RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2016-00028-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 17001-23-33-000-2016-00028-01

Fecha
9 de julio de 2021
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Argüello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 17001-23-33-000-2016-00028-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Revocar la sentencia de 10 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en su lugar se dispone: “1. Negar las pretensiones de la demanda.” Sin condena en costas en las dos instancias.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 17001-23-33-000-2016-00028-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Argüello

9 de julio de 2021

NOTIFICACIÓN DEL ACTO QUE RESUELVE EL RECURSO DE RECONSIDERACION - Formas. Se notifica personalmente o por edicto, dependiendo de si el contribuyente se presenta o no dentro de los diez días siguientes a la fecha de introducción al correo del aviso de citación / NOTIFICACIÓN POR EDICTO DE ACTO QUE RESUELVE RECURSO DE RECONSIDERACIÓN - Contabilización del término de fijación. Se cuenta desde el día hábil siguiente a la introducción de la citación, en el correo. Reiteración de jurisprudencia / NOTIFICACIÒN POR EDICTO POR NO ASISTIR A LA DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL ENVIADA POR CORREO – Procedencia / NOTIFICACION POR EDICTO – Requisito. Constancia de fijación del edicto por el término ordenado en la ley / DESFIJACION DE EDICTO – Irregularidad. No vicia la notificación. Reiteración de jurisprudencia

[E]l artículo 565 del Estatuto Tributario, vigente para la época de los hechos, establecía que la notificación de dicho acto debía realizarse personalmente, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de introducción al correo del aviso de citación. Para efectos del envío por correo de la citación para la notificación personal, el artículo 564 de la misma normativa prescribe que debe tenerse en cuenta la dirección procesal señalada expresamente por el contribuyente, agente retenedor o declarante en la actuación administrativa; a falta de esta, en la dirección informada en el RUT (parágrafo 1º, art. 565 Estatuto Tributario), en la dirección registrada en el RUT por el apoderado del administrado (parágrafo 2º ibidem) y, según sea necesario, a la que logre establecer la administración (inciso 2º parágrafo 1º, art. 565 Estatuto Tributario). Surtido dicho trámite y en caso de que el contribuyente no compareciera a la notificación personal, el artículo 565 del Estatuto, tal como fue adicionado por el artículo 135 de la Ley 1607 de 2012, disponía que la notificación debía efectuarse mediante edicto, con el cumplimiento de las siguientes formalidades: (i) la fijación del edicto se debe hacer en un lugar público del despacho respectivo, (ii) el término de fijación es de diez (10) días y (iii) el edicto deberá contener la parte resolutiva del respectivo acto administrativo. (…) [O]bserva la Sala que el procedimiento de notificación de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración fue debidamente cumplido, primero porque se remitió el aviso de citación personal a la dirección suministrada por la parte actora, lo cual no fue discutido por la parte demandante, segundo porque la omisión de la contribuyente de asistir a la diligencia de notificación personal de dicho acto, habilitó a la entidad a efectuar la notificación por edicto, como en efecto lo hizo y tercero porque a estos efectos, el artículo 565 del Estatuto Tributario, solo exigía que se fijara en un lugar público del despacho por un término de diez (10) días y que contuviera la parte resolutiva del respectivo acto administrativo. Entonces, la falta de constancia de desfijación del edicto por medio de la cual notificó la decisión del recurso de reconsideración, no tendría la virtualidad de enervar la notificación al contribuyente, ésta se entiende surtida con la fijación y mantenimiento del edicto por el término legal de fijación establecido en la ley y no, en la fecha en que el edicto sea materialmente desfijado, en tanto, se reitera, el artículo 565 del Estatuto Tributario no previó como requisito sustancial la desfijación del edicto.

FUENTE FORMAL: ORDENANZA 674 DE 2011 (DEPARTAMENTO DE CALDAS) - ARTÍCULO 311 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 565 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 564 / LEY 1607 DE 2012 - ARTÍCULO 135

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la notificación del acto administrativo personalmente dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de introducción al correo del aviso de citación consultar sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 13 de agosto de 2020, Exp. 25000-23-37-000-2015-00094-01(22923), C.P. Milton Chaves García

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el envío por correo de la citación para la notificación personal a la dirección procesal señalada por el contribuyente consultar sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 19 de noviembre de 2020, Exp. 25000-23-37-000-2014-01116-02(23920), C.P. Milton Chaves García

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la importancia de la constancia de fijación del edicto, y que la falta de constancia de desfijación no vicia la notificación consultar sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 21 de febrero de 1997, Exp. CE-SEC4-EXP1997-N8124, C.P. Julio Enrique Correa Restrepo

NUEVOS ARGUMENTOS EN RECURSO DE APELACIÓN - Improcedencia / DEBIDO PROCESO - Garantía / DERECHO DE DEFENSA - Garantía

[E]l señalamiento de haber fijado el edicto cuando aún transcurría el término para comparecer a la diligencia de notificación personal, debe advertir la Sala que no se pronunciará sobre ese argumento, toda vez que se trata de un aspecto nuevo, no discutido en la demanda, cargo frente al cual la Administración no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Lo mismo ocurre con lo expuesto por el agente del Ministerio Público en segunda instancia sobre la falta de constancia de entrega del aviso para la citación personal, dado que esa circunstancia constituye un hecho nuevo que no fue alegado por la demandante dentro del proceso y, por ende, no fue objeto de pronunciamiento por parte de la entidad demandada ni fue estudiado en la sentencia de primera instancia.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre aspectos nuevos, no discutidos en la demanda, cargo frente al cual la Administración no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa consultar sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 21 de febrero de 2019, Exp. 54001-23-33-000-2014-00397-01(22647), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 22 de abril de 2021, Exp. 25000-23-37-000-2014-00682-01(24247) C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello

CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Término para que opere / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL – No configuración

[L]a resolución que resolvió el recurso de reconsideración quedó notificada el día 23 de septiembre de 2015. Entonces, el término de los 4 meses que establece el artículo 138 del CPACA para interponer el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, inició el 24 de septiembre de 2015 y en principio vencían el 24 de enero de 2016, día no hábil, por lo que el plazo de vencimiento se corrió al 25 de enero de 2016, día en que el interesado interpuso la presente demanda, tal como se advierte en el acta de reparto visible en el folio 1 del expediente y en el sello de la Dirección Seccional de Administración Judicial del folio 36.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 (CPACA) – ARTÍCULO 138

ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES - Facultades relacionadas con el gravamen a las estampillas / ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS - Hecho generador. Celebración de contratos, convenios y sus adiciones / ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS - Base gravable. Valor incorporado en el contrato, convenio y sus adiciones

[L]a celebración de cualquier convenio o contrato con el Departamento de Caldas, quedaría comprendido en el hecho generador de las correspondientes estampillas, habida cuenta de que, la descripción que del mismo hace la ordenanza es amplia, no se circunscribe a unos determinados contratos o acuerdos, ni se supedita a ninguna otra circunstancia, por lo que resulta aplicable al Convenio Especial de Cooperación Nro. 08112013-0621 suscrito entre la demandante y el Departamento de Caldas. (…) [D]ado que la Ordenanza 674 de 2011 constituye un acto administrativo, es de obligatoria observancia conforme con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, que dispone que, salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos, serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por esta jurisdicción. Además, el presente acto no ha perdido su ejecutoriedad dado que no se enmarca en ninguna de las causales previstas en la misma disposición. Tampoco es posible que vía interpretación se efectúen distinciones que no fueron efectuados en el mismo acto, dado que es la Asamblea Departamental de Caldas, autorizada por las Leyes 3 de 1986 (Estampilla Pro Desarrollo Departamental) 348 de 1997 (Estampilla Pro Hospital de Caldas) y 426 de 1998 (Estampilla Pro Universidad de Caldas y Universidad Nacional Sede Manizales hacia El Tercer Milenio), la competente para determinar los elementos de las estampillas, como efectivamente lo hizo en la Ordenanza 674 de 2011. Así las cosas, y en aplicación del principio de legalidad, no es posible que las autoridades y los particulares den un alcance distinto a los dispuesto en la Ordenanza. (…) Observa la Sala que la obligación de pagar las estampillas se fundamentó en los artículos 145, 156 y 169 de la Ordenanza 674 de 2011, disposición que establece entre otros elementos, el hecho generador, el cual se insiste, surge en virtud de la celebración de contratos, convenios y sus adiciones, supuesto en el cual se enmarcó el convenio especial de colaboración que suscribió el actor con el Departamento de Caldas. (…) Para la Sala este cargo no prospera porque, como ya se dijo, la base gravable de las estampillas está conformada por “el valor incorporado en el contrato, valor que para este caso fue de $19.325.637.600, independiente que en el transcurso del convenio las partes destinaran los recursos a otros aspectos como la interventoría del contrato. La cuantía fue definida en el convenio y no fue modificada. Dado que la norma departamental no hace distinción alguna sobre la base gravable, no puede acceder a lo solicitado en la demanda.

FUENTE FORMAL: ORDENANZA 674 DE 2011 (DEPARTAMENTO DE CALDAS) - ARTÍCULO 145 / ORDENANZA 674 DE 2011 (DEPARTAMENTO DE CALDAS) - ARTÍCULO 149 / ORDENANZA 674 DE 2011 (DEPARTAMENTO DE CALDAS) - ARTÍCULO 156 / ORDENANZA 674 DE 2011 (DEPARTAMENTO DE CALDAS) - ARTÍCULO 160 / ORDENANZA 674 DE 2011 (DEPARTAMENTO DE CALDAS) - ARTÍCULO 169 / ORDENANZA 674 DE 2011 (DEPARTAMENTO DE CALDAS) - ARTÍCULO 173

CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA - Improcedencia. Por falta de prueba de su causación

[D]e acuerdo con el numeral 8º del artículo 365 del Código General del Proceso (norma aplicable por remisión expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), no se condenará en costas en ninguna de las dos instancias al no encontrarse probadas.

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) - ARTÍCULO 365, NUMERAL 8 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) – ARTÍCULO 188

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 17001-23-33-000-2016-00028-01(24065)

Actor: CENTRO DE BIOINFORMÁTICA Y BIOLOGÍA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA

Demandado: DEPARTAMENTO DE CALDAS

FALLO

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la entidad demandada y el Ministerio Público, contra la sentencia del 10 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, (fls. 354 a 365), que decidió:
“PRIMERO: DECLÁRESE LA NULIDAD de Resolución 6761-7 del 2 de octubre de 2014 y la Resolución 7460-7 del 10 de agosto de 2015, ambas expedidas por la Unidad de rentas del Departamento de Caldas, dentro del proceso que por el medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO promovió el CENTRO DE BIOINFORMÁTICA Y BIOLOGÍA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA -CBBC- contra EL DEPARTAMENTO DE CALDAS – UNIDAD DE RENTAS, por lo considerado en esta sentencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR al DEPARTAMENTO DE CALDAS, que en los términos y condiciones señaladas en el Estatuto Tributario, proceda a hacer la devolución de las sumas exigidas por la parte actora.
TERCERO: DECLÁRENSE IMPROSPERA LAS EXCEPCIONES “cobro de lo no debido” y “Genérica” propuestas por el Demandado Departamento de Caldas – Unidad de Rentas, por lo expuesto en la parte considerativa.
CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandada y a favor de la demandante, en atención a lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia. A cargo de la parte accionada se fijan agencias en derecho en la suma de siete millones setecientos treinta mil doscientos cincuenta y cinco mil pesos con cuatro centavos ($7.730.255,04), equivalente al 1% del valor de las pretensiones de la demanda; atendiendo a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia; las cuales se liquidarán por la Secretaría de este Tribunal, una vez ejecutoriada la presente providencia.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, LIQUÍDENSE los gastos del proceso, DEVUÉLVASE los remanentes si los hubiere, y ARCHÍVESE, previas las anotaciones del caso en el Sistema Judicial Siglo XXI.”

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La parte actora, en calidad de cooperante, suscribió con el Departamento de Caldas el Convenio Especial de Colaboración Nro. 08112013-0621 de 8 de noviembre de 2013 por un monto de $19.325.637.600 (fls. 5 a 18 c.a.) sobre el valor del contrato, la demandante pagó a la entidad la suma de $773.025.504 por concepto de Estampillas Pro-desarrollo, Pro-Universidad y Pro-Hospital de Caldas. El pago se realizó el mismo día en que se suscribió el contrato.

El 30 de diciembre de 2013 las partes modificaron el convenio con relación a la forma de desembolso del dinero, destinando $579.769.128 para gastos de interventoría del proyecto (fls. 19 a 22 ca)

Mediante escrito radicado ante la Unidad de Rentas del Departamento el 21 de agosto de 2014, la demandante solicitó la devolución del monto cancelado por concepto del gravamen de Estampillas, advirtiendo que dicho pago vulneró principios constitucionales, dado que los recursos no ingresaron a su patrimonio ni le generaron utilidad, y que una parte de los recursos se destinaron a la interventoría por parte de un tercero, siendo este el responsable del pago del tributo. Por lo anterior consideró que se configuraba un pago de lo no debido (fls. 80 a 90 ca).

En la Resolución Nro. 6761-7 de 2 de octubre de 2014, la entidad negó la solicitud de devolución de la contribuyente (fls. 55 a 60 ca) contra esta decisión, la contribuyente interpuso recurso de reconsideración el 16 de diciembre de 2014 (fls. 23 a 46 ca).

El 10 de agosto de 2015 la demandada expidió la Resolución Nro. 7460-7, en la que decidió confirmar la resolución recurrida por la actora (fls. 71 a 79 ca).
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011 C.P.A.C.A), la parte demandante formuló las siguientes pretensiones (f. 34):

“4.1. Se declare la nulidad de la Resolución 6761-7 del 2 de octubre de 2014 y la Resolución 7460-7 del 10 de agosto de 2015, ambas expedidas por la Unidad de Rentas del Departamento de Caldas.

4.2. Que a título de restablecimiento del derecho se DECLARE que el pago realizado por mi mandante por valor de $773.025.504, constituye un pago de lo no debido, y en consecuencia, la Unidad de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Caldas, reintegre a la demandante dicha suma, con los intereses moratorios a que haya lugar.

4.3. Condenar en costas procesales y agencias en derecho a la entidad demandada.”

La sociedad demandante invocó como normas violadas los artículos 29, 95 y 363 de la Constitución; 1 y 732 del Estatuto Tributario; 1, 146, 156 y 170 del Decreto 089 de 2013; y 137 y 139 de la Ley 1437 de 2011.

El concepto de la violación de estas disposiciones se resume así:

Ausencia del objeto imponible para el cobro de estampillas en relación con la suscripción del Convenio 08112013-0621 con el Departamento de Caldas.

Luego de realizar una diferencia conceptual entre objeto imponible y hecho generador, la demandante concluyó que no estaba obligada al pago del impuesto de estampillas por la suscripción del citado convenio, debido a que los recursos aportados a ese proyecto provenían del Sistema General de Regalías, y que el propietario de estos era el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estos recursos, conforme con las cláusulas del contrato, ingresaron a una cuenta a nombre del convenio y no al patrimonio de la sociedad, por lo que la parte demandante solo realizó actos de mera tenencia y administración, sin que ello implicara la generación de renta, riqueza propiedad o consumo del que se derive una riqueza susceptible de ser gravada con las estampillas.

Violación a los principios constitucionales que orientan el sistema tributario.

El cobro del gravamen de estampillas vulneró los principios de capacidad económica, progresividad y equidad que rigen el sistema tributario, porque el pago por valor de $773.025.504 por concepto de Estampillas implicó la disminución de su patrimonio, más aún cuando el pago tuvo origen en una actividad que no le generó ninguna utilidad. Manifestó que dicho pago tiene efectos confiscatorios dado la disminución de su patrimonio, lo que es contrario al mandato constitucional de protección de la propiedad privada.

La obligación sustancial tiene su origen en la ley.

Explicó que la obligación de pagar el gravamen a las estampillas deriva de la ordenanza departamental que autorizó su cobro, y no de las cláusulas pactadas en el convenio como lo afirmó el Departamento en los actos acusados. De manera que, el surgimiento de la obligación legal debía ceñirse a los mandatos constitucionales y legales del sistema tributario.

Sin perjuicio de lo anterior, expuso que en el convenio se estableció a cargo del demandante la obligación de solventar las cargas fiscales, pero no se determinó cuáles ni el valor de estas. Tampoco se estableció que la parte actora debía asumir cargas de otros sujetos pasivos.

Imposibilidad de cobrar el tributo de estampillas sobre los recursos del proyecto. Naturaleza pública de los dineros aportados por el Departamento de Caldas.
Los recursos del proyecto no entraron al patrimonio de la demandante, sino que fueron consignados a una cuenta a nombre del convenio, siendo el único ejecutor de estos el Departamento de Caldas, puesto que el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012 consagra que sólo una entidad pública puede ejecutar los recursos del Sistema General de Regalías. Se tiene, entonces, que la sociedad no podía terminar pagando un tributo en relación con unos recursos públicos que no ejecutó, lo contrario implicaría un pago de lo no debido.
Los aportes en especie para la ejecución del convenio no pueden estar gravados con el tributo de estampillas.
Mencionó que la suma de $6.173.018.276 debía excluirse de la base gravable del tributo discutido, por corresponder a aportes en especie que la sociedad hizo al convenio de cooperación, así como asesorías y elementos prestados por varias entidades del departamento, los cuales debieron cuantificarse para efectos del convenio.

El cobro de estampillas derivado del contrato de interventoría no puede ser asumido por la demandante.

Tampoco hacía parte de la base gravable de las estampillas la suma de $579.769.128 que fue destinada a los gastos de interventoría del convenio, la cual correspondía a un contrato particular ejecutado por un tercero ajeno a las partes obligadas en el convenio, por lo que el monto de su pago no fue administrado dentro del acuerdo ni desembolsado a la cuenta designada para recaudar los recursos del proyecto. En el convenio no se estableció que la parte demandante respondería solidariamente por las obligaciones del interventor, por lo que carece de causa el pago efectuado por este concepto.

Operó el silencio administrativo positivo ante la indebida notificación del acto que desató el recurso de reconsideración.
Señaló que el 16 de diciembre de 2014 presentó el recurso de reconsideración en debida forma contra la resolución que le negó la devolución del pago de lo no debido por concepto de Estampillas, el cual debió ser resuelto y notificado en el término de un (1) año, esto es, el 16 de diciembre de 2015, de conformidad con el artículo 732 del Estatuto Tributario.
Expuso que el 14 de enero de 2016 radicó derecho de petición ante la demandada para que le fuera entregado el expediente administrativo. El 22 de enero del mismo año la entidad le entregó a la demandante los documentos solicitados. Una vez revisado el expediente advirtió que la entidad notificó la resolución que resolvió la reconsideración mediante edicto. Sin embargo, no se evidencia con certeza la fecha de su fijación ni la desfijación, lo que conllevaba a que este acto de notificación no produjera efecto alguno.

A su juicio, la notificación del acto que desató el recurso de reconsideración se dio por conducta concluyente con la interposición de la presente demanda, es decir, pasado el termino legal de un (1) año que tenía la administración para resolver el recurso de reconsideración, por lo que se configuró el silencio administrativo positivo a favor de la sociedad y, en esa medida, la entidad debía acceder a la devolución de las sumas pagadas por las Estampillas.

Oposición a la demanda
La entidad controvirtió las pretensiones de la actora (ff. 139 a 155), para lo cual indicó que la Ordenanza 674 de 2011 que autorizó el cobro de las Estampillas Pro-Desarrollo Departamental, Pro-Universidad de Caldas y Pro-Hospital de Caldas, estableció como hecho generador de estos tributos la celebración de contratos, convenios y sus adiciones con personas naturales o jurídicas, por tanto, la suscripción del convenio de cooperación entre la demandante y el departamento dio lugar al cobro legal del gravamen. Dicha ordenanza estaba vigente para la época en que se suscribió el convenio y goza de presunción de legalidad porque no ha sido suspendido ni anulado por autoridad judicial.

Manifestó que no se vulneró ningún principio constitucional porque se aplicaron las normas de estampillas departamentales y las normas contractuales. Sobre estas últimas destacó que el convenio obedeció a un acuerdo de voluntades entre las partes, por lo que cada una se obligó a cumplir de forma libre las obligaciones pactadas en las cláusulas. En el mismo se expresó claramente cuál era su monto para efectos legales y fiscales y así lo firmó la cooperante, por lo que si incurrió en créditos para solventar el pago de las estampillas lo hizo por su propia cuenta y riesgo.

Destacó que en la Ordenanza 674 no se estableció como circunstancias de exoneración de las estampillas las condiciones expuestas por el demandante, como la capacidad económica o que se trata de una mera tenencia de los recursos. Además, la Administración no estaba en la capacidad legítima de determinar qué recursos debían gravarse y cuáles no, por el contrario, era la ordenanza la que determinaba los sujetos pasivos, activos y la base gravable.

Resaltó que fue el departamento quien realizó el giro de los recursos, previa apropiación en el presupuesto departamental, por lo cual estos recursos salieron de la órbita del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías

Señaló que los presuntos aportes de la demandante al convenio debían ser verídicos y cuantificables y no una mera enunciación como lo hizo en la demanda. Así mismo, las partes aportaron un valor total del convenio y sobre este es que debe realizarse el pago de las estampillas correspondientes

En el caso concreto no se configura el silencio administrativo positivo, que en caso de aceptarse la indebida notificación del acto acusado el silencio debe ser negativo porque el positivo solo se configura en los casos establecidos por el legislador. Adicionalmente, cuando se presenta el silencio se debe protocolizar ante notaria, lo cual no se presentó en el caso concreto. Finalmente, como excepciones propuso “cobro de lo no debido” y “genérica” (cualquiera que se encuentre probada).
Sentencia apelada
El Tribunal anuló los actos demandados y a título de restablecimiento del derecho ordenó la devolución de lo solicitado por la parte actora por concepto de estampillas (ff. 354 a 365).

Consideró que la notificación por edicto del acto que resolvió el recurso de reconsideración fue defectuosa, porque la administración no dejó constancia de la desfijación material del edicto, aspecto que más que ser un requisito meramente formal constituye una garantía de la debida notificación. Esta omisión llevó a concluir que la interesada se notificó por conducta concluyente con la presentación de la demanda, esto es el 25 de enero de 2016.

Se tiene que el recurso de reconsideración se presentó el 16 de diciembre del 2015, por lo que la Administración tenía hasta el 17 de diciembre de 2016 para resolverlo. No obstante, como la notificación por conducta concluyente se produjo por fuera del término de un año que establece el artículo 732 del Estatuto Tributario, se configuró la causal de nulidad consagrada en el numeral 3 del artículo 730 ibidem, por lo que la Administración perdió competencia para pronunciarse sobre la solicitud de la demandante y, en esa medida, su actuación debe declararse nula. La nulidad tiene como consecuencia la devolución de las sumas pagadas.

Esta decisión contó con salvamento de voto (f. 367 c.p.) en el que se expuso que la falta de la desfijación material es un requisito que evidencia un exceso ritual manifiesto exigido a la Administración en contravía de los principios de justicia material y prevalencia del derecho sustancial, más aún cuando no existe norma que consagre tal exigencia. Señaló que el edicto reunió los requisitos del artículo 565 del Estatuto Tributario y que se cumplió con la finalidad de dar publicidad a la decisión administrativa, pues se estableció la fecha en que se fijaba el edicto, por lo que se podía determinar con certeza la fecha en que quedaba notificada la decisión. Consideró que debía tenerse como válida la notificación por edicto y declararse la caducidad de la acción.
Recurso de apelación
La demandada solicitó revocar la decisión de primera instancia (ff. 368 a 375), para lo cual insistió en que el recurso de reconsideración interpuesto por la demandante lo resolvió en el término de un (1) año que establece el artículo 732 del Estatuto Tributario, que para su notificación personal citó a la contribuyente y, ante la no comparecencia de esta, fijó edicto en su despacho el 10 de septiembre de 2015 con el cumplimiento de los requisitos y formalidades exigidas. Es por esto, que la simple omisión de desfijarlo no podía acarrear la nulidad de todo lo actuado porque no existe una norma que estableciera esa consecuencia.

Resaltó que el edicto contenía la fecha de fijación, la parte resolutiva de la decisión y la advertencia que el mismo corría por el término de 10 días, cumpliendo así el principio de publicidad de las actuaciones administrativas.

El Ministerio Público (procurador 28 judicial II) también apeló la decisión del Tribunal (ff. 376 a 385) y solicitó su revocatoria, coincidió en que la Administración tributaria resolvió el recurso de reconsideración dentro del término legal, por cuanto acató el procedimiento para la notificación personal y por edicto. En ese orden, la desfijación del edicto no era suficiente para declarar la nulidad de la actuación, más aún cuando en este caso no se está recortando el tiempo de fijación, por el contrario, el edicto permaneció fijado por más de un año, como lo reconoció la parte demandada. Agregó que, en su lugar, debía analizarse la caducidad del presente medio de control contando el término una vez expirados los 10 días hábiles posteriores al 10 de septiembre de 2015.

Resaltó que el convenio celebrado entre la demandante y el Departamento de Caldas se enmarcaba dentro del hecho generador de la Ordenanza 674 de 2011 que autorizó el cobro de las Estampillas discutidas y que estableció como base gravable la cuantía del contrato suscrito. Además, en las cláusulas del convenio de manera clara fijaron que los gastos de legalización y pago de impuestos estarían a cargo de la cooperante, en este caso la actora, por lo que fue esta quien libre y voluntariamente lo suscribió, sin proponer modificaciones y obligándose al cumplimiento de lo pactado.

Alegatos de conclusión

La demandada señaló que ratifica lo expuesto en la contestación de la demanda (ff. 404 y 405 c.p.). Manifestó que se debe dar prevalencia al derecho sustancial sobre la forma, como lo dispone la Constitución. Extrajo apartes de la sentencia del 21 de febrero de 1997, exp. 8124 C.P Julio Enrique Correa Restrepo, en la que la Sección Cuarta del Consejo de Estado expuso que la falta de constancia de desfijación del edicto no implica la no notificación del acto administrativo, puesto que cuando se utiliza el edicto como medio de notificación, ésta se entiende surtida en la fecha del vencimiento del término legal de fijación y no en la fecha en que el edicto se desfije materialmente.

La demandante solicitó confirmar la sentencia apelada (ff. 407 a 412 c.p.). Expuso que la notificación es un requisito indispensable para que el acto administrativo sea eficaz y oponible. Agregó, entre otros, que (i) la Administración fijó el edicto cuando aún transcurrían el término para comparecer a la diligencia de notificación personal de la resolución reconsideración, con lo cual pretermitió los términos contenidos en el artículo 565 del Estatuto Tributario, (ii) no es necesario protocolizar el silencio administrativo y (iii) no se puede determinar un tributo que carece de objeto imponible o manifestación de riqueza susceptible de ser gravada.

Concepto del Ministerio Público

El Procurador Sexto Delegado ante esta Corporación conceptuó en el presente caso y solicitó confirmar la sentencia apelada (ff. 426 a 429). A su juicio, se presentó una falla de la Administración, porque una vez revisada la guía de correspondencia mediante la cual la administración afirmó haber enviado el aviso de citación personal para la notificación del acto que resolvió el recurso de reconsideración, se observa que en ella no constaba su entrega a la dirección reportada o devolución de la misma, por lo que no podía entenderse agotado el trámite para la notificación personal y proceder a publicar el edicto. Consideró que no había lugar a condena en costas porque (i) se ventila un asunto de interés público, como es la correcta determinación de las obligaciones fiscales, las cuales inciden en los ingresos del Estado, y (ii) no existe prueba que demuestre que las mismas se causaron y en qué monto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos de los recursos de apelación propuestos por la demandada y el representante del Ministerio Público, le compete a la Sala analizar en primer lugar si la omisión de la Administración de desfijar el edicto del 10 de septiembre de 2015, por el cual pretendió notificar a la demandante el acto que resolvió el recurso de reconsideración vició de nulidad la actuación administrativa. En caso contrario, esto es, si la administración acertó en el procedimiento de notificación, la Sala estudiará si operó la caducidad del presente medio de control como lo afirmó el representante del Ministerio Público, de superarse este tema, se definirá si la actora estaba sujeta al pago del gravamen de estampillas por la suscripción del convenio con el Departamento de Caldas, de conformidad con los demás cargos expuestos en la demanda y que no fueron objeto de pronunciamiento del Tribunal.

Para efectos de determinar la debida notificación del recurso que resolvió el recurso de reconsideración acusado, la Sala se remitirá a las disposiciones del Estatuto Tributario Nacional que regulan la materia, de conformidad con la remisión de las normas departamentales, aspecto que no fue discutido por las partes. En ese orden, el artículo 565 del Estatuto Tributario, vigente para la época de los hechos, establecía que la notificación de dicho acto debía realizarse personalmente, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de introducción al correo del aviso de citación.

Para efectos del envío por correo de la citación para la notificación personal, el artículo 564 de la misma normativa prescribe que debe tenerse en cuenta la dirección procesal señalada expresamente por el contribuyente, agente retenedor o declarante en la actuación administrativa; a falta de esta, en la dirección informada en el RUT (parágrafo 1º, art. 565 Estatuto Tributario), en la dirección registrada en el RUT por el apoderado del administrado (parágrafo 2º ibidem) y, según sea necesario, a la que logre establecer la administración (inciso 2º parágrafo 1º, art. 565 Estatuto Tributario).

Surtido dicho trámite y en caso de que el contribuyente no compareciera a la notificación personal, el artículo 565 del Estatuto, tal como fue adicionado por el artículo 135 de la Ley 1607 de 2012, disponía que la notificación debía efectuarse mediante edicto, con el cumplimiento de las siguientes formalidades: (i) la fijación del edicto se debe hacer en un lugar público del despacho respectivo, (ii) el término de fijación es de diez (10) días y (iii) el edicto deberá contener la parte resolutiva del respectivo acto administrativo.

En el presente asunto se encuentra acreditado lo siguiente:

El recurso de reconsideración contra la Resolución 6761-7 de 2 de octubre de 2014, lo interpuso la demandante el 16 de diciembre de 2014 (ff. 23 a 44 ca). Por consiguiente, a partir de dicha fecha el departamento tenía un (1) año para notificar la decisión de conformidad con lo previsto en el artículo 732 del Estatuto Tributario, esto es, hasta el 16 de diciembre de 2015 (miércoles, día hábil).

El 10 de agosto de 2015, la Administración profirió la Resolución 7460-7 por medio de la cual resolvió el recurso de reconsideración, confirmando la decisión de no devolver las sumas pagadas por la actora por concepto de las estampillas (ff. 71 a 79 ca).

Mediante aviso de citación introducido en el correo certificado el 27 de agosto de 2015, fue enviada a la apoderada de la contribuyente y a la dirección “Edificio Centro de Negocios Siglo XXI Piso 6, Oficina 606, Carrera 23 No. 64 B – 33,”, la solicitud para comparecer a sus oficinas, dentro del término de 10 días con el fin de notificarle personalmente la resolución que desató el recurso de reconsideración. Cabe resaltar que este aspecto no es discutido por ninguna de las partes (f. 69 y 70 ca).

Ante la no comparecencia de la contribuyente para la notificación personal, la Administración fijó el edicto el 10 de septiembre de 2015, con la inclusión de la parte resolutiva del acto que desató el recurso de reconsideración y la advertencia que éste corría por el término de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de su publicación (f. 68 ca).

En primera instancia se ordenó como prueba de oficio, la copia auténtica de todo lo relacionado con el edicto fijado, específicamente lo atinente a la fecha y hora de su desfijación. En cumplimiento de lo anterior, mediante oficio de septiembre de 2017 (fl. 326) fue remitido el correspondiente edicto, en el cual aparece una anotación respecto de que el mismo se fijó el 10 de septiembre de 2015. También se observa que la jefe de la Unidad de Rentas de Caldas dando alcance a la anterior comunicación, manifestó: “Frente a su desfijación se anota que dicho edicto permaneció en (sic) fijado en la puerta principal de esta unidad de rentas hasta el presente año incluso, superando el término que establece la ley para su permanencia de fijación”. Esto fue aportado el mismo día que se celebró la audiencia de pruebas y de la misma se dio traslado a las partes, sin que la parte demandante presentara tacha alguna frente a ese oficio.

Conforme con lo anterior, observa la Sala que el procedimiento de notificación de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración fue debidamente cumplido, primero porque se remitió el aviso de citación personal a la dirección suministrada por la parte actora, lo cual no fue discutido por la parte demandante, segundo porque la omisión de la contribuyente de asistir a la diligencia de notificación personal de dicho acto, habilitó a la entidad a efectuar la notificación por edicto, como en efecto lo hizo y tercero porque a estos efectos, el artículo 565 del Estatuto Tributario, solo exigía que se fijara en un lugar público del despacho por un término de diez (10) días y que contuviera la parte resolutiva del respectivo acto administrativo.

Entonces, la falta de constancia de desfijación del edicto por medio de la cual notificó la decisión del recurso de reconsideración, no tendría la virtualidad de enervar la notificación al contribuyente, ésta se entiende surtida con la fijación y mantenimiento del edicto por el término legal de fijación establecido en la ley y no, en la fecha en que el edicto sea materialmente desfijado, en tanto, se reitera, el artículo 565 del Estatuto Tributario no previó como requisito sustancial la desfijación del edicto.

Sobre un asunto similar, la Sección se pronunció en el sentido de precisar que lo importante es la constancia de fijación del edicto, que inclusive la falta de constancia de desfijación no vicia la notificación. Así se expuso en la Sentencia de 21 de febrero de 1997. Exp. 8124. C.P. Julio Enrique Correa Restrepo:

“tiene especial relievancia (sic) la constancia de la fecha del acto material de fijación, puesto que el término de desfijación corre de acuerdo con la ley. Incluso, la falta total de constancia de desfijación, o el efectuarla por lapso superior a la suma constituye una irregularidad pero no vicia la notificación, pues tales circunstancias intranscendentes no la enervan, ni tienen la virtualidad de modificar el término ordenado en la ley”.

De suerte que acreditado en el proceso que el edicto para notificar la última decisión dentro del proceso administrativo fue fijado el 10 de septiembre de 2015 (f. 68 ca), se surtía la notificación una vez cumplidos los diez días previstos en la ley para su publicidad, esto es el 23 de septiembre del 2015, lo cual no pudo verse afectado por el tiempo mayor de publicación que fue puesto de presente por parte de la jefe de la Unidad de Rentas de Caldas.

A partir de lo anterior, dable es concluir que la entidad resolvió y notificó el recurso de reconsideración interpuesto por la actora dentro del término previsto en el artículo 732 del Estatuto Tributario, pues cabe recordar que, el recurso fue interpuesto el 16 de diciembre de 2014, y el acto que lo desató quedó notificado, como se expuso, el 23 de septiembre del año 2015, es decir, antes de la fecha del vencimiento del término legal y, en consecuencia, no habría lugar a la nulidad decretada por el Tribunal.

Si bien en los alegatos de conclusión de segunda instancia, la demandante aduce que se cometió una irregularidad en la notificación que vulnera el debido proceso, porque acusa a la Administración de haber pretermitido el término del artículo 565 del Estatuto Tributario, bajo el señalamiento de haber fijado el edicto cuando aún transcurría el término para comparecer a la diligencia de notificación personal, debe advertir la Sala que no se pronunciará sobre ese argumento, toda vez que se trata de un aspecto nuevo, no discutido en la demanda, cargo frente al cual la Administración no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Lo mismo ocurre con lo expuesto por el agente del Ministerio Público en segunda instancia sobre la falta de constancia de entrega del aviso para la citación personal, dado que esa circunstancia constituye un hecho nuevo que no fue alegado por la demandante dentro del proceso y, por ende, no fue objeto de pronunciamiento por parte de la entidad demandada ni fue estudiado en la sentencia de primera instancia.

En esa medida, y en aras de preservar el debido proceso de la demandada, no se efectuará ningún pronunciamiento sobre esos dos temas.

Conforme con lo expuesto prospera el cargo de apelación propuesto por la entidad demandada en relación con la debida notificación de la actuación demandada, por consiguiente, se revocará la sentencia de primera instancia.

Frente a lo señalado por el representante del Ministerio Público en el recurso de apelación, en relación con la caducidad del presente medio de control la Sala presenta el siguiente análisis:

Como ya quedó establecido, la resolución que resolvió el recurso de reconsideración quedó notificada el día 23 de septiembre de 2015. Entonces, el término de los 4 meses que establece el artículo 138 del CPACA para interponer el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, inició el 24 de septiembre de 2015 y en principio vencían el 24 de enero de 2016, día no hábil, por lo que el plazo de vencimiento se corrió al 25 de enero de 2016, día en que el interesado interpuso la presente demanda, tal como se advierte en el acta de reparto visible en el folio 1 del expediente y en el sello de la Dirección Seccional de Administración Judicial del folio 36.

En consecuencia, este cargo no prospera.

Sin perjuicio de lo anterior, llama la atención de la Sala que, se contradice el Ministerio Público, porque mientras el representante ante el Tribunal apela la decisión de primera instancia que favorece a la demandante, en los alegatos presentados ante esta instancia, el representante ante esta Corporación, solicita confirmar la sentencia de primera instancia.

Ahora bien, como el Tribunal resolvió en forma favorable las pretensiones de la demanda por considerar configurado el silencio administrativo positivo y, en consecuencia se abstuvo de resolver los demás cargos de nulidad presentados por la actora, que controvierten la obligación del pago del gravamen de estampillas, procederá la Sala a su análisis y definición, con garantía del derecho de defensa y del debido proceso de la parte demandante quien no intervino en la apelación por haberle sido favorable la sentencia (artículo 320 del Código General del Proceso).

Pone de presente las pruebas obrantes en el plenario que, el Departamento de Caldas celebró con el Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia, el Convenio Especial de Cooperación Nro. 08112013-0621 del 6 de noviembre de 2013, por un valor de $19.325.637.600, cuyo objeto según la cláusula primera era “Aunar esfuerzos para ejecutar las actividades del proyecto denominado: FORTALECIMIENTO DE CTEL EN BIOTECNOLOGÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE CALDAS APOYADO POR INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL AVANZADA Y TRABAJO COLABORATIVO”.

Con ocasión de la suscripción de dicho convenio, la demandante pagó al departamento la suma de $773.025.504, por concepto de estampilla Pro-Desarrollo, Pro-Universidad de Caldas y Pro-Hospital de Caldas, tal como consta en el Recibo de Pago Nro. 2919 del 8 de noviembre de 2013 (fl. 1 ca):

VALOR DEL ACTO
$19.325.637.600
BASE DE LIQUIDACIÓN
$19.325.637.600

PAGOS
VALOR
Estampilla Pro-Desarrollo
$386.512.752
Estampilla Pro-Universidad
$193.256.376
Estampilla Pro-Hospital Departamental de Caldas
$193.256.376
TOTAL PAGO
$773.025.504

Al respecto, la Ordenanza 674 de 2011, expedida por la Asamblea Departamental de Caldas, consagra lo siguiente en relación con el hecho generador, sujeto activo, sujeto pasivo y base gravable de cada una de estas estampillas (fls. 209 a 214 c.p.):

“CAPITULO II
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Artículo 145- Hecho generador: Está constituido por la celebración de contratos, convenios y sus adiciones, con personas naturales o jurídicas.

Artículo 146- Sujeto activo. Es el Departamento de Caldas

Artículo 147- Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos las personas naturales o jurídicas de carácter particular que celebren contratos, convenios y sus adiciones con: El Departamento de Caldas, (…)”

Artículo 149 – Base gravable. La base gravable está constituida por el valor incorporado en el contrato, convenio y sus adiciones menos el valor d ellos impuestos nacionales, territoriales o de participación porcentual en el monopolio de licores, según el caso.

CAPÍTULO III
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CALDAS Y UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE MANIZALES HACIA EL TERCER MILENIO.

Artículo 156- Hecho generador. Está constituido por la celebración de contratos, convenios y sus adiciones, con personas naturales o jurídicas.

Artículo 157- Sujeto activo. Es el Departamento de Caldas.

Artículo 158- Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos las personas naturales o jurídicas de carácter particular que celebren contratos o convenios y sus adiciones con: el Departamento de Caldas, (…)”

Artículo 160- Base gravable. La base gravable está constituida por el valor incorporado en el contrato, convenio y sus adiciones menos el valor de los impuestos nacionales, territoriales o de participación porcentual en el monopolio de licores, según el caso

Capítulo IV
Estampilla Pro Hospital de Caldas

Artículo 169- Hecho generador. Está constituido por la celebración de contratos, convenios y sus adiciones, con personas naturales o jurídicas y que se ejecuten con recursos provenientes de entidades nacionales e internacionales.

Artículo 170- Sujeto activo. Es el Departamento de Caldas.

Artículo 171- Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos las personas naturales o jurídicas de carácter particular que celebren contratos, convenios y sus adiciones con: el Departamento de Caldas, (…)”

Artículo 173- Base gravable. La base gravable está constituida por el valor incorporado en el contrato, convenio y sus adiciones, menos el valor de los impuestos nacionales y/o territoriales según el caso.

Bajo el anterior marco normativo, la celebración de cualquier convenio o contrato con el Departamento de Caldas, quedaría comprendido en el hecho generador de las correspondientes estampillas, habida cuenta de que, la descripción que del mismo hace la ordenanza es amplia, no se circunscribe a unos determinados contratos o acuerdos, ni se supedita a ninguna otra circunstancia, por lo que resulta aplicable al Convenio Especial de Cooperación Nro. 08112013-0621 suscrito entre la demandante y el Departamento de Caldas.

Si bien, consagra la ordenanza algunas excepciones en los artículos 148, 159 y 172, estas son taxativas y contemplan exclusivamente los siguientes eventos: (i) los contratos y/o convenios interadministrativos y sus adiciones, (ii) los convenios que celebren con entidades u organismos internacionales siempre y cuando sean financiados en sumas posteriores al 50% de los fondos de dichas entidades; en caso contrario se cobrará sobre el valor total del contrato, (iii) los contratos de empréstito, (iv) los contratos que celebren los establecimientos educativos a cargo del departamento con recursos que ingresan a los Fondos de Servicios Educativos y (v) los contratos que celebre la Dirección Territorial de Salud de Caldas y la Red Pública Hospitalaria con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones.

Pues bien, dado que la Ordenanza 674 de 2011 constituye un acto administrativo, es de obligatoria observancia conforme con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, que dispone que, salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos, serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por esta jurisdicción. Además, el presente acto no ha perdido su ejecutoriedad dado que no se enmarca en ninguna de las causales previstas en la misma disposición.

Tampoco es posible que vía interpretación se efectúen distinciones que no fueron efectuados en el mismo acto, dado que es la Asamblea Departamental de Caldas, autorizada por las Leyes 3 de 1986 (Estampilla Pro Desarrollo Departamental) 348 de 1997 (Estampilla Pro Hospital de Caldas) y 426 de 1998 (Estampilla Pro Universidad de Caldas y Universidad Nacional Sede Manizales hacia El Tercer Milenio), la competente para determinar los elementos de las estampillas, como efectivamente lo hizo en la Ordenanza 674 de 2011. Así las cosas, y en aplicación del principio de legalidad, no es posible que las autoridades y los particulares den un alcance distinto a los dispuesto en la Ordenanza.

Precisado lo anterior, procederá la Sala a confrontar esto con los argumentos de la parte actora:

Aduce la sociedad que no estaba obligada al pago del impuesto por estampillas por la suscripción del citado convenio, al carecer de “objeto o riqueza imponible”, para lo cual argumentó que los recursos del contrato no entraron a su patrimonio, pues los mismos provenían del Sistema General de Regalías y es el departamento quien los ejecuta. Al respecto debe la Sala advertir que, el hecho imponible del tributo se realiza con la celebración de contratos o convenios, con el ente departamental, pues la ordenanza en ningún momento contempló una situación distinta. Entonces, el hecho de que los recursos del contrato no ingresaran al patrimonio del demandante, no afectarían la configuración del tributo, pues contrario a lo expuesto en la demanda, el hecho imponible no era la obtención de riqueza.

Por la misma razón no resulta relevante que los recursos provengan del Sistema General de Regalías y que sea el departamento quien los ejecuta, como lo manifiesta la demandante, pues esto tampoco tendría la virtualidad de desvirtuar la configuración del hecho generador de las estampillas.

Planteó también la demandante que el cobro de estampillas vulneró los principios de capacidad económica, progresividad y equidad que rigen el sistema tributario, porque el pago de $773.025.504 implicó la disminución de su patrimonio, más aún que el gravamen tuvo origen en una actividad que no le generó ninguna utilidad económica.

En este punto, debe la Sala igualmente reiterar que: (i) las normas que regulan las estampillas no hacen referencia alguna a que la suscripción del contrato genere utilidad para el sujeto pasivo, se insiste en que lo que se grava no es la riqueza o el incremento patrimonial como lo pretende el demandante, sino la celebración de un contrato o convenio y adicionalmente que (ii) la suscripción del convenio especial de cooperación atendió a un acuerdo de voluntades en el que las partes se obligaron a cumplir las condiciones allí pactadas, dentro de las cuales “(…) los gastos, contribuciones y demás responsabilidades fiscales a que dé lugar la ejecución del presente convenio serán cancelados por el COOPERANTE” (ff. 111 vto), calidad que detenta el Centro de Bioinformática y Tecnología, acorde con lo señalado en la primera parte del convenio.

El tercer cargo de nulidad planteado por la actora se concreta en que, la obligación de pagar el gravamen a las estampillas debe derivarse de la Ordenanza Departamental 674 de 2011 que autorizó su cobro, y no de las cláusulas pactadas en el convenio como lo afirmó la entidad en los actos acusados. A juicio de la demandante, la obligación tributaria debía ceñirse a los mandatos constitucionales del sistema tributario y tener en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes, situación que no se dio en el presente caso.

Observa la Sala que la obligación de pagar las estampillas se fundamentó en los artículos 145, 156 y 169 de la Ordenanza 674 de 2011, disposición que establece entre otros elementos, el hecho generador, el cual se insiste, surge en virtud de la celebración de contratos, convenios y sus adiciones, supuesto en el cual se enmarcó el convenio especial de colaboración que suscribió el actor con el Departamento de Caldas.

También planteó la actora que la suma de $6.173.018.276 correspondiente a los aportes en especie, así como asesorías y elementos prestados por varias entidades departamentales no podían hacer parte de la base gravable de las estampillas pues aduce que “debieron cuantificarse únicamente para efectos del presupuesto del convenio”.

Como se expuso anteriormente, la Ordenanza 674 de 2011, los artículos 149, 160 y 173 establecen la base gravable de la estampilla Pro-Desarrollo, Pro-Universidad y Pro Hospital de Caldas, respectivamente, disposiciones que determinan que “la base gravable está constituida por el valor incorporado en el contrato, convenio y sus adiciones menos el valor de los impuestos nacionales, territoriales o de participación porcentual en el monopolio de licores, según el caso.”

Al regularse la base gravable solo hizo referencia la disposición al valor incorporado el contrato, independientemente de si el mismo estaría representado en dinero o en especie, entonces nuevamente debe tenerse en cuenta que vía interpretación no podría modificarse uno de los elementos estructurales de las estampillas.

Igualmente, manifestó la parte demandante que, el monto de $579.769.128 tampoco hacía parte de la base gravable para liquidar el impuesto a las estampillas, toda vez que esta suma estaba destinada a los gastos de interventoría del proyecto, los cuales afirma, no fueron ejecutados dentro del objeto del convenio ni fueron desembolsados a la cuenta designada para recaudar los mismos.

Para la Sala este cargo no prospera porque, como ya se dijo, la base gravable de las estampillas está conformada por “el valor incorporado en el contrato, valor que para este caso fue de $19.325.637.600, independiente que en el transcurso del convenio las partes destinaran los recursos a otros aspectos como la interventoría del contrato. La cuantía fue definida en el convenio y no fue modificada. Dado que la norma departamental no hace distinción alguna sobre la base gravable, no puede acceder a lo solicitado en la demanda.

Por todo lo anterior, no prosperan los cargos de nulidad presentadas por la parte demandante, razón por la que, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.

Finalmente, de acuerdo con el numeral 8º del artículo 365 del Código General del Proceso (norma aplicable por remisión expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), no se condenará en costas en ninguna de las dos instancias al no encontrarse probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Revocar la sentencia de 10 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en su lugar se dispone:

“1. Negar las pretensiones de la demanda.”

Sin condena en costas en las dos instancias.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

(Firmado electrónicamente)
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

A folio 1 del cuaderno administrativo obra el recibo de pago Nro. 2919 de 8 de noviembre de 2013, que da cuenta de la suma que la demandante canceló a la Administración por concepto de estampillas.
Ordenanza Nro. 674, Artículo 311.- Procedimiento tributario territorial. En lo no previsto en el presente Estatuto en materia de procedimiento y cobro de los tributos administrados por el Departamento se aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, sanciones, devoluciones, incluida su imposición. Así mismo, se aplicará el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 13 de agosto de 2020. Expediente 22923. C.P. Milton Chaves García.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 19 de noviembre de 2020. Expediente 23920. C.P. Milton Chaves García.
Si bien el edicto manifiesta que los días corren a partir del día de 10 de junio de 2015, se observa que esa fecha corresponde a un error de transcripción, puesto que la fijación no puede ser anterior a la fecha del acto que se notifica. Además, en el mismo edicto se consagra: “fijado: septiembre 10- 2015”.
Ver acta de la audiencia de pruebas folios 327 a 329 y audio de la misma folio 330 minuto 9:40 a 10:33
La parte actora intervino en la audiencia y no hizo referencia a esta prueba, para lo cual se puede escuchar el audio minutos 11.03 a 26:37
Al respecto puede consultarse las sentencias de 21 de febrero de 2019, expediente 22647, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y de 22 de abril de 2021, expediente 24247 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.

Radicado: 17001-23-33-000-2016-00028-01 (24065)
Demandante: Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia

PAGE

PAGE 1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.