Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00675-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00675-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2016-00675-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Cinco (5) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 17001-23-33-000-2016-00675-01 (0675-2025)
Demandante: Luz Eugenia Valencia Narváez
Demandados: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Secretaría
de Educación del departamento de Caldas
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Intereses moratorios y Homologación del personal
administrativo de la Secretaría de Educación de Caldas
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia del 7 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que
negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda1.
1.1.1. Pretensiones
La señora Luz Eugenia Valencia Narváez, por intermedio de apoderado judicial, acudió a
esta jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin, de obtener la anulación del siguiente
acto administrativo:
• Resoluciones 3162-6 del 19 de abril de 2016, expedida por la Secretaría de
Educación del departamento de Caldas que le negó, el reconocimiento y pago de
los intereses moratorios causados por el pago tardío del valor retroactivo de la
homologación y nivelación salarial.
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Folios 2 a 13 del expediente físico.
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Demandante: Luz Eugenia Valencia Narváez
Demandado: Nación – Ministerio de educación y otro
• A título de restablecimiento del derecho, la actora pidió el reconocimiento y pago
de los intereses moratorios causados entre el 11 de febrero de 1997 hasta el 15
de abril de 2013, fecha de pago del valor retroactivo por homologación y nivelación
salarial. Igualmente, reclamó que la sentencia se cumpla en los términos del
artículo 192 del CPACA y que se condene en costas a la parte demandada.
1.1.2 Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
Señala la actora que, prestó sus servicios como personal administrativo a la Secretaría
de Educación del departamento de Caldas y de acuerdo a lo ordenado por la Ley 60 de
1993, el Ministerio de Educación certificó a ese departamento en el servicio educativo,
por ello, el personal nacional fue incorporado a la planta territorial, mediante el Decreto
0021 de 1997, con las mismas condiciones, salvo en el salario. Por esta situación, la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 9 de diciembre de
2004, estableció que las entidades territoriales debían efectuar la correspondiente
nivelación salarial, y el mayor valor tenía que ser pagado por la nación.
Luego, la Secretaría de Educación del departamento de Caldas profirió la Resolución
2171 del 17 de mayo de 2006, mediante el cual presentó ante el Ministerio de Educación
Nacional el estudio técnico para la homologación salarial. Y aprobado este, el
departamento profirió los Decretos 399 del 20 de abril de 2007 y 337 de diciembre de
2010, los cuales, homologaron y nivelaron los cargos administrativos pertenecientes a la
planta de personal. Y con el Decreto 353 del 15 de diciembre de 2010 se realizó la
incorporación a la planta del departamento de Caldas.
El Ministerio de Educación Nacional certificó la deuda por homologación y nivelación de
los cargos administrativos del departamento de Caldas para los años de 1997 a 2009.
Por lo tanto, la Secretaría de Educación le pagó a la señora Luz Eugenia Valencia
Narváez, el valor del retroactivo causado por concepto de la homologación y nivelación
salarial, desde el 10 de febrero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2009.
1.1.3 Normas violadas y concepto de violación.
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Demandante: Luz Eugenia Valencia Narváez
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Como normas trasgredidas se citaron la Constitución Política, los artículos 1, 2, 13, 25,
53, 58, 72, 93, 123, 209 y 350; el Código Civil, los artículos 1608, 1617 y 1649; la Ley 446
de 1998, el artículo 16 y el Decreto 01 de 1984, el artículo 177.
Señaló que, los empleados administrativos de las secretarías de educación, cuando
fueron incorporados a la planta territorial, tenían derecho a recibir el reconocimiento de
la asignación salarial acorde con el cargo y las funciones de dicha entidad. En ese
sentido, solicita el pago de los intereses moratorios, por la homologación y nivelación
salarial que fue reconocida años posteriores de haberse causado. Destacó que, las
resoluciones 2248-6 del 22 de marzo de 2013, 4707-6 del 4 de julio de 2013, modificada
por la resolución 9208-6 del 11 de diciembre del 2014, ordenaron el reconocimiento del
retroactivo a favor de la demandante, causado desde el 10 de febrero de 1997, hasta el
31 de diciembre del 2009; pero, dicho pago se realizó el 15 de abril de 2013.
Por lo tanto, los intereses moratorios constituyen un derecho mínimo fundamental de los
trabajadores y, estos son irrenunciables.
1.2. Contestación de la demanda.
Ministerio de Educación. se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que,
los recursos que cubren las obligaciones prestacionales de los docentes no provienen del
presupuesto de la Nación, y el acto administrativo demandado fue expedido por la
Secretaría de Educación.
Expone que, la deuda por concepto de retroactividad en los eventos en que la
homologación conlleve la nivelación de salarios se asume con recursos del sistema
general de participaciones, siguiendo las pautas de la directiva ministerial 10 del 30 de
junio de 2005.
Finalmente, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva,
inepta demanda y prescripción.
La Secretaría de Educación del departamento de Caldas, se opuso a las pretensiones
de la demanda, precisando que, con el Decreto 00021 del 10 de febrero de 1997 se
incorporó a la estructura del departamento de Caldas la planta de cargos docentes,
directivos docentes y administrativos. Pero, esta incorporación conllevó a una
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desigualdad salarial para los empleados administrativos de la Secretaría de Educación
respecto a los empleados de la planta central.
Expuso que, el proceso de homologación se inició desde el año 1997 y con diversos
estudios técnicos de revisión de salario de cada funcionario homologado de la escala
salarial de la administración, con el respectivo nivel y los requisitos para el desempeño
de cada cargo. Se revisaron y certificaron las funciones de cada empleado desde el 10
de febrero de 1997 al 9 de mayo de 2007. En el caso de la señora Luz Eugenia Valencia
Narváez, la entidad le pagó los dineros causados por la homologación del cargo
debidamente indexados.
Propuso las excepciones que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva,
caducidad de la acción, buena fe, inexistencia de la obligación e inaplicabilidad de los
intereses moratorios.
1.3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Caldas, a través de sentencia del 7 de mayo de 2021, negó
las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora, con fundamento
en las siguientes consideraciones:
Señaló que, la obligación de la administración de pagar los valores por concepto de la
homologación y nivelación salarial se originó desde el momento en que fueron expedidos
los actos administrativos los cuales, determinaron el derecho al pago a favor de la parte
demandante, por cuanto, hasta esa fecha no existía un pronunciamiento de la
administración que permitiera hacer exigible el derecho.
Destacó que, los intereses moratorios tienen una naturaleza eminentemente
sancionatoria y la Ley no contempla el pago tardío por una homologación y nivelación
salarial. Por lo tanto, las sumas reconocidas por la Secretaría de Educación fueron
debidamente indexadas atendiendo los criterios de equidad y de justicia, y dicha
actualización de los valores es incompatible con los intereses moratorios.
En ese sentido, la entidad demandada cuando resolvió las reclamaciones presentadas
por la actora indicó que las sumas reconocidas estaban indexadas, y la suma reconocida
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a la demandante fue debidamente actualizada; por ello, es incompatible con los intereses
reclamados.
Finalmente, la primera instancia determinó que, el término de un mes entre la fecha de
reconocimiento y la fecha de pago fue prudencial y proporcional para que la
administración realizara la gestión del pago de la homologación y nivelación salarial.
1.4. Recursos de apelación
La parte actora, presentó recurso de apelación solicitando que se revoque la sentencia
de primera instancia, al afirmar que:
No es válido y coherente las consideraciones expuestas por el juzgado de primera
instancia; indicando que la indexación y los intereses moratorios tienen definiciones
conceptuales diferentes; así como objeto y causa distinta. Toda vez que la ley ordena
taxativamente que la mora, es la sanción que hay que pagar por el no pago de forma
oportuna una obligación; y la indexación hace referencia a la actualización de la deuda.
Plantea que los argumentos expuestos para negar las pretensiones son de un asunto
diferente y la jurisprudencia colombiana, esgrime que de tratarse de intereses puros;
estos no riñen con la indexación. Resaltando que los precedentes judiciales, han
permitido el pago de intereses moratorios y corrientes, lo que lleva implícito la indexación
por el pago moroso, así como el componente inflacionario.
Por lo tanto, el operador judicial, no puede exigir una norma que regule el pago de
intereses moratorios, para los retroactivos que se paguen por la homologación y
nivelación salarial; si el derecho colombiano no lo ha regulado, los fundamentos de la
negativa dejan de lado el deber constitucional y legal, que le asiste a las demandadas de
efectuar todas las gestiones administrativas y presupuestales, en tiempo oportuno.
Salvaguardando la equidad e igualdad laboral.
Controvierte la condena en costas y las agencias en derecho endilgadas por valor del
3%, de las pretensiones; argumentando que la parte demandante actuó de buena fe lo
que se puede corroborar en las actuaciones del proceso; máxime que nunca existió un
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comportamiento temerario o doloso que justifique la imposición de la condena en costas
a la parte demandante.
1.5. Trámite de segunda instancia
Mediante auto del veintiuno (21) de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), el despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)2, el Juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala establecer, si hay lugar a revocar el fallo de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda, si procede el pago de intereses moratorios sobre
el valor reconocido por concepto de la homologación y nivelación salarial, por cuanto, el
retroactivo se causó desde 1997 hasta 2002, pero el pago se efectuó el 15 de abril de
2013.
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.2.1. Homologación del personal administrativo y proceso de
descentralización del servicio educativo; 2.2.2. Hechos probados; y 2.2.3. Caso concreto.
2.2.1. Homologación del personal administrativo y proceso de descentralización
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“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.”
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Demandante: Luz Eugenia Valencia Narváez
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del servicio educativo.
El Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, señaló que, la Ley 43 de 1975
nacionalizó la educación primaria que antes era prestada por los departamentos, el
Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarias, en
consecuencia, los gastos de la prestación del servicio educativo estaban a cargo de la
nación.
A partir del proceso de descentralización del sector educativo, previsto en las Leyes 60
de 1993 y 715 de 2001, los departamentos y municipios debieron recibir el personal
administrativo vinculado previamente con la Nación, mediante un trámite de
homologación de los cargos, funciones y salarios, que sirvió de base para su
incorporación a las plantas territoriales de personal.
Con la Ley 60 de 1993 se inició la reversión de la nacionalización y el proceso de
descentralización, transfiriendo competencias en materia educativa a los departamentos
y municipios. Estos entes territoriales asumieron la administración de servicios
educativos, la financiación de inversiones, la inspección y vigilancia, y la administración
de recursos. Los departamentos, además, actuaron como intermediarios entre la Nación
y los municipios, dirigiendo y administrando conjuntamente los servicios educativos
estatales. Esta ley también estableció que los departamentos y distritos asumirían los
bienes, el personal y los establecimientos necesarios para cumplir con estas funciones,
destacando:
“ARTÍCULO 6o. Administración del personal. Corresponde a la ley y a sus reglamentos, señalar los criterios,
régimen y reglas para la organización de plantas de personal docente y administrativo de los servicios
educativos estatales.
Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y administrativos sin el lleno de los
requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa, respectivamente, ni por fuera de las plantas
de personal que cada entidad territorial adopte.
Todo nombramiento o vinculación que no llene los requisitos a que se refiere este artículo, serán
ilegales y constituyen causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal para
quien lo ejecute.
El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas
vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal docente de
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vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones
del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial.
Las sumas por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de las prestaciones del
personal docente del orden territorial, a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, serán giradas al mismo por las entidades territoriales, de conformidad con las disposiciones
de la presente ley. El valor actuarial del pasivo prestacional de las entidades territoriales, que deberán
trasladar al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, se determinará, para estos efectos, con
base en la liquidación que se realice con cada una de ellas, y será financiado con sus propios recursos.
El régimen de remuneración y las escalas salariales de todos los docentes de los servicios educativos
estatales, que en adelante tendrán carácter de servidores públicos de régimen especial, de los órdenes
departamental, distrital o municipal, se regirá por el Decreto-ley 2277 de 1979 y demás normas que lo
modifiquen y adicionen. Igualmente, sus reajustes salariales serán definidos de conformidad con la Ley
4a. de 1992.
[…]”.
El personal administrativo del sector educativo que laboraba para la Nación fue
transferido a los entes territoriales mediante un proceso de incorporación y homologación
de cargos, como parte de la descentralización del servicio educativo. Este proceso implicó
un estudio técnico para comparar requisitos, funciones y clasificación de los cargos,
buscando la igualdad y equivalencia salarial.
La homologación e incorporación de los cargos de los empleados administrativos
provenientes del orden nacional requirió, en los casos donde no existían cargos
equivalentes, una nivelación salarial. Esto, implicó el reajuste de la estructura de las
entidades territoriales encargadas de prestar el servicio educativo. Para ello, fue
necesario considerar la clasificación, funciones, grado de responsabilidad y requisitos
asociados a cada empleo, con el fin de determinar adecuadamente la remuneración.
Una vez se implementó el proceso de descentralización en la educación, se expidió la
Ley 715 de 2001 que reguló la incorporación de los empleados administrativos docentes
a las plantas de personal, quienes mantendrían su vinculación sin solución de
continuidad. Los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001 desarrollaron el procedimiento
para incorporar las plantas financiadas con recursos del sistema general de
participaciones «antes situado fiscal». Con este fin, se requería realizar un estudio técnico
para fijar las plantas de personal docente, directivo docente y administrativos de los
planteles educativos y luego proceder a la provisión de dichos cargos en la planta de
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personal adoptadas por las entidades territoriales para la prestación del servicio
educativo. Los citados artículos señalan:
“Artículo 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el artículo
37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos y
administrativos de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y municipios.
Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de los
planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán
su vinculación sin solución de continuidad.
Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados por órdenes de
prestación de servicios, que sean vinculados de manera provisional, deberán cumplir
los requisitos de la carrera docente y administrativa para su incorporación definitiva a
las plantas que se establezcan.
[…]
Artículo 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los
cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con recursos
del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la respectiva entidad
territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y que cumpla los requisitos
para el ejercicio del cargo.
Los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos
vinculados a la carrera docente a la expedición de la presente ley, no requieren nueva
vinculación o nuevo concurso para continuar en el ejercicio del cargo, sin perjuicio del
derecho de la administración al traslado del mismo.
A los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que se financien con recursos del Sistema General de Participaciones, sólo
se les podrá reconocer el régimen salarial y prestacional establecido por ley o de
acuerdo con esta. […]
En el marco de estos trámites administrativos, el Ministerio de Educación Nacional en la
Directiva 10 del 30 de junio de 2005, reguló los parámetros que debían seguir las
secretarías de educación para realizar la homologación de cargos y la nivelación salarial
del personal administrativo.
En síntesis, la prestación del servicio educativo pasó de la nacionalización a la
descentralización. Este proceso implicó la transferencia de responsabilidades, bienes,
personal y recursos desde la nación hacia los entes territoriales, con el fin de fortalecer
la gestión educativa. A su vez, la homologación e incorporación del personal
administrativo a las plantas de personal territoriales garantizó la continuidad laboral y el
respeto a los derechos salariales y prestacionales de los empleados.
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2.2.2 Pruebas relevantes.
De las pruebas allegadas por los sujetos procesales, resultan relevantes para resolver el
problema jurídico planteado, las siguientes:
Resolución 2248-6 del 22 de marzo de 2013 que la Secretaría de Educación de Caldas
presentó un estudio técnico ante el Ministerio de Educación para la homologación y
nivelación salarial.
El departamento de Caldas expidió el Decreto 399 del 20 de abril de 2007 que homologó
y niveló los cargos administrativos del personal perteneciente a la planta de cargos del
departamento de Caldas, pagada con recursos del Sistema General de Participaciones.
La Secretaría de Educación de Caldas reconoció y liquidó para la señora Luz Eugenia
Valencia Narváez, la suma de $159.805.839, por concepto de homologación y nivelación
salarial del periodo comprendido entre el 10 de febrero de 1997 y el 31 de diciembre de
2009 (sic), mediante la Resolución 2248-6 del 22 de marzo de 2013.
El anterior acto administrativo, fue modificado con la Resolución 4707-6 del 4 de julio de
2013, en el sentido de ajustar el valor a $157.857.986. Posteriormente, la Secretaría en
la Resolución 9208-6 del 11 de diciembre de 2014 fijó la suma reconocida en
$157.857.986, más la suma de $ 25.103.873, por actualización de indexación y
diferencias salariales dejadas de percibir.
La demandante agotó la reclamación administrativa el 28 de marzo de 2016, ante la
Secretaría de Educación del departamento de Caldas, para obtener el pago de los
intereses moratorios presuntamente causados por la mora en el pago de la homologación
y nivelación salarial, desde el 10 de febrero de 1997 hasta el 15 de abril de 2013.
La Secretaría de Educación de Caldas negó lo pedido en la Resolución 3162-6 del 19 de
abril de 2019, por cuanto, no existía mora en el pago de las obligaciones laborales y
agregó que las sumas adeudadas fueron indexadas con fundamento en el artículo 53 de
la Carta Política.
La Secretaría de Educación de Caldas certificó que a la accionante con la Resolución
número 2248-6 del 22 de marzo de 2013, Resolución aclaratoria número 4707-6 del 4 de
julio de 2013 y Resolución modificatoria número 9208-06 de fecha 11 de diciembre de
2014, se le reconoció retroactivo de homologación y nivelación salarial, como personal
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administrativo de los establecimientos educativos pagados con recursos del SGP del
sector educativo adscrito a la planta de personal del departamento de Caldas a partir del
año 10/02/1997. El 15 de abril de 2013 se pagaron los siguientes valores:
Año Devengos (sic) Indexación Total
1997 $3.213.713 $6.753.371 $9.967.084
1998 $5.775.588 $6.8799.525 $12.655.113
1999 $11.129.287 $10.900.272 $22.029.559
2000 $12.685.123 $10.339.192 $23.024.315
2001 $13.433.942 $9.182.319 $22.616.261
2002 $ 11.960.403 $8.514.284 $20.534.687
2003 $12.653.628 $7.429.927 $20.083.556
2004 $13.384.744 $6.525.244 $19.909.989
2005 $14.155.469 $5.779.313 $19.934.783
2006 $15.001.877 $ 5.173.581 $20.175.458
2007 $12.574.157 $3.697.727. $16.271.884
2008 $16.759.876 $2.320.549 $19.080.425
2009 $18.062.318 $1.695.424 $19.757.742
TOTAL $160.790.126 $85.250.730 $246.040.856
2.3 Caso concreto.
La actora solicitó la nulidad del acto administrativo que le negó el pago de los intereses
moratorios presuntamente causados sobre las sumas que le pagó la Secretaría de
Educación del departamento de Caldas por concepto de nivelación y homologación
salarial, reconocidas por su incorporación, como empleada administrativa de la planta de
personal.
El Tribunal Administrativo de Caldas mediante sentencia del 7 de mayo de 2021, negó
las pretensiones de la demanda, al considerar que es improcedente el pago de intereses
moratorios, toda vez que, no existe una norma que establezca cuando exista tardanza en
el pago de la homologación y nivelación salarial que implique sufragar esta sanción.
También precisó que, la demandante recibió el valor de las sumas adeudadas
debidamente indexadas, por lo cual es improcedente los intereses moratorios que
reclama.
Inconforme con esta decisión, la parte actora presentó recurso de alzada, señalando que,
la nivelación salarial debió pagarse desde el momento de la incorporación y no 16 años
después, además, agregó que, los intereses moratorios sí son compatibles con la
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indexación y en gracia de discusión, se debió ordenar el pago los intereses; por último,
precisó que, aunque no exista una norma en concreto que ordene el pago de los
intereses, el juez debe de interpretar y guiarse con los criterios auxiliares, como la
equidad.
Ahora bien, en el proceso se acreditó que la parte actora prestó sus servicios como
empleada administrativa de la Secretaría de Educación de Caldas, quien fue incorporada
en la planta del departamento; asimismo, la Secretaría de Educación mediante
Resolución 2248-6 del 22 de marzo de 2013, le reconoció a la accionante las diferencias
salariales y prestaciones derivadas de la homologación y nivelación salarial, en razón de
su incorporación en la planta de personal territorial, desde el 11 de febrero de 1997 hasta
el año 2002; valores que fueron pagados el 15 de abril de 2013 y que incluyeron la
actualización de las sumas.
De acuerdo al marco normativo, la Ley 60 de 1993 dispuso la descentralización del
servicio educativo que anteriormente estaba bajo la responsabilidad de la Nación. Como
resultado, los empleados administrativos que formaban parte de las plantas de personal
fueron integrados a las entidades territoriales, encargadas desde entonces de gestionar
dicho servicio y administrar los recursos transferidos por la Nación. Este proceso de
incorporación fue reglamentado a través de los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001.
La Secretaría de Educación de Caldas presentó un estudio técnico ante el Ministerio de
Educación para la homologación y nivelación salarial. Una vez se surtió la aprobación del
estudio técnico, el departamento de Caldas expidió el Decreto 399 del 20 de abril de 2007
que homologó y niveló los cargos administrativos del personal perteneciente a la planta
de cargos del departamento, pagada con recursos del Sistema General de
Participaciones.
La Sala resalta el criterio pacífico de las Subsecciones A y B consistentes en que los
intereses moratorios tienen un carácter sancionatorio esto implica que deben estar
regulados para que la autoridad esté facultada para reconocerlos en los eventos de los
pagos de los valores retroactivos por homologación y nivelación.
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Para ello, se destaca la providencia del 7 de diciembre de 2017, en la que, se indicó que
no es viable reconocimiento de los intereses moratorios sobre el valor retroactivo de la
nivelación salarial, porque en el marco del derecho sancionatorio debe existir una norma
que ordene su pago, así:
“Por otro lado, tampoco hay lugar a reconocer intereses moratorios en el presente caso,
teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente sancionatoria de los mismos, en cuanto
buscan castigar al deudor incumplido. Bajo este entendido si no se dijo nada al respecto en
las resoluciones que reconocieron el retroactivo, como tampoco hay norma que
expresamente lo consagre, no se puede en consecuencia, entrar a reconocerse los
intereses moratorios.
Recordemos que por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben estar
consagrados en una norma que los autorice expresamente, es decir, que faculte el cobro
de los mismos para los casos de pagos retroactivos por homologación y nivelación, o estar
claramente incluidos en el documento que reconoce el derecho, supuestos, que no se
evidencian en el presente asunto3.
A su vez, en sentencia del 23 de agosto de 2018, se reiteró que no hay lugar al pago de
intereses moratorios cuando en el contenido de los actos administrativos que
reconocieron el retroactivo no se incluyó nada sobre el particular y además no existe una
norma que autorice dicho reconocimiento4.
Por otra parte, en sentencia del 28 de septiembre de 2017, la Subsección B partió de la
fecha de los actos administrativos de reconocimiento del retroactivo de la nivelación
salarial frente a la fecha del pago, y observó que transcurrió un plazo mínimo, prudente
y proporcional de cara a la complejidad de los trámites administrativos para materializar
el proceso de homologación y nivelación salarial5.
En este orden de ideas, siguiendo los distintos el precedentes de la Sección Segunda de
esta Corporación, se concluye que la accionante no tiene derecho al reconocimiento de
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2017, proceso con radicado
73001-23-33-000-2014-00311-01 (0905-15), M.P. William Hernández Gómez.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de agosto de 2018, proceso con radicado
73001-23-33-000-2014-00403-01 (4589-15). M.P. César Palomino Cortés.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 73001-33-33-000-2014-00406-01 (2488-
15), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Número Interno: 0675-2025
Demandante: Luz Eugenia Valencia Narváez
Demandado: Nación – Ministerio de educación y otro
intereses moratorios, en tanto y en cuanto no existe norma que lo ordene, y las
resoluciones 2248-6 del 22 de marzo de 2013, 4707-6 del 4 de julio de 2013, y 9208-6
del 11 de diciembre de 2014, que le reconocieron a la demandante las diferencias
salariales y prestaciones derivadas de la homologación y nivelación salarial, no
dispusieron que se causaban intereses moratorios.
Igualmente, se destaca que el pago de la nivelación salarial se hizo el 15 de abril de 2013,
plazo que se considera prudente, si se tienen en cuenta la complejidad de los trámites
administrativos en el marco del proceso de homologación y nivelación salarial.
También, es importante resaltar que, que esta Sección, ha explicado que la
incompatibilidad que surge cuando las sumas de dinero han sido indexadas, con el pago
de los intereses moratorios. Además, a la expedición de los actos demandados que
reconocieron el pago y a su vez, materializó el derecho de la demandante, no transcurrió
un tiempo que imponga una condena como lo pretende actora.
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, Sala confirmará parcialmente el fallo de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, salvo la imposición de la
condena en costas, toda vez que, no se cumplen los presupuestos establecidos en el
artículo 188 del CPACA.
2.4 Condena en costas.
Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad
o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se cumplen los
presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
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Número Interno: 0675-2025
Demandante: Luz Eugenia Valencia Narváez
Demandado: Nación – Ministerio de educación y otro
PRIMERO. - CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia del 7 de
mayo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las
pretensiones de la demanda, salvo el inciso segundo que condenó en costas a la parte
actora.
SEGUNDO: Sin condena en costas en las dos instancias.
TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con Aclaración de Voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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