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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00597-01

Fecha
10 de febrero de 2022
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Velez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00597-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia del 20 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas en cuanto negó las pretensiones de la demanda, salvo el ordinal cuarto que se revoca, y en su lugar, se dispone no condenar en costas a la parte vencida. SEGUNDO: Por secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia, déjese las anotaciones en el sistema de gestión judicial y procédase al archivo de la actuación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2016-00597-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez

10 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D. C., 10 de febrero de 2022

Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho.-
Radicación: 17001-23-33-000-2016-00597-01.-
Interno: 1287-2020
Demandante: María Ludivia Ballesteros Tangarife
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y departamento
de Caldas.
Tema: Reclamación de intereses moratorios con ocasión de la
homologación y nivelación salarial del personal
administrativo como consecuencia del proceso de la
descentralización del sector educativo.

FALLO SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 20 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo
de Caldas que negó las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2. La señora María Ludivia Ballesteros Tangarife presenta demanda contra la
Nación – Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Caldas con el
objeto de solicitar la nulidad de la Resolución 3426-6 del 29 de abril de 2016 por la
cual se le negó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios con ocasión
a la cancelación tardía del retroactivo por concepto de la homologación y
nivelación salarial.

3. Como restablecimiento del derecho, solicita se condene a las entidades
demandadas, al reconocimiento y pago de los intereses moratorios «efectivos a
partir del día siguiente a los treinta (30) días posteriores a su causación – 11 de
febrero de 1997- hasta el día en que fue efectivo el pago total del retroactivo por

2
REF: Expediente: 1287-2020
Actora: María Ludivia Ballesteros Tangarife
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-

homologación y nivelación salarial, esto es, el 15 de abril de 2013, liquidables con
base en el interés bancario corriente de dicho periodo y únicamente sobre el valor
del capital, por cuanto ya se le canceló la indexación.

4. Solicita igualmente que se ordene el pago de los intereses moratorios y al
cumplimiento del fallo conforme lo previsto por el artículo 192 del CPACA.

Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes fundamentos fácticos1:

5. La demandante manifiesta que prestó sus servicios en la secretaría de
educación del departamento de Caldas en calidad de personal administrativo y
que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 60 de 1993 2 , el Ministerio de
Educación Nacional mediante Resolución 3500 de 1996 certificó al mencionado
ente territorial para la administración del servicio educativo, en consecuencia de
ello, a través del Decreto 0021 de 1997 transfirió el personal administrativo
adscrito al servicio público educativo del orden nacional a las plantas de cargos y
personal que laboraban en el departamento, con los mismos cargos, códigos y
salarios con los que venían de la Nación, sin tener en cuenta que en la mayoría de
los casos el personal de carácter departamental o municipal contaba con un nivel
salarial superior al del personal administrativo de orden nacional3.

6. Indica que el departamento de Caldas en virtud del Concepto 1607 de 9 de
diciembre 2004 proferido por esta Corporación y en atención a la directiva
ministerial No. 10 de 2005, elaboró y presentó el estudio técnico de homologación
y nivelación de cargos radicado con el No. 2007ER9711, el cual fue aprobado por
el Ministerio de Educación Nacional mediante comunicación suscrita el 30 de
marzo de 2007.

7. En consecuencia de lo anterior, el ente territorial demandado expidió el Decreto
0399 de 20 de abril de 2007 por el cual se homologaron y nivelaron los cargos
administrativos del personal perteneciente a la planta de cargos del departamento
de Caldas, que fue modificado mediante el Decreto 337 de 2010, en virtud de la
solicitud realizada por la secretaría de educación del departamento de Caldas ante
el Ministerio de Educación mediante los Oficios SED 0345 de 17 de junio de 2008
y GJSED 1497 de 22 de mayo de 2009, para que se revisara y ajustara el aludido

1
Folios 4 y 5.
2 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los
artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones»
3 Transcripción literal que obra a reverso del folio 5 del expediente.

3
REF: Expediente: 1287-2020
Actora: María Ludivia Ballesteros Tangarife
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-

proceso, modificación que fue aprobada por el ministerio en mención mediante
Oficio 2009EE29765 de 1 de junio de 2009.

8. Mediante Resolución 1601-6 de 22 de marzo de 2013, aclarada mediante
Resolución 4202 del 26 de junio de 2013, aclarada mediante Resolución No 4410-
6 del 28 de junio de 2013 y modificada a su vez por la Resolución 8816-6 del 11
de diciembre de 2014 el Ministerio de Educación Nacional a través de la secretaría
departamental de Caldas canceló a favor de la actora el retroactivo por concepto
de homologación y nivelación salarial, indicando que la obligación en ese sentido
se constituyó desde el 10 de febrero de 1997 al 31 de diciembre de 2009 y el pago
fue efectuado el 15 de abril de 2013.

9. En fecha 28 de marzo de 2016, elevó petición reclamando el reconocimiento y
pago de los intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo, ante la cual, la
secretaría de educación departamental de Caldas negó lo pretendido mediante
Resolución No 3426-6 del 29 de abril de 2016.

Concepto de violación.

10. Manifiesta la parte demandante 4 que el acto acusado desconoció normas de
orden superior, en la medida que le negó el reconocimiento y pago de una
consecuencia natural (intereses moratorios) que deviene de la cancelación tardía
de una obligación, máxime cuando en virtud del proceso de homologación y
nivelación salarial configuraba un deber en cabeza de la administración
consagrado en el artículo 148 de la Ley 1450 de 2011 5 , relativo a pagar las
deudas que resultaren del reconocimiento de los costos del servicio educativo
conforme a la Constitución Política y la ley, que fueren dejados de pagar o no

4 Folios 8 a 14 del expediente.
5 «Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014

[…]
ARTÍCULO 148. SANEAMIENTO DE DEUDAS. Con cargo a las apropiaciones y excedentes de los recursos del Sistema
General de Participaciones, se pagarán las deudas que resulten del reconocimiento de los costos del servicio educativo
ordenados por la Constitución y la ley, dejados de pagar o no reconocidos por el Situado Fiscal o el Sistema General de
Participaciones al personal Docente y Administrativo, como costos acumulados en el Escalafón Nacional Docente, incentivos
regulados en los Decretos 1171 de 2004 y 521 de 2010, homologaciones de cargos administrativos del sector, primas y otros
derechos laborales, deudas que se pagarán siempre que tengan amparo constitucional y legal.
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional validará las liquidaciones presentadas por las entidades
territoriales y certificará los montos a reconocer y pagar.
Cuando no exista suficiente apropiación o excedentes para cubrir los costos establecidos en el presente artículo, la Nación –
Ministerio de Hacienda y Crédito Público– concurrirá subsidiariamente con recursos del Presupuesto General de la Nación
para cubrir el pago de las deudas certificadas por el Ministerio de Educación Nacional, mediante la suscripción de acuerdos de
pago, previa la celebración por parte de las entidades territoriales correspondientes de un encargo fiduciario a través del cual
se efectúen los pagos.
Previo a la celebración de los acuerdos de pago, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuará los cruces de cuentas
que sean necesarios entre las deudas del sector educativo de las entidades territoriales y la Nación.»

4
REF: Expediente: 1287-2020
Actora: María Ludivia Ballesteros Tangarife
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-

reconocidos por el Sistema General de Participaciones, de manera que la parte
demandada no puede exonerarse de ello, en consideración a que se trató de un
procedimiento administrativo, pues ello era previsible en aras de salvaguardar los
principios de equidad e igualdad en materia laboral.

Contestación de la demanda.

11. La Nación – Ministerio de Educación Nacional 6 consideró que no se
encuentra legitimada en la causa por pasiva para conocer las pretensiones de la
demanda, pues si bien el proceso de homologación de cargos y nivelación salarial
del personal administrativo en los diferentes entes territoriales se llevó a cabo bajo
las directrices y el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional, fue
claramente establecido que la deuda por concepto de retroactividad en aquellos
eventos en que la homologación y consecuente incorporación conlleve la
nivelación de salarios, sería asumida con recursos del Sistema General de
Participaciones previa disponibilidad presupuestal. En consecuencia, propuso la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y prescripción.

12. El departamento de Caldas7 arguyó que el Ministerio de Educación Nacional
era el encargado de signar los recursos para el reconocimiento de la
homologación salarial, por lo cual, el ente territorial no es responsable del
reconocimiento y pago de los intereses reclamados, pues dichos pagos se
realizaron con recursos del Sistema General de Participación y no con rubros
propios del departamento. Adicionalmente, aduce que no hay lugar a acceder a las
pretensiones de la demanda, en tanto pretende la imposición de una doble
sanción por una obligación de índole laboral como es el pago de la nivelación
salarial de que fue beneficiario el actor, desconociendo que las sumas reconocidas
fueron indexadas.

Sentencia apelada.

13. El Tribunal Administrativo de Caldas8 declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa del departamento de Caldas, negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte demandante. Como sustento de la
decisión, indicó que la obligación en cabeza de la administración de cancelar los

6
Folios 87 al 73.
7
Folios 76 a 80.
8 Sentencia de 21 de octubre de 2019. Ver folios 132 a 139.

5
REF: Expediente: 1287-2020
Actora: María Ludivia Ballesteros Tangarife
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-

valores por concepto de homologación y nivelación salarial surgió en el momento
en que fueron expedidos los actos administrativos que determinaron el derecho a
su pago a favor de la parte accionante, pues hasta dicha fecha no existía
pronunciamiento que permitiera su exigibilidad. Además, teniendo en cuenta la
naturaleza sancionatoria de los intereses moratorios en asuntos laborales,
tampoco existía fundamento legal que otorgara el derecho a reclamar intereses
por pago tardío de la homologación y nivelación salarial o que determinara su
causación y exigibilidad de forma automática en el mismo momento en que la
parte accionante fue incorporada a la parte de personal del ente territorial.

Así mismo, señala que la parte demandante no tiene derecho al reconocimiento de
los intereses moratorios por haberse demostrado que le fueron indexadas las
sumas reconocidas a título de nivelación salarial por el periodo comprendido entre
el 10 de febrero de 1997 y el 31 de diciembre de 2012 según Resolución No 8816-
6 del 11 de diciembre de 2014, acto administrativo que modificó la Resolución No
4410-6 del 28 de junio de 2013, por lo que resulta improcedente reconocer
intereses moratorios sobre valores indexados dada la incompatibilidad que existe
entre estos dos conceptos.

14. Finalmente, señaló que si bien es casos similares ese tribunal ha accedido a
indexar de oficio los valores en aplicación de los principios de favorabilidad y extra
y ultra petita, siempre y cuando haya trascurrido más de un mes por tratarse de
una pretensión basada en hechos ocurridos con posterioridad a la expedición del
acto de reconocimiento de la indexación, también lo es que el término de un mes
resulta proporcional y necesario para que la administración culminara el proceso
de homologación y nivelación salarial y realizara las gestiones de pago, situación
que impide la indexación de dichas sumas.

Recurso de apelación.

15. El apoderado de la parte demandante 9 manifestó que los trámites
administrativos y presupuestales necesarios para llevar a feliz término el proceso
de descentralización educativa, debían efectuarse previo al traslado e
incorporación del mismo, de manera que garantizara su trabajo en condiciones
iguales, por lo que, el personal a partir del traslado efectuado tenía pleno derecho
a percibir en la nómina inmediatamente posterior su salario debidamente ajustado.

9 Folios 240 al 253.

6
REF: Expediente: 1287-2020
Actora: María Ludivia Ballesteros Tangarife
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-

16. Argumenta que «de ninguna manera la indexación monetaria excluye al
derecho a reclamar intereses moratorios cuando existe retardo en los pagos
debidos […].». Por ende, de conformidad con el artículo 1617 del Código Civil y
de más normas concordantes, así como también los principios constitucionales de
favorabilidad e igualdad, las entidades demandadas deben cancelarle «los
intereses moratorios a la tasa máxima […] vigente en el momento en que se
efectúe el pago» lo que equivale a una suma superior a la indexación ya
reconocida, en tanto ello es lo que resarciría realmente los perjuicios causados por
el pago tardío de emolumentos laborales, entre ellos, el retroactivo. Por último,
manifiesta que su obrar fue de buena fe, por cuanto la actuación llevada a cabo
dentro del proceso permite determinar que nunca existió comportamiento
temerario o doloso que justifique la imposición de la condena en costas.

Alegatos de conclusión y Concepto del Ministerio Público.

17. El apoderado de la parte demandante10 después de hacer un recuento de las
normas que regularon la descentralización de la educación, expone que la
homologación y nivelación salarial era una labor que debía hacerse de manera
previa al traslado e incorporación del personal a la entidad receptora a fin de
salvaguardar los derechos irrenunciables de los trabajadores. Reiteró los
argumentos expuestos en el recurso de apelación e insistió en que lo pretendido
es el pago de los intereses moratorios que deben liquidarse sobre el capital neto
sin incluir la indexación.

18. El Ministerio de Educación Nacional11 sostiene que de conformidad con la
prueba recaudada en el plenario, se obtiene que los valores reconocidos en la
Resolución No 1601-6 del 22 de marzo de 2013, por concepto de retroactivo e
indexación por homologación salarial, fueron pagados el mes de abril de 2013, en
tal virtud, no había transcurrido más de un mes entre el reconocimiento y el pago
efectivo a su beneficiario, siendo así, inexistente la pérdida de poder adquisitivo
del dinero reconocido en perjuicio del interesado y mucho menos susceptible de
imponer sanción moratoria alguna.

10
Memorial allegado por vía electrónica, visible a índice 21 de la plataforma SAMAI.
11 Memorial cargado al aplicativo Samai, visible a índice 20.

7
REF: Expediente: 1287-2020
Actora: María Ludivia Ballesteros Tangarife
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-

CONSIDERACIONES

19. Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto,
encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia proferida en primera instancia y sin
que se evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control
de legalidad por parte del órgano judicial, se procederá a plantear el siguiente:

Problema Jurídico:

20. Establecer si el proceso de homologación y nivelación salarial del personal
administrativo debía darse con antelación al traslado del personal y en esa
medida, de manera que al no surtirse de esa forma, la demandante le es dable el
reconocimiento y pago de los intereses moratorios en razón a que el retroactivo
indexado con ocasión de la homologación y nivelación salarial del personal
administrativo del sector educativo por el periodo de 1997 a 2009 solo fue
cancelado hasta el 15 de abril de 2013.

Para resolver lo anterior, la Sala analizará: i) el proceso de homologación del
personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos; y ii) el caso
concreto.

El proceso de homologación del personal administrativo al servicio de los
establecimientos educativos.

21. Con fundamento en la Constitución Política de 1991 y en desarrollo de los principios
constitucionales sobre el servicio público y esencial de la educación, fue proferida la Ley
115 de 199412, a través de la cual se definió el término educación como un proceso de
formación permanente, personal, cultural y social e igualmente, se reguló como una
función social acorde con las necesidades de las personas, la familia y la sociedad; por
consiguiente, previó la obligación en cabeza del Estado de garantizar su acceso y la
responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales de garantizar su cobertura.

22. Igualmente, en virtud del concepto de planificación económica y social como
elemento esencial de la función pública consagrado en la Constitución Política para
orientar la política administrativa, el artículo 72 ibídem, le impuso la obligación al
Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales,

12
«Por la cual se expide la ley general de educación»

8
REF: Expediente: 1287-2020
Actora: María Ludivia Ballesteros Tangarife
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-

consistente en preparar por lo menos cada 10 años el Plan Nacional de Desarrollo
Educativo que incluyera «[…] las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los
mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo.», el cual
sería revisado permanentemente y considerado en los planes nacionales y territoriales
de desarrollo.

23. Contrario a lo consagrado en la norma que nacionalizó la educación, y en armonía
con el desarrollo del concepto de educación como función pública y como elemento
determinante en el cumplimiento de los fines del Estado, se expidió la Ley 60 de 1993
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de
conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen
recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones», se creó el situado fiscal que sería destinado a la educación y se
definieron los porcentajes de participación cedidos por la Nación a los entes territoriales,
el cual sería administrado bajo la responsabilidad de los departamentos y distritos 13. El
fundamento de dicha ley deviene con claridad de lo preceptuado en el artículo 1
constitucional, toda vez que Colombia se constituyó como un Estado Social de Derecho,
organizado en República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia
del interés general.

24. En el artículo 3º ibídem, estableció la competencia en cabeza de los departamentos,
en materia de educación, de administrar el personal docente y administrativo, de
acuerdo a la Constitución Política y lo dispuesto en el artículo 6º de la citada ley, en los
siguientes términos:

13
« ARTICULO 11. Distribución del situado fiscal. El situado fiscal consagrado en el artículo 356 de la Constitución Política, se
distribuirá en la siguiente forma: 1. El 15% por partes iguales entre los Departamentos, el Distrito Capital y los Distritos de
Cartagena y Santa Marta. 2. El 85% restante, de conformidad con la aplicación de las siguientes reglas: a) Un porcentaje variable
equivalente a la suma de los gastos de atención de los usuarios actuales de los servicios de salud y educación de todos los
departamentos y distritos del país, hasta el punto que sumado con el porcentaje del numeral lo permita la prestación de los
servicios en condiciones de eficiencia administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del presente artículo.
Este porcentaje se considerará para efectos de cálculo como el situado fiscal mínimo. b) El porcentaje restante, una vez efectuada
la distribución por Situado Fiscal Mínimo para salud y educación, se asignará en proporción a la población potencial por atender,
en los sectores de salud y educación, y al esfuerzo fiscal ponderado, de conformidad con los criterios establecidos en el parágrafo
2 del presente artículo. La metodología para establecer la población usuaria actual, para aplicar las reglas de distribución de los
recursos del situado fiscal y para diseñar los indicadores pertinentes, será adoptada por el CONPES para la Política Social de
conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. En todo caso se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: i) Los
usuarios actuales en educación, son la población matriculada en cada año en el sector oficial, más la becada que atiende el sector
privado. La población becada se contabilizará con una ponderación especial para efectos de la estadística de usuarios. ii) La
población potencial, en educación, es la población en edad escolar comprendida entre los 3 y los 15 años de edad, menos la
atendida por el sector privado. iii) Los usuarios actuales en salud, son la población atendida en cada año por las instituciones
oficiales y privadas que presten servicios por contratos con el sector oficial, medida a través del registro de las consultas de
medicina, enfermería y odontología y de los egresos hospitalarios. iv) La población potencial en el sector salud se mide como la
población total del departamento, no cubierta plenamente por el sistema contributivo de la seguridad social, ponderada por el
índice de necesidades básicas suministrado por el DANE.»

9
REF: Expediente: 1287-2020
Actora: María Ludivia Ballesteros Tangarife
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-

«Artículo 3o. Competencias de los departamentos. Corresponde a los departamentos, a
través de las dependencias de su organización central o de las entidades
descentralizadas departamentales competentes, conforme a la Constitución Política, la
ley, a las normas técnicas nacionales y a las respectivas ordenanzas:
[…]
5. Las anteriores competencias generales serán asumidas por los departamentos así: A.
En el sector educativo, conforme a la Constitución Política las disposiciones legales sobre
la materia:
[…]
• Ejercer la inspección y vigilancia y la supervisión y evaluación de los servicios
educativos estatales. Incorporar a las estructuras y a las plantas departamentales las
oficinas de escalafón, los fondos educativos regionales, centros experimentales piloto y
los centros auxiliares de servicios docentes. Asumir las competencias relacionadas con
currículo y materiales educativos. La prestación de los servicios educativos estatales y las
obligaciones correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los
departamentos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta de personal
tendrán carácter departamental, distribuida por municipios, de acuerdo con las
necesidades de prestación del servicio; de todas maneras la administración del personal
docente y administrativo se hará conforme a lo previsto en el artículo 6o. de la presente
Ley.»

25. El citado artículo 6º de la Ley 60 de 1993, en cuanto a la administración del personal,
previó lo siguiente:

«ARTICULO 6o. Administración del personal. Corresponde a la ley y a sus reglamentos,
señalar los criterios, régimen y reglas para la organización de plantas de personal
docente y administrativo de los servicios educativos estatales. Ningún departamento,
distrito o municipio podrá vincular docentes y administrativos sin el lleno de los requisitos
del estatuto docente y la carrera administrativa, respectivamente, ni por fuera de las
plantas de personal que cada entidad territorial adopte. Todo nombramiento o vinculación
que no llene los requisitos a que se refiere este artículo, serán ilegales y constituyen
causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal para quien lo
ejecute.»

26. Respecto de las competencias de los municipios, el artículo 16 estableció, entre
otras, reglas especiales para la descentralización de la dirección y prestación del servicio
de educación de dichos entes territoriales y al efecto dispuso:

«Articulo 16. Reglas especiales para la descentralización de la dirección y prestación de
los servicios de salud y educación por parte de los Municipios. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el Parágrafo 2o. del artículo 14 de la presente Ley, para la dirección y
prestación de los servicios de salud y educación por parte de los Municipios, se
observarán las siguientes reglas:
[…]
1. Las plantas de personal docente de los servicios educativos estatales a cargo del
situado fiscal y a cargo de los recursos propios del municipio serán administradas por el
municipio de conformidad con el artículo 6o de la presente ley y de las disposiciones
legales sobre la materia.»

27. En tal sentido, esta legislación distribuyó de manera diferente las competencias de
los servicios educativos entre la Nación y los entes territoriales y se otorgaron los
recursos necesarios –bienes y personal-, a los departamentos, distritos y municipios
certificados para el ejercicio de la actividad docente.

10
REF: Expediente: 1287-2020
Actora: María Ludivia Ballesteros Tangarife
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-

28. Posteriormente, los artículos 356 y 357 de la Constitución Política fueron modificados
a través del Acto Legislativo 01 de 200114, mediante el cual se creó el Sistema General
de Participaciones de los entes territoriales y para desarrollarlos, se expidió la Ley 715
de 2001 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias
de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y
salud, entre otros» que entró en vigor el 21 de diciembre de la misma anualidad, en
virtud de la cual, se derogó en su integridad la Ley 60 de 1993, y a diferencia de la
anterior disposición que fijó un porcentaje de recursos que luego se prorrateaba entre los
departamentos y distritos para después ser distribuido en los diferentes sectores -
educación y salud-, con la nueva norma, primero se estableció un porcentaje de
recursos para cada uno de los sectores que posteriormente se repartiría entre los
municipios, distritos y departamentos 15.

29. Así, se continuó con el proceso de descentralización territorial de la educación, pues
adicional a ello, se distribuyeron nuevamente las competencias entre la Nación y las
entidades territoriales para ejercer la prestación del servicio en sus niveles preescolar,
básico y medio, en el área urbana y rural, de conformidad con lo establecido en los
artículos 5, 6 y 7 de la Ley 715 de 2001 16 , mediante los cuales se entregó a los
departamentos, a los distritos y a los municipios certificados 17, la planeación, dirección y
prestación directa del servicio educativo en condiciones de equidad, eficiencia y calidad.

14«Por medio del cual se modifican algunos artículos de la Constitución Política.[…]

ARTÍCULO 2. El artículo 356 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 356. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y
de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos para
financiar adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y
Municipios. […]»
15 «Artículo 4. Distribución Sectorial de los Recursos. Modificado por el art. 2, Ley 1176 de 2007, Modificado transitoriamente

por el art. 4, Decreto Nacional 017 de 2011. El monto total del Sistema General de Participaciones, una vez descontados los
recursos a que se refiere el parágrafo 2° del artículo 2°, se distribuirá las participaciones mencionadas en el artículo anterior así:
la participación para el sector educativo corresponderá al 58.5%, la participación para el sector salud corresponderá al 24.5 la
participación de propósito general corresponderá al 17.0.»
16 Artículo 5. Competencias de la Nación en materia de educación.

Artículo 6. Competencias de los departamentos.
Artículo 7. Competencias de los distritos y los municipios certificados.
17 «Artículo 20. Entidades territoriales certificadas. Son entidades territoriales certificadas en virtud de la presente ley, los

departamentos y los distritos. La Nación certificará a los municipios con más de cien mil habitantes antes de finalizar el año
2002. Para efectos del cálculo poblacional se tomarán las proyecciones del DANE basadas en el último censo.
Todos aquellos municipios con menos de 100 mil habitantes que cumplan los requisitos que señale el reglamento en materia de
capacidad técnica, administrativa y financiera podrán certificarse. Le corresponde a los departamentos decidir sobre la
certificación de los municipios menores de cien mil habitantes, que llenen los requisitos. Si contados seis meses desde la
presentación de la solicitud no ha sido resuelta o ha sido rechazada, el municipio podrá acudir a la Nación para que ésta decida
sobre la respectiva certificación.
Los municipios certificados deberán demostrar, cuando lo requiera el Gobierno Nacional, que mantienen la capacidad necesaria
para administrar el servicio público de educación. Aquellos municipios que no logren acreditar su capacidad, perderán la
certificación.»

11
REF: Expediente: 1287-2020
Actora: María Ludivia Ballesteros Tangarife
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-

30. Ahora bien, la citada Ley 715, a diferencia Ley 60 de 1993, se refirió expresamente a
la incorporación de personal administrativo en sus artículos 34 y 38, los cuales
dispusieron:

«Artículo 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el artículo 37
de esta ley 18 , se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos y
administrativos de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y
municipios. Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos
de los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad. Los docentes, directivos docentes
y funcionarios administrativos de los planteles educativos que a 1° de noviembre de 2000
se encontraban contratados por órdenes de prestación de servicios, que sean vinculados
de manera provisional, deberán cumplir los requisitos de la carrera docente y
administrativa para su incorporación definitiva a las plantas que se establezcan.

Artículo 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los cargos
de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con recursos del
Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la respectiva entidad
territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y que cumpla los requisitos
para el ejercicio del cargo. Los docentes, directivos docentes y administrativos de los
planteles educativos vinculados a la carrera docente a la expedición de la presente ley,
no requieren nueva vinculación o nuevo concurso para continuar en el ejercicio del cargo,
sin perjuicio del derecho de la administración al traslado del mismo. A los docentes,
directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles educativos que se
financien con recursos del Sistema General de Participaciones, sólo se les podrá
reconocer el régimen salarial y prestacional establecido por ley o de acuerdo con esta.»
(Subrayado fuera del texto original).

31. Frente a este proceso de descentralización, la Sala de Consulta y Servicio Civil
profirió el Concepto 1607 de 9 de diciembre de 2004, en virtud de una consulta realizada
por la Ministra de Educación Nacional, la cual formuló así: «¿Deben las entidades
territoriales, en virtud del principio de igualdad, proceder a homologar al personal administrativo
que recibieron o reciban en virtud de la descentralización del servicio educativo?» . Al respecto,
la Sala respondió lo siguiente:

«Como corolario de lo anterior y para dar respuesta a la primera pregunta, considera la
Sala que como consecuencia del proceso de descentralización del sector educativo
las entidades territoriales debían y deben recibir el personal administrativo
contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas conforme a la ley,
mediante el procedimiento de la incorporación, previa homologación de los cargos.
Resalta la Sala que, sin detrimento de la autonomía de las entidades territoriales, para
determinar la estructura de sus administraciones, para fijar las escalas salariales y los
emolumentos de sus empleados públicos (C.P. arts. 287, 300.7, 305.7, 313.6 y 315.7), el
Constituyente atribuyó al Congreso en relación con el régimen salarial y prestacional de
los empleados públicos de este orden (arts. 150-5, 150-19.e y 287 ibídem), entre otras
facultades, la de determinarles un límite máximo salarial, dentro del cual las entidades
pueden ejercer sus competencias según sea su realidad fiscal. Así, lo que persiguen la
Carta y la ley marco es, de una parte, racionalizar el régimen salarial de las
entidades territoriales, siempre en búsqueda de la eficiencia, de modo que sin
llegar a la unificación del mismo, no exista desbordamiento en el desarrollo de las
funciones a ellas atribuidas, las que como se percibe no son discrecionales y, de

18
« Artículo 37. Organización de plantas. Las plantas de cargos docentes y de los administrativos de las instituciones educativas
serán organizadas conjuntamente por la Nación, departamentos, distritos y municipios, en un período máximo de dos años,
teniendo en cuenta los criterios establecidos en la presente ley.»

12
REF: Expediente: 1287-2020
Actora: María Ludivia Ballesteros Tangarife
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-

otra, contribuir al equilibrio de los salarios entre los servidores nacionales y los
territoriales, tal como lo dispone el parágrafo del artículo 12 de la ley 4a de 1992: "El
Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencia
con careos similares en el orden nacional".19»

32. De acuerdo con lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional expidió la Directiva
Ministerial 10 del 30 de junio de 2005, por la cual se dispuso que en atención al
Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil 1607 citado en precedencia, el
procedimiento de homologación y nivelación salarial del personal administrativo docente,
comprendería las siguientes etapas:

«1. Elaboración de un estudio técnico. La homologación y nivelación salarial del
personal administrativo debe basarse en un estudio técnico cuyo producto es una tabla
de homologación de las plantas de cargos con las nivelaciones salariales que de ella se
desprendan – en los casos en que el salario del cargo origen sea inferior a aquel del
cargo destino- . Dicho estudio debe contener específicamente lo siguiente:

1.1. Un análisis comparativo y detallado, cargo por cargo, de la planta de personal
administrativo transferida, con la planta de personal administrativo de la entidad territorial
receptora, en el año que se produjo la incorporación y en los años posteriores para
determinar la existencia o no de diferencias, por razón de denominación, código y grado,
y su incidencia en la asignación salarial. Como resultado de este estudio debe elaborarse
una tabla de homologación de planta de cargos. Dicha tabla incluirá la clasificación
(código y grado), funciones, requisitos y asignación salarial para todos los cargos que
incluyan las dos plantas de personal, indicando claramente el cargo homologado.

1.2. La identificación de las diferencias salariales y prestacionales que persisten
actualmente por no haber adelantado el proceso de homologación y nivelación salarial
con la identificación por cargo, de la asignación básica y demás costos inherentes a la
nómina, debidamente desagregado.

2. Homologación de cargos y nivelación salarial con efectos a partir de la fecha.
Una vez elaborado el estudio técnico y fundamentándose en éste, la entidad territorial
certificada procederá a realizar, bajo la responsabilidad del secretario de educación y del
jefe de personal o quien haga sus veces, la homologación y nivelación salarial de los
cargos administrativos conforme a la normatividad vigente, mediante acto administrativo
general. Con base en este último, la homologación de cada funcionario administrativo se
realizará, mediante acto administrativo individualizado el cual debe especificar el cargo al
cual es homologado y la nivelación salarial respectiva -si a ella hay lugar según el estudio
técnico que rige a partir de la fecha de expedición de dicho acto administrativo, previo
certificado de disponibilidad presupuestal. El certificado de disponibilidad presupuestal
será emitido contra recursos del Sistema General de Participaciones -SGP. Si el costo de
la planta de personal administrativo aprobada, incluido el aumento por concepto de la
nivelación y homologación, no alcanza a ser cubierto con los recursos del SGP asignados
por alumno atendido para el pago de la prestación del servicio, la entidad territorial podrá
solicitar al MEN su cubrimiento por concepto de complemento de planta.»

33. Todo lo anterior, nos deja ver que el proceso de homologación de cargos y
nivelación salarial implicó llevar a cabo una serie de ajustes de las plantas de personal

19
Sentencia sentencia C- 315/95, por la cual se declaró exequible el art. 12 de la Ley 4ª de 1992, en la cual precisó: "La
razonabilidad de la medida legislativa se descubre también si se tiene en cuenta que el patrón de referencia - los sueldos de los
cargos semejantes del nivel nacional -, garantiza que el anotado límite no sea en sí mismo irracional y desproporcionado."

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REF: Expediente: 1287-2020
Actora: María Ludivia Ballesteros Tangarife
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-

administrativos que prestaban sus servicios a la Nación en las instituciones educativas
para pasar a ser incorporados a las plantas de los entes territoriales, siendo definido
por la Ley 715 de 2001 el procedimiento a seguir, el cual comprendía unas fases
necesarias como elaboración de un estudio técnico, un análisis comparativo y
detallado, cargo por cargo de la planta de personal administrativo transferida con la
planta de personal administrativo de la entidad territorial receptora, identificación de las
diferencias salariales y prestacionales entre otras, todo ello para llevar a buen recaudo
el proceso de homologación y nivelación salarial.

Solución del caso.

34. Sostiene la parte recurrente que los trámites administrativos y presupuestales
necesarios para llevar a feliz término el proceso de descentralización educativa,
debían efectuarse previo al traslado e incorporación del mismo, de manera que
garantizara su trabajo en condiciones iguales, por lo que, el personal a partir del
traslado efectuado tenía pleno derecho a percibir en la nómina inmediatamente
posterior su salario debidamente ajustado.

35. Al examinar la Sala la Resolución No 1601-6 del 22 de marzo de 2013 a través
de la cual se reconoce y ordena un pago por concepto de homologación y
nivelación salarial a la señora María Ludivia Ballesteros Tangarife se observa que
en ella se dejó establecido que mediante Decreto departamental 0399 de 20 de
abril de 2007 se homologaron y nivelaron los cargos administrativos del personal
perteneciente a la planta de cargos del departamento de Caldas pagados con
recursos del Sistema General de Participación, acto que fue modificado en virtud
de la solicitud realizada por la secretaría de educación del departamento de
Caldas ante el Ministerio de Educación, modificación que fue aprobada por el
Ministerio de Educación Nacional mediante Oficio 2009EE29765 de 1 de junio de
2009

36. Así mismo, se indicó en la prenotada Resolución No 1601-6 de 2013 que el
departamento de Caldas en virtud de la directiva ministerial No. 10 de 2005,
elaboró y presentó el estudio técnico de homologación y nivelación de cargos
radicado con el No. 2007ER9711, el cual fue aprobado por el Ministerio de
Educación Nacional mediante comunicación de fecha 30 de marzo de 2007.

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REF: Expediente: 1287-2020
Actora: María Ludivia Ballesteros Tangarife
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-

38. La Unidad Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educación de
Caldas realizó la liquidación y revisión del retroactivo a pagar al personal
administrativo financiado con recursos del Sistema General de Participación por el
periodo comprendido a partir del 10 de febrero de 1997 al 31 de diciembre de
2009 arrojando una suma de $57.341.662. 202.oo. En virtud de lo anterior, la
Unidad de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda de la Gobernación de
Caldas expidió certificado de disponibilidad presupuestal No 3500003137 del 7 de
marzo de 2013.

39. Como consecuencia de todos los trámites antes mencionados, mediante
Resolución 1601-6 de 22 de marzo de 2013 20 el secretario de educación
departamental de Calda reconoció y ordenó a favor de la señora María Ludivia
Ballesteros Tangarife el pago por concepto de homologación y nivelación salarial a
partir del 10 de febrero de 1997 al 31 de diciembre de 2009 por la suma neta de
$44.647.678.oo

40. La anterior documental fue aclarada mediante Resolución 4410-6 del 28 de
junio de 2013 21 por el secretario de educación departamental de Caldas, en el
sentido de indicar que la suma neta a reconocer es de $44.688.272.oo. Pero
posteriormente, este acto administrativo a su vez, fue modificado por la Resolución
8816-6 del 11 de diciembre de 201422, en la cual se reconoce por concepto de
indexación el valor de $4.166.904oo.

41. De conformidad con la certificación de 27 de mayo de 201623, suscrita por la
secretaría de educación departamental del Caldas, los valores reconocidos a la
señora Ballesteros Tangarife María Ludivia por concepto del retroactivo con
ocasión a la homologación y nivelación salarial debidamente indexados fueron
cancelados en fecha 15 de abril de 2013.

42. Entonces, de las pruebas obrantes en el proceso encuentra la Sala acreditado
que en modo alguno el Ministerio de Educación Nacional ni el departamento de
Caldas incurrieron en alguna dilación de pago, puesto que, las pruebas
relacionadas dan cuenta que en el presente caso se surtieron las diversas etapas
necesarias para efectuar la cancelación de la suma reconocida a la causante

20 Folio 27 a la 30.
21 Folios 31 a 33.
22
Folios 34 y 36.
23 Folio 37.

15
REF: Expediente: 1287-2020
Actora: María Ludivia Ballesteros Tangarife
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mediante Resolución 1601-6 de 22 de marzo de 2013, cuyo pago se efectuó el 15
de abril de esa misma anualidad, procedimiento que requirió de aclaraciones y
modificaciones, si se tiene en cuenta que la administración solicitó un ajuste al
estudio técnico de homologación y nivelación salarial del personal administrativo
del departamento de Caldas, el cual fue aprobado por el Ministerio de Educación
Nacional a través de Oficio 2009EE29765 de 1 de junio de 2009, de manera que
no existe justificación alguna para que proceda el reconocimiento de los intereses
moratorios reclamados por la actora. Más aun, encontrando la Sala debidamente
probado que la secretaría de educación departamental de Caldas efectuó la
liquidación indexada de las sumas adeudadas a la demandante con corte al 31 de
diciembre de 2012, lo cual conlleva que sí hubo compensación efectiva por el
retraso en el pago de aquella obligación.

43. Ahora bien, en este punto es necesario señalar que los intereses moratorios
han sido definidos desde el punto de vista jurisprudencial como aquella suma de
dinero que debe pagar el deudor desde la fecha en la que se constituye en mora,
los cuales cesan solo en el momento de cancelar la obligación contraída, cuya
finalidad es el resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que padece
el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida 24. Lo anterior
no se encuentra demostrado dentro del caso bajo estudio, toda vez que a partir de
los supuestos fácticos acreditados, la Sala concluye que entre la fecha de
expedición del acto administrativo que ordenó el pago y la cancelación de la
obligación, es decir, el 22 de marzo de 2013 y el 15 de abril de esa mismo año,
según consta en certificación que obra a folio 37 del expediente, trascurrió un poco
menos de 1 meses, evidenciándose un lapso mínimo, prudente y proporcional,
teniendo en cuenta la magnitud de los trámites económicos y administrativos para
culminar el proceso homologación y nivelación salarial, postura que ha sido
pacífica al interior de la Subsección25.

44. De acuerdo con el criterio jurisprudencial de esta Corporación 26, en atención a
que en el presente caso se acreditó que entre la resolución que reconoció el
derecho a la demandante y el pago del valor ordenado, transcurrió un plazo menor
a 1 mes, el cual, en atención a la naturaleza del asunto y las apropiaciones
presupuestales que para el efecto debieron hacerse, resulta ser un plazo
razonable que no acarrea una sanción para las entidades públicas demandadas,
24 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia del 7 de diciembre de 2017. Rad. 73001-23-33-000-2014-

00311-01(0905-15). C.P. William Hernández Gómez.
25
Sentencia del 19 de julio de 2019 Rad. 66001-23-33-000-2016-00321-01 C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez-.
26Sentencia de 26 de agosto de agosto de 2018, Rad. 73001-23-33-000-2014-00403-01(4589-15). C.P. César Palomino Cortés.

16
REF: Expediente: 1287-2020
Actora: María Ludivia Ballesteros Tangarife
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-

por ende, no es procedente el reconocimiento de intereses legales o moratorios
por el no pago inmediato del valor correspondiente a la homologación y nivelación
de la planta de personal administrativo reconocido a la señora María Ludivia
Ballesteros Tangarife, máxime cuando no se observa que la actora haya
manifestado su desacuerdo frente al acto que le ordenó el pago del retroactivo,
por lo que no es dable que a través de un nuevo procedimiento administrativo
iniciado en ejercicio de una petición presentada en interés particular pretenda
cuestionar lo reconocido a través de la Resolución No 1601-6 de 22 de marzo de
2013, en tanto no incluyó los intereses moratorios.

45. No resultaba procedente como lo pretende la demandante, que recibiera
recibido el pago de acuerdo a la homologación y nivelación salarial con antelación
a la incorporación en la planta de personal del ente territorial, pues no existe por
parte de la administración la obligación de realizar un pago inmediato por concepto
del retroactivo con ocasión a la homologación y nivelación salarial de cargos, pues
era necesario que dentro de dicho proceso se desarrollaran las distintas etapas
que prevé la ley para su culminación y con base en ello, determinar la
homologación del cargo y su real nivelación salarial.

46. Adicionalmente a lo expuesto, la Sala señala que no sería procedente el
reconocimiento de los intereses moratorios reclamados, por cuanto del material
probatorio se observa que la suma que le era adeudada a la señora María Ludivia
Ballesteros fue debidamente indexada, concepto último que según la
jurisprudencia de esta Corporación 27 y pese a lo esgrimido por la parte
demandante en el escrito de impugnación, es incompatible con las pretensiones
de la demanda, en razón a que obedecen a la misma causa, que es la devaluación
del dinero, por lo que acceder al reconocimiento de ambos constituiría un doble
pago.

47. Finalmente, se observa que en el numeral cuarto de la parte resolutiva del fallo
controvertido, se condenó en costas a la parte vencida. Al respecto, la Sala echa
de menos alguna evidencia de causación de expensas que justifiquen su

27
Consejo de Estado, sentencia del 18 de febrero de 2010, M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve; sentencia del 18 de febrero de
2010, M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve. Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 9 de agosto de
2012, Rad. 2012-00048-00; C.P: Luis Fernando Álvarez Jaramillo. «La señora Ministra de Relaciones Exteriores consulta a la
Sala sobre los criterios que deben aplicarse para dar cumplimiento a las sentencias dictadas en procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho que ordenan el reintegro y pago de emolumentos, y la reliquidación de aportes pensionales y de
cesantías.»
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B, Sentencia de 16 de agosto de 2018 Rad.2014-00313-02, C.P.: Sandra
Lisset Ibarra Vélez.

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REF: Expediente: 1287-2020
Actora: María Ludivia Ballesteros Tangarife
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros-

imposición a la demandante, quien simplemente formuló sus pretensiones de
manera seria desde el punto de vista jurídico, razón por la cual, se revocará.

48. Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del 20 de septiembre de 2019
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas en cuanto negó las pretensiones
de la demanda y revocará el ordinal cuarto que condenó en costas a la parte
demandante, conforme las razones expuesta en la parte motiva de este proveído.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección B, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 20 de septiembre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas en cuanto negó las pretensiones de la
demanda, salvo el ordinal cuarto que se revoca, y en su lugar, se dispone no
condenar en costas a la parte vencida.

SEGUNDO: Por secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al
tribunal de origen para lo de su competencia, déjese las anotaciones en el sistema
de gestión judicial y procédase al archivo de la actuación.

Notifíquese y cúmplase.

Firma Electrónica
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Firma Electrónica Firma Electrónica
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http:/relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Visitas/documentos/evalidador.

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