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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00596-01

Fecha
2 de junio de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00596-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia del 26 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administra tivo de Caldas que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por RUBÉN DARÍO VÁSQUEZ ZAPATA contra LA NACIÓN-MI NI STERIO DE EDUCACIÓN NA CIO NAL Y EL DEPARTAMENTO DE CALDAS – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin co ndena en costas en esta instancia. TERCERO. Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2016-00596-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

2 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO -ADMI NISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓ N A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 17001 23 33 000 2016 00596 01 (4371-2021)
Accionante: RUBÉN DA RÍO VÁSQUEZ ZAPATA
Demandado: NACIÓN – MI NISTERIO DE EDUCACIÓ N
NACIONAL Y DE PARTAMENTO DE CALDAS -
SECRETARÍA DE EDUCACIÓ N.

Tema: Intereses moratorios por homologación y nivelación
salarial del person al a dministrativo al servicio de
los establecimientos educativos.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA - LEY 1437 de 2011

ASUNTO

La Sala de Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado,
decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia del 26 de febrero de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 1

El señor Rubén Darío Vásquez Zapata , en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimient o del derecho previsto en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 2, formuló en síntesis las
siguientes:

1Ex p e d ie n te d i g it a l a í nd ic e 2 e n S A M AI .
2Có d i go d e Pr oc e d im i e nt o A d m in is tra t iv o y d e l o Co n te nc ios o , e n a de l a nt e
CP A C A

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Nulidad y restablecimiento del derecho
R a d i c a c i ó n : 1 7 0 0 1 2 3 3 3 0 0 0 2 0 1 6 0 0 5 9 6 0 1 (4371-2021)
Demandante: Rubén Darío Vásquez Zapata

1.1. Pretensiones

La nulidad de la Resolución 3429 -6 del 29 de abril de 2016, por
medio de la cual se le negó el reconocimiento de intereses
moratorios generados con ocasión del pago tardío del retroactivo
producto de la homologación y nivelación salarial , así como el
ajuste de la indexación .

Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó condenar a la demandada a: (i) r e conocer los
intereses moratorios con base en el interés bancario corriente, a
partir del día siguiente a los 30 días posteriores a su causación –el
11 de febrero de 1997 –, y hasta el 15 de mayo de 2013 cuando fue
efectivo el pago total del retroactivo adeudado por homologación y
nivelación salarial; ello sin que se tenga en cuenta el valor que por
concepto de indexación salarial se le reconoció, (ii) cu mplir el fa llo
dentro de los términos previstos en el CPACA y (iii) sufragar costas
y agencias en derecho.

1.2. Fundamentos fácticos relevantes

El demandante relató que (i) por Decreto 0021 de 1997, se transfirió
el personal administrativo de la Nación a la planta de personal del
Departamento de Caldas, (ii) mediante Decreto 0399 de 20 de abril
de 2007, modificado por el 337 de 2 de diciembre de 2010, el
aludido ente territo rial homologó y niveló lo s cargos
administrativos, previo concepto jurídico 2009EE29765 de 1º de
junio de 2009, (iii) a través de la Resolución 2244-6 del 22 de marzo
de 2013, aclarada por la Resolución 4703-6 del 4 de julio de 2013 ,
modificada a su vez por la Resolució n 9213-6 del 11 de diciembre
de 2014, el Ministerio de Educación Nacional y la se cretaría de
educación departamental reconoci eron a su favor el retroactivo por
concepto de homologación salarial desde el 10 de febrero de 1997
hasta el año 31 de diciembre de 2009 y (iv) el 28 de marzo de 2016,
solicitó de las demandadas el reconocimiento de intereses
moratorios generados con ocasión del pago tardío del anterior
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Demandante: Rubén Darío Vásquez Zapata

emolumento, lo cual fue negado a través del acto enjuiciado.

1.3. Normas v ioladas y concepto de violación

El actor invocó como disposiciones vulneradas las siguientes:
artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 93, 123, 209 y 350 de la Constitución
Política; 1608 - nu merales 1 y 2 , 161 7 y 1649 del Códig o Civil; 177
del Decreto 01 de 1984; 12 del Convenio 95 de 1949, y la sentencia
C-367 del 16 de agosto de 1995 de la Corte Constitucio nal.

Al exponer el concepto de violación, sostuvo que el Departamento
de Caldas vulneró las disposiciones citadas, toda vez que no
incluyó dentro de los estudios técnicos para la aprobación de la
homologación y nivelación salarial, el reconocimiento de los
intereses moratorios.

Adujo que era imperativo para el Ministerio de Educación, en
concurso con la entidad territorial, incluir dentro de las
liquidaciones, todos aquellos conceptos derivados del salario y
demás prestaciones sociales, así como las indexacion es e intereses
moratorios causados con ocasión del pago tardío, posterior y/o
moroso de sus obligaciones.

Indicó que mediante la Resolución 2244 -6 del 22 de marzo de 2013,
aclarada por la Resolución 4703 -6 del 4 de julio de 2013, modificada
a su vez por la Resolución 9213 -6 del 11 de diciembre de 2014 , se
ordenó el reconocimiento del retroactivo por concepto de la
homologación salarial desde el momento en que fue vinculado a la
planta de la entidad territorial el 11 de febrero de 1997; sin
embargo, dicha obligación solo fue cancelada el 15 de mayo de
2013, situación que demuestra la mora en que incurrie ron las
entidades demandadas en el pago de las acreencias laborales,
producto de la descentralización edu cativa y, por consiguiente, de
la homologación sala rial.

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2. CONTESTACIÓN DE LA DE MANDA

2.1. El Departamento de Caldas 3 se opuso a las pretensiones por
considerar que la secretaría de educación solo cumple funciones
procedimentales en cuanto al trámite y reconocimiento de las
prestaciones económicas.

En ese sentido, aclaró que , en el nivel asistencial , con el proceso
de homologación 1997 – 2001, persistían las diferencias de grados
y salarios agrupados del 1 a 5 con las mismas funciones, y el grado
23 no fue homologado por no existir dentro de la planta central del
Departamento, quedando por fuera del proceso los Coo rdinadores
del C.A.S.

Señaló que la solicitud de revisión al proceso d e homologación y
nivelación salaria l fue aprobada por el Ministe rio de Educación,
mediante el radicado 2009 EE29765 del 1 de junio de 2009, previa
revisión y certif icación de las funciones ejercidas por cada
funcionario, de conformidad con el estudio técni co, en el que se
encuentra el demandante.

Adujo que el estudio técnico se realizó desde el 10 de febrero de
1997 al 9 de mayo de 2007 y que los salarios se consolidan, año
por año, en acatamiento de lo dispuesto por el Ministerio de
Educación.

Precisó que, en virt ud de la homologación del cargo, el demandante
recibió, por los años «1997 a 2002 (sic)» , una suma de dinero
debidamente indexada, por lo que no tiene derecho a reclamar
ninguna sanción moratoria en calidad de intereses, ya que estaría
pretendiendo que el Departamento incurra en doble sanción.

Propuso las excepciones denominadas: a) falta de legitimación en
la causa por pasiva; b) buena fe; c) inexistencia de la obligación
con fundamento en la ley y d) ina plicabilidad de lo s intereses
moratorios.

3
Ex p ed i e nt e d i gi t al a í nd ic e 2 e n S A M AI .
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Demandante: Rubén Darío Vásquez Zapata

2.2. La NACIÓN - MINISTERIO DE E DUCACIÓN NACIO NAL 4 no se
pronunció , según consta en el informe secretarial de 9 de agosto
de 2017.

3. AUDIENCIA INI CI AL 5

El 24 octubre de 2017, el Tribunal Administrativo de Caldas celebró
audiencia inicial simultánea (caso 9), en la que encontró que (i) no
existe ninguna irregularidad que deba subsanarse o que genere
nulidad; (ii) aplazó la decisión de los medios exceptivos propuestos
al fallo y (iii) delimitó el problema jurídico, en los siguientes
términos:

«[ …] SI LO S DEM ANDANT ES TI ENEN D E RECHO AL PAG O DE LO S
I NTERES ES M O RATO RI O S PO R EL PRESU NTO PAG O TARDÍ O
DEL RET RO ACTI V O PO R HO MO LOG ACI Ó N Y NI VELACI Ó N
SALARI A L.

Par a r esolver lo ant er ior se f orm ulan los siguient es pr o blem as
j ur í dicos:

¿Se causó int er és p or m or a en el pago de los valor es por
hom ologac ión y nive lació n salar ia l?

¿Es pr ocedent e el r econocim ient o de i nt er eses m or at or ios y el
aj ust e de indexació n sobr e la liqui daci ón del r et r oact ivo salar ia l
cancelado a l a par t e act or a?

En caso af ir m at ivo,

¿Cuál de las ent id ades dem andadas es la llam ada a r esponder
sobr e las pr et ension es de la par t e act ora?»

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6

El 26 de febrero de 2021 , el Tribunal Administrativo de Caldas neg ó
las pretensiones de la demanda con sustento en las siguientes
razones:

Invocó la sentencia de 12 de septiembre de 2019, C.P., Sandra
Lisset Ibarra Véle z, (2016 -00993-01), mediante la cual determinó
que (i) el lapso entre la fecha de reconocimiento y la del pago del

4
Ex p ed i e nt e d i gi t al a í nd ic e 2 e n S A M AI .
5
Ex pe d i en te d ig i ta l a í n dic e 2 ED _ C U A D E R N O 1 1 3 (.z i p) Nr o Ac t u a 2:
17 0 01 2 33 3 0 00 2 01 6 00 55 0 00 0 00 1 .p df , f ol i os 15 1 a 1 62 .
6 Ex p e d ie nt e d i g it a l a í nd ic e 2 e n S A M AI .

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Demandante: Rubén Darío Vásquez Zapata

retroactivo de la homologación y nivelación salarial, en la ma yoría
de los casos resulta razonable de acuerdo a la gestión
administrativa re alizada , por lo que no se presenta una
depreciación signif icativa del valor re conocido; (ii) si no se recurrió
el acto administrativo que contiene la suma reconocida , no es
posible en sede judicial subsanar la omisión a través de una
petición de reconocimiento de intereses; (iii) no existe norma
expresa que los consagre, ni una que contemple la obligación del
pago inmediato de la suma reconocida dado que debe incurrirse en
trámites administrativos e incluso de apropiación presupuestal, por
lo que es imposible aplicar normas civiles sobre intereses de mora
y (iv) no es posible reconocer intereses de mora si se constata que
la suma fue indexada, pues ello sería tanto como realizar do ble
pago por igual concepto, por lo que resultan incompatibles.

Con base en lo anterior, determinó que no es procedente acceder a
una actualización no planteada ante la administración ni solicitada
en el escrito introd uctorio, menos aún, atribuyendo a la indexación
el carácter de derecho laboral a la luz del a rtículo 53 de la
Constitución, pues se trata es de una técnica de actualización de
valores monetarios a efectos de corregir la inflación .

Invocó como sustento jurisprudencial las sentencias del 23 de
octubre de 2020, con ponencia del consejero Carmelo Perdomo
Cuéter, dictada dentro del expediente 170012333000 -2018-00143-
01 (4932 -2019) y del de 3 de diciembre de 2020, con ponencia del
Magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas (Exp.170012333000 -
2016-00270-01 1245 -19).

Determinó que es imposible exceder el objeto del litigio y conceder
de oficio una indexación no planteada ante la administración ni
solicitada en el escrito introductor , y menos aún, atribuyéndole a
dicha indexación el carácter de derecho laboral a la luz del canon
53 Superior. Sumado a lo anterior , encontró acreditado que la suma
reconocida a la parte actora fue debidamente actualizada y por lo

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Demandante: Rubén Darío Vásquez Zapata

tanto, resulta incompatible con los intereses que se reclaman .

No se pronunció respecto de la solicitud de reconocer y pagar los
intereses moratorios con base en el interés bancario corriente, a
partir del día siguiente a los 30 días posteriores a su causación –el
11 de febrero de 1997 –, y hasta el 15 de mayo de 2013 .

Por último, condenó en costas y agencias en derecho al actor.

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 7

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia por los siguientes motivos:

Sostuvo que el Tribunal, en aplicación del principio de
favorabilidad, debió ordenar el pago de intereses moratorios,
descontando la indexación cancelada, en tanto lo que pretende en
forma preferente es el reconocimiento y pago de éstos, liquidados
con base en el interés bancario corriente.

Aseveró que sí es procedente el pago de los intereses moratorios,
toda vez que la obligación de los cu ales se deriva n no surgió del
cumplimiento de una sentencia judicial sino de la tardanza en el
pago del retroactivo, el cual estaba conformado por «devengos»
que constituían salario y prestaciones sociales.

Precisó que no es dable pretender exigir una norma expresa que
regule el pago de intereses frente a cada tipo de obligación, pues
para ello la doctrina ha creado diferentes criterios para clasificar
las obligaciones, dependiendo de su naturaleza, de su modalidad,
de su exigibilidad y del objeto entre otr os, por lo qu e debió acudir
a los criterios auxiliares de la activid ad judicial, ya por analogía o
por equidad.

Insistió en que la demandada retuvo las diferencias salariales y
prestacionales homologadas por varios años y las canceló
finalmente, reconociendo solo la indexación, dejando de lado el

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componente sancionatorio al cual tiene derecho.

Solicitó que se revo que la condena en costas de que fue sujeto .

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCI A

Las partes, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y
el Ministerio Público guardaron silencio según se constata en el
aplicativo SAMAI.

II. CONSIDERACI ONES

1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 8, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 9 del Código
General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia
está circunscrita a los argumentos e xpuestos por el apelante.

2. Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por el actor, le
corresponde a la Sala determinar:

8
« El C o ns ej o d e Es ta d o, e n S a l a de lo C o nt e nc ios o A d m in is tra t iv o c on oc er á en
s eg u nd a ins ta nc i a d e l as a p e lac i o nes d e l as s e nt e nc i as d ic ta d a s e n pr i m era
i ns t anc i a p or los tr i b un a l es a dm i n is tr a tiv o s y d e l as a p el ac i on es d e a ut os
s us c e p ti b l es de es t e me d i o de i mp u gn ac ió n , as í c o m o de los r ec u rs os d e qu ej a
c ua n do n o s e c o nc e d a el d e a p e lac i ón p or p a rte d e l os tr i b un a l es , o s e c o nc ed a
en u n e fe c t o d is t in to d e l q u e c orr es po n da , o no s e c onc e da n l os ex tra or d in ar i os
de r ev is i ó n o d e u ni f ic ac ió n d e j ur is pr u d enc i a. [… ] »
9
« ART ÍC U LO 3 2 8. C O M P ET EN CI A D EL SU P E RIO R. E l j uez de s e gu n da
i ns t anc i a de b er á pr o n unc i ar s e s o l a me n t e s o bre l os ar gu m e nt os ex pu es tos p or
e l a p el a nt e, s i n per j u i c i o d e las d ec is i o n es qu e de b a a d op t ar d e of ic i o, en l os
c as os pr ev is tos por la l ey .
S in e mb ar g o, c ua n do am b as p ar tes h ay a n a pe l a do to d a l a s en te nc i a o la q ue n o
ap e l ó hu b i er e ad h er id o a l r ec urs o , e l s u pe ri or r es o lv er á s i n l i m it a c i on es .
E n l a ap e l ac ió n d e a u tos , e l s u per i or s ó l o t en dr á c o mp e te nc ia pa ra tra m i tar y
dec i d ir e l r ec ur s o, c o n de n ar e n c os t as y ord en ar c o p i as .
E l j u ez n o p o dr á h ac e r m ás d es fav or ab l e l a s it u ac ió n de l a pe l a nt e ún ic o , s a lv o
qu e , en r az ó n d e l a m od i f ic ac i ón f u er a i n d is p e ns a b l e r ef or ma r pu n tos
ín t im a me n te r el ac i on a dos c on e l l a.
E n e l tr á m it e d e la a pe l ac ió n no s e p o dr á n pr o mov er i nc i d en t es , s a lv o e l d e
rec us ac i ón . L as n ul i d a des pr oc es a les d e be rá n a le g ars e dur a nt e l a au d i enc i a. »
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Demandante: Rubén Darío Vásquez Zapata

➢ ¿si el señor Rubé n Darío Vásquez Zapata , tiene derecho al
reconocimiento de intereses moratorios por el no pago
inmediato del retroactivo derivado del proceso de
homologación y nivelación salaria l d el personal administrativo
de la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas ?

➢ ¿Debe revocarse la condena en costas impuesta en primera
instancia?

Para resolver lo anterior, se abordará el siguiente orden
metodológico: (i) el proceso de homologación del personal
administrativo al servicio de los est ablecimientos educativos; (ii)
los intereses mora torios, (iii) el caso concreto y (iv) la condena en
costas.

3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso

3.1. El proceso de homologación del personal administrativo
al servicio de los establecimientos educativos 10.

La Ley 43 de 1975 11, nacionalizó el servicio de educación primaria
y secundaria, que venían prestando los departamentos, municipios,
intendencias, comisarías y dist ritos. Dicho proceso se llevó a cabo
desde el 1° de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Posteriorment e, la Ley 60 de 1993 12 ordenó la descentralización del
servicio educativo, desmontando así la nacionalizació n ordenada
por la ley anterior. La norma ut supra dispuso la entrega por parte
de la Nación, de los bienes, el personal y los establecimientos
educativos a los departamentos y distritos.

De esta forma, quedó claramente establecido que el personal
administrativo del sector educativo que venía prestando sus

10
Se apoya la Sala en el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado. Radicación: 1607. 9 de diciembre de 2014. C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce.
11
«Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que o ficialmente vienen
prestando los departament os, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias
y comisarias».
12
Derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001. Reglamentada parcialmente por el
Decreto 1168 de 1999 «Por la cual se dict an normas orgánicas sobre la distribución de
competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se
distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones».

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servicios a la Nación por mandato legal debía pasarse al respectivo
departamento o distrito, c umplido lo cual, entraban a formar parte
de las plantas de personal de carácter departamental o distrital,
respectivamente.

El traspaso o entre ga de las plantas de tales servidores, conforme
al régimen de administración de personal, debía producirse
indefectiblemente mediante un proceso de incorporació n que para
su perfeccionamiento requería de la homologación de cargos
(comparación de los requisitos, funciones, clasificación, previstos
en la planta de la Nación, con los exigidos para desempeñar los de
la planta de personal de los departamentos), procedimiento que en
el caso del personal administrativo, revestía características
particulares, pues era el producto de la descentralización del
servicio educativo hacia un ente territ orial.

Luego, la Ley 715 de 2001 13 pretendió municipalizar el servicio
educativo que se había departamentalizado previamente. En
aquella se preceptúo que los departamentos certificaran a los
municipios que cumplieran determinados requisitos, de manera que
la asunción de la administra ción autónoma de los recursos del
Sistema General de Participaciones - artículos 5° y 6° -, aparejaba
la obligación de los municipios de recibir el respectivo personal
entregado por los departamentos, sujetándose a las plantas de
cargos adoptad as de conformidad con la ley.

Como consecuencia del proceso de descentralización del sector
educativo, las entidades territoriale s debían recibir el personal
administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal
adoptadas conforme a la ley, mediante el procedimiento de la
incorporación, pre via homologación de los cargos, sin detrimento
de la autonomía de las entidades territo riales, para determinar la
estructura de sus administraciones, fijar las escalas sala riales y los

13
«Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros».

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emolumentos de sus empleados púb licos, dentro d el cual las
entidades pudieran ejercer sus competencia según su situación
fiscal.

La incorporación suponía, de un lado, que los departamentos
debían reajustar, atendiendo sus necesidades, su estructura
orgánica y funcio nal para cumplir con los f ines d el servicio
educativo y, de otro, que la inclusión en la nueva planta debía tomar
en cuenta no solo el aspecto formal de los empleos, como su
nomenclatura y grado, sino de manera primordial su clasificación
por la naturaleza de las f unciones, el grado de responsabilidad y
los requisitos para su ejercicio, con sujeción a los manuales
específicos respectivos, para de esta manera determinar la
remuneración, la cual debió cumplirse dentro del proceso de
homologación.

Según se analizó, la s condiciones de incorporación no estaban
sometidas a la discrecionalidad de las autoridades departamentales
sino a los result ados de un estudio técnico concertado que
permitiera ubicar los servicios en el grado de remuneración que
correspondiera a las fun ciones que debían cumplir, a los requisitos
exigidos para el cargo que conforme a las necesidades del servicio
debían desempeñar y a los demás elementos estructurales del
empleo, dentro de los límites establecidos por el Gobierno Nacional
en desarrollo de lo s Decretos Reglamentarios de la Ley 4ª de 1992.

El personal administrativo tenía una connotación muy particular, por
cuanto sus salarios debían ser cubiertos con el situado fiscal,
cuando el salario en la entidad territoria l fuera superior al que
devengaba en la Nación, para lo cual esa diferencia debía asumirla
ésta última, en tal razón se imponía la nivelación en las condiciones
ya expuestas; pero los recursos propios se comprometían si la
incorporación desconoció los parámetros legales analizado s o el
límite reglamentario de incremento salarial dispuesto por el
Gobierno.

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Demandante: Rubén Darío Vásquez Zapata

En el evento de existir mayores costo s con ocasión del proceso de
homologación en virtud de lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, si el
proceso se cumplió conforme a derecho y exis tía disponibilidad,
debía asumirlos el Sistema General de Participaciones, si no existía
disponibilidad, serían de cargo de la Nación. Si el respectivo
municipio homologó y e incorporó al personal administrativo sin
atender lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, respondería con
sus recursos propios.

De conformidad con lo precedente, se concluye que como
consecuencia del proceso de descentralización del sector educativo
las entidades territ oriales debían recibir el personal administrativo
contemplado e n las respectivas plantas de personal adoptadas
conforme a la ley, mediante el procedimiento de la incorporación,
previa homologación de los cargos.

3.2. De los intereses

El interés legal es aquel que se tasa en virtud de la ley, a falta de
estipulación conc reta de las partes involucradas.

El Código Civil señ aló frente a esto lo siguiente:

«A rt í cul o 1617 . I ndem nización por m or a en obligac iones de diner o.
Si la obl igac ión es de pagar una cant idad de diner o, la
indem nizac ión d e p er j uicios por l a m or a est á suj et a a las r eglas
sigui ent es:

1a. ) Se siguen deb iendo los int er eses convencio nales, s i se ha
pact ado un int er és super ior al lega l, o em piezan a deb e r se los
int er eses lega les, en el caso cont r ar io; quedando, sin em ba r go, en
su f uer za las disposi ciones es pec iales q ue aut or icen el cobr o de los
int er eses cor r ient es en cier t os casos.

El int er és lega l se f i j a en seis por cient o anual.
[ …] »

Por su parte, el interés corriente bancario es la tasa efectiva anual
de referencia que en promedio cobran las entidades financieras
sobre los nuevos créditos y que fue regulado por el Código de
Comercio en los siguientes términos:
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Demandante: Rubén Darío Vásquez Zapata

«A rt í cul o 884 . Lí m ite de int er eses y sanción por exceso. M odif icado
por el ar tí culo 111 de la Ley 510 de 1999. Cuando en los negocios
m er cant iles haya de pagar se r édit os de un capit al, sin que se
especif iqu e por conv enio e l int er és, ést e ser á el bancar io cor r ient e;
si las par t es no han est ipulad o el int er és m or at or io, ser á equivalent e
a una y m edia veces del bancar io cor r ient e y en cuant o sobr epase
cualqu ier a de est os m ont os el acr eedor per der á t odos los inter eses,
sin per j uicio de lo d i spuest o en el ar t í culo 72 de la Ley 45 de 1990.

Se pr obar á el int erés bancar io cor r ient e con cert if icado expedido
por la Super int ende ncia Bancar i a».

Y finalmente, los intereses moratorios son los que debe pagar el
deudor desde la fecha en la que se constituye en mora y que cesan
solo en el momento de cancelar la obligación contraída. Los mismos
serán fijados por las partes, pero en caso contrari o, el artículo 884
ibidem precisó que:

«[ …] sí las par t es no han est ipulad o el int er és m or at or io, ser á
equiva lent e a una y m edia veces del ban car io cor r ient e [ …] ».

Este tipo de intere ses que se paga para el resa rcimient o tarifado o
indemnización de los p erjuicios que padece el acreedor por no tener
consigo el dinero en la oportunidad debida. La mora genera que se
hagan correr en contra del deudor los daños y perjuicios llamados
moratorios que representan el perjuicio causado al acreedor por el
retraso en la ejecución de la obligación. 14

La Ley 1437 de 2011 reguló en sus artículos 192 y 195, lo referente
a los pagos derivados del cumplimiento de sentencias o
conciliaciones por parte de las entidades públicas. Sobre el
particular se destaca lo pertinente:

«A rt í cul o 192 . Cum plim ient o de sent encias o concil iaci o nes por
par t e de las ent idad es públicas. [ …]

Las cant idades lí qui das r econocidas en pr ovidenc ias que im pongan
o liqu iden un a conde na o que apr ueben u na conci liac ión deve ngar án
int er eses m or at or ios a par t ir de la ejecut or ia de la r espect iva
sent encia o del aut o , según lo pr evist o en est e Código.

14 Sentencia C-604-2012.
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[ …]

Cum plid os t r es ( 3) m eses desde la ej ecut or ia de la pr ovidencia que
im ponga o liq uide una condena o de la que apr ueb e una
concil iac ión, sin que los benef iciar ios ha yan acudido ant e la ent idad
r esponsable par a ha cer la ef ect iva, cesar á la causació n de int er es es
desde ent onces hast a cuando se pr esent e la solic it ud »
[ …]

A rt í cul o 195. Tr ám it e par a el pago de condenas o conci lia ciones.
El t r ám it e de pago de condenas y conc il iacio nes se suj et ar á a las
sigui ent es r eglas:
[ …]

4. Las sum as de diner o r econocidas en pr ovidenc ias que im pongan
o liqu iden u na c ondena o que ap r ueben una conci l iació n,
devengar án int er es es m or at or ios a una t asa equivalent e al DTF
desde su ej ecut or ia. No obst ant e, una vez vencido el t ér m ino de los
diez ( 10) m eses de que t r at a el inciso segundo del ar t í culo 192 de
est e Código o el de los cinco ( 5) dí as est ablecid os en el n um er al
ant er ior , lo que ocur r a pr im er o, sin que l a ent idad o bl igada h ubies e
r ealizad o el pago ef ect ivo del cr édit o j udicia lm ent e r econoci do, las
cant idades lí q ui das adeudadas causar á n un int er és m or at or io a la
t asa com er cial.
[ …] ».

En conclusión, los intereses moratorios deben estar contemplados
en una norma que los autorice expresamente y que faculte su cobro
para los casos de pagos de retroactivos por homolog ación de
cargos y nivelación salarial, o estar incluidos en el documento que
reconoce el derecho, dado su carácter sancionatorio.

4. Caso concreto

4.1 En el caso del señor Rubén Darío Vásquez Zapata se encuentra
acreditado lo siguiente:

a). Mediante la Resolución 2244 -6 del 22 de marzo de 2013 15,
aclarada por la Resolución 4703 -6 del 4 de julio de 2013 16,
modificada a su vez por la Resolució n 9213 -6 del 11 de diciembre
de 2014 17, la Secret aría de Educación del Departamento de Caldas,

15Ex pe d i en te di g it a l a í n d ic e 2 en S AM A I. L i nk O N E DR I VE F o l ios 4 1 a 4 7.
16Ex pe d i en te di g it a l a í n d ic e 2 en S AM A I. L i nk O N E DR I VE F o l ios 4 9 a 5 3.
17 Ex pe d i en t e d ig i ta l a í nd ic e 2 e n S A M AI . L i n k O N E DR I VE F o l ios 5 5 a 5 7 .

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pagó a favor del demandante el retroactivo por concepto de
homologación.

Asimismo, el departamento de Caldas - Secretaría de Educación 18 el
4 de marzo de 2016, certificó que al demandante le fueron
reconocidos y pagados el 15 de mayo de 2013 , por concepto de
retroactivo del pro ceso de homologación, los siguientes valores:

b). Mediante derecho de petición 19, el actor solicitó el
reconocimiento de los intereses moratorios por la no cancelación
oportuna de la homologación y nivelación salarial «desde cuando
se hicieron exigibles hasta cuando se hizo efectivo el
correspondiente pago, es decir, desde 11 de febrero de 1997 hasta
15 de mayo de 2013 (sic).»

c). El Secretario de Educación del Departamento de Caldas,
mediante la Resolución 3429 -6 del 29 de abril de 201 6 20, negó el
reconocimiento y pago de intereses moratorios generados con
ocasión del pago tardío del retroactivo de la homologación y
nivelación salaria l.

Para el efecto consideró que, de conformidad con lo dispuesto en
la ley y los parámetros fijados por e l Min isterio de Educación
Nacional en la Directiva Ministerial 10, «el reconocimiento y pago
de este concepto, debe efectuarse siempre y cuando los

18
Ex p ed i e nt e d i gi t al a í nd ic e 2 e n S A M AI . L i n k O N E DR I VE . Fo l i o 5 8 .
19
Ex pe d i en te di g it a l a í n d ic e 2 en S AM A I. L i nk O N E DR I VE F o l ios 2 7 a 3 3.
20
Ex pe d i en te d i g it a l a ín d ic e 2 ED _C U A D E R N O 1 1 3 (.z i p) Nro Ac tu a 2:
17 0 01 2 33 3 0 00 2 01 6 00 55 0 00 0 00 1 .p df , f ol i os 20 a 23 .

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administrados presenten de manera oportuna en términos de ley las
reclamaciones correspondientes».

Respecto a los intereses moratorios, destacó que el Ministerio
emitió comunicado No. 2014ER11113 de 28 de marzo de 2014 en el
que manifiesta que el reconocimiento de los intereses moratorios
tiene por objeto sancionar y penalizar económicamente a quienes
incurran en mora o incumplimiento de sus obligaciones, la cual se
establece a título de indemnización de perjuicios, y por tanto,
respecto al recon ocimiento del retroactivo por homologación no
resulta razonable la exigencia de intereses moratorios a l no existir
mora en el pago de las obligaciones laborales, sino una simple
equiparación de cargos como consecuencia de una decisión
administrativa del Estado, por lo q ue no puede hablarse de un
retardo injustificad o.

Adujo que por medio del acto administrativo de diciembre de 2014,
se modificaron los actos expedidos en el año 2013 a través de los
cuales se efectuaron los pagos por concepto de revisión y ajuste
del proceso de homologación y nivelación salarial y en los cuales
no se había efectuado el reconocimiento de la indexación con
vigencia a la fecha en la que efectivamente se hizo el pago –sumas
que en su momento fueron actualizadas –, de manera que se
tradujera en el valor real de la acreencia al momento del pago e n
aras de impedir el deterioro inflacion ario.

4.2. Análisis sustancial

4.2.1 ¿El señor Rubén Darío Vásquez Zapata tiene derecho al
reconocimiento de intereses moratorios por el no pago
inmediato del retroactivo derivado del proceso de
homologación y nivelación salarial del personal administrativo
de la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas ?

El proceso de homologación del personal administrativo al servicio
de los establecimientos educativos en el Departamento de Caldas
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implicó el reconocimiento y pago de un retroactivo corre spondiente
a los años 1997 a 2009, el cual estaba sujeto al cumplimiento de
requisitos legales para su perfeccionamiento.

En esa medida, en atención al concepto expedido por la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 21 y a la directiva
ministerial 10 de 30 de junio de 2005, el Ministe rio de Educación
Nacional puntualizó un procedimiento y presentó unos criterios para
tener en cuenta en el proceso de homologación y nivelación
salarial, entre los cuales estaba la elaborac ión de un estudio
técnico y la determinación de los efectos retroactivos de la deuda,
en los siguientes términos:

«EFECTO S R ETR O ACTI VO S DE LA HO M O LOG ACIÓ N Y
NI VELACI Ó N

Par a det er m inar la deuda por concept o de r et r oact ividad de la
hom ologac ión y nivelaci ó n salar ia l, es pr eciso que la ent idad
elabor e un list ado de las r eclam ac ion es r ecibidas, i ndica ndo en
cada caso, la f echa de pr esent ación de l a m ism a. Con base en est e
list ado, debe det er m inar el m ont o de las deudas r espect ivas.

Solo se r econocer á el r econocim ient o de la r etr oact ividad de
aquel los der echos que no hayan pr escr it o de conf or m idad con lo
dispuest o en los ar t í culo 102 y 103 del Decr et o 1848 de 1969y 151
del Cód igo Pr ocesa l Labor al, conf or m e a las cuales las ac ciones
que em anen de las leyes sociales pr escr ibir án en t r es años, que se
cont ar án desde que la r espect iva o bl igac ión se hay a hecho e xigib le
y que el sim ple r eclam o del t it ular del der echo o pr est ación
debidam ent e det er minado, r ecibido por el em pleador , int er r um pe la
pr esc r ipción por un l apso igua l ».

De igual manera, tanto el Ministerio de Educación Nacional como el
Departamento de Caldas, llevaron a cabo cada uno de los pasos
para materializar la homologación y nivelación salarial,
procedimiento que requirió de varios aj ustes, en atención
precisamente a las reclamaciones que se efectuaron por parte de
los funcionarios administrativos y sus apoderados, que incluyó:

( a) . La elabor ación del est ud io t écnico y su m odif icaci ón q ue f ue
apr obado por la Nac i ón - M inist er io de Ed ucación Nacio nal m e diant e

21
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante concepto de fecha 9 de
diciembre de 2004, Número 1607.

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concept o j ur í dico nú m . 2007ER9711, co m unicación de 30 d e m ar zo
de 2007 y t r as nueva solicit ud de la Secr et ar í a de Educación del
Depar t am ent o el M inist er io de Educ ación, a t r avés de of icio
2009EE2 9765 del 1 de j un io de 2009 apr obó la m odif icac ión.

( b) . La hom ologació n y nivelación de los car gos en el Depar t am ent o
de Cald as, que in cluyó la as ignac ió n de la cor r espon dient e
denom inac ión de código, gr ado y asignación m ensual, det er m inado
en la plant a de car gos hom olog ados, al per sonal adm in ist r at ivo del
sect or educación.

( c) . La cert if icación por par t e del M inist er io de Educación N aciona l
de la deuda cor r espondient e al r et r oact ivo pr oduct o del aj ust e de la
hom ologac ión y nivelació n salar ia l f ue r ealiza da m ediant e el O f icio
2011EE6 3868 del 5 de oct ubr e de 2012.

( d) . El 28 de diciem br e de 2012, la Gober nación de Ca ld as y el
M inist er io de Haci e nda y Cr édit o Públi co, acor dar on celebr ar el
acuer do de pag o par a r econocer la deu da de l per sonal
adm inist r at ivo de la Secr et ar í a de Educa ción de C aldas, ent r e ellos,
el dem andant e.

( e) . El 24 de d icie m br e de 2012 se c elebr a cont r at o de encar go
f iduciar i o ir r evocab le de adm i nist r aci ón de pagos e nt r e el
Depar t am ent o de Caldas y Fiduc iar ia Bo got á S. A.

( f ) . El r et r oact ivo reconocid o en l a Re soluci ón 1687 - 6 del 22 de
m ar zo de 2013, aclar ada por la Resolución 4002 - 6 del 19 de j unio
de 2013, m odif icada a su vez por la Re soluci ón 8915 - 6 de l 11 de
diciem br e de 2014, se liquid ó a par t ir del 10 de f ebr er o de 1997
hast a 31 de dic iem b r e de 2 012, y el pag o se r ealizó e l 15 d e m ayo
de 2013 .

De lo anterior, se colige que el proceso de homologación y
nivelación salarial se materializó después de cumplir con los
requerimientos legales y la totalidad de las etapas que eran de
obligatoria observancia para las entidades demandadas.

Por tanto, con la expedición de la Resolución 2244 -6 del 22 de
marzo de 2013 , se reconoció un valo r indexado del retroactivo por
concepto de la homologación y nivelación salaria l; con la
Resolución 47 03-6 del 4 de julio de 2013 se aclaró la anterior y
reconoció al demandante $ 126.792.780 , suma que a la postre fue
modificada por la Resolución 9213 -6 del 11 de diciembre de 2014 ,
en la que se adicio nó al monto anterior, el valor de $ 23.005.344 por
concepto de actualización de indexación y dife rencias salaria les
dejadas de percibir en el proceso de nivelación salaria l entre el 10
de febrero de 1997 a 31 de diciembre de 2012 toda vez que las
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primeras habían contemplado la actualización hasta dicie mbre de
2009.

De modo que no se observa en modo alguno que el Ministerio de
Educación Nacional o el Departamento de Caldas hayan incurrido
en una dilación injustificada del pago, toda vez que, como se ha
evidenciado, este fue realizado 15 de mayo de 2013 .

Además, se advierte que el Depart amento de Caldas ordenó la
indexación de las sumas reconocidas, tal y como se relacionó
anteriormente, manteniendo el valor o poder adquisitivo constante
de la moneda en razón de la depreciación que sufrió por el paso de l
tiempo sin aumentar su valor nominal, salvaguardando de este
modo la equidad e igualdad laboral que echa de menos el
demandante, en la medida que trajo a valor presente la suma
adeudada, fundado en princip ios constitucionales como la equidad,
la justicia y la reparación plena 22, lo que se verifica al constatar los
valores totalizados por el pagador conforme al cuadro relacionado
en el certificado re lacionado previamente.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de
intereses moratorios, conforme lo ha señalado es ta Sección en
asuntos similares 23 no hay lugar a ellos toda vez que:
( a) . Por su car áct er sancionat or io, los i nt er eses m or at or ios deben
est ar consagr ados en una nor m a que los aut or ice expr esam ent e, es
decir , que f acult e el cobr o de est os par a los casos d e pagos
r et r oact ivos por hom ologació n y nivel ación, o est ar clar am ent e
inclu idos en el doc u m ent o que r econoció el der echo.

En el sub lit e se im pone coleg ir que t am poco se gener ó a ca r go de
la ent idad el pago d e int er eses m or at or ios, t eniendo en cuent a la

22
Cons ej o d e Es t ad o , S a la d e l o C on t enc i os o A d m in is tra t iv o, S ec c i ón Pr im er a,
s en t enc i a d e 3 0 d e may o d e 20 1 3, C . P. Ma rí a E l iz ab e th G arc ía G onz á l ez ,
nú m er o ún ic o d e r a d ic ac ió n 2 50 0 0 2 3 2 4 00 0 2 0 06 0 0 98 6 - 0 1
23
Cons ej o d e Es t a do , S a la d e lo C on te nc i os o A dm i n is tr at iv o , Sec c i ó n Se g un d a,
S ubs ec c i ón A, s e nt e nc ia d e 9 d e m arz o d e 2 02 0 , C. P. G ab r i el Va l b ue n a
Her n án d ez , n úm er o de r a d ic ac i ó n 08 0 01 - 23 - 3 1- 00 0- 20 1 4- 00 8 5 2- 0 1 ( 2 62 4 -
20 1 9) : ( i i) C ons ej o d e Es t ad o , S a la de l o C on t enc i os o A dm i n is tr a tiv o , S ec c ió n
S eg u nd a , S u bs ec c i ón B, s e nt enc i a d e 1 9 de j u l i o d e 2 0 19 , C. P . S an dr a L is s et
Ib arr a Vé l ez , n úm er o d e r a d ic ac i ó n 6 6 00 1 2 33 30 0 0 - 20 1 6- 0 0 56 5- 0 1 ( 49 4 7 - 20 1 8);
(i i i) Co ns ej o de Es t ad o , S a la d e l o C o nt e nc i os o A d m in is tra t iv o, S ec c i ón
S eg u nd a , Su bs ec c i ó n A, s e nt e nc ia d e 1 de m arz o d e 2 01 8, C. P. W i l l i am
Her n án d ez G ó mez , nú m er o de ra d ic ac i ó n 73 0 01 - 2 3- 33- 0 00 - 2 01 4- 0 02 6 5 - 0 1
(34 8 4- 20 1 5) .
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nat ur aleza em inent e m ent e sancionat or ia de los m ism os, en cuant o
buscan cast igar al deudor incum plid o. Baj o est e ent endido si no se
dij o nada a l r espect o en la r esoluc ión q ue r econoció el r et r oact ivo,
com o t am poco hay nor m a que expr esament e lo consagr e, no puede
en consecuenci a, ent r ar a r econocer se los int er eses m or at orios.
( b) . No puede concl uir se que por e l hec ho de no ha ber se «p act ado»
el pago de un int er és m or at or io, deba acudir se en subs idi o a l a r egl a
que t r ae el ar t í culo 1617 del Cód igo C ivi l, 24 pues en est r ict o s ent ido
no se est á habland o de un asunt o negocial, en el cual las par t es
invol ucr adas pueda n pact ar a su ar bit rio cláusu las cont r ac t uales;
com o ya se expuso, el r econocim ient o de las sum as de diner o
obedeció a l a hom ol ogación y nive lac ión que debió r eal izar se par a
que las plant as de per sonal adm inist r at i vo se aj ust ar an a la nueva
r eglam ent ación en c uant o a clas if icac ió n, nom enclat ur a, f unciones
y r equisit os de los e m pleos del nive l t er r it or ial.
Adicionalmente, destaca la Sala que de acuerdo c on la certificación
emanada de la Secretaría de Educación del Departamento de
Caldas 25 efectuó la liquidación indexada de las sumas adeudadas a
la fecha en que se profirió el acto administrativo de reconocimiento
de la nivelación salarial, con lo que se constata que sí hubo
compensación efectiva por el ret raso en el pago de aquella
obligación así:

24
«A RT IC ULO 1 6 17 . I ND E MN IZ AC IO N PO R MO R A E N O B LIG A CIO N E S D E
DI NE RO . S i l a o b l ig ac i ón es d e p ag ar un a c a nt i da d d e d i n ero , l a in de m n iz ac i ó n
de per j u ic ios p or la m or a es t á s uj et a a l as r eg l as s i g ui e nt es :
1a .) S e s i gu e n de b i e nd o l os i nt er es es c o n v enc i o na l es , s i s e h a p ac t ad o u n
i nt erés s u pe r i or a l l e g a l, o e m pi ez an a de b er s e l os i nt eres es l eg a le s , e n e l c as o
c on tr ar io ; q ue d a nd o, s i n e mb ar go , e n s u f uerz a las d is p os ic io n es es pec i a l es
qu e a ut or ic e n e l c o br o d e l os in t eres es c or ri en tes e n c i ert os c as os . E l i nt er és
l eg a l s e f ij a e n s e is p o r c i e nt o a n ua l . [… ]»
25 Ex p ed i e nt e d i g i ta l a í nd ic e 2 C u ad er no Pr u eb a O fi c i o( .z i p)
17 0 01 2 33 3 0 00 2 01 6 00 55 0 00 0 00 1 .p df , f ol i os 2 y 3 .
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Nulidad y restablecimiento del derecho
R a d i c a c i ó n : 1 7 0 0 1 2 3 3 3 0 0 0 2 0 1 6 0 0 5 9 6 0 1 (4371-2021)
Demandante: Rubén Darío Vásquez Zapata

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la condena en costas y
agencias en derecho impuestas en la sentencia apelada y a cargo
del demandante, la Sala considera que al tenor de lo previsto en el
artículo 365 del Código General del Proceso se encuentra ajus tada
a derecho en razón a que la parte demandante resultó vencida en
el proceso y hubo una intervención directa en el trámite por parte
del Ministe rio de Educación Nacional y del Depart amento de
Caldas, por lo tanto, no tiene vocación de prosperidad el car go de
apelación bajo el entendido de que se probó la causación de las
costas procesales. Aunado a lo anterior, acorde con el artículo 188
del CPACA, no resulta procedente valorar la conducta de las partes,
pues dicha norma excluyó el criterio subjetivo de imposición de
costas.

5. Conclusión

De acuerdo con los argumentos expuestos, la Sala de Subsección
concluye que el demandante no tiene derecho a los intereses
moratorios que solicita por cuanto quedó acreditado que no hubo
retardo en el pago de la obligaci ón, toda vez que se realizó después
de adelantar el cumplimiento de las etapas señaladas en la Ley, e
igualmente no estaban incluidos en el documento que reconoció el
derecho ni existe norma que los consagre expresamente.

En ese orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia del 26 de
febrero de 2021 , proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas,
Sala de Decisión.

6. Condena en costa s de segunda instancia

En lo que se refiere a las costas en segunda instancia, esta
Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016 26, concluyó que en
vigencia de la Ley 1437 de 2011 la legislación avanzó d e un criterio
subjetivo a uno objetivo valorativo.

26
Rad . 1 3 00 1 - 23 - 3 3- 0 00- 2 0 13- 0 00 2 2- 0 1 ( 1 29 1 - 2 01 4), ac tor : J os é Fr anc is c o
G u err er o Bar d i, c ons ej er o po n en t e: Wi l l i am Her n án d ez G ó mez .
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Nulidad y restablecimiento del derecho
R a d i c a c i ó n : 1 7 0 0 1 2 3 3 3 0 0 0 2 0 1 6 0 0 5 9 6 0 1 (4371-2021)
Demandante: Rubén Darío Vásquez Zapata

En el presente caso no hay lugar a imponer condena en costas, toda
vez que, si bien no prosperaron los argumentos del recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante, estas no se
causaron debido a que las entidades demandadas no intervinieron
en el trámite de esta instancia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo Secció n Segunda, Subsección A
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia del 26 de febrero de 2021
proferida por el Tribunal Administra tivo de Caldas que negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por RUBÉN DARÍO VÁSQUEZ ZAPATA contra
LA NACIÓN-MI NI STERIO DE EDUCACIÓN NA CIO NAL Y EL
DEPARTAMENTO DE CALDAS – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Sin co ndena en costas en esta instancia.

TERCERO. Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el
programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada en la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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