Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 17001-23-33-000-2016-00414-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 17001-23-33-000-2016-00414-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 17001-23-33-000-2016-00414-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
19 de mayo de 2022
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00414-01 (25790)
Demandante: Chatarra & Demoliciones S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 17001-23-33-000-2016-00414-01 (25790)
Demandante CHATARRA & DEMOLICIONES S.A.S.
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Impuesto sobre la renta y complementarios. Año gravable
2011. Efectos del silencio administrativo positivo. Demanda de
reconvención.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (en adelante DIAN) contra la sentencia del 6 de marzo de
2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que decidió:
«PRIMERO DECLÁRASE la nulidad de la resolución No. 005086 de julio 11 de 2016 por
medio de la cual se denegó la solicitud de declaratoria de existencia del acto ficto positivo
generado respecto del recurso de reconsideración interpuesto en contra de la liquidación
oficial de revisión No. 102412014000036 del 16 de diciembre de 2014.
SEGUNDO: DECLÁRASE la existencia y configuración del acto administrativo ficto positivo
del 14 de febrero de 2016 generado respecto del recurso de reconsideración interpuesto en
contra de la liquidación oficial de revisión No. 102412014000036 del 16 de diciembre de 2014,
el cual se entenderá configurado en los términos señalados en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: DECLÁRASE la nulidad de la Resolución No. 000075 del 07 de enero de 2016
mediante la cual la Dian pretendió resolver el recurso de reconsideración ya resuelto por el
acto ficto positivo previamente declarado.
CUARTO: DECLÁRASE la nulidad parcial del acto administrativo ficto positivo del 14 de
febrero de 2016, únicamente en lo que respecta a la decisión favorable al contribuyente frente
al desconocimiento de las compras efectuadas por Chatarra & Demoliciones S.A.S. en el año
gravable 2011 a la sociedad Corporación Albergue – Corpal, entendiéndose así que tal
decisión de la liquidación oficial se encuentra ajustada a legalidad.
Perseveran los efectos de dicho acto ficto, en lo que respecta a la decisión favorable al
contribuyente sobre la aceptación de las correcciones efectuadas por Chatarra &
Demoliciones S.A.S. en respuesta al requerimiento especial (sin beneficio de disminución en
la sanción por inexactitud) y la no imposición de sanciones al representante legal y o revisor
fiscal de Chatarra & Demoliciones S.A.S.
QUINTO: DECLÁRASE la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión No.
102412014000036 de 2014 – modificada parcialmente por el acto ficto positivo, en los términos
ya descritos –, en lo referente al valor de la sanción por inexactitud.
SEXTO: A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE que la sanción por inexactitud
a cargo de la sociedad Chatarra & Demoliciones S.A.S. corresponde al 100% de la diferencia
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Demandante: Chatarra & Demoliciones S.A.S.
liquidada entre la declaración privada de renta realizada por la sociedad demandante para el
año gravable 2011 y la liquidación oficial de revisión efectuada por la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales – DIAN.
SÉPTIMO: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda principal y de reconvención
propuestas por la sociedad Chatarra y (sic) Demoliciones S.A.S. y por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
OCTAVO: ORDÉNASE dar cumplimiento al presente fallo en los términos previstos en el
artículo 192 del CPACA.
NOVENO: SIN COSTAS por lo expuesto en la parte motiva.
DÉCIMO: EJECUTORIADA la presente providencia, LÍQUIDENSE los gastos ordinarios del
proceso, DEVUÉLVANSE los remanentes, si los hubiere, a la parte interesada y ARCHÍVESE
el expediente, previas las anotaciones en el sistema Justicia Siglo XXI.
UNDÉCIMO: EXPÍDANSE a costa de la parte interesada las copias auténticas que sean
solicitadas, con las constancias secretariales requeridas, con observancia de los parámetros
legales (Artículo 114 del Código General del Proceso).
DUODÉCIMO: NOTÍFIQUESE esta providencia en los términos del artículo 203 del CPACA»1.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Chatarra & Demoliciones S.A.S. presentó, el 20 de abril de 2012, la declaración del
impuesto sobre la renta por el año gravable 2011 (Nro. formulario
01102001464646), que determinó un saldo total a pagar de $264.000.
La DIAN profirió el Requerimiento Especial Nro. 102382014000015 del 20 de marzo
de 2014, donde propuso modificar la declaración tributaria, en el sentido de rechazar
costos de ventas por $878.019.000 y deducciones por $57.893.000, incrementar el
impuesto a cargo a un valor de $317.988.000 e imponer la sanción por inexactitud
en la suma $494.162.000, para un total saldo a pagar de $803.277.000. Además,
propuso imponer sanción al representante legal y al revisor fiscal por valor de
$98.832.000, para cada uno.
La contribuyente presentó declaración de corrección el 19 de junio de 2014, en la
que aceptó parcialmente la modificación propuesta, en la que aceptó el rechazo de
costos de venta por valor de $282’887.000 y deducciones por valor de $57’893.000
y liquidó sanciones por $228’450.000.
La autoridad tributaria profirió la Liquidación Oficial de Revisión Nro.
102412014000036 del 16 de diciembre de 2014, que señaló que la declaración de
corrección provocada no surtió efectos porque no fueron pagados los valores
determinados, y, por lo anterior, reiteró todas las glosas propuestas en el
requerimiento especial.
El 13 de febrero de 2015, Chatarra & Demoliciones S.A.S. presentó recurso
de reconsideración, pero la DIAN confirmó el acto liquidatorio mediante la
Resolución Nro. 000075 del 7 de enero de 2016.
La sociedad contribuyente solicitó a la autoridad el reconocimiento del silencio
administrativo positivo, mediante memorial del 23 de junio de 2016, pero fue negada
1 SAMAI. Índice 2. PDF 3. Página 66.
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Demandante: Chatarra & Demoliciones S.A.S.
mediante la Resolución Nro. 005086 del 11 de julio de 2016, en la que se advirtió
que contra la misma no procedían recursos en sede administrativa.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL
Demanda principal.
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), Chatarra & Demoliciones S.A.S.
presentó demanda, la cual fue reformada con las siguientes pretensiones:
«PRINCIPAL
Se declare la NULIDAD de la LIQUIDACIÓN OFICIAL IMPUESTO RENTA SOCIEDADES
No. 102412014000036 del 16 de diciembre de 2014, de la RESOLUCIÓN No. 000075 del 7
de enero de 2016, notificada por edicto desfijado el 23 de febrero de 2016 y de la
RESOLUCIÓN No. 005086 del 11 de julio de 2016, notificada el 19 de julio del mismo año,
debido a que operó el silencio administrativo positivo previsto en el artículo 732 E.T. al
resolverse el recurso de reconsideración de manera extemporánea.
A título de restablecimiento del derecho se declare en firme la declaración privada del impuesto
de renta del año gravable 2011 (Formulario No 1102001464646) de CHATARRA &
DEMOLICIONES S.A.S.
SUBSIDIARIA
Se declare la NULIDAD de la LIQUIDACIÓN OFICIAL IMPUESTO RENTA SOCIEDADES
No. 102412014000036 del 16 de diciembre de 2014, de la RESOLUCIÓN No. 000075 del 7
de enero de 2016, notificada por edicto desfijado el 23 de febrero de 2016, a través de las
cuales la DIAN de la ciudad de Manizales modificó la declaración privada (Formulario No
1102001464646) del impuesto de renta del año gravable 2011 presentada por CHATARRA &
DEMOLICIONES S.A.S.
A título de restablecimiento del derecho se declare en firme la declaración privada del impuesto
de renta del año gravable 2011 (Formulario No 1102001464646) de CHATARRA &
DEMOLICIONES S.A.S.»2.
Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 29 y 83 de la
Constitución Política; y los artículos 617, 618, 671, 684, 684-1, 689-1, 732, 742, 743,
744, 745, 746, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 771-2, 772, 773,
774, 777, 786, 787, 788, 789, 790 y 791 del Estatuto Tributario.
Los cargos de nulidad propuestos en la demanda y la reforma se resumen así:
1. Operó el silencio administrativo positivo.
La sociedad actora inició exponiendo que el artículo 732 del Estatuto Tributario
establece que la administración tributaria tiene el plazo de un año para decidir el
recurso de reconsideración, so pena que opere el silencio administrativo positivo.
Además, señaló que la jurisprudencia precisó que no basta que en ese plazo se
expida el acto administrativo, sino que también debe ser notificado para que no
opere esta figura3.
2 SAMAI. Índice 2. PDF 2. Página 141.
3
Al respecto, la actora citó las siguientes providencias del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Cuarta. i) Proceso: 25000-23-27-000-2009-00121-01 (18554). Sentencia del 13 de
junio de 2013; ii) Proceso: 76001-23-31-000-2006-03387-01 (17980). Sentencia del 28 de agosto de 2013;
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Demandante: Chatarra & Demoliciones S.A.S.
Con base en lo anterior, la contribuyente afirmó que interpuso el recurso de
reconsideración en debida forma y en contra de la liquidación oficial de revisión el
13 de febrero de 2015 ante la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de
Manizales, no obstante, la administración notificó la Resolución Nro. 000075
mediante edicto desfijado el 23 de febrero de 2016. Por lo anterior, concluyó que
está probado que se configuró el silencio administrativo positivo en la medida que
finalizó el plazo de un año sin que le fuera notificado el acto que decidió el recurso
interpuesto.
De otro lado, manifestó que la Resolución Nro. 005086 de 2016 negó la
configuración del silencio administrativo positivo porque, a juicio de la entidad, el
recurso solamente se entendió debidamente interpuesto el 25 de febrero de 2015,
fecha en que fue recibido por la Subdirección de Recursos Jurídicos de la DIAN,
que era la dependencia competente para resolverlo. Sin embargo, esta
interpretación es errónea porque el recurso no puede interponerse directamente
ante dicha Subdirección y, además, el auto admisorio del recurso reconoce que el
mismo fue interpuesto en debida forma el 13 de febrero de 2015. En consecuencia,
se configura la causal de nulidad por falta de competencia temporal de la
administración tributaria.
2. Están probados los costos declarados.
La demandante sostuvo que la DIAN aceptó las ventas realizadas en 2011 por valor
de $2.918’775.000, pero del total de los costos declarados de $2.634’888.000,
rechazó $878’019.000 por hechos que, a su juicio, no le son atribuibles, en tanto se
refieren a la imposibilidad de ubicar al proveedor. Además, destacó que, si se
aceptan las conclusiones de la DIAN, la sociedad habría tenido una utilidad del 33%
en el año 2011, porcentaje que no es acorde ni real en el negocio de compra y venta
de chatarra.
Luego, la actora señaló que la liquidación oficial y la resolución que la confirmó
desconocen las operaciones con la Corporación El Albergue – CORPAL porque no
fue encontrada en la dirección inscrita en el RUT. Sin embargo, a juicio de la
contribuyente, esta justificación no era suficiente porque la autoridad tributaria no
presentó alguna objeción a las facturas que soportaron las operaciones declaradas.
Además, indicó que no se tuvo en cuenta que en la dirección registrada, quienes
residían en el inmueble informaron que la Corporación había desarrollado sus
operaciones en ese lugar. Finalmente, señaló que el hecho de que el proveedor no
declare el impuesto de renta por el mismo periodo fiscalizado no es un hecho
atribuible a Chatarra & Demoliciones S.A.S.
Al hilo de lo anterior, la demandante sostuvo que el rechazo de los costos de ventas
declarados no fue debidamente motivado porque la DIAN no cumplió con su carga
de la prueba. Por el contrario, le impuso a la sociedad investigada la carga de
verificar que sus proveedores presentaron declaraciones tributarias.
Advirtió que no existe prueba que desvirtué las compras realizadas por el
contribuyente, las cuales se encuentran soportadas como lo exige la ley. Agregó
que se juzga la actuación de un tercero que no es parte del proceso, y que no ha
sido declarado proveedor ficticio, e indicó que lo anterior también constituye una
iii) Radicado interno Nro.: 17142. Sentencia del 21 de octubre de 2010; y iv) Radicado interno Nro. 15532.
Sentencia del 12 de abril de 2007.
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Demandante: Chatarra & Demoliciones S.A.S.
violación del principio de buena fe.
3. No procede la sanción por inexactitud.
La sociedad actora sostuvo que no debió imponerse la sanción por inexactitud
porque las operaciones declaradas son reales, y no fueron desvirtuadas por la
administración.
Oposición a la demanda principal
La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:
1. No operó el silencio administrativo positivo.
La entidad demandada indicó que, como se expuso en la Resolución Nro. 005086,
el término para que se configure el silencio administrativo positivo solo puede iniciar
ante la interposición del recurso en debida forma. Así, consideró que uno de los
requisitos esenciales del recurso de reconsideración consiste en que sea
presentado ante la autoridad competente, según lo dispone el artículo 720 del
Estatuto Tributario. En concordancia, afirmó que, con base en la cuantía y la
naturaleza del conflicto, la autoridad competente para conocer el recurso en este
caso era la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, área del nivel central
de la DIAN, la cual solo recibió el memorial correspondiente el 25 de febrero de
2015, puesto que ese documento fue presentado ante la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas de Manizales el día 13 del mismo mes y año.
Posteriormente, la entidad manifestó que la Resolución Nro. 00075 de 2016 fue
notificada mediante edicto desfijado el 23 de febrero de 2016, por lo que a su juicio
el acto que agotó la vía gubernativa fue notificado antes de que finalizara el plazo
para que se configurara el silencio administrativo positivo.
En todo caso, la DIAN sostuvo que, aún si se considera que se configuró el silencio
administrativo positivo, esto no supone automáticamente la nulidad de la liquidación
oficial de revisión. Para fundamentar esa afirmación, puso de presente que el
artículo 734 del Estatuto Tributario dispone que ante esta situación el recurso se
entenderá fallado en favor del contribuyente, pero solo frente a los puntos que
hubieren sido controvertidos.
En este orden, la autoridad tributaria indicó que el recurso de reconsideración
interpuesto por Chatarra & Demoliciones S.A.S. no controvirtió la totalidad de la
liquidación oficial de revisión, sino solamente el rechazo de los costos de ventas por
valor de $503’342.874, que corresponde a las operaciones simuladas con
Corporación El Albergue – CORPAL. Además, indicó que la actora, en la liquidación
de corrección, aceptó un saldo por pagar por valor de $371’495.000, por lo que este
punto no puede ser modificado por el acto administrativo ficto o presunto.
De otro lado, adujo que el silencio administrativo positivo no puede amparar
situaciones ilegales, por lo que anunció que presentaría una demanda de
reconvención mediante escrito separado, en la cual pretendería la nulidad del acto
ficto o presunto que hubiere podido surgir.
2. Proceden las glosas de la liquidación oficial de revisión.
La entidad demandada expuso en este punto que procede el rechazo de los costos
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de ventas por valor de $503’342.874, que corresponden a las operaciones
simuladas entre la contribuyente y Corporación El Albergue – CORPAL.
Para sustentar lo anterior, señaló que no fue posible localizar al proveedor en la
dirección inscrita en el RUT. Además, puso de presente que, en la visita practicada
en 2012, se interrogó a los ocupantes del inmueble sobre si conocían al proveedor,
los cuales informaron que éste cerró sus actividades hace 3 años, es decir antes
del periodo fiscalizado 2011. Finalmente, advirtió que el proveedor no tenía cuentas
de ahorros o corriente a su nombre, a pesar de las grandes cantidades de dinero
que representaban las operaciones reportadas.
Posteriormente, la DIAN sostuvo que la demanda no formuló cargos de nulidad por
los otros rechazos de costos de ventas, pero que es necesario tener en cuenta las
pruebas que permitieron concluir que se derivan de operaciones simuladas para el
momento en que se estudie la demanda de reconvención.
Así, señaló que rechazó los costos de ventas por valor de $231’954.982 porque
algunos de los proveedores consultados informaron que no tuvieron relaciones
comerciales con Chatarra & Demoliciones S.A.S. en el año 2011, mientras que otros
no fueron localizados o no dieron respuestas a los requerimientos realizados.
Continuó poniendo de presente que rechazó los costos de ventas por valor
$24’230.197 debido a que los proveedores relacionados en estas operaciones
estaban sometidos al régimen común del IVA, por lo que sus operaciones solo
podían estar respaldadas en facturas. Pese a lo anterior, la contribuyente no las
aportó, de tal modo que no fueron cumplidos los requisitos legales para reconocer
los costos. De igual manera, la entidad afirma que rechazó costos por valor de
$118’491.020 porque, a pesar de que las operaciones reportadas estaban gravadas
con IVA, los proveedores eran personas naturales que no estaban inscritas en el
RUT.
De otro lado, la DIAN manifestó que también rechazó gastos operacionales de
administración por valor de $18’447.000, la deducción por depreciación de
$32’432.905 y la deducción por intereses financieros de $7’013.000. En este punto
también señaló que, a pesar que la demandante no alegó ningún cargo de nulidad
relacionado con este punto, considera esencial tener presente que estos conceptos
no fueron debidamente demostrados por la actora.
Finalmente, sostuvo que existen otros indicios de la inexactitud de la declaración
presentada por la sociedad actora, puesto que en la investigación adelantada contra
la sociedad Excecol S.A.S., cuya representante legal es la esposa del representante
legal de Chatarra & Demoliciones S.A.S., se acreditó que realizó operaciones
simuladas con la hoy demandante.
3. Procede la sanción por inexactitud.
La entidad demandada manifestó que las irregularidades antes indicadas dieron
lugar a que la sociedad actora declarara un menor valor por concepto de impuestos,
de tal modo que procede la imposición de la sanción por inexactitud.
Demanda de reconvención
La DIAN, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
del artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
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Administrativo, presentó demanda de reconvención en la que formuló las siguientes
pretensiones:
«En nombre de la entidad pública que represento solicito:
i) DECLARAR LA NULIDAD: del Acto administrativo presunto, originado en el silencio
administrativo positivo, por la notificación extemporánea de la resolución No. 000075
del 07 de enero de 2016, por medio de la cual se resuelve (SIC) recurso de
reconsideración.
ii) Como consecuencia de lo anterior, solicito a este H. Tribunal de instancia, que, como
restablecimiento del derecho, se deje en FIRME o se CONFIRME el acto administrativo
liquidación oficial de revisión de renta No 102412014000036 del 16 de diciembre de
2014. Por medio de la cual se modifica la declaración privada de renta No.
770328005309 de fecha 20 de abril de 2012» 4.
La Sala pone de presente que el Tribunal admitió la demanda de reconvención
mediante auto del 3 de septiembre de 20185.
La DIAN invocó como normas violadas los artículos 83 y 95-9 de la Constitución
Política; así como los artículos 26, 107, 177-2, 617, 618, 647, 709 y 713 del Estatuto
Tributario.
En el concepto de la violación, la autoridad demandante en reconvención señaló
que el silencio administrativo positivo no puede amparar situaciones jurídicas ilícitas.
Luego, continuó manifestando que fue demostrado en el trámite administrativo que
las compras efectuadas por Chatarra & Demoliciones S.A.S. fueron simuladas y que
las deducciones solicitadas no procedían. Así las cosas, sostuvo que el acto
administrativo ficto o presunto es ilegal y, por lo tanto, debe ser anulado porque
estaría amparando una situación jurídica ilícita en favor de la sociedad
contribuyente.
Consideró que si bien, la administración tiene la potestad de revocar el acto
administrativo surgido del silencio administrativo positivo, con mayor razón lo puede
hacer el juez natural para establecer la legalidad del acto presunto, en la medida
que el actuar de la sociedad no contribuye a financiar las cargas públicas bajo los
principios de justicia y equidad, por declarar costos simulados.
Luego, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda principal
y la liquidación oficial sobre la improcedencia de los costos de ventas y deducciones.
Oposición a la demanda de reconvención
Chatarra & Demoliciones S.A.S. controvirtió las pretensiones de la demanda de
reconvención proponiendo la excepción de caducidad6. Para esto, afirmó que el
silencio administrativo positivo se configuró el 14 de febrero de 2016 (dado que la
DIAN tenía hasta el 13 de febrero de 2016 para notificar la resolución que resolvió
el recurso de reconsideración), de tal modo que el término para presentar la
demanda de reconvención finalizó el 14 de junio del mismo año. Pese a esto, ejerció
el derecho de acción el 4 de mayo de 2017, por lo que concluyó que fue
extemporánea.
4 SAMAI. Índice 2. PDF 2. Página 444.
5 SAMAI. Índice 2. PDF 3. Página 1.
6 El Tribunal en la audiencia inicial celebrada el 9 de abril de 2019, declaró que no se configuraba
la excepción de caducidad, en la medida que la demanda de reconvención podía interponerse en
cualquier tiempo, por estar dirigida contra un acto ficto o presunto (SAMAI. Índice 2. PDF 2.
Páginas 330 a 331)
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Demandante: Chatarra & Demoliciones S.A.S.
De otro lado, como argumentos de defensa, sostuvo que el silencio administrativo
positivo se configura por el simple paso del tiempo, y que al notificarse de forma
extemporánea la resolución que resolvió el recurso, la misma está viciada de falta
de competencia temporal de la administración. Además, afirmó que los argumentos
planteados por la autoridad tributaria no fueron debidamente probados.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Caldas accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda principal y de la demanda en reconvención con base en las siguientes
consideraciones:
1. Sobre la configuración del silencio administrativo positivo.
El Tribunal indicó que el artículo 720 del Estatuto Tributario establece que el recurso
de reconsideración debe interponerse ante la dependencia que profirió el acto
administrativo. Por este motivo, en la liquidación oficial de revisión acusada consta
que el recurso de reconsideración debía ser interpuesto por la contribuyente ante la
División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de
Manizales. En este orden, concluyó que la entidad demandada no tiene la razón
cuando afirma que el término para que opere el silencio administrativo positivo solo
inició cuando la Subdirección de Recursos Jurídicos recibió el memorial respectivo.
El Tribunal consideró que está probado que Chatarra & Demoliciones S.A.S.
interpuso el recurso de reconsideración el 13 de febrero de 2015 en debida forma,
de tal modo que el plazo de un año para notificar el acto que lo resolviera finalizaba
el mismo día y mes de 2016. No obstante, la Resolución Nro. 000075 de 2016 fue
notificada mediante edicto desfijado el 23 de febrero de 2016, esto es, luego de que
precluyó la oportunidad para hacerlo, por lo que operó el silencio administrativo
positivo.
La sentencia de primera instancia puso de presente que lo expuesto da lugar a
declarar la nulidad de la Resolución Nro. 005086 de 2016, acto que negó el
reconocimiento del silencio administrativo positivo, y de la Resolución Nro. 000075
de 2016, que negó el recurso de reconsideración. Así como declarar la configuración
del silencio administrativo positivo resolviendo de forma favorable el recurso de
reconsideración.
Luego, el Tribunal precisó que el recurso interpuesto por Chatarra & Demoliciones
S.A.S. únicamente controvirtió tres aspectos de la liquidación oficial: i) el
desconocimiento de los costos de ventas de las operaciones con Corporación El
Albergue – CORPAL, ii) la aceptación de la corrección parcial efectuada en la
respuesta al requerimiento especial y iii) la imposición de las sanciones al
representante legal y al revisor fiscal. En consecuencia, indicó que la configuración
del silencio administrativo positivo solo permite tener como fallados en favor del
contribuyente estos tres puntos.
Luego, advirtió que la DIAN, en la demanda de reconvención, solamente expuso las
razones por las que debe considerarse legal el rechazo de los costos declarados
por las operaciones con la Corporación El Albergue – CORPAL, de tal modo que los
otros dos puntos amparados por el silencio administrativo positivo no serán objeto
de análisis.
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Demandante: Chatarra & Demoliciones S.A.S.
El Tribunal aclaró que el silencio administrativo positivo no puede ser utilizado para
obtener beneficios no previstos por la ley, según lo señaló el Consejo de Estado en
sentencia del 30 de julio de 20097. Además, indicó que el silencio administrativo
positivo no determina la legalidad del derecho sustancial que se reconoce por el
acto ficto o presunto, por lo que nada impide que se examine su legalidad,
afirmación que también realizó el Consejo de Estado en sentencia del 12 de abril de
20188.
2. Sobre el rechazo de los costos de ventas por operaciones realizadas con
la Corporación El Albergue – CORPAL
Al analizar el caso bajo examen, el Tribunal indicó que las operaciones con
Corporación El Albergue – CORPAL no fueron rechazadas porque se trate de un
proveedor ficticio, sino porque las pruebas practicadas permitieron determinar que
las operaciones declaradas fueron simuladas. Así las cosas, concluyó que en este
caso es irrelevante si la DIAN declaró a la Corporación como proveedor ficticio o no.
Luego, el Tribunal indicó que, según el acto administrativo, el rechazo de los costos
declarados tuvieron sustento en que: i) el proveedor no fue encontrado en la
dirección registrada en el RUT; ii) al consultar a la persona que se encontraba en la
dirección informó que la Corporación no desarrollaba su actividad en el lugar desde
antes del periodo fiscalizado 2011; iii) no existen pagos realizados a través del
sistema bancario a pesar de ser por un alto valor; iv) el proveedor no presentó
declaraciones tributarias por el año gravable 2011; v) Chatarra & Demoliciones
S.A.S. también declaró operaciones con personas naturales, las cuales negaron
haber tenido dichas relaciones comerciales; y vi) el espacio en el que
supuestamente funcionaba la Corporación El Albergue – CORPAL no correspondía
al volumen de ventas, por ser reducido.
Lo anterior demuestra, para el Tribunal, debe tenerse como simuladas las
operaciones de compra con la Corporación El Albergue – CORPAL, y en esa
medida, esos costos debían ser rechazados como se determinó en la liquidación
oficial.
Concluyó que “la DIAN logró desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre el acto ficto
de carácter positivo que se generó con ocasión de la falta de respuesta en término al recurso de
reconsideración planteado por Chatarra & Demoliciones S.A.S. (…) de suerte que se accederá
parcialmente a las pretensiones formuladas en la demanda de reconvención frente a dicho tópico”.
3. Sobre la sanción por inexactitud.
El Tribunal puso de presente que la liquidación oficial de revisión impuso sanción
por el 160% de la diferencia entre el saldo a pagar declarado y el determinado
oficialmente. Sin embargo, en aplicación del principio de favorabilidad, la sanción
debe reducirse al 100%.
4. Sobre la condena en costas.
El a quo concluyó que no procede la condena en costas porque prosperaron las
7 El a quo citó la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Cuarta. Proceso: 11001-03-27-000-2006-00048-00 (16253). CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
8 El Tribunal invocó la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Cuarta. Proceso: 76001-23-31-000-2011-00475-01 (21987). CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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pretensiones de ambas demandas.
Recurso de apelación
La DIAN presentó recurso de apelación contra la anterior decisión y solicitó lo
siguiente:
«5.1. Solicito revocar de la sentencia impugnada el artículo CUARTO, que DECLARÓ la
nulidad parcial del acto administrativo ficto positivo del 14 de febrero de 2016.
En su lugar solicito: DECLARAR LA NULIDAD TOTAL del Acto administrativo positivo
presunto, originado en el silencio administrativo positivo, por la notificación extemporánea de
la resolución No. 000075 del 07 de enero de 2016, por medio de la cual se resuelve el recurso
de reconsideración.
Como consecuencia de lo anterior, solicito declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial
de Revisión No. 102412014000036 de 2014, en lo referente únicamente al valor de la sanción
por inexactitud, por el principio de favorabilidad» 9.
La entidad demandada y demandante en reconvención fundamentó esta petición en
los siguientes argumentos:
1. No debe aplicarse el principio de justicia rogada.
Destacó que le asiste la razón al Tribunal cuando señala que el silencio
administrativo positivo no puede utilizarse para convalidar situaciones ilegales.
Además, indicó que «cuando es notorio y palmario la transgresión de la Constitución y el
ordenamiento jurídico, es deber de éste (el juez) proveer por su restablecimiento a partir del estudio
integral de los supuestos jurídicos y fácticos que circunscribieron el acto administrativo con el fin de
restablecer el orden sin importar si la parte interesada presentó o no oposición o defensa frente a
todos los puntos que se tocaron en el acto administrativo objeto de control de legalidad» 10
(paréntesis de la Sala).
Con base en lo anterior, sostuvo que la revisión integral solicitada constituye una
excepción al principio de justicia rogada, que se justifica en la utilización de
maniobras engañosas por parte del contribuyente. Así mismo, señaló que la Corte
Constitucional11 consideró que constituye un riesgo para los derechos
fundamentales la aplicación rigurosa del principio de justicia rogada porque resta
importancia a la labor interpretativa del juez y menoscaba el principio del derecho
sustancial sobre el formal. Y, advirtió que el Consejo de Estado ha estudiado la
legalidad de actos administrativos que inicialmente no fueron objeto de controversia,
también en aplicación del principio del derecho sustancial sobre el formal12.
2. La ilegalidad del acto administrativo ficto o presunto no se limita a las
operaciones simuladas con Corporación El Albergue – CORPAL.
La DIAN sostuvo que el Tribunal declaró la nulidad parcial del acto ficto o presunto
solo en lo referente a las operaciones relacionadas con la Corporación El Albergue
– CORPAL. Sin embargo, la demanda de reconvención propuso cargos que no
fueron analizados, y que darían lugar a la nulidad total del acto ficto,
correspondientes al rechazo de costos y deducciones determinados en la
liquidación oficial. Así las cosas, señaló que estos puntos deben ser objeto de
9 SAMAI. Índice 2. PDF 3. Página 93.
10 SAMAI. Índice 2. PDF 3. Página 77.
11 La apelante citó la siguiente providencia: Corte Constitucional. Sentencia C-197 de 1999.
12 La DIAN invocó la sentencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda.
Proceso: 11001-03-25-000-2013-00171-00 (0415-13). CP: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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estudio porque «cumplieron con los requisitos de justicia rogada y garantizaron el derecho de
defensa y contradicción a la sociedad reconvenida» 13.
Luego, la entidad apelante transcribió el concepto de la violación de la demanda de
reconvención y sostuvo que la sentencia de primera instancia cometió un error al
extender los efectos del silencio administrativo positivo sobre los demás rechazos
contenidos en la liquidación oficial que no estaban relacionados con la Corporación
El Albergue – CORPAL.
3. El silencio administrativo positivo no puede otorgar efectos a la
declaración de corrección.
La DIAN manifestó que es cierto que la demanda de reconvención no expuso nada
relacionado con la declaración de corrección presentada por la contribuyente con la
respuesta al requerimiento especial. No obstante, indicó que esto se debió a que
dicha declaración es ineficaz de pleno derecho porque no cumplió los requisitos del
artículo 709 del Estatuto Tributario y, por lo tanto, no podía ser reconocida mediante
un silencio administrativo positivo.
En todo caso, destacó que este punto tampoco fue planteado en la demanda de
Chatarra & Demoliciones S.A.S., que se limitó a pretender la firmeza de la
declaración inicial y no de la corrección, por lo que no podía ser objeto de debate
por la demanda de reconvención. Así las cosas, considera que la decisión de
primera instancia que otorgó efectos al silencio administrativo positivo y a la
declaración de corrección es un fallo extra petita.
4. El silencio administrativo positivo no puede enervar las sanciones
impuestas al representante legal y al revisor fiscal.
El artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y los artículos 281 y 282 del Código General del Proceso ordenan a
los jueces declarar las excepciones que encuentren probadas.
En el caso bajo examen, la liquidación oficial de revisión impuso sanciones al
representante legal y al revisor fiscal de la sociedad actora como consecuencia
directa de la declaración de compras inexistentes con la Corporación El Albergue –
CORPAL y otros proveedores. Además, estos hechos fueron confirmados por el
análisis probatorio del Tribunal, motivo por el cual están demostrados todos los
supuestos necesarios para imponer las sanciones al representante legal y al revisor
fiscal.
Además, destacó que la demanda inicial determina la conducta de las partes y del
juez en el proceso, y en este caso, se limitó a solicitar la vinculación del
representante legal y del revisor fiscal, pero no expuso argumentos que contraríen
la sanción que les fue impuesta. Por esa razón, en la demanda de reconvención, la
DIAN no planteó ningún punto de controversia sobre este punto, pues el silencio
administrativo positivo no podía enervar las sanciones legalmente impuestas.
En gracia de discusión, si se considera que la demanda inicial sí se opuso a la
sanción, el juez debe abstenerse de pronunciarse sobre estos puntos porque el
abogado de la parte demandada solo tiene derecho de postulación para representar
13 SAMAI. Índice 2. PDF 3. Página 78.
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a la sociedad y no a las personas naturales sancionadas.
Alegatos de conclusión
Chatarra & Demoliciones S.A.S. guardó silencio.
La DIAN reiteró lo expuesto en el recurso de apelación.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad del acto administrativo ficto o
presunto que surgió por la configuración del silencio administrativo positivo
(reconocido por el Tribunal), según los argumentos planteados por la DIAN como
apelante único.
La entidad apelante sostuvo que el Tribunal debió declarar la nulidad total del acto
administrativo ficto o presunto originado en el silencio administrativo positivo porque
las glosas contenidas en la liquidación oficial de revisión son procedentes y legales.
También, discutió que el acto ficto no puede convalidar situaciones ilegales, y en
esa medida, como una excepción al principio de justicia rogada, el juez debe
anularlo. Y, que el silencio administrativo no puede dar efectos a la corrección de la
declaración ni desconocer las sanciones al representante legal ni al revisor fiscal.
Para decidir el recurso, la Sala reitera el criterio jurídico adoptado, entre otras, en
las sentencias del 22 de octubre de 202014, 25 de febrero15 y del 26 de agosto de
202116, sobre el alcance del silencio administrativo positivo.
Así en la sentencia del 22 de octubre de 2020, se puso de presente que el artículo
732 del Estatuto Tributario establece que la administración tiene un año para
resolver el recurso de reconsideración, término contabilizado desde su interposición
con el cumplimiento de los requisitos legales, y que el artículo 734 ibidem indica que
el incumplimiento de este término tiene como consecuencia que el recurso se
entiende decidido en favor del contribuyente. Con base en esto destacó que «según
lo dispuesto por los artículos 732 y 734 del Estatuto Tributario el recurso de reconsideración es uno
de los instrumentos previstos por el ordenamiento jurídico para que los particulares ejerzan su
derecho de defensa oponiéndose a los argumentos y a las pruebas presentadas por la administración
tributaria. Pero, si la autoridad no realiza un pronunciamiento expreso y oportuno al respecto, se
configura el silencio administrativo positivo, de tal forma que se entiende decidido el recurso en favor
del administrado». Luego, explicó la consecuencia jurídica de la declaratoria del
silencio administrativo positivo, así:
«Entonces, en el caso bajo examen, como lo ha señalado la Sala en otras oportunidades, el
municipio de Acacías violó el derecho de la contribuyente al no resolver oportunamente su
recurso de reconsideración, lo cual era suficiente para anular los actos administrativos
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 50001-23-31-000-
2011-00022-01 (23845). Sentencia del 22 de octubre de 2020. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E).
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 76001-23-33-000-
2012-00349-01(23397). Sentencia del 25 de febrero de 2021. C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 50001-23-33-000-
2018-01108-02 (25042). Sentencia del 26 de agosto de 2021. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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expresos. De lo contrario, se haría nugatoria la garantía prevista por el ordenamiento jurídico
en favor de los administrados.
El Tribunal concluyó, en la sentencia apelada, que la configuración del silencio administrativo
positivo únicamente tiene como consecuencia la nulidad del acto que resuelve
extemporáneamente el recurso de reconsideración (Resolución 016 de 2010), por lo que
estudió la validez de la liquidación oficial del tributo (Resolución 004 de 2009) al decidir sobre
la demanda de reconvención. Sin embargo, esta Sección ha considerado que la
configuración del silencio administrativo positivo tiene como consecuencia la nulidad
de ambos actos administrativos (Así se hizo, entre otras, en las sentencias del 18 de junio
de 2020, exp. 24363, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez -E-; del 16 de julio de 2020, exp.
23864, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto; y del 13 de agosto de 2020, exp. 22923, CP.
Milton Chaves García).
Así las cosas, aunque procedía el trámite de la demanda de reconvención porque se
cumplieron los requisitos del artículo 145 del CCA, bajo el criterio fijado por la Sala, debían
negarse sus pretensiones porque no podía declararse que la Resolución 004 de 2009 tiene
plena vigencia, tal como lo solicitó expresamente la entidad territorial (f.1, c.2), todo, porque la
nulidad por falta de competencia temporal afectó la liquidación oficial del tributo y la
resolución que resolvió el recurso de reconsideración» (Resaltado de Sala).
En cuanto a los efectos del silencio administrativo positivo, la Sentencia del 25 de
febrero y del 26 de agosto de 2021, precisaron, respectivamente que:
“Contrario a lo dicho por la apelante, en este caso no se está convalidando una situación
jurídica ilegal. En sentencia del 10 de octubre de 2019, esta Sección señaló que la
configuración del silencio administrativo positivo debe ser respetada por la administración. Es
decir, que «una vez se ha producido el silencio administrativo positivo, debe tomarse como
cierta y definitiva la decisión presunta a favor del administrado, por lo que se entiende que la
Administración pierde competencia para revocar esa decisión presunta, y decidir la petición
o los recursos frente a los que operó dicha figura»
En concordancia, en sentencia del 22 de octubre de 2020, la Sala precisó que la
configuración del silencio administrativo positivo tiene como consecuencia la nulidad
del acto inicial y del acto que decide el recurso de forma extemporánea. Esto es así
porque, «De lo contrario, se haría nugatoria la garantía prevista por el ordenamiento jurídico
en favor de los administrados»”
“En cuanto a los efectos del silencio administrativo positivo, la Sala precisó que su
configuración tiene como consecuencia la nulidad del acto de determinación y del acto
que decide el recurso de forma extemporánea. Ello, porque «de lo contrario, se haría
nugatoria la garantía prevista por el ordenamiento jurídico en favor de los administrados»
(fallos del 22 de octubre de 2020, exp. 23845, CP: Julio Roberto Piza (E); del 25 de febrero de
2021, exp. 23397, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello y del 05 de agosto de 2021, exp.
25459, CP: Milton Chaves García). Tales criterios de decisión bastan para reconocer que
resulta improcedente el argumento de la apelante, según el cual, solamente puede
reconocerse el silencio administrativo positivo en la jurisdicción cuando se demanda el acto
que niega su configuración; y, que su reconocimiento no deba dar lugar a la nulidad de los
actos enjuiciados”. (Resaltado de Sala).
De acuerdo con el criterio citado, la configuración del silencio administrativo positivo
genera la nulidad del acto inicial y del que resuelve el recurso de reconsideración.
Ahora, al analizar el litigio de la referencia, se advierte que la DIAN no discute en la
apelación la configuración del silencio administrativo positivo declarada por el
Tribunal, sino que considera que el acto administrativo ficto o presunto debe ser
declarado totalmente nulo para que surtan efectos las glosas contenidas en la
liquidación oficial.
No obstante, como fue expuesto en el citado precedente, la configuración del acto
ficto o presunto da lugar a la nulidad de la liquidación oficial de revisión. Conclusión
13
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que se refuerza en el asunto bajo examen teniendo en cuenta que para el momento
en que se profirió la resolución que resolvió el recurso de reconsideración estaba
vigente el numeral 3 del artículo 730 del Estatuto Tributario, según el cual los actos
de liquidación y las resoluciones que deciden recursos son nulos «Cuando no se
notifiquen dentro del término legal». Todo, con fundamento en la pérdida de competencia
temporal de la administración para pronunciarse y liquidar o modificar el gravamen.
Adicionalmente, encontrándose configurado el silencio administrativo positivo, esto
implicaba reconocer que el recurso fue fallado a favor del contribuyente, y dado que
el mismo tuvo como solicitud “que se REVOQUE la LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN
No. 102412014000036 del 16 de diciembre de 2014” 17, debió entenderse resuelto en el
sentido revocar el acto liquidatorio.
Así las cosas, el Tribunal no debió limitarse a declarar la nulidad de la Resolución
Nro. 005086 del 11 de julio de 2016 (que negó la configuración del silencio
administrativo positivo) y de la Resolución Nro. 00075 del 7 de enero de 2016 (que
decidió extemporáneamente el recurso de reconsideración), sino también de la
Liquidación Oficial de Revisión Nro. 102412014000036 del 16 de diciembre de 2014.
Ahora, la Sala precisa que la excepción al principio de justicia rogada que plantea
el apelante realmente pretende el análisis de fondo de la actuación administrativa
respecto de la cual la DIAN perdió competencia temporal para decidir y que por
disposición expresa de la ley debe entenderse resuelta a favor del recurrente, de
ahí que no proceda el análisis de los cargos discutidos en los actos acusados.
En dicho sentido, para este caso no es posible que prospere el recurso de apelación
y declarar la nulidad total del acto ficto o presunto, como fue solicitado en la
demanda de reconvención, en la medida que la configuración del silencio
administrativo positivo responde a la salvaguarda del derecho al debido proceso de
los contribuyentes porque, como lo indicaron las sentencias antes analizadas, «de lo
contrario, se haría nugatoria la garantía prevista por el ordenamiento jurídico en favor de los
administrados».
Lo expuesto es suficiente para negar los cargos de la apelación porque, se insiste,
la configuración del silencio administrativo positivo bastaba para declarar la nulidad
de los actos administrativos acusados por Chatarra & Demoliciones S.A.S., sin que
sea necesario estudiar cuál fue el alcance de los cargos de nulidad propuestos en
la demanda de reconvención.
No obstante, se destaca que la DIAN actuó como apelante único, de tal manera que
no pude ser desmejorada, en aplicación del principio de non reformatio in pejus.
Finalmente, la apelante indicó que el abogado de la sociedad actora carece de
derecho de postulación para actuar en nombre del representante legal y del revisor
fiscal que fueron sancionados.
Al respecto, en el expediente consta que el representante legal de la sociedad
actora otorgó poder a la abogada Ana María Forero Trejos para que, “en nombre y
representación de Chatarra & Demoliciones S.A.S.”18, presentara la demanda que
17 SAMAI. Índice Cuaderno de Pruebas. Fl. 362.
18 SAMAI. Índice 2. Página 3.
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inició el proceso de la referencia. Esta Sección, en la sentencia del 5 de agosto de
2021, analizó un caso similar y consideró lo siguiente:
“La apoderada de la parte actora presentó demanda en la que adujo actuar en representación
de la sociedad Barranquilla Recycling Ltda (f. 50), para lo cual, el representante legal de la
misma le otorgó el correspondiente poder (f. 50). Sin embargo, una de las pretensiones de la
demanda busca que se declare la nulidad de las sanciones al representante legal de la
contribuyente y al revisor fiscal que les fueron impuestas en los actos de liquidación debatidos,
siendo que para controvertir esa situación se requería que la apoderada actuara en
representación de las personas naturales involucradas, para lo cual, estas debían otorgar el
correspondiente poder como directas interesadas en demandar la situación jurídica que les
fue definida en dichos actos. Comoquiera que la apoderada actúa solo en representación de
la sociedad, persona jurídica que difiere de su representante legal y revisor fiscal, la
demandante carece de legitimación en causa para reclamar la anulación de las referidas
sanciones y por ese motivo, se debe declarar probada tal excepción previa”19 (subraya la
Sala).
Para este caso, se observa que la demanda no formuló una pretensión
independiente relacionada con la nulidad de la sanción impuesta al representante
legal y la revisora fiscal, motivo por el cual no se configuraría la falta de legitimación
en la causa, contrario a lo ocurrido en la sentencia del 5 de agosto de 2021. Además,
se destaca que la abogada de la parte actora no alegó que actuara en nombre del
representante legal o del revisor fiscal, de tal modo que tampoco estaría probada la
falta de derecho de postulación invocada por la DIAN. En realidad, la sociedad
actora solamente pretendió la nulidad total de los actos de determinación del tributo
como consecuencia de la configuración del silencio administrativo positivo.
Ahora, el Tribunal, en el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia apelada,
hizo un pronunciamiento al respecto al señalar lo siguiente:
«CUARTO: DECLÁRASE la nulidad parcial del acto administrativo ficto positivo del 14 de
febrero de 2016, únicamente en lo que respecta a la decisión favorable al contribuyente frente
al desconocimiento de las compras efectuadas por Chatarra & Demoliciones S.A.S. en el año
gravable 2011 a la sociedad Corporación Albergue – Corpal, entendiéndose así que tal
decisión de la liquidación oficial se encuentra ajustada a legalidad.
Perseveran los efectos de dicho acto ficto, en lo que respecta a la decisión favorable al
contribuyente sobre la aceptación de las correcciones efectuadas por Chatarra &
Demoliciones S.A.S. en respuesta al requerimiento especial (sin beneficio de disminución en
la sanción por inexactitud) y la no imposición de sanciones al representante legal y o revisor
fiscal de Chatarra & Demoliciones S.A.S.»20 (subraya la Sala).
Empero, este pronunciamiento del Tribunal no permitiría declarar la falta de
legitimación en la causa por activa en la medida que su decisión no corresponde a
una pretensión de la demanda, sino a la consecuencia lógica de la configuración del
silencio administrativo positivo.
Por lo expuesto, no prospera el recurso de apelación, de tal modo que la sentencia
de primera instancia será confirmada.
De otro lado, no se impondrá condena en costas porque no fue demostrada su
causación, tal como lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso,
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 08001-23-33-001-
2013-00587-01 (22478). Sentencia del 5 de agosto de 2021. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.
20 SAMAI. Índice 2. PDF 3. Página 66.
15
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Demandante: Chatarra & Demoliciones S.A.S.
aplicable en virtud del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, por los motivos expuestos en esta providencia.
2. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
16
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