Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2015-00492-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2015-00492-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2015-00492-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
18 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017)
Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 28 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo
de Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Gloria Amparo Martínez Blandón, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las Resoluciones RDP 018582 del 12 de mayo y RDP 031800 del 31 de julio, ambas
de 2015, por medio de las cuales la UGPP le negó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia.
1 Folios 2 al 7.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017)
Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a: i) reconocer y pagar la pensión gracia de
jubilación a partir de la fecha de consolidación del estatus pensional; y ii) actualizar
los valores reconocidos, de conformidad con los artículos 182 y ss. del CPACA.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
i) Por Decreto 0106 del 16 de febrero de 1981, el Departamento de Caldas le
reconoció a la señora Gloria Amparo Martínez Blandón los servicios prestados como
docente seccional en el municipio de Marquetalia, entre el 29 de septiembre y el 23
de noviembre de 1980.
ii) El 3 de julio de 1990, por Decreto 012, el alcalde del municipio de Victoria la
nombró docente de tiempo completo en la Escuela Rural La Pradera. A partir de
esta fecha ha laborado en forma ininterrumpida hasta la actualidad.
iii) El 30 de enero de 2015, solicitó a la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia.
Dicha petición fue negada por medio de los actos acusados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 13 y 53 de la Constitución Política y las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora alegó que los actos
demandados fueron expedidos con infracción de las normas en que debían
fundarse, por cuanto esta cumple con los requisitos de ley para acceder a la pensión
gracia que reclama, pues se encuentra demostrada su vinculación al magisterio
antes del 31 de diciembre de 1980, así como la calidad de docente territorial.
2
Radicado: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017)
Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón
1.2. Contestación de la demanda2
El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y argumentó
que los actos acusados se expidieron con arreglo a la ley, pues la accionante no
reúne los requisitos legales previstos para obtener la pensión gracia, toda vez que
los tiempos de servicio fueron prestados con nombramiento del orden nacional.
Propuso como excepciones las que denominó inexistencia de la obligación y cobro
de lo no debido; buena fe; prescripción; y genérica.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 28 de noviembre de
2016, accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
accionada. Sustentó su decisión en las siguientes consideraciones:3
i) En el proceso se demostró que la actora se encontraba vinculada a la docencia
antes del 31 de diciembre de 1980 y que ha laborado como docente durante 24
años, 8 meses y 17 días, es decir, que superó con creces el tiempo de servicio
requerido para acceder a la pensión gracia; además, que en ese período observó
buena conducta.
ii) Pese a que la entidad accionada asegura que los tiempos de servicio prestados
por la demandante lo fueron en su condición de docente nacional, lo cierto es que
los actos administrativos de nombramiento fueron expedidos por la gobernadora del
Departamento de Caldas y el alcalde del Municipio de Victoria. En ese orden, su
vinculación del orden territorial da lugar a que acceda al beneficio pensional que
reclama, a partir del 23 de enero de 2011, cuando cumplió 50 años de edad, fecha
para la cual llevaba más de 20 años de servicio, con efectos fiscales desde el 30 de
enero de 2012, por prescripción trienal, teniendo en cuenta que presentó la petición
el 30 de enero de 2015.
2 Folios 95 al 103.
3 Folios 155 al 164.
3
Radicado: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017)
Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón
1.4. El recurso de apelación
La UGPP solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, denegar las
pretensiones de la demanda. Expuso las siguientes razones de inconformidad:4
i) Los actos administrativos demandados no son violatorios de ninguna norma
constitucional o legal y, por el contrario, se ajustan plenamente al régimen jurídico
aplicable, pues, verificada la base de información del FOMAG, se evidencia que la
demandante fue vinculada con carácter nacional desde el 9 de julio de 1990.
En consecuencia, como la señora Gloria Amparo Martínez Blandón ostentó la
calidad de docente Nacional y sus salarios fueron financiados con recursos del
Situado Fiscal, hoy Sistema General de Participaciones, incumplió con los requisitos
exigidos por las normas vigentes para acceder a la pensión gracia.
ii) Respecto a la condena en costas, debe tenerse en cuenta que la demandada no
ha obrado en forma temeraria y su actuación ha sido de buena fe, siempre en
derecho y procurando la protección de los recursos del Estado.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
En esta etapa procesal la parte demandante guardó silencio.5 Por su parte, la UGPP6
reiteró los argumentos expuestos en el transcurso del proceso.
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.7
La Sala decide, previas las siguientes
4 Folios 167 al 176.
5 Según constancia secretarial obrante en el folio 235.
6 Folios 232 al 234.
7 Constancia secretarial obrante a folio 235.
4
Radicado: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017)
Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar lo siguiente: i) si la demandante tiene
derecho a que la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen
consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación;
y ii) si la condena en costas impuesta en primera instancia consulta los postulados
de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP.8
2.2. Marco normativo
El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 19289 y 37 de 193310 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 11
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».12
8 Código General del Proceso.
9 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública
tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan.
Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la
enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
10 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter
legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados
por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
11 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio
de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
12 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
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Radicado: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017)
Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión gracia
no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de
ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores
locales o regionales».13
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente,
lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones
como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo
necesario para su sostenimiento.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997,
radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han
acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-
2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-
000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida
por la Corte Constitucional.
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Radicado: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017)
Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,14 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
14 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Radicado: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017)
Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia
de la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un
plazo que demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la
pensión gracia».15
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:16
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que
la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».17
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes
territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con
antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando
el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los
derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos para
obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus efectos
en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-
23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-
23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
17 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-
2019-02219-01 (AC).
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Radicado: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017)
Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún
podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31
de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de
dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó
antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación
de la Ley 91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,18 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:19
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales
para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez
ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes
territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las exógenas -situado fiscal- cuando se sufragaban los
gastos a través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo
que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia
transcrita.
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Radicado: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017)
Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».20
2.3. Hechos probados
➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios
• Conforme a la cédula de ciudadanía, la señora Gloria Amparo Martínez Blandón
nació el 23 de enero de 1961,21 es decir, que cumplió 50 años el 23 de enero de
2011.
• El 16 de febrero de 1981, por Decreto 0106,22 la gobernadora del Departamento
de Caldas, con cargo al presupuesto del FER, reconoció los servicios docentes
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
21 CD contentivo del expediente administrativo obrante a folio 3 del cuaderno 2.
22 «Por medio del cual se hacen unos reconocimientos por servicios prestados en el ramo de educación
primaria».
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Radicado: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017)
Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón
prestados por la demandante «del 29 de septiembre al 23 de noviembre de 1980 en
licencia de Libia Ocampo Jiménez».23
• El 3 de julio de 1990, mediante Decreto 012, el alcalde del municipio de Victoria
(Caldas) nombró a la demandante en el cargo de docente, en el nivel de básica
primaria, en la Escuela Rural La Pradera.24 Se posesionó el 9 de julio de 1990.25
• El 12 de abril de 2000, por Decreto 00600, el gobernador del departamento de
Caldas, «en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por los
artículos 2 y 5 del Decreto 180 de 1982, el artículo 3 de la Ley 60 de 1993, el artículo
106 de la Ley 115 de 1994», decretó:
[…]
Artículo 1. Legalizar comisión a partir del 1 de febrero de 1994, hasta la fecha de
expedición del presente Decreto, a Gloria Amparo Martínez Blandón […] docente de
tiempo completo en la concentración Escolar Cervantes el municipio de Marquetalia,
para desempeñar las mismas funciones en la Normal Nuestra Señora de la
Candelaria del municipio de Marquetalia.
Artículo 2. Trasladar por necesidad del servicio a Gloria Amparo Martínez Blandón
[…] del cargo de docente con grado 11 en el Escalafón Nacional de tiempo completo
en la Concentración Escolar Cervantes, ubicado (a) en la zona urbana del municipio
de Marquetalia, al mismo cargo en la Normal Superior Nuestra Señora de la
Candelaria, de la zona urbana que funciona en el municipio de Marquetalia.
Parágrafo. Como consecuencia de este traslado, reubicase la plaza en dicho plantel
educativo.
• El 14 de abril de 2000, según Acta 395, la señora Martínez Blandón tomó posesión
del cargo de docente de tiempo completo en la Normal Nuestra Señora de la
Candelaria, para el que fue trasladada a través del Decreto 00600, anteriormente
referido.26
• El 27 de diciembre de 2004, por Decreto 01120, el gobernador de Caldas, en uso
de sus atribuciones legales, «en especial las conferidas por los artículos 34 y 38 de
23 Folios 17 al 19 del cuaderno 1.
24 Folios 3 y 4 del cuaderno 3.
25 Acta de posesión 006 (folio 5 ibidem).
26 Folio 8 del cuaderno 3.
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Radicado: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017)
Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón
la Ley 715 de 2001», incorporó a la planta de cargos, entre otros docentes, a la
señora Martínez Blandón.27 Tomó posesión el 28 de enero de 2005, según Acta
001967 de la fecha.28
• Según Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios del FOMAG,
la actora devengó, desde el 12 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2011,
asignación básica, prima de vacaciones docentes y prima de navidad.29
• La Procuraduría General de la Nación certificó que la señora Gloria Amparo
Martínez Blandón, al 31 de agosto de 2015, no registra sanciones ni inhabilidades.30
➢ Actuación administrativa
• El 30 de enero de 2015,31 la señora Gloria Amparo Martínez Blandón solicitó a la
UGPP el reconocimiento y pago de una pensión gracia.
• El 12 de mayo de 2015, por Resolución RDP 018582, la subdirectora de
Determinación de Derechos Pensionales de la entidad negó la prestación, con
fundamento en que su vinculación a la docencia fue de carácter nacional. Agregó
que los tiempos laborados para el municipio de Marquetalia, entre el 29 de
septiembre y el 23 de noviembre de 1980, serían desestimados por no haberse
aportado en el Formato Único del FOMAG.32
• El 27 de mayo de 2015, la señora Gloria Amparo Martínez Blandón interpuso
recurso de apelación contra el citado acto.33
• El 31 de julio de 2015, mediante Resolución RDP 031800, la Directora de
Pensiones de la UGPP resolvió confirmar la decisión.
27 Folios 9 al 11 ibidem.
28 Folio 12.
29 Folios 22 y 23 del cuaderno 1.
30 Folio 24 ibidem.
31 Según se extracta de la Resolución RDP 018582 del 12 de mayo de 2015, que negó el reconocimiento.
32 Folios 8 al 12.
33 De ello da cuenta la Resolución RDP 031800 del 31 de julio de 2015, que resolvió el recurso.
12
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Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Teniendo en cuenta el recuento fáctico que antecede, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en precedencia, la Sala confirmará la decisión
del a quo que accedió al reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
demandante. Esta conclusión se funda en los siguientes razonamientos:
i) La señora Gloria Amparo Martínez Blandón demostró que laboró en el magisterio
oficial por más de 20 años como docente, a través de vinculaciones clasificadas
como territoriales. Igualmente, tuvo una experiencia como educadora anterior al 31
de diciembre de 1980, por ende, en lo que respecta al tiempo de servicio, cumple
con los presupuestos previstos por las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989 para ser
acreedora del beneficio pensional pretendido.
En efecto, está acreditado que la docente prestó sus servicios al departamento de
Caldas, en el ramo de la educación primaria, entre el 29 de septiembre y el 23 de
noviembre de 1980, los cuales fueron reconocidos por medio del Decreto 0106 del
16 de febrero de 1981, expedido por la gobernadora, como se aprecia a
continuación:
[…]
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Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón
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Radicado: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017)
Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón
Aunque no existe en el proceso el acto administrativo que la designó como docente
interina o el contrato suscrito para tal efecto, lo cierto es que el mencionado Decreto
0106 del 16 de 1981, «por medio del cual se hacen unos reconocimientos por
servicios prestados en el Ramo de Educación Primaria», da cuenta de que la
gobernadora del departamento de Caldas le reconoció una suma de dinero por los
servicios prestados del 29 de septiembre al 23 de noviembre de 1980, lo que permite
establecer su efectiva incorporación a la docencia oficial y el lapso por el que laboró
bajo esa modalidad. Dicha vinculación, sin duda, resulta válida para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia, en tanto que artículo 15 de la Ley 91 de 1989
exige haber tenido una relación docente con anterioridad al 31 de diciembre de
1980, indistintamente del tipo de vinculación con el establecimiento educativo,
siempre que sea del orden municipal o departamental.
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Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón
En relación con otros tipos de vinculación al servicio estatal, como la interinidad,
esta Subsección34 advirtió que si bien dentro del ordenamiento interno no existe una
definición expresa sobre dicha figura, lo cierto es que debe ser entendida como el
mecanismo a través del cual la administración, ante la imposibilidad de contar con
docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas instruidas en el
ejercicio de dicha actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la
efectiva prestación de los servicios educativos. De ahí que la prestación de servicios
bajo esa modalidad constituye una forma de ingresar a la administración.
En ese orden, es viable colegir que, ante la ausencia temporal del titular de un
empleo docente por cualquiera de las situaciones administrativas previstas en la ley,
entre ellas, la licencia,35 la administración está facultada para proveer dicho empleo
en forma transitoria por medio de un nombramiento interino con el fin de prestar el
servicio educativo oficial de forma habitual.
Al respecto, la Corte Constitucional36 se pronunció en los siguientes términos:
[…] en ningún caso, esos parámetros de contratación son imputables al docente
quien, sin importar la forma como ha de ser vinculado, cumple funciones similares
en el campo educativo y, en consecuencia, está obligado a acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las
propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus propios
estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de
los docentes ocasionales y hora cátedra, a percibir las prestaciones sociales
reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores públicos o privados,
las cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado.
En el mismo sentido, la Subsección A del Consejo de Estado, en sentencia del 13
de febrero de 2014,37 concluyó:
[…] En este punto, vale la pena aclarar que no le asiste razón a la entidad
demandada al señalar que los tiempos que la demandante pretende hacer valer, en
los que laboró por los periodos arriba mencionados como docente interina para
34 Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 17 de agosto de 2011. Radicado: 25000-23-25-000-2004-
00269-01 (1446-2006). Actor: Nero Cárdenas García.
35 Ver el artículo 23 del Decreto 1950 de 1973.
36 Sentencia C-517 de 1999.
37 Sección Segunda, Subsección A. Radicado: 170012331000201200008-01 (2022-2013). Actor: Gloria Cristina
Pineda Barbosa.
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Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón
cubrir licencias de otros docentes, no pueden ser tenidos en cuenta como quiera
que no se generó relación laboral alguna y ningún tipo de vinculación, [lo anterior
toda vez que] como lo ha señalado la jurisprudencia38 en ningún caso, los
parámetros de [nombramiento] son imputables al docente quien, sin importar la
forma como ha de ser vinculado, cumple funciones similares en el campo educativo
y, en consecuencia, está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y
experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro
de la autonomía de que gozan para darse sus propios estatutos, puedan establecer
regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de los docentes ocasionales y
hora cátedra, a percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico
para todos los trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en
proporción al tiempo laborado. […]
A su turno, la Subsección B, en sentencia del 10 de octubre de 2018, consideró:39
[…] el hecho de que la actora haya sido vinculada en interinidad para que se
desempeñara como docente del 12 de noviembre al 5 de diciembre de 1980 resulta
irrelevante, ya que el ordenamiento que regula la prestación reclamada no establece
que dicho ingreso deba hacerse bajo un nombramiento en propiedad.
Esa modalidad de vinculación no es ajena a quienes se incorporen a la planta
docente en propiedad, toda vez que las funciones que cumplen unos y otros son
«[…] similares en el campo educativo y, en consecuencia, [el vinculado por
interinidad también] está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y
experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro
de la autonomía de que gozan para darse sus propios estatutos, puedan establecer
regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de los docentes ocasionales
[…], a percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico para todos
los trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en proporción al
tiempo laborado»40.
Así las cosas, esta Sala concluye que la accionante satisfizo la condición de haberse
vinculado a la docencia oficial antes del 31 de diciembre de 1980, dado que prestó
sus servicios al departamento del Cauca como docente interina del 12 de noviembre
al 5 de diciembre de 1980.
En concordancia con los anteriores pronunciamientos, el lapso servido por la actora
para cubrir una licencia conferida a otra docente, se reitera, resulta válido para
acreditar su nombramiento con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y, por lo
tanto, para acceder a la pensión gracia. Sin duda, tal periodo tiene carácter
territorial, pues resulta innegable que prestó servicios docentes de forma directa,
38 Sentencia C-517 de 22 de julio de 1999.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de octubre de 2018, radicación: 19001-
23-33-000-2013-00102-01 (1665-14), actor: Lidia Amaye Orozco Erazo, demandado: Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
40 Sentencia C-517 de 1999.
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Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón
recibiendo como contraprestación el salario correspondiente a la educadora a quien
se le concedió licencia, con cargo al presupuesto del Fondo Educativo Regional; al
paso de que no existe duda del carácter territorial de la plaza ocupada.
Al respecto, esta Sala ha considerado lo siguiente:41
En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, habida cuenta de
que la labor desempeñada a través de contratos u órdenes de prestación de
servicios desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya
querido ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de
contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están
sujetos a un específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar
iguales condiciones de formación y experiencia.
De igual forma, en lo que respecta a este tipo de vinculación, en particular cuando
se trata de maestros, la Corte Constitucional es del criterio que la «[...] primacía de
la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales, es un principio constitucional [...]», y si el intérprete judicial, «[...] en un
caso concreto, decide, porque lo encuentra probado, otorgarle a un docente-
contratista el carácter de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base
en el artículo 53 de la CP [...].
Por tanto, la Sala valida el tiempo laborado por el accionante como docente
mediante contratos de prestación de servicios, para que sea contabilizado con el
ejercido en propiedad, circunstancia que le permite, previo estudio de su caso
particular, acceder al reconocimiento de la pensión gracia.
Por consiguiente, es claramente computable el lapso que desarrolló actividades un
docente a través de contratos u órdenes de prestación de servicios, pues «el tiempo
requerido para el reconocimiento de la pensión gracia no solo es aquel que se deriva
de las relaciones regulares y en titularidad, debido a que se trata de una prestación
cimentada en la prestación efectiva de labores de educador»,42 siempre y cuando,
la vinculación sea territorial, circunstancia que fue válidamente demostrada por la
actora, pues, se insiste, se desempeñó como profesora al servicio del departamento
41 Ver entre otras sentencias del: 11 de marzo de 2001, radicado 52001-23-33-000-2016-00499-01(2298-19);
15 de julio de 2010, rad. 25000 23 25 000 2007 91356 01 (1465-09); 17 de agosto de 2011, rad. 25000-23-25-
000-2004-00269-01 (1446-2006); 10 de marzo de 2016, radicado 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-14);
19 de febrero de 2018, rad. 25000234200020150003201 (2300–2017); 19 de julio de 2018, radicado 17001-23-
33-000-2013-00457-01 (3598-14); 10 de noviembre de 2022, rad. 05001-23-33-000-2014-1000-01 (0823-2017).
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2022, rad. 05001-23-33-000-2014-
1000-01 (0823-2017).
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de Caldas, en el municipio de Marquetalia, cuya remuneración fue reconocida por
la gobernadora del departamento, con cargo al presupuesto del FER.
ii) El nombramiento efectuado a través del Decreto 012 del 3 de julio de 1990 es de
carácter territorial, pues fue suscrito por una autoridad del orden territorial (el alcalde
del municipio de Victoria (Caldas), en uso de sus atribuciones legales, sin
intervención de ningún otro funcionario, ni por delegación del Ministerio de
Educación), para prestar labores en la Escuela Rural La Pradera, como se observa
en la siguiente imagen:
[…]
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Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón
[…]
El alcalde se fundamentó en el artículo 9 de la Ley 91 de 1989, que «asigna al
alcalde mayor del Distrito Especial de Bogotá, y a los alcaldes municipales, las
funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general administrar el
personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales o
nacionalizados».
Se trata de una plaza municipal, pagada con recursos del situado fiscal. La
afirmación de que dicha designación tiene el carácter territorial encuentra respaldo
en lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son
territoriales aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial,
a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el
artículo 10 de la Ley 43 de 1975».
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Del mismo modo, la Corte Constitucional, en sentencia C-084 de 1999, al analizar
la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
precisó que antes de la nacionalización de la educación que se surtió conforme a la
Ley 43 de 1975, los docentes se dividían sólo en dos categorías, nacionales y
territoriales. Particularmente la Corte señaló lo siguiente:
3.2.2. Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la «nacionalización» de la
educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser
cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980,
existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados
laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los
territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la
Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada
«pensión gracia», de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros
docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la
prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o
reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de
diciembre de 1980, pues la diversidad del empleador (nación o departamento),
permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio
general prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta
que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la
norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el
principio de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna […].
En consecuencia, de acuerdo con el análisis del acto de nombramiento del alcalde
del municipio de Victoria, se concluye que la vinculación es del orden territorial.
iii) El traslado efectuado a través del Decreto 00600 también es de carácter
territorial, pues fue suscrito por una autoridad del orden territorial (el gobernador del
departamento de Caldas), sin intervención de ningún otro funcionario, ni por
delegación del Ministerio de Educación, en uso de sus atribuciones legales, en
especial los artículos 2 y 5 del Decreto 180 de 1982, «por el cual se reglamentan
los traslados de personal docente contemplados en el artículo 61 del Decreto
Extraordinario 2277 de 1979». Esta última norma, a su vez, faculta a la autoridad
nominadora para disponer el traslado del educador o del directivo docente a otro
establecimiento o dependencia de la zona urbana o cabecera del mismo municipio.
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Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón
Artículo 1. Legalizar comisión a partir del 1 de febrero de 1994, hasta la fecha de
expedición del presente Decreto, a Gloria Amparo Martínez Blandón […] docente de
tiempo completo en la concentración Escolar Cervantes el municipio de Marquetalia,
para desempeñar las mismas funciones en la Normal Nuestra Señora de la
Candelaria del municipio de Marquetalia.
Artículo 2. Trasladar por necesidad del servicio a Gloria Amparo Martínez Blandón
[…] del cargo de docente con grado 11 en el Escalafón Nacional de tiempo completo
en la Concentración Escolar Cervantes, ubicado (a) en la zona urbana del municipio
de Marquetalia, al mismo cargo en la Normal Superior Nuestra Señora de la
Candelaria, de la zona urbana que funciona en el municipio de Marquetalia.
Parágrafo. Como consecuencia de este traslado, reubicase la plaza en dicho plantel
educativo.
Se fundamentó, además, en el artículo 3 de la Ley 60 de 1993, que faculta a los
departamentos, a través de las dependencias de su organización central o de las
entidades descentralizadas departamentales, para, entre otras, administrar los
recursos cedidos por la Nación y planificar los aspectos relacionados con sus
competencias para los sectores de educación y salud; y en el artículo 106 de la Ley
115 de 1993, que dispone que los actos administrativos de nombramientos,
traslados, permutas y demás novedades del personal docente y administrativo de
la educación estatal se harán por los gobernadores y por los alcaldes de los distritos
o municipios que estén administrando la educación conforme a lo establecido en la
Ley 60 de 1993.
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Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón
iv) La incorporación realizada por el Decreto 01120 del 27 de diciembre de 2004,
sin duda, también es de carácter territorial, en tanto que fue dispuesta por el
gobernador de Caldas, sin intervención de ningún otro funcionario, ni por delegación
del Ministerio de Educación, en uso de sus atribuciones legales, en especial las
conferidas por los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001, que ordenan,
respectivamente, que una vez establecidas las nuevas plantas, conforme a lo
normado en el artículo 37 ibidem, los docentes, directivos docentes y administrativos
de los planteles educativos que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad y que la provisión de cargos
en las plantas financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones, se
realizará por parte de la respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal
actualmente vinculado y que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo.
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v) De acuerdo con lo explicado, los tiempos laborados como docente por parte de
la señora Martínez Blandón tienen la denominación de territoriales y, en todo caso,
no podrían ser, de ningún modo, denominados como nacionales en atención a que
no existe prueba alguna dentro del proceso que dé cuenta de ello, al paso que sí
obra suficiente material probatorio que respalde sus pretensiones, en tanto que los
actos acusados fueron expedidos por autoridades del orden territorial, se reitera, la
gobernadora del departamento de Caldas y el alcalde del municipio Victoria.
Al respecto, no se puede perder de vista que en la sentencia del 21 de junio de
2018, se estableció la regla de que «para acreditar la calidad de docente territorial,
se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que
además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de
aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se
puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial», sin que pueda hacerse
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Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón
exigencias adicionales respecto de los referidos medios de prueba, que incluso
desconocerían los preceptos legales mencionados.
Vale la pena precisar que en la citada providencia de unificación se concluyó que lo
esencialmente relevante frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la
acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada, máxime si se tiene en cuenta que, en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal—
cuando se sufragaban los gastos a través de los Fondos Educativos Regionales; y
en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que
estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy Sistema
General de Participaciones.43
Al respecto, esta Sala en reciente pronunciamiento señaló lo siguiente:44
Es oportuno resaltar que el a quo desestimó el referido tiempo en consideración a
que los salarios fueron financiados por la Nación; sin embargo, conforme se expuso
en acápites anteriores, esta corporación unificó su criterio en el sentido de indicar
que tal argumento no podía oponerse para reconocer la prestación en comento, toda
vez que los dineros provenientes del entonces situado fiscal -ahora sistema general
de participaciones- «le pertenecía[n] de forma exclusiva a los entes locales dado
que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas endógenas y exógenas».45
De esta manera, los docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten en
nacionales «por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento
tienen su origen o fuente en la Nación».
vi) En este orden, la demandante acreditó con suficiencia el ejercicio de la profesión
docente en plazas del orden territorial por más de 20 años y cumplió con la exigencia
de haberse vinculado antes del 31 de diciembre de 1980, tal como se determinó al
inicio de este análisis; por lo tanto, la interesada cumplió el requisito del tiempo de
servicio previsto por el legislador para acceder a la prestación pretendida.
43 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de octubre de 2022, radicado: 52001-23-33-000-2014-
00540-01 (2892-2016).
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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De igual modo, la señora Martínez Blandón cuenta con más de 50 años de edad y
durante su ejercicio como docente no se registraron sanciones disciplinarias, es
decir, que cumple con los requisitos de edad, buena conducta y desempeño laboral
con honradez y consagración previstos por la Ley 114 de 1913 para el
reconocimiento del beneficio pensional reclamado. De suerte que el recurso de
apelación interpuesto no tiene vocación de prosperidad, razón por la cual se
confirmará la sentencia apelada.
2.4.2. Costas de primera instancia
La UGPP se opuso a la condena en costas impuesta en primera instancia, por
considerar que no ha obrado en forma temeraria y su actuación ha sido de buena
fe, siempre en derecho y procurando la protección de los recursos del Estado.
Frente a lo anterior, es preciso indicar que, por mandato del artículo 188 del CPACA,
la imposición de las costas obedecía a un criterio objetivo, sin que para ello deba
evaluarse la conducta de las partes. De este modo, al juez le correspondía efectuar
una estimación objetiva valorativa para comprobar que se causaron conforme con
los criterios fijados en el artículo 365 del CGP, sin que se requiriera un examen de la
existencia de una actuación temeraria o de mala fe de los intervinientes.
En ese orden de ideas, de acuerdo con los criterios establecidos en las normas
referidas, teniendo en cuenta que la sentencia recurrida fue proferida el 28 de
noviembre de 2016, esto es, antes de la modificación que introdujo el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, no están llamados a prosperar los argumentos de la apelación
en este aspecto, toda vez que el tribunal gozaba de la facultad para disponer sobre
costas a favor de la parte vencedora, según lo dispuesto en el numeral 1.º del
artículo 365 del CGP.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del cpaca establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
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Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva, en la
que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la medida
de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o la
temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del cpaca para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices
interpretativas que regían la situación particular de la demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicado: 17001 23 33 000 2015 00492 01 (0833-2017)
Demandante: Gloria Amparo Martínez Blandón
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 28 de noviembre de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda
incoada por la señora Gloria Amparo Martínez Blandón contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP).
Segundo. Sin costas en segunda instancia, por lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
mygr
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