Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00491-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00491-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2016-00491-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
6 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17 001 23 33 000 2016 00491 01 (4921-2023)
Demandante: María Fanny López Botero
Demandado: Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento de
Caldas
Tema: Intereses por mora en el pago del retroactivo de la
homologación salarial. Condena en costas en primera
instancia.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia de fecha 5 de marzo de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de
la demanda y condenó en costas a la parte demandante.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda.
Primera. Declarar la nulidad de la Resolución 1440-6 de 22 de febrero de 2016,1
proferida por la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, que negó
a la demandante el reconocimiento y pago de los intereses por mora en el pago
del retroactivo de la homologación y nivelación salarial.
Segunda. Condenar a la accionada a reconocer y pagar a la parte actora los
intereses moratorios generados por el desembolso tardío del retroactivo de la
homologación y nivelación salarial, los cuales deberán ser liquidados con base
en el interés bancario corriente desde la fecha de su causación hasta la fecha
efectiva del pago.
Tercera. Cumplir la sentencia de acuerdo con los términos establecidos en el
artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
1 Expediente digital índice 2 SAMAI.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 17 001 23 33 000 2016 00491 01 (4921-2023)
Demandante: María Fanny López Botero
Cuarta. Condenar en costas a la entidad demandada.
Hechos que fundamentan la demanda.
1. La señora María Fanny López Botero prestó sus servicios a la Secretaría
de Educación del Departamento de Caldas, en calidad de personal
administrativo.
2. En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 60 de 1993, el Ministerio de
Educación Nacional expidió la Resolución 3500 de 1996, certificando al
Departamento de Caldas para administrar en su jurisdicción territorial el servicio
educativo.
3. Por esa razón, la gobernación emitió el Decreto 0021 de 1997,
transfiriendo a la planta de cargos territorial y en las mismas condiciones
laborales que traían de la Nación, al personal administrativo de educación,
pasando por alto que sus pares a nivel seccional detentaban condiciones
salariales superiores.
4. Sin embargo, desconoció que a través del Concepto 1607 de 9 de
diciembre de 2004, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
precisó que, con ocasión al proceso de descentralización educativa, los entes
territoriales debían nivelar y homologar salarialmente a todos los servidores
públicos provenientes de la Nación frente a los ingresos de los empleados del
nivel local.
5. Atendiendo la Directiva Ministerial 10 de 2005 y la Resolución 2171 de 17
de mayo de 2006, la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas
elaboró y presentó ante el Ministerio de Educación Nacional el estudio técnico
para adelantar la mencionada homologación y nivelación salarial. Dicho estudio
fue aprobado a través del comunicado de 30 de marzo de 2007.
6. Agotado ese trámite, la Gobernación de Caldas niveló y homologó los
empleos en cita con el Decreto 0399 de 20 abril de 2007. No obstante, y previa
solicitud de esa entidad, la cartera ministerial aprobó la modificación al estudio
técnico adoptado con tal fin mediante oficio de 1.° de junio de 2009. Esto conllevó
que a través del Decreto 337 de 2 de diciembre de 2010, se introdujeran
variaciones a la resolución antes señalada.
7. El 15 de diciembre de ese año, con el Decreto 353, el ente territorial
incorporó a la planta de cargos al personal homologado y nivelado, haciendo la
salvedad de que sus costos serían financiados con recursos del Sistema General
de Participaciones.
8. En consecuencia, mediante la Resolución 2148-6 de 22 de marzo de 2013,
aclarada por la Resolución 4349-6 de 26 de junio de ese mismo año y modificada
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Demandante: María Fanny López Botero
por la Resolución 9029-6 del 11 de diciembre de 2014, el Ministerio de Educación
Nacional, a través de la Secretaría de Educación Departamental de Caldas,
reconoció y pagó al demandante los dineros por concepto de retroactivo del
proceso de homologación y nivelación salarial y prestacional.
9. En general, la aludida deuda surgió el 10 de febrero de 1997 -con la
primigenia incorporación a la planta de personal departamental ordenada en el
Decreto 021- y feneció el 31 de diciembre de 2009. Esto, por cuanto desde el año
2010 la gobernación empezó a pagar los salarios homologados.
10. No obstante, en el caso de la señora López Botero, tal deuda acaeció entre
el 10 de febrero de 1997 y el año 2002, según lo certificado por el ente accionado,
mientras que su pago se produjo el 15 de abril de 2013. Esta mora activó los
intereses moratorios regulados en el Código Civil
11. Al aplicarle los respectivos intereses moratorios al capital pagado por la
Gobernación de Caldas -sin la respectiva actualización-, se obtiene una suma
dineraria mayor a la reconocida por concepto de indexación, lo cual es más
favorable a los intereses de la trabajadora. Por si fuera poco, la aludida
indexación fue mal calculada, pues con tales fines se empleó un factor IPC
desactualizado.
12. El 10 de agosto de 2015, se solicitó el reconocimiento y pago de los
intereses por mora en el pago tardío del retroactivo por concepto nivelación y
homologación salarial del personal administrativo vinculado a la Secretaría de
Educación Departamental de Caldas, así como la revisión del proceso de
indexación, petición que fue negada a través del acto administrativo cuestionado.
Fundamentos de derecho. Se señalaron como vulneradas las siguientes
disposiciones:
• Artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 72, 93, 123, 209 y 350 de la Constitución Política.
• Artículos 1608, 1617 y 1649 del Código Civil.
• Artículo 16 de la Ley 446 de 1998.
13. Al desarrollar el concepto de violación, el abogado, luego de referenciar
brevemente los alcances del proceso de nivelación y homologación salarial en el
sector educativo, arguyó en esencia que:
14. La Secretaría de Educación Departamental de Caldas, como receptora de
los servidores nacionales del sector educativo, debió incluir en el estudio técnico
la indexación de capital y los intereses moratorios por el pago tardío de las
acreencias laborales provenientes de la nivelación y homologación salarial.
15. Ello, por cuanto funge como primer responsable de ese proceso y, por
ende, antes de avalar las incorporaciones a su planta de personal, le
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correspondía nivelar a los empleados provenientes de la Nación con sus propios
funcionarios.
16. El incumplimiento de las obligaciones por parte de los distintos órganos
estatales que participaron en la concreción de este proceso no se erige en
fundamento válido para negar los aludidos intereses moratorios, pues los
trabajadores no pueden asumir las cargas estatales en este sentido y, además,
el Estado no puede valerse de su propia incuria al respecto.
17. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en materia prestacional
es viable el reconocimiento y pago de intereses moratorios. No obstante, y
aunque frente a las acreencias laborales se ha pregonado la incompatibilidad
entre la indexación y los intereses por mora, se debe aplicar el principio de
favorabilidad en pro de los intereses de la demandante.
Contestación de la demanda.
Nación – Ministerio de Educación Nacional
18. Dentro de la oportunidad de ley, esa entidad contestó la demanda,2
oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Como
argumentos de defensa esgrimió los siguientes:
19. El Ministerio de Educación Nacional no es el llamado a satisfacer las
pretensiones de la parte actora, pues el acto administrativo cuestionado fue
emitido por la entidad territorial a la que se encontraba vinculada la demandante.
20. Los recursos con los que se cubren las obligaciones prestacionales de los
docentes y del personal administrativo de educación no provienen del presupuesto
del Ministerio de Educación Nacional.
21. Los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001 establecieron el procedimiento
para incorporar las plantas financiadas con recursos del Sistema General de
Participaciones a las plantas de personal de las entidades del orden territorial y,
en el caso bajo análisis, tal procedimiento se cumplió mediante la incorporación y
homologación de cargos, lo que generó los costos derivados del estudio técnico.
22. El Acto Legislativo 01 de 2005 estableció que los recursos del Sistema
General de Participaciones asignados para el sector de educación serían
destinados para financiar la prestación de ese servicio.
23. A través de la Directiva Ministerial 10 de 30 de junio de 2005, se impartieron
las directrices orientadas a adelantar el proceso de nivelación y homologación
salarial, así como los criterios y procedimientos necesarios para el efecto, sin que
ello dé lugar al reconocimiento de los intereses pretendidos.
2 Expediente digital índice 2 SAMAI.
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24. Basado en esas consideraciones, formuló las excepciones de “falta de
legitimación en la causa por pasiva”, “prescripción” e “inepta demanda”.
Departamento de Caldas.
25. Dentro de la oportunidad de ley, esa entidad contestó la demanda, 3
oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Como
medios exceptivos formuló los siguientes:
26. Falta de legitimación en la causa por pasiva. Mediante concepto 1607 de
2004, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló que las
entidades territoriales certificadas en educación debían adelantar el procedimiento
para la homologación y nivelación salarial de los empleados administrativos
recibidos de la Nación, pero los costos económicos dimanados de él estarían a
cargo del Ministerio de Educación Nacional.
27. Caducidad de la acción. La demandante dentro de los 4 meses siguientes al
reconocimiento y pago de la homologación salarial debió reclamar los intereses
moratorios reclamados en la demanda. Por tanto, lo pretendido por la señora
López Botero es revivir el termino de caducidad con una solicitud posterior de
reconocimiento y pago de intereses moratorios.
28. Buena Fe. Fundada en que el Departamento de Caldas siempre ha actuado
con diligencia en la elaboración de los actos administrativos, no obstante, la
cancelación de los dineros reconocidos en los mismos es competencia del
Ministerio de Educación Nacional.
29. Inexistencia de la obligación con fundamento en la ley. Sustentada en que
la parte demandante pretende obtener una doble sanción frente a una entidad
pública que no es deudora de esa obligación, pues los recursos con los que se
solventó la homologación pertenecen al Ministerio de Educación Nacional. En ese
orden, cualquier pretensión derivada de dicho proceso es responsabilidad de esa
cartera ministerial.
30. Inaplicabilidad de los intereses moratorios. Adveró que los dineros
cancelados a la parte demandante producto del proceso de homologación salarial
fueron debidamente indexados, de suerte que no puede pretender el pago
concomitante de intereses moratorios.
Sentencia de primera instancia.
31. Mediante providencia de fecha 5 de marzo de 2021,4 el Tribunal
Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda y condenó en
costas y agencias en derecho a la parte demandante.
3 Expediente digital índice 2 SAMAI.
4 Expediente digital índice 2 SAMAI.
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32. Con tales fines, luego de referenciar: i) la homologación y nivelación
salarial del personal administrativo de la educación y; ii) la indexación e intereses
moratorios, concluyó:
33. No es procedente el reconocimiento de intereses por mora en el pago del
retroactivo derivado de la homologación y nivelación salarial, por cuanto estos
son incompatibles con la indexación realizada por la demandada sobre las sumas
adeudadas. De avalarlo, se constituiría en un doble pago por el mismo concepto.
34. Atendiendo las pautas jurisprudenciales expuestas por la Sección
Segunda del Consejo de Estado al resolver la apelación incoada en contra de
una sentencia proferida por este tribunal en un caso similar,5 el lapso transcurrido
entre las fechas de reconocimiento del retroactivo salarial y la de su pago efectivo
deviene razonable, en tanto debieron adelantarse una serie de trámites
administrativos para ello. En el caso puntual, ese tiempo fue de un mes, por lo
que no es posible afirmar que durante él se presentó el fenómeno de depreciación
monetaria.
35. Si el beneficiario no se opuso al acto administrativo que le reconoció el
retroactivo salarial con indexación, no puede venir ahora, a través de una nueva
petición, a discutir lo atinente a los intereses moratorios.
36. No existe ninguna norma que establezca la obligación de pago inmediato
de las sumas de dinero reconocidas por aquel concepto, por lo que no es
procedente acudir a las reglas que, sobre los intereses moratorios, se encuentran
consignadas en el Código Civil.
37. Es meritorio condenar en costas y agencias en derecho a la parte
demandante, en razón a que «la parte demandada se vio en la necesidad de
asumir su defensa judicial y sufragar los gastos procesales hasta su
culminación».
Recurso de apelación.
38. Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandante la
recurrió en apelación.6 En su intervención, arguyó que:
39. Una de las sentencias citadas por el a quo para negar las súplicas de la
demanda -la fechada 22 de abril de 2015, expediente 2506-2013- no es aplicable
a la presente controversia, pues en ella se reprochó la condena impuesta a la
demandada, consistente en indexar las sumas debidas desde el momento de su
causación y hasta la fecha de su pago efectivo, reconociendo concomitantemente
los intereses moratorios previstos en la ley.
5 Subsección B, sentencia de 12 de septiembre de 2019, expediente 17 001 23 33 000 2016 00993 01.
6 Expediente digital índice 2 SAMAI.
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40. En este asunto, la obligación no surgió a partir de una sentencia judicial,
sino por ministerio de la ley, la cual ordenó a la entidad demandada homologar y
nivelar salarialmente a los servidores del sector educación recibidos de la Nación
y aceptados en su planta de personal.
41. Por tanto, ante la tardanza en el desarrollo de ese procedimiento
administrativo no debió indexarse el capital adeudado, pues tal acción deviene
del cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales -artículo 178 del CCA, sino
pagar sobre aquel los respectivos intereses de mora contenidos en los artículos
1608, 1617 y 1649 del Código Civil. En todo caso, en el libelo se pidió que al
realizar el aludido reconocimiento se descontaran los dineros reconocidos a la
interesada por concepto de indexación.
42. El a quo, replicando la tesis adoptada por el Consejo de Estado en la
sentencia de 7 de diciembre de 2017 -expediente 0905 de 2015-, negó los
intereses solicitados al considerar que ni en las resoluciones de pago del
retroactivo salarial y prestacional se hizo mención de ellos, ni en la ley existe
alguna disposición que avale su reconocimiento.
43. Sin embargo, tal postura condicionó el pago de intereses moratorios a su
regulación específica frente a cada obligación reclamada, desconociendo que, en
virtud de los principios de analogía y equidad, el juez debía acudir a las reglas
del Código Civil que expresamente consagra esta figura ante cualquier mora en
el cumplimiento de los compromisos asumidos por el deudor.
44. Así como el Estado cobra intereses por la mora del administrado en pagar
sus obligaciones, de la misma manera debe asumir ese mismo compromiso
cuando el incumplido sea él.
45. Como quiera que el retraso en el pago del retroactivo salarial y prestacional
dimanado de la citada homologación y nivelación es atribuible a la administración
accionada, debe responder por el pago de los intereses que ahora son
reclamados.
46. No es aceptable que el tribunal haya pregonado que la existencia de
múltiples trámites administrativos para culminar el aludido procedimiento justifica
la tardanza reprochada, cuando lo cierto es que desde el año 1997 el
Departamento de Caldas asumió al personal administrativo proveniente de la
Nación y, junto con ello, el deber de nivelar y pagar los respectivos salarios.
47. La condena en costas no procede por el simple hecho de que una persona
sea vencida en juicio. Para arribar a esa decisión se requiere que el Juez efectúe
una valoración de la conducta desplegada por la parte en el devenir procesal. Por
tanto, y como quiera que no se evidenciaron acciones de mala fe y, además, no
se acreditaron los costos en que incurrió la demandada para asumir su defensa,
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se debe revocar la aludida decisión.
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
La admisión del recurso. Mediante auto de fecha 20 de octubre de 2023,7 se
admitió el recurso de apelación. Dentro de los plazos previstos en los numerales
4.° y 6.° del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, intervino la Agente del Ministerio
Público8 Delegada ante esta Corporación quien rindió concepto solicitando que
se confirme la sentencia impugnada.
48. Para ello, alegó que no hay lugar al reconocimiento y pago de los intereses
moratorios demandados, toda vez que de concederse tal pretensión se estaría
efectuando un doble pago, dado que, al habérsele cancelado el valor adeudado
debidamente actualizado, se reemplazó el retraso en el pago.
49. Sostuvo que no hay lugar al reconocimiento y pago de los intereses
moratorios demandados, toda vez que no existe disposición jurídica que prevea
su aplicación en el sub lite, además que el mecanismo legalmente autorizado y
utilizado fue la indexación, figura que excluye el pago de aquellos.
50. El control de legalidad.9 Luego de las revisiones de rigor, la Sala no
advierte ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora,
por lo que procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
51. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 10 esta Sala
de Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación presentado.
52. Marco de análisis de la segunda instancia. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,11 la competencia
del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por
el recurrente. No obstante, cuando ambas partes hayan apelado toda la
sentencia, el superior resolverá sin limitaciones. En el caso concreto es necesario
pronunciarse respecto de los argumentos expuestos por el apoderado de la parte
demandante, en su condición de apelante único.
7 Índice 4 SAMAI.
8 Índice 10 SAMAI.
9 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá
el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de
hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».
10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
11 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]».
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53. Problema jurídico. Atendiendo las censuras planteadas en la alzada, le
corresponde a la Subsección determinar si:
i) ¿La demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de los
intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo económico
dimanado del proceso de homologación y nivelación salarial? y;
ii) ¿Es improcedente la condena en costas impuesta a la parte actora en
la sentencia de primera instancia?
En el camino de resolución de este interrogante, la Subsección analizará i) el
proceso de homologación y nivelación salarial del personal administrativo al
servicio de la educación, ii) los intereses moratorios por el pago tardío de las
obligaciones y iii) las exigencias legales para la condena en costas.
Normas y jurisprudencia aplicable.
Homologación del personal administrativo al servicio de la educación.
54. La Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, mediante
concepto 1607 de 9 de diciembre de 2004,12 precisó las etapas que, en virtud de
las Leyes 43 de 1975, 60 de 1993 y 715 de 2001, debían agotar los entes
territoriales para culminar el proceso de homologación y nivelación salarial del
personal administrativo del sector educativo nacional que sería incorporado a las
plantas de personal de orden local, fruto de la descentralización de ese servicio.
55. Para ello, explicó que con la expedición de la Ley 43 de 1975, 13 se
nacionalizó el servicio de educación primaria y secundaria que venían prestando
los departamentos, municipios, intendencias, comisarías y distritos. Dicho
proceso se llevó a cabo entre el 1.º de enero de 1976 y el 31 de diciembre de
1980.
56. Mas tarde, con la Ley 60 de 1993 se ordenó descentralizar ese servicio,
desmontando así la nacionalización anteriormente referenciada. Se dispuso
entonces que la Nación entregara a los entes locales los bienes, el personal y los
establecimientos educativos necesarios para la prestación del servicio. En lo que
compete al personal cedido por la Nación, serían incorporados a las plantas de
cargos territoriales.
57. Sobre este particular, la Sala de Consulta y Servicio Civil concluyó que la
transferencia por parte de la Nación a los entes locales del personal docente y
administrativo ameritaba un proceso de incorporación «que para su
12 Consejero ponente Flavio Augusto Rodríguez Arce.
13«Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye
una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.»
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perfeccionamiento requería de la homologación de cargos (comparación de los
requisitos, funciones, clasificación, etc. previstos en la planta de la Nación con
los exigidos para desempeñar los de la planta de personal de los departamentos),
procedimiento que en el caso del personal administrativo revestía características
particulares, pues era el producto de la descentralización del servicio educativo
hacia un ente territorial».
58. Posteriormente, a través de la Ley 715 de 2001 se ordenó municipalizar el
servicio educativo, para lo cual los municipios debían obtener la respectiva
certificación de la Nación y/o de los departamentos, para poder asumir la
administración del sistema educativo.
59. La descentralización del servicio educativo implicó, en sentir de la Sala de
Consulta y Servicio Civil, que:
60. Las entidades territoriales debían incorporar a sus plantas de personal a
los servidores públicos provenientes de la Nación, previa realización de un
proceso de homologación, consistente en el ejercicio comparativo entre los
cargos nacionales y locales con base en los criterios de «clasificación, funciones,
requisitos, responsabilidades y remuneración, etc.», en orden a definir la nueva
ocupación y el salario a devengar.
61. Lo anterior, sin detrimento de la autonomía de las instituciones seccionales
para determinar su estructura administrativa, así como el régimen salarial y
prestacional de sus empleados, así como las escalas y límites de sueldos de los
distintos empleos, estos últimos, en el marco de los decretos anuales emitidos
por el Gobierno Nacional en cumplimiento de la Ley 4 de 1992.
62. La incorporación suponía, de un lado, que los departamentos debían
reajustar, atendiendo sus necesidades, su estructura orgánica y funcional para
cumplir con los fines del servicio educativo y, de otro, que la inclusión en la nueva
planta debía tomar en cuenta no sólo el aspecto formal de los cargos, como su
nomenclatura y grado, sino de manera primordial su clasificación por la
naturaleza de las funciones, el grado de responsabilidad y los requisitos para su
ejercicio, con sujeción a los manuales específicos respectivos, para de esta
manera determinar la remuneración, lo cual debió cumplirse dentro del proceso
de homologación.
63. Las condiciones de incorporación no estaban sometidas a la
discrecionalidad de las autoridades departamentales, sino al resultado de un
estudio técnico concertado que permitiera ubicar a los servidores en el grado de
remuneración que correspondiera a las funciones del cargo, a los requisitos
exigidos para su ejercicio y a los demás elementos estructurales del mismo,
dentro de los límites establecidos por el Gobierno Nacional en desarrollo de los
decretos reglamentarios de la Ley 4a de 1992.
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64. Frente al personal administrativo se predicó una condición muy particular,
relacionada con que sí, fruto de la homologación, sus salarios resultaban
superiores a los devengados cuando servían a la Nación, los mayores costos
serían cubiertos por ésta a través del situado fiscal -hoy Sistema General de
Participaciones- y/o de transferencias complementarias, siempre y cuando tal
procedimiento se hubiere ajustado a la ley. En caso contrario, debían ser
asumidos por la respectiva entidad territorial.
De los intereses moratorios por el pago tardío de las obligaciones.
65. Los intereses por mora son, como lo indica su nombre, los que debe pagar
el deudor, a título de indemnización, por el incumplimiento total o parcial de sus
obligaciones.
66. Esta figura constituye una penalización que nace por la tardanza
injustificada en la satisfacción de los compromisos asumidos, por lo que, al
pertenecer a un régimen estrictamente sancionatorio, debe estar previamente
consagrado en la ley.
67. Como ejemplo de ello encontramos el artículo 635 del Estatuto Tributario,
que determinó que, ante el incumplimiento de las obligaciones administradas por
la DIAN, los deudores paguen un interés moratorio diario liquidado con base en
la tasa de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia y/o
el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en tanto concibió el surgimiento de estos
ante el pago inoportuno de las mesadas pensionales.
68. Por el contrario, la indexación no responde a ese sistema sino a los efectos
negativos del proceso inflacionario, garantizando que el capital adeudado no
pierda poder adquisitivo, a través de la aplicación de una fórmula matemática que
permite su actualización al tiempo presente. Para estos fines no se requiere
acreditar que el pago se produjo por una mora injustificada del deudor.
69. En sentencia de 5 de agosto de 2021,14 esta Subsección pregonó lo
siguiente:
«Al respecto, se verifica que existe tanto la indexación como la indemnización
moratoria (o intereses moratorios), a título de herramientas jurídicas que permiten
en el mismo sentido, cubrir los efectos adversos del paso del tiempo sin que se
haya solucionado efectivamente una obligación dineraria. No obstante, la primera
hace referencia a la forma de actualización monetaria con base en el IPC en los
casos en los que se evidencia una razón válida para la tardanza en la cancelación
del saldo, mientras que los intereses moratorios implican una suerte de sanción,
que si bien igualmente busca equiparar los valores de la deuda a un momento
posterior, lo hace con el cálculo de una tasa fijada en un porcentaje mayor a la
que resultaría de la aplicación de la regla anterior, pero como consecuencia de
una actitud dolosa o de mala fe por parte del obligado, que no genere un sustento
explicativo de aquella disrupción.
14 Expediente 2288-2020, C.P. Dr. William Hernández Gómez.
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En suma, la indexación se aplica a los casos en los que la tardanza en el pago
de una deuda conlleva una razón de ser, como puede ser un proceso sistemático
con la superación de etapas, la fijación de un término específico para el
cumplimiento de la obligación o la materialización de una condición que se
configura por el paso del tiempo. Por el contrario, los intereses moratorios por su
naturaleza sancionatoria, deben estar estipulados previamente en la norma que
regule el asunto y tienen que obedecer a una causa injustificada en la dilación
del abono, que se relacione con la demostración por parte de quien los solicita,
de la mala fe o la intención del deudor de no cumplir a pesar de estar
expresamente conminado a ello.
Lo expuesto significa que pese a ser cierto el hecho de que ambas figuras
ostentan una naturaleza diferente, esto es, una de carácter compensatorio y la
otra de tipo sancionatorio, debe tenerse en cuenta que las dos instan por un
mismo fin que es restablecer los efectos adversos del cumplimiento tardío de una
obligación en cantidad líquida, razón por la cual no es procedente asentir en su
compatibilidad o en la posibilidad de liquidar una y luego otra, así se solicite
descontar lo ya cancelado por alguno de estos conceptos, pues tanto los
aspectos divergentes como el semejante impiden su coexistencia.15»
Exigencias legales para la condena en costas.
70. El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, versión vigente a la fecha de emisión de la sentencia apelada,
dispone lo siguiente:
«ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal.».
71. A su turno, el artículo 365 del Código General del Proceso establece que:
«ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará
a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable
un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de
amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o
mala fe.
15 Esta posición ha sido reiterada y sostenida pacíficamente por la presente Sección del Consejo de Estado
en sentencias de la Subsección A: 14 de mayo de 2020 en el proceso radicado: 08001-23-33-000-2014-
01426-01 (0074-2017) y del 3 de diciembre de 2020 en el proceso radicado 17001-23-33-000-2016-00979-
01 (2646-2019). De la Subsección B, el 16 de agosto de 2018 en el proceso radicado: 20001-23-33-000-
2014-00313-02 (2633-2017).
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2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio
lugar a aquella.
…
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse
de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los
fundamentos de su decisión».
72. De las normas citadas se extrae lo siguiente:
i) La Ley 1437 de 2011 efectúa una remisión al Código General del
Proceso con la finalidad de precisar la liquidación y ejecución de las
costas.
ii) Por consiguiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 365
ibídem, la condena por este concepto se impone a la parte que, en
términos generales, ha sido vencida en el juicio «porque la sentencia de
primera instancia le fue desfavorable o porque se resolvieron en su contra
los recursos procedentes en contra de aquella» y/o en cualquier etapa del
proceso «en el trámite de un incidente, en el curso de las excepciones
previas, o frente a la solicitud de nulidad procesal y/o de amparo de
pobreza».
iii) Así entonces, siempre que se obtenga una sentencia adversa resulta
procedente que el juez se pronuncie sobre la condena en costas, teniendo
como norte lo reglado en el numeral 8° del artículo 365 ejusdem, que en
su tenor literal prevé que «Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación».
iv) Sin embargo, no se puede pasar por alto la previsión contenida en el
inciso segundo del articulo 188 citado, cuando prescribió que «En todo
caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal». Ello denota que la aludida condena será procedente
cuando del respectivo proceso evaluativo se derive una ausencia total de
fundamentación jurídica de las pretensiones y/o argumentos expuestos
por la parte vencida.
73. Siguiendo estos derroteros, nos adentraremos en la solución de los
interrogantes planteados anteriormente.
Caso concreto.
Primer interrogante: ¿La demandante tiene derecho al reconocimiento y pago
de los intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo económico
dimanado del proceso de homologación y nivelación salarial?
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74. La Sala responde que la parte actora no tiene derecho a que, sobre el
retroactivo que le fue reconocido por concepto de homologación y nivelación
salarial le sean liquidados y pagados intereses moratorios, por cuanto:
75. La tesis reiterada de esta Sección16 frente al asunto de marras es la de
que los intereses moratorios serán reconocidos judicialmente en la medida de
que exista norma expresa que así lo determine, como sucede, por ejemplo, con:
i) Las estipulaciones legales de intereses por el pago tardío de las
mesadas pensionales.17
ii) El que dimana de la insatisfacción de las obligaciones tributarias.18
iii) Los concebidos para la actividad contractual en el inciso segundo del
numeral 8.° del artículo 4.° de la Ley 80 de 1993 y;
iv) Los consignados en el artículo 884 del Código de Comercio para las
negociaciones mercantiles, entre otros más. También, se ha pregonado
este reconocimiento cuando en el acto contentivo de la obligación se hace
mención precisa a ellos.
76. Ni en el concepto 1607 de 2004 -dimanado de la Sala de Consulta y
Servicio Civil de esta Corporación-, ni en la Directiva Ministerio 10 de 2005 -que
versó sobre el proceso de homologación del personal administrativo del sector
educación- y/o en la Resolución 2171 de 17 de mayo de 200619 se examinó el
reconocimiento de intereses moratorios a cargo de las entidades territoriales y/o
del Ministerio de Educación Nacional por el pago del retroactivo salarial. Esta
misma conclusión se extiende a las resoluciones que reconocieron el derecho de
marras.
77. El artículo 1607 del Código Civil, citado como sustrato del recurso de
apelación, establece que el deudor está en mora «[c]uando no ha cumplido la
obligación dentro del término estipulado […]» y, en el presente asunto, ninguna
regla de derecho fijó un plazo para el cumplimiento del proceso de homologación
y nivelación salarial.
78. Sin perjuicio de lo anterior, esto es, la inexistencia de un término para la
culminación del aludido proceso, se tiene que el artículo 1617 de esa misma
codificación tampoco es aplicable a este caso, en razón a que no se trata de una
16 Cfr. En la Subsección A: sentencia de 19 de septiembre de 2024, expediente 3341-2019, C.P. Dr. Rafael
Francisco Suárez Vargas; sentencia de 27 de junio de 2024, expediente 3336-2018, C.P. Dr. Jorge Iván
Duque Gutiérrez. En la Subsección B, sentencia de 20 de junio de 2024, expediente 4080-2021, C.P. Dr.
Juan Enrique Bedoya Escobar; sentencia de 23 de agosto de 2018, expediente 4589-2015, C.P. Dr. Cesar
Palomino Cortés.
17 Artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
18 Artículo 635 del Estatuto Tributario.
19 «“Por la cual se establece el cronograma para el reporte, revisión y certificación de las deudas de las
entidades territoriales con los docentes y administrativos por concepto de salarios y prestaciones y las
deudas por concepto de homologación de cargos administrativos del sector y nivelación salarial”»
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negociación entre particulares en las que las partes puedan convenir, a su antojo,
el pago de intereses y/o, pregonar que ante su silencio surja de pleno derecho el
interés legal allí concebido.
79. Así mismo, el artículo 1649 ejusdem dispone que «[e]l pago total de la
deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban» y, como
se advirtió, en este caso no se deben dineros por concepto de intereses, en tanto
su causación no se encuentra autorizada en ninguna disposición de ley.
80. Al resolver el Recurso Extraordinario de Revisión presentado en contra de
la sentencia de 30 de octubre de 2020, proferida en un caso similar por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación,20 la Sala Uno
Especial de Decisión de este Tribunal,21 concluyó:
«Cabe aclarar que el planteamiento del accionante, según el cual debieron
reconocerse intereses de mora desde que inició el proceso de homologación y
nivelación salarial hace parte de su apreciación personal, pero no se encuentra
respaldado por alguna disposición legal que imponga esa sanción, o que acredite
una interpretación contraevidente o errada en la sentencia cuestionada, como se
afirmó en el recurso.
Las disposiciones legales a las que hizo alusión el recurrente contenidas en el
Código Civil, el Código de Comercio, el Código Sustantivo del Trabajo, las Leyes
45 de 1990, 100 de 1993, 446 de 1998 y el Decreto 116 de 1976 tienen un
contenido general que no puede ser aplicado, de forma inmediata, al asunto
sometido a discusión. En concreto, los artículos 1617 y 1649 del Código Civil -
que en criterio del recurrente fueron desconocidos- tratan sobre la indemnización
por mora en obligaciones de dinero y el pago total o parcial de la deuda, pero no
dejan entrever el derecho que le asistía al accionante de recibir intereses de
mora, con anterioridad al acto que le reconoció el derecho a recibir un dinero por
concepto de homologación y nivelación salarial, pues en dichas disposiciones se
parte de los conceptos de deudor y acreedor, los que sólo surgieron a partir de la
Resolución 1858 de 31 de diciembre de 2012, según se desprende de la
explicación dada por el ad-quem, cuando sostuvo que la obligación nació con el
reconocimiento del derecho mediante acto administrativo, razonamiento que no
resulta ilógico ni arbitrario.
En suma, observa la Sala que, pese a los argumentos expuestos en la sentencia,
el demandante no comparte la interpretación de la Subsección B de la Sección
Segunda respecto del momento que se tuvo en cuenta para establecer la
obligación o no de pagar intereses de mora, y es esa la razón que lo condujo a
ejercer el presente medio judicial. Si el interesado consideraba que el derecho a
obtener el pago del retroactivo y, por ende, a percibir intereses de mora, no surgió
desde la expedición del acto administrativo que reconoció, en su favor, ese
derecho, debió ocuparse de exponer con suficiente sustento legal y/o
jurisprudencial las razones del supuesto error que le enrostra a la Administración
de justicia en ese concreto punto. A diferencia de lo señalado por el demandante,
la Sala aprecia que el razonamiento efectuado por el ad-quem guarda
consonancia con múltiples decisiones proferidas en casos similares, en las que,
al igual que en el caso sub examine, se ha establecido que el proceso de
homologación y nivelación salarial se desarrolló en un amplio período de tiempo,
justificado por las etapas que debieron superarse.»
20 Expediente 17 001 23 33 000 2016 00978 01, C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.
21 Expediente 11 001 03 15 000 2022 00722 00, C.P. María Adriana Marín.
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81. Aunque el proceso de descentralización se consolidó entre los años 1997
y 2003, y el pago del retroactivo dimanado del procedimiento de homologación y
nivelación salarial se concretó en el año 2013, esa tardanza no da lugar al
reconocimiento de ningún interés moratorio, pues no se evidenció por parte de
los entes demandados conductas dilatorias, fraudulentas, evasivas o de mala fe
destinadas a enervar esos derechos.
82. Por el contrario, se encuentra acreditado que para culminar ese
procedimiento se necesitó:
i) La emisión de un concepto por parte de la Sala de Consulta y Servicio
Civil de esta Corporación que resolviera las dudas del Ministerio de
Educación Nacional sobre la materia.
ii) Que esa cartera ministerial profiriera una directiva y una resolución 22
para reglamentar los pasos para la concreción de la anhelada nivelación
salarial.
iii) La elaboración por parte de la entidad territorial de un estudio técnico
en el que comparara los cargos recibidos de la Nación con los empleos
adscritos a su planta de personal por lo menos en los criterios de:
requisitos de acceso a cada ocupación, funciones, responsabilidades,
salarios, clasificación, entre otros. Dicho estudio tenía por finalidad
determinar cuál o cuáles eran las modificaciones que ameritaba adelantar
en la administración local, en la planta de personal y en los manuales de
funciones y competencias laborales.
iv) El análisis y aprobación por parte del Ministerio de Educación Nacional
del citado estudio técnico y la gestión de los recursos para cubrir los
mayores costos generados.
v) La liquidación por el ente territorial de los salarios y prestaciones
sociales dimanados del proceso de homologación -frente a los servidores
activos y retirados con derecho a ella-, y su posterior análisis y aprobación
por parte del reseñado ministerio.
vi) Que a la par del Departamento de Caldas, el resto de departamentos
del país también debieron adelantar las mismas gestiones, por lo que la
atención del Ministerio de Educación Nacional no se centró
exclusivamente en la homologación y nivelación salarial llevada a cabo por
aquella institución.
83. Así entonces, es claro para la Sala que el retraso en el pago de esas
acreencias no provino de la incuria de las entidades accionadas, sino del
sinnúmero de actuaciones administrativas y presupuestales que debieron
22 Directiva Ministerial 10 de 2005 y Resolución 2171 de 2006.
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adelantar para ello.
84. En un asunto de contornos similares, esta Subsección23 adujo lo siguiente:
«Pues bien, en el caso concreto se advierte que el proceso de homologación y
nivelación salarial del Departamento de Caldas se materializó a través del
Decreto 337 del 2 de diciembre de 2010, en virtud del cual, se expidió con
posterioridad las Resoluciones 1612-6 del 22 de marzo de 2013, 3960-6 del 19
de julio de 2013 y 8846-6 del 11 de diciembre de 2014, por medio de las cuales
se ordenó pagar al demandante la suma total de $$72.851.167 como valor del
retroactivo correspondiente, monto comprendido por $34.606.105 en razón de
servicios personales y contribuciones inherentes a la nómina y el restante
$38.245.062 por concepto de indexación, tal como se aprecia del cálculo
efectuado en el último de los actos precitados (folios 31 a 32), en el que además
se indica que le sería reconocido a aquél un ajuste adicional por actualización
equivalente a $6.925.652.
Bajo este entendido, la Subsección estima que a pesar de que el proceso como
tal de homologación se consolidó desde 1997 hasta 2002 y que el pago del
retroactivo al libelista se dio hasta el año 2013, lo cierto es que no se observa
que en modo alguno el Ministerio de Educación Nacional o el Departamento de
Caldas hayan incurrido en una dilación injustificada del pago a través de
maniobras dolosas o evasivas que buscaran enervar la obligación, sino que en
efecto se debieron surtir múltiples etapas propias e inherentes al desembolso y
transferencia de recursos de la Nación a entidades territoriales, en las que
además se efectuaron sendos ajustes, pero todo bajo el entendido de que se
canceló el monto correspondiente a la indexación para contrarrestar la pérdida
del poder adquisitivo de la moneda por el paso del tiempo.
Al respecto, es pertinente poner de presente que, esta Subsección24 ha sido
enfática en precisar, como se ha hecho con anterioridad en asuntos idénticos al
caso de marras, lo relativo a la imposibilidad de reconocer los intereses
moratorios frente aquellas sumas que ya fueron debidamente indexadas, tal
como ocurre en el sub iudice.
Por lo anterior, resulta improcedente alegar que los intereses moratorios tenían
que primar sobre la indexación como lo sostiene el libelista, en la medida que
conforme se adujo previamente, en el presente caso se estructuró una causa
justificante de la tardanza en el pago, cuya consecuencia directa, es el
reconocimiento de una actualización monetaria con base en el IPC y no de una
indemnización por mora, habida cuenta de que tampoco se demostró el actuar
doloso de la administración para evitar cumplir con la obligación, aunado al hecho
de que en el contexto normativo aplicable al asunto, no se previó expresamente
el reconocimiento de dicha sanción en caso de dilación en el proceso en comento,
lo cual convalida el actuar de las demandadas, así como el acto cuestionado.»
85. En conclusión, aclarado que sobre los dineros provenientes de la
nivelación y homologación salarial aquí reseñada no es procedente reconocer los
intereses moratorios reclamados en la demanda, por tanto, el cargo formulado en
la alzada no prosperó.
23 Sentencia de 5 de agosto de 2021, expediente 2288-2020, C.P. Dr. William Gómez Hernández.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 26 de noviembre de 2020,
radicación: 17001233300020160097401(4499-2019), demandante: Guillermo Gómez Arango; del 3 de
diciembre de 2020, radicación: 17001233300020160096301(4490-2019), demandante: Carlos Arturo Pérez
Meza.
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Segundo interrogante: ¿Es improcedente la condena en costas impuesta a la
parte actora en la sentencia de primera instancia?
86. De conformidad con lo expresado en la parte motiva de esta decisión, la
condena en costas requiere, esencialmente, que se acredite que los
planteamientos invocados por la parte vencida carezcan de fundamentación
legal.
87. Descendiendo al caso de marras, se advierte que la sanción impuesta en
primera instancia no atendió esos parámetros, sino que, por el contrario, aplicó
el régimen objetivo concebido en el primigenio artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, por lo que dicha condena será revocada.
88. Corolario, y como quiera que solo prosperó este último cargo, deviene
procedente confirmar parcialmente la decisión de primera instancia.
Condena en costas en esta instancia.
89. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en
costas. Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala
de Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no
lugar a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en
vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente verificar si el recurso de
apelación se presentó con carencia de fundamento legal.
90. Al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de revisar los
argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el contrario, se avizora
la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por lo que,
se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR el inciso SEGUNDO de la sentencia de fecha 5 de marzo
de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, dentro de la demanda
promovida por la señora María Fanny López Botero contra la Nación – Ministerio
de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
y el Departamento de Caldas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia de primera instancia.
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TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en
esta sentencia.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión devolver el expediente al Tribunal de origen
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Consejeros de
Estado en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo
186 del CPACA.
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