807, que Pablo II del barrio las ferias como secretario
adiciona el del Municipio de la Dorada general y
contrato de obra administrativo
22050702
Contrato de 27/08/2007 Mano de obra para la Ángel Antonio Jesús Antonio $7.394.396
mano de obra conformación de un talud en González Páez, Vargas Jiménez
27080701 bolsa de cemento entre las como secretario
zonas de restaurante y general y
canchas desarrollado dentro administrativo
del proyecto construcción de
la escuela Juan Pablo II del
barrio las ferias del Municipio
de la Dorada
2708070333 27/08/2007 Suministro de hierro Ángel Antonio Comercial G & J $361.000.001
requerido con destino a la González Páez, S.A.
construcción de la escuela como secretario Representante
Juan Pablo II del barrio las general y legal: Gustavo
ferias del Municipio de la administrativo Alberto Ramírez
Dorada Ovalle.
Contratado a
través de la
licitación pública
009 adjudicada
mediante
resolución del 22
de agosto de 2007

32 Samai Consejo de Estado índice 34, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo pdf
«43RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL63042022CARP(.pdf) NroActua 34», folio 5 a 11.
33 Samai Consejo de Estado índice 31, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo zip
«48RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202604072zi(.zip) NroActua 31», archivo pdf «c10-2774.pdf», folio 7 a 9.

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

Contrato de 30/08/2007 Suministro de triturado con Ángel Antonio Ramiro Rubio $57.715.000
suministro destino a la construcción de González Páez, García
30080701 la escuela Juan Pablo II del como secretario
barrio las ferias del Municipio general y
de la Dorada administrativo
Contrato de 30/08/2007 Suministro de arena para Ángel Antonio Ramiro Rubio $30.800.000
suministro concreto y revoque con González Páez, García.
destino a la construcción de como secretario Contratado a
3008070234 la escuela Juan Pablo II del general y través de la
barrio las ferias del Municipio administrativo invitación pública
de la Dorada SGA 0807-040
adjudicado
mediante
resolución 1012
del 29 de agosto
de 2007.
Contrato de 30/08/2007 Mano de obra para las obras Ángel Antonio Jesús Ernesto $93.611.799
mano de obra exteriores de urbanismo del González Páez, Montealegre.
3008070335 proyecto de construcción de como secretario Contratado a
la escuela Juan Pablo II del general y través de la
barrio las ferias del Municipio administrativo invitación pública
de la Dorada SGA0807-042
adjudicado
mediante
resolución 1013
del 29 de agosto
de 2007.
Contrato de 31/08/2007 Suministro de lámina Ángel Antonio Comercial G & J $125.000.000
suministro galvanizada coloborante González Páez, S.A.
3108070136 Steel deck calibre 20 de 2 como secretario Representante
pulgas con destino a la general y legal: Gustavo
construcción de la escuela administrativo Alberto Ramírez
Juan Pablo II del barrio las Ovalle.
ferias del Municipio de la Contratado a
Dorada través de la
licitación pública
010 adjudicado
mediante
resolución 1014
del 29 de agosto
de 2007
Contrato de 03/09/2009 Suministro de cubiertas para Ángel Antonio Comercial G & J $53.582.504
suministro los edificios que se González Páez, S.A.
03090702 ejecutaran en la primera fase como secretario Representante
de la construcción de la general y legal: Gustavo
escuela Juan Pablo II del administrativo Alberto Ramírez
barrio las ferias del Municipio Ovalle
de la Dorada
Contrato de obra 13/09/2007 Suministro de materiales, Ángel Antonio Jairo Cárdenas $89.701.687
y suministros elaboración e instalación de González Páez, Fonseca.
1309070137 la estructura metálica del como secretario Contratado a
bloque de restaurante del general y través de
proyecto construcción de la administrativo contratación
escuela Juan Pablo II del directa
barrio las ferias del Municipio
de la Dorada
Contrato de 18/09/2007 Suministro de tubería PVC Ángel Antonio F.F Soluciones $33.427.306
suministro con destino a la construcción González Páez, S.A.,
18090701 de la escuela Juan Pablo II como secretario representante
del barrio las ferias del general y legal: Hugo Alberto
Municipio de la Dorada administrativo Forero Vargas
Contrato 19/09/2007 Adición en la cláusula Ángel Antonio Jairo Cárdenas $44.850.843
adicional séptima del contrato González Páez, Fonseca
19090701, al 13090701 como secretario
contrato de obra general y
y suministros administrativo
13090701
Contrato de 28/09/2007 Prestación de servicios Ángel Antonio Eleazer Blanco $10.500.000
prestación de profesionales de revisión, González Páez, Mojocoa.
servicios coordinación, y control como secretario

34 Samai Consejo de Estado índice 35, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo zip
«50RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20260407zip(.zip) NroActua 37», archivo pdf «cuaderno 659-955», archivo pdf
«folios 717-748.pdf », folio 57 y 60
35 Samai Consejo de Estado índice 38, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo zip
«51RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202604073zi(.zip) NroActua 38», archivo pdf «CUADERNO 20», archivo pdf
«C20. Fls 5932 a 5955.pdf» folio 3 a 5.
36 Samai Consejo de Estado índice 35, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo zip
«50RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20260407zip(.zip) NroActua 37», archivo pdf «cuaderno 659-955», archivo pdf
«folios 776-810.pdf », folio 55 y 57
37 Samai Consejo de Estado índice 35, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo zip
«50RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20260407zip(.zip) NroActua 37», archivo pdf «cuaderno 422-658», archivo pdf
«folios 422-471.pdf», folio 25 y 99.

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

2809070138 técnico permanentes general y Contratado a
necesarios para la administrativo través de
actualización de todos los contratación
planos constructivos de la directa
escuela Juan Pablo II en el
barrio las ferias del Municipio
de la Dorada
Contrato de 24/10/2007 Contratar la mano de obra Ángel Antonio Jesús Ernesto $32.633.946
mano de obra para la construcción de dos González Páez, Montealegre.
2410070139 edificios de preescolar con como secretario Contratado a
destino a la construcción de general y través de la
la escuela Juan Pablo II del administrativo invitación pública
barrio las ferias del Municipio SGA0907-051
de la Dorada adjudicado
mediante
resolución 1129
del 25 de
septiembre de
2007
Contrato 29/10/2007 Modificar la duración del Ángel Antonio Jairo Cárdenas
adicional contrato de obra y suministro González Páez, Fonseca
29100701, al 13090701 como secretario
contrato de obra general y
y suministros administrativo
13090701
Contrato 09/11/2007 Contrato adicional en tiempo Ángel Antonio Comercial G & J $108.633.809
adicional y valor al contrato 27080703 González Páez, S.A. Contratado a
0911070140 como secretario través de la
general y licitación pública
administrativo 009 adjudicada
mediante
resolución del 22
de agosto de 2007
Contrato de 16/11/2007 Suministro e instalación de Ángel Antonio Jesús Ernesto $79.000.605
suministro acometidas y aparatos González Páez, Montealegre.
1611070141 eléctricos de los bloques de como secretario Contratado a
aulas y baños de la escuela general y través de
Juan Pablo II del barrio las administrativo contratación
ferias del Municipio de la directa.
Dorada
Contrato de 16/11/2007 Suministro e instalación de Ángel Antonio Jesús Ernesto $70.770.766
suministro acometidas y aparatos González Páez, Montealegre
16110703 eléctricos de los bloques como secretario
administrativos, preescolar y general y
restaurante de la escuela administrativo
Juan Pablo II del barrio las
ferias del Municipio de la
Dorada
Contrato de 16/11/2007 Alquiler de maquinaria Ángel Antonio Jairo Echeverry $10.492.250
alquiler consistente en descapotar González Páez, Campuzano
16110704 1083 m3 de material como secretario
orgánica, corte explotación y general y
cargue de 3086 m3 de administrativo
material de peña, colocación
y conformación 3086 m3 de
material de peña con destino
a la construcción de la
escuela Juan Pablo II del
barrio las ferias del Municipio
de la Dorada
Contrato de 29/11/2007 Suministro de adoquines en Ángel Antonio Carlos Julio de $53.356.000
suministro gres para los pisos en las González Páez, Salvador
2911070142 zonas externas de la como secretario Ahumada.
construcción de la escuela general y Contratado a
Juan Pablo II del barrio las administrativo través de la
ferias del Municipio de la adjudicación
Dorada. realizada mediante
resolución 1311

38 Samai Consejo de Estado índice 36, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo zip
«45RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL63042022Lina(.pdf) NroActua 36», folio 79 a 81
39 Samai Consejo de Estado índice 31, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo zip
«48RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202604072zi(.zip) NroActua 31», archivo pdf «c19-5694.pdf», folio 3 a 9
40 Samai Consejo de Estado índice 35, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo zip
«50RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20260407zip(.zip) NroActua 37», archivo pdf «cuaderno 422-658», archivo pdf
«folios 422-471.pdf», folio 2 y 3.
41 Samai Consejo de Estado índice 35, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo zip
«50RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20260407zip(.zip) NroActua 37», archivo pdf «cuaderno 4430-4792», archivo pdf
«folios 4430-4471.pdf», folio 5 y 7
42 Samai Consejo de Estado índice 33, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo zip
«42RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL63042022ESCA(.pdf) NroActua 33», archivo pdf « ESPEDIENTE 109-2927-08»,
archivo pdf «parte2.pdf», folio 5 a 7

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

del 15 de
noviembre de
2007, producto de
la invitación
pública SGA-1007-
052.
Contrato de 03/12/2007 Prestación de servicios Jaime Gutiérrez Federico Arrieta $9.200.000
prestación de profesionales para la Ángel, alcalde Upegui.
servicios para la gerencia administrativa del Contratado a
gerencia proyecto «construcción de la través de
administrativa escuela Juan Pablo II» en el contratación
del proyecto, barrio las ferias del Municipio directa.
0312070343 de la Dorada
Contrato de 03/12/2007 Prestación de servicios Jaime Gutiérrez David Angello $9.200.000
prestación de cumpliendo laborales de Ángel, alcalde Jiménez
servicios residente de la obra civil
03120701, para «construcción de la escuela
el residente de Juan Pablo II» en el barrio las
obra ferias del Municipio de la
Dorada
Contrato de 13/12/2007 Contratar la mano de obra Municipio de la Jesús Antonio $26.456.650
mano de obra para la construcción de la Dorada (en el Vargas J. $14.675.385
1312071144 segunda etapa del muro de expediente no está el
cerramiento de la escuela contrato, solo está el
Juan Pablo II del barrio las acta de liquidación)
ferias del Municipio de la
Dorada.
Contrato de 13/12/2007 Mano de obra para la Jaime Gutiérrez Rosalba Echeverry $79.209.726
mano de obra excavación del canal abierto Ángel, alcalde Campuzano
13120710 en tierra para aguas lluvias en
el sector sur del lote de la
escuela Juan Pablo II del
barrio las ferias del Municipio
de la Dorada
Contrato de 13/12/2007 Suministro e instalación de Jaime Gutiérrez Jairo Cárdenas $59.807.437
suministro estructuras metálicas de los Ángel, alcalde Fonseca.
bloques preescolar Contratado a
1312070845 administrativo, baños y aulas través de invitación
de la escuela Juan Pablo II pública SGA 1107-
del barrio las ferias del 061 adjudicado
Municipio de la Dorada mediante
resolución 1443 de
2007
Contrato 13/12/2007 Valor inicial: $86.400.000. Ángel Antonio José Oscar de la $122.400.000
Adicional 001, al Plazo: 6 meses. Valor González Páez, Torre Avilés
contrato de adicionado: $36.000.000. como secretario
interventoría Plazo adicional: 2.5 meses. general y
13070701 Cláusula cuarta: plazo de administrativo
ejecución el plazo de
ejecución será de 2.5 meses
a partir del vencimiento
estipulado en el contrato
inicial. Motivo adición:
ampliación de los plazos en
los contratos en la
construcción de la escuela
Juan Pablo II a causa del
invierno
Contrato de obra 14/12/2007 Suministro e instalación de Jaime Gutiérrez Carolina Lozano $67.082.724
y de suministro iluminación de exterior de la Ángel, alcalde Castellanos
1412070146 escuela Juan Pablo II del
barrio las ferias del Municipio
de la Dorada
Contrato de 19/12/2007 Suministro de tubería PVC Jaime Gutiérrez F.F Soluciones $16.088.888
suministro requerido para la elaboración Ángel, alcalde S.A.,
1912070447 del sanitario para la escuela representante
Juan Pablo II del barrio las

43 Samai Consejo de Estado índice 36, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo pdf
«45RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL63042022Lina(.pdf) NroActua 36», folio 7 a 9.
44 Samai Consejo de Estado índice 33, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo zip
«42RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL63042022ESCA(.pdf) NroActua 33», archivo pdf «ESPEDINTE -109-2927-08-
CUADERNO 2», archivo pdf «01.pdf», folio 3 a 5. Supervisión de obra
45 Samai Consejo de Estado índice 35, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo zip
«50RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20260407zip(.zip) NroActua 37», archivo pdf «cuaderno 956-1453», archivo pdf
«folios 956-983.pdf », folio 55 y 56
46 Samai Consejo de Estado índice 37, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo zip
«50RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20260407zip(.zip) NroActua 37», archivo pdf «CONTRATO 14120701 3-»,
archivo pdf «CONTRATO 14120701 1..pdf », folio 43 y 44. Actas
47 Samai Consejo de Estado índice 35, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo zip
«50RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20260407zip(.zip) NroActua 37», archivo pdf «cuaderno 956-1493», archivo pdf
«folios 1089-1120.pdf », folio 11 y 13

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

ferias del Municipio de la legal: Hugo Alberto
Dorada Forero Vargas.
Contratado a
través de invitación
pública SGA 1107-
056 adjudicado
mediante
resolución 1145
del 13 de
diciembre de 2007
Contrato de 19/12/2007 Alquiler de maquinaria para el Jaime Gutiérrez Jairo Echeverry $10.621.700
alquiler traslado de salida de aguas Ángel, alcalde Campuzano
19120705 lluvias del lindero sur-oriental
del lote donde se ubicará la
escuela Juan Pablo II del
barrio las ferias del Municipio
de la Dorada
Contrato de 19/12/2007 Manos de obra para la Jaime Gutiérrez Pedro Echeverry $10.756.200
mano de obra construcción de muro en Ángel, alcalde
19120706 tierra armada en el lindero sur
de la escuela Juan Pablo II
del barrio las ferias del
Municipio de la Dorada
Contrato de 27/12/2007 Suministro de pisos para Jaime Gutiérrez Jesús Ernesto $45.550.000
suministro zona de baños y cocina de la Ángel, alcalde Montealegre.
2712070148 escuela Juan Pablo II del Contratado a
barrio las ferias del Municipio través de invitación
de la Dorada pública SGA 1207-
068 adjudicado
mediante
resolución 1509
del 27 de
diciembre de 2007
Contrato de 27/12/2007 Suministro e instalación de Jaime Gutiérrez Jesús Ernesto $65.338.673
suministro acometidas y Ángel, alcalde Montealegre.
2712070249 transformadores de la Contratado a
escuela Juan Pablo II del través de la
barrio las ferias del Municipio contratación
de la Dorada directa 001
adjudicado
mediante
resolución 1510
del 27 de
diciembre de 2007
Fuente: elaboración de la Sala.

159. El 22 de abril de 2008, el siguiente alcalde, periodo 2008 – 2011, Justo Capera
Caicedo, y su secretario de Planeación, Jorge Enrique Ángel Villada, remitieron a la PGN
un documento informando sobre presuntas irregularidades ocurridas durante la
planeación, suscripción y ejecución de los contratos antes señalados.

160. A través del otrosí núm. 3 del 7 de julio de 2008, suscrito entre Acción Social –
FIP, y el alcalde del periodo 2008 – 2011, Justo Capera Caicedo, el plazo del convenio
interadministrativo núm. 755 de 2006, fue prorrogado 6 meses adicionales.

161. Mediante autos del 9 de junio y 11 de diciembre de 2008, respectivamente, la
Procuraduría Provincial de Manizales ordenó abrir indagación preliminar e investigación
disciplinaria, por las presuntas irregularidades en las que pudo incurrir Jaime Gutiérrez
Ángel, exalcalde de La Dorada, en la construcción de la primera etapa de la Escuela
Juan Pablo II, por fraccionamiento, falta de planeación e incumplimiento del deber de
vigilancia y control sobre los delegatarios. El proceso disciplinario se identificó con el
núm. lUC- 109-2927-2008.

48 Samai Consejo de Estado índice 35, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo zip
«50RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20260407zip(.zip) NroActua 37», archivo pdf «cuaderno 956-1493», archivo pdf
«folios 1234-1279.pdf », folio 45 y 47
49 Samai Consejo de Estado índice 31, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo zip
«48RECIBEMEMORIAL_OneDrive_202604072zi(.zip) NroActua 31», archivo pdf «c18-5492.pdf», folio 6 a 7

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

162. Por medio de auto del 17 de junio de 2009, proferido por la Procuraduría Provincial
de Manizales, se prorrogó por el término de tres meses la investigación disciplinaria
adelantada contra Jaime Gutiérrez Ángel en su calidad de exalcalde del municipio de La
Dorada, en atención a la necesidad de analizar y estudiar la documentación contractual
y sus anexos relacionados con la ejecución del Convenio núm. 755 de 2006 para la
construcción de la primera etapa de la escuela Juan Pablo II, y se dispuso la práctica de
pruebas adicionales y la comisión de funcionaria para continuar con las diligencias
investigativas50.

163. Oficio de fecha 22 de octubre de 2009, suscrito por la alcaldesa (e) del municipio
de La Dorada, Caldas, dirigido al personero municipal César Augusto Salazar Cuéllar,
mediante el cual la administración se pronuncia frente al proceso de licitación pública 04
de 2009, relacionado con la continuación de las obras de la primera etapa de la escuela
Juan Pablo II, indicando que el proceso de selección se adelantó bajo la modalidad de
licitación pública conforme a la Ley 80 de 1993 y el Decreto 2474 de 2008, que se
garantizaron las oportunidades de participación y observación de los interesados, que se
atendieron las observaciones formuladas —incluyendo la modificación del índice de
endeudamiento—, y que, con fundamento en una consultoría previa, se determinó un
presupuesto aproximado de $3.351 millones para culminar la obra, ajustando los precios
a condiciones de mercado, concluyendo que el proceso contractual se desarrolló
conforme a la normativa vigente y con sujeción a los principios de la contratación
estatal51.

164. A través de auto del 27 de diciembre de 2010, la Contraloría Departamental de
Caldas ordenó abrir proceso de responsabilidad fiscal, porque la auditoría que dicha
entidad hizo a la obra en marzo de ese año arrojó que apenas se había ejecutado en un
60%, además, que se encontraba deteriorada, y que los materiales de construcción
estaban a la intemperie «sin ninguna evidencia de conservación». La Contraloría también
señaló, que la administración municipal debió hacer una licitación pública para la
realización del proyecto y no una contratación fragmentada, improvisada y sin
planeación, que generó falta de seguimiento, control y monitoreo, lo que derivó en una
gran obra inconclusa; situación que permitió fragmentar las responsabilidades de los
funcionarios públicos como de los particulares52.

165. Mediante auto del 20 de marzo de 2012 la Procuraduría Provincial de Manizales
formuló dos cargos contra el accionante, entre otras, por falta de planeación,
fraccionamiento e incumplimiento del deber de vigilancia y control sobre los
delegatarios53 (ver párrafo 123 de esta providencia).

166. En el mismo auto del 20 de mazo de 201254, la entidad ordenó investigar «por
cuerda separada» y por los mismos hechos, a Ángel Antonio González Páez y Alberto
Jaramillo Lopera, secretarios de despacho durante el periodo 2004 – 2007; Justo Capera
Caicedo, alcalde 2008 – 2011; Ramiro García Avilés y Andrea Arroyave Barrera,

50 Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo rar
«ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.RAR) NROACTUA 2»,/carpeta «EXPDIG»/cuaderno 3/ / folios 25 a 26.
51 Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo rar

«ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.RAR) NROACTUA 2»,/carpeta «EXPDIG»/cuaderno 2/ / folios 304 a 306
52 Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo rar

«ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.RAR) NROACTUA 2»,/carpeta «EXPDIG»/cuaderno 2/ / folios 141 a 178
53 Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo rar

«ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.RAR) NROACTUA 2»,/carpeta «EXPDIG»/cuaderno 3/ / folios 27 a 85.
54 En el que la autoridad disciplinaria formuló el pliego de cargos contra el exalcalde Jaime Gutiérrez Ángel.

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

secretarios de despacho 2008 – 2011; así como a José Óscar de la Torre Avilés, Jorge
Mario Rojas Giraldo y Jesús Ernesto Montealegre, interventores.

167. El demandante presentó sus descargos el 18 de abril de 2012. Alegó que: (i) de a
acuerdo con la Ley 489 de 1998, él no es responsable por las omisiones de los
delegatarios, (ii) él no participó directa ni indirectamente en la etapa precontractual, ni en
la actividad contractual porque delegó la facultad de contratar en sus secretarios de
despacho, (iii) la labor de vigilancia y control de la ejecución contractual corresponde a
los interventores, por lo tanto, eran ellos los responsables de verificar las irregularidades
señaladas en el pliego de cargos, y no él como alcalde, (iv) la vigilancia a la ejecución de
los contratos 13120711, 13120710; 13120708; 19120704; 27120701; 14120701;
27120702, 03120703 y 03120704, correspondía a la siguiente administración, porque
fueron suscritos en diciembre de 2007, y él culminó su periodo como alcalde ese año, y
(v) la PGN no estudió con rigor el elemento culpabilidad.

168. En el escrito de descargos también solicitó que se recaudaran las siguientes
pruebas: (i) los actos administrativos por medio de los cuales delegó la ordenación del
gasto; (ii) los manuales de contratación vigentes al 31 de diciembre de 2007, y los
vigentes para el momento de la investigación disciplinaria, 2012; (iii) certificación en la
que constara quienes fueron interventores en los contratos señalados en el pliego de
cargos; (iv) certificación en la cual constara qué funcionarios tuvieron la labor de elaborar
los estudios previos, y quién los suscribió; (v) hoja de vida de su secretario de planeación
y obras públicas; (vi) testimonios de Alberto Jaramillo Lopera, Ángel Antonio González
Páez y de Francisco Javier Zuluaga Alzate, quienes fueron secretario de planeación,
secretario general y administrativo y secretario de hacienda, durante su administración,
(vii) permitirle rendir versión libre, y (ix) realizar una inspección judicial al archivo
municipal, o al sitio en el cual reposan todos los expediente contractuales.

169. Mediante auto del 2 de mayo de 2012 la Procuraduría Provincial de Manizales
accedió a decretar la mayoría de las pruebas solicitadas. Negó la solicitud de
certificaciones sobre los encargados de hacer los estudios previos, y respecto de los
interventores, bajo la consideración de que con ello la defensa buscaba dilatar la
investigación para que prescribiera la acción disciplinaria, y además porque «realizó un
estudio de […] 22 cuadernos […] con 6.681 folios, en los cuales se señala […] quien era
el interventor o supervisor […] de cada contrato, de allí que se ordenara compulsar copias
[…] en el artículo tercero del pliego de cargos, para que por cuerda separada se
investigara a los interventores, contratista y secretarios de Despacho […]». También
negó la práctica de una inspección judicial al archivo municipal porque toda la
documentación de los contratos le había sido remitida por la alcaldía.

170. Mediante auto del 4 de julio de 2012, proferido por la Procuraduría Provincial de
Manizales, se resolvió una solicitud adicional de pruebas presentada por el disciplinado,
en la que reiteró la petición de los testimonios de Alberto Jaramillo Lopera y Ángel
Antonio González Páez, secretarios de despacho durante el periodo 2004 – 2007, así
como una prueba documental consistente en la certificación de los niveles de pluviosidad
y precipitación en la región entre los años 2000 y 2007. En dicha providencia se indicó
que, los testimonios de los mencionados exfuncionarios habían sido decretados en el
auto de pruebas, y que no había sido posible citar a Ángel Antonio González Páez porque
su dirección al parecer estaba errada. Sin embargo, dispuso que los testimonios debían
circunscribirse a los argumentos de defensa del investigado, advirtiendo que los

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

mencionados declarantes también eran investigados por los mismos hechos en otro
proceso disciplinario, por lo que no podían ser interrogados sobre su propia
responsabilidad. Por otra parte, decretó la prueba documental solicitada, al considerarse
pertinente para acreditar las condiciones climáticas que habrían incidido en la ejecución
de las obras55.

171. El 22 de agosto de 2012, el demandante solicitó la nulidad de lo actuado porque:
(i) la renuencia de Ángel Antonio González Páez y Alberto Jaramillo Lopera de
presentarse a declarar, y la omisión de la PGN de conducirlos a rendir su testimonio,
vulneraban su derecho al debido proceso, y (ii) en este caso, por factor conexidad, era
necesario acumular en un solo proceso todas las investigaciones.

172. Mediante auto del 27 de agosto de 2012, proferido por la Procuraduría Provincial
de Manizales, se negó la solicitud de nulidad. En la referida providencia se indicó que la
diligencia de recepción del testimonio de Ángel Antonio González Páez había sido
aplazada en varias oportunidades, por solicitud del testigo, y que Alberto Jaramillo
Lopera manifestó que no rendiría declaración en ejercicio de su derecho a la no
autoincriminación, en tanto se encontraba investigado por los mismos hechos en otro
proceso disciplinario. El despacho consideró que no se configuraban las causales de
nulidad previstas en los artículos 143, 145 y 146 de la Ley 734 de 2002, al no
evidenciarse un vicio sustancial que afectara el debido proceso, precisando que ya se
había proferido pliego de cargos el 20 de marzo de 2012 y que, aunque del acervo
probatorio se advertía la posible participación de otros funcionarios, se dispuso iniciar
investigaciones separadas. Asimismo, concluyó que no existía vulneración del derecho
de defensa, toda vez que se habían decretado y practicado pruebas, y que la negativa
de los mencionados declarantes obedecía al ejercicio legítimo de su derecho
constitucional a no autoincriminarse56.

173. Por medio del auto del 6 de septiembre de 2012, la Procuraduría Provincial de
Manizales negó el recurso de reposición interpuesto por el disciplinado contra el auto del
27 de agosto de 2012 que negó la solicitud de nulidad de la actuación disciplinaria, en el
cual el recurrente alegó la vulneración del derecho de defensa por la negativa de aplicar
el factor de la conexidad para efectos de unificar en una sola las investigaciones
disciplinarias, la necesidad de acudir a la figura del testigo renuente ante la no
comparecencia de Ángel Antonio González Páez, y la culminación de la declaración de
Alberto Jaramillo, debido a que fue suspendida. Al resolver el recurso, el despacho
consideró que no se había vulnerado el debido proceso ni el derecho de defensa, y que,
por el contrario, se habían decretado y practicado pruebas incluso en exceso del término
legal, reiterando que no procedía la acumulación por conexidad una vez formulado pliego
de cargos y que los mencionados declarantes no eran testigos renuentes sino sujetos
investigados por los mismos hechos, quienes podían acogerse legítimamente al derecho
a no auto incriminarse57.

174. Visita especial al colegio Juan Pablo II (control de gestión y preventivo), radicado
2009-028. Diligencia adelantada por la Personería de La Dorada el 5 de agosto de 2011,

55 Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo rar
«ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.RAR) NROACTUA 2»,/carpeta «EXPDIG»/cuaderno 3/ / folios 148 a 152.
56 Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo rar

«ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.RAR) NROACTUA 2»,/carpeta «EXPDIG»/cuaderno 3/ / folios 155 a 158
57 Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo rar

«ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.RAR) NROACTUA 2»,/carpeta «EXPDIG»/cuaderno 3/ / folios 159 a 161

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

en la cual el personero municipal, en compañía de la profesional Gloria Ulloa, realizó
visita a las instalaciones de la obra de la institución educativa Juan Pablo II, siendo
atendidos por la ingeniera María Jimena Henao Salgado, quien informó que las obras
eran ejecutadas por Acción Social a través de dos operadores constructores, GENSA y
Cocivieq Ltda.; durante el recorrido se constató que varios bloques, especialmente el
administrativo, de aulas y el área infantil, presentaban problemas de humedad, oxidación
de hierros y formación de grietas, al punto que algunos muros requerían demolición por
encontrarse expuestos a la intemperie sin pañetado, mientras que otros sectores, como
el bloque ejecutado por Cocivieq Ltda., se encontraban en proceso de entrega;
igualmente, se dejó constancia de que la obra aún se encontraba en estado de obra gris
y que, según lo manifestado por el ingeniero Luis Fernando Cárdenas, su entrega estaba
prevista para el 31 de diciembre de 2011, disponiéndose finalmente oficiar a los
constructores para que remitieran el cronograma de actividades de la obra58.

175. Se encuentra en el expediente la declaración de Alberto Jaramillo Lopera,
exsecretario de planeación, en la cual indica lo siguiente59: se desempeñó como
secretario de planeación del municipio de La Dorada en dos periodos consecutivos
(2001–2003 y 2004–2007), explicó que dicha dependencia tenía a su cargo funciones
centrales en la planeación y estructuración de proyectos públicos, entre ellas la
elaboración de diseños, presupuestos, estudios de conveniencia y factibilidad, así como
la coordinación y supervisión técnica de las obras. Aclaró que la fase contractual
propiamente dicha no estaba bajo su competencia, la cual correspondía a la oficina
jurídica del municipio. En relación con el proyecto de construcción de la Escuela Juan
Pablo II, indicó que participó en su desarrollo desde la etapa inicial (2005–2006),
precisando que el proyecto originalmente estaba previsto en un lote distinto, pero debió
ser reubicado por razones de seguridad asociadas a su cercanía con un centro
penitenciario. Esta situación obligó a rediseñar el proyecto en un nuevo terreno, lo que
permitió incluso ampliar su alcance, aunque también implicó ajustes técnicos y
presupuestales.

176. Señaló que, dada la magnitud del proyecto, se conformó un comité técnico
municipal, del cual hizo parte y en el que actuó como coordinador entre la obra y el
comité, función que consistía en canalizar los problemas técnicos y decisiones
necesarias para su evaluación en ese órgano. Dentro de ese rol, le correspondió liderar
la elaboración de los diseños, presupuestos y estudios que definieron el alcance del
proyecto. Indicó que el proyecto inicial era de gran envergadura, pero al advertirse
insuficiencia de recursos, se optó por una ejecución por etapas, iniciando con una
primera fase que incluía la construcción de aulas, áreas administrativas, servicios
sanitarios y restaurante escolar, dejando por fuera otros componentes como
preescolares, canchas y teatro. Posteriormente, debido a ahorros obtenidos en el
proceso de contratación, se decidió incorporar algunos elementos adicionales dentro de
esa primera etapa.

177. En cuanto a la ejecución, explicó que se estructuró un cronograma general de
aproximadamente diez meses, en el cual se programaron tanto la contratación de
materiales como la de mano de obra. Para facilitar la ejecución, se contrató un gerente

58 Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo rar
«ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.RAR) NROACTUA 2»,/carpeta «EXPDIG»/cuaderno 2/ / folios 308 a 312
59 Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo rar

«ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.RAR) NROACTUA 2»,/carpeta «EXPDIG»/cuaderno 3/ / folios 133 a 136.

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

del proyecto, encargado de coordinar aspectos técnicos, logísticos y de ejecución, y de
servir de enlace entre contratistas, interventoría y administración. Precisó que la oficina
de planeación elaboraba los soportes técnicos de los contratos, los cuales eran firmados
por él y remitidos a la oficina jurídica, responsable de la celebración de los mismos.
Asimismo, señaló que la contratación de materiales se realizó mediante la modalidad
de licitaciones por «especies», lo cual permitió obtener precios más favorables al eliminar
intermediarios.

178. En relación con el desarrollo de la obra, indicó que esta inició hacia marzo o abril
de 2007, pero enfrentó múltiples dificultades que afectaron su normal ejecución, entre
ellas: (i) la necesidad de construir previamente un box culvert para el manejo de aguas
lluvias, obra que dependía de recursos de otras entidades: gobernación y Corpocaldas,
que se demoraron en llegar; (ii) retrasos en el traslado de redes eléctricas por parte de
la empresa CHEC, lo que impedía avanzar en ciertas zonas del proyecto; (iii) la repetición
de procesos de contratación de materiales esenciales (como cemento y hierro), al
haberse declarado desiertas algunas licitaciones, lo que generó demoras adicionales;
(iv) un invierno particularmente intenso y atípico, que, según indicó, paralizó la obra
durante aproximadamente seis meses, situación documentada en la bitácora del
proyecto.

179. También explicó que se adoptaron medidas para la adecuada administración de
los materiales adquiridos, tales como la contratación de vigilancia permanente, la
construcción de un almacén y la implementación de un sistema de inventarios.
Finalmente, señaló que al terminar el año 2007 la obra no había concluido, pero se
encontraba en ejecución, con materiales adquiridos y contratos de mano de obra
vigentes, correspondiendo a la administración siguiente su culminación. De manera
enfática, el declarante reiteró que su intervención fue de carácter técnico y de planeación,
sin asumir responsabilidad en la celebración de contratos, y que su rol se limitó a la
estructuración del proyecto y a la coordinación técnica dentro del comité designado para
su ejecución.

180. Se encuentra en el expediente la declaración de Jaime Gutiérrez Ángel, en la cual
indica lo siguiente60: expuso de manera general el origen, estructuración y ejecución del
proyecto de construcción de la Escuela Juan Pablo II, así como la organización
administrativa adoptada para su desarrollo. Indicó que el proyecto surgió desde el inicio
de su administración en 2004, a partir de la necesidad de mejorar las condiciones de
infraestructura educativa existentes, las cuales presentaban problemas de hacinamiento,
deterioro físico y afectaciones por inundaciones. En ese contexto, hacia finales de 2005
e inicios de 2006 se adelantaron los estudios de planeación y la gestión de recursos,
logrando la vinculación de entidades como Acción Social, que participó en la evaluación
técnica, aprobación y acompañamiento del proyecto. Señaló que, una vez estructurado
y aprobado el proyecto, se decidió iniciar su ejecución en el año 2007, sobre la base de
una planeación previamente validada por las entidades involucradas.

181. En cuanto a la organización administrativa, explicó que desde el inicio de su
mandato delegó la función de contratación y la calidad de ordenador del gasto en el
secretario administrativo, Ángel Antonio González Páez, a quien consideraba idóneo por

60Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo rar
«ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.RAR) NROACTUA 2»,/carpeta «EXPDIG»/cuaderno 3/ / folios 140 a 141.

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

su formación jurídica. Asimismo, indicó que la parte técnica del proyecto estuvo a cargo
de la Secretaría de Planeación, liderada por el arquitecto Alberto Jaramillo Lopera, y que
adicionalmente se dispuso la designación de un gerente del proyecto: Federico Arrieta,
encargado de articular la ejecución entre el municipio, los contratistas y los proveedores.

182. Precisó que solo hasta el 1 de diciembre de 2007 retomó directamente la función
de ordenador del gasto y la facultad contractual, lo que implica que la mayor parte de la
ejecución contractual del proyecto se desarrolló bajo el esquema de delegación
previamente establecido.

183. En relación con la ejecución de la obra durante el año 2007, el declarante señaló
que esta se vio afectada por diversas circunstancias externas al municipio, entre ellas,
un invierno de gran intensidad que generó retrasos en las obras; la necesidad de
trasladar redes eléctricas de alta tensión, cuya competencia correspondía a la empresa
CHEC, lo que implicó demoras de aproximadamente cuatro meses; dificultades en la
adquisición de materiales de construcción, como cemento, debido a que varios procesos
de licitación fueron declarados desiertos, lo que generó retrasos adicionales superiores
a 90 días; indicó que estas dificultades obligaron a ajustar cronogramas y otorgar plazos
a los contratistas, decisiones que eran evaluadas de manera permanente en los consejos
de gobierno, con el fin de adoptar soluciones y garantizar la continuidad del proyecto;
finalmente, manifestó que al cierre de su administración, el 31 de diciembre de 2007, la
obra se encontraba en plena ejecución, sin que —según su apreciación— existieran
novedades relevantes o irregularidades conocidas en ese momento. Añadió que el
gerente del proyecto cumplía funciones de coordinación general, actuando como enlace
entre la administración, los contratistas y los proveedores, con el propósito de resolver
los problemas que surgieran durante la ejecución.

184. En relación con la declaración del entonces secretario de hacienda, Francisco
Javier Zuluaga Alzate, destacó que, si bien este explicó que el manejo presupuestal del
proyecto se realizó mediante un certificado de disponibilidad presupuestal global, con el
propósito de garantizar el flujo de caja y la continuidad de la obra, lo cierto es que también
puso de presente que el alcalde participaba activamente en los espacios de dirección
administrativa, particularmente en los consejos de gobierno, en los cuales se analizaba
el avance de la ejecución contractual. En efecto, el declarante señaló que el mandatario
local siempre estuvo al tanto de la ejecución y que sostenía reuniones con el gerente del
proyecto, el comité técnico y la interventoría, lo que evidencia que no era ajeno al
desarrollo de la obra ni a las dificultades que esta presentaba. En ese sentido, lejos de
exonerarlo, dicha prueba fue valorada por la autoridad disciplinaria como indicativa de
que el demandante tenía conocimiento directo del estado de la contratación y contaba
con la posibilidad real de adoptar medidas correctivas, lo que refuerza la imputación por
omisión en el ejercicio de sus deberes de vigilancia y control61.

185. Notificado el traslado para alegar de conclusión previo al fallo disciplinario de
primera instancia, el demandante no hizo uso de tal derecho.

186. En fallo de primera instancia del 28 de septiembre de 2012, la Procuraduría
Provincial de Manizales declaró disciplinariamente responsable a Jaime Gutiérrez Ángel,
en su condición de alcalde municipal de La Dorada (Caldas) para el periodo 2004–2007,

61Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado, expediente 17001-23-33-000-2015-00299-01, archivo rar
«ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.RAR) NROACTUA 2»,/carpeta «EXPDIG»/cuaderno 3/ / folios 137 a 139.

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

dentro de la investigación adelantada con ocasión de las presuntas irregularidades en la
ejecución del proyecto de construcción de la primera etapa de la Escuela Juan Pablo II,
financiado mediante el Convenio Interadministrativo 0755 suscrito con Acción Social.

187. A través de auto del 22 de abril de 2013, proferido en el proceso disciplinario
IUC518316, la Procuraduría Provincial de Manizales ordenó el archivo, por prescripción
de la acción disciplinaria, de la investigación adelantado contra Justo Capera Caicedo,
alcalde 2008 – 2011; Ángel Antonio González Páez, secretario general y administrativo
2004 - 2007; Alberto Jaramillo Lopera, secretario de planeación 2004 - 2007; y de los
interventores Ramiro García Avilés; Andrea Arroyave Barrera; José Oscar La Torre Ávila,
Jorge Mario Rojas Giraldo y Jesús Ernesto Montealegre. El órgano de control adujo que,
en el caso de los mencionados servidores públicos, el término de prescripción empezaba
a contarse desde la fecha de suscripción de los contratos controvertidos, es decir, 23 de
diciembre de 2006, por lo que para ese momento, 22 de abril de 2013, se había
consumado el fenómeno prescriptivo.

188. A través de Resolución 023 del 9 de diciembre de 2014, la Procuraduría Regional
de Caldas, emitió fallo disciplinario de segunda instancia: confirmó la sanción de
destitución impuesta en primera instancia y modificó el término de inhabilidad,
reduciéndolo de 15 a 12 años. En términos generales, el fallo de segunda instancia se
concentra en indicar que el demandante es responsable por incumplir el deber de
planeación, y por omitir el control de tutela sobre las responsabilidades del delegatario.

3.6.3. Análisis sustancial de la Sala para resolver el tercer problema jurídico

189. En relación con el tercer problema jurídico, la Sala procede a verificar si la PGN
estructuró válidamente el elemento de tipicidad de la responsabilidad disciplinaria, frente
a los reproches formulados por el demandante, relativos a la supuesta deficiencia en la
adecuación típica, la imposibilidad de atribuirle responsabilidad por actuaciones de sus
delegatarios, y la presunta aplicación retroactiva de normas.

190. La Sala resalta de entrada que, a lo largo de la actuación disciplinaria y del
presente proceso, el demandante no controvirtió de manera sustancial la existencia de
las irregularidades advertidas en la ejecución contractual del convenio
interadministrativo, sino que orientó su defensa a cuestionar su imputación personal, al
sostener que dichas actuaciones fueron desarrolladas por funcionarios delegados, que
ocurrieron parcialmente con posterioridad a su administración, o que se produjeron en el
marco de la confianza legítima en sus subalternos. En ese sentido, el debate no se centró
en la ocurrencia de las anomalías contractuales, sino en la atribución de responsabilidad
disciplinaria al alcalde en su condición de ordenador del gasto.

191. Al recapitular la actuación disciplinaria, se tiene que en el pliego de cargos se
formularon dos reproches diferenciados: (i) la omisión en el deber de vigilancia y control
respecto de los contratos derivados del referido convenio, pese a la delegación de la
función contractual en el secretario administrativo; y (ii) la existencia de múltiples
irregularidades precontractuales y contractuales, tales como la ausencia de estudios
técnicos, planos y diseños, la falta de actas de inicio, de anticipo y de liquidación, la
inexistencia de informes de interventoría y la demora en la ejecución de varios contratos
suscritos a finales del año 2007.

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

192. En fallo de primera instancia del 28 de septiembre de 2012, la Procuraduría
Provincial de Manizales declaró disciplinariamente responsable a Jaime Gutiérrez Ángel,
en su condición de alcalde municipal de La Dorada, Caldas, para el periodo 2004–2007,
dentro de la investigación adelantada con ocasión de las presuntas irregularidades en la
ejecución del proyecto de construcción de la primera etapa de la Escuela Juan Pablo II,
financiado mediante el Convenio Interadministrativo 0755 suscrito con Acción Social.

193. Al resolver de fondo, la Procuraduría abordó de manera expresa el análisis de
ambos cargos, comenzando por el primero, frente al cual concluyó que el disciplinado,
en su condición de máxima autoridad administrativa del municipio, no quedó exonerado
de responsabilidad por el hecho de haber delegado la función contractual, en tanto
conservaba deberes de dirección, orientación, seguimiento y control sobre la actividad
de sus subalternos. En esa línea, sostuvo que la delegación no implica un
desprendimiento absoluto de la función, sino la permanencia de un vínculo funcional que
impone al delegante la obligación de ejercer vigilancia efectiva sobre la ejecución de los
contratos.

194. En relación con el segundo cargo, la autoridad disciplinaria identificó y valoró un
conjunto de irregularidades específicas en la actividad contractual, particularmente en
varios contratos suscritos en diciembre de 2007, en los cuales se evidenciaron
deficiencias en la planeación, ausencia de soportes documentales esenciales y retrasos
en la ejecución. Tales irregularidades no fueron tratadas como hechos aislados, sino
como manifestaciones concretas del funcionamiento irregular del esquema contractual
adoptado por la administración municipal, lo que permitió a la Procuraduría integrarlas
dentro del juicio de responsabilidad disciplinaria.

195. De esta manera, la decisión no estructuró responsabilidades independientes por
cada cargo, sino que los articuló en una imputación unitaria, en la que la omisión del
deber de vigilancia y control se proyectó en las múltiples irregularidades contractuales
acreditadas en el expediente, las cuales sirvieron de soporte fáctico para demostrar la
inobservancia de los deberes funcionales del disciplinado.

196. Para arribar a esa conclusión, la Procuraduría valoró un conjunto de pruebas
documentales y testimoniales, entre las que se destacan el convenio interadministrativo,
los contratos derivados del mismo, los actos de delegación de funciones, así como las
declaraciones de funcionarios de la administración municipal, quienes dieron cuenta de
la estructura del proyecto, las dificultades en su ejecución y el conocimiento que el
disciplinado tenía sobre su desarrollo. A partir de este acervo probatorio, la autoridad
disciplinaria infirió que el alcalde conocía las condiciones de ejecución del proyecto y,
pese a ello, omitió ejercer el control que le era exigible en su condición de jefe de la
administración municipal.

197. La Procuraduría Regional de Caldas, mediante la Resolución 023 del 9 de
diciembre de 2014, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera
instancia que había sancionado a Jaime Gutiérrez Ángel con destitución e inhabilidad
general por 15 años, dentro de la investigación relacionada con irregularidades en la
ejecución del proyecto de la Escuela Juan Pablo II.

198. En la decisión, la autoridad de segunda instancia reconstruyó integralmente el
proceso disciplinario, reiterando que en el pliego de cargos se formularon dos cargos

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

claramente diferenciados: (i) la omisión en el deber de vigilancia y control frente a los
contratos celebrados por los delegatarios, pese al conocimiento de incumplimientos que
afectaron la ejecución de la obra; y (ii) la existencia de múltiples irregularidades
precontractuales y contractuales, particularmente en contratos suscritos en diciembre de
2007, caracterizados por deficiencias de planeación, ausencia de soportes documentales
y retrasos en su ejecución.

199. Al abordar el recurso de apelación, la Procuraduría analizó los argumentos de la
defensa, especialmente aquellos orientados a: (i) negar la responsabilidad del
disciplinado por hechos ocurridos en 2008; (ii) sostener que la delegación lo eximía de
responsabilidad; y (iii) cuestionar la valoración probatoria de las irregularidades
contractuales. Frente a ello, la segunda instancia rechaza de manera expresa la tesis de
la exoneración por delegación, reiterando que el alcalde, como jefe de la administración,
conserva deberes de dirección, coordinación y control, los cuales no pueden ser
transferidos completamente al delegatario.

200. En cuanto a los cargos, la Procuraduría de segunda instancia no modificó la
estructura de imputación del fallo inicial, sino que la confirma en su integridad, al
considerar acreditado que el disciplinado: (i) conocía el desarrollo del proyecto y las
dificultades en su ejecución —como se desprende de los testimonios y de su propia
versión libre—; y (ii) omitió adoptar medidas eficaces para garantizar el cumplimiento de
los contratos. En ese sentido, las irregularidades contractuales identificadas en múltiples
contratos no fueron descartadas ni relativizadas, sino que fueron valoradas
como manifestaciones concretas de la falta de control atribuida al disciplinado.

201. De manera particularmente relevante, la segunda instancia no absolvió ni excluyó
ninguno de los cargos formulados. Por el contrario, confirmó la responsabilidad
disciplinaria con fundamento en ambos cargos, manteniendo la lógica del fallo de primera
instancia, en la que la omisión del deber de vigilancia (primer cargo) se proyectó en las
irregularidades contractuales acreditadas (segundo cargo), integrando así una
imputación unitaria.

202. La Procuraduría confirmó la sanción impuesta, al estimar que la conducta del
disciplinado comprometió de manera grave los principios de la función administrativa y
de la contratación estatal, particularmente los de planeación, responsabilidad y eficacia,
al permitir la ejecución desarticulada de un proyecto de alto impacto social sin ejercer el
control que le era exigible en su condición de alcalde.

203. En relación con la modificación de la sanción —de quince a doce años de
inhabilidad—, la Sala advierte que la autoridad disciplinaria de segunda instancia acudió
a los criterios de graduación de la sanción previstos en el artículo 47 de la Ley 734 de
2002, conforme al cual la sanción debe dosificarse atendiendo, entre otros aspectos, a
la gravedad de la falta, el grado de culpabilidad, la naturaleza del servicio afectado, la
jerarquía del servidor, la trascendencia social de la conducta y las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que se ejecutó. En aplicación de dichos parámetros, si bien
mantuvo la calificación de las faltas atribuidas, como gravísima y grave, y la imputación
subjetiva a título de culpa grave, la segunda instancia estimó que la sanción inicialmente
impuesta resultaba desproporcionada, en la medida en que el disciplinado no ejecutó
directamente las irregularidades contractuales, sino que su responsabilidad se estructuró
por omisión en el deber de vigilancia y control; adicionalmente, valoró que las conductas

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

se desarrollaron en el marco de un proyecto de alta complejidad técnica y administrativa,
con intervención de múltiples actores y dificultades externas en su ejecución, así como
el hecho de que parte de la ejecución contractual trascendió el período de gobierno del
investigado. En ese contexto, concluyó que tales circunstancias incidían en la intensidad
del reproche y justificaban una reducción de la sanción, a efectos de ajustarla a los
principios de proporcionalidad y razonabilidad que rigen la potestad disciplinaria.

204. En cuanto a la tipicidad, la Sala advierte que la imputación disciplinaria no se
construyó de manera genérica o indeterminada, como lo sostiene el actor, sino a partir
de la identificación concreta de un conjunto de conductas verificables, consistentes en la
omisión del deber de vigilancia y control sobre la actividad contractual desarrollada en el
marco del convenio interadministrativo núm. 755 de 2006, así como en la concurrencia
de múltiples irregularidades específicas en la ejecución de los contratos derivados del
mismo. Dichas irregularidades fueron individualizadas en el pliego de cargos y en los
fallos disciplinarios, mediante la referencia a contratos determinados, a las falencias
documentales y técnicas advertidas, y a los incumplimientos en la ejecución, lo cual
satisface las exigencias de determinación fáctica y jurídica propias del derecho
disciplinario.

205. De la lectura conjunta del pliego de cargos y de los fallos disciplinarios de primera
y segunda instancia, la Sala identifica de manera sistemática que las irregularidades se
agrupan en tres niveles:

 Primer nivel. Irregularidades estructurales o transversales del proyecto: falta de
planeación del proyecto, fraccionamiento contractual de una obra unitaria,
desarticulación entre contratos, lo que generó dependencia entre ellos, y paralización,
uso de CDP global y manejo irregular del respaldo presupuestal, retrasos
generalizados y suspensión de contratos, y ejecución sin coordinación técnica
suficiente.

 Segundo nivel. Irregularidades por omisión funcional del alcalde (cargo 1): no ejerció
control ni supervisión, no adoptó medidas frente a incumplimientos conocidos,
permitió paralización de obras, no garantizó ejecución contractual.

 Tercer nivel. Irregularidades contractuales concretas (cargo 2): respecto de los
contratos específicos (enlistados en el pliego de cargos y en los fallos disciplinarios
de primera y segunda instancia): deficiencias en los estudios previos (técnicos,
diseños, planos), incumplimiento de plazos, falta de documentos esenciales, tales
como, actas de inicio, actas de anticipo, actas de liquidación, informes de
interventoría, CRP, informes de ejecución de anticipos, ejecución desordenada y
tardía.

206. A continuación, utilizando nuevamente la metodología de cuadros esquemáticos,
la Sala reconstruye el diseño general de imputación disciplinaria empleado por la PGN
en el caso concreto:

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

Tabla 9. Irregularidades transversales

Hecho Norma Infringida Reproche Disciplinario Prueba
Falta de planeación del Arts. 23, 25, 26 Violación del principio de Queja inicial y estructura
proyecto Escuela Juan Pablo Ley 80 / Art. 209 planeación contractual fragmentada
II CP
Fraccionamiento contractual Arts. 23 y 25 Ley Desconocimiento de Informe que advierte múltiples
de una obra unitaria 80 selección objetiva y contratos para una sola obra
planeación
Interdependencia de Art. 26 Ley 80 Ineficiencia administrativa Descripción de ejecución
contratos que genera escalonada y bloqueos entre
paralización contratistas
Uso de CDP global y no Arts. 23 y 25 Ley Falta de rigor presupuestal Testimonio de Hacienda
individualizado 80 (CDP global)
Retrasos generalizados y Art. 209 CP Ineficacia de la función Informes y testimonios
suspensiones administrativa técnicos
Fuente: elaboración de la Sala.

Tabla 10. Cargo 1 – omisión de control

Hecho Norma Reproche Prueba
No ejerció vigilancia sobre Art. 34-1 Ley Incumplimiento del deber Pliego de cargos y
contratos delegados 734 / Art. 209 funcional confirmación en segunda
CP instancia
No adoptó medidas frente a Art. 23 Ley 80 Tolerancia de Informes de interventoría
incumplimientos conocidos incumplimientos referenciados
Permitió paralización de la obra Art. 209 CP Afectación del servicio público Estado de ejecución del
proyecto
Delegación sin control Arts. 209 CP y Desconocimiento de Análisis jurídico de la PGN
posterior 12 Ley 80 responsabilidad del delegante
Fuente: elaboración de la Sala.

207. En los siguientes cuadros, la sala reconstruirá una matriz detallada por tipo de
irregularidad, por lo que se referirá a las irregularidades contractuales encontradas por
la PGN en los contratos 3120711, 13120710, 13120708, 19120704, 27120701,
19120705, 14120701, 27120702, 03120703 y 03120704.

Tabla 11. Falta de estudios previos.

Contrato Hecho Norma Reproche Prueba
Todos los contratos No existían estudios técnicos, Art. 25 Ley Violación del principio de Formulación del
listados planos ni diseños 80 planeación cargo 2
Fuente: elaboración de la Sala.

Tabla 12. Incumplimiento de plazos

Contrato Hecho Norma Reproche Prueba
Todos No se ejecutaron dentro del plazo Art. 26 Ley 80 Ineficiencia contractual Cargo 2
Fuente: elaboración de la Sala.

Tabla 13. Falta de actas de inicio

Contrato Hecho Norma Reproche Prueba
Todos No hay actas de inicio Art. 23 Ley 80 Irregular inicio de ejecución Cargo 2
Fuente: elaboración de la Sala.

Tabla 14. Falta de actas de anticipo

Contrato Hecho Norma Reproche Prueba
Todos No hay soporte del anticipo Art. 25 Ley 80 Manejo irregular de recursos Cargo 2
Fuente: elaboración de la Sala.

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

Tabla 15. Falta de actas de liquidación

Contrato Hecho Norma Reproche Prueba
Todos No existe liquidación Art. 60 Ley 80 (implícito) Cierre irregular del contrato Cargo 2
Fuente: elaboración de la Sala.

Tabla 16. Falta de informes de interventoría

Contrato Hecho Norma Reproche Prueba
Todos No hay informes de interventoría Art. 26 Ley 80 Falta de control técnico Cargo 2
Fuente: elaboración de la Sala.

Tabla 17. Falta de CRP

Contrato Hecho Norma Reproche Prueba
Todos No hay registro Art. 71 Estatuto Compromisos sin Cargo 2 + testimonio
presupuestal individual Presupuestal (implícito) respaldo Hacienda
Fuente: elaboración de la Sala.

Tabla 18. Falta de informes de ejecución de anticipo

Contrato Hecho Norma Reproche Prueba
Todos No hay control del anticipo Art. 25 Ley 80 Riesgo patrimonial Cargo 2
Fuente: elaboración de la Sala.

208. De acuerdo con lo expuesto, las irregularidades no son aisladas, sino que
conforman un patrón estructural de desorden contractual. En ese sentido, el primer cargo
por el que fue sancionado, omisión de control, es el eje jurídico; mientras que el segundo
cargo, irregularidades contractuales, es el soporte fáctico detallado.

209. Del examen conjunto de los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia,
la Sala advierte que la responsabilidad del demandante no fue estructurada a partir de
hechos aislados o contingencias puntuales de la ejecución contractual, sino sobre la base
de un patrón sistemático de irregularidades que comprometieron de manera integral la
planeación, estructuración y ejecución del proyecto de construcción de la primera etapa
de la Escuela Juan Pablo II. En efecto, desde la propia génesis del proceso contractual
se evidencia una deficiente configuración del proyecto, caracterizada por la
fragmentación de una obra unitaria en múltiples contratos de suministro y de mano de
obra, cuya ejecución resultaba interdependiente, lo que generó un esquema
desarticulado que propició suspensiones, retrasos y dificultades operativas en cadena.

210. En ese contexto, la Procuraduría estableció que dicha estructuración contractual
no obedecía a una adecuada planeación, sino que, por el contrario, desconocía los
principios que rigen la contratación estatal, en particular los de planeación, economía y
responsabilidad, al punto que la ejecución de los contratos dependía de la culminación
de otros, produciendo una paralización progresiva de la obra. A ello se suma la utilización
de mecanismos presupuestales inadecuados, como la expedición de certificados de
disponibilidad presupuestal globales, sin individualización por contrato, lo cual fue
corroborado a partir de la prueba testimonial reseñada, especialmente, la declaración del
secretario de hacienda, evidenciando así deficiencias estructurales en la gestión
financiera del proyecto.

211. Sobre esta base fáctica, la autoridad disciplinaria articuló el primer cargo, relativo
a la omisión en el deber de vigilancia y control, concluyendo que el disciplinado, en su

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

condición de alcalde y máxima autoridad administrativa del municipio, no podía
sustraerse de su responsabilidad mediante la delegación de la función contractual. En
efecto, si bien la contratación fue formalmente delegada en el secretario administrativo,
la Sala observa —en consonancia con lo sostenido por la PGN— que el demandante
conservaba un deber funcional de dirección, seguimiento y control, el cual se tornaba
exigible con mayor intensidad dada la magnitud del proyecto y su impacto social. La
omisión en el ejercicio de dicho deber se evidencia en la ausencia de medidas efectivas
frente a los reiterados incumplimientos contractuales, lo que permitió la prolongación de
las irregularidades y la afectación de la ejecución de la obra.

212. El segundo cargo, lejos de constituir un reproche autónomo desligado del anterior,
recoge y concreta las manifestaciones específicas de dicha omisión, a partir de la
identificación detallada de múltiples irregularidades en los contratos suscritos,
particularmente aquellos celebrados en diciembre de 2007. En relación con estos, la
Procuraduría acreditó la ausencia de estudios previos suficientes, la inexistencia de
planos y diseños técnicos, la falta de actas de inicio, de anticipo y de liquidación, así
como la carencia de informes de interventoría y de registros presupuestales adecuados,
lo que pone en evidencia una ejecución contractual carente de los mínimos soportes
técnicos, jurídicos y financieros exigidos por el ordenamiento.

213. Estas irregularidades, examinadas en su conjunto, no pueden ser entendidas
como simples falencias atribuibles a funcionarios subalternos o a aspectos técnicos del
proyecto, sino como la expresión de un funcionamiento administrativo deficiente que
comprometía directamente la responsabilidad del jefe de la entidad territorial. En efecto,
la reiteración y generalización de dichas anomalías en múltiples contratos, aunada a su
impacto en la ejecución del proyecto, permite inferir razonablemente que el disciplinado
no solo tenía la posibilidad de conocerlas, sino que, en virtud de su posición jerárquica y
de su participación en instancias de dirección administrativa, contaba con la capacidad
real de intervenir para corregirlas, sin que exista evidencia de que hubiese adoptado
decisiones eficaces en tal sentido.

214. Así las cosas, la Sala encuentra que la Procuraduría no estructuró la
responsabilidad disciplinaria sobre la base de imputaciones fragmentadas, sino mediante
una integración lógica de los dos cargos formulados, en la que la omisión del deber de
vigilancia y control se proyecta en las múltiples irregularidades contractuales acreditadas
en el expediente. En este sentido, los defectos en la planeación, la desarticulación
contractual, las falencias documentales y las deficiencias en la ejecución no son hechos
autónomos, sino manifestaciones concretas de la inobservancia de los deberes
funcionales del disciplinado.

215. La Sala reitera que, a lo largo de la actuación disciplinaria y del presente proceso,
el demandante no controvirtió de manera sustancial la existencia de las irregularidades
advertidas en la ejecución contractual del convenio interadministrativo, sino que orientó
su defensa a cuestionar su imputación personal, al sostener que dichas actuaciones
fueron desarrolladas por funcionarios delegados, que ocurrieron parcialmente con
posterioridad a su administración, o que se produjeron en el marco de la confianza
legítima en sus subalternos. En ese sentido, el debate no se centra en la ocurrencia de
las anomalías contractuales, sino en la atribución de responsabilidad disciplinaria al
alcalde en su condición de ordenador del gasto.

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

216. En consecuencia, el acervo probatorio valorado por la Procuraduría permite
concluir, con el grado de certeza exigido en materia disciplinaria, que el demandante
incumplió los deberes inherentes a su cargo, al no ejercer el control debido sobre la
actividad contractual adelantada en el marco del referido convenio, permitiendo la
configuración de un escenario de irregularidad generalizada que comprometió la
adecuada ejecución del proyecto, lo cual justifica la declaratoria de responsabilidad
disciplinaria adoptada en sede administrativa.

217. En lo que respecta al argumento según el cual el demandante no podía ser
responsabilizado por las actuaciones de sus delegatarios, la Sala considera que dicha
tesis parte de una comprensión equivocada del alcance de la delegación administrativa.
En efecto, si bien el alcalde delegó la ordenación del gasto en materia contractual en el
secretario general y administrativo, ello no implicaba el desprendimiento de sus deberes
de dirección, orientación y control sobre la actividad delegada. Por el contrario, en su
condición de jefe de la administración municipal, le correspondía garantizar la adecuada
ejecución de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines estatales, lo cual
comporta un deber permanente de vigilancia sobre la actuación de sus subalternos. En
ese sentido, la responsabilidad disciplinaria no se funda en una imputación por hechos
ajenos, sino en la omisión propia del demandante de ejercer el control que le era exigible.

218. En relación con la alegada aplicación de normas no vigentes, particularmente las
introducidas por la Ley 1150 de 2007, la Sala no advierte la configuración de una
vulneración al principio de legalidad en su dimensión de irretroactividad, en tanto la
imputación disciplinaria no se edificó sobre dicha normativa, la cual, por orden de su
artículo 33, empezó a regir en enero de 2008, sino sobre deberes funcionales y principios
de la función administrativa plenamente vigentes para la época de los hechos, tales como
los de planeación, responsabilidad, eficiencia y control en la gestión contractual,
consagrados en los artículos 209 y 211 de la Constitución y la Ley 80 de 1993, y en el
parágrafo del artículo 12 de la Ley 489 de 1998, que de manera expresa señala que «[e]n
todo caso relacionado con la contratación, el acto de la firma expresamente delegada,
no exime de la responsabilidad legal civil y penal al agente principal». Así como también,
en la jurisprudencia constitucional que desde 1998 ha sido consistente en señalar que la
delegación administrativa constituye un instrumento de organización funcional orientado
a garantizar la eficacia de la administración, sin que implique la ruptura del vínculo entre
el delegante y la función delegada ni la desaparición de sus deberes de dirección y
control, tal como se desprende de las sentencias C-496 de 1998, C-561 de 1999, C-727
de 2000 y C-372 de 2002.

219. En esa línea, la Corte Constitucional ha precisado que, aunque la delegación
comporta la transferencia del ejercicio de determinadas funciones, el titular de la
competencia conserva un poder de orientación, dirección y control sobre su desarrollo,
en virtud de los principios de unidad de la función administrativa y de responsabilidad de
los servidores públicos. Así, se ha indicado que la delegación y la desconcentración no
implican la pérdida del control político y administrativo por parte del superior, sino que
constituyen mecanismos para racionalizar la gestión pública sin desdibujar la
responsabilidad funcional del delegante (C-496/98 y C-561/99). De manera más
específica, la Corte ha establecido que el delegante no responde por los actos del
delegatario en cuanto tales, pero sí por sus propias acciones u omisiones en el
cumplimiento de los deberes de dirección, orientación y seguimiento, de modo que la

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

inobservancia de dichos deberes puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria,
patrimonial o penal (C-372/02). En el mismo sentido, se ha reiterado que la delegación
no implica la pérdida de control sobre la función delegada ni autoriza al delegante a
desentenderse de su adecuado ejercicio, pues subsiste un deber de supervisión
encaminado a garantizar la correcta ejecución de las funciones administrativas (C-
727/00). En consecuencia, las reglas aplicadas por la Procuraduría no corresponden a
una extensión retroactiva de la Ley 1150 de 2007, sino a la concreción de principios
constitucionales y legales preexistentes que imponían al alcalde el deber de vigilancia y
control sobre la actividad contractual desarrollada bajo su administración.

220. Por consiguiente, el cargo propuesto por la parte demandante no está llamado a
prosperar, porque la figura de la delegación no lo eximía de la vigilancia y tutela que
debía ejercer sobre las actuaciones de sus colaboradores y subalternos, pues, su deber
era efectuar el seguimiento correspondiente. De esta manera, la delegación no exime en
forma absoluta de responsabilidad al delegante, como lo entiende el accionante. La
delegación no constituye un medio por el cual, el titular de la función se desprenda por
completo de la materia delegada, pues, el delegante –y más en este caso, ya que se
trata del alcalde–, tiene el deber de dirección institucional, orientación, revisión,
seguimiento, control de las decisiones del delegatario; así como la posibilidad de revocar
el acto de delegación, en virtud del principio de la unidad de la administración y de los
controles jerárquicos de tutela.

3.7. Estudio y resolución del cuarto problema jurídico

3.7.1. El marco jurídico de la culpabilidad en materia disciplinaria

221. El factor culpabilidad está expresamente regulado en el artículo 13 de la Ley 734
de 2002, el cual dispone que en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de
responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa, lo que
significa en términos de la jurisprudencia constitucional que «[e]l titular de la acción
disciplinaria no solamente debe demostrar la adecuación típica y la antijuridicidad de la
conducta, pues ésta debe afectar o poner en peligro los fines y las funciones del Estado,
sino también le corresponde probar la culpabilidad del sujeto pasivo manifestando
razonadamente la modalidad de la culpa», principio legal que deriva del mandato
establecido en el artículo 29 superior en virtud del cual «[t]oda persona se presume
inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable». (C-155 de 2002)

222. Sin embargo, el artículo 13 de la Ley 734 de 2002 –antes referenciado–, no trae
una descripción conceptual de la culpabilidad, es decir, no define qué debe entenderse
por tal, sino que señala una regla de prohibición –no puede haber responsabilidad
objetiva– y los grados o niveles que la componen, esto es el dolo y la culpa.

223. Por lo tanto, el contenido de los grados de culpabilidad sancionables en materia
disciplinaria –dolo y culpa–, puede establecerse, para el dolo según el artículo 22 de la
Ley 599 de 2000, Código Penal –por remisión expresa del artículo 21 de la Ley 734 de
2002– y para la culpa de conformidad con el artículo 44, parágrafo, ibídem, en el cual se
definen los conceptos de culpa gravísima: ignorancia supina, desatención elemental o
violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento, y culpa grave: inobservancia

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones, tal
y como se describe en el siguiente cuadro:

Tabla 19. La culpabilidad en materia disciplinaria

Culpabilidad en materia disciplinaria
Forma de Descripción Sustento jurídico
culpabilidad
1 Dolo Conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción y querer Artículo 22 de la Ley 599 de
su realización -conocimiento y voluntad-. 2000 -Código Penal-.
2 Culpa Ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de Ley 734 de 2002, articulo 44,
gravísima reglas de obligatorio cumplimiento parágrafo.
3 Culpa grave Inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del Ley 734 de 2002, artículo 44,
común imprime a sus actuaciones parágrafo.
Fuente: tomado de Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de junio de 2024, expediente
08001-23-33-000-2017-00828-02 (0218-2023).

224. En ese orden, es en el análisis de la culpabilidad en el que se valora el aspecto
subjetivo de la conducta, por lo tanto, en virtud de lo expuesto anteriormente y del
contenido del artículo 13 de la Ley 734 de 2000, es este factor el que determina si en un
caso concreto se aplicó o no responsabilidad objetiva y para el cual en nada influye o
tiene importancia a efectos de responsabilidad la causación o no de un daño.

225. Por esto, cuando en una decisión de la autoridad disciplinaria no existe referencia
alguna a la valoración subjetiva de la conducta del sujeto disciplinable, en otras palabras,
si se estructura la responsabilidad sin un estudio por lo menos formal de la culpabilidad
se configura una aplicación de responsabilidad objetiva prohibida por el artículo 13 de la
Ley 734 de 2002 y, en ese mismo orden, si a pesar del estudio formal de la culpabilidad
de las pruebas del expediente se desprende que la conducta no fue cometida dentro de
los grados de culpa descritos por la ley estamos ante la ausencia de culpabilidad en los
términos del artículo 44, parágrafo, ibídem.

226. Por último, los comportamientos de la culpa gravísima se presentan, la primera de
ellas, es decir, la ignorancia supina, cuando quien debiendo conocer ignora y no hace
nada para salir de dicha ignorancia, implica que quien incurre en culpa gravísima por
ignorancia supina debe demostrar que su ignorancia proviene no de la falta de
actualización en su conocimiento, sino realmente en la imposibilidad de salir de esta. La
desatención elemental es la violación al deber objetivo de cuidado por la negligencia
absoluta respecto a los deberes, es decir, cuando el servidor no hace lo que cualquier
otra persona con su mismo conocimiento y posición hiciese frente a esa misma situación.
Es un supuesto bajo el cual por total negligencia se deja conocer y con ello se ignoran
los supuestos que debían regir su comportamiento y se incurre en el quebrantamiento
que constituye falta. Finalmente, la violación a las reglas de obligatorio cumplimiento se
hace presente cuando el servidor tiene un deber que se encuentra regulado por una
norma imperativa, que puede ser de orden legal, reglamentario e inclusive deontológico,
y cuyo cumplimiento obvió62.

62 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de junio de 2024, expediente 08001-23-33-

000-2017-00828-02 (0218-2023).

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

3.7.2. Análisis sustancial de la Sala para resolver el cuarto problema jurídico

227. En lo que atañe a la culpabilidad, la Sala encuentra que la Procuraduría acreditó
que el demandante contaba con la posibilidad real de conocer el desarrollo de la actividad
contractual y las irregularidades que se presentaban, así como con la capacidad
funcional para adoptar medidas correctivas, sin que exista evidencia de que hubiese
desplegado actuaciones eficaces en tal sentido. En estas condiciones, no resulta de
recibo la invocación del principio de confianza legítima como causa excluyente de
responsabilidad, pues dicho principio no exonera al servidor público del cumplimiento de
sus deberes de dirección y control, ni lo habilita para desentenderse de la gestión
administrativa bajo el supuesto de la idoneidad de sus subalternos.

228. En cuanto al elemento de conocimiento, la Procuraduría concluyó que el
disciplinado no solo intervino en la estructuración inicial del proyecto, sino que conservó
un vínculo funcional permanente con su ejecución, a partir del cual podía conocer el
estado de la contratación y las dificultades que se presentaban. Para arribar a esa
inferencia, valoró, en primer lugar, los actos de delegación de funciones (Decretos 002
de 2004 y 085 de 2007), de los cuales dedujo que, pese a la delegación en el secretario
administrativo, el alcalde mantenía la dirección general de la administración y, por ende,
la obligación de seguimiento.

229. En segundo lugar, tuvo en cuenta las declaraciones testimoniales de funcionarios
de la administración, en especial la del secretario de hacienda, quien indicó que el alcalde
estaba al tanto del desarrollo del proyecto y de su ejecución presupuestal, así como la
del secretario de planeación, quien describió la dinámica técnica del proyecto y las
dificultades que se discutían en instancias administrativas.

230. En tercer lugar, valoró la propia versión del disciplinado, en la que reconoció la
existencia de retrasos derivados de factores como el invierno, las licitaciones desiertas y
el traslado de redes eléctricas, así como el hecho de que tales situaciones eran
analizadas en los consejos de gobierno.

231. Finalmente, consideró los documentos contractuales y de ejecución (contratos,
actas, informes y registros del avance de obra), a partir de los cuales evidenció la
existencia de múltiples contingencias y demoras, concluyendo que, dadas las funciones
del alcalde y su participación en los órganos de dirección, no resultaba razonable
sostener que desconociera tales circunstancias, sino que, por el contrario, contaba con
la información necesaria para ejercer control, sin que hubiere adoptado medidas eficaces
para corregirlas.

232. La Sala reitera, que la PGN estructuró la responsabilidad disciplinaria del
demandante a partir de la premisa según la cual la delegación de la función contractual
no comporta el desprendimiento de los deberes superiores de dirección, vigilancia y
control que recaen sobre el alcalde como jefe de la administración municipal. En ese
sentido, precisó que la responsabilidad no se funda en los actos ejecutados por los
delegatarios, sino en la omisión propia del disciplinado de ejercer el control que le era
exigible, pese a tener conocimiento de las irregularidades y contar con la capacidad
funcional para intervenir.

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

233. Para sustentar dicha conclusión, la autoridad disciplinaria acudió a una
interpretación sistemática del artículo 211 de la Constitución y de la jurisprudencia
constitucional, particularmente de las sentencias C-496 de 1998, C-561 de 1999, C-727
de 2000 y C-372 de 2002, en el sentido de que la delegación transfiere el ejercicio de
funciones, pero no exonera al delegante de los deberes inherentes a su posición de
dirección administrativa, ni lo habilita para desentenderse del cumplimiento de los fines
estatales. En consecuencia, descartó que la delegación implicara una exoneración
automática de responsabilidad, y concluyó que el disciplinado incumplió los deberes
funcionales que le eran exigibles, al no ejercer una vigilancia efectiva sobre la actividad
contractual desarrollada bajo su administración.

234. En este punto, para la Sala cobra especial relevancia el testimonio de Francisco
Javier Zuluaga Alzate, quien se desempeñó en la Oficina de Control Interno en el año
2005 y posteriormente como secretario de hacienda en 2007, ejerciendo funciones hasta
el 31 de diciembre de ese año, lo que le otorgaba una visión financiera y transversal del
proyecto objeto de investigación.

235. En relación con el manejo presupuestal, el declarante indicó que no se expedían
certificados de disponibilidad presupuestal individuales por cada contrato, sino que se
utilizaba un CDP global para todo el proyecto de la Escuela Juan Pablo II, con el propósito
de garantizar el flujo de caja y evitar interrupciones en la ejecución. Esta circunstancia
evidencia que, si bien el proyecto respondía a una unidad material, su ejecución se
desarrolló de manera fragmentada, lo que refuerza las conclusiones de la autoridad
disciplinaria en torno a la deficiente planeación y desarticulación contractual.

236. De igual forma, el testigo describió la dinámica real de ejecución de la obra,
señalando que «iban mirando qué se necesitaba para ir avanzando», lo que permite
concluir que no existía una planificación estructurada previa, sino una ejecución
progresiva y reactiva. Añadió que los registros presupuestales se expedían en el acta
final o con ocasión de anticipos, y que los soportes contractuales eran elaborados por la
jefe de presupuesto, el interventor y el gerente del proyecto, lo cual pone de presente
falencias en la estructuración y seguimiento técnico del proceso contractual.

237. Ahora bien, en lo que respecta a la participación del exalcalde, el declarante fue
enfático en señalar que los asuntos relacionados con la ejecución del proyecto eran
abordados en los consejos de gobierno, que el mandatario local «siempre estuvo al tanto
de la ejecución» y que sostenía reuniones con el gerente del proyecto, el comité técnico
y la interventoría. El testigo afirmó que «todos estos temas se tocaban en los consejos
de gobierno», «siempre estuvo al tanto de la ejecución», «de que la obra avanzara…»,
«se reunía con el gerente, comité técnico e interventor…». Estas afirmaciones permiten
establecer que el demandante tenía conocimiento directo del desarrollo de la obra, de
sus avances y de las dificultades que se presentaban, así como un involucramiento
funcional en su seguimiento institucional.

238. En esas condiciones, la Sala concluye que el disciplinado no solo conocía el
estado de la contratación, sino que contaba con la capacidad real de intervención, en la
medida en que participaba en los espacios de dirección administrativa y mantenía
interlocución con los responsables técnicos del proyecto. Por consiguiente, lejos de
exonerarlo, este testimonio acredita que el demandante incumplió su deber de vigilancia

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

y control, al no adoptar medidas eficaces frente a las irregularidades advertidas, lo que
permite estructurar su responsabilidad a título de culpa grave.

239. Por último, para la Sala no resulta de recibo el argumento fundado en la confianza
legítima en sus subalternos, pues dicho principio no exonera al delegante de verificar el
cumplimiento adecuado de las funciones delegadas, menos aún en el contexto de un
proyecto de significativa cuantía y complejidad. Tampoco desvirtúa la culpabilidad el
hecho de que algunas irregularidades se hubiesen materializado con posterioridad a la
finalización de su periodo, en tanto la conducta omisiva imputada se estructuró durante
el ejercicio de sus funciones, al no adoptar las medidas necesarias para garantizar una
adecuada ejecución contractual.

240. Bajo esa premisa, la Sala precisa que la responsabilidad disciplinaria que se
examina no se funda en la ejecución material de las irregularidades por parte de terceros,
sino en la omisión propia del demandante de ejercer los deberes de dirección, vigilancia
y control que le eran exigibles. En efecto, en su condición de jefe de la administración
municipal, el actor conservaba una posición funcional que le imponía el deber de
asegurar la adecuada ejecución de la actividad contractual, lo que implicaba no solo la
facultad, sino la obligación de supervisar el desarrollo del proyecto, verificar el
cumplimiento de los requisitos legales y adoptar medidas oportunas frente a las
anomalías advertidas. En ese sentido, habiéndose acreditado que el demandante tenía
conocimiento del estado de la ejecución contractual, participaba en los espacios de
dirección administrativa en los que se evaluaban los avances y dificultades del proyecto,
y contaba con canales institucionales para intervenir en su desarrollo, resulta
jurídicamente reprochable que no hubiera desplegado actuaciones eficaces para correir
las irregularidades identificadas.

241. En consecuencia, la Sala concluye que la conducta atribuida se estructura a título
de culpa grave, en la medida en que el disciplinado omitió el cumplimiento de deberes
funcionales esenciales que le eran exigibles en razón de su cargo, sin que resulte
admisible invocar la delegación de funciones o la confianza en sus subalternos como
causas excluyentes de responsabilidad, pues tales circunstancias no lo relevaban de su
deber de vigilancia y control sobre la gestión contractual adelantada bajo su
administración.

242. En consecuencia, la Sala concluye que la conducta del demandante es
jurídicamente reprochable, en la medida en que incumplió de manera grave los deberes
funcionales que le eran exigibles, sin que se configure causal alguna que excluya su
responsabilidad disciplinaria.

3.8. Cuestión final

243. En atención a que, en el presente asunto, el tribunal de primera instancia declaró
la nulidad de los actos acusados con fundamento exclusivo en uno de los cargos
formulados, sin pronunciarse sobre los restantes cuestionamientos planteados en la
demanda, la Sala considera oportuno reiterar la importancia de que los jueces y
tribunales de lo contencioso administrativo emitan un pronunciamiento expreso,
completo y congruente respecto de todos los cargos de nulidad sometidos a su

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

consideración, particularmente en los procesos orientados al control judicial de actos
administrativos sancionatorios.

244. Lo anterior, aun cuando el análisis de uno de los cargos resulte suficiente, en
criterio del fallador, para adoptar una decisión anulatoria, pues, el deber de resolver
integralmente la controversia constituye una garantía de congruencia judicial y de
plenitud del control jurisdiccional, en los términos de los artículos 55 de la Ley 270 de
1996 y 280 y 281 del Código General del Proceso, conforme a los cuales las sentencias
deben comprender todos los extremos de la litis y pronunciarse sobre los asuntos
oportunamente planteados por las partes63.

3.9. Conclusiones

245. En relación con el primer problema jurídico, la Sala concluyó que la decisión de la
PGN de adelantar investigaciones disciplinarias separadas no vulneró el debido proceso
ni el principio de igualdad del demandante, en la medida en que el ordenamiento
disciplinario no impone una obligación absoluta de acumular en una sola cuerda procesal
las investigaciones contra todos los servidores públicos por hechos conexos, y dicha
determinación obedeció a criterios procesales razonables, como por ejemplo, que en el
caso del demandante, unos contratos fueron suscritos por él y otros por el exsecretario
general y administrativo, y además, que cuando se ordenó investigar a otros funcionarios,
el proceso disciplinario seguido contra el demandante ya estaba para proferir pliego de
cargos. Adicionalmente, no se acreditó una afectación concreta y material del derecho
de defensa, pues el actor contó con plenas garantías para ejercer contradicción, solicitar
pruebas y controvertir las decisiones adoptadas en su contra, de manera que la alegada
ruptura de la unidad procesal no configura un vicio invalidante de la actuación.

246. Frente al segundo problema jurídico, la Sala determinó que el pliego de cargos
cumplió con los estándares de determinación fáctica y jurídica exigidos por la Ley 734 de
2002, toda vez que la imputación disciplinaria fue formulada a partir de hechos concretos,
debidamente individualizados y vinculados con normas específicas presuntamente
infringidas. En ese sentido, no se advierte que la acusación haya sido vaga, genérica o
indeterminada, ni que se haya comprometido el ejercicio del derecho de defensa, por
cuanto el disciplinado tuvo claridad sobre las conductas reprochadas y pudo ejercer
adecuadamente su contradicción dentro del proceso.

247. En cuanto al tercer problema jurídico, la Sala concluyó que la Procuraduría
estructuró válidamente el elemento de tipicidad de la responsabilidad disciplinaria, al
demostrar que el demandante, en su condición de alcalde y ordenador del gasto,
incumplió los deberes de vigilancia y control sobre la actividad contractual adelantada en
desarrollo del convenio interadministrativo núm. 755 de 2006, así como incurrió en
irregularidades en la gestión contractual que él desarrolló de manera directa. La
delegación de funciones no lo eximía de su deber de dirección y supervisión; no se
evidenció aplicación retroactiva de normas, y la invocación de la confianza legítima en
sus subalternos no resulta suficiente para excluir su responsabilidad disciplinaria, en la
medida en que se acreditó su omisión frente a deberes funcionales exigibles.

63 En este mismo sentido, se puede consultar la sentencia de unificación del 26 de septiembre de 2017, emitida por la

Sección Quinta del Consejo de Estado, en el expediente 25000-23-41-000-2015-02491-01.

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

248. En relación con el cuarto problema jurídico, la Sala concluye que en el presente
caso sí se encuentra acreditado el elemento de culpabilidad en la conducta atribuida al
demandante, a título de culpa grave. En efecto, si bien el actor delegó la ordenación del
gasto en sus secretarios de despacho, dicha circunstancia no lo relevaba de los deberes
de dirección, control y vigilancia inherentes a su condición de alcalde y máxima autoridad
administrativa del ente territorial. La Sala advierte que las irregularidades contractuales
evidenciadas —relacionadas con la falta de planeación, el fraccionamiento de la
contratación y las deficiencias en la ejecución del convenio— no pueden ser
consideradas como hechos ajenos a su esfera funcional, sino como consecuencia de
una omisión relevante en el ejercicio de sus deberes de control.

249. Por consiguiente, en la parte resolutiva de esta providencia, se ordenará revocar
la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas el 31
de julio de 2020, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho presentada por Jaime Gutiérrez Ángel y, en su lugar,
negar las pretensiones.

3.9. Costas

250. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 64 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no presupone
la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino que es
necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de la conducta
procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte vencida actuó
de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, siguiendo el mismo
derrotero, no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte demandante
haya incurrido en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas el 31 de julio de 2020, mediante la cual accedió a las

64 La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un

criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso–administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por
el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad
patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio
objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público,
antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación
finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del
CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en
el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-14).

Radicación: 17-001-23-33-000-2015-00299-01 (6304-2022)
Demandante: Jaime Gutiérrez Ángel
Demandada: PGN

pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por
Jaime Gutiérrez Ángel.

Segundo. En su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

Tercero: Sin condena en costas en ambas instancias.

Cuarto: Recordar el deber de los jueces y tribunales, en primera instancia, de resolver
todas las causales de invalidez o de nulidad que la parte demandante formule en las
demandas de nulidad y restablecimiento del derecho.

Quinto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.