Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2015-00381-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2015-00381-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2015-00381-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2015-00381-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00381-01 (0533-2022)1
Demandante: Ernesto Trejos Bolaños
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: sustitución de pensión gracia. Subtema 1: hermano en estado de
discapacidad. Subtema 2: no se acreditó la dependencia económica.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Caldas, el 10 de mayo de 2021, que negó las
pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El accionante, en la calidad de hermano con una pérdida de la capacidad laboral del
75.55 %, solicitó la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento de la sustitución de la pensión gracia que devengaba su hermana. La
entidad demandada negó lo pedido con fundamento en que no probó el requisito de
dependencia económica. A su vez, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda
al considerar que dicha condición no se acreditó, porque el actor aparecía en la base
de datos del Ministerio de la Protección Social como padre cabeza de familia y tiene
una hija mayor de edad, con la obligación de proporcionarle alimentos.
1 Expediente electrónico.
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00381-01 (0533-2022)
Demandante: Ernesto Trejos Bolaños
Demandado: UGPP
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1. Ernesto Trejos Bolaños, a través de apoderado, presentó demanda el 9 de julio
de 2015, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), con las siguientes
pretensiones:
2. Declarar la nulidad de la Resolución RDP 031440 del 16 de octubre de 2014
que negó el reconocimiento de la sustitución pensional al actor, en la calidad de
hermano inválido de la señora Consuelo del Socorro Trejos Bolaños.
3. Declarar la nulidad de la Resolución RDP 003520 del 28 de enero de 2015 que
confirmó la Resolución RDP 031440 del 16 de octubre de 2014, al resolver el recurso
de apelación.
4. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento de una
sustitución pensional como beneficiario de la señora Consuelo del Socorro Trejos
Bolaños, desde el 16 de julio de 2013, fecha de fallecimiento de la causante.
Adicionalmente, pidió la actualización de la primera mesada pensional; que la
sentencia se cumpla en los términos del artículo 192 del CPACA; que se paguen las
mesadas retroactivas; y que se condene en costas a la entidad demandada2.
2. Hechos
5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
6. La señora Consuelo del Socorro Trejos Bolaños nació el 6 de marzo de 1940,
laboró como docente del magisterio en el departamento de Caldas y falleció el 16 de
julio de 2013. La Caja Nacional de Previsión Social le reconoció una pensión gracia, a
través de la Resolución 18216 el 12 de marzo de 1993, que fue reliquidada en la
Resolución 23358 del 13 de octubre de 2000.
7. El señor Ernesto Trejos Bolaños es el hermano inválido de la causante y
dependió económicamente de ella durante 12 años, toda vez que no tenía ingresos ni
percibía una pensión.
2 Samai, índice 2, expediente digital, ED_01C11700123330002(.PDF) NroActua 2, págs. 7 a 23 y 91 a 93.
2
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00381-01 (0533-2022)
Demandante: Ernesto Trejos Bolaños
Demandado: UGPP
8. La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas, en el dictamen 7279
del 27 de diciembre de 2013, estableció que el señor Ernesto Trejos Bolaños tenía una
pérdida de la capacidad laboral del 75.55 %, con fecha de estructuración del 11 de
febrero de 2013.
9. La señora Consuelo del Socorro Trejos Bolaños cuidaba de su hermano, el
señor Ernesto Trejos Bolaños, debido a las limitaciones causadas por su estado de
invalidez.
10. El 21 de julio de 2014, el accionante en la calidad de hermano inválido solicitó
a la UGPP el reconocimiento de la sustitución pensional; sin embargo, la entidad a
través de la Resolución RDP 031440 del 16 de octubre de 2014 negó la petición con
fundamento en que el dictamen de pérdida de la capacidad laboral debía ser aportado
en copia auténtica y que se requería la sentencia que le designara un curador o tutor.
11. El actor interpuso recurso de apelación, que fue decidido en la Resolución RDP
003520 del 28 de enero de 2015, que resolvió confirmar la resolución recurrida que
negó el reconocimiento de la sustitución pensional.
3. Normas violadas y concepto de violación
12. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 23, 48 y 53.
De la Ley 100 de 1993, los 1, 3, 4, 47 y 48.
De la Ley 797 de 2003, que modificó la Ley 100 de 1993.
13. La parte actora sostuvo que debido a la pérdida de la capacidad laboral del
75.55 %, se encuentra en un estado de debilidad manifiesta con derecho a una
protección especial del Estado. Explicó que sí tiene derecho al reconocimiento de la
sustitución pensional porque sufre una pérdida de la capacidad laboral del 75.55 % y
dependía económicamente de su hermana, la señora Consuelo del Socorro Trejos
Bolaños, quien le suministraba alimentación, el vestuario y los medicamentos.
14. Explicó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-111 de 2006, que estudió
la constitucionalidad del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, expuso las reglas para
determinar si hay dependencia económica, relativas a que no se exige que la persona
carezca de ingresos y que se encuentre en un estado de pobreza absoluta.
3
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00381-01 (0533-2022)
Demandante: Ernesto Trejos Bolaños
Demandado: UGPP
4. Contestación de la demanda
15. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda porque el actor no cumple
con los requisitos para el reconocimiento de la sustitución pensional, toda vez que
según el dictamen de la Junta Médica de Calificación de Invalidez el oficio del
accionante era celador, además la base de datos del FOSYGA indica que estaba
reportado como padre cabeza de familia desde el 2 de mayo de 2013. Por
consiguiente, a juicio de la entidad, el demandante no dependía económicamente de
su hermana.
16. Señaló que la señora Catalina Trejos Osorio, hija del actor, manifestó que el
señor Trejos Bolaños dependía económicamente de la causante, en calidad de
hermano de esta. No obstante, dicha afirmación es contradictoria, toda vez que la
señora Catalina Trejos es mayor de edad y, conforme al ordenamiento jurídico, es ella
quien tiene el deber legal de suministrar alimentos a su padre.
17. En efecto, los alimentos constituyen una prestación que la ley impone, en
determinados casos, entre padres, hijos y cónyuges. De acuerdo con el artículo 411
del Código Civil, existe obligación alimentaria respecto de los padres, entre otras
personas expresamente señaladas por la norma.
18. Propuso las excepciones que denominó inexistencia de la obligación, cobro de
lo no debido y prescripción3.
5. Sentencia de primera instancia
19. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 10 de mayo de
2021, negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas. Como
fundamento de la decisión expuso que en el proceso se acreditó que Cajanal le
reconoció una pensión gracia a la señora Consuelo del Socorro Trejos Bolaños, por
haber laborado como docente del departamento de Caldas y que ella falleció el 16 de
julio de 2013.
20. Ahora bien, el Tribunal precisó que según el artículo 13 de la Ley 797 de 2003,
los hermanos inválidos que dependan del pensionado tienen derecho al
reconocimiento de la sustitución pensional. En este sentido, señaló que está
demostrado el parentesco de hermanos entre el accionante y la causante. También se
acreditó la condición de invalidez del demandante de conformidad con el dictamen
médico laboral de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas, en un
3 Samai, índice 2, expediente digital, ED_01C11700123330002(.PDF) NroActua 2, págs. 213 a 220.
4
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00381-01 (0533-2022)
Demandante: Ernesto Trejos Bolaños
Demandado: UGPP
porcentaje del 75.55 %, con fecha de estructuración del 11 de febrero de 2013, al sufrir
una enfermedad cardíaca y trastorno depresivo.
21. Sin embargo, al analizar en conjunto las pruebas documentales y testimoniales
de Catalina Trejos, Gabriel Jaime Gómez Gómez y Ricardo Alonso Orrego González,
en criterio del Tribunal, «si bien los declarantes señalaron que el actor dependía de la
hermana, esta dependencia se habría ocasionado de tiempo atrás, desde 2001, por
otras condiciones, diferentes a la invalidez, que solo se estructuró el 11 de febrero de
2013. cinco meses antes de la muerte de la causante, el 16 de julio de 2013. Este
tiempo no es razonable para concluir que el actor desde cuando fue inválido dependía
económicamente de la causante».
22. Adicionalmente, resaltó que la hija del accionante es mayor de edad y tiene
capacidad laboral, por lo tanto, que no haya podido cumplir con el deber de proveer el
sostenimiento de su padre, en particular, desde el 11 de febrero de 2013, cuando se
estructuró la pérdida de la capacidad laboral.
23. Finalmente, no condenó en costas, comoquiera que la demanda no fue
presentada con manifiesta carencia de fundamento legal4.
6. Recurso de apelación de la parte actora
24. El accionante, a través de apoderado, solicitó que se revoque el fallo apelado y
se acceda a las pretensiones de la demanda. En este sentido, señaló que está probado
el requisito de parentesco entre el actor y la pensionada fallecida, así como la pérdida
de la capacidad laboral del 75.55 %. En cuanto a la dependencia económica, la parte
recurrente sostiene que este requisito sí está acreditado, pues contrario a lo señalado
por el Tribunal, los testigos Ricardo Alonso Orrego y Gabriel Jaime Gómez relatan que
la enfermedad y la dependencia económica empezaron desde los años 2000 y 2001.
25. Así pues, señaló que de conformidad con las citadas declaraciones «el señor
Ernesto Trejos Bolaños tenía una dependencia económica permanente y absoluta de
su hermana Consuelo Trejos, quien por su condición de salud le suministraba auxilio
y protección, pero no solo desde la fecha de estructuración de la pérdida de la
capacidad […], la cual fue establecida el 11/02/2013, pues esa dependencia por su
estado de salud data, aproximadamente desde el año 1999 o 2000, cuando comenzó
a sufrir quebrantos de salud que lo incapacitaron y posteriormente lo invalidaron».
4 Samai, índice 2, expediente digital, ED_01C11700123330002(.PDF) NroActua 2, págs. 304 a 317.
5
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00381-01 (0533-2022)
Demandante: Ernesto Trejos Bolaños
Demandado: UGPP
26. Sostuvo que no existe una norma que exija un tiempo de dependencia
económica, entre la fecha de estructuración del estado de invalidez y la fecha de
muerte del causante.
27. En lo que respecta a la obligación de alimentos de la hija, el recurso indicó que
ella no tiene la capacidad económica para ayudar a su padre, porque no ha tenido un
trabajo estable y en la actualidad es ama de casa, de modo que no cuenta con los
recursos para garantizar su propia subsistencia5.
7. Trámite procesal en segunda instancia
28. El auto del 16 de junio de 20226 admitió el recurso de apelación, conforme el
numeral 3 del artículo 247 del CPACA y prescindió del traslado a las partes para
presentar alegatos de conclusión.
8. Concepto del Ministerio Público
29. La Procuraduría Tercera Delegada de Intervención ante el Consejo de Estado
solicitó que se revoque el fallo apelado, toda vez que el Tribunal interpretó de forma
restrictiva las normas aplicables.
30. Sobre el particular señaló que aunque la invalidez del señor Ernesto Trejos
Bolaños fue estructurada el 11 de febrero de 2013, ello no desvirtúa que desde antes,
recibiera el apoyo económico de su hermana Consuelo del Socorro Trejos Bolaños,
titular de la pensión gracia cuya sustitución se reclama. Asimismo, señaló que si bien
el demandante estaba afiliado al sistema de salud, este hecho no excluye el derecho
al reconocimiento de la sustitución de la pensión gracia7.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
31. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.
2. Problema jurídico
32. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación y teniendo
5 Samai, índice 2, expediente digital, ED_01C11700123330002(.PDF) NroActua 2, págs. 327 a 333.
6 Samai, índice 6.
7 Samai, índice 12.
6
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00381-01 (0533-2022)
Demandante: Ernesto Trejos Bolaños
Demandado: UGPP
en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, según el artículo 3288 del
Código General del Proceso, corresponde a la Sala definir si:
33. ¿El accionante, en la calidad de hermano con una pérdida de la capacidad laboral
del 75.55 %, acreditó el requisito de dependencia económica frente a su hermana
fallecida?
34. Para resolver el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos:
sustitución de la pensión gracia, sustitución pensional, dependencia económica,
hechos probados relevantes y caso concreto.
3. Marco normativo y jurisprudencial
3.1. La sustitución de la pensión gracia
35. Según la sentencia del 9 de julio de 2024 de la Sección Segunda del Consejo de
Estado la línea mayoritaria ha considerado «procedente la “sustituibilidad o
transmisibilidad” de la pensión gracia por la muerte del docente oficial […] que se
configura cuando el maestro causante ya tenía consolidada materialmente la
prerrogativa por cumplir con todas las exigencias, y por tanto, dicho beneficio ya había
ingresado a su patrimonio con o sin el reconocimiento formal por parte de Cajanal (hoy
UGPP) en su momento»9.
36. Ahora bien, en cuanto a la norma aplicable para la sustitución pensional, en la
sentencia de unificación del 11 de agosto de 202210, la Sección Segunda explicó que
si bien la pensión gracia es especial, en cuanto a la sustitución se ha gobernado por
las normas generales, así:
En esta perspectiva, el Consejo de Estado, en un ejercicio de interpretación armónico
del sistema normativo, acudió a los criterios generales de sustitución de las pensiones
en la pensión gracia, adoptando una posición dirigida a proteger el núcleo familiar del
docente. Sobre el particular en la sentencia del 4 de marzo de 2010, se consideró que
la gratuidad de la pensión gracia no impide “su aptitud para ser sustituida en caso de
muerte del beneficiario”11, así:
8 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo tendrá
competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014), M.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ -029- CE-S2 de 2022, del 11 de agosto de
2022, proceso con radicado 23001-23-33-000-2014-00444-01 (1655-2017).
11 Consejo de Estado, sentencia del 4 de marzo de 2010, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado
08001-23-31-000-2006-00004-01 (0824-09).
7
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00381-01 (0533-2022)
Demandante: Ernesto Trejos Bolaños
Demandado: UGPP
“Bajo la motivación precedente se concluye la vocación de sustituibilidad que asiste a
la pensión gracia bajo los mismos parámetros legales y criterios aplicables a las
pensiones ordinarias, pues si bien su causa jurídica es diferente, estas comparten por
voluntad del Legislador la misma naturaleza, y en materia de sustitución, la misma
finalidad de amparo a la familia más próxima de quien antes de fallecer adquirió el
derecho, de manera pues, que resultan aplicables en tal sentido las normas generales
que regulan la materia, vigentes al momento del deceso del docente”12.
[…].
37. El referido fallo de unificación también determinó que la norma que regula la
sustitución de pensión gracia es la vigente para la fecha del fallecimiento del
pensionado o del maestro, en los siguientes términos:
[…] en materia de sustitución pensional o de pensión de sobrevivientes se ha partido
de la premisa general según la cual la norma aplicable es la vigente para la fecha del
fallecimiento del causante. Así lo consideró en sentencia del 10 de noviembre de 2005,
la Subsección A, de la Sección Segunda, donde afirmó que “las normas que rigen la
sustitución son las vigentes al momento del fallecimiento del causante de la prestación y
no las disposiciones sobre la cual se adquirió el derecho que se transmite”13.
Tesis que se reiteró en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2013, según la cual
“el derecho a la pensión de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del
pensionado, (…) pues fue durante su vigencia cuando se produjo el deceso y por tanto,
cuando se pudo consolidar el presunto derecho reclamado”14.
38. La Sección estableció igualmente que el derecho a la sustitución en la pensión gracia
al regirse por las normas generales, obliga a remitirse a los requisitos exigidos por el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, al indicar que «la exclusión del artículo 279 no
comprende la pensión gracia, pues se trata de una pensión del orden nacional,
reconocida por la Caja Nacional de Previsión Social, y no por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. Por tanto, se ha exigido a los beneficiarios
acreditar los requisitos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993». En este sentido, se
explicó que «la remisión a las normas generales consta en el Acto Legislativo 01 de
2005, el cual constitucionalizó que: “Los requisitos y beneficios para adquirir el
derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las
leyes del Sistema General de Pensiones”».
39. En este orden de ideas, el fallo de unificación del 11 de agosto de 2022 concluyó
que para reconocer la sustitución de la pensión gracia, se aplican las normas del
Sistema General de Pensiones, si son los preceptos vigentes para la fecha del
fallecimiento, sin perjuicio de los derechos adquiridos bajo normas anteriores.
12 Idem.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de noviembre de 2005, proceso con
radicado 25000-23-25-000-1998-05092-01 (3496-04).
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, proceso con radicado 76001 23 31
000 2007 01611 01 (1605-09).
8
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00381-01 (0533-2022)
Demandante: Ernesto Trejos Bolaños
Demandado: UGPP
3.2. Sustitución pensional
40. De conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por
los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán derecho a la pensión de
sobrevivientes y la sustitución los miembros del grupo familiar del beneficiario de la
prestación que fallezca, en el siguiente orden:
«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30
o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite,
deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y
haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad
a su muerte.
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso,
el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a
dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as)
en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un
cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario
de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho,
la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la
cual existe la sociedad conyugal vigente;
c) <Apartes tachados INEXEQUIBLES15> Los hijos menores de 18 años; los hijos
mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus
estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte,
siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con
el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos
inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos
adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando
hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;
15 Corte Constitucional, sentencia C-066 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
9
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00381-01 (0533-2022)
Demandante: Ernesto Trejos Bolaños
Demandado: UGPP
[…].
41. Esta corporación ha resaltado que la finalidad de la sustitución pensional «es la
protección de la familia, entendida como el conjunto de personas allegadas al
trabajador que dependían económicamente de él y que quedan desamparadas a
causa de su fallecimiento»16. En consonancia, la Corte Constitucional ha precisado
que la finalidad de la sustitución pensional es salvaguardar o mantener el nivel de vida
que tenía el beneficiario antes del deceso del pensionado17.
3.3. Dependencia económica
42. Por otra parte, en lo que concierne al requisito de dependencia económica, la
Sala destaca que los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los
artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, prevén esta exigencia para los hijos menores
de 18 años; los padres del causante; y los hermanos inválidos (lits. c, d y e. art. 47).
Nótese que la norma dispone que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes
«los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen
ingresos adicionales [aparte tachado declarado inexequible], mientras subsistan las
condiciones de invalidez».
43. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-066 de 201618 estudió una
acción pública de inconstitucionalidad contra los literales c) y e) del artículo 13 de la
Ley 797 de 2003, en la que el interesado manifestaba que la exigencia de dependencia
económica de los hijos y hermanos inválidos respecto del causante configuraba un
trato discriminatorio frente al cónyuge o compañero permanente «ya que a éstos tan
solo se les exige el vínculo sin la necesidad de prueba de la dependencia […]
imponiendo una carga desproporcionada e irrazonable a los hermanos e hijos en
condición de discapacidad». Sin embargo, la Corte entendió que «es legítimo
establecer condiciones de acceso para los beneficios pensionales, en tanto que la
propia Constitución autoriza al Legislador para configurar el Sistema Pensional, y
definir los requisitos para su reconocimiento».
44. En la referida providencia, la Corte explicó el concepto de dependencia
económica como la falta de condiciones materiales del beneficiario del causante para
subsistir, asimismo, aclaró que «la presencia de ciertos ingresos no constituye la falta
de la misma, ya que tan solo se es independiente cuando el solicitante puede por sus
propios medios mantener su mínimo existencial en condiciones dignas».
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2018. Radicado 08001-
23-31-000-2010-00983-01(3178-15).
17 Sentencia T-085 de 2021.
18 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
10
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00381-01 (0533-2022)
Demandante: Ernesto Trejos Bolaños
Demandado: UGPP
45. En cuanto a los sujetos en situación de discapacidad, la Corte expuso que
acorde con la Convención de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley
1346 de 2009, la protección «es una garantía y un derecho para las personas en
situación de discapacidad y la posibilidad de tener un trabajo que les permita
procurarse su propio sustento, la capacidad de elegir cómo y con quién vivir, y que
puedan establecer relaciones familiares como las de las demás personas a partir del
libre consentimiento de los interesados, entre otros».
46. Ahora bien, resulta relevante traer las reglas expuestas en la sentencia C-111
de 200619, que permiten determinar si una persona es dependiente, a partir de la
valoración de un conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la
congrua subsistencia del beneficiario, así:
1. Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder
a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna20.
2. El salario mínimo no es determinante de la independencia económica21.
3. No constituye independencia económica recibir otra prestación22. Por ello, entre otras
cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de
sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de
199323.
4. La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario
esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional24.
5. Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir
ingresos permanentes y suficientes25.
6. Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia
económica26.
3.4. Hechos probados relevantes
47. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se muestra
19 Corte Constitucional, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
20 Sentencia T-574 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
21 Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
22 Sentencia T-281 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
23 Dispone la norma en cita: “Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez”.
24 Sentencias T-574 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T- 996 de 2005. (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Del mismo
modo, la Corte Suprema de Justicia ha dicho: “Fungiendo la Corte como juez de segunda instancia, además de las
consideraciones expuestas en sede de casación, es pertinente acotar que respecto del argumento del Tribunal para
colegir que el demandante disponía de medios económicos suficientes para su subsistencia por recibir de manera
ocasional $20.000 0 $ 25.000 semanales y por estar percibiendo su cónyuge un salario mínimo legal mensual, no
es más que una suposición del juzgador, pues ello no conduce necesariamente a concluir que esta persona sea
autosuficiente económicamente, como erradamente lo concluyó. (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación
Laboral. Radicación No. 22.132. Sentencia del 11 de mayo de 2004. Magistrado Ponente: Carlos Isaac Nader).
25 Sentencia T-076 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y Auto 127A de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
26 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, fallo del 9 de abril de 2003. Radicación No. 21.360.
11
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00381-01 (0533-2022)
Demandante: Ernesto Trejos Bolaños
Demandado: UGPP
a continuación:
48. La señora Consuelo del Socorro Trejos Bolaños nació el 6 de marzo de 1940 y
falleció el 16 de julio de 2013, como consta en el registro civil de defunción27.
49. El señor Ernesto Trejos Bolaños nació el 6 de mayo de 1951 y es hermano de la
señora Consuelo del Socorro Trejos Bolaños, según lo indican los registros civiles de
nacimiento28. Igualmente, fue allegado al proceso el registro civil de nacimiento de
Catalina Trejos Osorio, hija del accionante29.
50. La Caja Nacional de Previsión, a través de la Resolución 18216 de 1993, le
reconoció a la señora Consuelo del Socorro Trejos Bolaños una pensión vitalicia de
jubilación como docente del departamento de Caldas, con estatus pensional el 6 de
marzo de 1990. En las normas aplicables citó el artículo 3 de la Ley 37 de 1933 30. La
pensión fue reliquidada mediante la Resolución 023358 del 13 de octubre del 2000 31.
Igualmente, fue aportado el desprendible de pago de la pensión de noviembre de 2006,
el cual indica que se trataba de una pensión gracia.
51. La Alcaldía Municipal de Riosucio (Caldas), en el oficio del 9 de agosto de 2017,
certificó que el actor prestó sus servicios mediante contrato, para el municipio de forma
interrumpida desde el 15 de enero de 1996 hasta el 26 de diciembre de 2000 32.
52. En el expediente consta un documento firmado por la causante, el 19 de febrero
de 2013, en el cual manifestó que Ernesto Trejos Bolaños dependía económicamente
de ella, dado que no trabajaba33.
53. La Junta de Calificación de Invalidez de Caldas expidió el dictamen de pérdida de
la capacidad laboral 7279 el 7 de noviembre de 2013, el cual fue realizado cuando el
señor Ernesto Trejos Bolaños tenía 62 años, el oficio era celador y el nivel de
escolaridad primaria. El dictamen indicó que las enfermedades que padecía eran
trastorno mixto de ansiedad y depresión, «enfermedad orgánica corazón» y era
oxígeno dependiente 16 horas diarias. Estableció una pérdida de la capacidad laboral
del 75.55 %, con fecha de estructuración del 11 de febrero de 2013. También indicó
que requería ayuda de terceros34.
54. La UGPP, mediante la Resolución RDP 031440 del 16 de octubre de 2014, le negó
27 Samai, índice 2, expediente digital, ED_01C11700123330002(.PDF) NroActua 2, págs. 26 y 32.
28 Samai, índice 2, expediente digital, ED_01C11700123330002(.PDF) NroActua 2, págs. 28 y 30.
29 Samai, índice 2, expediente digital, ED_01C11700123330002(.PDF) NroActua 2, pág. 250.
30 Samai, índice 2, expediente digital, ED_01C11700123330002(.PDF) NroActua 2, págs. 34 a 36.
31 Samai, índice 2, expediente digital, ED_01C11700123330002(.PDF) NroActua 2, págs. 270 a 273.
32 Samai, índice 2, expediente digital, ED_01C11700123330002(.PDF) NroActua 2, págs. 258 y 259.
33 Samai, índice 2, expediente digital, ED_01C11700123330002(.PDF) NroActua 2, pág. 257.
34 Samai, índice 2, expediente digital, ED_01C11700123330002(.PDF) NroActua 2, págs. 38 a 40.
12
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00381-01 (0533-2022)
Demandante: Ernesto Trejos Bolaños
Demandado: UGPP
al actor el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por cuanto no aportó en
copia auténtica u original el dictamen de la Junta Regional de Calificación de
Invalidez35.
55. La UGPP, a través de la Resolución RDP 003520 del 28 de enero de 2015 resolvió
el recurso de apelación presentado por el accionante contra la Resolución RDP
031440 del 16 de octubre de 2014 y decidió confirmarla, con fundamento en que
«teniendo en cuenta el Dictamen Médico Laboral, donde se indica que el oficio del
recurrente era celador, y la condición de padre cabeza de familia, se desvirtúa la
dependencia económica del recurrente con el causante»36.
56. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (ADRES) certificó el 5 de diciembre de 2017 que el accionante «aparece como
afiliado del régimen subsidiado dentro de la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA
a la EPS CAFESALUD, desde el dos (02) de mayo del año 2013, pero su estado actual
de afiliación es retirado»37.
57. Según el registro único de afiliados (RUAF) del Sistema Integral de Información de
la Protección Social, el señor Ernesto Trejos Bolaños falleció, información que se
corrobora con la consulta realizada en la página electrónica de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, donde aparece la cancelación de la cédula de ciudadanía
por muerte. En efecto, la consulta del RUAF indica:
58. En la audiencia de pruebas del 20 de septiembre de 2017, el Tribunal
Administrativo de Caldas practicó los testimonios de Catalina Trejos Osorio, Gabriel
Jaime Gómez Gómez y Ricardo Alonso Orrego González38.
3.5. Caso concreto
59. El accionante solicitó el reconocimiento de la sustitución de la pensión gracia,
que Cajanal le había reconocido a la señora Consuelo del Socorro Trejos Bolaños,
para lo cual alegó que era beneficiario en la calidad de hermano con pérdida de la
35 Samai, índice 2, expediente digital, ED_01C11700123330002(.PDF) NroActua 2, págs. 68 a 71.
36 Samai, índice 2, expediente digital, ED_01C11700123330002(.PDF) NroActua 2, págs. 79 a 84.
37 Samai, índice 2, expediente digital, ED_01C11700123330002(.PDF) NroActua 2, págs. 294 a 298.
38 Samai, índice 2, expediente digital, ED_01C11700123330002(.PDF) NroActua 2, págs. 252 a 256. En la
plataforma Samai del proceso en primera instancia, índice 30, se encuentra el video de la audiencia de pruebas.
13
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00381-01 (0533-2022)
Demandante: Ernesto Trejos Bolaños
Demandado: UGPP
capacidad laboral del 75.55 %. La UGPP en los actos acusados le negó el
reconocimiento porque no acreditó el requisito de dependencia económica.
60. El Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones al considerar que la
fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral fue el 11 de febrero de
2013 y que la causante falleció el 16 de julio del mismo año, es decir, cinco meses
después, tiempo que para el fallador de primera instancia no es razonable para
establecer que el accionante desde cuando era inválido dependía económicamente de
la docente. Además, resaltó que tenía una hija mayor de edad con la obligación de
alimentos.
61. El accionante presenta recurso de apelación insistiendo en que sí acreditó el
requisito de dependencia económica frente a su hermana, toda vez que según los
testimonios practicados en el proceso aquella existió desde el año 2000, debido a los
problemas de salud que tenía, los cuales le impedían ser autosuficiente. Reprochó que
no hay un fundamento normativo que exija un tiempo de dependencia económica y
que su hija no cuenta con los recursos para garantizar su subsistencia.
62. Ahora bien, con el objeto de resolver el recurso de apelación en el proceso está
acreditado el parentesco de hermanos entre Ernesto y Consuelo del Socorro Trejos
Bolaños39; que el señor Ernesto Trejos Bolaños tenía una pérdida de la capacidad
laboral del 75.55 % debido a una enfermedad del corazón y a un trastorno mixto de
ansiedad y depresión40; y que la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad
laboral fue el 11 de febrero de 2013, es decir, anterior al deceso de la causante.
63. Ahora bien, la Sala no pasa por alto que la fecha de estructuración de la pérdida
de la capacidad laboral del accionante, es antes a la data de fallecimiento de la
pensionada; sin embargo, el hermano con pérdida de la capacidad laboral también
debe probar el requisito de dependencia económica respecto de la jubilada.
64. En cuanto a la carga de la prueba de la dependencia económica no existe una
tarifa legal sobre los medios de convicción, y en el caso de las pruebas testimoniales,
estas deben ser idóneas y tener la suficiencia para conducir al juez a la certeza sobre
la existencia del requisito en comento.
65. Ciertamente, debe probarse la sujeción económica del hermano inválido
respecto del pensionado, lo que le permitía vivir en condiciones dignas, y que debido
a la ausencia del jubilado, se vulnera el mínimo vital del solicitante. Luego, la prueba
de la dependencia económica implica acreditar por un lado, la ausencia de recursos
propios del hermano, y por otro lado, una relación de subordinación económica frente
39 Samai, índice 2, expediente digital, ED_01C11700123330002(.PDF) NroActua 2, págs. 28 y 30.
40 Samai, índice 2, expediente digital, ED_01C11700123330002(.PDF) NroActua 2, págs. 38 a 40.
14
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00381-01 (0533-2022)
Demandante: Ernesto Trejos Bolaños
Demandado: UGPP
al causante, que impida el propio sostenimiento y la afectación al mínimo vital. Con
todo, estos supuestos se analizan en cada caso particular. El hecho de asumir los
gastos del hermano inválido debe «ser significativ(o) y proporcionalmente
representativ(o), de modo que establezca una verdadera relación de subordinación
económica»41.
66. La dependencia económica debe ser cierta, lo que se opone a las presunciones;
tiene que ser regular y periódica, es decir, que no se refiere a apoyos eventuales; y
significativa, en el sentido que debe constituir un verdadero soporte económico42.
67. En este orden de ideas, en lo que concierne a la dependencia económica, en el
proceso consta un documento firmado por la causante, con fecha del 19 de febrero de
2013, donde expresó que Ernesto Trejos Bolaños dependía económicamente de ella,
dado que no trabajaba43. También se practicaron en la audiencia de pruebas los
testimonios de la hija del accionante, de un amigo de la familia y de un estudiante de
la docente, quienes se pronunciaron sobre la referida dependencia.
68. En efecto, Catalina Trejos Osorio manifestó que era la hija del accionante,
profesional en comunicación social y que se encontraba desempleada. Indicó que
nunca vivió con su papá y que «siempre [estuvo] subordinado a la señora Consuelo
Trejos, mi tía, ella fue maestra toda la vida pues hasta que se pensionó y él siempre
estuvo a cargo de ella, siempre con ella. Tuvo algunos trabajos con la Alcaldía
Municipal de Riosucio, en los cuales, pues realizó contratos muy cortos,
específicamente de celador en colegios y en obras pues donde lo solicitaban, pero
contratos por meses, contratos muy cortos».
69. Sobre los problemas de salud del padre relató que «ya en el 2000, 2001 ya él
empieza a presentar problemas de salud, problemas del corazón y empezamos como
ya todo, todo este pues este proceso de salud, él es oxígeno dependiente, pero
siempre pues con Consuelo, Consuelo realizando trámites de salud, todo porque yo
de 18 años viajé a la ciudad de Medellín, viajé a la ciudad de Medellín a estudiar, a
hacer mis estudios universitarios».
70. Manifestó que desde el año 2000 su padre comenzó a presentar graves
problemas de salud, inicialmente asociados a dificultades respiratorias y
posteriormente a padecimientos cardíacos. Indicó que en el año 2013 fue sometido en
la ciudad de Manizales a una cirugía en la cual le implantaron un
«cardioresincronizador», procedimiento para cuya realización su hermana Consuelo
41 Sobre el particular consultar, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 3 de octubre
de 2023, sentencia SL2392-2023.
42 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL5605-2019.
43 Samai, índice 2, expediente digital, ED_01C11700123330002(.PDF) NroActua 2, pág. 257.
15
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00381-01 (0533-2022)
Demandante: Ernesto Trejos Bolaños
Demandado: UGPP
Trejos Bolaño realizó los trámites médicos, así como el acompañamiento durante la
hospitalización.
71. Nótese que Catalina Trejos Osorio expresó que «yo nunca viví con mi papá,
siempre estuve a cargo de mi mamá (…) la ayuda por parte de mi papá fue mínima,
fue mínima», igualmente manifestó que en los años 2000 y 2001, su padre empezó a
padecer problemas de salud, sin embargo, también señaló que «viajé a la ciudad de
Medellín a estudiar, a hacer mis estudios universitarios» y que posteriormente trabajó
en esa misma ciudad vendiendo carros, «siempre la relación con mi papá muy aparte».
72. De lo expresado para la Sala es claro que la hija del accionante en realidad no
tenía una relación cercana con su padre, pues nunca vivió con él, encontrándose
incluso en otra ciudad cuando realizó sus estudios universitarios y empezó a trabajar.
También narró que cuando fue operado en el año 2013 en la ciudad de Manizales,
«yo en ese momento estaba embarazada, no lo pude acompañar, no estuve, no pude
estar con él porque fueron varios meses aquí en Manizales». Ello se refuerza con el
contenido general de sus afirmaciones, cuando adujo que su padre «siempre vivió con
ella» «siempre (con) mi tía» «siempre con ella hasta el momento de su muerte».
75. Gabriel Jaime Gómez Gómez detalló que conoció desde niño a la pensionada
y al accionante, porque todos vivían en el municipio de Riosucio (Caldas). Expresó
que a Ernesto Trejos Bolaños siempre lo vio residir en la casa paterna junto a su
hermana Consuelo del Socorro Trejos Bolaños, con quien convivió hasta el
fallecimiento de esta. Señaló que, desde que el actor comenzó a presentar graves
problemas de salud a finales de los años noventa o inicios de los años 2000, pasó a
depender económicamente de su hermana.
76. Gabriel Gómez Gómez relató que tenía una relación muy cercana con Ernesto
y explicó con detalle los momentos que compartieron, al precisar que sufrió un infarto
y que tenían el gusto por la cocina y el ajedrez, con lazos de amistad muy fuertes
desde hace mucho tiempo.
77. Empero, en cuanto a la dependencia económica tampoco tiene un conocimiento
directo, sino que refiere lo que contaba el accionante sobre que su hermana le
compraba unos medicamentos, y a partir de ahí el declarante concluye que «me
manifestaba todo lo relacionado con su salud y con su dependencia con su hermana
Consuelo», así narró que «siempre he oído, siempre él me contaba que él dependía
completamente de Consuelo».
78. Cuando el magistrado en la audiencia le preguntó en qué laboraba Ernesto
cuando se enfermó, indicó que «no, cuando él se enfermó yo estaba fuera de la ciudad,
yo manejaba un bingo en la ciudad de Manizales», en todo caso, precisó en términos
16
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00381-01 (0533-2022)
Demandante: Ernesto Trejos Bolaños
Demandado: UGPP
generales respecto a las actividades laborales del demandante que «Él era muy
dedicado a los negocios, a vender una casa, a ayudar a alquilar una casa, a vender un
carro, y en eso lo conocí muchas veces y tuve la oportunidad de acompañarlo a hacer
algún negocio de esa índole».
79. Por consiguiente, para la Sala lo narrado por el testigo denota que no tenía una
aprehensión directa de lo que se pretende acreditar, pues refiere lo que le contaba el
accionante. Nótese que si bien es enfático en señalar que existía dependencia
económica, lo cierto es que a pesar de indicar que tenían una relación muy estrecha
de amistad y cercanía, ello pierde solidez porque no estaba en la misma ciudad del
accionante cuando su estado de salud empeoró.
80. Por su parte, Ricardo Alonso Orrego González expresó que la jubilada fue su
profesora y relató que «Ernesto comenzó a vivir con Consuelo como desde el 2001 me
parece, que él dejó de trabajar como celador. Y entonces ya como no tenía el sueldo
de celador ya Consuelo comenzó a responder por él. Ya él dependía de la hermana.
Hasta el 2013 que murió la señora».
81. Agregó que Ernesto Trejos Bolaños dependía de la hermana porque tenía
problemas del corazón; así explicó que «entonces ya tenía muchos años y con ese
problema quién le iba a dar trabajo, entonces él dependía completamente de lo que
Consuelo hiciera por él, para los gasticos que él mantenía por ahí, tomarse un fresquito
o alguna cosa, era que Consuelo le colaboraba».
82. En lo que corresponde a Ricardo Alonso Orrego González sus afirmaciones son
vagas e imprecisas, y en ocasiones parece dudar sobre lo narrado, adicionalmente
refiere que Consuelo le colaboraba para tomarse algo, pero no explica cómo tenía
conocimiento de que ella pagaba todos los gastos de Ernesto. En efecto, indicó que él
dependía de ella, sin embargo, al explicarse refirió pagos esporádicos así «para los
gasticos que él mantenía por ahí, tomarse un fresquito o alguna cosa, era que
Consuelo le colaboraba». Agregó que «alguna vez vivió (…) en una piecita (…) me
parece que la hermana le colaboraba con el arriendo”.
83. Ahora bien, al valorar estas pruebas testimoniales la Sala destaca que coinciden
en afirmar que desde los años 2000 y 2001, el señor Ernesto Trejos Bolaños empezó
a tener problemas de salud. También se puede concluir que el señor Ernesto Trejos
Bolaños vivía con su hermana Consuelo Trejos Bolaños.
84. En contraposición, la entidad alega que según el FOSYGA, el accionante
aparecía reportado como padre cabeza de familia. Hecho que en efecto está
acreditado con la certificación del ADRES y la consulta de la página del RUAF, la cual
en el tipo de afiliado indica «cabeza de familia». Al respecto debe decir la Sala que el
17
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00381-01 (0533-2022)
Demandante: Ernesto Trejos Bolaños
Demandado: UGPP
Tribunal intentó recaudar la prueba, en primera instancia, para establecer por cuáles
motivos el actor constaba como cabeza de familia, pero lo cierto es que no se logró
determinar por qué la afiliación obraba en esos términos.
85. En este orden de ideas, es preciso señalar que el requisito de la dependencia
económica debe analizarse a la luz de las particularidades de cada caso concreto; así
pues, en el asunto bajo estudio el derecho pensional se deriva del estado de invalidez
del hermano y, por tanto, el requisito de dependencia económica no debe abordarse
en abstracto y de forma aislada.
86. Como lo aduce el recurso de apelación, ciertamente la normativa que regula la
sustitución pensional no establece un término específico de duración de dicha
dependencia entre el pensionado y el hermano en condición de invalidez, de modo
que no se comparte este razonamiento del Tribunal. Sin embargo, la Sala considera
que, en todo caso, no está probado el requisito de la dependencia económica, como
quiera que la labor probatoria debe ir más allá de la manifestación general sobre la
existencia de la referida dependencia44.
87. Por otra parte, en cuanto al documento con firma de la causante, con fecha
del 19 de febrero de 2013, en el cual indicó que «Consuelo Trejos Bolaños manifiesta
que Ernesto Trejos Bolaños depende económicamente de ella, dado que él no
trabaja». Se anota que si bien indica que Consuelo Trejos Bolaños compareció ante el
Juzgado Segundo Civil Municipal, lo cierto es que en este escrito no consta la firma
del secretario o del juez. En todo caso al valorarlo no relata con detalle en qué términos
existió la supuesta dependencia económica, de modo que no es suficiente para
demostrar el referido requisito.
88. En este orden de ideas, en el proceso se probó el parentesco del actor como
hermano de la causante, así como la condición de invalidez del accionante; sin
embargo, no está demostrado con suficiencia que la ayuda de la pensionada fuera el
soporte económico permanente y significativo para su subsistencia al momento del
fallecimiento. Los testimonios describen la enfermedad, la cercanía y la colaboración,
pero no permiten establecer con suficiente certeza la verdadera sujeción económica
en el sentido exigido por la jurisprudencia.
89. Pues bien, en criterio de la Subsección del estudio en conjunto de las pruebas
documentales y testimoniales, acorde con las reglas de la sana crítica y la experiencia,
no se puede establecer con el grado de certeza la existencia real de la sujeción
económica, consistente en el apoyo regular, periódico y significativo.
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 19001-23-33-000-2020-00044-01
(1367-2023), M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
18
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00381-01 (0533-2022)
Demandante: Ernesto Trejos Bolaños
Demandado: UGPP
90. En efecto, la finalidad de la sustitución pensional consiste en amparar al núcleo
familiar que queda desprotegido ante la ausencia del integrante que proveía el
sustento económico. En el caso del hermano con pérdida de capacidad laboral, el
requisito de dependencia económica debe entenderse como el apoyo material
brindado en razón del estado de invalidez, en consonancia con la protección que el
legislador quiso otorgar a este grupo familiar.
91. En último lugar, en lo atinente a que la hija del actor es mayor de edad y tiene
el deber de alimentos respecto de su padre, se considera que por este solo hecho no
habría lugar a desestimar el eventual derecho a la sustitución pensional, comoquiera
que los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificada por los artículos 12 y 13
de Ley 797 de 2003, no establecen dicha condición45; no obstante, en este proceso, la
Sala considera que el demandante no acreditó el requisito de dependencia económica,
para que sea procedente la sustitución de la pensión gracia.
92. Por consiguiente, asistió la razón al Tribunal al negar las pretensiones de la
demanda, pero por las razones previamente expuestas.
4. Conclusión
93. El señor Ernesto Trejos Bolaños no tiene derecho a la sustitución de la pensión
gracia que devengaba su hermana, puesto que si bien acreditó el parentesco, así como
la pérdida de la capacidad laboral del 75.55 %, lo cierto es que no demostró el requisito
de dependencia económica frente a la causante, a causa de las enfermedades que
padecía.
5. Costas
94. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 46 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
45 Sobre el particular, la sentencia del 17 de marzo de 2021, de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, SL1704-2021, rad. 68725, indicó que «(…) la norma no establece para la viabilidad de la prestación
periódica por muerte en los casos del hijo mayor de edad inválido que no exista otra persona distinta del progenitor
con la obligación legal de suministrar alimentos. En efecto, dicha exigencia no fue prevista por el legislador y no se
acompasa con la garantía de la seguridad social como derecho fundamental irrenunciable ni con la protección
especial que se debe brindar a las personas en situación de invalidez».
46 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
19
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00381-01 (0533-2022)
Demandante: Ernesto Trejos Bolaños
Demandado: UGPP
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
instancia no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte vencida haya
incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas, el
10 de mayo de 2021, que negó las pretensiones de la demanda.
Segundo: Aceptar la renuncia al poder presentada por el abogado Edgar José
Polanco Pereira como apoderado de la UGPP, de conformidad con el memorial que
obra a índice 25 de Samai.
Tercero: Reconocer personería a la abogada Rocío del Pilar Arenas España,
identificada con cédula de ciudadanía 1.018.423.473 y tarjeta profesional 287.249 del
Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la UGPP según el poder que
consta a índice 27 de Samai.
Cuarto: Reconocer personería al abogado Carlos Arturo Sánchez Medina, identificado
con cédula de ciudadanía 1.149.189.550 y tarjeta profesional 262.361 del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderado sustituto de la UGPP según el poder que
consta a índice 27 de Samai.
Quinto: Sin condena en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de
Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
20
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00381-01 (0533-2022)
Demandante: Ernesto Trejos Bolaños
Demandado: UGPP
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
21
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.