Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00495-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00495-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2016-00495-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
27 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 17001-23-33-000-2016-00495-01 (4984-2019)
Demandante : Marina Castaño Gómez
Demandado : Nación – Ministerio de Educación Nacional y
departamento de Caldas – secretaría de educación
Tema : Reconocimiento de intereses moratorios respecto de
homologación y nivelación salarial
Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por la accionante
y la Nación – Ministerio de Educación Nacional contra la sentencia de 14 de
junio de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la
cual negó las súplicas de la demanda, pero reconoció, en uso de facultades extra
petita, la indexación de unas sumas dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 Medio de control (ff. 2 a 10). La señora Marina Castaño Gómez, mediante
apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional
y el departamento de Caldas – secretaría de educación, para que se acojan las
pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de la Resolución 1401-6 de 18 de
febrero de 2016, a través de la cual se le negó a la demandante los intereses
moratorios generados con ocasión del pago tardío del retroactivo de la
homologación y la nivelación salarial, en su condición de servidora
administrativa de la secretaría de educación del referido ente territorial.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la parte demandada reconocer y sufragar «[…] los intereses
moratorios, efectivos a partir del día siguiente a los treinta (30) días posteriores
a su causación (10 de Febrero de 1997), hasta el día en que fue efectivo el pago
total […], esto es, el día 15 de Abril de 2013» (sic), liquidados con base en el
capital neto, sin incluir el concepto de la indexación salarial; por último, se
condene en costas procesales.
Expediente: 17001-23-33-000-2016-00495-01 (4984-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Marina Castaño Gómez contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
otro
1.3 Fundamentos fácticos. Relata la accionante que el Ministerio de Educación
Nacional, por medio de Resolución 3500 de 12 de agosto de 1996, certificó al
departamento de Caldas para la administración del servicio educativo, motivo
por el cual la Nación transfirió al personal administrativo que tenía a su cargo a
ese ente territorial, incluida ella, lo que implicaba la homologación de empleos
y nivelación de salarios, dado que «[…] en la mayoría de casos el personal de
carácter departamental o municipal contaba con un nivel salarial superior al
del personal administrativo de orden Nacional».
Que, mediante Decreto 399 de 20 de abril de 2007, modificado con el 337 de 2
de diciembre de 2010, el departamento de Caldas homologó y niveló los cargos
administrativos de la secretaría de educación financiados con recursos del
sistema general de participaciones, previa aprobación por parte de la
mencionada cartera, con concepto jurídico 2009EE29765 de 1°. de junio de
2009.
Afirma que, con Resoluciones 1648-6 de 22 de marzo y 4433-6 de 28 de junio,
ambas de 2013, y 8877-6 de 11 de diciembre de 2014, el Ministerio de
Educación Nacional, por intermedio de la referida secretaría de educación,
reconoció y ordenó pagar a su favor el retroactivo por concepto de
homologación y nivelación salarial, «[…] indicando de forma expresa en su
artículo primero la fecha de constitución de la obligación, esto es, […] el 10 de
febrero de 1997 […]», sin embargo, el pago «[…] fue efectuado solo hasta el
15 de Abril de 2013» (sic), lo que genera la obligación de sufragar intereses
moratorios.
Agrega que el 10 de agosto de 2015 solicitó de la secretaría de educación de
Caldas el reconocimiento de los citados intereses moratorios, negado con la
Resolución acusada.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto demandado los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 93, 123, 209
y 350 de la Constitución Política; 1608 (numerales 1 y 2), 1617 y 1649 del
Código Civil; 16 de la Ley 446 de 1998; 177 del Código Contencioso
Administrativo y 12 del Convenio 95 de 1949 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
Arguye que el procedimiento de homologación «[…] se configuraba en una
tarea y un deber por parte de la Nación y sus Entes Territoriales, dentro del
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Expediente: 17001-23-33-000-2016-00495-01 (4984-2019)
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Marina Castaño Gómez contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
otro
proceso de descentralización efectuar previamente [a] la homologación de
cargos antes de efectuarse la incorporación de los empleados a las plantas de
cargos territoriales y con ello salvaguardar los principios de equidad e
igualdad en materia laboral».
Que, «[m]ediante Resolución No. 1648-6 de 22 de marzo de 2013, aclarada
por la Resolución 4433-6 de 28 de junio de 2013 y modificada por la
Resolución No. 8877-6 del 11 de diciembre de 2014, se ordenó el
reconocimiento y pago de un retroactivo por concepto de homologación y
nivelación salarial a [su] favor […] desde el momento en que es vinculado
a la planta de la Entidad Territorial (10 de Febrero de 1997), No obstante,
dicha obligación solamente fue cancelada el 15 de Abril de 2013, situación
que a todas luces demuestra la mora en que incurrieron las Entidades
demandas, en el pago de las acreencias laborales producto del proceso de
descentralización educacional […]» (sic).
1.5 Contestaciones de la demanda:
1.5.1. Nación – Ministerio de Educación Nacional (ff. 61 a 75). La cartera
accionada, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
se refirió a cada uno de los hechos de la demanda, en el sentido de que algunos
son ciertos, otros no, unos no le constan y los demás no comportan situaciones
fácticas; y propuso la excepción denominada falta de legitimación en la causa
por pasiva, por cuanto no emitió el acto administrativo acusado y «[…]
tampoco tuvo injerencia en los hechos que han generado las demandas ni en
los trámites administrativos para el reconocimiento y pago de obligaciones, ni
en la atención de las reclamaciones posteriores a los reconocimientos, razón
por la cual se carece de los soportes documentales e históricos labo[rales], las
que si reposan en las Secretarias de las entidades territoriales
correspondientes […]» (sic). De igual forma, planteó las excepciones de
prescripción e ineptitud de la demanda.
1.5.2 Departamento de Caldas (ff. 80 a 87). El departamento de Caldas, por
intermedio de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso
las excepciones denominadas falta de legitimación en la causa por pasiva,
caducidad, buena fe, inexistencia de la obligación con fundamento en la ley e
inaplicabilidad de los intereses moratorios. Asevera que no es dable aplicar
doble sanción por un mismo hecho.
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Expediente: 17001-23-33-000-2016-00495-01 (4984-2019)
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otro
1.6 La providencia apelada (ff. 164 a 175 vuelto). El Tribunal Administrativo
de Caldas, mediante sentencia de 14 de junio de 2019, negó las súplicas de la
demanda, pero reconoció, en uso de facultades extra petita, la indexación de
unas sumas (sin condena en costas), al estimar que «[…] el proceso de
nivelación salarial para el caso concreto tuvo su fundamento en la necesidad
legal de incorporar el empleo de la parte demandante, que era del orden
nacional, a la planta de cargos del departamento, y que ante la diferencia
salarial y prestacional entre uno y otro, debían reconocerse los mayores
valores resultantes de dicha homologación actualizados al momento del pago,
sin que el mismo tuviera la connotación del pago tardío de una obligación».
Sin embargo, sostiene que «[…] desde el día siguiente a la fecha final de
indexación -1° de enero de 2013- hasta la fecha del pago efectivo – 15 de abril
de 2013-, existe un lapso que no fue indexado, lo que en sentir de esta Sala
amerita ordenar la respectiva actualización […], haciendo uso de la facultad
extra petita y por razones de equidad y justicia».
Por último, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del
departamento de Caldas y dispuso que la Nación – Ministerio de Educación
Nacional debía cumplir la orden impartida.
1.7 Recursos de apelación.
1.7.1 Nación – Ministerio de Educación Nacional (ff. 179 a 189). Este ente,
por intermedio de su apoderado, formula recurso de apelación, toda vez que (i)
no hubo una dilación injustificada del pago por concepto de nivelación salarial;
y (ii) la indexación ordenada no fue solicitada en sede administrativa, ni en la
demanda incoada ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. De igual
manera, aduce que en el presente proceso se configura la falta de legitimación
en la causa por pasiva, comoquiera que no profirió el acto administrativo cuya
nulidad se depreca.
1.7.2 Parte accionante (ff. 190 a 202 vuelto). Inconforme con el anterior fallo,
la demandante interpuso recurso de apelación, puesto que «[e]n el presente
caso, se reclama el pago de intereses de mora, por el cumplimiento tardío de
obligaciones de carácter laboral, sin embargo el juzgador, considera que para
que [ello] proceda […] debe existir una norma que expresamente [los] regule
[…] en lo que concierne al tema de la homologación y nivelación salarial,
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Expediente: 17001-23-33-000-2016-00495-01 (4984-2019)
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otro
omitiendo su deber legal y constitucional de hacer uso de la analogía […]»
(sic).
II. TRÁMITE PROCESAL
Los recursos de apelación fueron concedidos mediante proveído de 21 de agosto
de 2019 (ff. 214 y 215) y admitidos por esta Corporación a través de auto de 22
de enero de 2020 (f. 220), en el que se dispuso la notificación personal al agente
del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitidas las alzadas, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con auto de 8 de septiembre de 2021 (f. 228), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovecha por los
recurrentes1.
2.1.1 Parte demandante. Por intermedio de apoderado, reitera lo expuesto en
el escrito de alzada y expresa «El juzgador reconoce en el fallo de primera
instancia que, las sumas pagadas fueron indexadas y por tanto, concluye que
no es válido reconocer los intereses de mora, pero pierde de vista que la
condena que realmente resarciría los perjuicios causados por el paso del
tiempo, sería los intereses de mora, los cuales comportan tanto un componente
inflacionario como indemnizatorio; emolumentos que durante los alegatos de
conclusión de primera instancia, se solicitaron se pagaran de forma preferente
y favorable, en lugar de la indexación, debido a la injustificada demora en el
pago de dichas acreencias laborales».
2.1.2 Nación – Ministerio de Educación Nacional. La cartera demandada, por
medio de apoderado, sostiene que no pasó «[…] más de un mes entre el
reconocimiento y el pago efectivo a su beneficiario, siendo así, inexistente la
pérdida de poder adquisitivo del dinero reconocido en perjuicio del interesado,
y por tal, no habría lugar a reconocer suma alguna inclusive por razones de
justicia y equidad como se hizo en primera instancia» (sic); e insiste en su falta
de legitimación en la causa.
1
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
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Expediente: 17001-23-33-000-2016-00495-01 (4984-2019)
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Marina Castaño Gómez contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
otro
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Problemas jurídicos. Corresponde en esta oportunidad a la Sala2
determinar si (i) a la demandante le asiste derecho al reconocimiento de
intereses moratorios por el no pago inmediato del valor correspondiente a la
homologación y nivelación salarial de la planta de personal administrativo
adscrito al sector educativo del departamento de Caldas; (ii) es dable emitir
decisión extra petita dentro de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo;
y, en caso de ser afirmativa alguna de las mencionadas hipótesis, (iii) si la
Nación – Ministerio de Educación Nacional carece de legitimación en la causa
por pasiva o, por el contrario, es la que debe dar cumplimiento a la orden
impartida en este proceso.
3.3 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:
a) Oficios 2007EE13671 de 30 de marzo de 2007 y 2009EE29765 de 1° de
junio de 2009 (ff. 29 a 31), por cuyo conducto el Ministerio de Educación
Nacional informa a la secretaría de educación de Caldas de la aprobación del
estudio técnico de homologación y nivelación salarial de la planta
administrativa de cargos y de su respectiva modificación.
b) Constancia expedida por la aludida dependencia el 25 de febrero de 2016
(f. 28), de acuerdo con la cual la accionante recibió, el 15 de abril de 2013,
la suma de $102.872.660 generada con el procedimiento de homologación
salarial.
c) Por medio de las Resoluciones 1648-6 de 22 de marzo y 4433-6 de 28 de
junio, ambas de 2013 (ff. 20 a 23 y 24 a 26), y 8877-6 de 11 de diciembre de
2014 (ff. 27 y 28), la secretaría de educación de Caldas reconoció y liquidó
el pago a favor de la actora, por concepto de homologación y nivelación
salarial que se generó durante el período del 10 de febrero de 1997 al 31 de
diciembre de 2009, sumas que fueron indexadas desde la fecha inicial hasta
2
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia
o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones».
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el 31 de diciembre de 2012, para un monto total de $76.734.773.
d) El 10 de agosto de 2015 la demandante pide de la secretaría de educación
de Caldas el reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados
entre el 10 de febrero de 1997 y el 2002, por cuenta de la cancelación tardía
de la nivelación salarial (ff. 13 a 17).
e) Mediante Resolución 1401-6 de 18 de febrero de 2016 (ff. 11 a 12 vuelto),
la secretaría de educación de Caldas negó a la accionante el pago de los
intereses moratorios reclamados, por cuanto las sumas sufragadas por
concepto del retroactivo del procedimiento de homologación y nivelación
salarial, «[…] fueron en su momento indexadas de tal manera que se
tradujeran en el valor real de la acreencia al momento de su pago efectivo,
lo cual hacia que fuera la forma idónea de impedir el deterioro inflacionario
de los conceptos salariales adeudados, garantizando de esta manera la
aplicación efectiva del principio de equidad y, particularmente del mandato
constitucional contenido en el artículo 53 de la Carta Política […]».
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) la actora hizo
parte del personal administrativo del servicio educativo oficial que, como
consecuencia de la descentralización de este, fue homologado y nivelado
salarialmente en la planta de personal de la secretaría de educación de Caldas;
(ii) con las Resoluciones 1648-6 de 22 de marzo y 4433-6 de 28 de junio,
ambas de 2013, y 8877-6 de 11 de diciembre de 2014, tal ente territorial
reconoció a la accionante el retroactivo resultante de la nivelación salarial
por el período comprendido entre el 10 de febrero de 1997 y el 31 de
diciembre de 2009, sumas que fueron indexadas desde la fecha inicial hasta
el 31 de diciembre de 2012; (iii) un valor superior al reconocido en tales actos
administrativos fue cancelado el 15 de abril de 20133; y (iv) mediante
Resolución 1401-6 de 18 de febrero de 2016, la secretaría de educación de
Caldas negó el reconocimiento y pago de intereses moratorios, solicitado por
la demandante, al estimar que la mencionada obligación fue satisfecha de
manera oportuna, en los términos dispuestos por el Ministerio de Educación
Nacional y debidamente indexada.
Al respecto, cabe precisar que la homologación y nivelación salarial para el
personal administrativo de la secretaría de educación de Caldas se dio como
3
Obra en el expediente constancia expedida por la secretaría de educación de Caldas que da cuenta de que el
pago se efectuó en dicha fecha y, además, fue un hecho aceptado por las partes en la demanda y en la
contestación a esta.
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Marina Castaño Gómez contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
otro
resultado de la descentralización del servicio educativo ordenada por las
Leyes 60 de 19934 y 715 de 20015. En este sentido, la sala de consulta y
servicio civil de esta Corporación, en concepto 1607 de 9 de diciembre de
20046, expresó: «Las entidades territoriales, como consecuencia del proceso
de descentralización del servicio educativo, previa la homologación de los
cargos previstos en las plantas de personal nacional y departamentales en
lo relacionado con la clasificación, funciones, requisitos, responsabilidades
y remuneración, etc. de los empleos, incorporan en iguales o equivalentes
condiciones el personal administrativo que reciban en virtud de la
certificación».
Con fundamento en dicha consulta, el Ministerio de Educación Nacional
mediante la directiva ministerial 10 de 30 de junio de 2005 y la Resolución
2171 de 17 de mayo de 2006 7, fijó el procedimiento que debían seguir las
entidades territoriales para la homologación de la planta de personal
administrativo, adscrita al sector educativo y financiada con recursos del
sistema general de participaciones.
Por medio de oficio 2007EE13671 de 30 de marzo de 2007, la referida cartera
aprobó el estudio técnico de homologación y nivelación salarial efectuado
por el departamento de Caldas. Luego, el referido ente estatal presentó al
Ministerio de Educación Nacional propuesta de modificación del aludido
estudio, autorizada con oficio 2009EE29765 de 1°. de junio de 2009, en el
cual se ordenó al ente territorial adelantar los trámites respectivos para hacer
efectiva la homologación de los cargos de la planta de personal
administrativo, con la expedición de los decretos de homologación general
de cargos y de incorporación a los servidores.
Así las cosas, el departamento de Caldas dictó el Decreto 337 de 2 de
diciembre de 2010, que modificó el 399 de 20 de abril de 2007, en el que se
homologan y nivelan salarialmente los cargos administrativos de la secretaría
de educación de Caldas, financiados con recursos del sistema general de
4
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los
artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
5
«Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».
6
Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, consejero ponente: Flavio Augusto Rodríguez Arce,
concepto 1607 de 9 de diciembre de 2004, actor: Ministro de Educación Nacional.
7
«Por la cual se establece el cronograma para el reporte, revisión y certificación de las deudas de las entidades
territoriales con los docentes y administrativos por concepto de salarios y prestaciones y las deudas por
concepto de homologación de cargos administrativos del sector y nivelación salarial».
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Expediente: 17001-23-33-000-2016-00495-01 (4984-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Marina Castaño Gómez contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
otro
participaciones y la unidad de presupuesto de la secretaría de hacienda de tal
ente territorial expidió certificado de disponibilidad presupuestal
3500003137 de 7 de marzo de 2013, para sufragar el procedimiento, por la
suma de $57.341.662.202.
Posteriormente, la secretaría de educación de Caldas, a través de
Resoluciones 1648-6 de 22 de marzo y 4433-6 de 28 de junio, ambas de 2013,
reconoció el retroactivo, causado entre el 10 de febrero de 1997 y el 31 de
diciembre de 2009, por un monto de $70.380.603, pero pagó la suma de
$102.872.660 el 15 de abril de 2013, por dicho concepto; contra tales actos
administrativos la accionante formuló una petición por aparentes
inconsistencias en los valores resultantes.
En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional, por oficio
2014EE21121 de 20 de marzo de 2014, solicitó de la secretaría de educación
de Caldas efectuar el cálculo de la liquidación hasta la fecha en que se realizó
el giro de los recursos por parte de la Nación y, con oficio 2014EE61673 de
agosto de 2014, autorizó realizar los pagos de la indexación de las diferencias
dejadas de recibir.
Por último, la secretaría de educación de Caldas dictó la Resolución 8877-6
de 11 de diciembre de 2014, que modificó la 4433-6 de 28 de junio de 2013,
y ordenó sufragar a favor de la actora las diferencias resultantes de la
nivelación salarial desde el 10 de febrero de 1997 hasta el 31 de diciembre
de 2009 y la actualización de los valores que había dejado de recibir, del «10
de febrero de 1997 al 31 de diciembre de 2012», para un total de
$76.734.773.
Visto lo anterior, comoquiera que el pago de los dineros reconocidos a la
actora el 22 de marzo de 2013 (fecha desde la cual se hizo exigible la
obligación), se realizó el 15 de abril del mismo año, esto es, dentro del mes
siguiente, no puede pregonarse que esa «tardanza» implica que se generen
intereses de alguna naturaleza, máxime cuando en ninguno de los actos
administrativos mencionados se señaló plazo que dé pie a que se cobren como
sanción por el simple retardo o incumplimiento de él, y, además, ello debe
tener su previsión legal al respecto.
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Expediente: 17001-23-33-000-2016-00495-01 (4984-2019)
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otro
Sobre el particular, esta subsección, en providencia de 25 de abril de 2019 8,
al analizar un caso análogo al que ahora nos ocupa, precisó:
Siendo este el contexto fáctico y jurídico en el que se dio la nivelación
salarial del actor, se señala que esta Sala ya ha tenido la oportunidad
de pronunciarse sobre la procedencia del pago de intereses moratorios
presuntamente causados en razón de la nivelación salarial que se
efectuó en el proceso de homologación de los cargos del sector
educativo que dependían de la Nación y pasaron a las entidades
territoriales, en desarrollo del proceso de descentralización del
referido sector ordenado por la Ley 60 de 1993. Así pues, en sentencia
del 28 de septiembre de 2017 se partió de la fecha de los actos
administrativos de reconocimiento de la nivelación salarial respecto
del pago efectivo, indicando que “trascurrió tan solo 1 mes entre el
acto administrativo que reconoció el derecho y el que ordenó el pago,
evidenciándose un lapso mínimo, prudente y proporcional, teniendo
en cuenta la magnitud de los trámites económicos y administrativos
para culminar el proceso homologación y nivelación salarial” 9.
En el mismo sentido, en providencia del 7 de diciembre de 2017 se
señaló que no es procedente acceder al pago de los intereses
moratorios respecto del pago retroactivo de nivelaciones salariales,
porque tratándose de derecho sancionatorio debe existir una norma
que ordene su pago, así:
“Por otro lado, tampoco hay lugar a reconocer intereses
moratorios en el presente caso, teniendo en cuenta la naturaleza
eminentemente sancionatoria de los mismos, en cuanto buscan
castigar al deudor incumplido. Bajo este entendido si no se dijo
nada al respecto en las resoluciones que reconocieron el
retroactivo, como tampoco hay norma que expresamente lo
consagre, no se puede en consecuencia, entrar a reconocerse los
intereses moratorios.
Recordemos que por su carácter sancionatorio, los intereses
moratorios deben estar consagrados en una norma que los
autorice expresamente, es decir, que faculte el cobro de los
mismos para los casos de pagos retroactivos por homologación
y nivelación, o estar claramente incluidos en el documento que
reconoce el derecho, supuestos, que no se evidencian en el
presente asunto”10.
8
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, consejero ponente:
César Palomino Cortés, expediente 66001-23-33-000-2016-00471-01(1731-18).
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, proceso con radicado
73001-33-33-000-2014-00406-01 (2488-15).
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia del 7 de
diciembre de 2017, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00311-01 (0905-15).
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Expediente: 17001-23-33-000-2016-00495-01 (4984-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Marina Castaño Gómez contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
otro
Siguiendo esta línea hermenéutica, en sentencia del 23 de agosto de
2018, se reiteró que no hay lugar al pago de intereses moratorios
cuando en el contenido de los actos administrativos que reconocieron
el retroactivo no se incluyó nada sobre el particular y además no existe
una norma que autorice dicho reconocimiento11.
Como corolario de lo que se deja consignado, se tiene que la accionante,
empleada administrativa al servicio de la educación oficial, que por cuenta
de la descentralización de ese sector fue homologada y nivelada
salarialmente en la planta de personal de la secretaría de educación de Caldas,
no puede reclamar intereses moratorios por el pago tardío a su favor de los
dineros por concepto del correspondiente retroactivo, pues esa obligación,
que se hizo exigible el 22 de marzo de 2013 (cuando se expidió el acto
administrativo que reconoció los valores causados entre el 10 de febrero de
1997 y el 31 de diciembre de 2009), fue pagada el 15 de abril siguiente, plazo
que no resulta irracional o caprichoso dados los trámites administrativos que
deben surtirse, cuanto más si dicha sanción económica no quedó plasmada
dentro del referido trámite o en alguna disposición legal.
Ahora bien, pese a que la demandante fue incorporada a la planta de la
secretaría de educación de Caldas a partir de 1997 y tenía derecho a que le
sufragaran los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos en forma
correcta desde esa anualidad, lo cierto es que, con el fin de conjurar la pérdida
del poder adquisitivo de lo que dejó de devengar, la entidad, conforme al
mandato constitucional contenido en el artículo 53 superior, indexó las
correspondientes sumas, lo que resultaría, además, incompatible con el pago
de intereses moratorios.
Por otra parte, respecto de la decisión extra petita adoptada por el a quo,
referente a la indexación del retroactivo resultante del procedimiento de
homologación salarial, que se causó desde el 1°. de enero hasta el 14 de abril de
2013, cabe anotar que el Tribunal de instancia desconoció el principio de
congruencia, habida cuenta de que decidió sobre un asunto que no fue
pretendido con el medio de control presentado y frente al cual la parte
demandada no ejerció su derecho de contradicción y defensa.
Al respecto, el artículo 187 del CPACA prevé que «[l]a sentencia tiene que ser
motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación
11
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia del 23 de agosto de 2018, M.P. César Palomino
Cortés, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00403-01 (4589-15).
11
Expediente: 17001-23-33-000-2016-00495-01 (4984-2019)
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Marina Castaño Gómez contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
otro
y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad
y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se
apliquen»; por ende, para decidir un asunto el juzgador debe basarse en lo
expuesto en la demanda, su contestación y las pruebas allegadas al proceso.
En lo atañedero a la presunta facultad que se atribuye el a quo, para decidir extra
petita, la Corte Constitucional, en fallo T-873 de 16 de agosto de 200112, indicó
que «[a]l contrario de los procesos laborales a los cuales asimila el demandante
su asunto, el ejercicio de la función judicial en materia contencioso
administrativa13, la competencia del juez al momento de fallar no le permite
decidir ultra petita o extra petita, porque la resolución judicial que se extienda
más allá de lo pedido o que se tome fuera del petitum de la demanda, a más de
resultar violatoria del derecho de defensa de la contraparte sería contraria a la
estructura misma del proceso que en esta materia se guía por el principio de
que la materia del litigio se define por las partes y, estas al hacerlo, delimitan
la competencia del juzgador».
En similar sentido, se pronunció esta Corporación el 20 de mayo de 2010 14, al
sostener que «[l]a sentencia proferida por el juez de lo contencioso
administrativo, a su turno, debe ser motivada y resolver todos los puntos objeto
de controversia formulados por las partes demandante y demandada dentro de
la oportunidad procesal respectiva. En este sentido, a la luz de lo establecido
en el artículo 170 del C.C.A.15 [hoy 18716 del CPACA], debe concluirse que la
sentencia proferida por el juez de lo contencioso administrativo no puede ser
infra, extra o ultra petita, sino, en virtud de la naturaleza predominantemente
rogada de la jurisdicción, sujetarse a todos y cada uno de los aspectos
sometidos a su decisión».
Derrotero reiterado por esta sala el 17 de octubre de 201717, al precisar que «[…]
12
Corte Constitucional, sentencia T-873 de 2001, M. P. Jaime Araujo Rentería.
13
Acerca del proceso contencioso administrativo Cfr. BETANCUR JARAMILLO, Carlos. Derecho procesal
administrativo, Cuarta ed. 4a. reimpresión. Señal Editora. Medellin : 1998, pags. 196 y ss.
14
Consejo de Estado, sección segunda, expediente: 25000-23-25-000-2002-12297-01 (3712-2004), C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila.
15
«La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas,
las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas
las peticiones […]».
16
«La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación
y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente
necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos
legales que se apliquen».
17
Consejo de Estado, sección segunda, expediente: 66001-23-33-000-2012-00161-01 (3605-14).
12
Expediente: 17001-23-33-000-2016-00495-01 (4984-2019)
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Marina Castaño Gómez contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
otro
el juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos,
pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso. Por lo tanto, no podrá
proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca de algo que no fue
solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido
(ultra petita), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las
pretensiones, pues de lo contrario deberá explicar de manera suficiente las
razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento, por ello, el principio
de congruencia de la sentencia garantiza el oportuno uso del derecho de
defensa por las partes, puesto que les permite hacer uso de cada una de las
herramientas establecidas en la ley para tal propósito».
En ese orden de ideas, conforme a lo anterior, resultaría contrario a la naturaleza
de esta jurisdicción admitir la aplicación de las facultades ultra y extra petita,
que invocó el Tribunal de instancia, como sí opera en la jurisdicción ordinaria
laboral18, dado que ello vulneraría el principio de justicia rogada, el cual impone
la carga a la persona que acude al aparato jurisdiccional de solicitar en la
demanda, de manera específica, lo que se quiere; así como el de congruencia,
que consiste en la obligación que tiene la autoridad judicial de decidir de
acuerdo con lo pedido y probado; por lo tanto, deberá revocarse la orden
impuesta en el fallo apelado, al constatarse que lo pretendido por la actora era
el pago de los intereses moratorios, en los términos analizados en precedencia,
y no la indexación dispuesta por el a quo.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera
instancia, en cuanto negó las súplicas de la demanda, y revocará la orden de
indexación con fundamento en facultades extra petita.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
18
Las facultades ultra y extra petita de las que se reviste a un juez ordinario laboral están consagradas en el
artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, al prever que «[e]l Juez de primera
instancia podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando
los hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados, o condenar al
pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores
a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas».
13
Expediente: 17001-23-33-000-2016-00495-01 (4984-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Marina Castaño Gómez contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y
otro
FALLA:
1°. Confírmase parcialmente la sentencia de 14 de junio de 2019 proferida por
el Tribunal Administrativo de Caldas, en cuanto negó las súplicas de la demanda
en el proceso instaurado por la señora Marina Castaño Gómez contra la Nación
– Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Caldas, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2°. Revócase la decisión extra petita acerca del pago de la indexación de las
sumas causadas desde el 1°. de enero hasta el 14 de abril de 2013, de
conformidad con lo indicado en la motivación.
3°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
14
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