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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00698-01

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2016-00698-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2016-00698-01 (2968-2021)
Demandante: Juan Antonio González Giraldo
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento
de Caldas

Tema: pensión de sobrevivientes. Subtema 1: no procede la aplicación
retrospectiva de la Ley 100 de 1993. Subtema 2: no procede la aplicación de los
acuerdos 224 de 1966 y 049 de 1990.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia
proferida por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, el 4
de junio de 2020, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El actor pidió el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes como consecuencia
de la muerte de su hijo, Juan Antonio González Alzate, que ocurrió el 18 de octubre
de 1993. En primera instancia, el Tribunal negó las súplicas de la demanda, porque
era improcedente aplicar retrospectivamente la Ley 100 de 1993. Se abstuvo de
estudiar el derecho según los acuerdos 224 de 1966 y 049 de 1990 del Instituto de
Seguros Sociales (ISS), por falta de desarrollo en la demanda y porque la fijación
del litigio se contrajo a la Ley 100 de 1993. Condenó en costas al actor. Inconforme
con esta decisión, el accionante apeló para insistir en la aplicación retrospectiva de
la Ley 100 de 1993 y en el estudio de los otros regímenes pensionales. La
Subsección confirmará la sentencia de primera instancia, salvo en materia de
costas.

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00698-01 (2968-2021)
Demandante: Juan Antonio González Giraldo
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento de Caldas

2. Antecedentes
2.1. La demanda

1. El señor Juan Antonio González Giraldo, mediante apoderado judicial,
presentó demanda1 el 15 de septiembre de 20162, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fomag y el departamento de Caldas, Secretaría de Educación
Departamental, con las siguientes pretensiones:

2. Declarar la nulidad de las resoluciones núms. 5618 del 10 de octubre de 2012
y 5612 del 23 de agosto de 2013, mediante las cuales la Secretaría de Educación
del departamento de Caldas, en nombre y representación del Fomag, le negó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

3. Pidió que se reconociera que las normas que gobiernan la pensión de
sobrevivientes, en su condición de beneficiario, son el Acuerdo 224 de 1966,
aprobado por el Decreto 3041 de 1966, y el Acuerdo núm. 049 de 1990, expedidos
por el ISS, en virtud del principio de favorabilidad.

4. A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar al Fomag y al
departamento de Caldas al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor
del actor, con ocasión al fallecimiento de su hijo, el señor Juan Antonio González
Alzate, desde el momento en que se causó el derecho y de forma vitalicia, con
retroactividad de las mesadas causadas desde el 18 de octubre de 1993 hasta la
fecha; que se incluya al accionante en nómina para el pago pensional; que se
indexaran las sumas; que la accionada diera cumplimiento a la sentencia en los
términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo (CPACA) y que se le condene al pago de costas y
agencias en derecho.

2.1.1. Hechos

5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

6. El señor Juan Antonio González Alzate prestó sus servicios, en calidad de
docente, en la alcaldía del municipio de La Dorada – Caldas, durante 16 años, 5
meses y 14 días, y falleció el 18 de octubre de 1993.

7. Los señores Juan Antonio González Giraldo e Isaura Alzate de González
dependían económicamente de su hijo, por tanto, en su condición de padres le

1 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, principal,
8_ED_ACTUACIONE_02DEMANDA.PDF, páginas 1 a 19 del archivo digital y
14_ED_ACTUACIONE_09SUBASANADEMANDAPD.PDF.
2 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, principal,
7_ED_ACTUACIONE_01ACTAREPARTO.PDF.
2

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00698-01 (2968-2021)
Demandante: Juan Antonio González Giraldo
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento de Caldas

solicitaron al Fomag y a la Secretaría de Educación Departamental de Caldas el
reconocimiento de su pensión de sobrevivientes.

8. No obstante, la Secretaría de Educación Departamental de Caldas profirió la
Resolución núm. 5618 del 10 de octubre de 2012, a través de la cual negó la
solicitud. Argumentó que el docente fallecido no cumplió con el tiempo necesario
para que sus beneficiarios accedieran al derecho pensional.

9. Inconformes con esta decisión, se interpuso recurso de reposición, el cual fue
resuelto mediante la Resolución núm. 5612 del 23 de agosto de 2013, que confirmó
en todas sus partes la decisión inicial.

10. Luego de ello, la señora Isaura Alzate falleció el 10 de octubre de 2013, lo
que dio lugar a que el derecho pensional se acrecentara a favor del señor Juan
Antonio González Giraldo.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

11. La demanda citó como normas vulneradas los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 48, 53
y 209 de la Constitución Política; y 137 y 138 del CPACA.

12. Como fundamento de la demanda, el actor expuso que el régimen
prestacional de los educadores se estableció en las leyes 115 de 1994, 91 de 1989,
60 de 1993, 115 de 1994, 12 de 1975 y 71 de 1988. De suerte que los beneficiarios
del docente fallecido tenían derecho a percibir una pensión de jubilación si el
maestro fallecía antes de cumplir la edad cronológica, siempre que hubiere
acreditado 20 años de servicio. Indicó que el Decreto 224 de 1972 disponía que, en
caso de que el docente al momento de su deceso no hubiera cumplido la edad, pero
sí tenía 18 años de servicio continuo o discontinuo, sus beneficiarios tendrían el
derecho pensional.

13. No obstante, el actor sostuvo que el Consejo de Estado, en desarrollo del
principio de favorabilidad, ha decidido inaplicar el régimen especial docente en
casos en que el régimen general resulta más provechoso. En esas condiciones,
como el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 exige que el afiliado hubiera cotizado al
menos 26 semanas al momento de su fallecimiento, y en este caso ello se acreditó,
era evidente que los beneficiarios cumplieron con las exigencias del derecho
pensional reclamado.

14. Bajo este entendido, el actor resaltó que aun cuando los docentes, afiliados
al Fomag, están excluidos de la aplicación de la Ley 100 de 1993, esta norma puede
aplicarse por favorabilidad. En particular, mencionó las sentencias proferidas por la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 5 de junio de 20083, el 11 de agosto de

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 5 de junio de 2008, exp. 61001-23-31-000-2002-00963-

01 (2218-07).
3

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00698-01 (2968-2021)
Demandante: Juan Antonio González Giraldo
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento de Caldas

20114, el 17 de mayo de 20125, el 1.° de noviembre de 20126, y el 7 de marzo de
20137.

15. Así pues, el accionante destacó que, aunque el artículo 279 de la Ley 100 de
1993 excluyó de su aplicación a los afiliados al Fomag, la Corte Constitucional en la
sentencia C-461 de 1995 admitió la aplicación del régimen general. En razón a esto,
el artículo 46 de dicha norma garantiza la pensión de sobrevivientes del pensionado
o del afiliado fallecido a favor de su cónyuge supérstite o compañera permanente y,
en su defecto, de sus padres.

2.2. Contestación de la demanda

2.2.1. Departamento de Caldas – Secretaría de Educación

16. La Secretaría de Educación del departamento de Caldas, por conducto de
apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que se
encarga únicamente de recibir y radicar las prestaciones sociales de los docentes
que pertenezcan a la entidad territorial, de acuerdo con los requisitos previstos por
la sociedad fiduciaria encargada de administrar el fondo, en este caso la
Fiduprevisora S.A. De esta manera, sostuvo que cumplió con los términos previstos
para el reconocimiento y pago de la pensión, de suerte que la responsabilidad de la
mora recaía en la fiduciaria. Planteó como excepciones, la falta de legitimación en
la causa por pasiva, la buena fe y la prescripción8.

2.2.2. Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag

17. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, por conducto de
apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda porque no existió
una relación entre el docente y la entidad, comoquiera que esta se dio fue con el
ente territorial. A su vez, agregó que los docentes afiliados al fondo se rigen por el
procedimiento regulado en la Ley 91 de 1989 y en el Decreto 2831 de 2005 para el
reconocimiento de sus prestaciones sociales.

18. En ese orden, el Decreto 224 de 1972, en su artículo 7, previó la pensión de
sobrevivientes para quienes cumplieran por lo menos 18 años continuos o
discontinuos. Si bien esto también fue objeto de regulación por el artículo 46 de la
Ley 100 de 1993, la aplicación de esta normativa se exceptuó para quienes tuvieran
un régimen especial. De ahí se sigue que, en aplicación del Decreto 224 de 1972,

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2011, exp. 63001-23-31-000-2005-

00104-01 (1510-07).
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 17 de mayo de 2012, exp. 61001-23-31-000-2002-01085-

01 (0642-08).
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1.° de noviembre de 2012, exp. 13001-23-31-000-2005-

02358-01 (0682-11) y 76001-23-31-000-2006-03674-01 (1077-12).
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 7 de marzo de 2013, exp. 05001-23-31-000-2004-04048-

01 (1877-11).
8 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, principal,
19_ED_ACTUACIONE_14CONTESTACIONDEMAND.PDF, páginas 1 a 3 del archivo digital.
4

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00698-01 (2968-2021)
Demandante: Juan Antonio González Giraldo
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento de Caldas

no tienen derecho a la pensión post mortem los padres del docente fallecido sino
solo su cónyuge o compañera permanente.

19. Propuso las excepciones de la falta de integración del contradictorio, para lo
cual pidió la vinculación, como litisconsortes necesarios, del municipio de Manizales
y/o del departamento de Caldas y de la fiduciaria Fiduprevisora S.A.9; la ineptitud
sustantiva de la demanda por la falta de legitimación; la inexistencia del demandado
– falta de relación con el reconocimiento del derecho y falta de competencia de la
Nación, Ministerio de Educación Nacional para expedir el acto administrativo y
reconocer el derecho reclamado–;la ausencia de conciliación extrajudicial como
requisito de procedibilidad10; la prescripción; la buena fe y la genérica11.

2.3. Sentencia de primera instancia

20. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 4 de junio de
2020, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante.

21. Como fundamento de la decisión, expuso que en el proceso se acreditó que
para el momento del fallecimiento del señor Juan Antonio González Alzate, el 18 de
octubre de 1993, este había prestado sus servicios en el magisterio por un lapso de
16 años, 5 meses y 14 días. En ese sentido, era evidente que incumplió el requisito
de que trata el Decreto 224 de 1972, consistente en que el docente hubiera
trabajado por lo menos 18 años continuos o discontinuos. Por ende, el actor no tenía
derecho al reconocimiento pensional con fundamento en el régimen especial
docente.

22. Ahora bien, con relación a la aplicación de la Ley 100 de 1993, por
favorabilidad, el Tribunal consideró que para que resultara procedente acudir a esa
normativa y no contrariar el principio de irretroactividad, debía estar vigente cuando
se causó el derecho a la pensión de sobrevivientes reclamada, esto es, al momento
del fallecimiento del señor Juan Antonio González Alzate. No obstante, para el 18
de octubre de 1993 esta disposición no había entrado en vigor. En consecuencia,
no es aplicable el régimen general de pensiones.

23. El Tribunal precisó que aun cuando el demandante en sus pretensiones pidió
declarar que la normativa que gobierna la pensión de sobrevivientes son los
acuerdos 224 de 1966 – aprobado por el Decreto 3041 de 1966– y 049 de 1990 del

9 El magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Caldas, en audiencia inicial, precisó que el
departamento de Caldas ya hacía parte de la litis. Por su parte, aclaró que la entidad responsable del
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes es el Fomag, cuya representación recae
en el Ministerio de Educación Nacional. Por consiguiente, no existe una relación jurídico sustancial indivisible
con la Fiduprevisora S.A que impida un pronunciamiento de fondo sin la comparecencia de la sociedad. Así,
declaró no probadas las excepciones.
10 El magistrado sustanciador negó la prosperidad de esta excepción, al considerar que la parte demandante

agotó el requisito de conciliación y precisó que la accionada incurrió en imprecisiones al fundamentarla.
11 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, principal,
19_ED_ACTUACIONE_14CONTESTACIONDEMAND.PDF, páginas 16 a 38 del archivo digital.
5

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00698-01 (2968-2021)
Demandante: Juan Antonio González Giraldo
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ISS, esas normas no las citó como vulneradas y no las desarrolló en la demanda.
Por el contrario, manifestó que, en virtud del principio de favorabilidad, resultaba
aplicable la Ley 100 de 1993.

24. Por tanto, el Tribunal no emitió pronunciamiento sobre la aplicación de dichos
acuerdos, porque la fijación del litigio se circunscribió a determinar la procedencia
de aplicar la Ley 100 de 1993 sobre el régimen especial de los docentes en materia
de la pensión de sobrevivientes.

25. Finalmente, impuso condena en costas en contra del demandante, por haber
resultado vencido en el proceso y comoquiera que la accionada se vio en la
necesidad de asumir su defensa judicial, interviniendo en las etapas del proceso 12.

2.4. Recurso de apelación de la parte demandante

26. El actor, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, para que se revoque, con fundamento en los
siguientes argumentos:

27. Sostuvo que el acto administrativo demandado desconoció los postulados
jurisprudenciales y los artículos 21 del Código Sustantivo del Trabajo y 53 de la
Constitución Política de Colombia.

28. En este sentido, explicó que el Consejo de Estado ha admitido la aplicación
del régimen general de pensiones por favorabilidad, en lugar de la normativa
especial. En igual sentido, lo ha hecho la Corte Constitucional, quien ha reconocido
la procedencia de aplicar retrospectivamente la Ley 100 de 1993 en el marco del
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Al efecto, el recurrente citó la
sentencia T-415 de 2017.

29. En criterio del apelante, tiene derecho a acceder al reconocimiento pensional
dado que dependía únicamente de su hijo. A su vez, porque la posibilidad de aplicar
retrospectivamente la Ley 100 de 1993, es viable en aras de garantizar una vejez
digna.

30. El actor no compartió que el Tribunal no estudiara los acuerdos 224 de 1966
y 049 de 1990 y el Decreto 3041 de 1966, para lo cual invocó la primacía del derecho
sustancial sobre el procedimental. Bajo este entendido, el papel del operador
jurídico debe trascender dicha situación para proteger el derecho. Así pues, ante
iguales circunstancias de hecho, como ocurre con el señor Juan Antonio González
Giraldo, se debe aplicar la misma doctrina legal y constitucional13.

12 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, principal,
30_ED_ACTUACIONE_25SENTENCIAPRIMERAIN.PDF.
13 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, principal,
31_ED_ACTUACIONE_26RECURSOAPELACIONP.PDF.
6

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00698-01 (2968-2021)
Demandante: Juan Antonio González Giraldo
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Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento de Caldas

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

31. Mediante auto del 4 de mayo de 202314, se admitió el recurso de apelación
conforme al numeral 3 del artículo 247 del CPACA. Se ordenó notificar
personalmente al Ministerio Público y a las partes por estado.

32. Posteriormente, el 18 de abril de 202415, se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión.

33. La apoderada de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag indicó
que no es la entidad llamada a responder por las pretensiones, porque la
competencia radica en el ente territorial donde está adscrito el docente.
Adicionalmente, sostuvo que los afiliados al Fomag están exceptuados de la
aplicación de la Ley 100 de 199316. Por su parte, el apoderado del demandante
insistió en los cargos de apelación17.

34. El expediente ingresó al despacho para dictar sentencia el 8 de julio de
202418, sin pronunciamiento del Ministerio Público.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

35. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

36. Teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del
Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos en el recurso, corresponde a la Sala definir si:

37. ¿El demandante tiene derecho a que se le aplique retrospectivamente la Ley
100 de 1993, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes como
beneficiario de su hijo fallecido?

38. ¿El accionante tiene derecho a que se le reconozca la pensión de
sobrevivientes de conformidad con los acuerdos 224 de 1966 y 049 de 1990, en
virtud de la primacía del derecho sustancial sobre el procedimental?

14 Samai, índice 4.
15 Samai, índice 10.
16 Samai, índice 16.
17 Samai, índice 17.
18 Samai, índice 19.

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Radicación: 17001-23-33-000-2016-00698-01 (2968-2021)
Demandante: Juan Antonio González Giraldo
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Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento de Caldas

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Pensión de sobrevivientes

39. De conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados
por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán derecho a la pensión de
sobrevivientes y a la sustitución los miembros del grupo familiar del beneficiario de
la prestación que fallezca, en el siguiente orden:

«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia
se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5)
años continuos con anterioridad a su muerte.

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este
caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con
cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de
que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre
ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un
cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario
de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de
hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de
lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con
el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la
cual existe la sociedad conyugal vigente;

c) <Apartes tachados INEXEQUIBLES19> Los hijos menores de 18 años; los hijos
mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de
sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su
muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y

19 Corte Constitucional, sentencia C-066 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

8

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00698-01 (2968-2021)
Demandante: Juan Antonio González Giraldo
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento de Caldas

cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y,
los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no
tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para
determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de
la Ley 100 de 1993;

[…].

40. Esta corporación ha resaltado que la finalidad de la sustitución pensional «es
la protección de la familia, entendida como el conjunto de personas allegadas al
trabajador que dependían económicamente de él y que quedan desamparadas a
causa de su fallecimiento»20. En consonancia, la Corte Constitucional ha precisado
que esta pretende salvaguardar o mantener el nivel de vida que tenía el beneficiario
antes del deceso del pensionado21.

41. Ahora bien, en cuanto a la norma que rige el derecho pensional, la Sección
Segunda, en sentencia del 25 de abril de 201322, precisó que «el derecho a la
pensión de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del pensionado».
Por tanto, estableció que «rectifica la posición adoptada en sentencias de abril 29
de 201023 y noviembre 1º de 201224, en las que, en materia de sustitución pensional
se aplicó una ley nueva o posterior a hechos acaecidos antes de su vigencia, en
ejercicio de la retrospectividad de la ley, precisando que no hay lugar a la aplicación
de tal figura, toda vez que la ley que gobierna el reconocimiento de la pensión de
beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una
posterior».

42. En este contexto, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado ha reconocido que25, aunque con anterioridad la jurisprudencia admitía la
aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, por el principio de favorabilidad, esta
postura fue rectificada con ocasión de la expedición de la sentencia del 25 de abril

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2018. Radicado 08001-

23-31-000-2010-00983-01(3178-15).
21
Sentencia T-085 de 2021.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, proceso con radicado 76001-23-31-

000-2007-01611-01 (1605-2009), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
23 Radicación No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en la

que se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 12 de 1975,
a pesar de que el fallecimiento había ocurrido en octubre de 1970.
24 Radicación No. 13001-23-31-000-2005-02358-01 (0682-11), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, en que

se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, a
pesar de que el deceso del causante se produjo el 20 de febrero de 1991. En esta oportunidad el doctor Gerardo
Arenas Monsalve salvó el voto en los siguientes términos: “Nótese además, desde el punto de vista práctico, el
complejo problema que surge con la tesis mayoritaria que no se comparte, de aplicar el régimen general de la
Ley 100 de 1993 a situaciones que se resolvieron plenamente antes de su vigencia. Como se trata de pensiones,
y éstas no tienen término de prescripción, todos los derechos pensionales de sobrevivientes, resueltos en su
momento aplicando válidamente la legislación anterior, resultan ahora sorpresivamente litigiosos, es decir,
susceptibles de discusión judicial, así el fallecimiento del causante se haya producido en vigencia de esa
legislación anterior, y así se hayan reconocido los derechos derivados del régimen anterior. El principio
constitucional de la sostenibilidad financiera, establecido en la Carta desde el Acto Legislativo No. 1 de 2005
queda en entredicho, con una extensión tan amplia y generalizada de la aplicación del régimen general”.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

16 de abril de 2026, exp. 41001-23-33-000-2019-00489-01 (3080-2025).
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Radicación: 17001-23-33-000-2016-00698-01 (2968-2021)
Demandante: Juan Antonio González Giraldo
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento de Caldas

de 201326. Esta última providencia, de manera expresa, dispuso lo siguiente:

[…] Para la Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la aplicación
retroactiva de la Ley 100 de 1993, pues considera que le es benéfica y favorece sus
pretensiones; no obstante, los derechos prestacionales derivados de la muerte […] se
consolidaron a la luz de las normas vigentes al momento de su fallecimiento, lo que
lleva a afirmar que no es viable la aplicación de la ley que se pretende, toda vez que
ello iría en contravía del principio de irretroactividad de la ley, derivado de la Ley 153
de 1887.

La ley sustancial, por lo general, tiene la virtud de entrar a regir las situaciones que se
produzcan a partir de su vigencia, pues aún no se encuentran consolidadas y, solo
por excepción, rigen de manera retroactiva; sin embargo, para que ello ocurra, el
contenido de la ley debe precisar lo pertinente, lo que no sucede en el caso de la Ley
100 de 1993, pues al tenor de lo dispuesto en su artículo 151 empezó a regir a partir
del 1º de abril de 1994.

En las anteriores condiciones, la demandante no tiene derecho a acceder al derecho
pensional consagrado en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que
los derechos prestacionales causados con la muerte de su cónyuge se consolidaron
en vigencia de la normatividad anterior, la que exigía el requisito de tener 15 o más
años de servicio activo y, como no cumplió ese requisito, no era viable su
reconocimiento.

Con los argumentos expuestos en forma antecedente, la Sala rectifica la posición
adoptada en sentencias de abril 29 de 2010 y noviembre 1º de 2012, en las que, en
materia de sustitución pensional se aplicó una ley nueva o posterior a hechos
acaecidos antes de su vigencia, en ejercicio de la retrospectividad de la ley,
precisando que no hay lugar a la aplicación de tal figura, toda vez que la ley que
gobierna el reconocimiento de la pensión de beneficiarios es la vigente al momento
del fallecimiento del causante y no una posterior […].

43. A raíz de lo anterior, la Subsección A de la Sección Segunda de la
corporación ha estimado que es improcedente la aplicación retrospectiva de la Ley
100 de 199327. Asimismo, la Subsección B ha considerado que la norma aplicable
para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es la que esté en vigor al
momento del fallecimiento del causante28, esto es, cuando surge el derecho a la
prestación.

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de

2013, exp. 76001-23-31-000-2007-01611-01 (1605-2009).
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 30

de marzo de 2017, exp. 05001-23-33-000-2013-00843-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 11 de mayo de 2017, exp. 15001-23-33-000-
2013-00783-01.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

16 de abril de 2026, exp. 41001-23-33-000-2019-00489-01 (3080-2025), M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 25 de julio de 2024, exp. 17001-23-33-000-2017-00888-01 (5592-2023), M.P. Jorge Edison
Portocarrero Banguera. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 24 de mayo de 2024, exp. 76001-23-33-000-2017-00148-01 (5265-2022), M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Demandante: Juan Antonio González Giraldo
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento de Caldas

44. Recientemente, en la sentencia SU-082 de 202229, expedida en el marco del
análisis del régimen pensional de la fuerza pública, la Corte Constitucional consideró
que debía aplicarse la normativa vigente al momento del fallecimiento de los
conscriptos y los soldados voluntarios. Aunque analizó la aplicación del principio de
favorabilidad, determinó que esto no era posible para efectos de emplear la Ley 100
de 1993, ya que ello conllevaría a una aplicación retroactiva de la ley, que, además,
no está respaldada en el régimen especial de la fuerza pública.

45. Igualmente, la Corte Constitucional, en la providencia citada, descartó la
aplicación retrospectiva de la ley, porque para la fecha del deceso, que tuvo lugar
en 1992, no existía una norma que habilitara la posibilidad de reconocer la pensión
de sobrevivientes a favor de los familiares del fallecido.

3.3.2. El principio de favorabilidad en materia pensional

46. El principio de favorabilidad está previsto en el artículo 53 de la Constitución
Política al indicar que es un principio mínimo fundamental la «situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho».

47. El referido principio es una manifestación del principio protector en materia
laboral, según el cual, «se protege a la parte más vulnerable de la relación laboral,
que es el trabajador, y por ende hay desigualdad o discriminación positiva en su
favor a fin de equipararlo con la otra»30. Se aplica cuando existe conflicto entre dos
normas vigentes para el momento en que se causa el derecho, por lo tanto, bajo
este principio se debe escoger integralmente la norma que representa un mayor
beneficio para el trabajador. Esto último de conformidad con el principio de
inescindibilidad.

48. En este orden de ideas, la aplicación del principio de favorabilidad supone
que se acrediten los siguientes requisitos31:

• La existencia de varias fuentes formales de derecho que regulen la misma situación
fáctica.
-Que dichas fuentes se encuentren vigentes al momento de causarse el derecho.
-Que exista duda sobre cuál de ellas se debe aplicar.
-La fuente formal elegida debe aplicarse en su integridad.

49. Ahora bien, la Ley 100 de 1993, en el artículo 288 materializa el principio de
favorabilidad en materia pensional al disponer que «todo trabajador privado u oficial,
funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a que la
vigencia de la presente Ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que
estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma

29 M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, CE-SUJ2-009-18,

proceso con radicado 68001-23-33-000-2015-00695-01 (3760-16).
31 Idem.

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materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley».

50. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha definido dos manifestaciones
del principio de favorabilidad. En primer lugar, en sentido estricto, en virtud del cual
el juez que pueda elegir entre dos o más normas vigentes que regulen una misma
circunstancia, debe optar por aquella norma que más beneficie al trabajador. En
segundo lugar, el principio in dubio pro operario o de favorabilidad en sentido amplio
implica que, ante múltiples interpretaciones de una misma disposición, el juez debe
escoger la más provechosa para el empleado32.

51. En aplicación del principio de favorabilidad, la Corte Constitucional y esta
Sección en anteriores ocasiones han optado por la inaplicación de los regímenes
exceptuados en materia de seguridad social, cuando se demuestra que sin razón
justificada las diferencias surgidas de la aplicación de los regímenes especiales
generan un trato desfavorable para sus destinatarios, frente a quienes se
encuentran sometidos al régimen común.

52. Con todo, se debe recalcar que la aplicación del principio de favorabilidad
debe darse respecto de las normas vigentes al momento de causación del derecho.
Puntualmente, para el caso de la pensión de sobrevivientes, esta corporación ha
precisado que las normas que la gobiernan son aquellas vigentes a la fecha del
deceso del causante.

3.3.3. Aplicación del principio de la condición más beneficiosa en materia de
pensión de sobrevivientes

53. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en materia
de pensión de sobrevivientes, ha determinado la posibilidad de aplicar la condición
más beneficiosa como un mecanismo para proteger las expectativas legítimas de
quienes acreditaran el requisito de semanas mínimo de la norma previamente
derogada. En todo caso, no se ha desconocido el criterio según el cual el derecho
a la pensión de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del causante,
puesto que fue durante su vigencia que se produjo el deceso. Así se expuso 33:

[…] esta Sala concluye que es procedente la aplicación del Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 de 1990, de conformidad con la condición más beneficiosa
y la aplicación del principio de favorabilidad que permite el estudio de la disposición
inmediatamente anterior a la vigente al momento del fallecimiento, siempre que el
afiliado hubiera aportado la densidad de semanas requeridas para el reconocimiento
del derecho pensional. Ahora bien, determinada la normatividad aplicable a la pensión
de sobrevivientes se debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en ésta
para su reconocimiento.

32 Corte Constitucional, Sentencia SU-140 de 2019.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, proceso con radicado

66001-23-33-000-2020-00136-01 (2451-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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3.3.4. Régimen pensional aplicable a los docentes

54. A través de la Ley 43 de 1975 el legislador nacionalizó la educación primaria
y secundaria que prestaban los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los
municipios, las intendencias y comisarías. En razón a ello, según el artículo 1 de
dicha norma, los gastos de este servicio público estarían a cargo de la Nación.

55. Así las cosas, se expidió la Ley 91 de 1989, por la cual se creó el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de atender las
prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados, y se señaló la
manera como la Nación y los entes territoriales asumirían la carga prestacional del
personal docente. Puntualmente, en el artículo 15 de esta ley se indicó:

A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado
y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las
siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con
las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes
aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decreto 3135 de 1968, 1848
de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones
consagradas en esta ley.

56. En materia de pensión post mortem o por causa de muerte, el Decreto 224
de 1972 por el cual se dictaron normas especiales relacionadas con el ramo
docente, en su artículo 7 previó:

«Artículo 7.- En caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el
requisito de edad exigido para la obtención de la pensión, pero que hubiere
trabajado como profesor en planteles oficiales por lo menos diez y ocho (18) años
continuos o discontinuos, el cónyuge y los hijos menores tendrán derecho a que
por la respectiva entidad de previsión se pague una pensión equivalente al 75%
de la asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el docente al
tiempo de la muerte mientras aquel no contraiga nuevas nupcias o el hijo menor
cumpla la mayoría de edad y por un tiempo máximo de cinco (5) años.»

57. Es así como, el Decreto 224 de 1972, en su artículo 7, contiene una norma
especial que ampara a los beneficiarios de los docentes fallecidos que al momento
de su deceso no habían cumplido con los requisitos para percibir pensión de
jubilación, otorgándoles el derecho a la pensión post mortem pero sólo cuando
hubiesen laborado en planteles oficiales durante un periodo mínimo de 18 años
continuos o discontinuos, caso en el cual se habilita para el cónyuge y los hijos
menores, el derecho a una pensión equivalente al 75% de la asignación mensual
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Radicación: 17001-23-33-000-2016-00698-01 (2968-2021)
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Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento de Caldas

fijada para el cargo desempeñado por el docente al tiempo de su fallecimiento, sin
el límite temporal que inicialmente se le dio a dicha prestación, por la derogatoria
tácita que surgió al respecto con la expedición de la Ley 33 de 197334.

3.3.5. Decreto 3041 de 1966, que aprobó el Acuerdo 224 de 1966 y el Decreto
758 de 1990, que aprobó el Acuerdo 049 de 1990

58. La pensión de sobreviviente bajo el Decreto 3041 de 1966, aplicable
al Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ISS), exigía acreditar al menos 150
semanas de cotización en los 6 años anteriores a la muerte, o 75 semanas en los
últimos tres años (art. 20).

59. Luego a través del Decreto 758 de 1990 el Gobierno nacional aprobó el
Acuerdo 049 del 1 de febrero de 1990, por el cual se expidió el Reglamento General
del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte, con lo que unificó la
legislación existente sobre la materia. Este decreto rigió a partir de la fecha de su
publicación, esto es, el 11 de abril de 1990. En su artículo 135, el Decreto 758 de
1990 delimitó su campo de aplicación, mientras que en el 25 y subsiguientes36
reglamentó la pensión de sobrevivientes por muerte por riesgo común.

34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 17 de noviembre de 2017. Radicación

19001-23-33-000-2014-00295-01(0603-17)
35 «Artículo 1. Afiliados al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. Salvo las excepciones establecidas en el artículo

2 del presente Reglamento, estarán sujetos al seguro social obligatorio contra los riesgos de invalidez, vejez y
muerte de origen no profesional:
1. En forma forzosa u obligatoria:
a) Los trabajadores nacionales o extranjeros que presten sus servicios a patronos particulares mediante contrato
de trabajo o de aprendizaje;
b) Los funcionarios de seguridad social del Instituto de Seguros Sociales y,
c) Los pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a ser compartidas con las pensiones de vejez a cargo
del Instituto de Seguros Sociales o asumidas totalmente por él.
2. En forma facultativa:
a) Los trabajadores independientes;
b) Los sacerdotes diocesanos y miembros de las Comunidades Religiosas y,
c) Los servidores de entidades oficiales del orden estatal que al 17 de julio de 1977 se encontraban registradas
como patronos ante el ISS.
3. Otros sectores de población respecto de quienes se amplíe la cobertura del régimen de los seguros sociales
obligatorios.
36 Artículo 25. Pensión de sobrevivientes por muerte por riesgo común. Cuando la muerte del asegurado sea de

origen no profesional, habrá derecho a pensión de sobrevivientes en los siguientes casos:
a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el número y densidad de cotizaciones que se
exigen para adquirir el derecho a la pensión de invalidez por riesgo común y,
b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando o tenga causado el derecho a la pensión de invalidez o
de vejez según el presente Reglamento.
Artículo 26. Causación y percepción de la pensión de sobrevivientes. El derecho a la pensión de sobrevivientes
se causa cuando se reúnen los requisitos establecidos en el presente Reglamento y se reconoce y paga a partir
de la fecha del fallecimiento del asegurado o del pensionado.
Artículo 27. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por muerte por riesgo común. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes por riesgo común, los siguientes derechos habientes:
1. En forma vitalicia, el cónyuge sobreviviente y, a falta de éste, el compañero o la compañera permanente del
asegurado.
Se entiende que falta el cónyuge sobreviviente:
a) Por muerte real o presunta;
b) Por nulidad del matrimonio civil o eclesiástico;
c) Por divorcio del matrimonio civil y,
d) Por separación legal y definitiva de cuerpos y de bienes.
2. Los hijos legítimos, naturales y adoptivos menores de 18 años, los inválidos de cualquier edad, los
incapacitados por razón de sus estudios, siempre que dependan económicamente del asegurado y mientras

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Radicación: 17001-23-33-000-2016-00698-01 (2968-2021)
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Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento de Caldas

60. Visto lo anterior, conforme al Decreto 758 de 1990 se tiene derecho a la
pensión de sobrevivientes cuando el trabajador que fallezca reúna «el número y
densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensión de
invalidez por riesgo común», es decir, contar con 150 semanas cotizadas para el
Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, dentro de los últimos 6 años anteriores a la
fecha del estado de invalidez, o 300 semanas, en cualquier época, con anterioridad
al estado de invalidez (art. 6).

3.4. Hechos probados relevantes

61. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:

62. El señor Juan Antonio González Alzate nació el 6 de mayo de 195737. Frente
a «la vinculación con la que fue afiliado al FNPSM», fue docente nacionalizado,
nombrado en propiedad en el municipio de La Dorada – Caldas, a partir del 4 de
mayo de 1977, de conformidad con el Formato único para la Expedición de
Certificado de Salarios expedido el 19 de agosto de 2011, por la coordinadora de
hojas de vida de la Secretaría de Educación de Caldas38.

63. En igual sentido, el accionante era un docente afiliado al Fomag, como se
extrae de la constancia expedida por la Oficina de Prestaciones Sociales del
Magisterio, el 16 de noviembre de 201139.

64. Los señores Juan Antonio González Giraldo e Isaura Alzate Castaño
celebraron matrimonio el 13 de abril de 1952, como se desprende del Registro Civil
de Matrimonio con indicativo serial número 103533740.

65. El causante laboró como docente del 4 de mayo de 1977 hasta el 17 de
octubre de 1993, según el Oficio núm. CHV-348 del 19 de agosto de 2011, expedido
por la coordinadora de hojas de vida de la Gobernación de Caldas41.

subsistan las condiciones de minoría de edad, invalidez y los estudiantes aprueben el respectivo período escolar
y no cambien o inicien nueva carrera o profesión por razones distintas de salud. La invalidez será calificada por
los médicos laborales del Instituto.
3. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos, tienen derecho en forma vitalicia, los padres
del asegurado, incluidos los adoptantes, que dependían económicamente del causante.
4. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos con derecho o padres, la pensión
corresponderá a los hermanos inválidos que dependían económicamente del asegurado y hasta cuando cese
la invalidez.
37 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, principal,
8_ED_ACTUACIONE_02DEMANDA.PDF, página 23 del archivo digital.
38 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, principal,
8_ED_ACTUACIONE_02DEMANDA.PDF, página 35 del archivo digital.
39 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, principal,
8_ED_ACTUACIONE_02DEMANDA.PDF, página 57 del archivo digital.
40 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, principal,
8_ED_ACTUACIONE_02DEMANDA.PDF, páginas 25 y 26 del archivo digital.
41 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, principal,
8_ED_ACTUACIONE_02DEMANDA.PDF, página 34 del archivo digital.
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Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento de Caldas

66. El señor Juan Antonio González Alzate falleció el 18 de octubre de 1993,
según se extrae de la copia del Registro Civil de Defunción con indicativo serial
número 112488542.

67. Los señores Juan Antonio González Giraldo e Isaura Alzate Castaño, por
conducto de apoderado judicial, el 4 de mayo de 201243, le pidieron a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fomag, por conducto de la Secretaría de
Educación de Caldas, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, con
ocasión del fallecimiento del docente Juan Antonio González Alzate44.

68. El secretario de educación del departamento de Caldas, en nombre y
representación de la Nación, Fomag expidió la Resolución núm. 5618 del 10 de
octubre de 2012, en la que negó lo pretendido. En sustento, sostuvo que el docente,
a la fecha del fallecimiento, tenía menos de 18 años de servicio en el magisterio. En
ese entendido explicó que los docentes afiliados al Fomag se rigen por la Ley 91 de
1989 y que las normas aplicables al reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación son la Ley 6 de 1945, el Decreto 3135 de 1968, el Decreto 1848 de 1969,
la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988. De manera precisa, indicó que el artículo
279 de la Ley 100 de 1993 excluyó de su aplicación al personal docente afiliado al
Fomag y a las fuerzas militares45.

69. Inconformes con esta decisión, el 22 de octubre de 201246, los peticionarios
radicaron recurso de reposición, en el cual pidieron revocar la decisión y conceder
la prestación reclamada47.

70. La Secretaría de Educación del departamento de Caldas profirió la
Resolución núm. 5612 del 23 de agosto de 2013, que negó la reposición de la
Resolución núm. 5618 del 10 de octubre de 2012, para, en su lugar, confirmarla en
todas sus partes. Determinó que el señor Juan Antonio González Alzate se
desempeñó como docente en el Instituto Técnico Alfonso López de La Dorada –
Caldas y se afilió al Fomag. Agregó que los peticionarios no efectuaron un análisis
de la similitud fáctica y jurídica entre este caso y las decisiones aportadas.

71. En ese sentido, la entidad consideró impertinente variar el criterio
inicialmente sostenido, en punto a que el régimen aplicable era el previsto en la Ley
6ª de 1945, el Decreto 3135 de 1968, el Decreto 1848 de 1969, la Ley 33 de 1985
y la Ley 71 de 1988, entre otros, que no contemplaron como beneficiarios a los

42 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, principal,
8_ED_ACTUACIONE_02DEMANDA.PDF, página 29 del archivo digital.
43 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, principal,
14_ED_ACTUACIONE_09SUBASANADEMANDAPD.PDF, página 8 del archivo digital.
44 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, principal,
14_ED_ACTUACIONE_09SUBASANADEMANDAPD.PDF, páginas 6 a 11 del archivo digital.
45 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, principal,
8_ED_ACTUACIONE_02DEMANDA.PDF, páginas 62 y 63 del archivo digital.
46 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, principal,
19_ED_ACTUACIONE_14CONTESTACIONDEMAND.PDF, página 6 del archivo digital.
47 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, principal,
14_ED_ACTUACIONE_09SUBASANADEMANDAPD.PDF, página 9 del archivo digital.
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padres del docente fallecido48.

72. La señora Isaura Alzate de González falleció el 10 de octubre de 2013, según
el Registro Civil de Defunción, con el indicativo serial 07461274, que obra en el
proceso49.

73. En la audiencia de pruebas celebrada en el curso de este trámite judicial, el
Tribunal recibió los siguientes testimonios:

74. Jorge Orlando Orozco Orozco: indicó que tiene relación de parentesco con el
demandante, quien era su suegro. Sostuvo que Juan Antonio (hijo), su cuñado,
enseñó en La Dorada – Caldas en promedio 15-16 años y que estaba muy
pendiente de sus padres en la casa. Que este último respondía por sus padres
económicamente y les brindaba sustento, mercado, de suerte que, en general,
siempre les colaboraba. Mencionó que la muerte del hijo incidió negativamente en
los padres, no obstante, no recordaba de manera exacta cuándo falleció el señor
Juan Antonio González Alzate.

75. Germán Orozco Orozco: manifestó que no tiene relación de parentesco con
los demandantes y que conoció al hijo de don Antonio hace muchos años (alrededor
de 20 años) pero no se acordaba de su nombre. Expuso que la relación entre el
padre y el hijo era normal y que don Antonio le contó que su hijo era profesor. En
punto a la ayuda económica sostuvo que no tuvo conocimiento, porque vivía en
Pereira.

76. Martha Cecilia González Alzate: adujo que tiene relación de parentesco con
el señor Juan Antonio González Giraldo porque es su hija. En este contexto, relató
que a Juan Antonio González Alzate, su hermano, lo enviaron a laborar en La
Dorada – Caldas, aproximadamente hace 16 años, y que, desde ese entonces,
mantenía a sus padres. Al respecto, mencionó que su madre era ama de casa y su
padre tenía trabajos informales en el sector automotriz. Sus hermanos mayores
prestaban el servicio militar y su hermano, el señor Juan Antonio González iba cada
3 meses a ayudarlos. Después del fallecimiento de Juan Antonio González, los
demás hermanos tuvieron que dedicarse a trabajar para poderlos ayudar. Relató
que entre el hijo y los padres siempre existió una buena relación y que le enviaba
dinero, compraba mercado o cosas. Expuso que su padre nunca tuvo pensión y que
se mantuvo trabajando.

3.5. Caso concreto

77. En el asunto bajo análisis, el accionante, en calidad de padre del señor Juan
Antonio González Alzate, solicita la nulidad de las resoluciones núms. 5618 del 10

48 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, principal,
8_ED_ACTUACIONE_02DEMANDA.PDF, páginas 66 a 68 del archivo digital.
49 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, principal,
8_ED_ACTUACIONE_02DEMANDA.PDF, página 69 del archivo digital.
17

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00698-01 (2968-2021)
Demandante: Juan Antonio González Giraldo
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento de Caldas

de octubre de 2012 y 5612 del 23 de agosto de 2013, mediante las cuales la
Secretaría de Educación del departamento de Caldas, en nombre y representación
del Fomag, le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Como
fundamento de la demanda, indicó que aun cuando los docentes afiliados al Fomag
están excluidos de la aplicación de la Ley 100 de 1993, es procedente aplicar el
régimen especial del artículo 46 de dicha normativa, por favorabilidad.

78. En ese sentido, destacó que como el afiliado cotizó al menos 26 semanas al
momento de su fallecimiento, debía concederse el reconocimiento pensional. De ahí
que no acceder a lo pretendido derivaba en una afectación de los derechos
fundamentales a la vida digna y al mínimo vital.

79. El Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que el actor prestó sus servicios en el magisterio por 16 años, 5 meses y
14 días, por ello, no cumplió el requisito de que trata el Decreto 224 de 1972, que
exigía haber laborado 18 años continuos o discontinuos. Por otro lado, descartó
aplicar por favorabilidad la Ley 100 de 1993, al no estar vigente para el momento
del fallecimiento del causante, que ocurrió el 18 de octubre de 1993.

80. Finalmente, el Tribunal se abstuvo de hacer un estudio frente al derecho
pensional de conformidad con los acuerdos 224 de 1966 – aprobado por el Decreto
3041 de 1966– y 049 de 1990 del ISS, dado que el actor no hizo un desarrollo de
estas normas en su demanda y la fijación del litigio se circunscribió a determinar la
procedencia de aplicar la Ley 100 de 1993.

81. Inconforme con esta decisión, el demandante interpuso recurso de apelación,
para insistir en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 y en un estudio de
los acuerdos 224 de 1966 y 049 de 1990.

82. Para resolver el recurso de apelación, se destaca que en el proceso no se
discute que el actor fue el padre del señor Juan Antonio González Alzate, y se probó
que este último prestó sus servicios en el municipio de La Dorada – Caldas, como
docente, a partir del 4 de mayo de 1977 hasta el 17 de octubre de 1993, según el
Oficio núm. CHV-348 del 19 de agosto de 2011, expedido por la coordinadora de
hojas de vida de la Gobernación de Caldas50; que se afilió al Fomag51 – situación
que reconoció la propia entidad demandada en los actos enjuiciados–; y que falleció
el 18 de octubre de 199352. Finalmente, se acreditó que el demandante, pidió el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes; sin embargo, la entidad lo negó
mediante los actos administrativos demandados.

50 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, principal,
8_ED_ACTUACIONE_02DEMANDA.PDF, página 34 del archivo digital.
51 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, principal,
8_ED_ACTUACIONE_02DEMANDA.PDF, páginas 35 y 57 del archivo digital.
52 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, principal,
8_ED_ACTUACIONE_02DEMANDA.PDF, página 29 del archivo digital.
18

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00698-01 (2968-2021)
Demandante: Juan Antonio González Giraldo
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento de Caldas

• En cuanto a la norma aplicable para el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes

83. Ahora bien, se debe precisar que, en atención a la fecha de fallecimiento del
señor Juan Antonio González Alzate, el 18 de octubre de 1993, la norma que
gobierna el derecho a la pensión de sobrevivientes es la vigente al momento de la
contingencia, es decir, la muerte del afiliado. Lo anterior, de conformidad con la
sentencia de la Sección Segunda de esta corporación del 25 de abril de 201353, que
fijó como regla que «se aplican las normas del Sistema General de Pensiones sobre
convivencia en materia de pensión de sobrevivientes, si son los preceptos vigentes
para la fecha del fallecimiento, sin perjuicio de los derechos adquiridos bajo normas
anteriores».

84. En este orden de ideas, el Tribunal definió que la normativa aplicable al
presente asunto era el Decreto 224 de 197254 pero que el causante incumplió el
requisito de los 18 años exigidos en esa disposición, toda vez que laboró en el
magisterio por 16 años, 5 meses y 14 días. Comoquiera que el accionante no repara
en ello, sino que insiste en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, la Sala
se concentrará en el motivo de inconformidad.

• Sobre la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993

85. Puntualmente, en el recurso de apelación, el demandante insiste en la
aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, a la fecha de
fallecimiento del señor Juan Antonio González Alzate, el 18 de octubre de 1993, esa
disposición no estaba vigente. Lo anterior, comoquiera que dicha norma entró en
vigor el 1.° de abril de 1994 para el sector nacional, y el 30 de junio de 1995 para el
ámbito territorial, de conformidad con lo previsto en su artículo 151. Por lo tanto, no
estaba en vigencia al momento del deceso del causante, razón por la cual no puede
aplicarse para resolver la situación pensional aquí reclamada.

86. Además, en los términos de la jurisprudencia pacífica y reiterada de la
Sección, resulta improcedente aplicar esta normativa a situaciones anteriores, dado
que ello implicaría desconocer el principio de irretroactividad de la ley. Este criterio
ha sido reiterado por la Subsección B de la Segunda del Consejo de Estado 55. Por

53 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, proceso con radicado 76001-23-31-

000-2007-01611-01 (1605-2009), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
54 «ARTÍCULO 7º.- En caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el requisito de edad exigido

para la obtención de la pensión, pero que hubiere trabajado como profesor en planteles oficiales por lo menos
diez y ocho (18) años continuos o discontinuos, el cónyuge y los hijos menores tendrán derecho a que por la
respectiva entidad de previsión se pague una pensión equivalente al 75% de la asignación mensual fijada para
el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de la muerte mientras aquel no contraiga nuevas nupcias o el
hijo menor cumpla la mayoría de edad y por un tiempo máximo de cinco (5) años».
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del

24 de mayo de 2024, exp. 76001-23-33-000-2017-00148-01 (5265-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16
de abril de 2026, exp. 41001-23-33-000-2019-00489-01 (3080-2025), M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 25 de julio de 2024, exp. 17001-23-33-000-2017-00888-01 (5592-2023), M.P. Jorge Edison
Portocarrero Banguera.
19

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00698-01 (2968-2021)
Demandante: Juan Antonio González Giraldo
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento de Caldas

ende, en el ámbito del proceso contencioso-administrativo, el precedente vinculante
es el establecido en la sentencia del 25 de abril de 2013, que resulta de obligatoria
observancia.

87. En línea con lo anterior, se recuerda que el principio de favorabilidad en
materia laboral «se aplica en los casos en que existe duda sobre la disposición
jurídica aplicable, en tanto se encuentran dos o más textos legislativos vigentes al
momento de causarse el derecho56», es decir que a este principio se debe acudir
en caso de que se presente un conflicto entre normas, sin embargo, esto solo se
presenta si al momento en el que se hace exigible el derecho se encuentren
vigentes 2 o más disposiciones que regulen la situación del beneficiario.

88. En el caso en estudio, el presunto derecho pensional surgió con el
fallecimiento del empleado, el 18 de octubre de 1993, momento para el cual su
situación pensional se regía únicamente por el Decreto 224 de 1972, por lo que, no
existía duda frente a la disposición que debía aplicarse, es decir, no se estaba ante
aquellos casos en los que el operador ostentaba la obligación de acudir al aludido
principio.

89. Ahora bien, el accionante pretende justificar que derivado de la dependencia
económica con el causante, impera aplicar la Ley 100 de 1993. Sin embargo, la Sala
precisa que aun cuando esto estuviera demostrado, ello no habilita la aplicación
retrospectiva de dicha normativa.

90. Con todo, aun si la alegada dependencia estuviera demostrada, lo cierto es
que esa circunstancia no permite configurar una excepción que habilite la aplicación
retrospectiva de la Ley 100 de 1993. Es de anotar que, en el presente caso, se sigue
lo considerado por la Subsección en la sentencia del 25 de abril de 2013 del Consejo
de Estado y que ha sido reiterado por esta Subsección, como se explicó en
precedencia.

91. Ahora bien, el accionante reprocha que no se hubiera estudiado el derecho
pensional a la luz de los acuerdos 224 de 1966 y 049 de 1990. Al respecto, se tiene
que el Tribunal se negó a hacer un estudio con esas normas, dado que el actor no
las desarrolló en su demanda y porque la fijación del litigio en el trámite de la
referencia se circunscribió a determinar la procedencia de aplicar la Ley 100 de
1993.

92. No obstante lo anterior, la Sala da aplicación a lo dispuesto en la sentencia
de unificación CE-SUJ-SII-010-2018 proferida por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, el 12 de abril de 201857, en la que esta previó lo siguiente en punto a la
flexibilización de la justicia rogada en materia de la jurisdicción contencioso-
administrativa:

56 Corte Constitucional, sentencia T-088 de 2018.
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 12 de abril de

2018, exp. 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15).
20

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00698-01 (2968-2021)
Demandante: Juan Antonio González Giraldo
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento de Caldas

De acuerdo con la flexibilización de la justicia contenciosa administrativa y el objeto
y principios que la inspiran58, debe atenderse de manera especial el hecho de que
el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011 define que el objeto de los procesos ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo es la efectividad de los derechos
reconocidos en la Constitución Política y la ley, así como la preservación del orden
jurídico. Con ello, surge con mayor auge el principio iura novit curia, el cual hace
referencia a la obligación del juez de aplicar el derecho pese a las deficiencias en la
invocación de los fundamentos normativos por las partes y de resolver los conflictos
sometidos a su conocimiento a la luz de las normas que correspondan, sin que ello
constituya un fallo extra petita. El aludido principio permite materializar el derecho
de acceso a la administración de justicia consagrado en el Preámbulo y en el artículo
229 de la Constitución Política, e igualmente en el artículo 2 de la Ley 270 de 1996,
toda vez que apunta a la resolución de fondo del proceso judicial. […]

En esas condiciones, es claro que el derecho pensional, como prestación concebida
dentro del sistema de seguridad social integral, no debe considerarse ajeno a dicho
principio, máxime si se tiene en cuenta su naturaleza de fundamental, irrenunciable
y de aplicación inmediata, lo que en principio faculta al juez para verificar el alcance
de las pretensiones59, interpretar los hechos de la demanda60 e incluso para aplicar
el régimen pensional que corresponda a los presupuestos fácticos, así el citado
régimen no haya sido expresamente invocado en la demanda o haya sido invocado
de manera errónea.

93. Bajo este entendido, el juez de lo contencioso-administrativo está facultado
para aplicar el régimen pensional que corresponda en aplicación de los supuestos
fácticos invocados en la demanda. De ahí que no se afecta el principio de
congruencia porque desde el escrito inicial el demandante pidió la aplicación de los
acuerdos núms. 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, y núm. 049
de 1990, expedidos por el ISS. Por consiguiente, procede el análisis de dichas
disposiciones, en garantía del derecho pensional.

• En torno a la aplicación del Decreto 3041 de 1966 que aprobó el Acuerdo
224 de 1966

94. La Sala considera que no es posible aplicar el Decreto 3041 de 1966 porque
en su artículo 161 no están previstos los docentes oficiales; y, además, en lo que

58 Artículo 103 Ley 1437 de 2011.
59 Consejo de Estado, Sección Segunda, 6 de abril de 2011. Rad.: 11001-03- 25-000- 2009-00038- 00(0901-

09).
60 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de octubre de 2016, radicación: 52001-

23-31-000-1998-00092-01(38335), actor: Agrocultivos del Pacífico y otros.
61 Artículo 1. Estarán sujetos al Seguro Social obligatorio contra los riesgos de invalidez y muerte de origen no

profesional y contra el riesgo de vejez:
a. Los trabajadores nacionales y extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo presten servicios a patronos
de carácter particular, siempre que no sean expresamente excluidos por la ley o por el presente reglamento;
b. Los trabajadores que presten servicios a entidades empresas de derecho público semioficiales o
descentralizadas cuando no estén excluidos por disposición legal expresa;
c. Los trabajadores que mediante, contrato de trabajo presten servicios a entidades de derecho público, en la
construcción y conservación de las obras públicas y en las empresas o institutos comerciales, industriales,

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Radicación: 17001-23-33-000-2016-00698-01 (2968-2021)
Demandante: Juan Antonio González Giraldo
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento de Caldas

tiene que ver con el reconocimiento de la pensión post mortem el Decreto 224 de
1972 de manera expresa regula ese aspecto. En ese sentido, se tiene que es
inviable la aplicación del Decreto 3041 de 1966 a los docentes oficiales, por existir
una normativa especial62.

95. Adicionalmente, como lo ha puesto de presente la Sala en anteriores
oportunidades63, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en aplicación
del Decreto 3041 de 1966 tiene como base las semanas de cotización realizadas al
ISS, la acumulación de semanas entre el ISS y otra entidad de previsión social o al
empleador en los casos en que no se hubiere cotizado. De tal forma que, solo se
pueden beneficiar de lo allí dispuesto los trabajadores del sector privado que
efectúen cotizaciones al ISS o, en forma excepcional, los empleados públicos que
se encontraran afiliados al riesgo de pensión de esa entidad y, por ende, efectuaran
cotizaciones al ISS, y a otras entidades de previsión social.

96. Aplicado lo anterior al caso puntual, se tiene que, conforme al material
probatorio allegado al proceso, el señor Juan Antonio González Alzate laboró como
docente oficial del 4 de mayo de 197764 hasta el 17 de octubre de 199365 y se afilió
al Fomag. Así las cosas, no es procedente aplicar en forma extensiva el Decreto
3041 de 1966 al demandante, porque se incumplió la carga de la prueba66 tendiente
a demostrar que el causante estuvo afiliado al ISS y efectuó cotizaciones para el
riesgo de vejez.

97. En línea con lo anterior, para la Sala tampoco hay lugar a aplicar el principio
de la condición más beneficiosa porque, este postulado permite que el
reconocimiento de una prestación pensional se analice de acuerdo con un régimen
pensional derogado, anterior al vigente al momento de la causación del derecho que
resulta más favorable para el afiliado o beneficiario. Lo anterior, cuando en vigencia
del régimen anterior, el afiliado o beneficiario hubiere concretado una expectativa
legítima, y siempre que el legislador llevare a cabo una modificación de los
requisitos para acceder a la prestación pensional que hizo más gravoso su

agrícolas, ganaderos o forestales, que aquellas entidades exploten directa o indirectamente o de los cuales
sean accionistas o copartícipes; d. Los trabajadores que presten servicios a un sindicato para la ejecución de
un contrato sindical, caso en el cuál la entidad profesional se entiende patrono de los trabajadores.
Parágrafo. Para los trabajadores independientes, los de servicio doméstico, los trabajadores a domicilio y los
trabajadores agrícolas de empresas no mecanizadas se hará efectiva la obligación al Seguro en el Instituto
Colombiano de Seguros Sociales contra los mencionados riesgos, cuando se adopten los reglamentos que
determinen la forma de protección y las modalidades tanto de las prestaciones, como financiación y de
administración del seguros, que correspondan a las condiciones laborales, económicas y sociales de las citadas
categorías de trabajadores.
62 En ese sentido, se pronunció la Subsección en la sentencia proferida el 19 de febrero de 2026, dentro del

exp. 05001-23-33-000-2016-02743-02 (4009-2021).
63 Ibidem.
64 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, principal,
8_ED_ACTUACIONE_02DEMANDA.PDF, página 35 del archivo digital.
65 Samai, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso, principal,
8_ED_ACTUACIONE_02DEMANDA.PDF, página 34 del archivo digital.
66 Artículo 167 del CGP.

22

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00698-01 (2968-2021)
Demandante: Juan Antonio González Giraldo
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento de Caldas

reconocimiento y, sin embargo, no previó un régimen de transición para amparar las
expectativas legitimas de los afiliados y beneficiarios67.

98. En torno a lo expuesto, estas circunstancias no se presentan en el caso
objeto de estudio, en la medida en que el causante prestó todos sus servicios como
docente en vigencia del Decreto 224 de 1972, desde el 4 de mayo de 1977 hasta el
17 de octubre de 1993, por lo que no hay lugar a aplicar el Decreto 3041 de 1966.

• Frente a la aplicación del Decreto 758 de 1990 que aprobó el Acuerdo
049 de 1990

99. Si bien el Acuerdo 049 de 1990, «por el cual se expide el Reglamento General
del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte», estaba vigente el 18 de
octubre de 1993, cuando falleció el señor Juan Antonio González Alzate, su
aplicación por favorabilidad al caso puntual resulta improcedente para reconocer la
pensión de sobrevivientes. Lo anterior, ya que, como se ha expuesto, no se probó
que el causante hubiera estado afiliado al ISS durante su vida laboral, de modo que
no fue beneficiario del Acuerdo 049 de 1990. En el mismo sentido, esta corporación
ha considerado que para la aplicación del referido acuerdo del ISS, se parte del
supuesto de la afiliación y cotización efectiva al ISS68.

100. En efecto, el causante falleció antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993,
bajo el amparo de lo regulado en el Decreto 224 de 1972 relativo al ramo docente.
Así pues, se concluye que el señor Juan Antonio González Giraldo no tiene derecho
al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, toda vez que el causante no
estuvo afiliado al ISS y, por tanto, durante la vigencia del Acuerdo 049 de 1990 no
consolidó ninguna expectativa frente a la pensión de sobrevivientes para sus
beneficiarios.

101. En este orden de ideas, al margen de la vigencia del Acuerdo 049 de 1990,
esta norma resulta inaplicable al supuesto de hecho del caso concreto, lo que hace
improcedente la aplicación del principio de favorabilidad. Por ende, se desestiman
los argumentos de la apelación y se confirma el fallo que negó las pretensiones de
la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.

4. Costas

102. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 69 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
67 En estos términos se pronunció la Subsección en la sentencia proferida el 19 de febrero de 2026, dentro del

exp. 05001-23-33-000-2016-02743-02 (4009-2021). En dicha providencia, se citaron como referentes las
sentencias SU-442 de 2016, SU-005 de 2018, SU-556 de 2019, SU-038 de 2023 y SU-072 de 2024, entre
muchas otras, proferidas por la Corte Constitucional.
68 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de septiembre de 2025, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2018-00544-01 (2252-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
69 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse

a un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la

23

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00698-01 (2968-2021)
Demandante: Juan Antonio González Giraldo
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento de Caldas

presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio,
sino que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe
verificarse que la parte vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria,
etc. Así las cosas, en esta oportunidad se revocará la condena en costas impuesta
en primera instancia y no se condenará en costas, en segunda instancia, porque no
se advierte que la parte haya incurrido en las anteriores conductas.

5. Conclusión

103. En suma, la norma aplicable al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes es la vigente al momento del fallecimiento del causante – en este
caso, el Decreto 224 de 1972–, norma bajo la cual el señor Juan Antonio González
Giraldo no reunió los requisitos para causar el derecho. La aplicación retrospectiva
de la Ley 100 de 1993 no es procedente conforme al criterio de esta Sección.
Tampoco es viable reconocer la pensión al amparo del Decreto 3041 de 1966 que
aprobó el Acuerdo 224 de 1966 y del Decreto 758 de 1990 que aprobó el Acuerdo
049 de 1990, porque no se acreditó que el trabajador hubiera estado afiliado al ISS.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 4 de junio de 2020, por la Sala Quinta
de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la
demanda, salvo la condena en costas que se revoca, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva.

Segundo: Sin condena en costas en ambas instancias.

Tercero: Reconocer personería, como abogada sustituta de la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fomag a María Teresa Acosta Amaya, identificada con
cédula de ciudadanía número 1.083.030.978 y portadora de la tarjeta profesional

regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo
188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas
«cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o
mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de
determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso
segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en
los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas
«cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los
parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas,
sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia
con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
24

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00698-01 (2968-2021)
Demandante: Juan Antonio González Giraldo
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y departamento de Caldas

número 356.319 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del memorial
que obra a índice 16.

Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

25

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