Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00427-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00427-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2016-00427-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2016-00427-01 (0275-2021)
Demandante: Ángel Danilo Velásquez Giraldo
Demandado: Municipio de Manizales
Tema: prima técnica. Subtema 1: evaluación de desempeño. Subtema 2:
empleado territorial. Subtema 3: Decreto 1161 de 1991 y Decreto reglamentario
2164 de 1991.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 15 de noviembre de 2019, por el Tribunal Administrativo de Caldas, que
declaró probada la excepción de inexistencia del derecho reclamado y en
consecuencia negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Ángel Danilo Velásquez Giraldo solicitó la nulidad del Oficio SE-UAF-2374
del 10 de septiembre de 2015 expedido por el municipio de Manizales, mediante el
cual se le negó el reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación de
desempeño. Por su parte, el Tribunal declaró probada la excepción de inexistencia
del derecho, al considerar que no existe fundamento legal que permita acceder a lo
pretendido por el actor, toda vez que dicha prestación está establecida únicamente
para los servidores públicos de orden nacional, calidad que el demandante no
ostenta.
Radicación: 17001-23-33-000-2016-00427-01 (0275-2021)
Demandante: Ángel Danilo Velásquez Giraldo
Demandado: Municipio de Manizales
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Ángel Danilo Velásquez Giraldo, mediante apoderado judicial,
formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el municipio de Manizales, Secretaría de Educación, de conformidad
con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se
sintetizan1.
2.1.1. Pretensiones
i. Declarar la nulidad del Oficio SE-UAF-2374 del 10 de septiembre de
2015, expedido por el municipio de Manizales, mediante el cual se le negó al
actor el reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación de
desempeño.
ii. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la entidad territorial
que reconozca y pague al demandante la prima técnica por evaluación de
desempeño, equivalente al 50% del salario devengado, por los periodos
comprendidos entre el 13 de agosto de 2008 y 15 de enero de 2010, así como
entre el 16 de enero de 2010 y el 30 de noviembre de 2013, conforme a lo
previsto en el Decreto 1661 de 1991, reglamentado por el Decreto 2164 del
mismo año.
iii. Condenar a la parte accionada a indexar las sumas adeudadas
conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC); reconocer y pagar los
intereses moratorios y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2.
2.1.2. Hechos
2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así3:
i. El señor Ángel Danilo Velásquez Giraldo laboró como técnico
operativo en la Institución Educativa Francisco José de Caldas del municipio
de Manizales. Indicó que fue nombrado en propiedad en el colegio Francisco
Montoya del municipio de Aguadas mediante Decreto 047 de 16 de febrero
de 1972 y tomó posesión el 25 de febrero del mismo año.
1 Samai, índice 002 Expediente digital 1_ED_CuadernoPrincipal_170001233300020160042701.rar, folios 4 al
17.
2 En adelante CPACA.
3Samai, índice 002 Expediente digital 1_ED_CuadernoPrincipal_170001233300020160042701.rar, folios 4 al
17.
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Radicación: 17001-23-33-000-2016-00427-01 (0275-2021)
Demandante: Ángel Danilo Velásquez Giraldo
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ii. Sostuvo que el Gobierno nacional instituyó la prima técnica mediante
los Decretos 1661 y 2164 de 1991 para ciertos empleados públicos, entre
ellos a quienes presten sus servicios en la Secretaría de Educación de
Manizales.
iii. Manifestó que percibió la prima técnica por evaluación de desempeño
equivalente al 50% de su salario, circunstancia que acreditó con las
certificaciones de salarios aportados al proceso, correspondientes a los años
2003 a 2008.
iv. Agregó que la entidad ordenó su retiro mediante la Resolución núm.
1164 del 12 de agosto de 2008, con fundamento en el cumplimiento de la
edad de retiro forzoso. No obstante, señaló que dicha decisión fue dejada sin
efectos por sentencia de tutela del 18 de noviembre de 2009, en la que se
dispuso su reintegro a la entidad.
v. Posteriormente, y en cumplimiento de lo ordenado por la autoridad
judicial, la Secretaría de Educación del municipio de Manizales procedió a
reintegrarlo. Sin embargo, a través de la Resolución núm. 00325 del 4 de
junio de 2010 se dispuso nuevamente su desvinculación y, posteriormente,
por medio de la Resolución núm. 00439 del 6 de junio de 2010, la
administración revocó ese acto.
vi. Que, durante los años 2011, 2012 y 2013 le fueron practicadas
evaluaciones de desempeño que arrojaron calificaciones sobresalientes, lo
que, a su juicio, cumplió con los estándares máximos exigidos por el Decreto
2164 de 1991 y lo acredita como beneficiario de la prima técnica.
vii. Afirmó que, una vez se produjo su nueva vinculación el 15 de enero
de 2010, la administración no le pagó la prima técnica correspondiente al
periodo de desvinculación, ni la correspondiente al periodo comprendido
entre su regreso y su retiro definitivo el 30 de noviembre de 2013.
viii. Añadió que presentó derecho de petición ante la entidad accionada 4
por medio del cual solicitó el reconocimiento de la prima técnica. La entidad
a través del Oficio SE- UAF-RH del 30 de marzo de 2011 le indicó que, para
el periodo solicitado, su vinculación tenía carácter provisional y, en este
sentido, no se configuraba el derecho a la prestación reclamada.
Posteriormente, formuló una nueva solicitud el 4 de diciembre de 2012, frente
a la cual la Secretaría de Educación del municipio de Manizales reiteró la
negativa de lo pretendido al valorar que su vinculación continuaba en
provisionalidad.
4 No indicó la fecha en la que la reclamación fue presentada.
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ix. Expuso que el 1 de julio de 2013 presentó una nueva petición con el
mismo objeto, a la cual, la entidad respondió mediante Oficio SE-UAF-2882
del 31 de julio de 2013, en la que le informó que por no haberse efectuado la
evaluación del desempeño al actor, no existía derecho al reconocimiento y
pago de la prima técnica.
x. Refirió que el 19 de agosto de 2015, requirió una vez más el pago de
la prima técnica correspondiente a los periodos comprendidos entre el 13 de
agosto de 2008 y 15 de enero de 2010 y del 16 de enero de 2010 hasta el 30
de noviembre de 2013. La entidad reiteró la negativa mediante Oficio SE-
AUF-2374 del 10 de septiembre de 2015.
xi. Adujo que las resoluciones núm. 1164 de 2008 y 00325 del 4 de junio
de 2010, mediante las cuales se ordenó su retiro, no quedaron en firme.
Asimismo, aseveró que, al no consolidarse dichas decisiones, no se produjo
solución de continuidad en la prestación del servicio, lo que, a su juicio,
implica que debieron mantenerse todas sus prerrogativas a las que tenía
derecho cuando se encontraba en servicio.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
3. El demandante citó como vulneradas: La Constitución Política, artículos 2, 5,
11, 13, 25, 53 y 58; Decreto 1661 de 1991 y Decreto 2164 de 1991.
4. Destacó que el artículo 2, del Decreto 1661 de 1991, estableció:
Criterio para otorgar la Prima técnica. Para tener derecho a Prima Técnica serán
tenidos en cuenta alternativamente uno de los siguientes criterios, siempre y
cuando, en el primer caso, excedan de los requisitos establecidos para el cargo que
desempeñe el funcionario o empleado.
a)- Título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada en
el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica en áreas
relacionadas con las funciones propias del cargo un término no menor de tres (3)
años; o
b)- Evaluación del desempeño.
5. Indicó que el Decreto 2164 de 1991 estableció que la prima técnica por
evaluación del desempeño se reconoce únicamente a los empleados que se
encuentran nombrados en propiedad y cuyo cargo sea susceptible de dicha
asignación. Agregó que esa normativa incluye los niveles directivo, asesor,
ejecutivo, profesional técnico, administrativo y operativo categoría en la cual se
ubica su empleo. Asimismo, señaló que la disposición exige obtener, como mínimo,
el noventa 90% del total de puntos en las evaluaciones de desempeño para acceder
a la prestación y, según su criterio, la autoridad debe asignar el porcentaje
correspondiente conforme a los parámetros allí fijados.
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6. En consecuencia, reiteró que reúne los requisitos para acceder a la prima
técnica, pues ocupaba un cargo del nivel operativo y venía devengando este rubro
hasta su desvinculación, formalizada a través de las Resoluciones núm. 1164 de
2008 y 00325 del 4 de junio de 2010.
7. Manifestó que ninguna de las causales de pérdida de la prima técnica se
configuró en su caso, por cuanto el acto administrativo por medio del cual se retiró
del servicio no tuvo efectos jurídicos y, en esa medida, no se generó solución de
continuidad en la prestación del servicio. Añadió que las evaluaciones de
desempeño correspondientes a las vigencias 2010 a 2011 y 2012 a 2013 arrojaron
calificaciones sobresalientes, circunstancia que a su juicio lo habilita para adquirir la
prima técnica por evaluación de desempeño con fundamento en los decretos 1661
y 2164 de 1991.
8. Precisó que, la normativa prevé tres causas de pérdida del derecho a la prima
técnica: retiro del servicio, imposición de sanción o baja calificación y que ninguna
de estas situaciones se presentó en su caso.
2.2. Contestación de la demanda
9. El municipio de Manizales, por intermedio de apoderada, contestó la
demanda5. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y solicitó condenar en
costas al actor.
10. Propuso como excepciones:
(i) Inexistencia del derecho reclamado. Sustentó que el derecho a la prima
técnica correspondiente a los periodos comprendidos entre el 13 de
agosto de 2008 hasta el 15 de enero de 2010, así como entre el 16 de
enero de 2010 hasta el 30 de noviembre de 2013, se extinguió debido a
la desvinculación del actor de la entidad demandada, de conformidad con
lo previsto en el artículo 8 del Decreto 1661 de 1991 que precisó: «El retiro
del funcionario o empleado de la entidad en la cual presta sus servicios
implica la pérdida de la Prima Técnica asignada».
(ii) Ineptitud sustantiva de la demanda: Indicó que el acto administrativo
demandado es el Oficio SEUAF 2374 del 10 de septiembre de 2015; sin
embargo, precisó que dicho oficio no constituye el único pronunciamiento
mediante el cual la administración resolvió negativamente las solicitudes del
actor relacionadas con la prima técnica, pues existen otros oficios, a saber:
5 Samai, índice 002 Expediente digital 1_ED_CuadernoPrincipal_170001233300020160042701.rar, folios 124
al 136.
5
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Demandante: Ángel Danilo Velásquez Giraldo
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(i) SEUAF 349 del 30 de marzo de 2011;
(ii) SEUAF 135 del 23 de enero de 2013; y
(iii) SEUAF 2882 del 31 de julio de 2013.
A su juicio, el acto administrativo demandado no creó, modificó ni extinguió
la situación jurídica del actor, ya que dicha situación quedó definida con la
Resolución núm. 1164 del 12 de agosto de 2008, mediante la cual se
dispuso su retiro del servicio por cumplimiento de la edad de retiro forzoso.
(iii) Caducidad. Agregó que como el acto administrativo susceptible a ser
demandado era la Resolución núm. 1164 del 12 de agosto de 2008, el
actor contaba con un término de cuatro meses, conforme a lo previsto en
la Ley 1437 de 2011.
(iv) Prescripción. Solicitó que de ser acogidas las pretensiones de la demanda
se declare probada esta excepción respecto de los valores reclamados.
2.3. Sentencia de primera instancia
11. El Tribunal Administrativo de Caldas profirió sentencia el 15 de noviembre de
20196 en la que declaró probada la excepción de inexistencia del derecho
reclamado, negó las pretensiones de la demanda, condenó en costas y fijó agencias
en derecho a cargo del demandante.
12. La decisión se sustentó en las siguientes consideraciones:
13. Refirió que la prima técnica para empleados públicos fue prevista en el
Decreto Ley 1661 de 1991, y posteriormente el Gobierno nacional expidió el Decreto
2164 del mismo año. Señaló que el artículo 13 de este último reguló la extensión
del beneficio a los empleados del orden departamental y municipal.
14. Reseñó que el Consejo de Estado, mediante sentencia del 19 de marzo de
1998, anuló el citado artículo y advirtió que el ejecutivo, al extender los beneficios
de la prima técnica a los empleados del nivel territorial, excedió las facultades que
le habían sido conferidas. Para ello dispuso lo siguiente: «el art. 9 del Decreto 1661
de 1991, se refiere al otorgamiento de la prima técnica de las entidades
descentralizadas, abarca única y exclusivamente a las del orden nacional […]».
15. Sostuvo que, frente a lo fundamentado por el actor con relación a la
existencia de un derecho adquirido derivado del pago previo de la prima técnica
hasta el año 2008, se remitió a la declaratoria de nulidad del artículo 13 del Decreto
2164 de 1991. Dicho pronunciamiento descartó la posibilidad de aplicar los decretos
1661 y 2164 de 1991 a los empleados de nivel territorial, circunstancia que
imposibilita reconocer un derecho de tal naturaleza.
6 Samai, índice 002 Expediente digital 1_ED_CuadernoPrincipal_170001233300020160042701.rar, folios 233
al 238.
6
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16. Señaló que la jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado la inexistencia
de fundamento legal para reconocer la prima técnica por evaluación de desempeño
para los empleados públicos del nivel municipal y departamental. En consecuencia,
precisó que el actor se vinculó al servicio público territorial desde 1972 y, a partir del
1 de enero de 2003, paso a estar vinculado al municipio de Manizales.
17. Con fundamento en lo anterior, afirmó que la prima técnica por evaluación
del desempeño que el actor devengó desde el 2003 hasta su desvinculación por
cumplimiento de la edad de retiro forzoso carecía de sustento normativo, pues dicha
prestación se encuentra prevista exclusivamente para empleados públicos del
orden nacional.
18. Por tal motivo, consideró que resultaba improcedente analizar si se configuró
alguna causal válida de pérdida de la prima técnica que el actor percibía ya que
reiteró que dicho reconocimiento no tenía respaldo legal. En consecuencia, declaró
probada la excepción de inexistencia del derecho formulada por el municipio de
Manizales.
19. Finalmente, con fundamento en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y el
artículo 365 del Código General del Proceso, condenó en costas a la parte actora a
favor de la entidad demandada.
2.4. Recurso de apelación
20. El demandante, mediante apoderado interpuso recurso de apelación7 contra
la sentencia de primera instancia.
21. Para el recurrente la decisión del Tribunal es desacertada, en cuanto negó
las pretensiones de la demanda, pues —a su juicio— no existe sustento legal para
excluir a los empleados de entidades territoriales del reconocimiento de la prima
técnica, dado que tal prerrogativa no es exclusiva de los servidores del orden
nacional. Afirmó que, contrario a lo considerado por el juez, dicha prestación le fue
reconocida con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 1724 de 19978, razón
por la cual se trataría de un derecho adquirido y no de una mera expectativa.
22. Refirió que el Gobierno nacional mediante la expedición del Decreto 1724 de
1997, modificó el régimen general de la prima técnica y se estableció un régimen de
transición dirigido a quienes hubieran adquirido el derecho y se encontraran
disfrutándolo conforme a lo previsto en los decretos 1661 y 2164 de 1991. Precisó
que, en su caso, el reconocimiento de la prima se produjo con anterioridad a la
entrada en vigor del Decreto 1724 de 1997, razón por la cual a su juicio se configura
un derecho adquirido y no una simple expectativa. Añadió que los requisitos de
calificación exigidos para su otorgamiento se han mantenido a lo largo del tiempo,
lo que, en su criterio, refuerza la procedencia del reconocimiento solicitado.
7 Samai, índice 002 Expediente digital 1_ED_CuadernoPrincipal_170001233300020160042701.rar, folios 245
al 253.
8 «Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica para los empleados públicos del Estado».
7
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23. Destacó que la prima técnica solo se pierde en casos de retiro del servicio,
imposición de sanción disciplinaria o calificación insatisfactoria, eventos que
—según afirmó— no se configuraron en su situación. Por ello, consideró que la
negativa del pago resulta discriminatoria y contraria al derecho constitucional a la
igualdad, así como a la protección reforzada del trabajo y a la garantía de los
derechos adquiridos.
24. Frente a la condena en costas impuesta por el Tribunal, manifestó que en el
presente asunto no se acreditó temeridad ni mala fe. Indicó que no basta con que
una de las partes resulte vencida en el litigio para imponer dicha condena, pues es
necesaria una valoración judicial respecto de la conducta procesal desplegada. En
este sentido, sostuvo que no incurrió en maniobras dilatorias ni actuó de manera
desleal y, además, dentro del expediente no se encuentra demostrada la erogación
de gastos o agencias en derecho que justifique la condena.
25. Por último, pidió que se revoque en su totalidad la sentencia recurrida y en
consecuencia, se acceda a las pretensiones de la demanda.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
26. Mediante auto del 25 de noviembre de 20219, el despacho ponente admitió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de
primera instancia. Asimismo, ordenó notificar personalmente al Ministerio Público y
a las partes por estado.
27. Luego de surtirse lo dispuesto en la providencia anterior, se corrió traslado a
las partes para que alegar de conclusión10.
28. La parte demandante presentó escrito de alegatos de conclusión11 en el que
reiteró que la prima técnica le fue reconocida con anterioridad a la entrada en vigor
del Decreto 1724 de 1997, por lo cual, y a su juicio, se configura un derecho
adquirido. Añadió que ha cumplido con los requisitos exigidos para ser titular del
beneficio, circunstancia que, según afirmó, se verifica a partir de las calificaciones
de desempeño que obran en el expediente.
29. Insistió en la necesidad de acceder a las súplicas de la demanda y de revocar
la condena en costas, al considerar que no desplegó conductas orientadas a dilatar
el trámite procesal ni obró de mala fe. Señaló, además, que no existe prueba en el
expediente sobre los gastos o agencias en derecho, circunstancia que, en su
criterio, impide imponer la obligación económica fijada en la decisión recurrida.
9 Samai, índice 004.
10 Samai, índice 011.
11 Samai, índice 016.
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2.5.1. Concepto del Ministerio Público
30. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado12 solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia dictada el 15 de noviembre de 2019, por
el Tribunal Administrativo de Caldas.
31. Consideró que, lo decidido por la primera instancia esta adecuado, pues si el
ordenamiento jurídico no prevé el derecho mal podría el operador administrativo dar
aplicación a prerrogativas extintas a la normativa legal y jurisprudencial.
32. Por tanto, no habría lugar al reconocimiento de la prima técnica, toda vez
que, depende de diversas circunstancias, entre ellas la disponibilidad presupuestal
y la decisión establecida por la ley para concederla. Asimismo, señaló que el
ordenamiento jurídico asigna determinados derechos prestacionales bajo
condiciones específicas; en consecuencia, no es admisible otorgar prerrogativas por
fuera del marco legal. En el presente caso, la ley no prevé dicho beneficio, por lo
cual no surge el derecho a su reconocimiento, y si en algún momento fue pagado,
ello resultó contrario al sistema jurídico, salvo la extensión derivada del régimen de
transición del Decreto 1724 de 1997 alegada por el actor, quien pretende mantener
como legítima una prerrogativa que perdió tal condición desde el momento en que
se retiró del servicio.
33. Agregó que si los efectos de la Resolución núm. 1164 del 12 de agosto de
2008 se produjeron debido a la inaplicación de los mandatos del Decreto 2400 de
1968 que establecía el retiro del servicio a los 65 años debe precisarse que dicha
regla no perdió su obligatoriedad. En este caso particular, la inaplicación obedeció
exclusivamente a una orden judicial destinada a proteger el mínimo vital y otros
derechos fundamentales, razón por la cual se ordenó únicamente para esos efectos
y de manera transitoria.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
34. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
35. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia —decisión mediante la cual se declaró la inexistencia
del derecho reclamado, se negaron las pretensiones de la demanda y se condenó
en costas al actor— y en atención a la competencia del juez de segunda instancia,
12 Samai, índice 017.
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prevista en el artículo 32813 del Código General del Proceso (CGP), corresponde a
la Sala definir si:
36. ¿Debe reconocerse la prima técnica como un derecho adquirido a un servidor
territorial, cuando este afirma haberla percibido antes de la entrada en vigor del
Decreto 1724 de 1997 y sostiene que no se configuró causal legal de pérdida, pese
a que la normativa y la jurisprudencia han limitado dicho beneficio a los empleados
del orden nacional?
37. ¿Es procedente revocar la condena en costas impuesta en primera instancia
al actor, puesto que no se acreditó mala fe ni maniobras dilatorias en la actuación
procesal y no obra en el expediente prueba de gastos o de agencias en derecho
que justifique su imposición?
38. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas:
(i) la prima técnica por evaluación de desempeño y (ii) prima técnica en el orden
territorial. A partir de las anteriores consideraciones se destacarán (iii) hechos
probados y (iv) caso concreto.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Prima técnica por evaluación del desempeño
39. La prima técnica constituye un incentivo económico para atraer o mantener
al servicio del Estado a los funcionarios o empleados de la Rama Ejecutiva del
Poder Público altamente calificados en cargos de gran responsabilidad. Para ello,
se expidió el Decreto 1661 de 1991, «Por el cual se modifica el régimen de Prima
Técnica, se establece un sistema para otorgar estímulos especiales a los mejores
empleados oficiales y se dictan otras disposiciones». Esta norma prevé los criterios
para reconocer la prima técnica, así como el procedimiento para su asignación.
40. El artículo 2 de la referida norma señala los requisitos para otorgar dicha
prima, de la siguiente manera:
ARTICULO 2o. Criterios para otorgar prima técnica. Para tener derecho a Prima
Técnica serán tenidos en cuenta alternativamente uno de los siguientes criterios,
siempre y cuando, en el primer caso, excedan de los requisitos establecidos para el
cargo que desempeñe el funcionario o empleado:
a). Título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada en
el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica en áreas
13 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
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Demandante: Ángel Danilo Velásquez Giraldo
Demandado: Municipio de Manizales
relacionadas con las funciones propias del cargo durante un término no menor de
tres (3) años, o
b) Evaluación de desempeño.
PARAGRAFO 1o. Los requisitos contemplados en el literal a) podrán ser
reemplazados por experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional o en
la investigación técnica o científica en áreas relacionadas con las funciones propias
del cargo durante un término no menor de seis (6) años.
PARAGRAFO 2o. La experiencia a que se refiere este artículo será calificada por el
jefe de la entidad con base en la documentación que el funcionario acredite».
41. Por su parte, el artículo 3 ibidem estableció los niveles profesionales en los
cuales se tendría derecho a dicho beneficio, así:
«Para tener derecho al disfrute de una prima técnica con base en los requisitos de
que trata el literal a) del artículo anterior, se requiere estar desempeñando un cargo
en los niveles profesional, ejecutivo, asesor o directivo. La prima técnica con base
en la evaluación del desempeño podrá asignarse en todos los niveles».
42. El artículo 4 de la misma ley determinó que dicha prima se otorgará como un
porcentaje de la asignación básica mensual del funcionario, el cual no podrá superar
el 50% de dicha remuneración, en este sentido su valor se reajustará en la misma
proporción en que varíe el salario mensual del empleado. También, en el artículo 5
se indicó que el jefe del organismo respectivo sería el competente para realizar la
asignación de esta y en su artículo 614 se señaló el procedimiento para la
correspondiente concesión del beneficio.
43. A su vez, el artículo 9, citó: «Otorgamiento de prima técnica en las entidades
descentralizadas. Dentro de los límites consagrados en el presente Decreto, las
entidades y organismos descentralizados de la Rama Ejecutiva, mediante
resolución o acuerdo de sus Juntas, Consejos Directivos o Consejos Superiores,
tomarán las medidas pertinentes para aplicar el régimen de Prima Técnica, de
acuerdo con sus necesidades específicas y la política de personal que adopten».
44. Conforme a las disposiciones analizadas, observa la Sala que la prima
técnica por evaluación del desempeño estaba prevista, en principio, para los
empleos pertenecientes a los niveles directivo, asesor, ejecutivo, profesional,
14 «a)- La solicitud deberá ser presentada en la oficina de personal del respectivo organismo, o la dependencia
que haga sus veces, con la documentación que acredite los requisitos que se mencionan en el artículo 2o. de
este Decreto.
b)- Una vez reunida la información, el Jefe de Personal, o quien haga sus veces, verificará si el solicitante llena
los requisitos previstos en los artículos precedentes, para lo cual contará con un término de dos (2) meses:
c)- Si el candidato llenare los requisitos, el jefe del organismo correspondiente proferirá la resolución de
asignación.
PARÁGRAFO. - En todo caso, la Prima Técnica sólo podrá otorgarse previa la expedición del respectivo
certificado de disponibilidad presupuestal»
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técnico, administrativo y operativo. Sin embargo, el ordenamiento autorizaba a cada
entidad para restringir su reconocimiento a ciertos niveles, dependencias o cargos,
de acuerdo a las necesidades del servicio, la política de personal y la disponibilidad
presupuestal.
45. Esta norma fue regulada por el Decreto 2164 de 1991, «Por el cual se
reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 1661 de 1991», que estableció de forma
más precisa las condiciones para otorgar la prima técnica. Este decreto definió los
requisitos, el procedimiento, la competencia para su asignación, el monto que puede
otorgarse, así como las excepciones al régimen general previsto en el artículo 10
del Decreto 1661 de 1991.
46. En su artículo 5 se refirió acerca de la prima técnica por evaluación del
desempeño en los siguientes términos:
«Por este criterio tendrán derecho a prima técnica los empleados que desempeñen,
en propiedad, cargos que sean susceptibles de asignación de prima técnica, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del presente Decreto, de los niveles
directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y operativo, o sus
equivalentes en los sistemas especiales, y que obtuvieren un porcentaje
correspondiente al noventa por ciento (90%), como mínimo, del total de puntos de
cada una de las calificaciones de servicios realizadas en el año inmediatamente
anterior a la solicitud de otorgamiento […]
Su cuantía será determinada por el jefe del organismo y en las entidades
descentralizadas por las Juntas o Consejos Directivos o Superiores, según el caso.
[…]
47. Posteriormente, expidió el Decreto 1724 de 1997, mediante el cual se
introdujeron modificaciones al régimen de prima técnica aplicable a los empleados
públicos del Estado. Dicha normativa restringió su reconocimiento —bajo cualquiera
de los dos criterios existentes— exclusivamente a quienes fueran designados de
manera permanente en cargos pertenecientes a los niveles directivo, asesor o
ejecutivo, o en sus equivalentes dentro de los distintos órganos y ramas del poder
público.
48. De la normativa previamente citada se desprende que la prima técnica fue
diseñada como un incentivo económico susceptible de ser otorgado con
fundamento en dos criterios. El primero, orientado a atraer o conservar en el servicio
público a servidores altamente calificados, cuyas funciones requieran
conocimientos especializados o impliquen labores de dirección o especial
responsabilidad. El segundo, concebido como reconocimiento al desempeño
satisfactorio del cargo, siempre que la evaluación correspondiente arroje un
resultado igual o superior al 90%15.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
20 de noviembre de 2020, exp. núm. 23001-23-33-000-2016-00265-01 (3940-2018).
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3.3.2. Prima técnica en el orden territorial
49. Con la expedición del Decreto 2164 de 1991, artículo 13 se dispuso:
Dentro de los límites consagrados en el Decreto ley 1661 de 1991 y en el presente
Decreto, los Gobernadores y los alcaldes respectivamente, mediante Decreto,
podrán adoptar los mecanismos necesarios para la aplicación del régimen de prima
técnica, a los empleados públicos del orden departamental y municipal, de acuerdo
con las necesidades específicas y la política personal que se fije para cada entidad.
50. No obstante, dicho precepto fue anulado por el Consejo de Estado mediante
sentencia del 19 de marzo de 199816, al precisar que el artículo 9 del Decreto 1661
de 1991, aludió que las entidades descentralizadas de la Rama Ejecutiva debían
adoptar medidas para aplicar el régimen de prima técnica conforme a sus
necesidades específicas de personal, se refería exclusivamente a los órganos del
orden nacional.
51. A esta conclusión llegó esta Corporación luego del siguiente análisis respecto
a la legalidad del artículo 13 del Decreto Reglamentario núm. 2164 de 1991.
De acuerdo con abundante y constante doctrina emanada de las altas Cortes, la
potestad reglamentaria, que tiene un origen constitucional, ha sido concebida como
la actividad que realiza el Presidente de la República, como suprema autoridad
administrativa, en orden a desarrollar la ley para su correcta aplicación, cumplida
ejecución y desenvolvimiento, facilitando su inteligencia, debiendo, para ello, obrar
dentro de los límites de su competencia sin sobrepasar, ni limitar, ni modificar los
parámetros establecidos en aquélla. “…el decreto que se expida en su ejercicio debe
limitarse a dar vida práctica a la ley que tiende a desarrollar y sólo puede
desenvolver lo que explícita o implícitamente esté comprendido en la ley y, por tanto,
no puede introducir normas que no se desprendan natural y lógicamente de sus
disposiciones. Lo contrario implica extralimitación de funciones y constituye una
invasión en el campo propio del legislador.” (Auto del 14 de junio de 1963. Sala
Unitaria de lo Contencioso Administrativo. Consejero Sustanciador, Dr. Alejandro
Domínguez Molina, Diccionario Jurídico, Tomo III, páginas 439 y 440).
De suerte, pues que el Presidente de la República al ejercer la atribución conferida
en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política actual (ordinal 12 del
artículo 76 de la anterior) no puede exceder los lineamientos, ni el alcance de la ley
que reglamenta, so pena de incurrir en abuso de atribuciones, circunstancia que
hace anulable el precepto reglamentario.
La Ley 60 del 28 de diciembre de 1990, revistió al Presidente de la República de
facultades extraordinarias para modificar la nomenclatura, escalas de remuneración,
el régimen de comisiones, viáticos y gastos de representación y tomar otras medidas
en relación con los “empleos del sector público del orden nacional”. En concreto,
frente a aspectos que interesan dentro del presente proceso, lo habilitó en el
numeral 3 del artículo 2 para “Modificar el régimen de la prima técnica, para que
16Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 19 de marzo de
1998, radicación número: 11955.
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además de los criterios existentes en la legislación actual, se permita su pago ligado
a la evaluación del desempeño y sin que constituya factor salarial. Para el efecto, se
determinará el campo y la temporalidad de su aplicación, y el procedimiento,
requisitos y criterios para su asignación.” (…)
Una interpretación gramatical, sistemática, coherente, histórica y teleológica de los
anteriores preceptos, lleva a establecer que cuando el artículo 9° del Decreto 1661
de 1991, se refiere al otorgamiento de la prima técnica de las entidades
descentralizadas, abarca única y exclusivamente a las del orden nacional, habida
cuenta que, se reitera, la Ley de facultades en su epígrafe es diáfana al respecto.
(…)
Al confrontar el texto de la Ley 60 de 1990 y del Decreto 1661 de 1991, en específico
de su artículo 9°, con el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, se advierte, sin lugar
a equívocos, como se indicó en la providencia que decretó la suspensión provisional
y en el auto que confirmó tal determinación, que se desbordaron los límites de la
potestad reglamentaria, al hacerse extensivo el otorgamiento del régimen de prima
técnica a las entidades territoriales y a sus entes descentralizados, cuando en
realidad de verdad, la intención de Legislador ordinario, al conferir las potestades
extraordinarias, fue únicamente englobar o comprender a los empleos del sector
público del orden nacional17.
52. En consecuencia, de lo transcrito, se concluye que el régimen de prima
técnica no resulta aplicable a los servidores del orden territorial, toda vez que la
disposición que permitía su extensión a dicho ámbito fue declarada nula. En otras
palabras, la competencia que el Decreto 1661 de 1991 asignó para la regulación de
esta prestación se circunscribía únicamente a los empleados públicos de la Rama
Ejecutiva del orden nacional, con la exclusión de los servidores pertenecientes a las
entidades territoriales18.
3.4. Hechos probados
53. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente la Sala
encuentra probado lo siguiente:
54. La prestación del servicio del actor como técnico operativo en la Institución
Educativa Francisco José de Caldas del municipio de Manizales, se acreditó con las
constancias expedidas por la secretaria de Educación Municipal de Manizales.
Además, se informó que el servidor percibió la prima técnica y se indicó que entre
los factores salariales devengados entre los años 2003 al 2013, está la mencionada
prima19.
17
Consejo de Estado. Sección Segunda. C.P. Silvio Escudero Castro. Rad. Interno No. 11955. Sentencia del
19 de marzo de 1998.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, exp. núm. 23001-23-33-000-2016-00265-01 (3940-
2018)
19 Samai, índice 002 Expediente digital 1_ED_CuadernoPrincipal_170001233300020160042701.rar, folios 27
al 32.
14
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55. La vinculación del actor al sector público municipal entre el 1 de enero de
2003 y el 30 de noviembre de 2013, en el cargo de operador técnico20.
56. El retiro del servicio se acreditó con la Resolución núm. 1164 del 12 de agosto
de 200821, expedida por la Secretaría de Educación de Manizales. En este acto se
consignó: «quien se desempeña como TÉCNICO OPERATIVO, código 314, grado
02, en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA CASD MERCEDES ABREGO».
Posteriormente, a través de sentencia de tutela de fecha 18 de noviembre de 2009 22,
se ordenó su reintegro transitorio al cargo que venía desempeñando, decisión que
fue cumplida mediante la Resolución núm. 003 del 6 de enero de 200923.
57. A través de la Resolución núm. 00325 del 4 de junio de 201024, se dispuso el
retiro del servidor, Ángel Danilo Vásquez Giraldo, a partir del 1 de junio de 2010 por
habérsele reconocido pensión de vejez por parte de Cajanal y posteriormente se
revocó la misma, a través de la Resolución núm. 00439 del 6 de junio de 2010 25,
debido a que el actor presentó ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de
Manizales memorial de desacato relacionado con el fallo de tutela del 18 de
noviembre de 2009 y continuó en el cargo hasta el 30 de noviembre de 201326.
58. La evaluación favorable del desempeño laboral del actor aparece contenida
en los certificados que se anexaron al proceso27.
59. Al expediente se trajeron varios derechos de petición presentados en
distintas fechas ante la Secretaría de Educación del municipio de Manizales,
mediante los cuales el demandante solicitó el reconocimiento y pago de la prima
técnica por evaluación de desempeño. Asimismo, los actos administrativos que
resolvieron las reclamaciones solicitadas28.
3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
60. En el presente asunto el actor solicitó el reconocimiento de la prima técnica
por evaluación del desempeño. Afirmó que la percibió con anterioridad a la entrada
en vigor del Decreto 1724 de 1997 y que, por ende, se configuró un derecho
adquirido, pese a que el régimen normativo ha limitado la prestación a los
empleados del orden nacional.
20 Samai, índice 002 Expediente digital 1_ED_CuadernoPrincipal_170001233300020160042701.rar, folio 33.
21 Samai, índice 002 Expediente digital 1_ED_CuadernoPrincipal_170001233300020160042701.rar, folio 41.
22 Samai, índice 002 Expediente digital 1_ED_CuadernoPrincipal_170001233300020160042701.rar, folios 42
al 63.
23 Samai, índice 002 Expediente digital 1_ED_CuadernoPrincipal_170001233300020160042701.rar, folios 64
al 65.
24 Samai, índice 002 Expediente digital 1_ED_CuadernoPrincipal_170001233300020160042701.rar, folios 66
al 67.
25 Samai, índice 002 Expediente digital 1_ED_CuadernoPrincipal_170001233300020160042701.rar, folios 68
al 69.
26
Según lo relata el actor en los hechos de la demanda.
27 Samai, índice 002 Expediente digital 1_ED_CuadernoPrincipal_170001233300020160042701.rar, folios 70
al 89.
28 Samai, índice 002 Expediente digital 1_ED_CuadernoPrincipal_170001233300020160042701.rar, folios 90
al 102.
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61. En relación con el anterior argumento, la Sala encuentra pertinente precisar
que el demandante no acreditó haber percibido la prima técnica para los años 1997
y siguientes. Al expediente se trajo información correspondiente al período
comprendido entre el 2003 al 2008, dentro del cual si aparece que percibió el citado
rubro.
62. Sin perjuicio de lo anterior y para responder el argumento del recurrente
según el cual en su caso se configuró un derecho adquirido, por cuanto devengó la
prima técnica con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 1724 de 1997,
normativa que introdujo un régimen de transición para quienes la recibían y no
ocupaban cargos de los niveles directivos, asesor o ejecutivo, la Sala advierte en
primer lugar que, como ya se dijo, el demandante no acreditó hacer percibido la
prima con anterioridad a esta fecha; y en segundo lugar, que la transición no habilitó
situaciones particulares carentes de soporte legal pues, tal y como se explicó en el
acápite normativo de la presente providencia, la prima técnica se concibió de
manera exclusiva para los empleados de las entidades del orden nacional. En
consecuencia, no resultaba jurídicamente posible expedir actos administrativos con
desconocimiento de los límites fijados por el legislador y precisados por la
jurisprudencia.
63. El anterior planteamiento se acompasa con el criterio jurisprudencial que
consigna la Sala a continuación:
[…] con la declaratoria de nulidad del artículo 13 del Decreto 2164 de 1991 se
produjo la pérdida de fuerza ejecutoria de aquellos actos administrativos en los que,
con fundamento en aquel, las entidades territoriales o sus descentralizadas hubieren
reconocido a sus empleados el derecho a la prima técnica. No obstante, en
consonancia con lo manifestado, con el propósito de proteger las situaciones
jurídicas consolidadas, no es posible desconocer los emolumentos que por tal
concepto le hayan sido reconocidos a los empleados del orden territorial hasta el 19
de marzo de 1998, cuando se dictó la sentencia en cuestión, los que en
consecuencia deberían ser tenidos en consideración para efectos de la liquidación
de la indemnización por supresión de cargo teniendo como límite aquella fecha29.
64. Adicional a lo anterior es importante reiterar que al proceso se trajeron
únicamente los comprobantes de pago de la prima técnica, para las vigencias 2003
a 2008 y si bien el accionante en el escrito que contiene el recurso de apelación
manifestó que la percibía antes del 2003, este hecho no resultó probado. En este
orden, no es posible concluir y aceptar que se está ante un derecho adquirido que
se deba respetar a pesar de la nulidad del decreto que estableció la prima técnica
para el nivel territorial, pues no quedó probada la existencia de una situación jurídica
consolidada. Lo anterior, en tanto incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
del cual pretenden derivar consecuencias jurídicas, en los términos previstos en el
artículo 167 del C.G. del P., carga que para el caso fue incumplida.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
20 de noviembre de 2020, exp. núm. 23001-23-33-000-2016-00265-01 (3940-2018).
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65. En consecuencia, las pretensiones de nulidad del acto que negó el
reconocimiento a la prima técnica se resolverán de manera desfavorable al apelante
no sin antes precisar, además lo ya expuesto, que la continuidad del beneficio tras
su reintegro a la entidad territorial de manera transitoria como consecuencia de una
orden de tutela y mientras se definía su reconocimiento pensional, por sí solo no le
otorga el derecho a continuar percibiendo un rubro carente de sustento legal. La
administración no podía expedir un acto que desconociera los límites fijados por el
legislador y precisados por la jurisprudencia en punto a los beneficiarios de la prima
técnica que aquí se reclama como técnico operativo en la Institución Educativa
Francisco José de Caldas del municipio de Manizales.
3.6. Costas
66. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 30 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
67. Bajo el anterior argumento, el segundo problema jurídico planteado debe
resolverse de manera favorable al apelante y revocar la condena impuesta en
primera instancia.
3.7. Conclusión de la decisión
68. En atención a lo consignado, la Sala confirmará parcialmente la decisión
dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas, en cuanto declaró la inexistencia
del derecho reclamado y negó las pretensiones de la demanda. No obstante,
revocará la condena en costas impuesta al actor.
30 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 17001-23-33-000-2016-00427-01 (0275-2021)
Demandante: Ángel Danilo Velásquez Giraldo
Demandado: Municipio de Manizales
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar parcialmente la sentencia proferida el por el Tribunal
Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Revocar la condena en costas y agencias en derecho impuesta al señor
Ángel Danilo Velásquez Giraldo en primera instancia, por las razones consignadas
en la parte motiva de esta decisión.
Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto: En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
18
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