Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2015-00382-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2015-00382-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 17001-23-33-000-2015-00382-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
4 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 4 de marzo de 2024
Radicado: 17001-23-33-000-2015-00382-01 (67295)
Demandante: Rama Judicial
Demandado: Gonzalo Humberto Villegas Henao
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN – ausencia de elemento subjetivo.
Síntesis del caso: Se declaró la insubsistencia de un trabajador de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial, quien posteriormente interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho y
obtuvo sentencia favorable. Esta fue objeto del pago que se repite. Sobre la base de que, en la expedición del
acto, se actuó con culpa grave o dolo, se demandó en acción de repetición al empleado que profirió la resolución
de insubsistencia.
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 13 de diciembre de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo de Caldas, en la cual se negaron las pretensiones
de la demanda1.
La Sala tiene competencia para proferir esta providencia conforme con lo
dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 11 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada;
1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 7 de julio de 2015, La Nación – Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, en ejercicio de la acción de repetición, presentó demanda
contra Gonzalo Humberto Villegas Henao. Sus pretensiones fueron (se trascribe):
“Primero: Que se declare responsable al doctor Gonzalo Humberto Villegas Henao
de los perjuicios ocasionados a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial por la condena administrativa de la que fue objeto por parte
del Tribunal Administrativo de Caldas en sede de segunda instancia mediante fallo
1 La parte resolutiva de la decisión dispuso: “NIÉGANSE las pretensiones de la parte actora, dentro del proceso de
repetición promovido por la NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL contra
el señor GONZALO HUMBERTO VILLEGAS HENAO. // COSTAS a cargo de la parte actora (…) // FÍJASE como
agencias en derecho la suma de 3’619.338 a cargo de la parte actora y a favor de la demandada (…)”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 17001-23-33-000-2015-00382-01 (67295)
Demandante: Rama Judicial
Demandado: Gonzalo Humberto Villegas Henao
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Decisión: Confirma
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de fecha seis (06) de septiembre de dos mil doce (2012), al reconocer y ordenar el
pago debidamente indexado y a título de indemnización, de los valores dejados de
percibir por el señor Marco Aurelio Ramírez López desde el momento en que fue
terminada su relación legal y reglamentaria con la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial.
Segundo: Que se condene al doctor Gonzalo Humberto Villegas Henao a cancelar
la suma de trescientos sesenta y un millones novecientos treinta y tres mil
ochocientos catorce pesos m/cte ($361.933.814,00) a favor de la Nación - Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, suma que equivale a lo que
fue pagado por mi representada al señor Marco Aurelio Ramírez López con el fin de
dar cumplimiento a la sentencia condenatoria proferida por el Tribunal Contencioso
Administrativo de Caldas”.
2. Como fundamentos de hecho de esas pretensiones, la parte actora
afirmó:
3. 1) La Rama Judicial fue condenada por el Tribunal Administrativo de
Caldas que, en Sentencia de 6 de septiembre de 2012, declaró la nulidad
de la Resolución 1890 de 29 de noviembre de 2005, por medio de la cual, el
señor Villegas Henao, en su calidad de Director Ejecutivo Seccional de
Administración Judicial de Manizales declaró la insubsistencia de un
trabajador designado en provisionalidad y, a título de restablecimiento,
ordenó su reintegro y el pago de salarios y prestaciones. Por lo anterior, la
parte actora pagó a Marco Aurelio Ramírez $361.933.814.
4. 2) Gonzalo Humberto Villegas Henao debía reembolsar lo pagado,
pues “no motiv[ó] debidamente el acto administrativo mediante el cual se
declaró insubsistente el nombramiento”, circunstancia que configuraba una
“…conducta gravemente culposa”.
5. 3) Su conducta configuraba la presunción de culpa grave o dolo
prevista en el artículo 71 de la Ley 270 de 1996 ya que, con la actuación del
demandado, se vulneraron normas de derecho sustancial y procesal,
porque la declaratoria de insubsistencia se dio “mediante un acto
administrativo carente de motivación, esto es, sin el lleno de los requisitos
legales”.
6. En los fundamentos de derecho, se refirió, además, al artículo 132 y 149
de la Ley 270 de 1996 y el artículo 41 de la Ley 909 de 2004. Precisó que,
aunque la Sección Segunda del Consejo de Estado consideraba que la
declaración de insubsistencia de un cargo de carrera provisto en
provisionalidad no debía motivarse, en “recientes pronunciamientos”
acogió una tesis contraria (citó partes de las Sentencia de 23 de septiembre
de 2010 y 23 de febrero de 2011). Por último, manifestó que este asunto se
regía por la Ley 678 de 2001, específicamente por los artículos 2 y 5, pues esa
normativa estaba vigente al momento en el que se expidió el acto
administrativo que fue anulado.
1.2. Posición de la parte demandada
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Decisión: Confirma
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7. El demandado, a través del apoderado que designó, propuso las
excepciones de “Fatla de legitimación en la causa por activa”; “Falta de
soporte y análisis de comité de defensa judicial y conciliación de la Rama
Judicial, respecto a la conducta gravemente culposa del demandado” y la
de “Ausencia de dolo o culpa grave en la actuación del [demandado] al
expedir el acto administrativo de insubsistencia bajo la facultad
discrecional”, esta última, con fundamento en que, cuando se expidió la
resolución de insubsistencia, no existía un criterio jurisprudencial unificado
sobre la necesidad de motivar el acto administrativo. Alegó que, si la
posición de la jurisprudencia varió con posterioridad, ello impedía calificar
el comportamiento del demandado como doloso o gravemente culposo.
1.3. Sentencia de primera instancia
8. Negó las pretensiones de la demanda. Aunque encontró prueba de los
elementos objetivos de la acción, descartó la existencia del elemento
subjetivo, porque cuando el demandado tomó la determinación de no
motivar el acto administrativo de insubsistencia, ese acto fue “…proferido
en armonía con un criterio unívoco del Consejo de Estado, órgano supremo
revisor de la acción administrativa, que como quedó demostrado, señalaba
a la sazón por modo inequívoco que el nominador podía hacer uso de la
potestad discrecional para remover empleados, que ocupaban en
provisionalidad cargos de carrera…”. Así, concluyó que “…la expedición del
acto administrativo se ciñó al criterio imperante para ese momento”, de
manera que la conducta del demandado no podía ser calificada como
gravemente culposa.
1.4. Recurso de apelación y trámite relevante en esta instancia
9. La parte demandante sostuvo que, a partir del fallo de segunda instancia
proferido dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
era evidente que la insubsistencia fue indebidamente motivada pues, al
momento de la desvinculación, estaba vigente la Ley 909 de 2004 que
imponía esa carga, con lo cual el actor vulneró normas de derecho
sustancial y procesal, lo que legitimaba al Estado a demandarlo en acción
de repetición. Además, alegó que, de ser cierto que no existía unidad de
criterio sobre la necesidad de motivar el acto de insubsistencia, entonces no
habría sido viable la condena que, en su momento, se le impuso al Estado.
10. En su concepto, el Ministerio Público solicitó no acceder a las
pretensiones, pues al momento de declarar la insubsistencia, el demandado
“…no debía tomar previsión especial alguna sobre la necesidad de motivar
o no dicha decisión, pues a esa fecha la posición jurídica era pacífica, en el
sentido de no requerirse motivación”.
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11. La parte demandada solicitó que se pusiera fin al proceso con ocasión
del fallecimiento del demandado, ocurrido el 6 de septiembre de 20202. De
manera subsidiaria, pidió que se confirmara la sentencia apelada, en la
medida en que la declaración de insubsistencia se tomó con fundamento
en el criterio jurisprudencial que, para la fecha, era la postura adoptada por
el Consejo de Estado.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Cuestión previa. 2.2. Exposición del litigio y decisiones que se adoptarán; 2.3. El elemento subjetivo;
2.4. Costas.
2.1. Cuestión previa. Consideraciones acerca de la incidencia de la muerte
del demandado en el trámite del proceso
12. A juicio del Ponente, la muerte del demandado en la acción de
repetición, puede ocasionar una violación insuperable al debido proceso
por la ausencia real y material de defensa, que imposibilita decidir de fondo
la acción (por falta de legitimación pasiva en la causa de los herederos);
así, por ejemplo, cuando, se demande directamente a los herederos del
agente estatal, es evidente que no puede garantizarse el derecho de
defensa. No obstante, habrá casos en donde el agente estatal fallece en el
curso del proceso judicial, caso en el cual, habrá que revisar si desplegó o
no una defensa real y efectiva3.
13. En el caso concreto, el ex agente estatal falleció el 6 de septiembre de
2020, es decir: después de que se impuso la condena al Estado dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento (de 6 de septiembre de 2012);
después de que se presentó la demanda de repetición (que se promovió el
7 de julio de 2015); después de que la misma le fue notificada, y una vez
que, dentro de este trámite, se profirió sentencia de primera instancia
adversa a la posición de la Rama Judicial. Es de notar que la decisión
recurrida sopesó la postura de la defensa, que fue constituida por el propio
agente del estado demandado, quien designó un apoderado judicial y
contestó la demanda proponiendo excepciones.
14. En esas condiciones, al comprobarse que el agente estatal tuvo la
posibilidad de ejercer su derecho de defensa, frente a los herederos no sería
2 Como prueba de ese hecho, allegó su registro civil de defunción.
3 En Sentencia de 19 de octubre de 2022, se consideró: “(…) Expuesto lo anterior, la Sala señala que, aunque
comparte que la vinculación de los herederos a la acción de repetición comporta dificultades, para el ponente
[que es el mismo para este caso] lo que motiva la decisión de declarar la falta de legitimación pasiva en la causa,
es considerar que cuando se demanda, de manera directa, a los herederos indeterminados sin que el agente
estatal despliegue su defensa para refutar el elemento subjetivo, la defensa se queda en el plano formal
(vinculación de una parte demandada, por regla general, a través de curador ad litem, quien “contesta” la
demanda). Ello, por supuesto, porque para el ejercicio efectivo del derecho de defensa resulta indispensable
comprender qué hacía el agente, qué debió hacer y, así concluir, si lo hizo de manera adecuada o no, información
con la que no cuentan los herederos” -se resalta-. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, Rad. 41001-23-33-000-2017-00257-01 (65762).
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dado predicar una vulneración insuperable de esa garantía fundamental4.
Lo anterior, porque, cuando se promovió la acción de repetición, el directo
responsable contaba con la información que su defensa requería (qué
hacía en el ejercicio de su trabajo, cuáles eran sus deberes, cuáles eran sus
comportamientos esperados, etc.), y contó con las oportunidades
procesales para que se decretaran los medios probatorios con ese fin.
Consta asimismo que encaró su defensa durante la mayor parte del proceso
y que, cuando sobrevino su muerte, la acción solo estaba a la espera de un
pronunciamiento sobre el recurso de apelación propuesto por la Rama
Judicial, estado del trámite en el que no había solicitudes probatorias que
requirieran de su necesaria intervención. Por esas razones, la Sala no accede
a la solicitud del apoderado judicial constituido, en su momento, por
Gonzalo Humberto Villegas Henao.
2.2. Exposición del litigio y decisiones que se adoptarán
15. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto, porque están reunidos
los presupuestos procesales para dictar sentencia. La demanda se presentó
oportunamente5.
16. Como, además, están satisfechos los 3 elementos objetivos de la acción
de repetición: existencia de un reconocimiento indemnizatorio (para el caso
por medio de una sentencia judicial6), el pago de la indemnización7 y
calidad de agente estatal de Gonzalo Humberto Villegas Henao 8, el análisis
de la Sala se centrará en la prueba del elemento subjetivo de la acción de
repetición.
4 Que se configura, por ejemplo, en los casos en los que los herederos quedan puestos en imposibilidad, entre otras
posibles, de: “conocer la función desarrollada por el agente”; “Conocer las circunstancias de tiempo, modo y
lugar sobre las particularidades que conllevaron al agente a adoptar la decisión por la que se repetiría”; o
“Acceder a las pruebas para defenderse”. Estos supuestos, fueron enunciados por la Sala en la Sentencia de 19
de octubre de 2022, ya citada.
5 La sentencia que ordenó el pago que se repite, quedó ejecutoriada el 8 de noviembre de 2012, según se
desprende de la certificación aportada con la demanda. El pago de la obligación se hizo e 30 de abril de 2014
(antes del vencimiento del plazo de 18 meses con que la entidad contaba para el cumplimiento de la sentencia
[la fecha del pago quedó acreditada con el certificado que se aportó al corregir la demanda luego de su
inadmisión]). En esas condiciones, la entidad tenía hasta el 1 de mayo de 2016 para presentar la demanda de
repetición, la que se interpuso el 7 de julio de 2015. En esas condiciones, el ejercicio de la acción fue oportuno.
6 La existencia de un reconocimiento indemnizatorio quedó demostrado con la copia auténtica del fallo de
segunda instancia proferido el 6 de septiembre de 2012 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas. En
esa decisión se declaró la nulidad de la Resolución 1890 de 29 de noviembre de 2005 y, a título de restablecimiento
del derecho, se ordenó: a. el reintegro del entonces demandante y b. el pago de los salarios y prestaciones
dejados de devengar desde la fecha de su retiro hasta el momento en que fuera reintegrado.
7 Frente al pago de la indemnización, está demostrado que se realizó, como lo expuso la Sala al momento de
verificar el presupuesto procesal de la oportunidad en el ejercicio de la acción.
8 Respecto de la calidad de agente, al contestar la demanda, Gonzalo Humberto Villegas Henao reconoció de
manera expresa que era cierto que fue él quien, en su condición de Director Ejecutivo Seccional de Administración
Judicial de Manizales, suscribió el acto administrativo a la postre declarado nulo.
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17. Sobre este último, a la controversia le podría ser aplicable el régimen
jurídico previsto en la Ley 678 de 20019, pues los hechos que dieron lugar a
la imposición de la condena ocurrieron durante su vigencia. Sin embargo, la
parte actora no refirió, en forma expresa, cuáles eran las presunciones que
se activaron en este caso, ni cumplió con la carga argumentativa de
exponer las razones por las cuales se configuraban los supuestos de hecho
que las presunciones invocadas de manera genérica. En el cumplimiento de
esa carga la parte actora es insustituible, de manera que a la Sala le está
vedado hacer interpretaciones tales como qué específicos supuestos de las
presunciones corresponderían a los hechos invocados en la demanda, so
pena de conculcar el derecho de defensa.
18. Por el contrario, la parte actora sí expuso y argumentó las razones por las
cuales, en este caso, debía aplicarse la presunción de dolo o culpa grave
prevista en el artículo 71 de la Ley 270 de 199610. Tal norma era aplicable al
acá demandado, en la medida en que el régimen de responsabilidad
previsto en esa normativa se predica de agentes judiciales (artículo 65); el
Director Seccional de la Rama Judicial, Gonzalo Humberto Villegas Henao,
tenía esa condición, pues sus funciones y competencias (por cuyo
incumplimiento, eventualmente, podría ser condenado el Estado) fueron
definidas, de manera expresa, por la propia Ley 270 de 1996 (artículo 103).
19. La Sala confirmará la sentencia apelada porque no se probó el supuesto
de hecho que activa la preunción alegada en la demanda. La sentencia
proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento no estructura,
por sí sola, la presunción invocada; en cualquier caso, si Gonzalo Humberto
Villegas Henao incurrió en una falta de motivación al proferir la declaratoria
de insubsistencia, tal deficiencia sería excusable.
2.3. Análisis del elemento subjetivo de la acción de repetición
20. La Resolución de insubsistencia 1890 de 29 de noviembre de 2005, fue
demandada por el empleado desvinculado en acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. En Sentencia proferida el 6 de septiembre de
2012, el Tribunal Administrativo de Caldas determinó que:
21. 1) Según “…la última posición del Consejo de Estado” (adoptada en
Sentencia de 23 de septiembre de 2010), con independencia de la fecha
en la que el cargo de carrera provisto en provisionalidad, si la declaratoria
de insubsistencia se efectúa en vigencia de la Ley 909 de 2004, el acto
9 Esta norma sería aplicable en su redacción original, anterior a las modificaciones introducidas por la Ley 2195 de
2022, porque esta no estaba vigente al momento de los hechos. La declaración de insubsistencia se tomó en el
año 2005.
10 “ARTÍCULO 71. DE LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO Y DEL EMPLEADO JUDICIAL. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial por un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la
conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.
Para los efectos señalados en este artículo, se presume que constituye culpa grave o dolo cualesquiera de las
siguientes conductas:
1. La violación de normas de derecho sustancial o procesal, determinada por error inexcusable (…)” -se resalta-
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administrativo de retiro del servicio debía ser debidamente motivado y, por
ende, no procede la facultad discrecional del nominador.
22. 2) “[B]ajo la orientación” de ese fallo, dado que el nombramiento había
ocurrido en vigencia de la Ley 909 de 2004, el acto de desvinculación debía
ser motivado, de modo que la omisión de ese presupuesto era causal
suficiente para invalidarlo.
23. 3) El acto administrativo se fundamentó en las “…sentencias del Consejo
de Estado, en las cuales se facultaba al nominador en su poder discrecional,
remover a un empleado nombrado en provisionalidad en un cargo de
carrera. Pero como se ha venido discutiendo hasta el momento, a la luz de
la ley 909 del 2004, vigente para el momento en el cual se profirió el acto
administrativo objeto de revisión en esta sede, la declaratoria de
insubsistencia debió haber tenido una motivación diferente a la plasmada
en tal acto, es decir, el nominado de ese entonces tuvo que haber
efectuado unas consideraciones diferentes a la discrecionalidad, tesis
campante y reinante hasta el momento en que entró en vigencia la ley 909
de 2004”
24. 4) Por lo anterior, concluyó que, en la Resolución demandada, “…existe
una falsa motivación, pues el nominador no debió haber apelado a su
facultad discrecional para declarar insubsistente al accionante, ya que el
acto administrativo, que fue expedido estando en vigencia de la ley 909 del
2004, en la motivación de la resolución, se debió explicar las razones por las
cuales se estaba declarando la insubsistencia”.
25. A partir de las anteriores premisas, a juicio de la Sala, la parte actora,
como se indicó, no acreditó el supuesto de hecho que activa la presunción
invocada en la demanda.
26. Para empezar, la Sentencia proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento, no hizo ningún análisis particular de la conducta del acá
demandado, trámite al que, además, no consta que hubiera sido vinculado,
lo que conlleva a que las consideraciones allí realizadas no le sean
atribuibles, por lo menos, a título personal.
27. En este punto, se destaca que la Corte Constitucional, en sentencia de
unificación, advirtió que la parte demandante en esta acción tiene la carga
de acreditar, al margen del análisis efectuado en la providencia que
declaró la responsabilidad del Estado, “la atribución de la conducta
determinante del daño antijurídico al agente, a título de dolo o culpa
grave”. De igual forma, ha puesto de presente que11, en materia de
repetición, “está prohibida la posibilidad de extrapolar las conclusiones
sobre la responsabilidad del Estado contenidas en la providencia
condenatoria a la administración”.
11 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-354 de 2020, del 26 de agosto de 2020. Magistrado Ponente Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
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28. En esas condiciones, aunque la sentencia ordinaria, en los casos en los
que se apliquen las presunciones, permita acercarse al hecho base12 lo
cierto es que aquí, la presunción alegada13 escapa a lo resuelto en la
sentencia de nulidad y restablecimiento, en donde nunca se analizó lo
referente a la existencia o no de una excusa para haber adoptado en esas
condiciones el acto administrativo. En esa medida, la responsabilidad del
agente debía sustentarse en los demás elementos de juicio allegados al
proceso de repetición, sobre los cuales el acá demandado tuviera la
oportunidad real de ejercer su derecho de defensa14.
29. Así, aunque quedó establecido en la Sentencia que el acto
administrativo de insubsistencia tenía que ser motivado, tal y como, a juicio
del juez de su legalidad, lo exigía la jurisprudencia del Consejo de Estado a
partir de un fallo del año 2010, la Sala encuentra que la falencia en la que
habría incurrido el demandado era excusable y, por lo mismo, su conducta
no configuraba la presunción de “dolo o culpa grave” del artículo 71 de la
Ley 270 de 199615.
30. Al respecto, basta considerar que, para la época en que se profirió esa
Resolución (2005), la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado tenía sentado que en los casos de nombramientos en provisionalidad
de personas que no hacían parte de la carrera administrativa, en cargos
para ser suplidos por concurso de méritos, la desvinculación podía darse por
acto que no tenía que ser motivado16.
12 Por ejemplo, cuando se alegue la presunción de dolo del artículo 5.1 de la Ley 678 de 2001 en su redacción
original: “obrar con desviación de poder” y en la sentencia se hubiera explicado y declarado esa causal de
nulidad de un determinado acto administrativo.
13 1. La violación de normas de derecho sustancial o procesal, determinada por error inexcusable (…)”
14 En relación con este punto, la Corte Constitucional determinó lo siguiente: “A fin de determinar si el daño
antijurídico tuvo su origen en una acción u omisión atribuible al demandado, así como si dicha actuación fue
dolosa o gravemente culposa, el juez de lo contencioso administrativo debe valorar los aspectos propios de la
gestión pública, tales como: (i) las funciones del agente contempladas en la ley y en el reglamento, o (ii) el grado
de diligencia que le sea exigible al servidor en razón de los requisitos para acceder al cargo, la jerarquía del mismo
en la escala organizacional o la retribución económica por los servicios prestados”.
15 La Corte Constitucional, en el estudio de constitucionalidad de la presunción alegada en la demanda
(adelantado en la Sentencia C-037-96), manifestó: “Respecto de las conductas bajo las cuales se presume la
existencia de culpa grave o dolo, debe establecerse que el error inexcusable de que trata el numeral 1o, tiene
como antecedente el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, el cual ha sido explicado por la Corte
Suprema de Justicia en los siguientes términos: 'Muy sabia resulta la disposición al exigir que el error sea de
abolengo de los inexcusables, pues siendo propio de la naturaleza humana el errar, la ocurrencia de simples
equivocaciones al administrar justicia no puede descartarse. Si la comisión de hierros, sin calificativo alguno,
pudiera servir de estribo a procesos de responsabilidad contra los jueces, tales contiendas judiciales proliferarían
de una manera inusitada; podría menguarse ostensiblemente la independencia y libertad que tienen para
interpretar la ley, y se abriría ancha brecha para que todo litigante inconforme con la decisión procediera a tomar
represalia contra sus falladores, alegando simples destinos en faena tan difícil como es la de administrar justicia.
'El error a que se refiere el numeral 3 del artículo 40 del C. de P. Civil ha de entenderse como equivocación o
desacierto que puede dimanar de un falso concepto sobre lo que una cosa es realmente o de ignorancia de la
misma. De modo pues que la responsabilidad civil de jueces o magistrados puede originarse en una equivocación,
sea que ésta haya tenido como causa un conocimiento falso de hechos o de normas legales o un completo
desconocimiento de los mismos.
'Pero es claro que la simple equivocación no es fuente de responsabilidad, desde luego que exígese que el
desatino sea de aquellos que no pueden excusarse, que quien lo padece no pueda ofrecer motivo o pretexto
válido que sirva para disculparlo (…)”
16 Al respecto, en otra acción de repetición fallada por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación,
se argumentó: “Fue a partir de la sentencia del 23 de septiembre de 2010 que el Consejo de Estado estableció
que debía motivarse del acto de retiro del servicio de los empleados nombrados en provisionalidad cuya
desvinculación ocurriera luego de la entrada en vigor de la Ley 909 de 2004 y que la discrecionalidad del
nominador solo se predicaba respecto del retiro en empleos de libre nombramiento y remoción. En esa decisión,
reiterada en lo sucesivo, se precisó que el retiro del servicio de los empleados que ocuparan cargos de carrera en
provisionalidad debía ser justificado mediante la expedición de un acto administrativo motivado, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 13, 123 y 125 de la Constitución Política, y el alcance de lo dispuesto en la Ley 909 de
2004 y en su Decreto Reglamentario 1227 de 2005”. Con esas premisas, la Subsección A concluyó: “En definitiva,
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Radicado: 17001-23-33-000-2015-00382-01 (67295)
Demandante: Rama Judicial
Demandado: Gonzalo Humberto Villegas Henao
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Decisión: Confirma
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31. En ese contexto, no podría considerarse que el demandado, al omitir la
motivación de ese acto administrativo (comportamiento que estaba en
línea con la posición que, para ese momento, prohijaba la jurisprudencia del
Consejo de Estado), actuó, entonces, con la intención positiva de inferir un
perjuicio a la persona que fue objeto de la declaratoria de insubsistencia.
32. Al no estar probado el supuesto de hecho de la presunción invocada en
la demanda, y no existir, por consiguiente, prueba del elemento subjetivo de
la acción de repetición, la Sala confirmará la sentencia apelada y
condenará en costas a la parte actora.
2.4. Condena en costas
33. El artículo 188 del Código Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, dispone: “Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil”. En ese orden, el artículo 365 del Código General
del Proceso aplicable al presente proceso, consagra que se condenará en
costas “a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación…”. El artículo 361 del CGP indicó que las costas se componían de
expensas y gastos sufragados en el proceso y agencias en derecho.
34. En atención a que el apoderado del extremo demandado descorrió el
traslado para alegar de conclusión en esta instancia, la Sala considera
razonable tasar las agencias en derecho en 6 salarios mínimos legales
mensuales vigentes. De existir costas en virtud de expensas y gastos
sufragados durante el proceso, se procederán a liquidar por Secretaría en
el caso de que se hubieren causado.
35. La Sala no hará pronunciamiento alguno sobre la condena en costas
impuesta en la primera instancia, ya que la parte actora no apeló esa
determinación.
se acreditó que: i) para junio de 2006 [para el caso 2007] no existía una línea jurisprudencial uniforme en torno a la
estabilidad laboral relativa de los empleados públicos que desempeñaban cargos de carrera en provisionalidad;
ii) la seguridad jurídica sobre la adecuada aplicación de la Ley 909 de 2004 y su Decreto Reglamentario 1227 de
2005 sólo se alcanzó en septiembre de 2010”, motivos por los cuales se “…descart[ó] una violación manifiesta e
inexcusable de normas de derecho por parte del demandado al terminar el nombramiento de [xxxxx] sin expresar
las razones de esa decisión, la misma era razonable para junio de 2006 y, además, contaba con el respaldo de la
entonces jurisprudencia del Consejo de Estado -sin perjuicio de que se comparta o no esa hermenéutica-, la cual
fue acogida por la secretaría jurídica de Itagüí, dependencia que prestaba su asesoría para que el entonces
alcalde no incurriera en yerros jurídicos, por ejemplo, al ejercer su facultad de remoción” (Sentencia de 18 de
febrero de 2022, Radicación número: 05001-23-31-000-2015-01055-01 [67.534]). Criterio reiterado por esta
Subsección en Sentencia de 16 de noviembre de 2023, Rad. 11001-03-26-00-2014-00096-00 (51684) (sin aclaración
o salvamento de voto).
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Radicado: 17001-23-33-000-2015-00382-01 (67295)
Demandante: Rama Judicial
Demandado: Gonzalo Humberto Villegas Henao
Medio de control: Repetición – Ley 1437 de 2011
Decisión: Confirma
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida el 13 de diciembre
de 2019 por el Tribunal Administrativo de Caldas.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante.
TERCERO: FIJAR las agencias en derecho en esta instancia, en 6 S.M.L.M.V. a
favor de la sucesión de Gonzalo Humberto Villegas Henao. Las otras costas
(expensas y gastos) serán liquidadas por Secretaría del tribunal de origen en
el caso de que se hubieren causado.
SEXTO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las ordene,
expídanse copias de la presente decisión.
SÉPTIMO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente a la
Corporación de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
10 de 10
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