Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2015-00551-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2015-00551-03
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2015-00551-03
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
31 de julio de 2026
Radicado: 17001-23-33-000-2015-00551-03 (3574-2025)
Demandante: José Dairo Castellanos Rivera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Medio de control: Ejecutivo
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00551-03 (3574-2025)
Demandante: José Dairo Castellanos Rivera
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
UGPP1
Tema: Excepciones de pago y prescripción – efecto de ejecutivo a
continuación de proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la entidad ejecutada contra la sentencia del
17 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas,
mediante la cual se declararon no probadas las excepciones de mérito y se
ordenó seguir adelante con la ejecución.
I. ANTECEDENTES
1.1. Hechos y pretensiones de la demanda2
2.Se presentó, a continuación del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho bajo radicado 17001-23-33-000-2015-00551-00, solicitud de
cumplimiento de las órdenes impuestas en la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas el 17 de agosto de 2018 — confirmada por el Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
1
En adelante UGPP.
2
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Demandante: José Dairo Castellanos Rivera
A en sentencia del 3 de junio de 2021—, en la que se declaró la nulidad parcial
del acto administrativo acusado. A título de restablecimiento del derecho, se
ordenó a su favor la reliquidación y pago de una pensión de jubilación liquidada
con base en el 75% del promedio del sueldo básico mensual, la prima de
antigüedad y la bonificación por servicios prestados, todo ello durante los últimos
5 años y 9 meses que le faltaban para pensionarse. Asimismo, se ordenó el
reconocimiento y pago de las diferencias entre la reliquidación ordenada en la
sentencia y los valores pagados por la entidad, debidamente indexados, así como
el pago de las costas y agencias en derecho, en cuantía del 1% de las
pretensiones.
3. Ejecutoriada la anterior providencia, el actor solicitó el cumplimiento de las
órdenes judiciales ante la UGPP. En respuesta, esta entidad profirió la
Resolución RDP 024740 del 21 de septiembre de 2021, a través de la cual
reliquidó la pensión percibida por el ejecutante en $1.136.591, con efectividad a
partir del 4 de abril de 2003 y con efectos fiscales del 28 de octubre de 2011, por
prescripción trienal. En ese mismo acto, la entidad dispuso pagar la indexación
ordenada en la sentencia y los intereses moratorios en los términos previstos en
los artículos 187 y 192 del CPACA.
4.Posteriormente, el 24 de noviembre de 2022, el actor solicitó a la UGPP que
se le actualizara el estado del cumplimiento de la sentencia. Como respuesta, la
entidad le indicó, mediante radicado 2022142005944331, que la Resolución
024740 del 21 de septiembre de 2021 se había ingresado a nómina en el mes de
noviembre de 2022, sin pago de retroactivo, debido a que este no se había
generado, en tanto que «el valor de la mesada resultó ser menos [sic] a la
mesada con la cual se encontraba activo en nómina el causante, es decir que
con la Resolución 4780 de 27 de febrero de 2004».
5. Sin embargo, se consideró que la sustentación de la UGPP, así como las
operaciones realizadas en cumplimiento del título ejecutivo, no se atienen a la
literalidad de este. A su juicio, si tiene derecho al pago de un retroactivo
pensional, el cual fue negado directamente en los actos de ejecución.
6. Con base en lo anterior, se solicitó que se librara mandamiento de pago en
favor del actor y contra la UGPP por los siguientes conceptos y valores: i) por
capital indexado y adeudado «hasta febrero de 2023, el cual equivale a (…)
$5.717.395»; ii) por los intereses moratorios a la tasa DTF, calculados hasta el
17 de septiembre de 2022, lo que arroja la suma de $368.069; iii) por los intereses
moratorios calculados desde el 18 de septiembre de 2022 hasta la fecha de
presentación de la demanda, por $1.122.502; iv) por las costas y agencias en
derecho ordenadas en la sentencia base de recaudo, y liquidadas
posteriormente, por la suma de $840.740; v) por las demás diferencias de
mesadas pensionales que se sigan causando, mes a mes, hasta que la UGPP
cumpla a cabalidad las órdenes del título; vi) por los intereses moratorios que se
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sigan causando hasta que se dé cumplimiento total a la obligación; y, finalmente,
vii) por las costas y agencias en derecho que se generen con ocasión de la
presentación de la demanda ejecutiva.
1.2. Mandamiento de pago3
7.Mediante autos del 2 de junio de 2023 y del 4 de octubre de 2023 4, el Tribunal
Administrativo de Caldas libró mandamiento de pago en favor del ejecutante y
contra la UGPP por los siguientes conceptos y valores: $4.568.933 por capital;
$1.749.423 por intereses; $840.740 por costas procesales ordenadas en la
sentencia base de recaudo; y por las diferencias pensionales —y sus intereses—
que se siguieran causando hasta el cumplimiento total de la obligación.
8. Para arribar a esta conclusión, en primer lugar, el a quo determinó que la
solicitud de mandamiento de pago era procedente, debido a que, conforme al
artículo 297 del CPACA, el título a ejecutar correspondía a una sentencia judicial
ejecutoriada proferida por la Jurisdicción de lo Contencioso-administrativo.
Además, en dicho documento constaba una obligación clara, expresa y exigible.
9. Se explicó que el artículo 430 del CGP dispone que el juez debe librar
mandamiento de pago de la manera solicitada o en la que considere legal. El
demandante solicitó que el proceso ejecutivo se iniciara «por la suma de
$5.717.395 correspondiente al capital indexado, más $368.069 por los intereses
al DTF, y $840.740 por las costas y agencias en derecho liquidadas». Por su
parte, el título ejecutivo dispuso como orden la liquidación de la pensión recibida
por el actor a partir del 75% del promedio devengado por sueldo básico mensual,
prima de antigüedad y bonificación por servicios prestados, durante los últimos 5
años y 9 meses anteriores a la adquisición del derecho pensional.
10. A través de la Resolución 4780 de 2004 se le reconoció la mesada pensional
en cuantía de $1.272.403,91, «la cual es liquidada por el tiempo de 5 años y 9
pero sin factores salariales». En cumplimiento de la sentencia base de recaudo,
la UGPP profirió la Resolución 024740 del 21 de septiembre de 2022, mediante
la cual reliquidó la mesada en cuantía de $1.136.591.
11. Bajo esos conceptos, el a quo explicó que, al parecer, la UGPP, para liquidar
la mesada pensional en la resolución que le dio cumplimiento a la sentencia base
de recaudo, utilizó los factores salariales desde 1990 hasta el año 1999, y no «los
5 años y 9 meses» del servicio. Además, advirtió que no se puso de presente la
metodología utilizada para su cálculo, por lo que no se podía determinar, con esa
información, si en efecto se le dio cumplimiento a la sentencia base de recaudo.
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A través del cual se resolvió el recurso de reposición presentado por el ejecutante contra el mandamiento de pago,
respecto al cálculo de intereses y las costas ordenadas en el título ejecutivo.
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12. En vista de tales inconsistencias, el Tribunal realizó las operaciones
respectivas para obtener el cálculo al que ascendía la obligación insatisfecha, en
atención a las órdenes dadas en el título, así:
13. Recordó que, con fundamento en la Resolución 4780 de 2004, en un primer
momento la mesada pensional del ejecutante fue calculada en $1.272.404.
Partiendo de los factores allí utilizados, el a quo realizó nuevamente la
reliquidación de la pensión conforme a las indicaciones del título, lo que arrojó
como primera mesada la suma de $1.289.358. Teniendo en cuenta las mesadas
causadas entre las dos liquidaciones, el Tribunal procedió a indexarlas y a
calcular las diferencias dejadas de percibir por el ejecutante desde el 28 de
octubre de 2011 hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia base de recaudo,
de lo que se obtuvo como valor a reconocer la suma de $3.893.426.
14. El cálculo de los intereses moratorios, en principio, fue realizado en el auto del
2 de junio de 2023 únicamente por los tres meses siguientes a la ejecutoria,
conforme lo dispone el inciso cuarto del artículo 192 del CPACA, por la suma de
$31.848. Sin embargo, el ejecutante presentó recurso de reposición y, en
subsidio, apelación contra esta decisión.
15. En consecuencia, el Tribunal, a través de auto del 4 de octubre de 2023,
reconsideró su posición, debido a que con la demanda el actor aportó la
Resolución RDP 024740 del 21 de septiembre de 2022, expedida por la UGPP,
en la cual se dice que la petición se elevó el 27 de julio de 2022. Por lo tanto, se
tomó esta fecha como aquella en la que se presentó la petición de cumplimiento
del fallo. Así, el cálculo de los intereses se hizo desde la ejecutoria de la sentencia
y durante los tres meses siguientes, a una tasa equivalente al DTF; luego, los
intereses se suspendieron entre el 1 de febrero de 2022 y el 26 de julio de 2022,
y se continuaron causando desde el día de la presentación de la solicitud —27
de julio de 2022— hasta la fecha en que se expidió el auto que repuso el
mandamiento de pago, lo que arrojó como valor a reconocer por intereses la
suma de $1.749.423.
16. Sedispuso, adicionalmente, el reconocimiento y pago de las diferencias
pensionales que se siguieran causando mes a mes —así como sus intereses—
hasta que la entidad cumpliera cabalmente la obligación.
17. Deigual forma, se libró mandamiento de pago por las costas procesales
ordenadas en el título ejecutivo, en cuantía de $840.740.
1.3. Contestación de la demanda5
18. LaUGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Para el efecto,
presentó como excepciones de mérito las siguientes:
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19. Pago: consideró que, a través de la Resolución RDP 24740 del 21 de
septiembre de 2022, la entidad reliquidó la pensión de vejez en los términos
indicados en la sentencia que constituye el título ejecutivo. Allí se determinó que
la mesada pensional del actor, reliquidada, ascendía a $1.136.591, desde el 4 de
abril de 2003, con efectos fiscales a partir del 28 de octubre de 2011. Asimismo,
respecto de los pagos realizados por la entidad en cumplimiento de las órdenes,
indicó que, para el mes de diciembre de 2004, el actor recibió la suma de
$24.709.065,92, a la cual, una vez descontado el aporte a salud por $162.600,
se le obtuvo como saldo reconocido la suma de $24.546.465,92.
20. Prescripción: consideró que este modo de extinguir las obligaciones se
configura, como una sanción, por no haberse ejercitado las acciones
correspondientes para reclamar los derechos en el término dispuesto en los
artículos 512 y 2535 del Código Civil y en el artículo 164, literal k), de la Ley 1437
de 2011.
21. Compensación: para sustentar esta excepción, solicitó que la autoridad
judicial tuviera en cuenta las sumas de dinero que hubiera pagado la UGPP,
conforme lo disponen los artículos 1626 y 1714 del Código Civil, aplicables a los
asuntos de esta jurisdicción por analogía.
II. SENTENCIA APELADA6
22. El 17 de octubre de 2025, el Tribunal profirió sentencia de primera instancia.
En dicha providencia declaró no probadas las excepciones de pago, prescripción
y compensación propuestas por la UGPP. En consecuencia, ordenó seguir
adelante con la ejecución por la suma de $11.076.632, correspondiente a
$5.702.456 por capital, $4.533.436 por intereses moratorios y $840.740 por
concepto de costas y agencias en derecho.
23. Asimismo, ordenó que la UGPP, dentro del término de los 15 días siguientes,
profiriera un acto administrativo mediante el cual diera cumplimiento a lo
ordenado en la sentencia base de recaudo. Finalmente, condenó en costas y
agencias en derecho a la UGPP, tasadas en el «4% de la suma determinada»,
conforme a lo dispuesto en el artículo 5°, numeral 4, del Acuerdo PSAA1610554
de 5 de agosto de 2016.
24. Para arribar a las anteriores decisiones, en primer lugar, el Tribunal estudió la
excepción de pago de la obligación, precisando que la UGPP, para sustentar su
procedencia, adujo que, a través de la Resolución RDP 24740 de 2022, se
reliquidó la mesada pensional del actor en cumplimiento de la sentencia base de
recaudo, en cuantía de $1.136.591. Asimismo, sostuvo que había recibido, en el
mes de diciembre de 2004, la suma de $24.709.065,92, la cual, luego de
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descuentos, descendió a $24.546.465,92.
25. El Tribunal consideró que los anteriores argumentos no eran suficientes para
probar la excepción de pago por lo siguiente: i) el comprobante de pago allegado
por la entidad no reconoció la suma de $24.546.465,92 —como se dijo en la
contestación de la demanda—, sino la de $23.059.289,00; ii) en todo caso, en la
imagen que soportó el aludido pago se lee como titular al señor Carlos Genaro
Padilla Guerrero, es decir, una persona diferente al titular de la sentencia base
de recaudo y del proceso ejecutivo, José Dairo Castellanos; y iii) si bien a través
de la Resolución RDP 24740 de 2022 se reliquidó la mesada del actor en cuantía
de $1.136.591 —con efectividad a partir del 4 de abril de 2003—, la fecha de
inclusión en nómina, así como el pago de los intereses moratorios, se condicionó
a las actuaciones de la Subdirección Financiera.
26. De esa manera, comoquiera que la información anterior no era útil para
acreditar la excepción de pago, el a quo desestimó su procedencia. En
consecuencia, procedió a actualizar el estado del crédito insoluto a la fecha de
expedición de la sentencia ejecutiva de primera instancia, teniendo en cuenta los
argumentos y las operaciones realizadas en el mandamiento de pago, que
arrojaron los siguientes valores:
a. Capital: valor de las diferencias de mesadas pensionales indexadas entre
el 28 de octubre de 2011 —fecha posterior a la declaratoria de prescripción
en la sentencia base de recaudo— y el 16 de noviembre de 2021 —fecha de
ejecutoria de la sentencia base de recaudo—, por $3.893.426. A ese valor se
adicionó el de las diferencias pensionales causadas desde el 17 de
noviembre de 2021 —fecha posterior a la ejecutoria de la sentencia base de
recaudo— hasta el 17 de octubre de 2025 —fecha en que se profirió la
sentencia ejecutiva de primera instancia—, por $1.809.030. Todo este capital
arrojó la suma de $5.702.456.
b. Intereses moratorios: calculados sobre el capital consolidado —
diferencias de mesadas pensionales indexadas a la fecha de ejecutoria de la
sentencia base de recaudo, por $3.893.426—, así como sobre el capital
futuro —diferencias de las mesadas pensionales calculadas, mes a mes,
entre los valores reconocidos por la UGPP y la liquidación efectuada por el
Tribunal en el mandamiento de pago, que, con corte al 17 de octubre de 2025,
arrojó la suma de $1.809.030—, sumas que, con corte al 17 de octubre de
2025, arrojaron como valor a reconocer $4.533.436.
27. Así las cosas, se actualizó el estado del crédito insoluto de la obligación en los
siguientes valores: $5.702.456 por capital y $4.533.436 por intereses moratorios,
los cuales, sumados a las costas reconocidas en el título, por $840.740, arrojaron
como valor total a reconocer la suma de $11.076.632.
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28. Debido a que no se acreditó pago alguno por parte de la UGPP a favor de la
parte actora, el Tribunal estimó improcedente la excepción de compensación.
29. Sobre la excepción de prescripción, consideró que la consulta del proceso en
el aplicativo SAMAI denotaba que la sentencia de segunda instancia se había
notificado el 10 de noviembre de 2021. Por lo tanto, comoquiera que la demanda
ejecutiva se radicó el 22 de febrero de 2023, era palmario que no había
transcurrido el término que configurara la prescripción de la obligación —5 años.
30. Por último, condenó en costas y agencias en derecho a favor del ejecutante y
a cargo de la ejecutada, en suma equivalente al 4% «de la suma determinada»,
conforme al artículo 5°, numeral 4, del Acuerdo PSAA1610554 de 5 de agosto de
2016.
1.6. Recurso de apelación
31. La UGPP 7 interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, con el fin de que se revoque y, en su lugar, se declaren probadas las
excepciones de pago y prescripción propuestas con la contestación de la
demanda. Asimismo, solicitó que se revocara la imposición de la condena en
costas hecha en primera instancia, dado que la entidad actuó de buena fe y con
diligencia. Como sustento de todo lo anterior, consideró que el Tribunal, en su
decisión, omitió valorar que:
31.1. El título ejecutivo adolece de prescripción, debido a que el término debe
contabilizarse desde la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Caldas y no desde la providencia del Consejo de Estado que
la confirmó. De suerte que, al constituirse el título ejecutivo en el año 2018 y
haberse presentado la demanda ejecutiva en el año 2023, se configuró la
prescripción.
31.2. Respecto de la excepción de pago, consideró que su cumplimiento, en
relación con la sentencia base de recaudo, no se reduce al comprobante físico
del pago, «sino al acto administrativo de ejecución y liquidación, que evidencia el
cumplimiento material y jurídico». Por lo tanto, al existir un acto administrativo
que reconoció la obligación, esta pasó a estar satisfecha.
31.3. La liquidación de los intereses dependía de la disponibilidad presupuestal
de la entidad, lo que no configura incumplimiento voluntario ni mora atribuible a
la entidad. En todo caso, el título ejecutivo no dispuso el pago de intereses
moratorios.
31.4. La sentencia base de recaudo no ordenó el pago de mesadas pensionales
posteriores a la ejecutoria. Por ende, al calcular dichas diferencias en la sentencia
ejecutiva de primera instancia, se vulneró el principio de congruencia.
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1.7. Trámite en segunda instancia
32. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 23 de enero de 2026.
En esa oportunidad se dispuso que el Ministerio Público podría emitir concepto
desde la admisión del recurso de alzada hasta antes de que ingresara el
expediente al despacho para fallo. La Procuraduría Delegada de Intervención 8
Tercera ante el Consejo de Estado rindió concepto, en el que solicitó que se
confirmara la decisión de primera instancia, debido a que la información que
reposaba en el expediente era contundente respecto del incumplimiento de la
obligación a cargo de la ejecutada y la inexistencia del fenómeno de prescripción.
Como no se observan irregularidades procesales, la Subsección procederá a
dictar sentencias previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
33. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuestos de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 8, y 322 del CGP.
34. De tal modo que, como en este asunto solo recurrió la parte ejecutada, la
resolución del caso se ceñirá a los argumentos allí expuestos «sin perjuicio de
las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley (…)»,
tal y como dispone el primer inciso del artículo 328 del CGP.
2.2. Problema jurídico
35.
De acuerdo con los argumentos planteados por el apelante, le corresponde a
esta Sala de subsección responder los siguientes interrogantes:
36. ¿Se configuró la prescripción de la obligación que se busca ejecutar?
37. En caso de que el anterior interrogante sea negativo se estudiará si ¿la UGPP
dio cumplimiento total a la obligación indicada en el título ejecutivo?
38. ¿Hay lugar a revocar la decisión de la sentencia apelada que impuso condena
en costas a la UGPP en primera instancia? Asimismo, conforme a lo resuelto en
esta instancia, ¿debe condenarse en costas a la parte vencida en segunda
instancia?
8
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1 Generalidades del proceso ejecutivo y los requisitos del título
ejecutivo
39. El proceso ejecutivo ha sido definido como el medio procesal para que un
acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que
es titular ante un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio
para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento
denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada» 9.
40. En esta clase de procesos no se busca el reconocimiento de un derecho
subjetivo, sino que está dirigido a obtener el cumplimiento de una obligación que
consta en un documento que da plena fe de su existencia, siendo el título «el
documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo». 10 Su
definición y requisitos se encuentran en el artículo 422 del CGP, antes 488 11 del
CPC, en los siguientes términos:
«TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor
o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de
otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás
documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 184».
41. La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales.
Los primeros hacen referencia a la prueba de la existencia de la obligación y
exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su
causante o de una providencia judicial. 12 La autenticidad se refiere a la plena
9
Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 15 de noviembre de 2017, radicado 54001 23 33 000 2013 00140
01(22065), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver también Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 12 de
julio de 2018, radicado 81001 23 33 003 2017 00042 01, M.P. María Elizabeth García González.
10
Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012.
11
«Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de
condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva
conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación
de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.
La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio
previsto en el artículo 294.»
12
Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-00548 01 (2586 – 2013).
Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. «[…] que se trate de documentos que tengan autenticidad, que emanen
de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de
este y los segundos, que de esos documentos aparezca a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado
o de su causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si
se trata de pagar una suma de dinero». Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María Elizabeth García González, Radicación: 11001 03
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Radicado: 17001-23-33-000-2015-00551-03 (3574-2025)
Demandante: José Dairo Castellanos Rivera
identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y el
juez tenga certeza de quién lo suscribió 13.
42. Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del ejecutante
una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra especificada
en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación;
clara si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con
respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es fácilmente inteligible y se
entiende en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende del
cumplimiento de un plazo o condición o siempre que estos se hubiesen
cumplido 14.
43. Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los términos enunciados,
de modo que del título se concluya sin duda alguna la existencia de la obligación,
su claridad y que ya es exigible. Así entonces cuando el juez verifica que el
documento cumple con los requisitos enunciados debe emitir la orden de pago
en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el artículo 430 del CGP 15,
antes 497 del CPC 16.
44. De acuerdo con lo anterior, el título ejecutivo es el documento necesario para
que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo
dispone el artículo 422 del CGP 17, antes 488 del CPC, i) es la prueba de la
15 000 2018 00824 00. A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además de esos requisitos el
documento debe reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del deudor o de su causante, o de
una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia de 8 de junio de 2016, radicado 27001 23 31 000 2012 00086
01(47539), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E).
13
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de mayo de 2014, radicado 33.586.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente Carmen Teresa Ortiz
de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), actor: Clínica del
Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos.
(2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
También puede consultarse la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, 26 de julio
de 2018, radicado 41001 23 31 000 2010 00139 01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas.
15
«Artículo 430. Mandamiento ejecutivo . Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito
ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere
procedente, o en la que aquel considere legal.
Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento
ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de
dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez
en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.
Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia de los
requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del auto, podrá
presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo expediente, sin que h aya
lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la admite, ordenará notificar por estado
a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo.
Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado.
De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la interrupción de la
prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo.
El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios en contra del
demandante, si a ello hubiere lugar».
16
«Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará
mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que
aquél considere legal».
17
«Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que
consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que
emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial,
o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
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existencia de la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala
con certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el
adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las
providencias enunciadas en dicha norma. En tal sentido, debe entenderse que
las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de
dinero constituyen un título ejecutivo.
2.4. Análisis de la Sala a los problemas jurídicos
De la excepción de prescripción
45. En el recurso de apelación, la UGPP consideró que la contabilización de la
prescripción debía hacerse desde la expedición de la sentencia de primera
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas el 17 de agosto de
2018, a través de la cual se resolvió el reconocimiento del derecho en favor de la
parte actora, y no desde la sentencia expedida en segunda instancia, que solo
confirmó lo decidido. De contabilizarse el término de esa manera, se configuraría
la prescripción.
46. Frente a lo anterior, la Subsección debe recordar que el artículo 302 del CGP
dispone que las providencias judiciales quedan ejecutoriadas cuando sobre ella
no proceden recursos, no se interponen oportunamente o «cuando queda
ejecutoriada la providencia que resuelva en segunda instancia los recursos
interpuestos sobre la decisión inicial»18.
47. De esa manera, para el caso que nos convoca, es claro que, cuando dentro
del término respectivo se presenta un recurso de apelación contra una decisión
judicial —en este caso, una sentencia de primera instancia— en un proceso
declarativo, la ejecutoria de la decisión definitiva no se toma desde la expedición
de la sentencia de primera instancia, sino desde la de segundo grado que
resuelve el recurso o los recursos interpuestos, en el sentido de confirmar,
modificar o revocar la decisión primigenia, y da por terminado el litigio. En
consecuencia, solo con esta última providencia, conforme al inciso primero del
artículo 297 del CPACA, se considera que una sentencia judicial se constituye
como título ejecutivo susceptible de ejecución judicial.
48. No obstante, es preciso señalar que la anterior interpretación solo aplica en
los casos en que la sentencia judicial de primera instancia sea apelada y la
resolución definitiva corresponda a la autoridad judicial de segunda instancia.
Ello, debido a que, si la decisión inicial no es apelada o el recurso no se interpone
oportunamente, aquella sí adquiere ejecutoria una vez se encuentre debidamente
notificada, conforme al inciso primero del artículo 302 del CGP.
justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título
ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184».
18
Inciso tercero del artículo 302 del CGP.
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49. Bajo ese marco conceptual, para la Sala, la interpretación que propone la
UGPP en el recurso de alzada no se adecúa a las reglas del ordenamiento
jurídico dispuestas para el entendimiento y aplicación de la figura de
ejecutoriedad (o firmeza) de las decisiones judiciales.
50. Véase que, comoquiera que la sentencia del 17 de agosto de 2018, proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas, fue apelada dentro del término oportuno,
la resolución definitiva se surtió con la sentencia de segunda instancia proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 3 de junio
de 2021, a través de la cual se confirmó la decisión inicial. Dicha providencia
quedó ejecutoriada el 16 de noviembre de 2021, según constancia de ejecutoria
expedida el 27 de abril de 2022 por la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Caldas. Esta información se extrae del expediente administrativo adjunto a la
contestación de la demanda19.
51. Por lo tanto, es palmario concluir que solo a partir de la decisión de segunda
instancia, y con su ejecutoria, pudo iniciar la contabilización del término para
presentar la demanda ejecutiva, el cual, para la Subsección, en todo caso, no se
configuró por lo siguiente:
52. Se recuerda que, conforme el numeral segundo literal k) del artículo 164 del
CPACA, el término con el que se contaba para presentar la demanda era de cinco
años «contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida».
53. Como existe claridad que la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia
proferida por el Consejo de Estado el 3 de junio de 2021 ocurrió el 16 de
noviembre de 2021, la parte actora contaba con cinco años a partir de esa fecha
para presentar la demanda ejecutiva dentro del término legal. Esto, en efecto,
ocurrió, debido a que la demanda ejecutiva a continuación del proceso ordinario
se presentó el 22 de febrero de 2023, esto es, cuando habían transcurrido 1 año,
3 meses y 6 días.
54. En suma, los anteriores argumentos son suficientes para desestimar la
existencia de la excepción de prescripción en este caso.
De la excepción de pago
55. Para resolver los argumentos de la UGPP, relacionados con la acreditación de
la excepción de pago, es necesario desarrollar las premisas fácticas que reposan
en el plenario sobre el caso particular.
56. El Tribunal Administrativo de Caldas dictó sentencia el 17 de agosto de 2018,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado
19
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por José Dairo Castellanos Rivera contra la UGPP. En esta decisión se declaró
la nulidad parcial del acto acusado y se ordenó el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación a la que tenía derecho el actor, en los términos
desarrollados en la parte resolutiva de esa providencia, que se relaciona a
continuación:
«PRIMERO. SE DECLARA PARCIALMENTE FUNDADA LA EXCEPCIÓN DE
PRESCRIPCIÓN propuesta por la UGPP e infundadas las demás excepciones
planteadas en la contestación de la demanda.
SEGUNDO. SE DECLARA LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución No. 4780 de 2004,
por medio de la cual la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL E.I.C.E. en
Liquidación, reconoció y ordenó el pago de una pensión mensual por vejez al señor José
Dairo Castellanos Rivera, por lo considerado.
TERCERO: A título de restablecimiento SE ORDENA la reliquidación de la pensión de
jubilación del señor Castellanos Rivera, tomando el 75% del promedio del sueldo básico
mensual, la prima de antigüedad y la bonificación por servicios prestados, devengados
como empleado del FNA durante el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho
pensional, vale decir, 5 años y 9 meses; las diferencias que resulten entre lo pagado y lo
que deberá pagar la parte demandada en virtud de la reliquidación aquí ordenada, serán
debidamente indexadas conforme al artículo 178 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, actualizados mediante la
aplicación de los ajustes de valor, para lo cual, la entidad demandada tendrá en cuenta
la fórmula siguiente:
(…)
Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por
mes, para cada mesada, teniendo en cuenta que el índice final es el vigente al momento
de la causación de cada uno de ellos.
En consecuencia, la entidad demandada reconocerá y pagará las diferencias que resulten
entre lo pagado y lo que debe pagar en favor del demandante, en virtud de la reliquidación
de la pensión de vejez aquí ordenada, desde el 28 de octubre de 2011 hasta la fecha de
cumplimiento de esta sentencia, por prescripción trienal.
SEXTO: Se condena en costas a la parte demandada, las cuales se liquidarán conforme
a los artículos 365 y subsiguientes del Código General del Proceso.
Se fijan agencias en derecho14 equivalentes al uno por ciento (1%) de las pretensiones
de la demanda, a cargo de la parte demandada y en favor de la parte demandante.
SÉPTIMO: La UGPP cumplirá la presente providencia en la forma y términos de los
artículos 176, y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
OCTAVO: EJECUTORIADA esta providencia, LIQUÍDENSE los gastos del proceso,
DEVUÉLVANSE los remanentes si los hubiere y ARCHÍVENSE las diligencias, previas
las anotaciones respectivas en el programa Justicia Siglo XXI».
57. Laanterior sentencia fue confirmada por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 3 de junio de 2021 y quedó
ejecutoriada, como se indicó previamente, el 16 de noviembre de 2021.
58. El señor Castellanos Rivera, a través de su apoderado, envió a la UGPP un
correo en el que solicitó el cumplimiento de la sentencia el 27 de julio de 2022.
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59. La UGPP profirió la Resolución RDP 024740 del 21 de septiembre de 2022,
a través de la cual dio cumplimiento a la sentencia base de ejecución. En este
acto administrativo se explicó que a través de la Resolución 4780 del 27 de
febrero de 2004, se le había reconocido al actor una mesada pensional en
cuantía de $1.272.403,91, efectiva a partir del 4 de abril de 2003. No obstante,
para realizar la reliquidación en cumplimiento del título ejecutivo, se tomó como
base el certificado CETIL «202112899999284000580012 de 30 de noviembre de
2021, expedido por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO». El cálculo de la
mesada pensional del ejecutante se efectuó con los valores acumulados entre
los años 1990 y 1999, y arrojó como mesada pensional, equivalente al 75%, la
suma de $1.136.591. En detalle, la información proporcionada por el acto
administrativo para la liquidación de la primera mesada pensional fue la
siguiente:
«(…)
Valor Ibl
Año Factor Valor Acumulado Valor Ibl
Actualizado
1990 asignación básica mes 16,707.00 16,707.00 143,984.00
1990 prima de antigüedad 2,176.00 2,176.00 18,753.00
1991 asignación básica mes 1,834,800.00 1,834,800.00 11,946,718.00
1991 bonificación servicios prestados 60,484.00 60,484.00 393,822.00
1991 prima de antigüedad 238,944.00 238,944.00 1,555,808.00
1992 asignación básica mes 2,326,526.00 2,326,526.00 11,944,831.00
1992 bonificación servicios prestados 74,826.00 74,826.00 384,171.00
1992 prima de antigüedad 303,408.00 303,408.00 1,557,755.00
1993 asignación básica mes 2,908,176.00 2,908,176.00 11,932,498.00
1993 bonificación servicios prestados 95,868.00 95,868.00 393,355.00
1993 prima de antigüedad 378,720.00 378,720.00 1,553,921.00
1994 asignación básica mes 3,518,904.00 3,518,904.00 11,776,809.00
1994 bonificación servicios prestados 116,000.00 116,000.00 388,220.00
1994 prima de antigüedad 458,244.00 458,244.00 1,533,617.00
1995 asignación básica mes 4,152,312.00 4,152,312.00 11,335,877.00
1995 bonificación servicios prestados 136,880.00 136,880.00 373,685.00
1995 prima de antigüedad 540,720.00 540,720.00 1,476,174.00
1996 asignación básica mes 8,307,276.00 8,307,276.00 18,984,593.00
1996 bonificación servicios prestados 260,758.00 260,758.00 595,909.00
1996 prima de antigüedad 632,640.00 632,640.00 1,445,770.00
1997 asignación básica mes 8,971,860.00 8,971,860.00 16,857,161.00
1997 bonificación servicios prestados 282,622.00 282,622.00 531,016.00
1997 prima de antigüedad 718,044.00 718,044.00 1,349,128.00
1998 asignación básica mes 11,178,276.00 11,178,276.00 17,847,365.00
1998 bonificación servicios prestados 350,327.00 350,327.00 559,336.00
1998 prima de antigüedad 832,932.00 832,932.00 1,329,869.00
1999 asignación básica mes 24,316,800.00 24,316,800.00 33,268,624.00
1999 bonificación servicios prestados 738,698.00 738,698.00 1,010,637.00
1999 prima de antigüedad 1,009,980.00 1,009,980.00 1,381,787.00
Como resultado, la anterior información dispuso que los valores utilizados eran los
siguientes: 1990:32.36%, 1991:26.82%, 1992:25.13%, 1993:22.60%, 1994:22.59%,
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Demandante: José Dairo Castellanos Rivera
1995:19.46%, 1996:21.63%, 1997:17.68%, 1998:16.70%, 1999:9.23%, 2000:8.75%,
2001:7.65%, 2002:6.99%.
Lo que arrojaba como IBL: 1,515,455 x 75.0 = $1.136.591 (…)».
60. Posteriormente, el 24 de noviembre de 2022 —solicitud recibida por la
entidad el 2 de diciembre de 2022—, el actor pidió a la UGPP que validara con
la Dirección Jurídica la razón por la cual no existían pagos como consecuencia
del título ejecutivo; si ya se había reportado a la Subdirección Financiera la
liquidación detallada de los intereses moratorios para su pago, previa
disponibilidad presupuestal; si ya se habían liquidado los intereses moratorios en
los términos del artículo 192 del CPACA; y que se remitiera copia de la
liquidación efectuada.
61. Como respuesta, la UGPP a través de oficio 2022142005944331 del 23 de
diciembre de 2022, le indicó al actor que, mediante la Resolución RDP024740
del 21 de septiembre de 2022, se le había dado cumplimiento a la sentencia base
de recaudo, a partir de la reliquidación de su mesada pensional en cuantía de
$1.136.591, efectiva a partir del 4 de abril de 2003, pero con efectos fiscales a
partir del 28 de octubre de 2011. Además, se le informó que la reliquidación
realizada ingresó en nómina en noviembre de 2022 sin pago de retroactivo «a
que [sic] al efectuar la proyección del valor de la mesada liquidada como ordeno
[sic] el fallador en cuantía de $1.136.591, efectiva a partir del 4 de abril de 2003,
NO (sic) generó pago de diferencias en mesadas (retroactivo), ya que el valor de
la mesada resultó ser MENOR (sic)» a la mesada liquidada con la Resolución
4780 del 27 de febrero de 2004.
62. Alproponer la excepción de pago la UGPP indicó que para el mes de
diciembre de 2004 a la parte actora se le pagó la suma de $24.709.065,92, a la
cual, descontado el aporte a salud por $162.600, tuvo un saldo reconocido de
$24.546.465,92. Ello se sustentó con el siguiente certificado:
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63. Así las cosas, se recuerda que, en el recurso de alzada, la UGPP disintió de
la decisión del Tribunal de no declarar configurada la excepción de pago, a pesar
de la expedición del acto administrativo que dio cumplimiento a las órdenes del
título ejecutivo. En específico, consideró que el cumplimiento material de la
obligación debía tenerse por configurado a partir del acto de ejecución. Además,
estimó que el pago de los intereses moratorios no configuraba incumplimiento,
porque estaba sujeto a la disponibilidad presupuestal y no a la voluntad de
incumplir la obligación.
64. La Subsección discrepa de la posición de la entidad, debido a que, conforme
lo dispuesto en los artículos 1625 numeral primero 20, 162621, 162722 y 164923 del
Código Civil, el pago total de la obligación, como modo de extinguir las
obligaciones, solo se configura cuando el deudor acredita, de manera real y
efectiva, la cancelación o solución total del capital insoluto en favor del acreedor,
más los intereses causados, cuando exista retardo en el pago.
65. Lo anterior quiere decir que, en los asuntos adelantados en esta jurisdicción,
la mera expedición de un acto administrativo de ejecución, a partir del cual se
dispone el cumplimiento de las órdenes de pago dadas, por ejemplo, en una
sentencia judicial constituida en el título ejecutivo base de recaudo, no es
suficiente para argüir el cumplimiento total de la obligación. Para ello, además
de la expedición del acto administrativo, es necesario que su contenido se
adecúe completamente a lo dispuesto en el título y que, en caso de que en efecto
se ajuste a este, se acompañe del pago real y efectivo de los dineros adeudados
a favor del acreedor, junto con los intereses, cuando el pago se realice de forma
tardía.
66. Esta interpretación ha sido avalada en oportunidades precedentes por la
Subsección. Por ejemplo, en sentencia del 9 de septiembre de 2021 24, se explicó
que, si bien la entidad ejecutada había expedido actos administrativos de
ejecución dando alcance a las órdenes establecidas en el título ejecutivo
compuesto por una sentencia judicial que ordenó el pago de un retroactivo
pensional, ello no era suficiente para configurar la excepción de pago de la
obligación, debido a que tales documentos no se acompañaron de la constancia
real y efectiva del depósito realizado en favor del ejecutante 25.
20
«ARTÍCULO 1625. <MODOS DE EXTINCIÓN>. (…) Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:
1o.) Por la solución o pago efectivo. (…)».
21
«ARTÍCULO 1626. <DEFINICIÓN DE PAGO>. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe».
22
«ARTÍCULO 1627. <PAGO CEÑIDO A LA OBLIGACIÓN>. El pago se hará bajo todos respectos en conformidad al
tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes.
El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni aún a pretexto de ser de igual o mayor
valor la ofrecida».
23
«ARTÍCULO 1649. <PAGO TOTAL Y PARCIAL>. El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que
se le deba, salvo el caso de convención contraria; y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales.
El pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban».
24
Proferida dentro del proceso bajo radicado 25000 23 42 000 2017 03557 01 (0341-2020), consejero ponente Rafael
Francisco Suárez Vargas.
25
Al respecto, en esa decisión se dijo lo siguiente: « De lo expuesto la Sala no puede concluir nada distinto a que la d euda
sigue pendiente del pago total puesto que si bien se emitieron los aludidos actos administrativos con el fin de cumplir con
lo ordenado en los fallos judiciales, no es menos cierto que la entidad ejecutada no demostró haber realizado el pago
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67. De esa manera, la Subsección concluye que el hecho de que la UGPP hubiera
expedido la Resolución RDP 024740 del 21 de septiembre de 2022, en la que
adujo haber reliquidado la mesada pensional del señor Castellanos Rivera, no
acredita el pago de la obligación. A lo anterior se suma que, en todo caso, a
través de este acto administrativo no se dio alcance real a las órdenes
determinadas en el título ejecutivo, debido a que no se ciñe a lo que allí se
dispuso para la realización de la reliquidación de la mesada pensional del señor
Castellanos Rivera.
68. En efecto, mientras la sentencia del 17 de agosto de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas —confirmada íntegramente en segunda
instancia—, dispuso que la reliquidación de la mesada pensional del actor debía
realizarse con base en los últimos 5 años y 9 meses anteriores a la adquisición
del derecho pensional, el acto de ejecución tomó los últimos 10 años —esto es,
entre 1990 y 1999—.
69. Adicionalmente, en el plenario no existe constancia de pago alguno realizado
por la entidad por concepto de retroactivo pensional e intereses posteriores a la
ejecutoria de la sentencia a favor de la parte actora. Ello, porque la constancia
de pago que se aportó con la contestación de la demanda —como indicó el
Tribunal en la sentencia de primera instancia— se realizó a favor de una persona
diferente al acreedor José Dairo Castellanos Rivera 26.
70. Asimismo, los anteriores argumentos también son fundamento para sostener
que no son de recibo los planteamientos relativos a que los intereses moratorios
impagos no deben imputarse a la responsabilidad de la entidad, debido a que
están sujetos a disponibilidad presupuestal. Lo anterior, porque las actuaciones
administrativas internas de la entidad —en este caso, la disponibilidad
presupuestal— no constituyen premisas con soporte jurídico válido para
exonerarla de la carga del pago del capital y, por ese conducto, de los intereses
causados por el retardo en su pago.
71. Los anteriores planteamientos son motivos suficientes para desestimar los
anteriores puntos del recurso de alzada.
72. Otro de los reparos de la UGPP se relaciona con que en la sentencia base de
recaudo no se ordenó el pago de las diferencias de mesadas pensionales
causadas con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia. Por lo tanto, la
decisión del Tribunal, en la sentencia ejecutiva de primera instancia, incurrió en
una violación del principio de congruencia que guía las decisiones judiciales.
73. Para la Sala no le asiste razón a la entidad en este aspecto, debido a que, de
la lectura del inciso tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 17 de agosto
total, pues de los argumentos de su apelación no se puede extraer que la obligación esté plenamente satisfecha ante la
liquidación efectuada por el a quo».
26
Concretamente, a favor de Carlos Jenaro Padilla Guerra.
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de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas se advierte que
dentro de las órdenes dadas en el título ejecutivo se encuentra que la UGPP
debía reconocer y pagarle al señor Castellanos Rivera «las diferencias que
resulten entre lo pagado y lo que debe pagar (…) en virtud de la reliquidación de
la pensión de vejez aquí ordenada, desde el 28 de octubre de 2011 hasta la
fecha de cumplimiento de esta sentencia (…)».
74. Por lo tanto, es evidente que el sentido y alcance de la orden judicial no se
limitó a las diferencias de mesadas pensionales que se causaron hasta la
ejecutoria de dicha providencia, sino también a aquellas que se causarían con
posterioridad a esa fecha. De suerte que las operaciones realizadas por el
Tribunal para calcular las diferencias causadas con posterioridad a la ejecutoria
de la sentencia, en favor de la parte actora, no constituye una vulneración del
principio de congruencia, pues atendió lo ordenado en el título ejecutivo.
75. A pesar de lo anterior, en lo relacionado con el pago del retroactivo pensional
causado con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia, la Subsección
considera que las órdenes dadas en la sentencia de primera instancia deben ser
modificadas por lo siguiente:
76. De acuerdo con la información que reposa en el expediente administrativo,
traído por la UGPP con la contestación de la demanda, en certificado del 6 de
junio de 2023, el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional —FOPEP—
dejó constancia de la suspensión en el pago de la pensión de jubilación del señor
José Dairo Castellanos Rivera en razón a su fallecimiento, cuya última mesada
pensional se pagó para el mes de enero de 2023 27:
77. Adicional a ese documento, se aportó el certificado de cancelación de defunción del
documento de identidad del señor José Darío Castellanos Rivera, expedido por la
27
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Registraduría Nacional del Estado Civil 28 con ocasión a su fallecimiento ocurrido el 23
de enero de 2023, por lo tanto, la última mesada pensional que se canceló a su favor
fuera la de ese mes.
78. A pesar de que esta información reposaba en el expediente administrativo,
nada se dijo al respecto en los autos del 2 de junio de 2023 y del 4 de octubre
de 2023, a través de los cuales se decidió sobre el mandamiento de pago, ni en
la sentencia de primera instancia del 17 de octubre de 2025. Por el contrario, en
esta última decisión, el a quo actualizó el estado del crédito, incluyendo el
retroactivo pensional dejado de percibir por la parte actora hasta la fecha de la
sentencia.
79. Con esa actuación se pasó por alto que, solo hasta el 23 de enero de 2023,
el señor José Dairo Castellanos Rivera tuvo derecho al pago de la reliquidación
de las mesadas pensionales, en atención a lo dispuesto en la sentencia base de
recaudo, debido a que ese día se acreditó su deceso.
80. En otras palabras, la liquidación del retroactivo pensional en favor del señor
José Dairo Castellanos Rivera solo debía ordenarse en dos momentos: i) como
capital consolidado, esto es, antes de la ejecutoria del título ejecutivo, entre el 28
de octubre de 2011 —por prescripción trienal, conforme a lo allí dispuesto— y el
16 de noviembre de 2021 —fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda
instancia—; y ii) como capital posterior, entre el 17 de noviembre de 2021 —día
siguiente a la ejecutoria de la sentencia— y el 23 de enero de 2023 —día en que
se acreditó el fallecimiento del actor—.
81.Debe recordarse que el proceso ejecutivo que ahora se estudia se presentó
a continuación del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Por lo
tanto, a la luz del artículo 306 del CGP, en concordancia con los artículos 192 y
298 del CPACA, este trámite no se considera como un proceso ejecutivo
autónomo y diferente al de nulidad y restablecimiento del derecho —por el que
a la postre se expidieron las órdenes a cumplir—, sino como un mecanismo
procesal integrado al proceso de nulidad inicial, que se sigue dentro de la misma
cuerda procesal y con el que se busca el cumplimiento efectivo de las órdenes
de la sentencia judicial. Ello se ha entendido de dicha manera, tanto por esta
Corporación 29 como por la Corte Constitucional 30.
82. Asílas cosas, el fallecimiento del señor Castellanos Rivera no impedía el
cumplimiento y pago del retroactivo pensional que no recibió en vida de parte de
la entidad ejecutada. Debido a que las actuaciones pertinentes para su
cumplimiento fueron iniciadas directamente por aquel en vida y, ante la falta de
28
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29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Rad. 47001-23-33-000-2019-00075-01
(63931), consejero ponente: Alberto Montaña Plata.
30
Corte Constitucional auto 008 de 19 de enero de 2022; Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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cumplimiento de la solicitud, su apoderado judicial —quien contaba con facultad
judicial reconocida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
para conciliar, transigir y recibir— 31 inició el trámite del proceso ejecutivo a
continuación del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo cual
no requería un nuevo poder ni autorización de su poderdante.
83. En consecuencia, es palmario que, a voces del artículo 68 del CGP, el trámite
del proceso ejecutivo a continuación del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho debe continuar teniendo como sucesor procesal al «(…) cónyuge, el
albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador» del
señor Castellanos Rivera. Lo anterior, máxime cuando, conforme a lo expuesto
arriba, la UGPP no dio cumplimiento a las órdenes establecidas en el título base
de recaudo.
84. De esa manera, la Subsección considera que es necesario modificar el
numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia que
ordenó seguir adelante con la ejecución por $11.076.632 32, para precisar los
conceptos y valores sobre los cuales se debe seguir adelante con el pago de las
obligaciones. Dichos conceptos deben ser liquidados y definidos en la etapa de
liquidación del crédito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 446 del CGP,
a partir de los siguientes parámetros:
84.1. El valor correctamente reliquidado de la mesada pensional que
mensualmente debió recibir el señor José Dairo Castellanos Rivera a partir
del 4 de abril de 2003 corresponde a la suma de $1.289.358. Esto, debido a
que dicho valor fue el que se calculó tanto en el mandamiento de pago como
en la sentencia de primera instancia, y sobre dicha decisión no hubo oposición
de las partes.
84.2. El pago de las diferencias pensionales que mes a mes debió
realizarse se configura entre lo recibido a partir del reconocimiento hecho con
la Resolución 4780 de 2004 por mesada pensional al señor José Dairo
Castellanos Rivera, esto es, $1.272.404 mensualmente para el año 2004, y lo
que debió recibir, es decir, $1.289.358. Las diferencias pensionales deben
actualizarse mes a mes y año a año, y su reconocimiento solo se hará, como
capital consolidado, entre el 28 de octubre de 2011 —por prescripción
trienal, conforme a lo dispuesto en el título ejecutivo— y el 16 de noviembre
de 2021 —fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia—. Este
capital será indexado a la fecha de ejecutoria de la sentencia y sobre él se
reconocerán intereses moratorios desde el día siguiente, esto es, desde el 17
de noviembre de 2021, hasta cuando se acredite el pago total de la obligación.
31
Poder visible en el índice 73 expediente digital aplicativo SAMAI primera instancia -
49_Expedientedigi_Cuaderno1_0_20250822163445359.pdf pág. 15.
32
Correspondiente a capital $5.702.456, $4.533.436 de intereses y $840.740 por concepto de costas y agencia
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84.3. Asimismo, se reconocerá, como capital posterior, las diferencias
de las mesadas pensionales causadas entre lo que debió recibir el señor
Castellanos Rivera y lo que efectivamente recibió entre el 17 de noviembre de
2021 —día siguiente a la ejecutoria de la sentencia— y el 23 de enero de 2023
—día en que se acreditó su fallecimiento—. Sobre este capital, a medida que
se causó mensualmente cada diferencia pensional, se configuró el derecho al
cobro de los intereses moratorios respectivos.
84.4. Con posterioridad al 23 de enero de 2023 no hay derecho al
reconocimiento y pago de capital por concepto de diferencias de retroactivo
pensional y, por lo tanto, intereses sobre estos.
84.5. Se debe seguir adelante con la ejecución por la suma de $840.740,
por concepto de costas procesales ordenadas en la sentencia base de
recaudo, más los intereses que se causen desde la ejecutoria del auto que las
liquidó hasta la fecha efectiva de su pago.
84.6. Los dineros adeudados ingresarán a la masa sucesoral respectiva
del señor José Dairo Castellanos Rivera.
2.5. Análisis de las costas procesales en ambas instancias.
85. La UGPP solicitó que se revocara la decisión de primera instancia, a través de
la cual se le condenó al pago de las costas y agencias en derecho, en tanto
estimó que su actuar estuvo sustentado en la debida diligencia y buena fe.
86.
Al respecto, debe recordarse que la modificación del artículo 188 del CPACA,
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la
condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la
norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
87. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de procesos ejecutivos, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
88. En tal virtud, la Subsección considera que no le asiste razón a la entidad en el
reproche planteado sobre la condena en costas hecha en primera instancia,
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debido a que los argumentos hechos por el a quo para imponer la condena en
este sentido atendieron los criterios objetivo-valorativo que rigen los requisitos
para tener en cuenta para su establecimiento. Por lo tanto, se desestimará este
planteamiento del recurso y, en su lugar, se confirmará el numeral tercero de la
parte resolutiva de la sentencia de primera instancia que impuso condenas en
costas a la UGPP.
89. Bajo ese mismo marco, es procedente la imposición de la condena en costas
en segunda instancia a la parte que resulte vencida en el proceso, pero como se
hace un ajuste a la condena no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la
sentencia del 17 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, el cual quedará así:
«SEGUNDO: ORDENAR seguir adelante con la ejecución en favor de la
parte ejecutante (masa sucesoral del causante) contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social —UGPP—, por los siguientes conceptos que serán
liquidados y, llegado el caso, actualizados, en la etapa de liquidación del
crédito, así:
a. La UGPP deberá pagar las diferencias pensionales causadas entre lo
recibido por el señor José Dairo Castellanos Rivera, a partir del
reconocimiento efectuado mediante la Resolución 4780 de 2004, esto es,
$1.272.404 mensuales para el año 2004, y lo que debió recibir, esto es,
$1.289.358. Dichas diferencias deberán actualizarse mes a mes y año a
año.
b. Como capital consolidado, deberá reconocer las diferencias pensionales
causadas entre el 28 de octubre de 2011 —por prescripción trienal,
conforme a lo dispuesto en el título ejecutivo— y el 16 de noviembre de
2021 —fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia—. Este
capital deberá indexarse a la fecha de ejecutoria de la sentencia y sobre
él se reconocerán intereses moratorios desde el 17 de noviembre de 2021
hasta cuando se acredite el pago total de la obligación.
c. Como capital posterior, se reconocerán las diferencias de mesadas
pensionales causadas entre lo que debió recibir el señor José Dairo
Castellanos Rivera y lo que efectivamente recibió entre el 17 de noviembre
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Demandante: José Dairo Castellanos Rivera
de 2021 —día siguiente a la ejecutoria de la sentencia— y el 23 de enero
de 2023 —fecha en que se acreditó su fallecimiento—. Sobre este capital
se reconocerán los intereses moratorios respectivos, a medida que se
haya causado mensualmente cada diferencia pensional.
d. Con posterioridad al 23 de enero de 2023 no habrá lugar al
reconocimiento y pago de capital por diferencias de mesadas pensionales.
e. Por la suma de $840.740, por concepto de costas procesales ordenadas
en la sentencia base de recaudo, más los intereses que se causen desde
la ejecutoria del auto que las liquidó hasta la fecha efectiva de su pago.
f. Los dineros adeudados ingresarán a la masa sucesoral respectiva del
señor José Dairo Castellanos Rivera».
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 17 de octubre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en cuanto declaró no probadas
las excepciones de pago, prescripción y compensación propuestas por la UGPP,
y condenó en costas en primera instancia a dicha entidad.
CUARTO: Sin costas en segunda instancia.
QUINTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art.
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