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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2015-00714-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2015-00714-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el quince (15) de mayo de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda. Segundo. ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante. Tercero. RECONOCER personería al abogado Cristian Felipe Muñoz Ospina, portador de la tarjeta profesional 131.246, quien a su vez es el representante legal de Legal Assistance Group S.A.S., identificada con NIT 900.712.338-4, quien es la 29 «Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Radicado: 17001-23-33-000-2015-00714-01 (3992-2021) apoderada general de la UGPP conforme al poder conferido mediante escritura pública visible en el índice 21 de la plataforma SAMAI. Cuarto. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2015-00714-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

6 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2015-00714-01 (3992-2021)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Abdenago Valencia Aguirre

Temas: Lesividad. Reconocimiento sustitución pensión gracia.
Convivencia durante los 5 años anteriores al fallecimiento del
causante. Carga de la prueba para desvirtuar la legalidad del
acto de reconocimiento pensional. CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el quince (15) de mayo de dos mil veinte (2020) por el Tribunal
Administrativo de Caldas por medio de la cual negó las pretensiones.

ANTECEDENTES

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) instauró demanda1 en contra del señor
Abdenago Valencia Aguirre en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modalidad de
lesividad, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución RDP 016293 del 21 de noviembre de
2012, por medio de la cual la UGPP reconoció una pensión de sobrevivientes a favor
del demandado en calidad de compañero permanente de la señora Luz Elena
Osorio Osorio, y que de manera provisional se suspendan los efectos del acto
administrativo demandado.

Que a título de restablecimiento del derecho se condene al accionado a restituir de

1 Ver índice 2 de SAMAI, Archivo: Cuaderno1.

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manera indexada, la suma correspondiente a las mesadas pensionales canceladas,
así como al pago de las costas a que haya lugar.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que la señora Luz Elena Osorio Osorio nació el 6 de octubre de 1955, se
desempeñó como docente nacionalizada en el departamento de Caldas y adquirió
su estatus de pensionada el 6 de octubre de 2005. Que mediante Resolución 19733
del 28 de abril de 2006 se le reconoció una pensión gracia en cuantía de $1.441.026
pesos, efectiva a partir del 6 de octubre de 2005, la cual fue objeto de reliquidación
a través de la Resolución 5398 del 9 de marzo de 2007.

Que la educadora falleció el día 26 de agosto de 2011, por lo que, mediante
Resolución 016293 del 21 de noviembre de 2012 se le reconoció la pensión de
sobrevivientes al señor Abdenago Valencia Aguirre en calidad de compañero
permanente, en un porcentaje del 100% de carácter vitalicio.

Que por Resolución ADP 1867 del 5 de febrero de 2013, se ordenó el periodo de
apertura de pruebas teniendo en cuenta las inconsistencias que indicaron que no
existió una convivencia como cónyuges entre la causante y el demandado durante
los últimos 5 años anteriores al fallecimiento de la docente.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se afirmó que con el acto administrativo demandado se transgreden los artículos:
1, 2, 4, 6, 121, 122, 123 y 209 de la Constitución Política, las Leyes 797 de 2003, y
la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Que la resolución de reconocimiento pensional se fundó en causas confusas que
no generan certeza del derecho pretendido, ya que, el Registro Civil de Matrimonio
No. 5595107 de los señores Abdenago Valencia Aguirre y Luz Elena Osorio Osorio
señala que la fecha de celebración fue el día 14 de julio de 2010, y debe ser esta la
fecha que se considere para el inicio de la convivencia. Que en ese sentido, el
tiempo de convivencia fue de 1 año, 1 mes y 3 días, el cual resulta inferior al indicado
por la norma.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 3 de mayo de 2016 fue admitida la demanda2, notificada por emplazamiento al
señor Abdenago Valencia Aguirre3, a quien se le designó un curador ad litem 4, el

2 Ibid, páginas 232 a 233.
3 Ibid, página 257.
4 Ibid, página 265.

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cual manifestó su desacuerdo con la suspensión provisional, y por auto del 16 de
abril de 2018 el tribunal de origen negó dicha solicitud.

En cuanto a las pretensiones de la demandada, el curador ad litem5, consideró que
no deben prosperar y manifestó que se atenía a lo probado dentro del proceso.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) existencia continua, permanente
e ininterrumpida de los lazos maritales de mi representado con la señora Luz Elena
Osorio Osorio, y (ii) buena fe e inexistencia de la obligación de devolver o reintegrar
las sumas de dinero pagadas por concepto de reliquidación de la pensión de
jubilación.

En la audiencia inicial6 se fijó el litigio, se declaró fallida la etapa de conciliación.
Respecto al decreto de pruebas, señaló que los documentos aportados con la
demanda serían valorados al momento de proferir sentencia y decretó de oficio la
ratificación de las declaraciones extraproceso rendidas por Martha Aydee Quintero
de Martínez y Gonzalo Grisales Maya.

En audiencia de pruebas7 se practicaron las testimoniales decretadas, y una vez
terminada se corrió traslado para que las partes presentaran alegatos de conclusión
y el Ministerio Público, si a bien lo considerara, emitiera concepto de fondo.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8

El Tribunal Administrativo de Caldas mediante sentencia el quince (15) de mayo de
dos mil veinte (2020), negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a
la entidad. Expresó que la UGPP no logró desvirtuar la presunción de legalidad del
acto administrativo demandado y que la calidad de compañeros permanentes fue
acreditada en sede administrativa con las declaraciones de los terceros rendidas
ante notario, quienes afirmaron la existencia de una convivencia durante más de 20
años.

Que la carga probatoria para desvirtuar la convivencia era de la entidad y el único
medio de convicción que allegó fue el Registro Civil de Matrimonio entre la causante
y el demandado el 14 de julio de 2010, documento que por sí solo no tiene la
capacidad probatoria para desvirtuar la existencia de la vida marital que existió
durante los últimos 5 años anteriores al fallecimiento de la educadora.

Que las declaraciones recibidas en el proceso ratifican la convivencia por más de
20 años entre el señor Abdenago Valencia Aguirre y la señora Luz Elena Osorio
Osorio, y pese a que los testigos afirmaron que existió una separación temporal, no
fue posible precisar la fecha en la que ocurrió.

5 Ibid, páginas 291 a 301.
6 Ver índice 2 de SAMAI, archivo: Cuaderno1A, páginas 2 a 7.
7 Ibid, páginas 9 a 11.
8 Ibid, páginas 45 a 55.

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RECURSO DE APELACIÓN9

La demandante interpuso recurso de apelación insistiendo en que el demandado no
cumple con el requisito mínimo de 5 años de convivencia, pues sólo acreditó 1 año,
1 mes y 3 días teniendo en cuenta el Registro Civil de Matrimonio del 14 de julio de
2010.

Dijo que con los testimonios no se lograron establecer los extremos temporales de
la convivencia anterior al matrimonio y a su vez, manifestaron estos deponentes que
hubo una separación, pero no se precisó la fecha en la que ocurrió y, por tanto,
resultan insustanciales y precarias para crear la certeza del hecho que daría lugar
al reconocimiento pensional.

Que no se encuentra probado que existió una unión marital de hecho con vocación
de continuidad y en ese sentido, lo procedente es decretar la nulidad del acto que
reconoció la sustitución pensional.

Manifestó estar en desacuerdo con la condena en costas soportado en el artículo
188 de la Ley 1437 de 2011 por tratarse de un asunto en el que se ventila un interés
general.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 3 de diciembre de 202110 se admitió el recurso de apelación y el 24 de marzo de
202211 se dio traslado por el término de 10 días para la presentación de los alegatos
de conclusión, y se corrió el mismo traslado para el Ministerio Público.

Las partes12 presentaron alegaciones finales con las que ratificaron los argumentos
expuestos en la demanda, la contestación y el recurso de apelación.

El Ministerio Público guardó silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La Sala debe determinar si hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución RDP
016293 del 21 de noviembre de 2012, a través de la cual se reconoció la pensión
de sobreviviente al señor Abdenago Valencia Aguirre, porque no se cumplió con el
requisito del tiempo de convivencia.

9 Ibid, páginas 66 a 69.
10 Ver índice 4 en SAMAI.
11 Ver índice 10 de SAMAI.
12 Ver índice 15 y 16 en SAMAI.

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Marco normativo y jurisprudencial

En cuanto a la normativa que prevé la sustitución pensional de manera general, esta
Subsección en diferentes oportunidades13 ha considerado que las disposiciones
aplicables son las vigentes al momento del fallecimiento del causante.

Ahora, ante la inexistencia de regulación específica sobre esta materia para la
pensión gracia, se ha acudido a las normas que regulan la institución de manera
general, sin perder de vista la naturaleza jurídica distinta de esta prestación.

Pues bien, en lo relacionado con este tipo de controversias, se resalta que, en la
sentencia SUJ-029-CE-S2 del 11 de agosto de 2022 dictada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado14 se realizó un análisis frente a las disposiciones
que regulan la sustitución de la pensión gracia, las cuales, por analogía, se
concluyó que también hacen referencia a las vigentes para la fecha del fallecimiento
del docente pensionado.

En ese mismo fallo se partió de la premisa según la cual la disposición aplicable al
asunto analizado era la contenida en la Ley 100 de 1993, por lo que se fijó como
regla jurisprudencial la siguiente: «[…] En el caso de estar vigente el artículo 47 de la
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se exige al cónyuge
o al compañero acreditar no menos de 5 años de convivencia con el docente o el
pensionado. […]»15 (Cursiva de la Sala).

Aun así, deberá entenderse según la línea argumentativa de dicha sentencia que,
pese a la aplicación del mencionado sistema general, en ningún caso se permitirá
reconocer la pensión gracia sustitutiva con fundamento en el numeral 2.º del artículo
46 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003)16,
esto es, a la luz de la acreditación de 50 semanas de cotización, sino únicamente
en cumplimiento de 20 años de servicios, pues esta debe haberse consolidado en
cabeza del titular para poder trasladar su exigibilidad.

Aclarado lo anterior, y, en atención a que el deceso de la señora Luz Elena Osorio
Osorio (causante de la pensión) se produjo el 26 de agosto de 201117, resulta

13 Ver, entre otras sentencias: Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 10 de
noviembre de 2005. Exp. 25000-23-25-000-1998-05092-01(3496-04). C.P. Ana Margarita Olaya Forero y
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de octubre de 2008. Exp. 2638-2014.
C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia SUJ-029-CE-S2 del

11 de agosto de 2022. Exp. 23001-23-33-000-2014-00444-01 (1655-2017).
15 Dicho pronunciamiento judicial contempló sus efectos de manera retrospectiva según el ordinal segundo de

su parte resolutiva, ello a fin de que las reglas se extendieran a todas las situaciones pendientes de definición
jurídica que no hayan sido objeto de consolidación del fenómeno de cosa juzgada. Por tal razón, claramente su
estudio y sometimiento para resolver el presente asunto es pertinente y necesario, puesto que este litigio se
encuentra pendiente de un fallo de segunda instancia.
16 “Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado

cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento”.
17 Ver Registro Civil de Defunción, página 189 del archivo: Cuaderno1A en índice 2 de SAMAI.

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evidente que la norma en vigor para esa fecha era la Ley 100 de 1993, la cual, en
lo pertinente fue modificada por la Ley 797 de 2003 bajo una serie de presupuestos
que, para resolver la situación jurídica de la demandante. Dichos preceptos
consagran lo siguiente:

«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia
se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5)
años continuos con anterioridad a su muerte; […]». (Negrilla y cursiva
intencional).

Como se deriva de lo expuesto, el requisito analizado lo que busca es evitar que,
con base en vínculos adquiridos a último momento, o a través de una unión
esporádica e inestable que no tenga el carácter de permanencia, se origine el
derecho a sustituir en forma vitalicia una prestación, y mucho menos en este caso,
una dádiva.18

Por tal motivo, la exigibilidad de una convivencia permanente y estable, al menos
durante 5 años, ha sido una constante que va más allá de la simple cohabitación en
una misma residencia compartiendo lecho y mesa.

Es por esa razón que, además de los supuestos de hecho aludidos, también se
debe acreditar por parte de la reclamante supérstite una serie de elementos
objetivos y subjetivos que permitan evidenciar la intención de convivir con su
causante, es decir, de mantener una comunión de vida con propósitos alineados
hacia un mismo objetivo, el cual no es otro que el de conformar una familia.

Dichos componentes se corroboran con: el apoyo mutuo y constante, la
comprensión, la vocación de estabilidad, el correlativo respeto, y el soporte
económico, emocional y espiritual;19 elementos que superan la sola existencia de
un vínculo matrimonial, una sociedad conyugal, o una unión marital de hecho

18 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. sentencia del 9 de noviembre de 2017, Exp. 25000-23-

42-000-201-305201-01 (0286-2015). C.P. William Hernández Gómez.. En dicha providencia se destacó que:
«[…] el legislador lo previó como un mecanismo de protección, ello para salvaguardar a los beneficiarios
legítimos de quienes pretenden solo buscar provecho económico. De igual forma, debe acreditarse la vocación
de estabilidad y permanencia, de manera que no se tienen en cuenta aquellas relaciones casuales,
circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas o accidentales que haya podido tener en vida el
fallecido pensionado. […]» (Cursiva fuera de texto).
19 Esta posición acerca de los elementos de la convivencia ya fue expuesta por esta corporación,

específicamente por la Sección Segunda, Subsección “B” en sentencia del 4 de mayo de 2023, dictada en el
proceso con radicado 47001-23-33-000-2016-00471-02 (2430-2022), cuando se aseguró lo siguiente: «[…]
resulta necesario reiterar que el referido requisito de convivencia fue acreditado con las características de auxilio
o apoyo mutuo, comprensión y vida en común, con vocación de estabilidad y permanencia, que en últimas,
conforme con la jurisprudencia, son los factores que legitiman el derecho reclamado […]»

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formalmente reconocidas y vigentes.20

La necesidad de probar en sede judicial la ilegalidad del acto que reconoció
un derecho

La necesidad de demostrar o probar en sede judicial la ilegalidad encuentra su
sustento en el principio de la presunción de legalidad consagrada en el artículo 88
de la Ley 1437 de 2011, el cual establece que «los actos administrativos se
presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse
hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida
cautelar».

De acuerdo con la norma citada, la presunción de legalidad del acto implica que la
decisión es ajustada al ordenamiento jurídico, sin necesidad de que haya un
pronunciamiento de autoridad judicial que así lo declare, pues basta la sola
existencia del mismo para suponer que se ajusta a la legalidad.

Ahora, la presunción de legalidad como atributo del acto, puede ser controvertida y
desvirtuada y, en ese sentido, quien lo pretenda deberá acreditarlo ante el juez
contencioso administrativo, el cual, a través de la sentencia, podrá declarar o no su
nulidad. Al respecto, esta Corporación21 ha dicho:

«si bien los actos administrativos, como decisiones unilaterales de la Administración
encaminadas a producir efectos jurídicos, son susceptibles de judicialización por
parte de esta jurisdicción a través de las acciones establecidas en los artículos 84 y
85 del C. A. A., lo cierto es que se encuentran amparados por la presunción de
legalidad derivada del sometimiento coercitivo de la actividad administrativa al
ordenamiento jurídico, propio de los Estados Sociales de Derecho y, por lo mismo,
su control judicial se encuentra sujeto a una carga procesal de alegación por
parte de quien pretenda desvirtuar la presunción, demarcando de esa forma
tanto el terreno de defensa para el demandado como el ámbito de análisis para
el juez y el alcance de su decisión» (Negrilla para resaltar)

No obligatoriedad de la valoración probatoria que se adoptó en sede
administrativa o en sede judicial diferente

En el curso de la actuación administrativa, las entidades pueden solicitar, practicar
e incorporar pruebas con el objeto de resolver las reclamaciones y ser el fundamento
de los actos administrativos que se profieran en su respuesta.

Al respecto, el artículo 40 de la Ley 1437 establece:

20
Al respecto ver providencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de
octubre de 2012. Radicación número: 25000-23-25-000-2010-00860-01 (2475-11).
21 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 7 de noviembre de 2012. Exp. 25000-23-27-000-2009-

00056- 01(18414). C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

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«Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la
decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a
petición del interesado sin requisitos especiales. Contra el acto que decida la
solicitud de pruebas no proceden recursos. El interesado contará con la oportunidad
de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de
que se dicte una decisión de fondo.

Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las
pidió. Si son varios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales.

Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de
Procedimiento Civil». (Negrilla para resaltar)

Sobre la importancia de las pruebas en todo procedimiento, la Corte Constitucional
ha dicho que «solo a través de una vigorosa actividad probatoria, que incluye la
posibilidad de solicitar, aportar y controvertir las que obran en cada trámite, puede
el funcionario administrativo o judicial alcanzar un conocimiento mínimo de los
hechos que dan lugar a la aplicación de las normas jurídicas pertinentes, y dar
respuesta a los asuntos de su competencia ciñéndose al derecho sustancial22».

De la anterior cita, es posible concluir que es ante cada autoridad, ante quien deben
aportarse los medios de convicción necesarios para la toma de la decisión y cada
autoridad tiene autonomía para la valoración de la prueba, lo que se traduce en que
la valoración que realice un operador jurídico no obliga o vincula a los demás.

Verbigracia, esta corporación ha sostenido23 dentro del estudio de un proceso de
repetición, que la sentencia proferida en el medio de control de reparación directa,
si bien es prueba, la decisión como tal no vincula al juez del caso, resultando
necesario allegar otros medios para lograr la prosperidad de las pretensiones, pues
de no ser así se eliminaría la autonomía del funcionario para realizar una valoración
probatoria independiente.

Igualmente, esta Subsección en sentencia proferida el 19 de enero de 202324, al
estudiar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho – lesividad- ,
manifestó que las providencias emitidas en ese caso por los jueces en el marco de
procesos ordinarios no son concluyentes, determinantes y no atan las decisiones
dictadas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en sede de control de
legalidad, por cuanto el estudio realizado dependerá de los elementos probatorios
que se alleguen y practiquen en cada asunto.

22 Corte Constitucional. Sentencia C-034 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
23 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 12 de agosto de 2019. Exp. 05001-23-33-

000-2013-01020-01 (63.519). C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
24 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 19 de enero de 2023. Exp. 54001-23-33-

000-2017-00245-01 (6142-2019). C.P. César Palomino Cortés. - La UGPP discutía le legalidad de los actos que
reconocieron la pensión de sobrevivientes, por considerar que no se acreditó el requisito de la convivencia
durante los 5 años previos al fallecimiento.

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De acuerdo con la jurisprudencia citada, se tiene que las decisiones y valoraciones
probatorias que se hacen al interior de un proceso, ya sea de esta u otra jurisdicción,
no constituyen prueba ni atan al juez al estudiar la legalidad de un acto
administrativo, tampoco resultan obligatorias las valoraciones que realice la
administración como fundamento para dar inicio a interponer el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.

Lo anterior tiene sentido por cuanto es al juez, en el estudio de legalidad de los
actos, a quien le corresponde apreciar, valorar y practicar las pruebas25 sin que de
ninguna manera se vea limitado a la interpretaciones, deducciones y análisis que
previamente haya realizado la administración al momento de proferir sus decisiones,
pues ello implicaría desconocer que la competencia del funcionario judicial es plena
y que goza de autonomía para realizar una valoración probatoria propia e
independiente.

Resolución del caso concreto

En este caso, se aclara que con el mecanismo invocado la entidad pretende la
nulidad del acto que reconoció la sustitución pensional al considerar que, en virtud
de investigación posterior al reconocimiento del derecho, el señor Abdenago
Valencia Aguirre no acreditó la existencia de convivencia con la causante durante
los 5 años anteriores a su fallecimiento.

En esa medida correspondía a la administración traer a este proceso todos los
medios de prueba encaminados a desvirtuar la presunción del acto que concedió la
sustitución. Sin embargo, lo que se advierte es que la entidad pretende que le sean
concedidas las pretensiones de la demanda con fundamento en las diligencias de
investigación adelantadas por CYZA y las pruebas recaudadas en sede
administrativa, elementos de juicio que le sirvieron como base para solicitar, en
primera medida, el consentimiento del beneficiario para revocar la Resolución RDP
016293 del 21 de noviembre de 2012, y ante la falta de respuesta de este, acudir a
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Para la Subsección, la entidad se limitó a aportar al proceso judicial las pruebas en
las cuales fundamentó su decisión para ejercer medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho – lesividad una vez adelantó su trámite interno; pero
no aportó elementos ni solicitó pruebas que acreditaran en instancia judicial que el
demandado no probó el requisito de la convivencia con la causante durante los 5
años previos al fallecimiento, desconociendo que no es obligación del señor
Abdenago Valencia Aguirre demostrar lo contrario, pues el acto que le reconoció el
derecho goza de presunción de legalidad y en su momento fue expedido por
encontrar acreditada su calidad de beneficiario por ser cónyuge o compañero

25 Código General del Proceso. «Artículo 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas

en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley
sustancial para la existencia o validez de ciertos actos».

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permanente26.

Además, es necesario precisar que, respecto al informe investigativo de CYZA, el
cual contiene entrevistas realizadas a los señores Abdenago Valencia Aguirre,
Mauricio Valencia Osorio, Gonzalo Grisales Maya y Martha Aydee Quintero de
Martínez, estas solo deben ser entendidas como evidencias que sirvieron de
sustento en el procedimiento administrativo para el trámite impartido por la entidad,
y que no son más que un insumo que le pudo dar elementos a la UGPP para
demandar la resolución que reconoció el derecho, pues finalmente la administración
no tiene la competencia de practicar pruebas que puedan ser valoradas en sede
judicial con el fin de desvirtuar la legalidad del acto administrativo acusado.

Conviene señalar que no se pretende desconocer la labor realizada por la entidad
en el trámite administrativo adelantado, como tampoco que desplegó una actividad
probatoria para justificar el ejercicio del medio de control; lo indiscutible es que
dentro del proceso contencioso administrativo no hizo lo mismo, pues se reitera, no
soportó sus argumentos con pruebas que permitieran al juez validar la legalidad que
reviste el acto atacado.

Se recuerda que, en casos como este, el juez contencioso al efectuar el control de
legalidad de los actos administrativos acusados de nulidad goza de autonomía para
valorar de manera independiente las pruebas allegadas, pedidas y practicadas al
interior del proceso.

En este punto es de resaltar que tal como lo prevé la regulación procesal, quien
alega la ilegalidad es quien debe invocar las normas violadas, el concepto de la
violación, y además, desplegar una actividad probatoria27 suficiente y adecuada
para lograr el efecto jurídico de los preceptos que fundamentan el derecho
reclamado a través de un medio de control como el de nulidad o nulidad y
restablecimiento del derecho, lo cual se traduce en la concreción del postulado
adjetivo de la carga de la prueba al tenor del artículo 167 del CGP28 .

26 En la Resolución RDP 0162963 del 21 de noviembre de 2012, la entidad hizo alusión a ambas calidades sin

diferenciar cuál era atribuible al señor Abdenago Valecia.
27 El concepto de carga procesal debe entenderse, tal y como fue definido por la Corte Constitucional, en

Sentencia C-123 del 18 de febrero de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis, así:
«Las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta
de realización facultativa, normalmente establecida en beneficio del mismo sujeto y cuya omisión trae aparejada
para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive
hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.
Por tanto, no debe perderse de vista que este principio, ante todo es una carga procesal, cuya inobservancia
genera una desestimación de las pretensiones o excepciones alegadas por los sujetos procesales».
28 «Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que

consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá,
de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier
momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una
situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su
poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares. […]»

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Ahora bien, pese a la falta de actividad probatoria de la entidad, se observa que el
tribunal de primera instancia en audiencia inicial de manera oficiosa decretó la
ratificación de las declaraciones extraproceso de los señores Martha Aydee
Quintero de Martínez y Gonzalo Grisales Maya, y en audiencia de pruebas practicó
dichos testimonios.

Afirmaron los testigos que el demandando y la causante estuvieron casados y que
pese a existir una separación legal, la convivencia entre los mismos no se vio
interrumpida, que incluso posterior a dicha ruptura conyugal se casaron de nuevo y
convivieron hasta la muerte de la señora Luz Elena Osorio Osorio, y fue el accionado
quien, durante la enfermedad de la educadora, la acompañó y apoyó.

Valorado lo anterior, se demuestra que el beneficiario y la causante mantuvieron
una vida en común continua, acreditándose una convivencia con vocación de
estabilidad, caracterizada por un apoyo mutuo, constante y un soporte emocional,
lo cual resulta congruente con la decisión que tomó la entidad en el acto
administrativo atacado.

Con base en expuesto, se reitera que, la accionante no logró desvirtuar la
presunción de legalidad del acto demandado, y finalmente, el argumento esgrimido
en su recurso de apelación respecto a considerar que el tiempo convivido por la
pareja fue de 1 año, 1 mes y 13 días contados desde la fecha del matrimonio
celebrado el 14 de julio de 2010, no tiene fundamento, pues implicaría desconocer
una convivencia ininterrumpida sostenida antes de la referida unión que se
demostró en sede judicial y que no fue controvertida en el proceso por la
demandante.

Las anteriores razones son suficientes para confirmar la sentencia apelada.

De la condena en costas en primera instancia

Procederá la Sala a analizar lo relacionado con la condena en costas impuesta en
primera instancia, en consideración al desacuerdo de la entidad en este aspecto.

En lo que respecta a este punto de impugnación, la Sala en el caso particular acudirá
a la tesis que se había sostenido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021 (25 de enero de 2021), pues se entiende que la decisión de primera
instancia fue proferida previamente a la referida circunstancia (15 de mayo de 2020).

Es decir, resultaba acertado al momento de la expedición de la sentencia apelada,
asumir que en virtud del criterio objetivo valorativo para la imposición de las costas,
debía excluirse el elemento subjetivo de la mala fe o la temeridad de las partes y
que en consecuencia procedía la referida condena contra la parte demandante por

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haber resultado vencida en juicio y haberse demostrado la causación de las
agencias en derecho en el monto que el tribunal estimó conforme a las previsiones
del artículo 188 del CPACA y 365 del CGP, así como la demás normativa que regula
la materia.

En tal sentido, se confirmará el fallo apelado en este punto sobre la decisión de
condena en costas de primera instancia a cargo de la accionante.

De la condena en costas en segunda instancia

Ahora bien, para el caso de análisis en segunda instancia, es importante aclarar que
teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley
2080 de 202129 en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y
cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal, la Subsección A considera que en el presente caso, aplicando el
criterio anunciado, y observando los fundamentos esbozados por la recurrente en
sus distintas intervenciones, no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas, por el contrario, en el escrito de alzada
manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera
que no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el quince (15) de mayo de dos mil
veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.

Segundo. ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandante.

Tercero. RECONOCER personería al abogado Cristian Felipe Muñoz Ospina,
portador de la tarjeta profesional 131.246, quien a su vez es el representante legal
de Legal Assistance Group S.A.S., identificada con NIT 900.712.338-4, quien es la

29 «Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.

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apoderada general de la UGPP conforme al poder conferido mediante escritura
pública visible en el índice 21 de la plataforma SAMAI.

Cuarto. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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