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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2016-00464-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2016-00464-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas en audiencia pública del 20 de junio de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR el numeral TERCERO del fallo de primera instancia y en su lugar se dispone: NO CONDENAR en costas en primera instancia. TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 17001-23-33-000-2016-00464-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Número de radicación: 17001 23 33 000 2016 00464 01
Demandante: Municipio de Aranzazu
Demandada: Dirección Territorial de Salud de Caldas
Tesis: No son nulos por falta de competencia los actos administrativos mediante los
cuales un establecimiento público del orden departamental ordenó a un municipio
el giro de excedentes de actas de liquidación de contratos de aseguramiento del
régimen subsidiado, si la facultad de administrar los recursos del Fondo
Departamental de Salud le fue atribuida directamente por la Asamblea
Departamental mediante ordenanza, sin que para ello se requiriera delegación
expresa del Gobernador ni que los recursos transitaran previamente por el
Departamento como entidad territorial.
No son nulos por falsa motivación los actos administrativos que ordenaron el
reintegro de excedentes de actas de liquidación de contratos de aseguramiento del
régimen subsidiado, si las actas de liquidación de períodos anteriores que obran en
el cuaderno administrativo fueron anexadas con fines históricos para diferenciar el
cobro de obligaciones anteriores y en el mismo cuaderno reposan las actas del
período efectivamente cobrado que corresponden a la suma reclamada.
No son nulos por infracción de norma superior los actos administrativos que
ordenaron el reintegro de excedentes de actas de liquidación de contratos de
aseguramiento del régimen subsidiado con fundamento en normas expedidas con
posterioridad al inicio de la ejecución de los contratos, si la obligación de reintegro
nace al momento de la liquidación, cuando las normas que la consagran ya se
encontraban vigentes y habían delimitado expresamente su ámbito de aplicación a
ese período contractual.
No opera el decaimiento de los actos administrativos que ordenaron el reintegro de
excedentes de actas de liquidación de contratos de aseguramiento del régimen
subsidiado, si las normas posteriores invocadas como fundamento de la derogatoria
regulan una etapa distinta del mismo flujo de recursos y no existe incompatibilidad
que permita predicar derogatoria tácita, el decreto compilatorio no incorporó ni

Número de radicación: 17001 23 33 000 2016 00464 01
Demandante: Municipio de Aranzazu

reguló la obligación específica ya causada y, en todo caso, el decaimiento opera
hacia el futuro sin afectar la validez de actos expedidos cuando la norma se
encontraba plenamente vigente.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 20 de junio de 2019, mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Caldas negó las pretensiones de la demanda.

I. DEMANDA

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), el Municipio de Aranzazu
interpuso demanda en contra de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

1.1. Las pretensiones

2. El Municipio de Aranzazu solicitó lo siguiente a título de pretensiones1:

«Pretensiones principales

PRIMERO. Que se declare la NULIDAD de las Resoluciones Número 0162
del 02 de Marzo de 2016, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición
instaurado por el municipio de Aranzazu en contra de la Resolución Número
0298 del 28 de mayo de 2015 "Por la cual se ordena el giro de los saldos de
las actas de liquidación de los contratos suscritos entre el Municipio de
Aranzazu las EPS-S (sic) para garantizar el aseguramiento de la población
durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2009 y el 31 de
marzo de 2011".

SEGUNDO. Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento
del derecho, se DECLARE que el Municipio de Aranzazu Caldas no adeuda a
la accionada la suma de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO
OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE
($260.188.929).

1 Folios 1 a 16 del Cuaderno del Tribunal.

2

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Número de radicación: 17001 23 33 000 2016 00464 01
Demandante: Municipio de Aranzazu

TERCERO. ORDENAR a la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE
CALDAS, cumplir la sentencia en los términos establecidos en el artículo 192
del CPACA.

CUARTO. Que se condene a la entidad demandada al pago de costas
procesales y agencias en derecho.

En caso de no encontrar los presupuestos procesales necesarios para acoger
las anteriores pretensiones, solicito de manera respetuosa adoptar las
siguientes.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

PRIMERA. Que se Declare la NULIDAD PARCIAL de las Resoluciones
Número 0162 del 02 de Marzo de 2016, a través de la cual se resolvió el
recurso de reposición instaurado por el municipio de Aranzazu en contra de la
Resolución Número 0298 del 28 de mayo de 2015 "Por la cual se ordena el
giro de los saldos de las actas de liquidación de los contratos suscritos entre el
Municipio de Aranzazu las EPS-S (sic) para garantizar el aseguramiento de la
población durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2009 y el
31 de marzo de 2011".

SEGUNDA. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, DECLARE que el Municipio de Aranzazu debe reintegrar en favor de
la entidad accionada un saldo inferior al estipulado en las resoluciones
atacadas; concepto equivalente a CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS CON 94 CENTAVOS ($141.148.385,94) o el saldo que resulte probado
dentro de la actuación.

TERCERA. ORDENAR a la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE
CALDAS, cumplir la sentencia en los términos establecidos en el artículo 192
del CPACA.

CUARTA. Que se condene a la entidad demandada al pago de costas
procesales y agencias en derecho.»

1.2. Los actos demandados

3. La parte resolutiva de la Resolución 0298 del 28 de mayo de 2015 es la
siguiente:

« RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR al Alcalde del municipio de Aranzazu,
Caldas, en su condición de representante legal, el giro de saldos de actas de
liquidación de los contratos suscritos por su entidad para garantizar el
aseguramiento de la población durante el periodo comprendido entre el 1 de
octubre de 2009 al 31 de marzo de 2011 a favor de la Dirección Territorial de
Salud de Caldas por valor de doscientos sesenta millones ciento ochenta y
ocho mil novecientos veintinueve pesos ($260.188.929).
3

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Número de radicación: 17001 23 33 000 2016 00464 01
Demandante: Municipio de Aranzazu

ARTÍCULO SEGUNDO: El correspondiente giro de saldos de actas de
liquidación deberá realizarse a favor de la Dirección Territorial de Salud de
Caldas dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria del presente
acto administrativo en la cuenta de ahorros del banco de Colombia número
0700827762.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente al representante legal del
Municipio de Aranzazu, Caldas, con dirección de notificación, ALCALDÍA
MUNICIPAL DE ARANZAZU, CALDAS, de lo aquí prohijado, frente a lo cual
procede únicamente el recurso de reposición, conforme a lo establecido en las
normas legales vigentes (ley 1437 de 2011, artículos 74 y siguientes), según las
cuales el recurso de reposición deberá interponerse por escrito en la diligencia
de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el
caso. El recurso se presentará ante el funcionario que dictó la decisión.

ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo presta mérito ejecutivo
por contener una obligación expresa, clara y exigible.

El no pago en los términos y cuantías señaladas, dará lugar al cobro por
jurisdicción coactiva.»2

4. La parte resolutiva de la Resolución 0162 de marzo 2 de 2016, es la siguiente:

«RESUELVE

PRIMERO: Decidir negativamente el recurso de reposición interpuesto contra
la resolución Nro. 0298 del 28 de mayo de 2015, por las razones expuestas en
la parte motiva del presente acto administrativo.

SEGUNDO: En consecuencia, confirmar en todas sus partes la resolución Nro.
0298 del 28 de mayo de 2015, "Por la cual se ordena el giro de los saldos de
las actas de liquidación, de los contratos suscritos entre el municipio de
Aranzazu y las EPS-S para garantizar el aseguramiento de la población durante
el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2009 y el 31 de marzo de 2011".

TERCERO: Notificar la presente resolución al Alcalde Municipal de Aránzazu
Caldas y a su apoderado judicial, con dirección de notificación Alcaldía
Municipal de Aránzazu Caldas.

CUARTO: COMISIONAR para la notificación del presente acto administrativo a
la funcionaria pública de la DTSC, doctora SANDRA MARCELA BLANDON
PERALTA.

QUINTO: Contra la presente resolución no procede ningún recurso.»3

2 Visible a folios 21 a 22 del Cuaderno de anexos del Tribunal.
3 Visible a folios 33 a 41 (anverso) ibidem.

4

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Demandante: Municipio de Aranzazu

1.3. Supuestos fácticos

5. La parte actora manifestó lo siguiente:

6. Señaló que mediante la Resolución 0298 del 28 de mayo de 2015 la Dirección
Territorial de Salud de Caldas ordenó al Municipio reintegrar $260.188.929 por
concepto de saldos de actas de liquidación de contratos de aseguramiento del
régimen subsidiado correspondientes al período comprendido entre el 1 de octubre
de 2009 y el 31 de marzo de 2011.

7. Indicó que el Municipio interpuso recurso de reposición contra dicha resolución,
el cual fue resuelto mediante la Resolución 0162 del 2 de marzo de 2016 que la
confirmó en todas sus partes. Manifestó que para motivar su decisión la entidad
demandada mencionó como prueba las actas de liquidación de los contratos
celebrados con las Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado (en
adelante EPS-S) para los períodos comprendidos entre el 1 de octubre de 2009 y el
31 de marzo de 2011, pero que, sin embargo, en el cuaderno administrativo que se
conformó para la expedición de la Resolución 0298 reposan actas de liquidación
correspondientes a los períodos comprendidos entre 2007 y 2008.

8. Expuso que el artículo 3 del Decreto 1124 de 2011 que sirvió de fundamento
legal al cobro fue derogado expresamente por el Decreto 780 de 2016.

9. Indicó que el 1 de junio de 2016 la Consultora Panacea S.A.S. realizó un
análisis de la contratación del período comprendido entre abril de 2010 y marzo de
2011, concluyendo que el total a restituir por el Municipio era de $141.148.385,94.

1.4. Concepto de la violación

10. Invocó como normas violadas los artículos 2, 4 y 29 de la Constitución Política.

11. Sostuvo que los actos demandados vulneraron el principio de legalidad y el
debido proceso por cuanto la Ley 1393 de 2010 cobró vigencia a partir del 12 de
julio de 2010 y el Decreto 1124 de 2011 fue publicado el 8 de abril de 2011, normas
5

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Demandante: Municipio de Aranzazu

que fueron aplicadas retroactivamente a contratos de aseguramiento cuya ejecución
fue anterior a su vigencia, cuando a la fecha de ejecución de dichos contratos no
existía norma alguna que obligara al Municipio a devolver los respectivos saldos,
máxime cuando esos recursos fueron utilizados exclusivamente para el
apalancamiento del régimen subsidiado en salud.

12. Afirmó que los actos acusados incurrieron en falsa motivación por cuanto en las
resoluciones se invocaron como fundamento los excedentes de actas de liquidación
de vigencias 2009 a 2010 y 2010 a 2011, pero las actas que se anexaron y que se
dijo hacían parte de las resoluciones correspondían a los años 2007 y una del 2008,
períodos a los que no les era aplicable el artículo 39 de la Ley 1393 de 2010 ni el
artículo 3 del Decreto 1124 de 2011.

13. Indicó que los actos demandados habían perdido su fuerza ejecutoria por
decaimiento, toda vez que el artículo 3 del Decreto 1124 de 2011 que les sirvió de
fundamento fue derogado expresamente por el Decreto 780 de 2016, y que las
Leyes 1587 de 2012 y 1608 de 2013, así como la Nota Externa 211483 del 23 de
noviembre de 2012 del Ministerio de Salud, implicaron una derogatoria tácita del
mismo decreto al establecer una destinación diferente para los recursos de las
cuentas maestras.

14. Señaló que la Dirección Territorial de Salud de Caldas no tenía competencia
para hacer directamente el cobro y que en el remoto caso de que la tuviera, la
obligación había fenecido por prescripción y caducidad.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

15. La Dirección Territorial de Salud de Caldas contestó la demanda y solicitó
que no se accediera a las pretensiones4.

4 Folios 194 a 201 (anverso) del Cuaderno del Tribunal).

6

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16. Señaló que tenía competencia para expedir los actos demandados con
fundamento en la Ordenanza 446 de 2002, el Decreto Departamental 00422 y el
Acuerdo 005 de mayo de 2002.

17. Indicó que las normas invocadas como fundamento del cobro eran aplicables al
período reclamado por cuanto el Decreto 1124 de 2011 expresamente señalaba que
los saldos a girar correspondían al período comprendido entre el 1 de octubre de
2009 y el 31 de marzo de 2011.

18. Manifestó que no existía falsa motivación por cuanto las actas de liquidación de
2007 y 2008 fueron anexadas con fines históricos para que el Municipio diferenciara
que lo cobrado no correspondía al Acuerdo 413 de 2009 sino a los excedentes del
Decreto 1124 de 2011, obrando también en el expediente las actas
correspondientes al período efectivamente cobrado.

19. Señaló que el Decreto 1124 de 2011 no fue derogado sino compilado por el
Decreto 780 de 2016.

20. Indicó que no había operado la prescripción por cuanto la Resolución 0298 fue
expedida dentro de los cinco años contados desde octubre de 2011.

21. Propuso las excepciones de competencia, legalidad de los actos
administrativos, caducidad de la acción, prescripción, falta de aptitud sustantiva de
la demanda, respeto al debido proceso y la innominada.

III. SENTENCIA APELADA

22. El Tribunal Administrativo de Caldas en audiencia pública del 20 de junio de
2019, resolvió la controversia y decidió lo siguiente5:

«Primero: Declárese probada la excepción propuesta por la Dirección
Territorial de Salud de Caldas y que denominó "los actos administrativos

5 Folios 363 a 374 (anverso) del Cuaderno Principal del Tribunal, grabación en CD folio 378. Parte

resolutiva a minutos 4:31 a 6:19 de la segunda grabación de la audiencia inicial.
7

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demandados son legales", de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

Segundo: Niéganse las súplicas de la demanda promovida en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por el municipio de
Aránzazu contra la Dirección Territorial de Salud de Caldas, por las razones
expuestas en precedencia.

Tercero: Condénase en costas en esta instancia a la parte demandante, las
cuales serán liquidadas por la Secretaría de esta Corporación conforme lo
determinado en el Código General del Proceso por lo expuesto en la parte
considerativa. Fíjase un 0,5% de la cuantía estimada en este proceso como
agencias en derecho.

Cuarto: La anterior providencia se notifica en estrados.

Quinto: Ejecutoriada esta providencia liquídense los gastos del proceso,
devuélvanse los remanentes si los hubiere y archívese el expediente previas
las anotaciones pertinentes en el programa informático Justicia Siglo XXI.»

23. Como fundamento de su decisión, señaló que la cuestión a resolver era si los
actos administrativos demandados estaban viciados de nulidad por haber sido
expedidos sin competencia, con infracción de las normas que los fundamentan y
con falsa motivación.

24. Analizó el cargo de violación del principio de legalidad e indicó que para la fecha
en la cual fue liquidado el contrato suscrito entre el Municipio de Aránzazu y la EPS
Café Salud sí existían normas vigentes que obligaban al municipio a remitir al
departamento los excedentes de las actas de liquidación, toda vez que aunque el
artículo 39 de la Ley 1393 de 2010 y el artículo 3 del Decreto 1124 de 2011 fueron
expedidos con posterioridad al período de ejecución de los contratos de
aseguramiento, su aplicación recaía expresamente en el lapso comprendido entre
el 1 de octubre de 2009 y el 31 de marzo de 2011.

25. Precisó que el Decreto 780 de 2016 no derogó sino que compiló el artículo 3
del Decreto 1124 de 2011, razón por la cual no podía considerarse que operó el
decaimiento del acto administrativo y que, en todo caso, las resoluciones
demandadas fueron expedidas con anterioridad a la publicación de dicho decreto.

26. Consideró que la Resolución 0298 del 28 de mayo de 2015 tuvo origen en la
liquidación del contrato suscrito entre el Municipio y la EPS Café Salud para el
8

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período comprendido entre el 1 de octubre de 2009 y el 31 de marzo de 2011, que
arrojó un excedente de $298.338.977 pesos, disminuido a $260.188.929 pesos por
el descuento de recursos no girados al municipio por el Ministerio de Salud, por lo
que no se advirtió la irregularidad alegada de falsa motivación.

27. Estimó que de conformidad con la Ordenanza 446 de 2002 y los estatutos de la
Dirección Territorial de Salud de Caldas, esta entidad tenía dentro de sus funciones
administrar y recaudar los recursos del Fondo Departamental de Salud, siendo por
tanto la entidad competente para realizar el cobro mediante acto administrativo sin
necesidad de acudir previamente a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

28. Destacó que el término de cinco años para constituir el título ejecutivo no había
transcurrido cuando se expidió la Resolución 0298 del 28 de mayo de 2015, toda
vez que la obligación de giro se hizo exigible en octubre de 2011 y dicha resolución
fue expedida en mayo de 2015.

29. Advirtió que el documento elaborado por la Consultora Panacea S.A.S. fue
aportado como prueba documental y no como dictamen pericial, careciendo por
tanto del valor probatorio necesario para modificar el valor establecido en las actas
de liquidación.

30. Con sustento en las anteriores consideraciones, negó las pretensiones
principales y subsidiarias de la demanda.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

31. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente recurso de
apelación contra la sentencia proferida en primera instancia, con fundamento en los
argumentos que se sintetizan a continuación6.

32. Señaló que el Tribunal desconoció el derecho de defensa del Municipio de
Aránzazu y el debido proceso al declarar válidos los actos administrativos

6 Folios 379 a 387 del Cuaderno Principal del Tribunal.

9

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demandados, los cuales a su juicio adolecían de falta de competencia, infracción de
las normas sobre las cuales se expidieron y falsa motivación.

33. Indicó que la norma atribuyó la facultad de reclamar los recursos de excedentes
de actas de liquidación a los departamentos como entidades territoriales y que para
que la Dirección Territorial de Salud de Caldas pudiera actuar válidamente se
requería un acto de delegación del Gobernador de Caldas que nunca existió, siendo
por tanto palmaria la falta de competencia, cargo que el Tribunal desestimó sin
mayor análisis al limitarse a citar las funciones generales de la entidad demandada
con base en la Ordenanza 446 de 2002.

34. Precisó además que la Ley 1393 de 2010 fue expresa y taxativa al atribuir la
facultad de reclamar los excedentes únicamente a los departamentos como
entidades territoriales, de manera que el procedimiento que debió seguirse era que
el municipio girara los recursos al departamento, este los apropiara y luego los
trasladara a la Dirección Territorial para su manejo y destinación, sin que fuera
procedente el cobro directo por parte de esta última.

35. Manifestó que en las resoluciones recurridas se habló de excedentes de actas
de liquidaciones de vigencias 2009 a 2010 y 2010 a 2011, pero en las actas de
liquidación que se anexaron y que se dijo hacían parte de las resoluciones acudidas
solo reposan las actas de los años 2007 y una del 2008, lo que viola el derecho de
defensa de la entidad que representa y configura falsa motivación, cargo que el
Tribunal igualmente desestimó sin hacer un análisis exhaustivo de la situación.

36. Argumentó igualmente que la Ley 1393 de 2010 y el Decreto 1124 de 2011 no
podían aplicarse a los contratos de aseguramiento cuya liquidación originó el cobro,
por cuanto a la fecha de ejecución de dichos contratos no existía norma alguna que
obligara al Municipio a devolver los respectivos saldos. Señaló que, en virtud del
principio de irretroactividad de la ley, no podía imponerse una obligación con
fundamento en normas expedidas con posterioridad al período contractual que se
pretende regular.

10

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37. Agregó que el artículo 3 del Decreto 1124 de 2011 fue derogado expresamente
por el Decreto 780 de 2016 y que las Leyes 1587 de 2012 y 1608 de 2013, así como
la Nota Externa 211483 del 23 de noviembre de 2012 del Ministerio de Salud,
implicaron una derogatoria tácita del mismo decreto al establecer una destinación
diferente para los recursos de las cuentas maestras, señalando además que la Ley
1608 de 2013 en su artículo 2 numeral 1 determina también la vigencia 2011, punto
sobre el cual el Tribunal no hizo pronunciamiento alguno.

38. Solicitó revocar el fallo proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de
Caldas y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda, declarando la
nulidad de los actos administrativos demandados. Manifestó además su
inconformidad con la condena en costas impuesta por el Tribunal, por cuanto el
artículo 188 del CPACA excluye dicha condena en los procesos en que se ventile
un interés público, siendo los recursos del régimen subsidiado de salud
precisamente de esa naturaleza.

V. ACTUACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA

39. El Tribunal Administrativo de Caldas mediante auto de 10 de julio de 2019
concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante7.

40. El Despacho Sustanciador mediante auto de 12 de agosto de 2019, admitió el
recurso8.

41. Posteriormente, en providencia del 10 de septiembre de 2019 se corrió traslado
a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para que emitiera concepto9.

VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

7 Folio 389 del Cuaderno Principal del Tribunal.
8 Folio 4 del Cuaderno de Apelación de Sentencia del Consejo de Estado.
9 Folio 9 a 10 del Cuaderno de Apelación de Sentencia del Consejo de Estado.

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Demandante: Municipio de Aranzazu

42. La parte demandante 10 interpuso y sustentó oportunamente recurso de
apelación contra la sentencia proferida en primera instancia, con fundamento en los
argumentos que se sintetizan a continuación.

43. Señaló que el Tribunal desconoció el derecho de defensa del Municipio de
Aránzazu y el debido proceso al declarar válidos los actos administrativos
demandados, los cuales a su juicio adolecían de falta de competencia, infracción de
las normas sobre las cuales se expidieron y falsa motivación.

44. Indicó que la norma atribuyó la facultad de reclamar los recursos de excedentes
de actas de liquidación a los departamentos como entidades territoriales, y que para
que la Dirección Territorial de Salud de Caldas pudiera actuar válidamente se
requería un acto de delegación del Gobernador de Caldas que nunca existió, siendo
por tanto palmaria la falta de competencia, cargo que el Tribunal desestimó sin
mayor análisis al limitarse a citar las funciones generales de la entidad demandada
con base en la Ordenanza 446 de 2002.

45. Manifestó que en las resoluciones recurridas se habló de excedentes de actas
de liquidaciones de vigencias 2009 a 2010 y 2010 a 2011, pero en las actas de
liquidación que se anexaron y que se dijo hacían parte de las resoluciones acudidas
solo reposan las actas de los años 2007 y una del 2008, lo que viola el derecho de
defensa de la entidad que representa y configura falsa motivación, cargo que el
Tribunal igualmente desestimó sin hacer un análisis exhaustivo de la situación.

46. Agregó que el artículo 3 del Decreto 1124 de 2011 fue derogado expresamente
por el Decreto 780 de 2016 y que las Leyes 1587 de 2012 y 1608 de 2013, así como
la Nota Externa 211483 del 23 de noviembre de 2012 del Ministerio de Salud,
implicaron una derogatoria tácita del mismo decreto al establecer una destinación
diferente para los recursos de las cuentas maestras, señalando además que la Ley
1608 de 2013 en su artículo 2 numeral 1 determina también la vigencia 2011, punto
sobre el cual el Tribunal no hizo pronunciamiento alguno.

10 Folis 17 a 18 (anverso) Cuaderno de Apelación de Sentencia del Consejo de Estado.

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47. Solicitó revocar el fallo proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de
Caldas y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda, declarando la
nulidad de los actos administrativos demandados. Manifestó además su
inconformidad con la condena en costas impuesta por el Tribunal, por cuanto el
artículo 188 del CPACA excluye dicha condena en los procesos en que se ventile
un interés público, siendo los recursos del régimen subsidiado de salud
precisamente de esa naturaleza.

48. La parte demandada guardó silencio en el término de traslado.

VII. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

49. El Ministerio Público no presentó escrito de intervención.

VIII. CONSIDERACIONES

50. De acuerdo con el 328 del CGP11, aplicable por remisión del artículo 306 del
CPACA y en los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora,
la Sala procederá a resolver la controversia.

8.1. Competencia

51. De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y
de lo previsto en el artículo 150 del CPACA y del artículo 13 del Acuerdo 080 de
2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.

11 Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.
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52. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.

8.3. De la falta de competencia

53. Le corresponde a la Sala estudiar si son nulos por falta de competencia los
actos administrativos mediante los cuales la Dirección Territorial de Salud de Caldas
ordenó al Municipio de Aranzazu el giro de excedentes de actas de liquidación de
contratos de aseguramiento del régimen subsidiado a su favor, si como lo aduce la
parte actora, la norma que establece dicha obligación atribuye expresamente la
facultad de reclamar esos recursos únicamente a los Departamentos como
entidades territoriales y no a las Direcciones Territoriales de Salud.

54. Para resolver el cargo es necesario en primer lugar, identificar las normas que
fundamentan el cobro ordenado en los actos demandados, con el fin de determinar
si la competencia para expedirlos le correspondía a la Dirección Territorial de Salud
de Caldas.

55. Los actos demandados se fundamentaron en el artículo 39 de la Ley 1393 de
2010 y en el artículo 3 del Decreto 1124 de 2011, que establecen la obligación de
los municipios de girar a los departamentos los saldos de liquidación de los
contratos de aseguramiento del régimen subsidiado correspondientes al período
comprendido entre el 1 de octubre de 2009 y el 31 de marzo de 2011.

56. El tenor literal del artículo 39 de la Ley 1393 de 201012 es el siguiente:

«Artículo 39. Los saldos de liquidación de los contratos para el aseguramiento
en el régimen subsidiado a favor de las entidades territoriales, se destinarán por
los Departamentos y Distritos para cubrir las prestaciones en salud no cubiertas
con subsidios a la demanda, a la universalización y a la unificación de los Planes
Obligatorios de Salud. Para tal efecto los municipios girarán dichos recursos a

12 Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se adoptan medidas para

promover actividades generadoras de recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de
aportes a la salud, se redireccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras
disposiciones
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los Departamentos, a más tardar seis (6) meses después de terminado el
período de ejecución de los respectivos contratos.» (Subrayas de la Sala).

57. El Decreto 1124 de 201113 que reglamentó entre otros el citado artículo 39,
señala en lo pertinente:

«Artículo 1. Objeto: El presente decreto tiene por objeto determinar el uso de
los recursos establecidos en los artículos 6° y 8° de la Ley 1393 de 2010,
recaudados a partir de la fecha de entrada en vigencia de dicha ley, y hasta el
31 de diciembre de 2010, y de los saldos de liquidación resultantes de la
liquidación de los contratos suscritos para garantizar el aseguramiento de la
población durante el período comprendido entre el 1° de octubre de 2009 y el
31 de marzo de 2011.»

«Artículo 2: Utilización de los recursos destinados para la salud en los
artículos 6° y 8° de la Ley 1393 de 2010. Los recursos recaudados por los
departamentos y distritos en virtud de los artículos 6° y 8° de la Ley 1393 de
2010 a partir de la fecha de su vigencia y hasta el 31 de diciembre de 2010,
serán utilizados por las entidades territoriales para la financiación de los
servicios prestados a la población pobre en lo no cubierto por subsidios a la
demanda, incluyendo la atención a la población pobre no asegurada.»

«Artículo 3: Utilización de saldos de liquidación de los contratos para el
aseguramiento en el Régimen Subsidiado. Los saldos a favor de las
entidades territoriales, resultantes de la liquidación de los contratos suscritos
para garantizar el aseguramiento de la población durante el período
comprendido entre el 1° de octubre de 2009 y el 31 de marzo de 2011, será,
girados por los municipios al departamento al que pertenece. Estos recursos
serán utilizados por los departamentos y distritos, de acuerdo con su
competencia, para la financiación de servicios prestados a la población pobre
en lo no cubierto por subsidios a la demanda».

58. Visto el fundamento normativo del cobro ordenado en los actos demandados,
corresponde ahora precisar la naturaleza jurídica de la Dirección Territorial de Salud
de Caldas y su relación con el Departamento de Caldas como entidad territorial.

59. La Dirección Territorial de Salud de Caldas es un establecimiento público del
orden departamental, creado mediante la Ordenanza 446 de 2002 14 proferida por
la Asamblea Departamental de Caldas.

13 Por el cual se determinan los criterios de uso de unos recursos destinados a la salud.
14 Por medio de la cual se transforma la unidad administrativa especial denominada “Dirección
Seccional de Salud de Caldas” en Dirección Territorial De Salud De Caldas y se conceden unas
facultades pro témpore al gobernador del departamento.
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60. Sobre las entidades descentralizadas señala la Ley 489 de 1998:

«Artículo 68. Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas
del orden nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía
mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con
personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de
servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su
autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas,
la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o
comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
propio. Cómo órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía
administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del
órgano de la administración al cuál están adscritas.» (Subrayas de la Sala)

«Artículo 69. Creación de las entidades descentralizadas. Las entidades
descentralizadas, en el orden nacional, se crean por la ley, en el orden
departamental, distrital y municipal, por la ordenanza o el acuerdo, o con su
autorización, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley. El
proyecto respectivo deberá acompañarse del estudio demostrativo que
justifique la iniciativa, con la observancia de los principios señalados en el
artículo 209 de la Constitución Política.» (Subrayas de la Sala).

61. La misma disposición prevé respecto de los establecimientos públicos, lo
siguiente:

«Artículo 70.- Establecimientos públicos. Los establecimientos públicos son
organismos encargados principalmente de atender funciones administrativas y
de prestar servicios públicos conforme a las reglas del Derecho Público, que
reúnen las siguientes características:

a. Personería jurídica;

b. Autonomía administrativa y financiera;

c. Patrimonio independiente, constituido con bienes o fondos públicos comunes,
el producto de impuestos, rentas contractuales, ingresos propios, tasas o
contribuciones de destinación especial, en los casos autorizados por la
Constitución y en las disposiciones legales pertinentes.»

62. En relación con las facultades atribuidas a las asambleas departamentales,
relevantes para el caso concreto, el artículo 300 de la Constitución Política
establece:

«Artículo 300: Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de
ordenanzas:

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1. Reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a
cargo del Departamento.

[…]

7. Determinar la estructura de la Administración Departamental, las funciones
de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus
distintas categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las
empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación
de sociedades de economía mixta.» (Subrayas de la Sala)

63. En desarrollo de las competencias previstas en los numerales 1 y 7 del artículo
300 de la Constitución Política, la Asamblea Departamental de Caldas expidió la
Ordenanza 446 de 2002, cuyo contenido relevante para el presente asunto es el
siguiente:

«Artículo Primero: Transfórmese la Unidad Especial, denominada Dirección
Seccional de Salud de Caldas creada mediante Ordenanza 02 de octubre de
1990, en la Dirección Territorial de Salud de Caldas, como establecimiento
público del orden Departamental, con autonomía Administrativa, Presupuestal
y Financiera, regulada por la Ley 10 de 1990, la Ley 100 de 1993, la Ley 617 de
2000 y la Ley 715 de 2001 y las demás disposiciones que rijan y llegaren a regir
en el Sector Salud y cuya representación legal será ejercida por un Director
designado por el Gobernador del Departamento.»

«Artículo Segundo: El objeto de la Dirección Territorial de Salud de Caldas es
el de dirigir, controlar, coordinar y vigilar el Sector Salud y el Sistema General
de Seguridad Social en Salud en Caldas, atendiendo las disposiciones
Nacionales sobre la materia.

Para tal efecto, se le asignan las siguientes funciones:

1. De Dirección del sector salud en el ámbito departamental.

[…]

d) Supervisar y controlar el recaudo y la aplicación de los recursos propios, los
cedidos por la Nación y los del Sistema General de Participaciones con
destinación específica para salud, y administrar los recursos del Fondo
Departamental de Salud.» (Subrayas de la Sala).

64. La atribución contemplada en el artículo segundo reproduce en el ámbito
departamental lo previsto en el artículo 43.1.4 de la Ley 715 de 2001, que en relación
con las competencias de los departamentos en el sector salud dispone lo siguiente:

«Artículo 43. Competencias de los departamentos en salud. Sin perjuicio de
las competencias establecidas en otras disposiciones legales, corresponde a
los departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema
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General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción,
atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia. Para tal efecto, se le
asignan las siguientes funciones:

43.1. De dirección del sector salud en el ámbito departamental.

[…]

43.1.4. Supervisar y controlar el recaudo y la aplicación de los recursos propios,
los cedidos por la Nación y los del Sistema General de Participaciones con
destinación específica para salud, y administrar los recursos del Fondo
Departamental de Salud.» (Subrayas de la Sala).

65. De la lectura de estas disposiciones se advierte que la obligación de giro se
establece en favor del Departamento como entidad territorial. Sin embargo, ello no
implica per se que la Dirección Territorial de Salud de Caldas careciera de
competencia para expedir los actos administrativos que ordenaron el reintegro de
dichos recursos, pues los excedentes de actas de liquidación de contratos de
aseguramiento del régimen subsidiado son precisamente recursos con destinación
específica para salud que integran el Fondo Departamental de Salud. De ahí que la
facultad de administrar dicho Fondo, expresamente atribuida a la Dirección
Territorial por el artículo 2 numeral 1 literal d) de la Ordenanza 446 de 2002,
comprenda la de gestionar el recaudo de todos los recursos que lo conforman,
incluidos los que deben ser reintegrados por los municipios en virtud del artículo 39
de la Ley 1393 de 2010 y el artículo 3 del Decreto 1124 de 2011 ya citados.

66. Entonces, la distinción orgánica entre el Departamento y la Dirección Territorial
no fractura la unidad de la administración de los recursos del sector salud. Por el
contrario, al ser la Dirección Territorial un establecimiento público encargado de la
administración del Fondo Departamental de Salud, esta tiene a su cargo las
facultades de recaudo y gestión de cobro de los recursos que lo integran. Así las
cosas, la referencia que el artículo 39 de la Ley 1393 de 2010 y el artículo 3 del
Decreto 1124 de 2011 hacen al Departamento como destinatario de los giros, debe
entenderse referida a la entidad territorial como titular del derecho, cuya ejecución
y defensa administrativa corresponde al órgano especializado creado para tal fin por
la Asamblea Departamental. En consecuencia, la Dirección Territorial de Salud de
Caldas no actuó como un tercero ajeno, sino como el establecimiento público a

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través del cual el Departamento materializa la recuperación de los recursos de salud
bajo su dirección.

67. Lo expuesto desvirtúa igualmente el argumento según el cual el procedimiento
que debía seguirse era que el municipio girara los recursos al Departamento, este
los apropiara y luego los trasladara a la Dirección Territorial para su manejo y
destinación, pues dicho planteamiento confunde la titularidad de los recursos con
su administración. Si bien es cierto que el artículo 39 de la Ley 1393 de 2010
establece que los saldos de liquidación son a favor de los departamentos, ello no
implica que este deba recibirlos antes de que la Dirección Territorial pueda
gestionarlos. La Dirección Territorial está expresamente facultada para administrar
los recursos del Fondo Departamental de Salud por virtud del artículo 2 numeral 1
literal d) de la Ordenanza 446 de 2002, lo que comprende la facultad de gestionar
su recaudo de manera directa. Exigir que el Departamento recibiera primero los
recursos para luego trasladarlos a la Dirección Territorial sería imponer un trámite
adicional que desconocería la razón de ser de la Dirección Territorial como
organismo especializado en la administración de los recursos del sector salud.

68. Resta examinar el argumento del apelante según el cual la Dirección Territorial
de Salud de Caldas requería delegación expresa del Gobernador del Departamento
para expedir los actos demandados.

69. Sobre la delegación el artículo 211 de la Constitución Política, refiere:

«Artículo 211. La ley señalará las funciones que el Presidente de la República
podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos,
representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes,
gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine.
Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas
puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá
exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre
reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.

La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de
los delegatarios.»

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70. En desarrollo de dicha disposición, la Ley 489 de 1998 regula la delegación
administrativa en los siguientes términos:

«Artículo 9.- Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo
dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente Ley,
podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso,
los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes,
representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura
independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión
de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en
los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al
organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios
de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución
Política y en la presente Ley.

Parágrafo. - Los representantes legales de las entidades descentralizadas
podrán delegar funciones a ellas asignadas, de conformidad con los criterios
establecidos en la presente Ley, con los requisitos y en las condiciones que
prevean los estatutos respectivos.»

71. Al respecto, es preciso distinguir entre la figura de la delegación y la asignación
funcional de competencias derivada de la descentralización por servicios. Mientras
la primera supone el traslado transitorio de una facultad propia del titular a un
subalterno, la segunda constituye una distribución de funciones realizada por el
órgano de representación popular en ejercicio de sus atribuciones constitucionales
(Art. 300.7 C.P.). En este caso, la competencia de la Dirección Territorial de Salud
de Caldas no deviene de un traslado de facultades del despacho del Gobernador,
sino de la voluntad del legislador departamental que, al crear un establecimiento
público especializado, lo dotó de personería jurídica y autonomía para gestionar
íntegramente el Sector Salud.

72. En este escenario, una delegación expresa por parte del Gobernador resulta
improcedente, toda vez que la Dirección Territorial de Salud de Caldas actúa en
virtud de una atribución legal y estatutaria originaria. Al haberle asignado la
Ordenanza 446 de 2002 la función específica de administrar los recursos del Fondo
Departamental de Salud se entiende que la Dirección Territorial es el sujeto procesal
y administrativo legitimado para ejercer todas las acciones de recaudo, cobro y
reintegro de los caudales que nutren dicho Fondo. Exigir una delegación para cada
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actuación administrativa de la Dirección implicaría desconocer la autonomía
financiera y la personería jurídica propia que la Constitución y la Ley 489 de 1998 le
otorgan a las entidades descentralizadas.

73. Por todo lo anterior, el cargo de falta de competencia no está llamado a
prosperar.

8.4. De la falsa motivación

74. A continuación corresponde determinar si son nulos por falsa motivación los
actos administrativos mediante los cuales la Dirección Territorial de Salud de Caldas
ordenó al Municipio de Aranzazu el reintegro de excedentes de actas de liquidación
de contratos de aseguramiento del régimen subsidiado correspondientes a un
período determinado, si las actas de liquidación que obran en el cuaderno
administrativo que los sustenta corresponden a períodos diferentes a los invocados
como fundamento del cobro.

75. Previo al análisis del cargo formulado, la Sala considera pertinente precisar el
alcance del vicio de falsa motivación. Al respecto, esta Sección ha señalado15:

«El citado vicio de nulidad debe ser entendido desde tres (3) enfoques distintos,
a saber: la falsa motivación de hecho, la falsa motivación en derecho y la
indebida motivación, aspectos estos que deben ser analizados siempre desde
el contenido mismo del acto censurado, es decir, atendiendo su alcance interno,
lo que impone que el análisis haga referencia a lo que expone el acto
administrativo en la parte motiva y en la resolutiva.

Pues bien, el primero supone un juicio de certeza, es decir, el cuestionamiento
acerca de si son ciertos los hechos que se esgrimen como fundamento para
expedir la decisión que se cuestiona. Así, de advertir que son falsos, el Juez no
tiene opción diferente que acoger la pretensión de nulidad que se funda en la
mencionada argumentación, si ellos son determinantes para la decisión que el
acto toma.

Por su parte, un cargo de falsa de (sic) motivación en derecho está orientado a
atacar los supuestos jurídicos empleados en la parte motiva y que sustentan la
expedición del acto, de modo que, si llega a acreditarse que la normativa que
invoca la Administración no tiene el alcance para definir la situación jurídica en

15 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López, sentencia del

29 de agosto de 2024 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2015 00201 00.
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el acto, la suerte que corre en un juicio de nulidad será la de desaparecer del
orden jurídico por ilegal.

Finalmente, la indebida motivación surge del análisis de la congruencia que
debe existir entre la parte motiva y la resolutiva, pues esta última debe ser la
consecuencia lógica de lo indicado en aquélla» (Subrayas del texto original).

76. De conformidad con lo expuesto, el cargo de falsa motivación formulado por el
apelante se enmarca en la falsa motivación de hecho, toda vez que su argumento
central consiste en que los hechos invocados como fundamento de los actos
demandados no corresponden a la realidad del expediente administrativo, pues en
su criterio las actas de liquidación que obran en el cuaderno administrativo
corresponderían a vigencias distintas a las que sirvieron de sustento al cobro
ordenado. En consecuencia, el análisis corresponde a determinar si los hechos que
motivaron los actos demandados son o no verídicos a la luz de las pruebas que
obran en el proceso.

77. Revisado el expediente administrativo, la Sala encuentra que si bien es cierto
que en el cuaderno administrativo obran actas de liquidación correspondientes a las
vigencias comprendidas entre el 1 de octubre de 2006 y el 31 de marzo de 2007 y
entre el 1 de abril de 2007 y el 31 de marzo de 2008, también lo es que reposan las
actas de liquidación de los contratos de aseguramiento suscritos entre el Municipio
de Aranzazu y las EPS-S para la vigencia comprendida entre el 1 de abril de 2010
y el 31 de marzo de 2011, que es el período respecto del cual se ordenó el giro de
los excedentes mediante las Resoluciones 0298 de 2015 y 0162 de 2016.

78. Debe aclararse que las actas de liquidación de las vigencias 2006-2007 y 2007-
2008 que reposan en el cuaderno administrativo fueron anexadas con el propósito
de que el Municipio pudiera identificar con claridad que los recursos objeto del cobro
no correspondían a los excedentes reclamados en virtud del Acuerdo 413 de 2009
del Ministerio de la Protección Social, que regulaba la devolución de saldos de las
vigencias 2006-2008, sino a los excedentes del período octubre de 2009 a marzo
de 2011, cuyo giro fue ordenado con fundamento en el artículo 39 de la Ley 1393
de 2010 y el artículo 3 del Decreto 1124 de 2011.

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79. Lo anterior se corrobora con el oficio SA 299 del 29 de septiembre de 2011,
mediante el cual la Subdirección de Aseguramiento de la Dirección Territorial
gestionó de manera independiente el cobro de los $157.816.117 correspondientes
a las vigencias 2006-2008 con fundamento en el Acuerdo 413 de 2009:

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16

80. Ello demuestra que la entidad demandada manejó los dos cobros de forma
separada, con distinto fundamento normativo y diferente soporte documental, sin
que en ningún momento las actas de los períodos anteriores hubieran sido
invocadas como sustento de los actos demandados.

16 Folio 238 y anverso del Cuaderno del Tribunal.

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81. Entonces, lejos de constituir una inconsistencia en la motivación de los actos
demandados, la inclusión de esas actas refleja un esfuerzo de la entidad
demandada por contextualizar el cobro y diferenciarlo de obligaciones anteriores ya
parcialmente satisfechas mediante el acuerdo de compensación suscrito entre las
partes el 13 de diciembre de 2011.

82. En línea con lo anterior, se extrae de la Resolución 0298 del 28 de mayo de
2015 lo siguiente:

17

83. Entonces es claro que el acto administrativo da cuenta en su parte motiva que
revisadas las actas de liquidación existían excedentes totales a favor de la Dirección
Territorial de Salud de Caldas por $323.789.092, discriminados así: $63.600.163
correspondientes al periodo de octubre de 2009 a marzo de 2010, y $260.188.930
correspondientes al periodo abril de 2010 a marzo de 2011. Dado que el Municipio
ya había cancelado los $63.600.163 de la primera subvigencia mediante el acuerdo

17 Folio 26 (anverso) del Cuaderno del Tribunal.

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de compensación suscrito el 13 de diciembre de 2011, el saldo pendiente ascendía
a exactamente $260.188.929, que es la suma objeto del cobro.

84. Se destaca que al momento de resolver el recurso de reposición mediante la
Resolución 0162 de 2016 se precisó que si bien es cierto que en el cuaderno
administrativo obraban actas de liquidación de los años 2007 y 2008, de igual
manera reposan las actas de liquidación de los años 2009, 2010 y 2011, así como
otros documentos que acreditaban el fundamento del cobro, y que la razón por la
cual se anexaron las actas de las vigencias anteriores era permitirle al Municipio
conocer el histórico de las actas de liquidación suscritas con las diferentes EPS-S y
verificar que los recursos cobrados no correspondían al Acuerdo 413 de 2009 sino
a los excedentes del Decreto 1124 de 2011.

85. Al respecto es útil traer la siguiente captura de pantalla 18 tomado del acto
cuestionado:

18 Folio 38 del Cuaderno del Tribunal.

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86. Se concluye entonces que en ningún momento los actos demandados invocan
como fundamento fáctico las actas de liquidación de las vigencias 2006-2007 y
2007-2008, ni ordenan el cobro de excedente alguno correspondiente a esos
períodos, de manera que la premisa sobre la que el apelante construye el cargo de
falsa motivación carece de sustento probatorio. La correspondencia exacta entre los
valores que arrojan las actas del período efectivamente cobrado y la suma
reclamada desvirtúa de manera concluyente dicho cargo, el cual no está llamado a
prosperar.

8.5. De la infracción de norma superior

87. Debe estudiar la Sala si son nulos por infracción de las normas superiores en
que debían fundarse, los actos administrativos mediante los cuales la Dirección
Territorial de Salud de Caldas ordenó al Municipio de Aranzazu el reintegro de
excedentes de actas de liquidación de contratos de aseguramiento del régimen
subsidiado, si como lo sostiene el demandante, las normas que fundamentan dicha
obligación no podían aplicarse por haber sido expedidas con posterioridad al
período de ejecución de los contratos sobre los cuales recae el cobro.

88. En lo que respecta a este cargo, la Sala advierte que la Ley 1393 de 2010 fue
publicada el 12 de julio de 2010 y el Decreto 1124 de 2011 el 8 de abril de 2011,
mientras que los contratos de aseguramiento del régimen subsidiado cuya
liquidación dio origen al cobro ordenado en los actos demandados correspondieron
al período comprendido entre el 1 de octubre de 2009 y el 31 de marzo de 2011. De
lo anterior se desprende que la Ley 1393 de 2010 entró en vigencia durante la
ejecución de la totalidad de dichos contratos. El Decreto 1124 de 2011, en cambio,
fue expedido cuando los contratos ejecutados entre el 1 de octubre de 2009 y el 31
de marzo de 2010 ya habían culminado, y cuando los ejecutados entre el 1 de abril
de 2010 y el 31 de marzo de 2011 estaban próximos a terminar.

89. El apelante sostiene que las normas que fundamentan el cobro no podían
aplicarse a los contratos en cuestión, por cuanto fueron expedidas con posterioridad
al período de su ejecución, lo que a su juicio constituye una aplicación retroactiva
de la ley prohibida por el artículo 29 de la Constitución Política. En su criterio, para
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que la obligación de reintegro fuera exigible, las normas que la consagran debían
haber estado vigentes desde el momento en que los contratos fueron suscritos y
ejecutados, de manera que los excedentes generados en ese período no estarían
cobijados por una regulación posterior.

90. Sin embargo, dicho argumento no está llamado a prosperar, pues parte de una
premisa incorrecta: confundir el momento de ejecución de los contratos con el
momento en que nace la obligación de reintegrar los excedentes. La obligación de
giro no surge durante la ejecución de los contratos sino al finalizar dicho período y
se concreta en el momento de su liquidación, que es cuando se determinan con
certeza los saldos a favor de la entidad territorial. Así lo establecen expresamente
las normas que fundamentan el cobro, como se verá a continuación.

91. El artículo 39 de la Ley 1393 de 2010 establece:

«Artículo 39. Los saldos de liquidación de los contratos para el aseguramiento
en el régimen subsidiado a favor de las entidades territoriales, se destinarán por
los Departamentos y Distritos para cubrir las prestaciones en salud no cubiertas
con subsidios a la demanda, a la universalización y a la unificación de los Planes
Obligatorios de Salud. Para tal efecto los municipios girarán dichos recursos a
los Departamentos, a más tardar seis (6) meses después de terminado el
período de ejecución de los respectivos contratos.»

92. A su vez, el artículo 3 del Decreto 1124 de 2011 precisa:

«Artículo 3°. Utilización de saldos de liquidación de los contratos para el
aseguramiento en el Régimen Subsidiado. Los saldos a favor de las
entidades territoriales, resultantes de la liquidación de los contratos suscritos
para garantizar el aseguramiento de la población durante el período
comprendido entre el 1° de octubre de 2009 y el 31 de marzo de 2011, será,
girados por los municipios al departamento al que pertenece. Estos recursos
serán utilizados por los departamentos y distritos, de acuerdo con su
competencia, para la financiación de servicios prestados a la población pobre
en lo no cubierto por subsidios a la demanda.»

93. De la lectura conjunta de las normas transcritas se concluye que la obligación
de reintegrar los excedentes no surge durante la ejecución de los contratos sino al
finalizar dicho período y concretarse en su liquidación. En consecuencia, la premisa
sobre la que el apelante construye el cargo es incorrecta, pues la obligación nació
cuando ambas normas ya se encontraban plenamente vigentes.
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94. A lo anterior se suma que el propio Decreto 1124 de 2011 delimitó
expresamente su ámbito de aplicación a los saldos resultantes de la liquidación de
los contratos suscritos para garantizar el aseguramiento de la población durante el
período comprendido entre el 1 de octubre de 2009 y el 31 de marzo de 2011, que
es precisamente el período al que corresponden los contratos objeto del cobro
ordenado en los actos demandados. La entidad demandada aplicó exactamente las
normas que correspondían. El cargo, por tanto, no está llamado a prosperar.

8.6. Del decaimiento de los actos administrativos

95. Ahora corresponde determinar si operó el decaimiento de los actos
administrativos mediante los cuales la Dirección Territorial de Salud de Caldas
ordenó al Municipio de Aranzazu el reintegro de excedentes de actas de liquidación
de contratos de aseguramiento del régimen subsidiado, si como lo expone la parte
demandante, la norma reglamentaria que les sirvió de fundamento jurídico fue
posteriormente derogada por otro decreto y de manera tácita por una ley.

96. Como fundamento de su recurso, la parte actora invoca el numeral 2 del artículo
91 del CPACA que señala:

«Artículo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo
norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán
ser ejecutados en los siguientes casos:

[…]

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

[…]»

97. De conformidad con la causal invocada, el apelante sostiene que los actos
demandados perdieron su fuerza ejecutoria porque desaparecieron sus
fundamentos de derecho, por tres razones: la derogatoria expresa del artículo 3 del
Decreto 1124 de 2011 por el Decreto 780 de 2016, la derogatoria tácita del mismo
Decreto por las Leyes 1587 de 2012 y 1608 de 2013 y las instrucciones impartidas
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por el Ministerio de Salud mediante la Nota Externa 211483 del 23 de noviembre de
2012. La Sala procederá a examinar cada uno de estos argumentos.

98. La derogatoria tácita opera cuando una norma posterior regula la misma materia
que una anterior de manera incompatible con ella, de suerte que no es posible la
aplicación simultánea de ambas. Sin embargo, ese presupuesto no se configura en
el presente caso.

99. Al respecto el artículo 3 de la Ley 153 de 1887 señala:

«Artículo 3. Estímase insubsistente una disposición legal por declaración
expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales
posteriores, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a
que la anterior disposición se refería.»

100. La Sala considera pertinente citar los apartes pertinentes de las Leyes 1587
de 2012 y 1608 de 2013 que habrían derogado el Decreto 1124 de 2011, según la
parte actora:

« Ley 1587 de 2012
[…]
Por la cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto General de la
Nación para la vigencia fiscal de 2012.
[…]
Artículo 7o. Uso de los recursos de saldos de las cuentas maestras. Los
saldos de las cuentas maestras del régimen subsidiado de salud, podrán usarse
conforme se señala a continuación siempre y cuando no sean requeridos para
garantizar los compromisos y contingencias derivados del régimen subsidiado
de salud y descontados los que se encuentren previstos para utilizarse
conforme a lo señalado en el artículo 89 de la Ley 1485 de 2011:

1. Para asumir el esfuerzo propio a cargo de los municipios, que durante las
vigencias del 2012 y 2013 se deba aportar en la cofinanciación del Régimen
Subsidiado en Salud.

2. En el pago de los servicios prestados a la población pobre no asegurada y
para el pago de los servicios no incluidos en el Plan de Beneficios a cargo del
departamento o distrito asumidos por Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud públicas o privadas o pagados por las EPS; en este último caso los
recursos reconocidos se girarán directamente a las Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud públicas o privadas, sin importar la fecha de causación
de la obligación.

Para lo dispuesto en este numeral, las entidades territoriales definirán mediante
acto administrativo el monto que se destinará a este propósito, el cual será
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girado en todo los casos a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
En estos pagos se privilegiarán a los Prestadores de Servicios de Salud
Públicos y las obligaciones de mayor antigüedad.

3. Para financiar programas de saneamiento fiscal y financiero de Empresas
Sociales del Estado categorizadas en riesgo medio y alto en cumplimiento de la
Ley 1438 de 2011. Estos programas incluirán medidas en su orden así:
reestructuración y saneamiento de pasivos, adquisición de cartera, pago de
acreencias laborales, disposición de capital de trabajo, pago de cartera
originada en las cuotas de recuperación de servicios prestados a la población
pobre no asegurada o servicios no incluidos en el plan de beneficios de difícil
cobro. Para efectos de la adquisición de cartera, la entidad territorial deberá
adelantar las gestiones de cobro que correspondan ante el deudor o efectuar
acuerdos de pago.

4. En la inversión en el mejoramiento de la infraestructura y dotación de la red
pública de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en el marco de la
organización de la red de prestación de servicios. Los Municipios y Distritos no
certificados ejecutarán los recursos a que hace referencia este numeral, en
coordinación con el Departamento. Estas inversiones deberán estar incluidas
en el Plan Bienal de Inversiones en salud del respectivo departamento o distrito.

5. Para financiar en los municipios y distritos categorías Especial, 1 y 2, pruebas
piloto que permitan hacer ajustes a la UPC del régimen subsidiado en salud en
la forma como lo determine y reglamente el Ministerio de Salud y Protección
Social.

Parágrafo 1o. Para usar los recursos de acuerdo a lo definido en los numerales
4 y 5, las entidades territoriales deberán tener garantizada la financiación
integral del Régimen Subsidiado de Salud y haber previsto en el caso que
proceda la inversión a que hace referencia el numeral 2 del presente artículo.

Parágrafo 2o. Para efectos de control del uso adecuado de los recursos a que
hace referencia el presente artículo, se establece la obligación de reportar al
Ministerio de Salud y Protección Social los planes de aplicación de dichos
recursos en los términos y condiciones que exija este Ministerio.

El seguimiento y evaluación de los programas de saneamiento fiscal y financiero
de las Empresas Sociales del Estado estarán a cargo del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, con apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social. Para
la recuperación fiscal, financiera e institucional de estas empresas, se podrán
otorgar créditos que administrará y evaluará el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.»

«Ley 1608 de 2013
[…]
Por medio de la cual se adoptan medidas para mejorar la liquidez y el
uso de algunos recursos del Sector Salud
[…]
Artículo 2°. Uso de los recursos de saldos de las cuentas maestras. Los saldos
de las cuentas maestras del régimen subsidiado de salud, podrán usarse
conforme se señala a continuación siempre y cuando no sean requeridos para
garantizar los compromisos y contingencias derivados del Régimen Subsidiado

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de Salud y descontados los que se encuentren previstos para utilizarse
conforme a lo señalado en el artículo 89 de la Ley 1485 de 2011:

1. Para asumir el esfuerzo propio a cargo de los municipios y distritos, que
durante las vigencias de 2011, 2012 y 2013 se deba aportar en la cofinanciación
del Régimen Subsidiado de Salud. Estos recursos se girarán directamente a las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

2. En el pago de los servicios prestados a la población pobre no asegurada y
para el pago de los servicios no incluidos en el Plan de Beneficios a cargo del
departamento o distrito asumidos por Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud públicas o privadas, sin importar la fecha de causación de la obligación,
previa auditoría de cuentas conforme a lo establecido por las normas legales y
reglamentarias vigentes.

Para lo dispuesto en este numeral, las entidades territoriales definirán mediante
acto administrativo el monto que se destinará a este propósito, el cual será
girado en todos los casos a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
En estos pagos se privilegiarán a las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud Públicas.

3. Para financiar programas de saneamiento fiscal y financiero de Empresas
Sociales del Estado categorizadas en riesgo medio y alto en cumplimiento de la
Ley 1438 de 2011. Estos programas incluirán medidas que deberán seguir el
siguiente orden de prelación: pago de acreencias laborales, reestructuración y
saneamiento de pasivos, adquisición de cartera, disposición de capital de
trabajo, pago de cartera originada en las cuotas de recuperación por servicios
prestados a la población pobre no asegurada o servicios no incluidos en el plan
de beneficios de difícil cobro. Para efectos de la adquisición de cartera, la
entidad territorial deberá adelantar las gestiones de cobro que correspondan
ante el deudor o efectuar acuerdos de pago.

4. En la inversión en el mejoramiento de la infraestructura y dotación de la red
pública de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en el marco de la
organización de la red de prestación de servicios. Los Municipios y Distritos no
certificados ejecutarán los recursos a que hace referencia este numeral, en
coordinación con el Departamento. Estas inversiones deberán estar incluidas
en el Plan Bienal de Inversiones en salud del respectivo departamento o distrito.

5. Para financiar en los municipios y distritos categorías Especial, 1 y 2, pruebas
piloto que permitan hacer ajustes a la UPC del Régimen Subsidiado de Salud
en la forma como lo determine y reglamente el Ministerio de Salud y Protección
Social.»

«Artículo 3°. Uso de los recursos de aportes patronales. Los recursos del
sistema general de participaciones del componente de prestación de servicios
en lo no cubierto con subsidios a la demanda aportes patronales, se usarán de
la siguiente forma:

1. Durante los años 2013 y 2014 los recursos del sistema general de
participaciones transferidos sin situación de fondos y presupuestados por las
empresas sociales del Estado por concepto de aportes patronales, no estarán
sujetos a reconocimiento por servicios prestados. Estos recursos se
considerarán subsidio a la oferta.
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Los recursos de aportes patronales del componente de prestación de servicios
en lo no cubierto con subsidios a la demanda girados y que no hayan sido
facturados durante la vigencia 2012 estarán sujetos a lo dispuesto en este
numeral.

Los aumentos a la nómina y consecuentes incrementos de los aportes
patronales posteriores a la vigencia 2012, no serán considerados para efectos
del presente artículo.

La entidad territorial podrá establecer metas a las Instituciones Prestadoras de
servicios de salud públicas beneficiarias de los aportes patronales para la
ejecución de estos recursos.

2. Los recursos de excedentes de aportes patronales correspondientes a
activos remanentes del recaudo de aportes al Sistema de Seguridad Social en
Salud provenientes del proceso de liquidación de Cajanal EPS, se podrán usar
por los departamentos y distritos así:

Para el pago de los servicios prestados a la población pobre no asegurada y
servicios no incluidos en el Plan de Beneficios a cargo del departamento o
distrito asumidos por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
públicas o privadas o pagados por las EPS. Los recursos a que hace referencia
este artículo en todos los casos se girarán directamente a las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud desde el mecanismo de recaudo y giro
creado en desarrollo del artículo 31 de la Ley 1438 de 2011; para este fin las
entidades territoriales y las EPS, según sea el caso, remitirán al Ministerio de
Salud y Protección Social la información de las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud a quienes se harán dichos giros conforme a lo previsto en
este artículo. En estos pagos, se privilegiarán a las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud Públicas y las obligaciones de mayor antigüedad.

La distribución de estos recursos se hará entre los departamentos y distritos así:

a). 50% del total de los recursos en partes iguales entre todos los
departamentos y distritos del país;

b). 50% entre departamentos y distritos con la fórmula dispuesta en el inciso 2°
del artículo 49 de la Ley 715 de 2001 y demás disposiciones reglamentarias.»

101. El artículo 7 de la Ley 1587 de 2012 y el artículo 2 de la Ley 1608 de 2013
regulan el uso de los saldos de las cuentas maestras del régimen subsidiado de
salud, esto es, los recursos que ya se encuentran depositados en dichas cuentas a
disposición de las entidades territoriales.

102. El artículo 3 del Decreto 1124 de 2011, en cambio, regula un momento
anterior dentro del mismo flujo de recursos: la obligación de los municipios de girar
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al departamento los excedentes resultantes de la liquidación de los contratos de
aseguramiento, así como la destinación que debe dárseles una vez recibidos. Las
normas no se contradicen ni se excluyen entre sí, pues cada una regula una etapa
diferente del mismo proceso, pues el Decreto 1124 establece la obligación de
transferir los recursos y su destinación inicial y las leyes posteriores determinan
cómo pueden utilizarse una vez que ya se encuentran incorporados en las cuentas
maestras. No existe incompatibilidad alguna que permita predicar derogatoria tácita
entre ellas.

103. Tampoco prospera el argumento según el cual el artículo 2 numeral 1 de la
Ley 1608 de 2013 reforzaría la derogatoria tácita del Decreto 1124 de 2011 por
mencionar la vigencia 2011. Dicho numeral dispone que los saldos de las cuentas
maestras podrán usarse para asumir el esfuerzo propio a cargo de los municipios y
distritos que durante las vigencias de 2011, 2012 y 2013 se deba aportar en la
cofinanciación del Régimen Subsidiado de Salud, materia que corresponde a la
cofinanciación del aseguramiento y que es enteramente distinta a la obligación de
reintegrar los excedentes resultantes de la liquidación de contratos de
aseguramiento regulada por el artículo 3 del Decreto 1124 de 2011.

104. Igual consideración merece el argumento fundado en la Nota Externa
211483 del 23 de noviembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social.
Dicho documento no es más que una circular mediante la cual el Viceministro de
Protección Social impartió instrucciones a las entidades territoriales sobre el uso de
los recursos disponibles en las cuentas maestras del régimen subsidiado con
fundamento en el artículo 7 de la Ley 1587 de 2012. En esa medida, no introduce
argumento alguno distinto al ya analizado respecto de dicha Ley, cuya materia es
diferente a la regulada por el artículo 3 del Decreto 1124 de 2011.

105. Resta examinar el argumento relativo a la derogatoria expresa que el
apelante predica del Decreto 780 de 2016.

106. Para resolver sobre el cargo se considera de utilidad citar el artículo 4.1.1
del Decreto ya mencionado:

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«Artículo 4.1.1. Derogatoria integral. Este Decreto regula íntegramente las
materias contempladas en él. Por consiguiente, de conformidad con el artículo
3 de la Ley 153 de 1887, quedan derogados todos los decretos de naturaleza
reglamentaria relativos al Sector Salud y Protección Social que versan sobre las
mismas materias.

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones
compiladas en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo
el entendido de que sus fundamentos jurídicos permanecen en el presente
decreto.»

107. De la lectura de este último aparte normativo, se evidencia que no se
configura ninguna de las causales para considerar insubsistente la disposición legal
respecto del artículo 3 del Decreto 1124 de 2011, por las razones que pasan a
exponerse.

108. El Decreto 780 de 2016 no derogó expresamente el Decreto 1124 de 2011
ni su artículo 3, pues no lo menciona en ninguna de sus disposiciones.

109. Tampoco existe incompatibilidad entre el Decreto 780 y el artículo 3 del
Decreto 1124, toda vez que este último regula la obligación de reintegro de los
excedentes resultantes de la liquidación de contratos de aseguramiento del período
comprendido entre el 1 de octubre de 2009 y el 31 de marzo de 2011, materia que
no fue objeto de compilación ni regulación en el Decreto 780.

110. No puede afirmarse que el Decreto 780 regule íntegramente la materia a
que se refería el artículo 3 del Decreto 1124, precisamente porque el reintegro de
excedentes de un período contractual ya cerrado y determinado no fue incorporado
en la compilación, lo que confirma que se trata de una obligación ya causada que el
compilador no tenía razón de regular nuevamente.

111. A lo anterior se suma que el Decreto 780 de 2016 fue publicado el 6 de
mayo de 2016, con posterioridad a la expedición de las Resoluciones 0298 del 28
de mayo de 2015 y 0162 del 2 de marzo de 2016, de manera que incluso si se
admitiera que dicho decreto derogó el artículo 3 del Decreto 1124 de 2011, esa
derogatoria no tendría la virtualidad de afectar retroactivamente la legalidad ni la

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ejecutoriedad de unos actos administrativos expedidos cuando la norma se
encontraba plenamente vigente.

112. Lo anterior por cuanto el decaimiento del acto administrativo es una figura
que opera hacia el futuro, produciendo la pérdida de fuerza ejecutoria del acto a
partir del momento en que desaparece su fundamento jurídico, pero no afecta su
validez, la cual debe juzgarse conforme al ordenamiento vigente al momento de su
expedición.

113. Así lo ha precisado esta Sección al señalar que:

«En efecto, en la práctica bien pudo haberse producido la expedición de actos
administrativos creadores de situaciones jurídicas particulares y concretas con
base en aquel del que se predica el fenómeno del DECAIMIENTO, por
declaratoria de inexequibilidad de la ley o por declaratoria de nulidad de la
norma sustento de derecho y, como quiera que tal fenómeno en nada afecta la
validez del acto administrativo, no se afecta el principio de la presunción de
legalidad del acto administrativo, ya que el juzgamiento de la legalidad de un
acto administrativo debe hacerse con relación a las circunstancias vigentes al
momento de su expedición»19. (Subrayas de la Sala).

114. Bajo esta línea jurisprudencial, las resoluciones demandadas fueron
expedidas cuando el artículo 3 del Decreto 1124 de 2011 se encontraba vigente, de
manera que su legalidad no podría verse afectada por una eventual modificación
normativa posterior, pues el juzgamiento de la legalidad de un acto administrativo
debe hacerse con relación a las circunstancias vigentes al momento de su
expedición.

115. Por todo lo anterior, el cargo no está llamado a prosperar.

8.7. De la condena en costas

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de

agosto de 2000, Exp. No. 5722. C.P.: Olga Inés Navarrete Barrero. Reiterado en auto del 15 de
marzo de 2024, Radicado: 11001 03 24 000 2023 00175 00.
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116. Finalmente se determinará si procede la condena en costas en los procesos
de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se ventile un asunto
relacionado con recursos del régimen subsidiado de salud.

117. En observancia del artículo 188 del CPACA20, se debe disponer sobre la
condena en costas salvo en los procesos en que se ventile un interés público.

118. En el caso concreto, la controversia recayó sobre la destinación y
transferencia de recursos públicos provenientes de la liquidación de contratos de
aseguramiento en salud del régimen subsidiado. Se trata de recursos que integran
la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y que están
destinados a garantizar la prestación de servicios de salud a una población
especialmente protegida, por lo que la discusión trasciende los intereses
patrimoniales de las entidades involucradas y compromete el interés general.

119. Así lo ha reconocido esta Corporación en un proceso de naturaleza similar
al que aquí se resuelve, en el que precisó que dicho supuesto se cumple «por
haberse debatido en él la transferencia entre entidades territoriales, de recursos
públicos producto de las liquidaciones de contratos de aseguramiento en salud para
la población del régimen subsidiado»21.

120. En consecuencia, la Sala revocará la condena en costas impuesta en
primera instancia y se abstendrá igualmente de imponerlas en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

20 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejera ponente: María Adriana Marín, 26 de septiembre

de 2025, radicación número: 17001-23-33-000-2016-00781-01 (63174).
37

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Número de radicación: 17001 23 33 000 2016 00464 01
Demandante: Municipio de Aranzazu

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas en audiencia pública del 20 de junio de 2019, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral TERCERO del fallo de primera instancia y en su
lugar se dispone: NO CONDENAR en costas en primera instancia.

TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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