Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00222-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2016-00222-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00222-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2016-00222-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2016-00222-01 (3125-2023)
Demandante: Héctor Quesada Molina
Demandados: Departamento de Caldas y otros
Tema: Indemnización sustitutiva de pensión de vejez. Competencia
para el reconocimiento. Retiro del servicio antes de la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación presentado por el departamento de Caldas
y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social, en adelante
UGPP, contra la sentencia proferida el 21 de octubre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
1. Héctor Quesada Molina presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones 261 del 29 de julio de 2015 «por medio
de la cual se resuelve una solicitud de reconocimiento de bono pensional, indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez y devolución de aportes» y 341 del 5 de octubre 2015
«por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se concede el de apelación»,
proferidas por la Unidad de Prestaciones Sociales de la gobernación de Caldas, y
10789-3 del 9 de diciembre de 2015 «por la cual se resuelve un recurso de apelación»
expedida por la Secretaría General del departamento de Caldas.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) el reconocimiento y pago del
bono pensional a que tenía derecho y (ii) la condena en costas del proceso.
1 Archivo «001Cdno1.pdf». Índice 2 de SAMAI.
2 Contenido en la Ley 1437 de 2011, en adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00222-01 (3125-2023)
Demandantes: Héctor Quesada Molina
1.1.2. Fundamentos fácticos3
3. Héctor Quesada Molina nació el 1 de abril de 1951 y laboró como dibujante para
la Oficina de Planeación del departamento de Caldas durante los siguientes
periodos: (i) del 20 de mayo de 1977 al 15 de julio de 1984, (ii) del 27 de agosto de
1984 al 15 de julio de 1987, (iii) del 14 de octubre de 1987 al 21 de febrero de 1988
y (iv) del 22 de mayo de 1988 al 19 de septiembre de 1988.
4. Por haber alcanzado la edad requerida para acceder a la pensión de vejez, pero
sin haber cumplido con el número mínimo de semanas cotizadas, el 8 de julio de
2015, solicitó ante la Unidad de Prestaciones Sociales del departamento de Caldas
el reconocimiento de «la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, el bono
pensional y la devolución de saldos [Sic]».
5. Mediante resolución 261 del 29 de julio de 2015, la Unidad de Prestaciones
Sociales de la gobernación de Caldas no accedió a la solicitud tras argumentar que:
(i) nunca cotizó a pensión durante su vinculación laboral, (ii) en el periodo
comprendido entre el 20 de mayo de 1977 y el 31 de agosto de 1979, si bien realizó
cotizaciones, estas se hicieron a CAJANAL, hoy UGPP, por lo que era dicha entidad
la responsable de atender su requerimiento, (iii) la indemnización sustitutiva solo se
creó con la Ley 100 de 1993, que fue expedida después de su retiro del servicio,
(iv) el bono pensional tipo B solo se emite cuando es necesario financiar la pensión,
por lo que la administradora de pensiones era la única responsable de realizar ese
reconocimiento, conforme con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 1513 de
1998, pero no había constancia de que se hubiera realizado la solicitud
correspondiente.
6. Contra el precitado acto administrativo, interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación, sin embargo, fue confirmado a través de las resoluciones 341
del 5 de octubre 2015 y 10789-3 del 9 de diciembre de 2015, expedidas por la
Unidad de Prestaciones Sociales y la Secretaría General de la gobernación de
Caldas, respectivamente, por las mismas razones que lo sustentaron.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación4
7. Como tales se citaron los artículos 13, 46, 48 y 53 de la Constitución Política; y
10, 13, 22, 37, 115 y 117 de la Ley 100 de 1993.
8. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente:
8.1. El argumento según el cual no cotizó a pensión no justificaba que la entidad
territorial le hubiese negado las prestaciones sociales pretendidas, puesto que la
Ley 100 de 1993 era clara al considerar no solo las cotizaciones anteriores a su
vigencia, sino también el tiempo laborado como servidor público. El objetivo de la
ley es proteger los derechos de los trabajadores, cubrir las contingencias derivadas
de la vejez y ampliar progresivamente la cobertura a los segmentos más vulnerables
de la población.
3 Archivo «001Cdno1.pdf». Índice 2 de SAMAI.
4 Archivo «001Cdno1.pdf». Índice 2 de SAMAI.
2
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00222-01 (3125-2023)
Demandantes: Héctor Quesada Molina
8.2. Aunque una persona se desvinculara del servicio antes de la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993 y no realizara cotizaciones después de esta, esto no
resultaba suficiente para negar el reconocimiento y pago de la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez, pues debido al carácter de orden público de esta
norma, su cumplimiento es inmediato y obligatorio, lo que afecta situaciones en
curso, como en este caso.
8.3. De acuerdo con las normas aplicables y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional5, se deben considerar no solo las cotizaciones realizadas antes de la
Ley 100 de 1993, sino también el tiempo de servicio como servidor público,
independientemente de si se hicieron o no los descuentos correspondientes. En
situaciones en las que el riesgo no fue trasladado a una entidad de previsión social,
la última entidad o empresa pública en donde el empleado trabajó es la responsable
de otorgar esta prestación, por lo que el derecho a reclamarla permanece intacto.
8.4. El periodo que estuvo vinculado al departamento de Caldas como servidor
público le otorgaba el derecho a acceder al bono pensional, conforme con el artículo
115.b). de la Ley 100 de 1993. Este bono es un recurso acumulado en una cuenta
de ahorro durante un período determinado, que se mantiene hasta el momento de
ingreso al sistema de ahorro que se elija. En razón a que este ahorro se acumula
desde el inicio de la vinculación laboral, es fundamental respetar y preservar la
intención de esta norma.
8.5. El hecho de haber trabajado como servidor público para el departamento de
Caldas generó unos recursos destinados al financiamiento de una pensión. Por lo
tanto, se deduce que existen unos fondos que deben ser utilizados para financiar la
futura pensión del afiliado y no resulta lógico que estos recursos se mantengan
retenidos por la entidad porque no ha tenido la oportunidad de cumplir con los
requisitos legales para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez.
1.2. Contestación de la demanda
9. 1.2.1. El departamento de Caldas6 solicitó que se negaran las pretensiones de la
demanda con sustento en los siguientes argumentos:
9.1. La emisión de un bono pensional procede únicamente cuando la persona tiene
derecho a una pensión, y este debe ser reclamado por la entidad administradora de
pensiones correspondiente, conforme con lo dispuesto en los artículos 115 y 116 de
la Ley 100 de 1993.
9.2. No se ha presentado ninguna solicitud por parte de una administradora de
pensiones y, según la documentación adjunta, el demandante no cumplió con los
requisitos mínimos para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez.
9.3. Durante su periodo de trabajo en el departamento de Caldas, Héctor Quesada
Molina no realizó cotizaciones para pensión, en razón a que en esa época el
5 Al respecto, citó las sentencias de la Corte Constitucional, T-1088 de 2007, T-849A de 2009, T-149
de 2012, T-681 de 2013 y T-230 de 2014.
6 Archivo «001Cdno1.pdf». Índice 2 de SAMAI.
3
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00222-01 (3125-2023)
Demandantes: Héctor Quesada Molina
departamento jubilaba a sus funcionarios con recursos propios, y no como una
administradora de pensiones.
9.4. En el periodo en que laboró, no se realizaron descuentos para pensión y no
existía la devolución de aportes, la cual fue establecida con la Ley 100 de 1993. Por
lo tanto, el departamento de Caldas no cuenta con un capital acumulado para
devolver saldos.
9.5. El departamento de Caldas no lo afilió al Sistema General de Pensiones, ya que
se retiró 6 años antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993. En
consecuencia, no podía acceder a los beneficios previstos por dicha ley, comoquiera
que no cumplía con los requisitos necesarios para el reconocimiento y pago de la
pensión de vejez.
9.6. En cuanto al período comprendido entre el 20 de mayo de 1977 y el 31 de agosto
de 1979, la responsabilidad recaía en la extinta Caja Nacional de Previsión Social
(Cajanal), hoy Ugpp, debido al contrato suscrito con el departamento de Caldas para
cubrir el pasivo pensional en ese periodo. Por lo tanto, es esa la entidad competente.
9.7. El departamento de Caldas cumplió con sus obligaciones como empleador, por
lo que cualquier reclamación relacionada con bonos pensionales, indemnización
sustitutiva y devolución de saldos o aportes corresponde a los fondos de pensiones.
9.8. Como excepciones formuló las que denominó: i) falta de legitimación en la causa
por pasiva, por cuanto la reclamación debió presentarse es ante Cajanal, hoy Ugpp,
ii) inexistencia de la obligación conforme con la ley, toda vez que él no cumplió con
los requisitos de la Ley 100 de 1993 para acceder a las prestaciones pretendidas,
iii) inaplicabilidad de la Ley 100 de 1993, puesto que nunca estuvo afiliado por la
gobernación de Caldas al Sistema General de Pensiones, que solo comenzó a regir
el 1 de abril de 1994, cuando este ya estaba desvinculado del servicio, iv) buena fe,
porque ha actuado en virtud de ese principio y v) genérica, refiriéndose a cualquiera
que resulte probada en el proceso.
10. 1.2.2. La Ugpp, vinculada a través del auto del 13 de junio de 2019 por solicitud
del departamento de Caldas7, se opuso a las pretensiones de la demanda y a su
vinculación, con fundamento en las razones que a continuación se señalan:
10.1. La entidad de previsión no era responsable de la expedición del bono pensional
al que se refirió el departamento de Caldas, ya que esta función recaía en la Oficina
de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por lo tanto, no
estaba facultada para proceder con dicha emisión.
10.2. El trámite de reconocimiento del bono pensional debía realizarse directamente
ante la Administradora de Fondos de Pensiones a la que el demandante se
encontraba afiliado, o en su defecto, ante la última a la que estuvo afiliado, según lo
establecido por el Ministerio de Hacienda en comunicación del 18 de agosto de
2011.
7 Archivo «001Cdno1.pdf». Índice 2 de SAMAI.
4
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00222-01 (3125-2023)
Demandantes: Héctor Quesada Molina
10.3. La Ugpp no se encuentra legitimada en el presente proceso, ya que no era la
entidad que profirió los actos administrativos demandados. Asimismo, solo estaba
facultada por la ley y el gobierno nacional para asumir las funciones establecidas en
su objeto de creación, conforme con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley 1151
de 2007 y los Decretos 169 de 2008 y 575 de 2013, esto significa que no era
responsable del pago de las prestaciones sociales solicitadas.
10.4. De las pretensiones de la demanda no se desprende que la UGPP debiera
asumir algún tipo de pago o gestión, ni se vería afectada en caso de que se profiriera
una sentencia favorable, ya que las condenas solicitadas se dirigen al departamento
de Caldas.
10.5. La Nación, a través del Ministerio de Hacienda, era responsable de los tiempos
cotizados a Cajanal o a cualquier entidad asumida por el Fopep. Además, la Nación
responde por los tiempos cotizados al ISS antes del 1° de abril de 1994, según lo
dispuesto en el artículo 20 del Decreto 1513 de 1998, que modifica el artículo 48 del
Decreto 1748 de 1995.
10.6. Como excepciones previas presentó las siguientes: i) falta de legitimación en la
causa por pasiva, ii) falta de competencia para reconocer la indemnización
sustitutiva y iii) falta de agotamiento de la reclamación administrativa frente a la
Ugpp.
10.7. Como excepciones de mérito formuló las siguientes: i) inexistencia de la
obligación respecto de la Ugpp; ii) cobro de lo no debido; iii) buena fe; iv)
prescripción respecto de las acciones laborales y prestaciones periódicas según lo
indicado en los decretos 1848 de 1969, 3135 de 1968 y los artículos 488 del Código
Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo; y v) genérica.
11. 1.2.3. La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario - Fiduagraria S.A.8 se
opuso a las pretensiones de la demanda y a su vinculación en el proceso, por los
siguientes motivos:
11.1. Fue vinculada al proceso a integrar la litis por pasiva en su calidad de vocera y
administradora del patrimonio autónomo CNPS Cuotas Partes Pensionales.
11.2. Elcontrato de fiducia mercantil entre Fiduagraria S.A. y Cajanal EICE en
Liquidación para que ejerciera como vocera y administradora del patrimonio
autónomo cesó el 15 de diciembre de 2018, cuando se cumplió con el plazo
pactado, lo que llevó a la extinción del negocio fiduciario en los términos del numeral
3 del artículo 1240 del Código de Comercio.
11.3. Conforme con el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009, por medio del cual se
ordenó la liquidación de la extinta Cajanal EICE, corresponde al Ministerio de Salud
y Protección Social asumir los procesos administrativos relacionados con asuntos
no misionales de la extinta entidad.
8 Vinculada al proceso en calidad de litisconsorte necesario mediante auto del 17 de octubre de 2019
expedido por el Tribunal Administrativo de Caldas. Archivo «002Cdno1A». Índice 2 de SAMAI.
5
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00222-01 (3125-2023)
Demandantes: Héctor Quesada Molina
11.4. Fiduagraria S.A. como sociedad de servicios financieros no era la cesionaria,
subrogataria o la prolongación de la extinta Cajanal EICE o su fenecido Patrimonio
Autónomo CNPS Cuotas Partes Pensionales.
11.5. Como excepciones presentó las siguientes: i) falta de legitimación en la causa
por pasiva; ii) incapacidad del demandado, toda vez que no era sucesor, cesionario
o subrogatario de las obligaciones de la extinta Cajanal EICE; y iii) inexistencia de
la obligación, por cuanto no puede actuar, ni representar el Patrimonio Autónomo
CNPS Cuotas Partes Pensionales pues sus obligaciones se extinguieron el 15 de
diciembre de 2018.
12. 1.2.4. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público9 pidió su desvinculación del
presente proceso y que se negaran las pretensiones de la demanda por lo siguiente:
12.1. Consultada la base de datos que reposa en su sistema interactivo de bonos
pensionales, observó que Héctor Quesada Molina no se encontraba en ese
momento afiliado a ninguno de los dos regímenes de pensiones creados por la Ley
100 de 1993, lo cual imposibilitaba el reconocimiento del bono pensional al que
hacía referencia en la demanda de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de
esa normatividad y los decretos 1299 de 1994 y 1748 de 1995.
12.2. Como el demandante no estaba afiliado al Sistema General de Pensiones, no
existe en la actualidad ninguna obligación en cabeza de ese Ministerio en relación
con la eventual emisión y redención del bono pensional que se pretende con la
demanda, más aún, cuando la responsabilidad en su trámite recae por mandato
legal en las administradoras de pensiones.
12.3. Respecto de los tiempos laborados por Héctor Quesada Molina al servicio del
departamento de Caldas, a ese Ministerio no le asistía obligación en relación con el
reconocimiento de beneficio pensional por dicha vinculación laboral, en razón a
que, como lo señaló el demandante, el departamento de Caldas nunca cotizó para
pensiones, ya que para la época, la entidad pública jubilaba a sus funcionarios con
cargo a sus propios recursos, en consecuencia era el departamento de Caldas el
que debía reconocer las prestaciones requeridas.
12.4. El reconocimiento de un bono pensional o cuota parte pensional por los tiempos
laborados al servicio del departamento de Caldas solo sería procedente en el evento
en que la entidad que debía efectuar el estudio de la solicitud de pensión,
estableciera que hay lugar a su reconocimiento, y adicionalmente, que dicha
prestación debía ser financiada a través de alguno de estos beneficios, toda vez
que, en el caso de que se llegase a establecer que la prestación a reconocer es una
indemnización sustitutiva, no resultaría viable el reconocimiento de un bono
pensional ni mucho menos de una cuota parte pensional, porque ese beneficio no
se financia a través de dichos mecanismos de conformidad con lo establecido en el
Decreto 1730 de 2001, modificado por el Decreto 4640 de 2005 hoy recopilados en
el Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de
Pensiones.
9 9 Vinculado al proceso en calidad de litisconsorte necesario mediante auto del 17 de octubre de
2019 expedido por el Tribunal Administrativo de Caldas. Archivo «002Cdno1A». Índice 2 de SAMAI.
6
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00222-01 (3125-2023)
Demandantes: Héctor Quesada Molina
12.5. Como excepciones formuló las siguientes: i) falta de legitimación material en la
causa por pasiva; ii) «los actos administrativos demandados no fueron expedidos por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público»; iii) «inexistencia de relación laboral entre el
demandante y el ministerio»; iv) «la indemnización sustitutiva no se financia con bono
pensional» por tratarse de una prestación en la cual las administradoras de
pensiones devuelven los aportes o cotizaciones; v) «el departamento de Caldas es la
entidad encargada de establecer si al demandante le asiste derecho a la indemnización
sustitutiva por los tiempos laborados sin cotización a dicho ente territorial»; y vi)
«inexistencia de obligación por parte de la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público», porque el demandante no se encuentra afiliado a ninguno de los regímenes
de pensiones.
13. 1.2.5. El Ministerio de Salud y Protección Social10 se opuso a las pretensiones
de la demanda con fundamento en las razones que se exponen a continuación 11:
13.1. De acuerdo con las circunstancias de modo, tiempo y lugar expuestas en la
demanda, no se vio involucrado el Ministerio de Salud y Protección Social, sino las
actuaciones del departamento de Caldas, que resolvieron la solicitud prestacional
presentada por el demandante.
13.2. La cartera ministerial no asumió ninguna acreencia por concepto de cuotas
partes pensionales causadas durante la vigencia de la extinta Cajanal EICE en
Liquidación, ni tampoco asumió el pago de las obligaciones por concepto de cuotas
partes pensionales tras su liquidación. De conformidad con el Decreto 122 de 2013,
el ente competente para realizar el pago de dichas obligaciones era el Fopep.
13.3. Esta cartera ministerial no es sucesora procesal de los cobros por concepto de
cuotas partes pensionales causadas con anterioridad al 12 de julio de 2013.
Respecto de las cuotas partes pensionales causadas con posterioridad a esa fecha,
el encargado de efectuar su pago, siempre y cuando se cumplieran con los
requisitos establecidos por el Ministerio del Trabajo, era el FOPEP.
13.4. En ninguna de las funciones otorgadas al Ministerio de Salud y Protección
Social se establece que deba responder por hechos ocasionados por entidades
vinculadas y liquidadas de esta cartera ministerial. Por consiguiente, no era posible
tomar determinaciones de carácter administrativo que corresponden a las entidades
descentralizadas.
13.5. Losrecursos cuya administración está a cargo del Ministerio de Salud y
Protección Social guardan relación directa con el interés público y social, ya que son
la fuente de financiación de políticas públicas en salud y demás instituciones del
Sistema General de Seguridad Social. En ese sentido, cualquier destinación
diferente de los fines propios de la naturaleza de este Ministerio conllevaría a una
contravención del interés público y social en materia de salud.
13.6. El pago de cuotas partes pensionales a cargo de entidades públicas liquidadas,
aún si estuvieron adscritas o vinculadas a este Ministerio, no es un rubro establecido
10 Vinculado como litisconsorte necesario a través de auto del 20 de octubre de 2020 expedido por
el Tribunal Administrativo de Caldas. Archivo «002Cdno1A». Índice 2 de SAMAI.
11 Archivo «006Contestación.pdf».
7
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00222-01 (3125-2023)
Demandantes: Héctor Quesada Molina
por la ley como responsabilidad de este ente ministerial; por tal motivo, no le
corresponde asumirlo.
13.7. Le corresponde a la Ugpp asumir íntegramente las competencias misionales
que anteriormente correspondían a la extinta Cajanal EICE y la reemplaza
procesalmente, con el fin de garantizar la defensa judicial, técnica y material en los
procesos y reclamaciones que estaban en trámite al cierre de la liquidación de la
Caja, según lo dispuesto en el Decreto 2196 de 2009 y el concepto de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado emitido en el radicado 11001-03-
06-000-2019-00065-00.
13.8. Como excepciones formuló las siguientes: i) falta de legitimación en la causa
por pasiva; ii) inexistencia del derecho reclamado; iii) inexistencia de obligación; iv)
prescripción; y v) genérica.
1.3. La sentencia apelada12
14. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 21 de octubre de
2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en ese sentido,
dispuso:
«Primero: Se declara probada la excepción de "falta de legitimación en la causa por
pasiva" propuesta por Fiduprevisora S.A. y por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Segundo: Se declaran infundadas las excepciones de "falta de legitimación en la
causa por pasiva", "inexistencia de la obligación conforme a la ley" e "inaplicabilidad de
la ley 100 de 1993", propuestas por el departamento de Caldas. Y las excepciones de
"falta de legitimación en la causa por pasiva", "falta de competencia de la UGPP para
reconocer la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez que reclama el
demandante" e "inexistencia de la obligación respecto de la UGPP" planteadas por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social - UGPP.
Tercero: Se declara la nulidad de las Resoluciones No. 000261 de 29 de julio de 2015,
N° 000341 de 05 de octubre de 2015 y N° 10789-3 del 09 de diciembre de 2015,
expedidas por la Unidad de Prestaciones Sociales del departamento de Caldas,
mediante las cuales se resolvió no acceder a la Indemnización Sustitutiva de Pensión de
Vejez solicitada por el demandante.
Cuarto: Se ordena al departamento de Caldas que expida el acto administrativo
mediante el cual reconozca la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a que
tiene derecho el señor Héctor Quesada Molina de acuerdo con los tiempos de servicio
que se encuentran debidamente acreditados en el expediente, incluido el tiempo de
servicios cotizado a la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal. Dicha prestación se
debe liquidar de acuerdo con las reglas contenidas en el artículo 37 de la Ley 100 de
1993 y demás normas concordantes.
El departamento de Caldas le recobrará a la UGPP la "cuota parte" de la indemnización
sustitutiva por el tiempo de servicios comprendido entre el 20 de mayo de 1977 y el 31
de agosto de 1979, durante el cual se hicieron las cotizaciones a Cajanal.
Las sumas a pagar se actualizarán con los Indices de Precios al Consumidor certificados
por el DANE, mes a mes, con la utilización de la fórmula indicada en la parte
considerativa de esta sentencia.
12 Archivo «025Sentencia.pdf». Expediente electrónico. Índice 2 de SAMAI.
8
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00222-01 (3125-2023)
Demandantes: Héctor Quesada Molina
Quinto: Se condena en costas al departamento de Caldas, las cuales se liquidarán de
acuerdo a lo previsto en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.
Igualmente, se fijan las agencias en derecho equivalentes a 1% de las pretensiones de
la demanda, a cargo del departamento de Caldas.»
15. Los argumentos que fundamentaron la anterior resolutiva fueron los siguientes:
15.1. El artículo 48 de la Constitución Política estableció el derecho fundamental a la
seguridad social para todos los habitantes del territorio colombiano. En virtud de ese
mandato constitucional, el Congreso de la República expidió la Ley 100 de 1993,
cuyo objetivo principal es garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la
comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana,
mediante la protección de las contingencias que la afecten.
15.2. Aunque el Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, entró
a regir el 1° de abril de 1994 para los servidores públicos del orden nacional,
mientras que para los del orden territorial lo hizo a más tardar el 30 de junio de 1995,
el reconocimiento de la indemnización sustitutiva no se encontraba condicionado a
que la persona que la reclamara acreditara una vinculación al sistema o cotizaciones
a este durante la vigencia de la Ley 100 de 1993, en concordancia con lo expuesto
por la Corte Constitucional en las sentencias T-972 de 2006, T-1088 de 2007, T-850
de 2008, T-529 de 2009, T-539 de 2009, T-587 de 2009, T-080 de 2010, T-235 de
2010 y T-125 de 2018.
15.3. De las pruebas aportadas al expediente se desprende que Héctor Quesada
Molina se desempeñó como empleado público del departamento de Caldas, en el
cargo de dibujante, durante los siguientes periodos: i) del 20 de mayo de 1977 al 15
de julio de 1984, ii) del 27 de agosto de 1984 al 15 de julio de 1987, iii) del 14 de
octubre de 1987 al 21 de febrero de 1988 y iv) del 22 de mayo de 1988 al 19 de
septiembre de 1988.
15.4. Los aportes por el tiempo laborado entre el 20 de mayo de 1977 y el 31 de
agosto de 1979 fueron cotizados a Cajanal, de acuerdo con el certificado de
información laboral expedido por el departamento de Caldas y el certificado 0655
del 15 de septiembre de 2009 emitido por una profesional especializada del Grupo
de Gestión Administrativa del departamento.
15.5. Constan en el expediente las certificaciones de salarios devengados por el
demandante en dicho cargo, el certificado 2384 de la Contraloría General del
departamento de Caldas expedido el 18 de noviembre de 1988, en el que se hace
constar el tiempo de servicio que prestó al departamento y las cuotas con destino a
Cajanal que se descontaron periódicamente.
15.6. Está debidamente acreditado que el demandante laboró para la entidad
territorial demandada un total de 10 años, 5 meses y 18 días, un equivalente a 542
semanas aproximadamente. De igual forma, que era beneficiario del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, en razón a que, para el 30 de junio de 1995,
contaba con 44 años de edad.
15.7. Al confrontar el tiempo de servicio debidamente probado, con los regímenes
anteriores a la Ley 100 de 1993: decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, leyes 33 de
9
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00222-01 (3125-2023)
Demandantes: Héctor Quesada Molina
1985, 71 de 1988 y el Acuerdo 049 de 1990, concluyó que dicho tiempo no era
suficiente para acceder a la pensión de vejez bajo esos regímenes, ya que se exigen
como mínimo 20 años de servicio: leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, 500 semanas
en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad exigida en la norma o 1.000
en cualquier tiempo: Acuerdo 049 de 1990, o, 1.300 semanas: Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 797 de 2003.
15.8. Lo anterior significa que al llegar a la edad para pensionarse -55 años con el
régimen anterior a la Ley 100 de 1993 aplicable a los empleados públicos- y al
probar la imposibilidad de seguir cotizando, podía exigir el reconocimiento y pago
de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, según lo establecido en el
artículo 37 de la Ley 100 de 1993, para lo cual solo era necesario acreditar el tiempo
de servicio mediante los correspondientes certificados de tiempos laborados.
15.9. En relación con las cotizaciones al sistema pensional por el tiempo
efectivamente prestado, la Corte Constitucional ha sido suficientemente clara al
señalar que todos los tiempos servidos - debidamente probados - antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, son computados para efectos de la
liquidación de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Además, cuando
el vínculo laboral terminó sin que la entidad territorial trasladara el riesgo a una caja
o fondo, esta mantenía la responsabilidad de asumir el reconocimiento y pago de la
indemnización.
15.10. En el sub examine se demostró que el tiempo de servicio comprendido entre
el 20 de mayo de 1977 y el 31 de agosto de 1979 fue cotizado a Cajanal. Aunque
este fondo se encuentra extinto a la fecha, debe determinarse la entidad a la cual le
corresponde asumir tal reconocimiento por ese lapso específico, pues de lo
contrario estaría cohonestando un enriquecimiento sin causa al retenerse los
recursos que constituyen un ahorro del trabajador. Le corresponde a la Ugpp
concurrir en el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez del
demandante, a prorrata del tiempo cotizado por el departamento de Caldas a
Cajanal en calidad de empleador de aquel, esto es entre el 20 de mayo de 1977 y
el 31 de agosto de 1979, de conformidad con lo señalado por la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 12 de noviembre de 2019
dentro del radicado número 11001-03-06-000-2019-00065-00 y el artículo 6 del
Decreto 575 de 2013.
15.11. Respecto del servicio prestado por Héctor Quesada Molina en el periodo
comprendido entre el 1° de septiembre de 1979 y el 15 de julio de 1984, 27 de
agosto de 1984 y el 15 de julio de 1987, 14 de octubre de 1987 y el 21 de febrero
de 1988, y 22 de mayo de 1988 y el 19 de septiembre de 1988, era el departamento
de Caldas el que debía asumir con sus propios recursos el pago de la indemnización
correspondiente a esos lapsos, toda vez que no existe soporte alguno que indique
que ese riesgo se trasladara a un fondo o entidad de previsión social mediante los
respectivos aportes pensionales. Incluso, es el mismo ente territorial el que,
mediante la certificación 0655 del 15 de septiembre de 2009, dejó expresamente
señalado que el periodo laborado entre el 20 de mayo de 1977 y el 31 de agosto de
1979 corresponde a Cajanal, y del 1° de septiembre de 1979 al 19 de septiembre
de 1988 al departamento de Caldas.
10
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00222-01 (3125-2023)
Demandantes: Héctor Quesada Molina
15.12. Es inocuo el argumento del departamento de Caldas consistente en que no
había lugar al reconocimiento de la indemnización sustitutiva, por cuanto el
demandante no se encontraba afiliado a ningún fondo pensional, porque hacía parte
de las obligaciones de la entidad territorial, como empleador, descontar los aportes
por concepto de seguridad social.
15.13. El departamento de Caldas se encontraba en la obligación de sufragar el valor
correspondiente a la indemnización sustitutiva de forma directa, de acuerdo con el
tiempo de servicio, respecto del cual no realizó cotización o aporte alguno a una
caja o fondo de previsión social. Entre tanto, corresponde a la Ugpp asumir a
prorrata el pago de dicha indemnización por el tiempo cotizado a Cajanal.
15.14. Conforme con el artículo 188 del CPACA, condenó en costas al departamento
de Caldas, por lo que dispuso que estas se liquidarán según lo previsto en los
artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.
1.4. Los recursos de apelación
16. 1.4.1. El departamento de Caldas13 presentó recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia para que se modificara en los términos que se
exponen a continuación:
16.1. La entidad territorial no actuaba como administradora de fondos de pensiones
ni como administradora del régimen de prima media, función que corresponde a
Colpensiones. La condena en su contra desconoció múltiples decisiones de las altas
cortes, las cuales han señalado que el no pago de la indemnización sustitutiva por
los tiempos laborados por un servidor público, al que no se le realizaron descuentos
por aportes a la seguridad social antes de la expedición de la Ley 100 de 1993,
configuraría lo que se conoce como «enriquecimiento sin justa causa».
16.2. Con la decisión que se recurre, se busca que el departamento de Caldas pague
únicamente por el tiempo que legalmente le corresponde, y que la Ugpp haga lo
propio, evitando así una carga administrativa adicional para la entidad territorial, al
tener que iniciar un proceso de recobro. Esto configuraría no solo un pago indebido
sino un pago doble, ya que el departamento ya pagó a la Ugpp los periodos que le
correspondían en virtud del contrato celebrado con la extinta Cajanal.
16.3. Por lo tanto, no puede aceptarse la interpretación realizada por el juez de
primera instancia, ni es razonable considerar que la gobernación de Caldas tenga
el deber de reconocer una prestación económica, como lo es la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez, por el tiempo que le corresponde a Cajanal,
cuando la Ugpp [responsable hoy por las obligaciones de Cajanal] estaba vinculada
al proceso y es la que debió ser condenada respecto del período comprendido entre
el 20 de mayo de 1977 y el 31 de agosto de 1979.
13 Archivo « 027ApelacionDepartamentodeCaldas». Índice 2 de SAMAI.
11
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00222-01 (3125-2023)
Demandantes: Héctor Quesada Molina
17. 1.4.2. La Ugpp14 solicitó que se revocara parcialmente la decisión de primera
instancia, en cuanto declaró infundada la excepción de falta de legitimación de la
entidad de previsión, por las razones que se indican a continuación:
17.1. La Ugpp no era la entidad encargada del reconocimiento de la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez por la cuota parte pensional que le podría
corresponder a Cajanal. Esto se debe a que no recibió ningún expediente
administrativo de esta última, ni era responsable de la emisión del bono pensional
mencionado por el departamento de Caldas. Esta actividad corresponde a la Oficina
de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
17.2. Eltrámite de reconocimiento del bono pensional que se reclama debió
realizarse directamente ante la Administradora del Fondo de Pensiones a la cual se
encontraba afiliado, o ante la última entidad a la que estuvo afiliado, según lo
establecido por el Ministerio de Hacienda en una comunicación del 18 de agosto de
2011.
17.3. La Ugpp solo estaba facultada, según lo dispuesto por la ley y el gobierno
nacional, para asumir las funciones establecidas en el artículo 156 de la Ley 1151
de 2007 y en los decretos 169 de 2008 y 575 de 2013. Esto significa que no era
responsable del pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez
correspondiente al periodo laborado entre el 20 de mayo de 1977 y el 31 de agosto
de 1979.
17.4. Para los tiempos de servicio prestados a entidades afiliadas a Cajanal E.I.C.E.
en liquidación, la expedición del bono pensional estaba a cargo de la Oficina de
Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por lo tanto, la
Ugpp no se encontraba facultada para emitir el bono que se reclama en este
proceso.
17.5. La Ugpp no es continuadora de la gestión de las entidades en liquidación, sino
que tiene como función específica la realización de funciones pensionales que le
correspondan, incluyendo la administración de la nómina de pensionados. Esta
función no tiene relación directa con las obligaciones de naturaleza crediticia que
nacen de las cuotas partes pensionales. Además, la entidad no recibió el expediente
administrativo del demandante ni los aportes realizados por este a Cajanal.
1.5. Trámite en segunda instancia
18. Conforme con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar15.
1.6. El Ministerio Público
19. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
14 Archivo «028ApelacionUGPP». Índice 2 de SAMAI.
15 Sin embargo, la parte demandante allegó memoriales en el que reiteró las razones que
fundamentan las pretensiones de la demanda y la UGPP se pronunció en el sentido de ratificar las
razones de la apelación, esto es, que no tiene legitimación en la causa por pasiva en el presente
proceso. Índices 9, 10 y 11 de SAMAI.
12
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00222-01 (3125-2023)
Demandantes: Héctor Quesada Molina
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
20. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación y los
fundamentos que sustentaron la decisión de primera instancia, los problemas
jurídicos a resolver son los siguientes:
20.1. ¿Si la Ugpp debe responder por la cuota parte de la indemnización sustitutiva
a favor del demandante por el tiempo de servicio comprendido entre el 20 de mayo
de 1977 y el 31 de agosto de 1979, periodo en el cual se efectuaron cotizaciones a
Cajanal?
Si la respuesta al cuestionamiento anterior es positiva, se responderá:
20.2. ¿Si el departamento de Caldas debe proceder al recobro ante la Ugpp la cuota
parte de la indemnización sustitutiva a favor del demandante por el periodo durante
el cual se hicieron las cotizaciones a Cajanal?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre el régimen de prima media con prestación definida (RPM)
21. Se encuentra previsto en el artículo 31 de la Ley 100 de 1993 y lo definió como
«[…] aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión
de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente
definidas». A su vez, el artículo 32 literal b) de la citada ley señaló que en este
régimen los aportes de sus afiliados constituyen «[…] un fondo común de naturaleza
pública que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de
pensionados en cada vigencia, los respectivos gastos de administración y la constitución
de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley […]».
22. Las personas afiliadas a este régimen obtendrán el derecho a la pensión de
vejez, al cumplir los requisitos señalados en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que,
en lo pertinente, modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 así:
«[…] Artículo 9°. (Reglamentado parcialmente, Decreto Nacional 510 de 2003) El artículo
33 de la Ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo 33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a la
Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años
si es hombre.
A partir del 1° de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57)
años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A partir del 1° de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a
partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300
semanas en el año 2015 […]»
13
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00222-01 (3125-2023)
Demandantes: Héctor Quesada Molina
23. De esta manera en el régimen de prima media con prestación definida el afiliado
adquiere el derecho a pensionarse por vejez cuando:
23.1. a) Cumpla 55 años de edad si es mujer o 60 si es hombre y a partir del año
2014, 57 y 62 años, respectivamente; y
23.2. b) Acredite un mínimo 1000 semanas cotizadas, las cuales aumentarán a partir
del 1.º de enero de 2005 en 50 y de ahí en adelante hasta el año 2015 en 25 cada
año para un total de 1300 semanas.
24. De conformidad con el artículo 37 ibidem, en el caso de que la persona cumpliera
con la edad para obtener la pensión de vejez, pero no con el mínimo de semanas
de cotización y declararan la imposibilidad de continuar con los aportes, tendrían
derecho a percibir en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base
de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas.
25. Dentro de sus características se han establecido las siguientes16:
«[…] - Las cotizaciones hacen el papel de la prima de un seguro que garantiza la pensión.
En consecuencia, y como corresponde a toda prima de seguro, la cotización a pagar es
considerablemente menor que el beneficio que se recibirá como pensión.
• La cotización es la prima de seguro y se debe pagar como cotización obligatoria. En
otras palabras, en la prima media el régimen ni exige ni recibe cotizaciones adicionales
a las dispuestas legalmente.
• Como sistema de aseguramiento, el régimen solo garantiza el beneficio, es decir, la
pensión, si se cumplen plenamente los requisitos legales. Ello implica la presencia
simultánea de las condiciones de cotización y de edad del afiliado.
• En caso de no acreditarse los requisitos legales para obtener la pensión, dado el
sistema de aseguramiento que lo caracteriza, el sistema no devuelve primas o
cotizaciones, en consecuencia, quien no cumpla los requisitos pensionales no tendrá
derecho a la pensión, ni a la devolución de aportes; como mínima compensación, el
sistema solo le pagará alguna indemnización sustitutiva de la pensión.
• Es de la esencia financiera del sistema que los aportes o cotizaciones vayan a un fondo
común, de naturaleza pública, manejado por la entidad administradora, del cual sale
igualmente el conjunto de los recursos pensionales. Por lo tanto, los rendimientos de ese
fondo común pertenecen al fondo y contribuyen a su estabilidad financiera.
• Cumplidos los requisitos pensionales, la entidad administradora empieza a pagar la
pensión, en la cuantía legalmente establecida […]»
26. En suma, en este régimen solidario de sistema de prestación definida, los aportes
constituyen un fondo común que garantiza las prestaciones, tiene la garantía estatal
del pago de los beneficios a que se hacen acreedores los afiliados y, en el evento
en que no se cumplieran con los requisitos para el reconocimiento pensional, es
procedente una indemnización sustitutiva.
16
ARENAS MONSALVE, Gerardo. El derecho colombiano de la seguridad social. Cuarta edición
actualizada, Legis, 2011, Pág. 227.
14
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00222-01 (3125-2023)
Demandantes: Héctor Quesada Molina
2.2.2. La indemnización sustitutiva en vigencia de la Ley 100 de 1993
27. El Acto Legislativo 01 de 2005, publicado en el Diario Oficial 45.980 el 25 de julio
de 2005, establece como norma general que, desde su entrada en vigencia, no
existirán regímenes pensionales especiales ni exceptuados.
28. La Ley 100 de 1993 dispuso la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez
en los siguientes términos:
«Artículo 37. indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Las personas que
habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el
mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando,
tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario
base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas
cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los
porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado».
29. De esta manera, la Ley 100 de 1993 prevé que aquellas personas que, pese a
haber alcanzado la edad requerida para acceder a la pensión de vejez, no hayan
cumplido con el número mínimo de semanas cotizadas y no puedan seguir
cotizando, tienen derecho a recibir una indemnización sustitutiva.
30. Esto implica que la indemnización sustitutiva tiene como objetivo compensar o
restituir el capital aportado conforme con la ley, permitiendo recuperar los aportes
realizados durante la vida laboral ante la imposibilidad de acceder a la pensión
correspondiente.
31. La disposición transcrita fue reglamentada a través del Decreto 1730 de 2001 17
de la siguiente manera:
«Artículo 1.- Causación del derecho. Habrá lugar al reconocimiento de la
indemnización sustitutiva prevista en la Ley 100 de 1993, por parte de las
Administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, cuando [con
posterioridad a la vigencia del Sistema General de Pensiones18] se presente una de
las siguientes situaciones:
a.) Que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el
número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión
de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando;
b) Que el afiliado se invalide por riesgo común sin contar con el número de semanas
cotizadas exigidas para tener derecho a la pensión de invalidez, conforme al artículo
39 de la Ley 100 de 1993; Ver art. 39 Ley 100 de 1993
c) Que el afiliado fallezca sin haber cumplido con los requisitos necesarios par (sic)
que su grupo familiar adquiera el derecho a la pensión de sobrevivientes, conforme
al artículo 46 de la Ley 100 de 1993; Ver art. 46 Ley 100 de 1993
d) Que el afiliado al sistema general de riesgos profesionales se invalide o muera,
con posterioridad a la vigencia del Decreto-Ley 1295 de 1994, como consecuencia
17 «Por medio del cual se reglamentan los artículos 37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993 referentes a
la indemnización sustitutiva del régimen solidario de prima media con prestación definida.»
18 Consejo de Estado – Sección Segunda – Expediente No. 2003- 00112-01 (0477-03). Sentencia
14 de abril de 2005. Magistrado Ponente: Ana Margarita Olaya. El texto en corchete [***] fue
declarado nulo por considerar que circunscribir el cumplimiento de la edad con posterioridad a la
vigencia del Sistema General de Pensiones, impone una limitante que no establece la Ley.
15
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00222-01 (3125-2023)
Demandantes: Héctor Quesada Molina
de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la cual genere para él o
sus beneficiarios pensión de invalidez o sobrevivencia de conformidad con lo previsto
en el artículo 53 del Decreto-Ley 1295 de 1994.
NOTA: El texto subrayado fue declaro NULO por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección A, C.P. William
Hernández Gómez, sentencia del 24 de julio de 2017, Rad. No. 11001-03-25-000-
2010-00279-00(2292-10).
Artículo 2.- Reconocimiento de la indemnización sustitutiva. Cada Administradora del
Régimen de Prima Media con Prestación Definida a la que haya cotizado el
trabajador, deberá efectuar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva,
respecto al tiempo cotizado.
En caso de que la Administradora a la que se hubieren efectuado las cotizaciones
haya sido liquidada, la obligación de reconocer la indemnización sustitutiva
corresponde a la entidad que la sustituya en el cumplimiento de la obligación de
reconocer las obligaciones pensionales.
En el caso de que las entidades que hayan sido sustituidas en la función de pagar
las pensiones por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, Fopep, será
ésta la entidad encargada del pago, mientras que su reconocimiento continuará a
cargo de la caja o fondo que reconozca las pensiones.
Para determinar el monto de la indemnización sustitutiva se tendrán en cuenta la
totalidad de semanas cotizadas, aún las anteriores a la Ley 100 de 1993».
32. De acuerdo con estos artículos, el reconocimiento de la indemnización en el
régimen de prima media con prestación definida puede originarse en 3
circunstancias: (i) como sustitutiva de la pensión de vejez o, (ii) de la pensión de
invalidez o, (iii) de la pensión de sobrevivientes, de la Ley 100 de 1993 y, en el
artículo 1, exigió que los eventos antes mencionados deben ocurrir «con
posterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones».
33. No obstante, esta exigencia fue declarada nula por el Consejo de Estado a través
de sentencia de 14 de abril de 200519, por las siguientes razones:
«[…] En efecto, el hecho de que haya limitado la norma reglamentaria la
indemnización sustitutiva de la pensión por vejez sólo al hecho de que con
posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 se cumplan la totalidad de los
requisitos enlistados en el precitado literal (edad, retiro del servicio y manifestación
de la imposibilidad de seguir cotizando al sistema) no permitiría que tal prestación se
reconozca a los afiliados al sistema de prima media con prestación definida afiliados
a una administradora de este régimen, que habiendo cumplido la edad bajo el
régimen anterior se retiren del servicio bajo su vigencia, sin el número de semanas
exigidas para tener derecho a la prestación y declaren su imposibilidad de seguir
cotizando al sistema.
[…]
Es cierto que la opción de la indemnización sustitutiva de la pensión por vejez en la
legislación anterior a la Ley 100 de 1993 sólo existía para los afiliados al ISS; sin
embargo la nueva figura creada en la ley 100 cobija tanto a dichos afiliados
como a los de una administradora diferente al ISS, pues no sería razonable y
violaría el derecho a la igualdad que los afiliados a una administradora del régimen
de prima media con prestación definida, diferentes a éste, por el hecho de serlo, no
les sea permitido, si se dan las condiciones que la misma Ley establece en su artículo
19 Sección Segunda. Expediente: 0477-03. Consejera ponente: Ana Margarita Olaya.
16
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00222-01 (3125-2023)
Demandantes: Héctor Quesada Molina
37, acceder a la prestación, pretextando la falta de tal beneficio en el régimen anterior
que los gobernaba.
[…]
Es un principio de derecho incuestionable que las leyes rigen hacia el futuro, por lo
que una lectura ligera y desprevenida de la frase acusada de la norma reglamentaria
daría como resultado una conformidad con las previsiones de la ley reglamentada,
sin embargo, haciendo un estudio a fondo de la especificidad de categorías de
afiliados y su derecho a escoger la norma más favorable, lleva a la Sala a ser
cuidadosa en su examen, por lo que la limitación en cuanto al cumplimiento de la
edad que trae la norma acusada, dejaría por fuera a algunos afiliados que no obstante
pertenecer al sistema, pues a la entrada de la vigencia de la ley ingresaron a éste
como afiliados forzosos, es decir cotizaron a dicho régimen bajo las previsiones de
la ley y se dieron los supuestos que ellas contemplan, retiro del servicio e
imposibilidad de seguir cotizando, quedarían privados de ese beneficio, cuando ello
no fue el querer del legislador. […]» [se resalta].
34. En este mismo sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional 20 al precisar:
«[…] en relación con la aplicación de las normas contenidas en la Ley 100 de 1993,
a fin de hacer efectiva la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en aquellos
casos en que los aportes al sistema se dieron con anterioridad a la entrada en
vigencia de dicha Ley, la Corte Constitucional ha reiterado que esta normatividad es
aplicable a todos los habitantes del territorio nacional y a todas aquellas situaciones
que al momento de su expedición no se hubieren consolidado. Así lo sostuvo en
sentencia T-850 de 2008, al indicar:
“El derecho a reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez se
encuentra en cabeza de aquellas personas que, independientemente de haber
estado afiliadas al Sistema Integral de Seguridad Social en el momento de entrada
en vigencia la Ley 100 de 1993 pero que habiendo cumplido con la edad para
reclamar la pensión, no cuenten con el número de semanas cotizadas para acceder
a dicha prestación. Además las entidades de previsión social a las que en algún
momento cotizó el accionante, deben reconocer y pagar la indemnización so pena
de que se incurra en un enriquecimiento sin causa”.
Así pues, es inválida cualquier interpretación restrictiva en la cual se establezca
como requisito adicional para acceder a la indemnización sustitutiva que el
afiliado haya cotizado al sistema a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993 o
que al momento de la desvinculación del trabajador éste haya cumplido con la
edad exigida para acceder a la pensión de vejez, pues ello (i) contradice de
manera directa los artículos 48, 49 y 366 de la Constitución Política, (ii) propicia un
enriquecimiento sin causa de la entidad a la cual se efectuaron los aportes y (iii)
vulnera el principio constitucional de favorabilidad en materia laboral, expresamente
previsto en el artículo 53 superior. […]» [se resalta].
35. De acuerdo con las disposiciones anteriores y el precedente mencionado, no se
requiere como requisito para tener derecho a la indemnización sustitutiva de la
pensión, que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con el requisito de
la edad con posterioridad a la vigencia del Sistema General de Pensiones, puesto
que como se anotó, la expresión subrayada del artículo 1 del Decreto 1730 de 2001,
fue declarada nula por el Consejo de Estado21.
36. Ahora bien, según lo previsto en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y el artículo
1 del Decreto 1730 de 2001, la indemnización sustitutiva procede cuando el
cotizante ha cumplido con la edad para obtener la pensión de vejez, sin alcanzar el
20 sentencia T-849 A de 24 de noviembre de 2009.
21 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 3 de mayo de 2018. Rad. Núm. 2013-00462
17
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00222-01 (3125-2023)
Demandantes: Héctor Quesada Molina
mínimo de semanas exigidas para acceder a la prestación de vejez, invalidez o de
sobrevivientes, antes o después de la entrada en vigor del Sistema General de
Pensiones y manifiesta su imposibilidad de seguir cotizando.
37. En línea con esa disposición, el artículo 1 del Decreto 4640 de 200522 preceptúo:
«Artículo 1. Modificase el artículo 1° del Decreto 1730 de 2001 el cual quedará así:
"Artículo 1. Causación del derecho. Habrá lugar al reconocimiento de la
indemnización sustitutiva prevista en la Ley 100 de 1993, por parte de las
Administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, cuando los
afiliados al Sistema General de Pensiones estén en una de las siguientes situaciones:
a) Que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el
número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión
de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando;
[…]».
38. Con fundamento en lo expuesto y en concordancia con los lineamientos legales
y jurisprudenciales previamente citados, es evidente que la indemnización
sustitutiva procede cuando el afiliado ha alcanzado la edad para la pensión de vejez,
no ha cumplido con el mínimo de semanas requeridas y ha declarado su
imposibilidad de seguir cotizando. Esta indemnización tiene como objetivo proteger
a las personas que cuentan con el requisito de edad, pero no el tiempo necesario
para adquirir el estatus de pensionado.
2.4. Lo probado dentro del proceso
39. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
39.1. Héctor Quesada Molina nació el 1° de abril de 1951.
39.2. De conformidad con el Formato 1, certificado de información laboral, expedido
por el departamento de Caldas el 17 de septiembre de 2009, prestó sus servicios
en el sector público departamental, en el empleo de dibujante, así:
Periodo de aportes Entidad a la que Entidad que
«Se descontó
se efectuaron responde por el
Desde Hasta para seguridad»
aportes periodo
20-05-1977 31-08-1979 Sí Cajanal -
01-09-1979 15-07-1984 Sí -
27-08-1984 15-07-1987 Sí - Departamento
14-10-1987 21-02-1988 Sí - Caldas
22-05-1988 19-09-1988 Sí -
39.3. El
subcontralor general del departamento de Caldas certificó que había
prestado sus servicios en la entidad territorial, en el empleo de «dibujante
planeación departamental» durante los siguientes periodos: i) entre el 20 de mayo
de 1977 y el 15 de julio de 1984; ii) entre el 27 de agosto de 1984 y el 21 de febrero
de 1988; y iii) entre el 23 de mayo de 1988 y el 19 de septiembre de 1988.
22 Por medio del cual se modifica el artículo 1° del Decreto 1730 de 2001.
18
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00222-01 (3125-2023)
Demandantes: Héctor Quesada Molina
39.4. El 8 de julio de 2015, solicitó al departamento de Caldas la emisión del bono al
que tenía derecho por haber prestado sus servicios en esa entidad territorial y, como
consecuencia, se reconociera la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.
39.5. El anterior reconocimiento fue negado por la Unidad de Prestaciones Sociales
de la Gobernación de Caldas, mediante la Resolución 000261 del 29 de julio de
2015, al considerar que «entre el 01 de septiembre de 1979 al 19 de septiembre de 1988
nunca cotizó para pensiones ya que para esa época el departamento de Caldas como
entidad pública jubilaba a sus funcionarios con cargo a sus recursos propios».
39.6. La anterior decisión fue confirmada a través de las resoluciones 000314 y 10789
del 5 de octubre y del 9 de diciembre de 2015.
2.5. Análisis sustancial del caso concreto
40. El Tribunal Administrativo de Caldas concluyó que Héctor Quesada Molina tenía
derecho a la indemnización sustitutiva, al considerar que, si bien esta fue
establecida con la Ley 100 de 1993, su reconocimiento no se encontraba
condicionado a que quien la reclamara acreditara una vinculación al sistema o
cotizaciones a este en vigencia de dicha norma. En ese sentido, declaró la nulidad
de los actos demandados y, como consecuencia, condenó al departamento de
Caldas al reconocimiento de la prestación en discusión, con la precisión de que la
entidad territorial debía recobrar a la Ugpp «la "cuota parte" de la indemnización
sustitutiva por el tiempo de servicios comprendido entre el 20 de mayo de 1977 y el 31 de
agosto de 1979, durante el cual se hicieron las cotizaciones a Cajanal».
41. El departamento de Caldas presentó recurso de apelación con el que pretendió
que se modificara parcialmente la sentencia de primera instancia, en el sentido de
que la Ugpp pague directamente al demandante la indemnización sustitutiva
correspondiente al periodo durante el cual se efectuaron cotizaciones a Cajanal.
42. De otra parte, la Ugpp solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia,
en cuanto declaró infundada la excepción de falta de legitimación de la entidad de
previsión, porque no tenía la competencia para concurrir al pago de la prestación,
puesto que no recibió el expediente administrativo del demandante y la entidad que
tenía a su cargo dicha obligación era la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.
43. De conformidad con los argumentos expuestos por las entidades apelantes, la
competencia de esta Sala se centra en determinar si la Ugpp se encontraba
legitimada para concurrir en la financiación de la indemnización sustitutiva de la que
era acreedor Héctor Quedasa Molina, con ocasión de las cotizaciones efectuadas
en Cajanal. Con ese fin se establecerá la forma en la que se debía financiar la
prestación y un recuento de las normas que gobernaron la liquidación de esta última
entidad.
2.5.1. En cuanto a la competencia de la Ugpp frente al pago de la
indemnización sustitutiva
44. En el recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia,
la Ugpp manifestó que no era la entidad responsable del reconocimiento de la cuota
19
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00222-01 (3125-2023)
Demandantes: Héctor Quesada Molina
parte de la indemnización sustitutiva reconocida a favor del demandante por el
tiempo de servicios comprendido entre el 20 de mayo de 1977 y el 31 de agosto de
1979.
45. Como se anunció antes, con el fin de dar respuesta al anterior reproche, se
efectuará un recuento de las normas que gobernaron la liquidación de Cajanal.
46. El congreso de la República, a través de la Ley 1151 de 2007, «[p]or la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010», entre otras, adoptó las siguientes
decisiones en relación con las administradoras de pensiones 23: i) creó la
Administradora Colombiana de Pensiones24, como administradora del régimen de
prima media con prestación definida, de carácter público del orden nacional; ii)
estableció que el gobierno nacional debía proceder a la liquidación de Cajanal EICE,
Caprecom y del Instituto de Seguros Sociales25; y iii) creó la Ugpp, unidad a la que,
dentro de sus funciones le asignó la del reconocimiento « de derechos pensionales,
tales como pensiones y bonos pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de
la Nación, así como auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del Régimen
de Prima Media del orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que
hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya
decretado o se decrete su liquidación».
47. De conformidad con el mandato dado en el año 2007, el gobierno nacional
expidió el Decreto 2196 de 2009, «por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión
Social, Cajanal, EICE, se ordena su liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras
disposiciones». En este se precisó que como consecuencia de la liquidación, Cajanal
tenía prohibido iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social, sin
embargo, mantuvo la competencia para adelantar « prioritariamente, las acciones que
permitan garantizar el trámite y reconocimiento de obligaciones pensionales y demás
actividades afines con dichos trámites, respecto de aquellos afiliados que hubieren
cumplido con los requisitos de edad y tiempo de servicio para obtener la pensión de
jubilación o de vejez a la fecha en que» se hiciera efectivo el traslado masivo al ISS,
data que de conformidad con el artículo 4 de ese decreto correspondía al 12 de julio
de 200926.
48. En el artículo 22 de la disposición en mención, se dispuso que « [l]os procesos
judiciales y demás reclamaciones [en los que fuera parte Cajanal] que estén en trámite al
cierre de la liquidación que se ordena en el presente decreto, respecto de las funciones que
asumirá la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP, estarán a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los demás
procesos administrativos estarán a cargo del Ministerio de la Protección Social».
49. La norma referida en el párrafo anterior fue modificada por el artículo 2 del
Decreto 2040 de 2011, el cual dispuso:
«Artículo 22. Inventario de procesos judiciales y reclamaciones de carácter laboral y
contractual. El Liquidador de la entidad deberá presentar al Ministerio del Interior y de
Justicia, dentro de los tres (3) meses siguientes a su posesión, un inventario de todos
23 Artículos 155 y 156 de la Ley 1151 de 2007.
24 En adelante Colpensiones.
25 En adelante ISS.
26
De conformidad con el artículo 4 del Decreto 2196 de 2009, el traslado debía efectuarse «a más tardar
dentro del mes siguiente a la vigencia del presente decreto».
20
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00222-01 (3125-2023)
Demandantes: Héctor Quesada Molina
los procesos judiciales y demás reclamaciones en las cuales sea parte la entidad, el cual
deberá contener la información que establezca ese Ministerio.
Los procesos judiciales y demás reclamaciones que estén en trámite al cierre de la
liquidación que se ordena en el presente decreto, respecto de las funciones que
asumirá la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la
Protección Social - UGPP, estarán a cargo de esta entidad. Los demás procesos
administrativos estarán a cargo del Ministerio de la Protección Social.
[…]
Parágrafo 2°. Con el propósito de garantizar la adecuada defensa del Estado, el
Liquidador de la entidad, como representante legal de la misma, continuará atendiendo,
dentro del proceso de liquidación y hasta tanto sean entregados a la Unidad de
Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la Protección Social - UGPP
o al Ministerio de la Protección Social, según corresponda, conforme a lo previsto en el
presente decreto, los procesos judiciales inventariados y demás reclamaciones en curso
o los que llegaren a iniciarse dentro de dicho término.
[…]
Parágrafo 4°. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público transferirá al
Ministerio de la Protección Social y a la Unidad de Gestión Pensional y
Contribuciones Para fiscales de la Protección Social - UGPP, los recursos
necesarios para cumplir a cabalidad la función prevista en el Inciso Segundo del presente
artículo.» [Se resalta]
50. Así las cosas, en relación con los «procesos judiciales y demás reclamaciones» en
los que fuera parte Cajanal que se encontraran en trámite al « cierre de la liquidación»
de la entidad, inicialmente le fueron asignados al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, sin embargo, dicha competencia fue modificada y, como consecuencia, se
le asignó a la Ugpp la de dichos asuntos «respecto de las funciones que» le
correspondía asumir. En este punto, se encuentra pertinente precisar que el proceso
de liquidación de Cajanal finalizó el 12 de junio de 2013.
51. Ahora bien, como se mencionó antes, según lo dispuesto en el artículo 156 de la
Ley 1151 de 2007, la Ugpp debía asumir la competencia frente al reconocimiento
«de los derechos pensionales y prestaciones económicas» a cargo de las
administradoras del régimen de prima media del orden nacional respecto de las
cuales se decrete su liquidación. Asimismo, de conformidad con el artículo 6 del
Decreto 575 de 2013 [que subrogó el literal a) del artículo 1 del Decreto 169 de
2008], en cuanto al reconocimiento de derechos pensionales y de prestaciones
económicas, esta entidad tiene, entre otras, las siguientes funciones:
«1. Efectuar el reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones
económicas a cargo de las administradoras exclusivas de servidores públicos del
Régimen de Prima Media con Prestación Definida del orden nacional, causados hasta
su cesación de actividades como administradoras.
2. Efectuar el reconocimiento de los derechos pensionales de los servidores
públicos que hayan cumplido el tiempo de servicio requerido por la ley para acceder a
su reconocimiento y se hubieren retirado o desafiliado del Régimen de Prima Media con
Prestación Definida sin cumplir el requisito de edad señalado, con anterioridad a la
cesación de actividades de la administradora a la que estuviese afiliado.
4. Efectuar el reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones
económicas a cargo de las entidades públicas del orden nacional que se
encuentren en proceso de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de
21
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00222-01 (3125-2023)
Demandantes: Héctor Quesada Molina
esa actividad por quien la esté desarrollando, en los términos y condiciones que se
determinen en el decreto que disponga la liquidación.
11. Reconocer las cuotas partes pensionales que le correspondan y administrar las
cuotas partes pensionales por cobrar y por pagar reconocidas a la fecha en que se
asuma por la Unidad el reconocimiento y administración de los derechos pensionales,
en los términos y condiciones que se determinen en el decreto que disponga la
liquidación de la respectiva entidad.»
52. Adicionalmente, en el marco de la transición ocasionada con la liquidación de
Cajanal, el gobierno nacional expidió el Decreto 4269 de 2011 con el que distribuyó
las competencias de los procesos misionales entre esta y la Ugpp, para lo cual, tuvo
como límite temporal la fecha del 8 de noviembre de 2011 y, en cuanto a lo
relacionado con el reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones
económicas dispuso:
«1. Atención de solicitudes relacionadas con el reconocimiento de derechos
pensionales y prestaciones económicas.
Estarán a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, las solicitudes de
reconocimientos de derechos pensionales y prestaciones económicas, radicadas a
partir del 8 de noviembre de 2011.
A cargo de la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en Liquidación estarán
las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas,
radicadas con anterioridad al 8 de noviembre de 2011.»
53. En consecuencia, con el recuento normativo expuesto se encuentra que, toda
vez que la solicitud del reconocimiento de la indemnización sustitutiva objeto de
discusión se presentó el 8 de julio de 2015, era la Ugpp la entidad que tenía la
competencia y el deber de concurrir en su financiación, con ocasión de las
cotizaciones que se efectuaron en favor de Héctor Quesada Molina entre el 20 de
mayo de 1977 y el 31 de agosto de 1979, tal como lo definió el a quo.
2.5.2. En cuanto a la financiación de la indemnización sustitutiva
54. Como se explicó en el marco normativo de esta providencia, el artículo 37 de la
Ley 100 de 1993, previó que en el caso de que una persona cumpliera con la edad
exigida para el reconocimiento de la pensión de vejez pero no con el mínimo de
semanas prevista para esos efectos y declarara la imposibilidad para continuar con
los aportes, tendría derecho a percibir en sustitución una indemnización, la cual se
liquidaría teniendo como base el tiempo cotizado, « aún las anteriores a la Ley 100 de
199327».
55. Al respecto, se encuentra pertinente precisar que, desde antes de la entrada en
vigencia del sistema de seguridad social introducido con la referida Ley 100, en las
diferentes disposiciones a través de las cuales se crearon y reglamentaron las
prestaciones de las que serían beneficiarios los trabajadores y sus familias,
tendientes a cubrir las diferentes contingencias que se podrían generar con ocasión
de la vejez, la enfermedad o la muerte, entre otras, el legislador previó la obligación
27 Artículo 2 del Decreto 1730 de 2001.
22
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00222-01 (3125-2023)
Demandantes: Héctor Quesada Molina
de los respectivos empleadores o fondos de previsión de concurrir en la financiación
de la prestación correspondiente.
56. El departamento de Caldas señaló que el recurso de apelación tenía como
objetivo que la entidad territorial pagara únicamente el tiempo que legalmente le
correspondía, y que «la Ugpp [hiciera] lo propio», evitando así una carga
administrativa adicional para la entidad territorial, al tener que iniciar un proceso de
recobro.
57. La Subsección encuentra que el anterior planteamiento se debe resolver de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1730 de 2001, según el
cual «cada administradora del régimen de prima media con prestación definida a la que
haya cotizado el trabajador, deberá efectuar el reconocimiento de la indemnización
sustitutiva, respecto al tiempo cotizado». De conformidad con esta disposición, la
competencia para reconocer y pagar la indemnización sustitutiva se encuentra en
cabeza de cada entidad de previsión, por las cotizaciones efectivamente recibidas.
58. En el presente asunto se encuentra probado que con ocasión de la relación
laboral que ostentó el demandante con la entidad territorial, se efectuaron
cotizaciones en Cajanal durante el 20 de mayo de 1977 y el 31 de agosto de 1979,
por lo que, en línea con la disposición en cita, le correspondía a la Ugpp efectuar el
reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva del referido periodo, por
cuanto, como se explicó antes fue esta entidad la que asumió las funciones
misionales que se encontraban en cabeza la liquidada Cajanal, dentro de las cuales
está el «reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas».
59. Así las cosas, se modificará el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia
con el fin de precisar que el departamento de Caldas deberá expedir el acto
administrativo mediante el cual reconozca la indemnización sustitutiva de la pensión
de vejez a que tiene derecho Héctor Quesada Molina por el tiempo de servicio
prestado entre el 1° de septiembre de 1979 y el 19 de septiembre de 1988 y la Ugpp
deberá efectuar dicho reconocimiento por el lapso durante el cual se efectuaron
cotizaciones en Cajanal a favor del demandante, esto es, entre el 20 de mayo de
1977 y el 31 de agosto de 1979.
2.6. Costas
60. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
61. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
23
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00222-01 (3125-2023)
Demandantes: Héctor Quesada Molina
62. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma21.
63. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
64. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala revocará la condena en costas impuesta por el Tribunal
Administrativo de Caldas y se abstendrá de imponerla en esta instancia.
3. Conclusión
65. Por las razones anotadas en precedencia, se advierte que la Ugpp sí se
encontraba legitimada en la causa por pasiva, sin embargo, se modificará la
sentencia de primera instancia con el fin de precisar que, de conformidad con el
artículo 2 del Decreto 1730 de 2001, tanto el departamento de Caldas como la Ugpp
les correspondía reconocer y pagar la indemnización sustitutiva por el tiempo de
servicio durante el cual, cada una, tenía a su cargo el riesgo asociado con la
prestación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Modificar el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 21 de octubre de
2022 por el Tribunal Administrativo de Caldas, el cual quedará así:
«Cuarto: Se ordena al departamento de Caldas que expida el acto administrativo
mediante el cual reconozca la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a que
tiene derecho el señor Héctor Quesada Molina por el tiempo de servicios en el que no
se efectuaron aportes a una entidad de previsión, esto es: i) entre el 1° de septiembre
de 1979 y el 15 de julio de 1984; ii) entre el 27 de agosto de 1984 y el 15 de julio de
1987; iii) entre el 14 de octubre de 1987 y el 21 de febrero de 1988; y iv) entre el 22 de
mayo y el 19 de septiembre de 1988. Dicha prestación se debe liquidar de acuerdo con
las reglas contenidas en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y demás normas
concordantes.
Se ordena a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social [Ugpp] que expida el acto administrativo
mediante el cual reconozca la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a que
tiene derecho el señor Héctor Quesada Molina por el tiempo de servicios cotizado a la
Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal, esto es, entre el 20 de mayo de 1977 y el
31 de agosto de 1979. Dicha prestación se debe liquidar de acuerdo con las reglas
contenidas en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes.
24
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00222-01 (3125-2023)
Demandantes: Héctor Quesada Molina
Las sumas a pagar se actualizarán con los Índices de Precios al Consumidor certificados
por el DANE, mes a mes, con la utilización de la fórmula indicada en la parte
considerativa de esta sentencia.»
Segundo. Revocar el ordinal quinto de la sentencia proferida el 21 de octubre de
2022 por el Tribunal Administrativo de Caldas, con el que se condenó en costas al
departamento de Caldas y, en su lugar:
«Quinto: No condenar en costas.»
Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 21 de octubre de 2022 por
el Tribunal Administrativo de Caldas que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por Héctor Quesada Molina en contra del departamento de Caldas.
Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Salvamento parcial de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JMC
25
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.