Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00548-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00548-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2016-00548-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
22 de julio de 2021
INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA RAMA JUDICIAL Y EL MINISTERIO PÚBLICO - Determinación
Para esta Sala es claro que la señora Quintero Gutiérrez es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque para la entrada en vigencia de esta norma, esto es, para el 1 de abril de 1994 contaba más de 15 años de servicios, puesto que empezó a trabajar el 28 de febrero de 1979, y, por lo tanto, le asistía el derecho a conservar las prerrogativas pensionales sobre edad, establecidas en el régimen anterior, esto es, 50 años de edad, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 546 de 1971.(…) Conforme a la sentencia de unificación de 11 de junio de 2020, debido a que a 1 de abril de 1994 le faltaban más de 10 años para cumplir el requisito de edad, debió tenerse en cuenta el lapso comprendido entre el 1 de junio de 2000 y el 1 de junio de 2010 para efectos de establecer el monto de la pensión, como en efecto se hizo. En la Resolución 27115 de 8 de agosto de 2011 solo se tuvieron en cuenta los tiempos públicos para efectos de establecer el monto de la pensión. Ahora bien, la señora Quintero Gutiérrez no demostró que se hayan hecho cotizaciones a pensión por los factores de: prima de servicios, prima de navidad, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados, prima especial, bonificación por actividad judicial, y prima de productividad, durante el lapso comprendido entre el 1 de junio de 2000 y el 1 de junio de 2010, o que, de haberse realizado, no hayan sido tenidos en cuenta en la liquidación que se realizó en la Resolución 27115 de 8 de agosto de 2011. Si se ha de considerar tan solo el último año de servicios, esto es el 2010, se advierte que en este la asignación básica fue de $3.262.167, y la bonificación por servicios prestados ascendió a $ 1.221.047, que sumados arrojan la cifra de $ 4.483.214, y, si a este valor se le aplica el 75%, se obtendría una pensión de $ 3.362.410, mientras que en la Resolución 27115 de 8 de agosto de 2011 se estableció en la suma de $4.000.500, lo que quiere decir que no se liquidó exclusivamente con base en la asignación básica y la prima de servicios. Así las cosas, debido a que de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso le incumbe a las partes la carga de la prueba, esta Sala encuentra que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de la Resolución 27115 de 8 de agosto de 2011, por lo que se confirmará la sentencia de 12 de noviembre de 2019 que negó las pretensiones. NOTA DE RELATORÍA : Sobre el reconocimiento de la pensión de jubilación a los servidores de la Rama Judicial y el Ministerio Público en aplicación del régimen de especial, por ser beneficiarios del régimen de transición, ver: C de E, Sala Plena Contenciosa de la Sección Segunda, Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020, rad15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-2017)
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993- ARTÍCULO 36 / DECRETO 546 DE 1971 / LEY 100 DE 1993- ARTÍCULO 21 / DECRETO 1158 DE 1994 / LEY 4 DE 1992 / LEY 332 DE 1996; DECRETO 610 DE 1998; DECRETO 1102 DE 2012 / DECRETO 2460 DE 2006 / DECRETO 3900 DE 2008 / DECRETO 383 DE 2013
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 17001-23-33-000-2017-00525-01(1956-20)
Actor: ALBA LUCÍA QUINTERO GUTIÉRREZ
Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
Tema: Reliquidación pensión de vejez – régimen de transición – factores salariales para efectos de la liquidación – régimen especial de la Rama Judicial
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA – LEY 1437 DE 2011
ASUNTO
La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas el 12 de noviembre de 2019, que negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
2.1. Pretensiones
Alba Lucía Quintero Gutiérrez, a través de apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó la nulidad parcial de la Resolución 27115 de 8 de agosto de 2011 por medio de la cual le fue reconocida su pensión de vejez, así como la Resolución VPB 6860 de 13 de noviembre de 2013 por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la hoy demandante contra la anterior decisión que la confirmó integralmente.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la entidad demandada reliquidar la pensión de conformidad con lo establecido en el Decreto 546 de 1971, esto es, con el 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado durante el último año de servicio, y con todos los factores salariales contenidos en el Decreto 917 y 911 de 1978, de manera indexada.
Por último, que se ordene cumplir la sentencia en los términos establecidos en el artículo 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2.2. Hechos
Alba Lucía Quintero Gutiérrez nació el 27 de diciembre de 1959; prestó sus servicios a la Rama Judicial desde el 28 de febrero de 1979 hasta el 31 de mayo de 2010, cuando se le aceptó su renuncia como relatora del Tribunal Administrativo de Caldas, momento en el que acumulaba más de 30 años de servicios.
Por medio de la Resolución 27115 de 8 de agosto de 2011 le fue reconocida su pensión de vejez, con efectividad a partir del 7 de julio de 2010.
La liquidación se realizó de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con el promedio de lo devengado en los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizado con el índice de precios al consumidor.
El 25 de agosto de 2004 la señora Quintero Gutiérrez exigió la reliquidación de su pensión en los términos del artículo 6º del Decreto 546 de 1971, y esta fue negada de forma definitiva a través de la Resolución VPB 6860 de 13 de noviembre de 2013.
2.3. Normas vulneradas y concepto de violación
La parte demandante fundamentó su demanda en las siguientes disposiciones:
Constitución Política: preámbulo y artículos 1, 2, 4, 48, y 53.
Ley 100 de 1993: artículo 36.
Decreto 546 de 1971: artículo 6.
Decreto 717 de 1978: artículo 12.
Como concepto de violación señaló que la señora Quintero Gutiérrez, al ser beneficiaria del régimen de transición, tenía derecho a que se liquidara su pensión de conformidad con lo prescrito en el Decreto 546 de 1971, dado que se desempeñó al servicio de la Rama Judicial por un lapso superior a los 30 años por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la normativa tenía derecho a la liquidación de su pensión con la asignación mensual más elevada que hubiera devengado durante el último año de servicios, con todos los factores salariales percibidos en ese lapso.
2.4. Contestación de la demanda
La Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES se opuso a las pretensiones de la demanda, pues la pensión de la señora Quintero Gutiérrez se liquidó de conformidad con la normativa que le era aplicable, por lo que no hay lugar a declarar la nulidad de los actos acusados.
Adicionalmente, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; buena fe; imposibilidad jurídica de cumplir con las obligaciones pretendidas; y prescripción.
Decisiones relevantes en la audiencia inicial.
En la audiencia inicial que se llevó a cabo el 9 de octubre de 2019, se señaló que no se presentaron excepciones previas, pero que se incluyó la mixta de prescripción, que requiere el análisis del fondo, motivo por el cual habría de resolverse en la sentencia.
Por otra parte, fijó el litigio en los siguientes términos:
«…el debate jurídico se centra en determinar si la parte actora tiene derecho a que se le reliquide la pensión aplicando de manera íntegra sus beneficios, equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicios, incluyendo todos los factores salariales».
2.6. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la sentencia proferida el 12 de noviembre de 2019 negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:
Después de referirse al régimen especial de la Rama Judicial y poner de presente que en la sentencia de 28 de agosto de 2018, el Consejo de Estado determinó que los beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 tienen derecho a que su pensión se liquide con el monto establecido en las normas anteriores a su entrada en vigencia, pero que el ingreso base de liquidación se calcule de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 ibidem, con los factores salariales sobre los que se hayan efectuado cotizaciones al sistema de pensiones.
En el caso concreto, encontró que la señora Alba Lucía Quintero Gutiérrez, para el 1 de abril de 1994, tenía 34 años de edad y 15 años y dos meses de servicios por lo que era beneficiaria del régimen de transición.
Debido a que para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 le faltaban más de 10 años de servicios, su pensión se debe liquidar de conformidad con lo previsto en el artículo 21 ibidem como en efecto se hizo en el acto demandado. En tal sentido, declaró la excepción de «inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido», y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
Por último, decidió no condenar en costas a la demandante, debido a que el fundamento de la sentencia radicó en el cambio jurisprudencial que se presentó durante el trámite del proceso.
2.7. Recurso de apelación
La apoderada de Alba Lucía Quintero Gutiérrez apeló la sentencia de primera instancia, con el fin de que sea revocada, y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda ya que el derecho lo consolidó antes de la expedición de las sentencias SU-230 de 2015, C-258 de 2013, SU-395 de 2017 y SU-114 de 2018, pues el estatus pensional lo adquirió el 27 de diciembre de 2009 cuando cumplió los 50 años de edad, momento para el cual tenía 31 años de servicios en la rama judicial, y, por lo tanto, no se le debe aplicar la posición jurisprudencial posterior.
2.8. Alegatos en segunda instancia
La apoderada de Alba Lucía Quintero Gutiérrez solicitó que si no se revoca la decisión de primera instancia, por lo menos se tenga en consideración la sentencia de unificación de 11 de junio de 2020, en la que además de los factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994, determinó que la pensión se debe liquidar con aquellos previstos en la Ley 332 de 1996, así como en los Decretos 610 de 1998, 1102 de 2012, 2460 de 2006, 3900 de 2008 y 383 de 2013, y que, de no accederse a esto, se ordene la reliquidación con fundamento en la Ley 100 de 1993, y se reconozca el aumento del porcentaje equivalente al 1,5% por cada 50 semanas cotizadas adicionales, hasta el 85% del IBL, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
La parte demandante no presentó alegatos de conclusión, y el agente del ministerio público no rindió concepto.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.
Marco de análisis de la segunda instancia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
Debido a que se trata de un evento de apelante único, la Sala tendrá en cuenta que la parte demandante señaló que se debe respetar la postura jurisprudencial vigente para el 27 de diciembre de 2009, momento en el que la señora Quintero Gutiérrez cumplió los 50 años de edad y completó los requisitos para acceder a la pensión.
Problema Jurídico.
De acuerdo con los argumentos expuestos en la apelación, el problema jurídico se contrae a determinar si la demandante tiene derecho a pensionarse de conformidad con el Decreto 546 de 1971, debido a que adquirió el derecho antes de la expedición de la sentencia C – 258 de 2013.
Para resolver lo anterior se abordará el siguiente orden metodológico; i) La sentencia de unificación del 11 de junio de 2020; iii) análisis de la Sala; iv) decisión en segunda instancia y iv) condena en costas.
3.4. Marco jurídico. Precedente vinculante de la Sala Plena del Consejo de Estado
Es oportuno recordar que esta Sección en sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 consideró que no era taxativo el listado de factores salariales sobre los cuales se calcula el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 del mismo año, porque además se debían tener en cuenta aquellos factores que constituían salario, independientemente de la denominación que recibieran, es decir todos los que se cancelaran de manera habitual como retribución directa del servicio y no solamente los descritos en dicha normativa.
Luego, la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, SU-023 de 2018, entre otras, destacó la relación de correspondencia que existe entre los aportes que hace el empleado a lo largo de su vida laboral ante el sistema general de seguridad social y los principios de solidaridad y de sostenibilidad financiera del sistema pensional.
Posteriormente, en sentencia de 11 de junio de 2020, la Sala de la Sección Segunda de esta Corporación, unificó su jurisprudencia en relación con el Índice Base de Liquidación-IBL de las pensiones de funcionarios pertenecientes al régimen de la Rama Judicial o del Ministerio público y que sean beneficiarios del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en los términos que se transcriben a continuación:
«[…] De otro lado, en lo que atañe al ingreso base de liquidación, según quedó analizado, con fundamento en la jurisprudencia imperante de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que se ciñe al propósito del legislador en el sentido de evitar la aplicación ultractiva de las reglas del ingreso base de liquidación de los regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 en mención, se tiene que no debe corresponder al del régimen anterior, es decir a la asignación más alta devengada el último año dedicado a la actividad judicial, como reza en el artículo 6.º en mención, pues el que hay que aplicar es el establecido por la Ley 100 de 1993 en su artículo 21 y en el inciso 3.º de su artículo 36.
El artículo 21 estipula (sic), que el ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esa ley, corresponde al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
El inciso 3.º de su artículo 36 dispone que el ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Es decir, el ingreso base de liquidación del funcionario o empleado judicial que le faltan más de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, es el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, con la debida actualización.
El ingreso base de liquidación del funcionario o empleado que le faltan menos de diez 10 años para adquirir el derecho a la pensión, es i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o ii) el cotizado durante todo el tiempo, si fuera superior, debidamente actualizado.
Además, en lo que hace referencia a los factores salariales que se deben incluir en ese ingreso base de liquidación para la pensión de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público beneficiarios de la transición, hay que decir que son únicamente aquellos sobre los que hayan efectuado los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones, y que correspondan a los fijados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, normativa que se encuentra vigente.
Para mayor comprensión de lo concluido se hace el siguiente cuadro:
REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN
ARTÍCULO 36 INCISO 2.º
LEY 100 DE 1993
REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DEL
RÉGIMEN DE
LA RAMA JUDICIAL
ARTÍCULO 6.º
DECRETO 546 DE 1971
RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN
AL FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA RAMA JUDICIAL Y DEL MINISTERIO PÚBLICO
Tener cumplidos la edad o el tiempo de servicios:
35 o más años de edad en el caso de las mujeres.
40 o más años de edad en el de los hombres.
o
15 o más años de servicios cotizados
En las siguientes fechas:
Para el 1.º de abril de 1994
En el ámbito nacional
Para el 30 de junio de 1995
En el orden territorial
Reunidos los requisitos de la transición, hay que cumplir además, con los requisitos del artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 que son la edad y el tiempo de servicios:
50 años de edad en el caso de la mujer.
55 años de edad en el de los hombres.
y
El tiempo de servicios
20 años de servicios
continuos o discontinuos
anteriores o posteriores a la vigencia del Decreto
de los cuales por lo menos 10 años años se debieron prestar exclusivamente a la Rama Judicial o al Ministerio Público, o en ambos.
El cumplimiento de todos estos requisitos da derecho al reconocimiento de la pensión con:
La tasa de reemplazo del 75% establecida en el régimen anterior, es decir en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971.
Con el ingreso base de liquidación consagrado por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 o por el inciso 3.º de su artículo 36, así:
Si faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE.
Si faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será:
• El promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o
• El cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior.
Actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE.
y
Con los factores de salario sobre los que haya efectivamente efectuado las cotizaciones y que estén contenidos en el artículo 1.º del Decreto 1158 de 1994 y en las normas posteriores que los regulan para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público que son:
Ley 4 de 1992 en el artículo 14 con la modificación de la Ley 332 de 1996 en el artículo 1.º,
Decreto 610 de 1998 artículo 1.º
Decreto 1102 de 2012 artículo 1.º
Decreto 2460 de 2006 artículo 1.º
Decreto 3900 de 2008 artículo 1.º
Decreto 383 de 2013 el artículo 1.º
4. Reglas de unificación
De lo expuesto anteriormente se extraen las siguientes reglas de unificación de la jurisprudencia en el tema puesto a consideración:
4.1. El funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 adquiere el derecho a la pensión de jubilación, siempre que se acrediten los siguientes presupuestos:
i) Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito territorial, tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o, b) 15 años o más de servicios efectivamente cotizados.
ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 para consolidar el estatus pensional que son: a) el cumplimiento de la edad de 50 años si es mujer, o de 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de 1971; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades.
iii) Por tanto, esa pensión se le debe reconocer con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer, de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%, e) el ingreso base de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso, es decir, si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, si faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será: (i) El promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) El cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y con los factores de liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público, siempre que respecto de ellos se hubieren realizado las cotizaciones respectivas».
De acuerdo con lo anterior, se advierte que la Sala de la Sección Segunda unificó su criterio sobre el IBL de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, específicamente, fijó dos subreglas referentes (i) al periodo que se debe tener en cuenta para liquidar el IBL de las mismas y (ii) los factores salariales que se deben observar para esos efectos.
Así, dispuso que tratándose de personas que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 les faltare más de 10 años para adquirir el derecho prestacional, el IBL será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales hubiere cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, de lo contrario, esto es, si faltare menos de 10 años, el IBL será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior.
De igual forma, precisó que los factores salariales a considerar son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones y que se encuentren consagrados expresamente en la Ley.
Para los efectos, en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994 se establecieron los siguientes: a) La asignación básica mensual; b) Los gastos de representación; c) La prima técnica, cuando sea factor de salario; d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario; e) La remuneración por trabajo dominical o festivo; f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; g) La bonificación por servicios prestados.
Así mismo, se deberán incluir en la liquidación, tratándose de empleados y funcionarios de la rama judicial, los siguientes factores:
a) La prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; b) la bonificación por compensación establecida en el artículo 1.° del Decreto 610 de 1998; c) la bonificación por compensación a la que se refiere el artículo 1.° del Decreto 1102 de 2012; d) la prima de productividad ordenada en el Decreto 2460 de 2006; e) la bonificación por actividad judicial establecida en el artículo 1.° del Decreto 3900 de 2008; y f) la bonificación judicial del Decreto 383 de 2013.
Ahora bien, respecto de los efectos en el tiempo de la sentencia de unificación, los fijó de la siguiente manera:
«La Sección Segunda, por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma retrospectiva, efecto que se le dará a esta sentencia, disponiendo que la regla jurisprudencial fijada es vinculante en los siguientes casos: (i) respecto de los asuntos similares que actualmente se están tramitando en el seno de la administración; (ii) respecto de los procesos similares que se están adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado. En consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y en consecuencia resultan inmodificables.
Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la inaplicación de esta sentencia».
3.5. Análisis de la Sala.
En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
Alba Lucía Quintero Gutiérrez nació el 27 de diciembre de 1959.
En la Resolución 27115 de 8 de agosto de 2011 le fue reconocida la pensión con fundamento en las siguientes consideraciones:
«… que nació el 27 de diciembre de 1959, acreditando a la fecha tener 51 años de edad.
Que la asegurada para acreditar las semanas necesarias para la pensión allegó certificados sobre tiempos de servicios al sector público no cotizado al ISS así:
ENTIDAD
PERÍODO
DÍAS
Rama Judicial (CAJANAL)
28/02/1979 al 30/06/2009
10.908
Total días cotizados al sector público
10.908
Que revisado el reporte de semanas cotizadas a este Instituto y luego de efectuar la imputación prevista en el artículo 19 del Decreto 1818 de 1996, modificado por el artículo 53 del Decreto 1406 de 1999, se establece que la asegurada, cotizó al Seguro Social de forma interrumpida 381 días.
Que sumado el tiempo laborado por la asegurada ALBA LUCIA QUINTERO GUTIERREZ, a Entidades del Sector Público y el cotizado al Seguro Social, acredita un total de 11.289 días; que equivalen a 1.612 semanas, correspondientes a 31 años, 04 meses y 09 días.
Que según lo dispuesto en el inciso segundo del Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las personas que a 1° de abril de 1994 tuviesen 35 años o más de edad si son mujeres y 40 o más años de edad en el caso de los hombres o quince (15) o más años de servicio se les debe aplicar la edad para pensionarse, el número de semanas o tiempo cotizado y el monto pensiona! del régimen anterior al que venían afiliados, encontrando que el asegurado, reúne los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición anterior manifestado.
Que la asegurada, es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993 y por consiguiente el reconocimiento de la pensión es viable teniendo en cuenta la edad, el tiempo de servicios y el monto que en el régimen anterior a la vigencia del Sistema General de Pensiones le era aplicable.
Que en virtud a lo anteriormente manifestado, se estudiará la prestación solicitada por la asegurada, conforme a la normatividad establecida por el Decreto - Ley 546 de 1971, el cual exige para el derecho a la pensión acreditar mínimo 20 años de servicios al Estado, de los cuales mínimo 10 deben haberse prestado en la Rama Judicial, y 50 años de edad para la mujer, 55 para el hombre, y un 75% como monto de pensión.
Que la asegurada reúne los requisitos exigidos en el Artículo 6 del Decreto 546 de 1971, por cuanto acredita 31 años, 3 meses y 24 días como servidora pública los cuales han sido laborados con la Rama Judicial, por tanto es procedente su reconocimiento.
Es de señalar que los tiempos cotizados a esta Entidad por la asegurada como independiente y dependiente privada, se desestiman para efectos de reconocer una pensión en los términos del Decreto 929 de 1976, toda vez que no son tiempos públicos.
Que a su vez para calcular el ingreso base de liquidación de las personas beneficiarias del régimen de transición que les faltare 10 o más años para adquirir el derecho, se tomará lo establecido en el Artículo 21 de la Ley 100 de 1993, el cual preceptúa:
ART. 21. —Ingreso base de liquidación. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación. calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo.
Que la liquidación para el reconocimiento de la pensión de vejez de la asegurada, obedeció al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizado anualmente con el índice de Precios al Consumidor certificado por el Departamento Nacional de Estadística - DANE, arrojando un ingreso base de liquidación de $ 5.334.000.00, al cual se le aplicó un porcentaje del 75%, dando un quantum inicial mensual de pensión de $4.000.500 para el 7 de Julio de 2010 Qué bien vale ponerle de presente que los factores salariales para liquidar las pensiones están establecidos en el Decreto 1158 de 1994, el cual en su artículo primero a la letra dispone "El salario mensual base para calcular las cotizaciones al sistema general de pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores: a) La asignación básica mensual; b) Los gastos de representación; c) La prima técnica cuando sea factor de salario; d) Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salado. e) La remuneración por trabajo dominical o festivo; f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna, y g) La bonificación por servicios prestados.". De la misma manera, resulta oportuno tener en cuenta que la prestación que será reconocida, fue liquidada, teniendo en cuenta las normas anteriormente citadas.
Que respecto a la fecha de causación de la prestación, el artículo 76 del Decreto 1848 de 1969, aplicable por remisión que hace el artículo 31 de la Ley 100 de 1993, dispone que la pensión de jubilación se comienza a pagar, previo reconocimiento de la misma, a partir del día siguiente a la fecha en que se acredite el retiro del servicio oficial.
Que para el financiamiento del reconocimiento de la pensión de Jubilación de la asegurada, procede el trámite de cobro de Bono Pensional Tipo B, por el tiempo laborado al servicio del Estado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, de conformidad con la normatividad contenida en los Decretos 1748 de 1995, 1474 de 1997, 1513 de 1998 y el Decreto 13 de 2001.
Que de conformidad con lo dispuesto en la Circular P-ISS N° 0625 del 04 de abril de 2005, emanada de la Presidencia del Seguro Social, en la cual señalan que "a fin de que sean reconocidas las prestaciones económicas de servidores públicos dentro del término señalado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, aún en los eventos en los cuales el Bono Pensional, no se haya emitido en su totalidad", es viable el reconocimiento de la prestación sin que a la fecha haya sido emitido el Bono Pensional por la Entidad Emisora.
Que atendiendo las anteriores previsiones y como quiera que la asegurada, cumple con las condiciones exigidas por el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, para acceder a la pensión de Jubilación, a pesar de que a la fecha no se ha emitido el bono pensional tipo B, por parte de CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL- CAJANAL, será solicitado por esta dependencia mediante oficios No. (sic) 16931 de 2011, se procederá al reconocimiento de la prestación. A su vez se remitirá la documentación correspondiente a la oficina de Bonos Pensiónales de la Vicepresidencia de Pensiones con oficio No. 16932 de 2011 para que se proceda al cobro del bono a la Entidad emisora.
Que por otra parte el artículo 50 de la Ley 100 de 1993 se establece que: "Los pensionados de vejez o jubilación, invalidez y sustitución o sobrevivencia continuarán recibiendo cada año, junto con la mesada del mes de noviembre, en la primera quincena del mes de diciembre, el valor correspondiente a una mensualidad adicional a su pensión y con lo dispuesto en el inciso 8 del acto legislativo 001 de 2005 "Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán recibir más de 13 mesadas pensiónales al año.." de igual manera el parágrafo transitorio 6 del mismo establece "se exceptúan de lo establecido por el inciso 8 del presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce mesadas pensiónales al año.
Que teniendo en cuenta lo anterior el asegurado es acreedor a 13 mesadas pensionales.
Que el valor de la pensión será reajustado en los términos y oportunidades señaladas en la Ley 100 de 1993 y en las normas que la reglamentan, modifican o sustituyan.
Que en consecuencia,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder pensión de jubilación financiada con Bono Pensional, conforme al Decreto 546 de 1971, a la asegurada ALBA LUCÍA QUINTERO GUTIÉRREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. (sic) 25.056.990 por las razones expuestas en la parte considerativa de esta Resolución, la cual quedará en los siguientes términos y cuantías:
A PARTIR DE
VALOR DE LA PENSIÓN
7 de julio de 2010
$ 4.000.500.oo
1 de enero de 2011
$ 4.127.3160
VALOR PENSIÓN RETROACTIVA: $ 56.221.428.oo
VALOR PRIMA (S) RETROACTIVA: $ 4.127.316.oo
NETO RETROACTIVO A PAGAR: $ 60.221.928.oo
La liquidación se realizó con base en 1.612 semanas, sobre un ingreso base de liquidación de $ 5.334.000.oo, al cual se le aplicó un porcentaje del 75%
PARÁGRAFO: El valor retroactivo que a la fecha asciende a la suma de $ 60.221.928.oo, junto a la mesada pensional será incluida en nómina de septiembre de 2011, se paga el mes de octubre del mismo año».
Por medio del escrito de 4 de noviembre de 2011, solicitó le fuera reliquidada su pensión, con el 75% de lo devengado en el último año de servicios, en los siguientes términos:
LIQUIDACIÓN
FACTOR
VALOR FACTOR
DOCEAVA
100%
VALOR DOCEAVA
Asignación básica
$ 3.964.686
100
$ 3.964.686
Prima especial
$1.189.406
100
$ 1.189.406
Bonificación por servicios prestados
$ 1.387.640
100
$ 1.387.640
Prima de servicios 1/12
$ 2.040.161
1/12
$ 170.013
Prima de navidad 1/12
$ 3.931.621
1/12
$ 327.635
Prima de vacaciones 1/12
$ 1.830.543
1/12
$ 152.545
Prima de productividad 1/12
$ 2.283.517
1/12
$ 190.293
VALOR INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN
$ 7.382.219
VALOR MESADA SOBRE EL 75% DEL IBL
$ 5.536.664
Posteriormente, en la Resolución VPB 6860 de 13 de noviembre de 2013 se confirmó la anterior decisión de manera íntegra, con fundamento en lo dispuesto en la sentencia C – 258 de 2013.
En la historia laboral de la señora Quintero Gutiérrez consta que entre el 31 de mayo de 2000 y el 31 de mayo de 2010 percibió los factores de sueldo básico, prima de servicios, prima de navidad, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados, prima especial, bonificación por actividad judicial, y prima de productividad, sin embargo, no se especificó sobre cuales de esos factores se realizaron aportes.
También obra la certificación expedida por COLPENSIONES, en la cual se consignaron los valores de salario usado como base de cotización y el monto correspondiente desde el 1 de julio de 2009 hasta el 1 de julio de 2010, sin embargo, no se especificó sobre qué valores se realizaron aportes.
De acuerdo con lo anterior, para esta Sala es claro que la señora Quintero Gutiérrez es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque para la entrada en vigencia de esta norma, esto es, para el 1 de abril de 1994 contaba más de 15 años de servicios, puesto que empezó a trabajar el 28 de febrero de 1979, y, por lo tanto, le asistía el derecho a conservar las prerrogativas pensionales sobre edad, establecidas en el régimen anterior, esto es, 50 años de edad, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 546 de 1971.
Además, de conformidad con lo expuesto en la Resolución 27115 de 8 de agosto de 2011 acumuló tiempos de servicios por 31 años, 4 meses y 9 días, con lo que cumple este requisito.
Conforme a la sentencia de unificación de 11 de junio de 2020, debido a que a 1 de abril de 1994 le faltaban más de 10 años para cumplir el requisito de edad, debió tenerse en cuenta el lapso comprendido entre el 1 de junio de 2000 y el 1 de junio de 2010 para efectos de establecer el monto de la pensión, como en efecto se hizo.
En la Resolución 27115 de 8 de agosto de 2011 solo se tuvieron en cuenta los tiempos públicos para efectos de establecer el monto de la pensión.
Ahora bien, la señora Quintero Gutiérrez no demostró que se hayan hecho cotizaciones a pensión por los factores de: prima de servicios, prima de navidad, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados, prima especial, bonificación por actividad judicial, y prima de productividad, durante el lapso comprendido entre el 1 de junio de 2000 y el 1 de junio de 2010, o que, de haberse realizado, no hayan sido tenidos en cuenta en la liquidación que se realizó en la Resolución 27115 de 8 de agosto de 2011.
Si se ha de considerar tan solo el último año de servicios, esto es el 2010, se advierte que en este la asignación básica fue de $3.262.167, y la bonificación por servicios prestados ascendió a $ 1.221.047, que sumados arrojan la cifra de $ 4.483.214, y, si a este valor se le aplica el 75%, se obtendría una pensión de $ 3.362.410, mientras que en la Resolución 27115 de 8 de agosto de 2011 se estableció en la suma de $4.000.500, lo que quiere decir que no se liquidó exclusivamente con base en la asignación básica y la prima de servicios.
Así las cosas, debido a que de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso le incumbe a las partes la carga de la prueba, esta Sala encuentra que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de la Resolución 27115 de 8 de agosto de 2011, por lo que se confirmará la sentencia de 12 de noviembre de 2019 que negó las pretensiones.
3.5. Costas.
No se condenará en costas de segunda instancia a la señora Alba Lucía Quintero Gutiérrez, de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, debido a que, a pesar de que el recurso de apelación fue resuelto en contra de sus intereses, la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES no realizó ninguna acción en el trámite de la segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 12 de noviembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda incoada por Alba Lucía Quintero Gutiérrez.
SEGUNDO: SIN condena en costas.
TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa “SAMAI” y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión del diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
Ausente con licencia
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Folio 3 del expediente.
Folios 118 a 128 del expediente.
Folios 52 a 61 del expediente.
Folios 70 a 78 del expediente.
Folio 112 del expediente.
Folios 131 a 136 del expediente.
Folios 139 a 147 del expediente.
Alegatos de conclusión que se encuentran en el índice 13 del aplicativo SAMAI
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley […]».
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente 0112-09, magistrado ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 11 de junio de 2020, expediente 4083-17 CE-SUJ-S2-021-20, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 11 de junio de 2020, expediente 4083-17 CE-SUJ-S2-021-20, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
Folio 26 del expediente
Folios 26 a 29 del expediente.
De conformidad con la certificación que se encuentra en el cd que obra en el folio 79 del expediente.
Folios 40 a 43 del expediente.
Cd con historia laboral que se encuentra en el folio 79 del expediente.
Cd con historia laboral que se encuentra en el folio 79 del expediente.
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