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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00787-01

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00787-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 21 de octubre de 2019, por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda incoada por la señora Silvia Botero Agudelo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP); en el sentido de declarar la nulidad parcial de las Resoluciones RDP 042091 de 14 de octubre de 2015; RDP 016086 de 18 de abril de 2016; y RDP 018122 de 6 de mayo de 2016, únicamente en lo relativo a la falta de inclusión de los valores ajustados de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, producto del proceso de homologación y nivelación salarial, realizado por el departamento de Caldas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 22 Radicación: 17001-23-33-000-2016-00787-01 (2289-2020) Demandante: Silvia Botero Agudelo Segundo. Modificar parcialmente el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 21 de octubre de 2019, por el Tribunal Administrativo de Caldas, en el sentido de condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) a reliquidar la pensión de jubilación reconocida a la demandante, a partir del 23 de febrero de 2012, por prescripción trienal, en un equivalente al 75 % del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio, incluida la nivelación producto del proceso de homologación realizado por el departamento de Caldas, teniendo en cuenta los factores salariales de la asignación básica y la bonificación de servicios en una doceava parte, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia del 21 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas. Cuarto. Sin condena en costas en segunda instancia. Quinto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2016-00787-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

28 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2016-00787-01 (2289-2020)
Demandante: Silvia Botero Agudelo
Demandado: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y otro

Temas: Reliquidación de pensión de jubilación

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia proferida el 21 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Caldas, por medio de la cual se accedió parcialmente las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Silvia Botero Agudelo formuló demanda, en
orden a que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones:

• RDP 042091 del 14 de octubre de 2015, emitida por la Unidad Administrativa de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
mediante la cual negó una petición de reliquidación de la pensión de jubilación,
elevada por la actora.

• RDP 016086 del 18 de abril de 2016, expedida por la UGPP, a través de la cual

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00787-01 (2289-2020)
Demandante: Silvia Botero Agudelo

resolvió un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución RDP 042091 de
2015, en el sentido de revocar su contenido.1

• RDP 018122 del 6 de mayo de 2016, por medio de la cual UGPP desató el recurso
de apelación interpuesto contra la Resolución RDP 042091 de 2015 y resolvió estarse
a lo resuelto en la Resolución RDP 016086 de 2016.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) ordenar a la UGPP reliquidar la pensión de jubilación reconocida a su favor, de
acuerdo con las Leyes 33 y 62 de 1985, con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicio y teniendo en cuenta los nuevos
valores de los factores salariales percibidos, producto del proceso de homologación
y nivelación salarial ordenado por el departamento de Caldas, mediante Decreto
0399 del 20 de abril de 2007; ii) reconocer e incluir en la liquidación de la pensión
de jubilación los factores salariales de la prima de servicios, prima de vacaciones y
prima técnica, efectivamente devengadas, de conformidad con el Decreto 1045 de
1978; iii) ordenar a la entidad demandada pagar el retroactivo pensional que resulte
a su favor; iv) condenar a la UGPP a indexar los valores reconocidos hasta la fecha
del pago efectivo; v) dar cumplimiento de la sentencia en los términos de los
artículos 192 y siguientes del CPACA; y vi) condenar en costas y agencias del
derecho a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos2

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

1 La autoridad pensional señaló que la señora Silvia Botero Agudelo tenía el derecho a la
reliquidación de su pensión de jubilación efectiva a partir del 27 de diciembre de 2002, con efectos
fiscales desde el 23 de noviembre de 2012, por prescripción trienal; en cuantía de $904.898, y
tomando una tasa de reemplazo del 75% del promedio de los factores devengados entre el 27 de
diciembre de 2001 y el 26 de diciembre de 2002, esto es, la asignación básica y la bonificación por
servicios prestados.

Finalmente, sostuvo que no era procedente la inclusión de todos los factores salariales pretendidos,
en consideración a lo dispuesto en el Decreto 1158 de 1994; aunado al hecho de que en la
certificación de factores salariales aportada, no se establecía que la prima técnica fuera factor de
salario.
2 Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho

acápite.

2

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00787-01 (2289-2020)
Demandante: Silvia Botero Agudelo

i) El 4 de febrero de 1940, nació la señora Silvia Botero Agudelo.

ii) La señora Botero Agudelo prestó sus servicios en la Secretaría de Educación del
departamento de Caldas hasta el 31 de diciembre de 2002.

iii) El 12 de noviembre de 2002, a través de la Resolución 31817, la Caja Nacional
de Previsión Social, reconoció una pensión de jubilación a la actora, condicionada
al retiro definitivo del servicio. Posteriormente, la prestación fue reliquidada por la
Resolución 2858 del 2 de abril de 2004, en cuantía de $ 378.270,04.

iv) El 2 de diciembre del 2010, el departamento de Caldas expidió el Decreto 337
por medio del cual modificó el Decreto 399 del 20 de abril del 2007, a través del cual
efectuó una serie de ajustes salariales a algunos cargos del sector educativo, de los
que resultó beneficiada la señora Botero Agudelo. Así, por medio de las
Resoluciones 1735 del 22 de marzo y 4465 del 26 de junio del 2013, se realizó a su
favor una nivelación salarial correspondientes a los años 1997 a 2002.

v) En el año 2015, debido a que la citada nivelación incrementó el salario devengado
por la señora Botero Agudelo, solicitó ante la UGPP la reliquidación de la pensión con
el fin de que se aumentara el ingreso base de liquidación.

vi) El 14 de octubre de 2015, la UGPP expidió la Resolución RDP 042091, a través de
la cual negó reliquidación de la pensión de jubilación solicitada.

vii) El 18 de abril de 2016, la UGPP profirió la Resolución RDP 016086, por medio de
la cual a. revocó la Resolución RDP 042091 de 2015 y, en consecuencia, b. reliquidó
la pensión de jubilación de la demandante, con una asignación mensual de
«$ 1.710.672»3 (sic). Para tal efecto, la autoridad pensional dio aplicación de la Ley
33 de 1985, por lo que liquidó la prestación con una tasa de reemplazo del 75 % del
promedio de los salarios devengados «en los últimos diez años»4 (sic); sin embargo,
excluyó la prima técnica, prima de alimentación mensual, prima de antigüedad,
prima de vacaciones, prima de navidad y prima de servicios.

3 Se realiza transcripción del hecho, tal como lo narra la demandante, folio 5 del cuaderno 1.
4
Se realiza transcripción del hecho, tal como lo narra la demandante, folio 6 del cuaderno 1.

3

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00787-01 (2289-2020)
Demandante: Silvia Botero Agudelo

viii) El 6 de mayo de 2016, con la expedición de la Resolución RDP 018122 la UGPP
confirmó la Resolución RDP 016086 de 2016.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución
Política; 1.º y 3.º de la Ley 33 de 1985; 1.º de la Ley 62 de 1985; y 36 y 288 de la
Ley 100 de 1993; la Ley 115 de 1994 y el Decreto 2277 de 1979.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
siguientes argumentos:

i) Es de carácter vinculante y obligatorio el precedente sentado por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 20105,
según el cual la Ley 33 de 1985 y el Decreto 1045 de 1978, no indican en forma
taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, lo
cual no impide la inclusión de otros conceptos devengados, de manera habitual, por
el trabajador durante el último año de servicio.

ii) En virtud del principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 de la
Constitución Política, para calcular la pensión de jubilación de la demandante deben
incluirse todos los factores devengados durante el último año de servicio, entre ellos
la prima técnica que, a pesar de no ser factor salarial, representa el 50 % del salario
mensual percibido desde 1992.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) por intermedio de apoderado, se opuso

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación de 4 de agosto de 2010, radicado N.º 25000232500020060750901 (0112-2009),
consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
El demandante señala que dicha postura fue reiterada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
en sentencias de 3 de febrero de 2011, radicado N.º 25000232500020070104401 (0670-10), y 25 de
febrero de 2016, radicado N.º 25000234200020130154101; y por la Sala de Consulta y Servicio Civil
en concepto de 16 de febrero de 2012, radicado N.º 11001030600020110004900.

4

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00787-01 (2289-2020)
Demandante: Silvia Botero Agudelo

a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a
continuación:6

i) Está acreditado que la señora Botero Agudelo es beneficiaria del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, porque para la época de entrada en vigencia
contaba con más de 35 años de edad, en consideración a que nació el 4 de febrero
de 1940. Así, tiene el derecho a que le sean aplicados los requisitos de la edad,
tiempo de servicio y monto consagrados en la Ley 33 de 1985; no obstante, la base
de liquidación de la prestación, se debe definir con fundamento en los artículos 21
o 36 (inciso 3º) de la Ley 100 de 1993 y con los factores salariales señalados en el
Decreto 1158 de 1994.

ii) La anterior posición tiene fundamento en los pronunciamientos realizados por la
Corte Constitucional, a través de las Sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015
y por el Consejo de Estado en sentencias dictadas en el marco de acciones de tutela
el 15 de diciembre del 2015 y 17 de noviembre de 2016.7

iii) Lo pretendido por la actora transgrede el principio de irretroactividad de las
normas, porque solicita la reliquidación de la pensión de jubilación, teniendo en
cuenta la homologación y nivelación salarial sobre un acto generado por el
empleador, donde no intervino la UGPP y que se produjo 11 años después de
haberse reconocido la prestación.

iv) Los argumentos de la demandante carecen de veracidad pues se encuentran
acreditadas las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido
y prescripción.

1.2.1.1. Llamamiento en garantía

La UGPP, por intermedio de apoderada, solicitó llamar en garantía al Ministerio de
Educación Nacional, por ser esta última entidad la que realizó, en calidad de

6 Folios 176 al 194 del cuaderno 1.
7 La UGPP cita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencias de fechas 15 de diciembre del 2015, radicado N.º 11001031500020150133401, y 17 de
noviembre de 2016, radicado N.º 11001031500020160062501.

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Radicación: 17001-23-33-000-2016-00787-01 (2289-2020)
Demandante: Silvia Botero Agudelo

empleador, aportes y descuentos al sistema general de seguridad social en
pensiones a favor de la señora Silvia Botero Agudelo.8

En consecuencia, teniendo en cuenta que las pretensiones de la demanda se
circunscriben a que se reliquide la pensión de jubilación de la actora, incluyendo,
por un lado, los nuevos valores de los factores salariales devengados, producto del
proceso de homologación y nivelación ordenado por el departamento de Caldas y,
por el otro, todos los factores salariales devengados en el último año de servicio; el
Ministerio de Educación Nacional, en calidad de empleador, debe ser parte del
proceso.

1.2.2. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, por intermedio de apoderado,
se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por lo siguiente:9

i) Si bien el Ministerio de Educación Nacional impartió directrices a las diferentes
entidades territoriales para el procedimiento de homologación, su función no va más
allá de eso, pues de conformidad con la Ley 715 de 2001 debido a que la educación
es descentralizada, está a cargo de la entidad territorial su administración,
distribución y manejo de los recursos del sistema general de participaciones con
destinación específica para el sector educativo.

En consecuencia, es competencia de las entidades territoriales reconocer los
derechos y obligaciones que eventualmente surjan a favor de los docentes y
personal administrativo, adscritos a sus plantas de personal.

ii) Los argumentos de la demandante carecen de veracidad pues se encuentran
acreditadas las excepciones de inexistencia de vínculo jurídico para ser llamada en
garantía y prescripción.

8 Folios 171 al 174 del cuaderno 1.
Es preciso anotar que el Tribunal Administrativo de Caldas, a través de auto de 11 de septiembre de
2017, admitió el llamamiento en garantía efectuado por la UGPP contra el Ministerio de Educación
Nacional, folios 197 al 199 del cuaderno 1.
9 Folios 207 al 215 del cuaderno 2. El Tribunal Administrativo de Caldas, a través de auto de 11 de

septiembre de 2017, admitió el llamamiento en garantía efectuado por la UGPP contra el Ministerio
de Educación Nacional, folios 197 al 199 del cuaderno 1.

6

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00787-01 (2289-2020)
Demandante: Silvia Botero Agudelo

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia proferida el 21 de octubre
de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Para tal efecto,
se pronunció en estos términos:10

i) Conforme al régimen de transición de la Ley 33 de 1985, a los empleados que
cumplieron 15 años de servicios a su vigencia, se les tiene en cuenta la edad de
pensión prevista en el régimen anterior. Así mismo, el Consejo de Estado ha
señalado que los factores salariales contenidos en el Decreto 1045 de 1978, son los
que deben incluirse en la liquidación de las pensiones de jubilación que se
reconozcan al tenor del régimen de transición establecido en la Ley 33 de 1985.

ii) Al analizar el acervo probatorio se pudo establecer que la demandante, a la fecha
de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, tenía más de 15 años de servicios y
que los 55 años de edad los acreditó el 4 de febrero de 1995. En ese sentido, le
asiste derecho a que el ingreso base de liquidación de su pensión este conformado
por los factores salariales devengados en el último año de servicio.

iii) Ahora, en la Resolución RDP 016086 de 2016, la UGPP reliquidó la pensión de
jubilación de la actora teniendo en cuenta la asignación básica y la bonificación por
servicios, pues fueron los factores devengados en el último año de servicio11. No
obstante, de acuerdo con la certificación laboral expedida por la Secretaría de
educación del departamento de Caldas, la demandante, además de los factores
reconocidos, también devengó las primas de vacaciones, navidad, de servicios y
técnica del 50 % (esta última no constituye factor salarial).

En consecuencia, deben incluirse en la liquidación de la prestación, además de los
factores previamente reconocidos, las primas de vacaciones, navidad y de servicios.

iv) Por otro lado, la parte actora sí tiene derecho a que los valores de los factores
salariales sean actualizados en los montos reconocidos en virtud de la
homologación y nivelación salarial, realizada en el departamento de Caldas por el

10 Folios 268 al 273 del cuaderno 2.
11
Comprendido desde el 27 de diciembre de 2001 hasta el 26 de diciembre de 2002.

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Radicación: 17001-23-33-000-2016-00787-01 (2289-2020)
Demandante: Silvia Botero Agudelo

Decreto 399 de 2007, modificado por el Decreto 337 de 2010.

v) Se encuentra probado en el proceso que la demandante percibió la prima técnica
desde 1992 por evaluación de desempeño, de manera que no constituye factor
salarial, dado que no fue otorgada por estudios de formación avanzada o
experiencia altamente calificada.

vi) Se desvinculó del proceso a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, porque
no es la entidad encargada de asumir ninguna orden relativa a la reliquidación
pensional a favor de la demandante, ya que es un asunto de competencia de la
UGPP, por ser el fondo pensional al que aquella se encontraba afiliada.

vii) Por lo expuesto, se declara la nulidad de los actos administrativos reprochados
y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la UGPP reliquidar la pensión
de jubilación a favor de la señora Botero Agudelo, a partir del 23 de febrero de 2012,
por prescripción trienal, en el equivalente del 75% del promedio de salarios
percibidos durante en el último año de servicio, con la inclusión de la doceava parte
de la asignación básica, bonificación por servicios prestados, la prima de
vacaciones, prima de navidad y prima de servicios, incluida la nivelación hecha por
la homologación de los cargos administrativos de los establecimientos educativos.

Finalmente, se autoriza a la entidad demandada a descontar a la demandante, en
la proporción de ley, los aportes a pensión sobre los factores salariales que se
ordenan incluir en esta oportunidad, si no se hubiere realizado.

1.5. El recurso de apelación

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones, por
conducto de apoderada, interpuso recurso de apelación12 y lo sustentó así:

i) La demandante se encuentra cobijada por el régimen de transición de la Ley 100
de 1993, porque al momento de su entrada en vigencia, contaba con más de 35
años de edad.

12 Folios 276 al 294 del cuaderno 2.

8

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00787-01 (2289-2020)
Demandante: Silvia Botero Agudelo

Ahora bien, la Corte Constitucional en las Sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de
2015, SU-427 de 2016, precisó que el ingreso base de liquidación no hace parte de
la transición de la referida ley, pues debe calcularse conforme lo establecido en los
artículos 21 o 36, inciso 3.º ibidem, con independencia del régimen al que
pertenezca el pensionado.

ii) El Consejo de Estado mediante sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018,13 señaló que el ingreso base de liquidación del inciso tercero del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, debe aplicarse a las personas beneficiarias del régimen de
transición, que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985. Igualmente,
determinó que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión
de jubilación de los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al sistema de pensiones.

Por lo anterior, a la actora no le asiste el derecho a que su pensión sea reliquidada
con la inclusión de todos los «factores y valores salariales homologados
reconocidos en la sentencia de primer grado».

1.6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.6.1. La demandante

Vencido el término para presentar alegatos de conclusión, concedido de
conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 247 de la Ley 1437 de
2011, la parte demandante guardó silencio.14

1.6.2. Las entidades demandadas

1.6.1. La UGPP, a través de apoderado, solicitó revocar lo resuelto en primera
instancia, teniendo en cuenta lo expuesto en el recurso de apelación.15

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01
14 Constancia secretarial, folio 337 del cuaderno 2.
15 Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI.

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Radicación: 17001-23-33-000-2016-00787-01 (2289-2020)
Demandante: Silvia Botero Agudelo

1.6.2. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, a través de apoderado, solicitó
confirmar lo resuelto la sentencia de primera instancia, en la cual se ordenó
desvincular del proceso a la entidad que representa.16

1.7. El ministerio público

El agente del ministerio público no rindió concepto.17

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer, conforme a lo señalado en el recurso de apelación, i)
si la señora Silvia Botero Agudelo tiene derecho a la reliquidación de su pensión de
jubilación, equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio, como beneficiaria del régimen de
transición de la Ley 33 de 1985; en caso negativo, ii) si la prestación debe ser
reliquidada conforme a los factores salariales dispuestos en el Decreto 1158 de
1994.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Régimen pensional de servidores públicos anterior a la vigencia de la
Ley 100 de 1993
Antes del 1.º de abril de 1994, fecha de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993 que estableció el sistema general de pensiones, se encontraba en vigor la Ley
33 de 1985, cuya vigencia inició el 13 de febrero de 1985.

Esta última ley en el artículo 1.º estableció que el empleado oficial que sirva o haya
servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años, tiene
derecho a que la respectiva caja de previsión le pague una pensión mensual vitalicia
de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicios.

16 Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI.
17 Constancia secretarial, folio 337 del cuaderno 2.

10

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00787-01 (2289-2020)
Demandante: Silvia Botero Agudelo

Así mismo, el parágrafo 2.° del artículo ibidem, creó un régimen de transición que
operaría bajo el cumplimiento de alguno de los siguientes supuestos fácticos:

i) Quienes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 tuviesen 15 años
de servicio al Estado tendrían derecho a la aplicación del requisito de edad que
regía en normas anteriores.18

ii) Quienes tuviesen acreditados 20 años como empleados oficiales y se
encontrasen retirados del servicio en el momento en que entró a regir la citada ley
obtendrían la pensión de jubilación a los 50 años de edad en el caso de las mujeres
y 55 en el de los hombres, la cual se reconocería y pagaría de conformidad con las
normas vigentes a la fecha de retiro.19

En ese orden de ideas, el régimen de transición establecido en inciso 1.° del
parágrafo 2.° del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, solo previó la posibilidad de
conservar las prerrogativas pensionales sobre edad establecidas en el régimen
anterior. Es decir, que dicho régimen otorga el derecho que para el reconocimiento
de su pensión de jubilación se apliquen las reglas, en cuanto a la edad,
contempladas en el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968, esto es, 55 años si es
varón, o 50 si es mujer.

Así las cosas, quienes a corte del 13 de febrero de 1985, fecha en la que entró en
vigencia la Ley 33 de 1985, acrediten 15 años de servicios continuos o discontinuos,
tendrían derecho a pensionarse cuando alcanzaran 55 años de edad si es hombre,
o 50 si es mujer, de acuerdo con el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968. Lo anterior,
con la precisión de que en lo referente a los demás requisitos, deberá observarse lo

18
Véase, Ley 33 de 1985, Artículo 1º.
«[…] Parágrafo 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido
quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones
sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley.»
19 Véase, Ley 33 de 1985, Artículo 1º.

«[…] Parágrafo 2º.
[…] Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales,
actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta (50)
años de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55), si son varones, a una pensión de jubilación
que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su
retiro.»

11

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00787-01 (2289-2020)
Demandante: Silvia Botero Agudelo

previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985, a saber, 20 años de servicios continuos o
discontinuos y una tasa de reemplazo equivalente al 75% del promedio de los
salarios devengados en el último año de servicio, con inclusión de los factores
salariales enlistados en la mencionada Ley 62 de 1985 y que hayan sido objeto de
cotización.

De manera que, a efectos de liquidar la pensión prevista en la norma anteriormente
referenciada, el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 por el cual se modificó el artículo 3
de la Ley 33 de 1985, enlistó los factores que conformarían la base de liquidación de
los aportes a efectuar, en los siguientes términos:

Artículo 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de
Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que
su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión.
Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes
proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida por los
siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación
básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios
prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de
descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de
cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de
base para calcular los aportes. [Resalta la Sala].

Sobre el asunto, esta Sala en sentencia del 10 de diciembre de 2020, sostuvo:20

[…] Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: quienes amparados por el régimen
de transición del parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, cumplen los requisitos
de edad y densidad antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tienen
derecho a que la pensión de vejez a reconocer sea liquidada en aplicación integral de
dicho régimen (Ley 33 de 1985), esto es con el 75% del salario promedio devengado
durante el último año de servicio.

Sin embargo, si alguno de los requisitos en comento se satisfacen en vigencia de la
mencionada Ley 100, bajo los preceptos transicionales del artículo 36 de dicha norma,
de conformidad con la postura recientemente unificada por la Sala Plena del Consejo de
Estado, la persona no tendría derecho a la liquidación de su pensión en los términos del
régimen anterior, por cuanto al ser beneficiaria del régimen de transición, su pensión de
jubilación se debe ceñir a los parámetros de liquidación del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 en cuanto al IBL y a los factores salariales sobre los cuales efectuó aportes, como
se explica a continuación:

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 10 de diciembre de 2020,
radicado N.º 25000 23 42 000 2014 01163 02 (2354-2019).

12

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00787-01 (2289-2020)
Demandante: Silvia Botero Agudelo

Partiendo del primer supuesto planteado en la tesis de la Sala, esto es, el cumplimiento
de edad y tiempo de servicios antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1994, se
tiene que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 previó el reconocimiento y pago «[…] de una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%)
del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio». (Subrayas fuera del texto original)

Con miras a liquidar la pensión prevista en la norma anteriormente referenciada, el
artículo 1 de la Ley 62 de 1985 enlistó los factores que conformarían la base de
liquidación de los aportes a efectuar […]. (Subrayado original del texto).

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

El 4 de febrero de 1940, nació la señora Silvia Botero Agudelo, según consta en la
cédula de ciudadanía.21

Ante la entidad demandada se presentaron los siguientes certificados de tiempo de
servicios de la señora Silvia Botero Agudelo, a saber:22

• Desde el 16 de agosto de 1965 hasta el 30 de junio de 1969, en la Rama
Judicial.
• Desde el 16 de septiembre de 1969 hasta el 8 de octubre de 1973, en el
departamento de Caldas.
• Desde el 25 de febrero de 1975 hasta el 26 de diciembre de 2002, en la
Secretaría de Educación de Caldas.

El 12 de noviembre de 2002, la Caja Nacional de Previsión Social expidió la
Resolución 31817,23 mediante la cual reconoció el derecho a una pensión de
jubilación a la demandante, a partir del 1.º de octubre de 2001. Para tal efecto, la
entidad pensional aplicó el inciso 1.º del parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33
de 1985, tomó una tasa de reemplazo del 75 % del promedio de lo devengado en el
último año de servicio; y determinó que el pago de la prestación estaría sujeto a la

21 Folio 19 del cuaderno 1.
22 Consta en la parte motiva de la Resolución RDP 016086 de 18 de abril de 2016, folio 43 del
cuaderno 1.
23 Folios 20 al 22 del cuaderno 1.

13

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00787-01 (2289-2020)
Demandante: Silvia Botero Agudelo

acreditación del retiro definitivo del servicio.

Así mismo, tuvo en cuenta los períodos laborados en la Rama Judicial desde el 16
de agosto de 1965 hasta el 30 de junio de 1969, en el departamento de Caldas,
desde el 16 de septiembre de 1969 hasta el 8 de octubre de 1973 y en el Fondo
Educativo Regional, desde el 25 de febrero de 1975 hasta el 30 de septiembre de
2001. Finalmente, la autoridad pensional para efectos de la liquidación de la
prestación incluyó la asignación básica y la bonificación por servicios prestados,
devengadas por la actora.

El 2 de abril de 2003, CAJANAL emitió la Resolución 285824 a través de la cual revocó
la Resolución 31817 de 2002 y reconoció a la señora Botero Agudelo una pensión
de jubilación en cuantía de $ 378.270,05, a partir del 1.º de enero de 2003.

El 22 de marzo del 2013, la Secretaría de Educación del departamento de Caldas
profirió la Resolución 1735-6, 25 por medio de la cual efectuó una homologación y
nivelación salarial en favor de la señora Botero Agudelo, a partir del 10 de febrero
de 1997 hasta el 31 de diciembre del 2009, por los conceptos de sueldo, prima
técnica, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, bonificación
especial por recreación, prima de navidad, y cesantías, que debidamente
indexadas, arrojaron una suma de $ 71.702.816, luego de efectuar los respectivos
descuentos.
El 28 de junio del 2013, la Secretaría de Educación del departamento de Caldas
emitió la Resolución 4465-6, mediante cual aclaró la Resolución 1735- de 2013, en
el sentido de incrementar el valor final reconocido a la suma de $ 72.416.419,
previos los descuentos correspondientes.26

La señora Botero Agudelo solicitó la reliquidación de su pensión de jubilación, con
el objeto de que se incluyeran las primas de vacaciones, navidad, de servicios, de
alimentación y técnica; además, pidió que se tuviera en cuenta la nivelación salarial
concedida en las Resoluciones 1735-6 del 22 de marzo del 2013 y 4465-6 de

24
Conforme consta en la parte motiva de la Resolución RDP 042091 de 14 de octubre de 2015, folio
31 del cuaderno 1.
25 Folios 68 al 71 del cuaderno 1.
26 Folios 72 al 74 del cuaderno 1.

14

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00787-01 (2289-2020)
Demandante: Silvia Botero Agudelo

2013.27

El 14 de octubre de 2015, por medio de la Resolución RDP 042091, la UGPP negó la
petición de reliquidación elevada por la actora.28 Así, determinó que las
certificaciones de tiempo servicio y factores salariales presentadas, carecían de
valor probatorio de acuerdo con el Código General del Proceso (CGP).

El 18 de abril de 2016, la UGPP a través de la Resolución RDP 01608629 resolvió un
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución RDP 042091 de 2015, en el
sentido de revocar su contenido.

Para tal efecto, la autoridad pensional señaló que a. la señora Botero Agudelo
aportó certificaciones originales de vinculación laboral y de factores salariales
devengados mes a mes, expedidas por el departamento de Caldas, y copia
auténtica del Decreto 0399 de 2007; b. la demandante acreditó un total de 12.880
días laborados, equivalentes a 1.840 semanas. De esta manera, tenía el derecho a
la reliquidación de su pensión de jubilación, en cuantía de $ 904.898, tomando una
tasa de reemplazo del 75 % del promedio de los factores devengados entre el 27 de
diciembre de 2001 y el 26 de diciembre de 2002, esto es, la asignación básica y la
bonificación por servicios prestados.

Además, determinó, por un lado, que la demandante adquirió el estatus jurídico
pensional el 4 de febrero de 1995 y, por el otro, que la prestación sería efectiva a
partir del 27 de diciembre de 2002, con efectos fiscales desde el 23 de noviembre
de 2012, por prescripción trienal. Finalmente, sostuvo que no era procedente la
inclusión de todos los factores salariales pretendidos, en consideración a lo
dispuesto en el Decreto 1158 de 1994; aunado al hecho de que en la certificación
de factores salariales aportada, no se establecía que la prima técnica fuera factor
de salario.

El 6 de mayo de 2016, la UGPP expidió la Resolución RDP 01812230 a través de la

27 Folios 23 al 29 del cuaderno 1.
28 Folios 31 al 33 ibidem.
29 Folios 41 al 49 ibidem.
30 Folios 52 al 56 del cuaderno 1.

15

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00787-01 (2289-2020)
Demandante: Silvia Botero Agudelo

cual desató el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución RDP 042091 de
2015, en el sentido confirmar la Resolución RDP 016086 de 2016.

El 7 de junio de 2016, la Secretaría de Educación del departamento de Caldas,
certificó que la señora Silvia Botero Agudelo devengó los siguientes factores de
salario en el último año de servicio, esto es, desde el 26 de diciembre 2001 hasta el
26 de diciembre 2002: sueldo mensual, prima de servicios, bonificación por servicios
prestados, prima de vacaciones, prima de navidad, y prima técnica 50 % de la
asignación básica (no factor salarial).31

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala advierte que de acuerdo a
los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la UGPP no realiza reproche
alguno a la orden emitida por el a quo consistente en la reliquidación de la pensión
de jubilación de la actora, con fundamento en la homologación y nivelación salarial
de que fue objeto. Por el contrario, la inconformidad de la entidad recurrente radica
en que el tribunal al momento de ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación
reconocida a la señora Silvia Botero Agudelo, desconoció el régimen de transición
contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En su concepto, la demandante se encuentra cobijada por el régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, porque al momento de su entrada en vigencia, contaba con
más de 35 años de edad. Puso de presente que la Corte Constitucional en las
Sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016, precisó que el
ingreso base de liquidación no hace parte de la transición de la referida ley, pues
debe calcularse conforme lo establecido en los artículos 21 o 36, inciso 3.º ibidem,
con independencia del régimen al que pertenezca el pensionado.

Igualmente, manifiesta que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de jubilación de los servidores públicos beneficiarios del régimen de
transición, son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al sistema de pensiones, esto es, los contenidos en el Decreto 1158

31 Folio 59 del cuaderno 1.

16

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00787-01 (2289-2020)
Demandante: Silvia Botero Agudelo

de 1994; y no como lo determinó el a quo al ordenar la reliquidación de la prestación
el equivalente del 75 % de los factores que constituyen salario devengados en el
último año de servicio.

Pues bien, la Sala advierte que la entidad apelante se equivoca al señalar que el a
quo aplicó a la situación fáctica de la demandante el régimen de transición contenido
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues lo cierto es que el análisis realizado se
efectuó de cara al régimen de transición consagrado en parágrafo 2.° del artículo 1.°
de la Ley 33 de 1985.

De esta manera, el requisito de edad de jubilación se rige por las disposiciones
anteriores a la ley en cita, esto es, el Decreto 3135 de 1968 que exige haber
cumplido 50 años de edad (en el caso de las mujeres). En lo referente a los demás
requisitos debe observarse lo previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985, a saber, 20
años de servicio al Estado, continuos o discontinuos y una tasa de reemplazo
equivalente al 75 % del promedio de los salarios devengados en el último año de
servicio, con inclusión de los factores salariales enlistados en la mencionada Ley 62
de 1985 y que hubieren sido objeto de cotización.

Así las cosas, en el expediente está demostrado que la señora Botero Agudelo
laboró desde el 16 de agosto de 1965 hasta el 30 de junio de 1969, en la Rama
Judicial; desde el 16 de septiembre de 1969 hasta el 8 de octubre de 1973, en el
departamento de Caldas; y desde el 25 de febrero de 1975 hasta el 26 de diciembre
de 2002, en la Secretaría de Educación de Caldas.32 Por consiguiente, la Sala
advierte que es beneficiaria del régimen de transición del inciso 1.° del parágrafo 2
del artículo 1 de la Ley 33 de 1985,33 porque para el 13 de febrero de ese año, había
trabajado 17 años, 10 meses y 25 días al servicio del Estado y para esa fecha no
se había retirado del servicio.

En ese sentido, respecto a la primera regla transicional contenida en la Ley 33 de
1985, acreditó 20 años de servicios en el sector público el 21 de marzo de 1987 y
adquirió el estatus pensional cuando cumplió 50 años de edad el 4 de febrero de

32 Conforme lo señala la Resolución RDP 016086 de 2016, folio 43 del cuaderno 1.
33 Es decir, que la transición aplicable a su caso, salvaguardó únicamente el requisito de la edad.

17

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00787-01 (2289-2020)
Demandante: Silvia Botero Agudelo

1990.34 En consecuencia, consolidó su derecho pensional antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993.

En el expediente también está acreditado que a través de la Resolución 31817 de
2002, la extinta CAJANAL reconoció una pensión de jubilación a la señora Silvia Botero
Agudelo, equivalente al 75 % del salario del último año de servicios, efectiva a partir
del 1.º de octubre de 2001, condicionada al retiro del servicio. Lo anterior, en
aplicación del inciso 1.º, parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985.

Posteriormente, mediante Resolución 2858 de 2004, se revocó la primera resolución
y, en su lugar, reconoció la prestación en cuantía de $ 378.270, efectiva a partir del
1.º de enero de 2003.

Luego, por medio de la Resolución RDP 016086 de 2016, la UGPP reliquidó la pensión
de jubilación de la señora Botero Agudelo, en el equivalente al 75 % del salario del
último año de servicio, esto es, el comprendido entre el 27 de diciembre de 2001 y
el 26 de diciembre de 2002, a partir del 27 de diciembre de 2002, con efectos fiscales
desde el 23 de noviembre de 2012, por prescripción trienal. Igualmente, ordenó la
inclusión de los factores salariales de la asignación básica y la bonificación por
servicios prestados.

Frente a los factores salariales que procede incluir en la reliquidación pensional, la
norma aplicable al caso concreto, se reitera, es el artículo 3.° de la Ley 33 de 1985,
modificado por el artículo 1.º de la Ley 62 del mismo año, que los enlista así:
«asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en
día de descanso obligatorio».

Contrastados los factores enlistados en la Ley 62 de 1985 con los devengados por
la actora, que constituyen salario, durante el mencionado periodo comprendido
entre el 27 de diciembre de 2001 hasta el 26 de diciembre de 2002,35 la Sala advierte

34
Toda vez que nació el 4 de febrero de 1940, según la copia de su cédula de ciudadanía visible a
folio 19 del cuaderno 1.
35 Folio 58 del cuaderno 1.

18

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00787-01 (2289-2020)
Demandante: Silvia Botero Agudelo

que coinciden los siguientes: asignación básica y bonificación por servicios
prestados, como lo ordenó la entidad demandada.

Por su parte, los factores salariales reconocidos por el a quo, con fundamento en el
Decreto 1045 de 1978, fueron a. asignación básica; b. prima de servicios; c.
bonificación por servicios; d. prima de vacaciones; y e. prima de navidad.

En esta línea argumentativa, la Sala advierte que el a quo incurrió en yerro al
fundamentar su decisión en el Decreto 1045 de 1978, pues lo cierto es que la norma
aplicable, en relación a los factores salariales, es la Ley 62 de 1985, como se dijo
en precedencia. Por tanto, no es procedente la reliquidación pensional con la
inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio
toda vez que, como quedó visto, las primas de navidad, vacaciones y servicios, no
se encuentran contempladas en la Ley 62 de 1985.

Por los argumentos anteriormente expuestos, se modificará el numeral segundo de
la parte resolutiva de la providencia impugnada, en el sentido de declarar la nulidad
parcial de las Resoluciones RDP 042091 de 14 de octubre de 2015; RDP 016086 de
18 de abril de 2016; y RDP 018122 de 6 de mayo de 2016, únicamente en lo relativo
a la falta de inclusión de los valores ajustados del salario y la bonificación por
servicios prestados, producto del proceso de homologación y nivelación
salarial realizado por el departamento de Caldas, aspecto que no fue objeto de
apelación.

Por su parte, se impone modificar parcialmente el numeral tercero de la parte
resolutiva del proveído impugnado, en el sentido de ordenar la reliquidación de la
pensión de jubilación, a partir del 23 de febrero de 2012, por prescripción trienal, en
el equivalente al 75 % del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio, esto es, desde el 27 de diciembre de 2001 hasta
el 26 de diciembre de 2002, con la inclusión de los factores de asignación básica y
bonificación por servicios prestados en una doceava parte, de conformidad con la
Ley 62 de 1985; incluida la nivelación salarial hecha por virtud de la referida
homologación, pues ello lo ordenó el a quo y no fue motivo de apelación.

19

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00787-01 (2289-2020)
Demandante: Silvia Botero Agudelo

3. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201636, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.º del
artículo 365 del Código General del Proceso,37 la Sala se abstendrá de condenar en
costas en segunda instancia, comoquiera que si bien se modifica la sentencia de
primera instancia, la parte demandante a quien le resulta desfavorable esta
decisión, no actuó en esta instancia.38

4. Conclusión

36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
37 «[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la

medida de su comprobación».
38
Constancia secretarial, folio 337 del cuaderno 2.

20

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00787-01 (2289-2020)
Demandante: Silvia Botero Agudelo

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, se concluye que el a quo, no erró al declarar la nulidad de los actos
reprochados en lo relativo a la falta de inclusión de los valores ajustados de los
factores de la asignación básica y bonificación por servicios prestados, producto del
proceso de homologación y nivelación salarial ordenado por el departamento de
Caldas, aspecto que no fue objeto de apelación.

No obstante, no ocurre lo mismo con la conclusión a la que llegó el a quo al ordenar
la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de la totalidad de los
factores salariales devengados en el último año de servicio, en aplicación del
Decreto 1045 de 1978.

En ese sentido, se impone modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la
providencia impugnada, en el sentido de declarar la nulidad parcial de las
Resoluciones RDP 042091 de 14 de octubre de 2015; RDP 016086 de 18 de abril de
2016; y RDP 018122 de 6 de mayo de 2016, únicamente en lo relativo a la falta
de inclusión de los valores ajustados del salario y la bonificación por servicios
prestados, producto del proceso de homologación y nivelación salarial
realizado por el departamento de Caldas.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el a quo declaró su nulidad con fundamento en
dos razones, la primera al considerar que a la demandante le asistía el derecho de
la reliquidación de su pensión de jubilación con la inclusión de la totalidad de los
factores salariales devengados en el último año de servicio, en aplicación del
Decreto 1045 de 1978, lo cual fue desvirtuado por esta Subsección líneas atrás; y
la segunda, porque la autoridad pensional no tuvo en cuenta los valores ajustados
del salario y la bonificación por servicios prestados, producto del proceso de
homologación y nivelación salarial realizado por el departamento de Caldas,
aspecto que no fue objeto de apelación.

21

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00787-01 (2289-2020)
Demandante: Silvia Botero Agudelo

Por su parte, se impone modificar parcialmente el numeral tercero de la parte
resolutiva del proveído impugnado, en cuanto el a quo ordenó reliquidar la pensión
de jubilación de la actora en un equivalente al 75 % del promedio de los salarios
percibidos en el último año de servicios, con la inclusión, de acuerdo con el Decreto
1045 de 1978, de la doceava parte de la asignación básica, bonificación por
servicios prestados, prima de vacaciones, prima de navidad y prima de servicios,
incluida la nivelación salarial hecha por virtud de la referida homologación; cuando
lo cierto es que la norma llamada a observar, en relación con los factores salariales,
es la Ley 62 de 1985, como quedó expuesto en precedencia.

En su lugar, se condenará a la UGPP a reliquidar la pensión de jubilación reconocida
a la demandante, a partir del 23 de febrero de 2012, por prescripción trienal, en un
equivalente al 75 % del promedio de los salarios devengados en el último año de
servicio, incluida la nivelación producto del proceso de homologación realizado por
el departamento de Caldas, teniendo en cuenta los factores salariales de la
asignación básica y la bonificación de servicios en una doceava parte.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:

Primero. Modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 21 de octubre de 2019, por el Tribunal Administrativo de Caldas, que
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda incoada por la señora Silvia
Botero Agudelo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP); en el sentido de declarar
la nulidad parcial de las Resoluciones RDP 042091 de 14 de octubre de 2015; RDP
016086 de 18 de abril de 2016; y RDP 018122 de 6 de mayo de 2016, únicamente
en lo relativo a la falta de inclusión de los valores ajustados de la asignación
básica y la bonificación por servicios prestados, producto del proceso de
homologación y nivelación salarial, realizado por el departamento de Caldas,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

22

Radicación: 17001-23-33-000-2016-00787-01 (2289-2020)
Demandante: Silvia Botero Agudelo

Segundo. Modificar parcialmente el numeral tercero de la parte resolutiva de la
sentencia proferida el 21 de octubre de 2019, por el Tribunal Administrativo de
Caldas, en el sentido de condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) a reliquidar
la pensión de jubilación reconocida a la demandante, a partir del 23 de febrero de
2012, por prescripción trienal, en un equivalente al 75 % del promedio de los salarios
devengados en el último año de servicio, incluida la nivelación producto del proceso
de homologación realizado por el departamento de Caldas, teniendo en cuenta los
factores salariales de la asignación básica y la bonificación de servicios en una
doceava parte, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta
providencia.

Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia del 21 de octubre de 2019, proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas.

Cuarto. Sin condena en costas en segunda instancia.

Quinto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen y háganse las anotaciones pertinentes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

SBZ

23

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