Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00788-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencia judicial: ausencia de vulneración del derecho al debido proceso
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00788-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2016-00788-01
Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter
30 de enero de 2017
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Ausencia de vulneración del derecho al debido proceso / DEFECTO FÁCTICO - No se configura por cuanto la suma consignada por el ejecutado no cubría la totalidad de la obligación
[N]o está llamada a prosperar la aseveración del demandante consistente en que la autoridad accionada no tuvo en cuenta la consignación que allegó al proceso ejecutivo, por cuanto en el auto que aprobó la liquidación del crédito y costas, la suma allí consignada ($110ʼ037.451) fue tomada como un abono a la deuda, pues aquella era inferior a la totalidad de esta ($ 153ʼ762.323). Así las cosas, no había lugar a declarar el cumplimiento de la obligación dineraria del ente territorial tutelante, toda vez que la suma que le pagó a los ejecutantes no corresponde a la totalidad de la deuda, tal como lo afirmó acertadamente la autoridad accionada, motivo por el que era oportuno seguir con el trámite del proceso ejecutivo por el valor restante, lo que hacía procedente el embargo del vehículo de placas OUE 071.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 / DECRETO 306 DE 1992 / DECRETO 1382 DE 2000 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 176
NOTA DE RELATORÍA: Con respecto a la acción de tutela contra providencias judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia del 1 de octubre de 1992, exp. C-543, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Acerca de los defectos de las sentencias estudiados en sede de tutela, ver: Corte Constitucional, sentencia del 13 de noviembre de 2001, exp. SU-1184, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y sentencia del 6 de marzo de 2002, exp. SU-159, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sobre el carácter excepcional de la acción de tutela y la regla general de su improcedencia, ver: Corte Constitucional, sentencia del 8 de junio de 2005, exp. C-590, M.P. Jaime Córdoba Triviño. En cuanto a la no procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C.P. Ligia López Díaz y, providencia del 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Tal posición fue posteriormente rectificada y ha sido reiterada, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ), C.P. María Elizabeth García González y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C.P. Gerardo Arenas Monsalve. En lo que tiene que ver con la oportunidad para interponer la acción de tutela, ver: Corte Constitucional, sentencia del 25 de noviembre de 2010, exp. T-954, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y sentencia del 5 de julio de 2011, exp. T-519, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. De igual modo y frente al mismo asunto, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Con respecto al defecto fáctico, ver: Corte Constitucional, sentencia del 8 de junio de 2005, exp. C-590, M.P. Jaime Córdoba Triviño y, sentencia del 28 de agosto de 2009, exp. T-599, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. En relación con la aplicación del artículo 176 del Código General del Proceso relativo a la apreciación de las pruebas, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 25 de junio de 2014, exp. 25000-23-36-000-2012-00395-01, M.P. Enrique Gil Botero.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUETER
Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 17001-23-33-000-2016-00788-01(AC)
Actor: MUNICIPIO DE RIOSUCIO - CALDAS
Demandado: JUEZ PRIMERO (1) ADMINISTRATIVO DE MANIZALES
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el actor contra la sentencia de 15 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que rechazó por improcedente la acción de tutela del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo (ff. 2 a 15). El municipio de Riosucio, a través de su alcalde, presenta acción de tutela con el fin de que se le proteja su derecho constitucional fundamental al debido proceso, presuntamente quebrantado por el señor Juez Primero (1.º) Administrativo de Manizales.
Como consecuencia de lo anterior, solicita dejar sin efectos todas las providencias dictadas dentro del proceso ejecutivo 17001-33-33-001-2013-00324-00, en especial los autos de: (i) 24 de febrero de 2014, con el que el Juzgado Primero (1.º) Administrativo de Manizales dispuso tramitar «la ejecución» de unas obligaciones dinerarias de la agencia estatal ejecutada; y (ii) 20 de junio de 2016, mediante el cual el mencionado despacho judicial ordenó el embargo del vehículo oficial de placas OUE 071, y en su lugar, «se corrijan» y liquiden los intereses de mora.
1.2 Hechos. Relata el alcalde de Riosucio que el Juzgado Tercero (3.º) Administrativo de Descongestión de Manizales, con sentencia de 26 de febrero de 2010, declaró administrativamente responsable al ente territorial y a la Corporación Carnaval de Riosucio de la muerte del señor Ociel Suárez Chiquito, por lo que le ordenó pagarle a sus familiares una indemnización.
Que dichas personas incoaron demanda ejecutiva con el propósito de que se les pagara la condena judicial, para lo cual solicitaron embargar a las entidades condenadas, trámite en el que el Juzgado Primero (1.º) Administrativo de Riosucio libró mandamiento de pago el 5 de agosto de 2013 «en cuantía de $76ʼ881.160 y el pago de intereses moratorios fijados por la Superbancaria desde el 2 de febrero de 2011 hasta el pago total de las obligaciones», decisión contra la que no se interpuso recurso alguno, toda vez que el 12 de los mismos mes y año las partes suscribieron acuerdo de pago, motivo por el que ese mismo día solicitaron la suspensión de las actuaciones judiciales por seis (6) meses, a partir del 1.º de septiembre de esa anualidad.
Arguye que a pesar de que el despacho judicial accedió a lo solicitado con auto de 11 de septiembre de 2013, mediante proveído de 19 de noviembre siguiente, dispuso reanudar el proceso ejecutivo, al estimar que el ente territorial no cumplió al acuerdo de pago, decisión contra la cual interpuso recurso de reposición, desatado a través de providencia de 24 de enero de 2014, en el sentido de confirmarla.
Que por medio de auto de 24 de febrero de 2014, la autoridad accionada dispuso «seguir adelante con la ejecución», sin tener en cuenta que se consignaron oportunamente la totalidad de las sumas de dinero fijadas en el acuerdo de pago.
Asevera que el 3 de marzo de 2014 el ejecutante presentó liquidación del crédito por $172.269.388, valor que fue objetado dentro del término previsto en el ordenamiento jurídico, por lo que el despacho judicial de conocimiento lo redujo a $43ʼ540.474, mediante providencia de 5 de junio de 2015, al considerar que se realizaron pagos parciales, decisión contra la cual interpuso recurso de apelación «negado» por improcedente.
Que el 16 de mayo de 2016 presentó un memorial en el que puso de presente que ya se había cancelado la obligación, por lo que pidió reducir el monto fijado como intereses moratorios por estimarlos excesivos, solicitud sobre la cual se pronunció el Juzgado Primero (1.º) Administrativo de Manizales en el sentido de desestimarla, sin embargo, actualizó dicha suma hasta el 16 de marzo de la misma anualidad.
Afirma que la autoridad accionada, por medio de auto de 20 de junio de 2016, en atención a una petición de la parte ejecutante, dispuso el embargo y secuestro del vehículo de placas OUE-071 de propiedad del municipio, en desconocimiento del precepto constitucional que prevé que los bienes públicos son inembargables, orden a la que se dio cumplimiento el 19 de octubre siguiente, pero con irregularidades ya que en la orden judicial se dispuso que el automotor era negro cuando en realidad era plateado.
Que las decisiones dictadas por el Juzgado Primero (1.º) Administrativo de Manizales dentro del proceso ejecutivo 17001-33-33-001-2013-00324-00, desconocen el derecho constitucional fundamental al debido proceso del ente territorial, por cuanto pagó la obligación materia de controversia en atención al acuerdo de pago suscrito el 12 de agosto de 2013, lo que impone acceder al amparo deprecado.
1.3 Contestación de la demanda. El Juez Primero (1.º) Administrativo de Manizales (ff. 115 a 120 c. 1) afirmó que la irregularidad en la identificación del bien embargado y secuestrado fue subsanada con auto de 19 de octubre de 2016, dado que el vehículo era de color plateado y no negro como se estableció inicialmente.
1.4 Providencia impugnada (ff. 130 a 136 c. 1). Con sentencia de 15 de noviembre de 2016, el Tribunal Administrativo de Caldas rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia, pues en relación con el auto de 24 de febrero de 2014 no se colma la exigencia de inmediatez, ya que entre la expedición de la mencionada providencia y la interposición del amparo constitucional trascurrió un lapso prolongado (más de 2 años). Además, contra el auto de 20 de junio de 2016 no se interpuso recurso de reposición, lo que permite inferir que no se satisface el requisito de subsidiaridad de este mecanismo.
1.5 Impugnación (ff. 140 c.1) Inconforme con la decisión adoptada, el actor la impugna sin exponer argumento alguno.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia. En virtud del artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, esta Colegiatura es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Cuestión preliminar. Si bien el actor en la solicitud de amparo deprecó dejar sin efectos todas las providencias dictadas dentro del proceso ejecutivo 17001-33-33-001-2013-00324-00 adelantado contra el municipio de Riosucio (Caldas), la Sala, al igual como lo hizo el a quo, solo se pronunciará sobre los autos individualizados en debida forma y sobre los cuales se formularon cargos en su contra, que son: (i) el de 24 de febrero de 2014, con el que el Juzgado Primero (1.º) Administrativo de Manizales dispuso tramitar «la ejecución» de unas obligaciones dinerarias; y (ii) el de 20 de junio de 2016, con el que el mencionado despacho judicial ordenó el embargo y secuestro del vehículo oficial de placas OUE 071, propiedad del ente territorial.
2.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que puedan comportar los autos de: (i) 24 de febrero de 2014, con el que el Juzgado Primero (1.º) Administrativo de Manizales dispuso tramitar «la ejecución» de unas obligaciones dinerarias de la agencia estatal tutelante dentro del proceso ejecutivo 17001-33-33-001-2013-00324-00, y (ii) 20 de junio de 2016, a través del cual el mencionado despacho judicial ordenó el embargo del vehículo oficial de placas OUE 071, y en caso afirmativo, si se ha vulnerado la garantía superior al debido proceso invocada en la solicitud de amparo.
2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestida de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de forma protuberante se vulneren o amenacen derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público.
En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó:
[…] 22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales […].
Así las cosas, se elaboró el test de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Dicha irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. Sobre este punto, la Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, dado el riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, bajo el rótulo de las causales de procedibilidad se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de decisión ilegítima con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga eminente relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
La Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional en lo concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por las razones que se exponen a continuación:
La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales compromete la actuación de «cualquier autoridad pública» (artículo 86 de la CP), incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos.
En segundo lugar, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales de la Corte Constitucional si bien la acción de tutela resulta procedente contra providencias judiciales, esta comporta carácter excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico.
En tercer lugar, la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema.
Por último, es pertinente destacar que la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, la cual había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 2012, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos.
2.6 Caso concreto. En el sub lite, se observa que no se colma el requisito de inmediatez en relación con el auto de 24 de febrero de 2014, con el que el Juzgado Primero (1.º) Administrativo de Manizales dispuso tramitar «la ejecución» de unas obligaciones dinerarias de la agencia estatal dentro del proceso ejecutivo 17001-33-33-001-2013-00324-00, pues quedó ejecutoriado el 28 de los mismos mes y año (f. 84 c. 2) y la solicitud de amparo se interpuso el 28 de octubre de 2016 (f. 2 c. 1), es decir, dos (2) años y ocho (8) meses después, término que no evidencia la efectividad de los derechos constitucionales fundamentales que hace necesario solicitar su protección oportunamente. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-954 de 2010, sostuvo:
[…] esta Corporación ha precisado que en virtud de la naturaleza cautelar de la acción de tutela, ésta debe ser presentada en término oportuno, justo y razonable, “dentro del cual se presuma que la afectación del derecho fundamental es inminente y realmente produce un daño palpable”. Ese “plazo razonable” es consustancial a las regulaciones procedimentales de la acción de tutela y determina en gran medida el campo de acción del juez de tutela, pues su orden debe estar respaldada por la urgencia e inmediatez, “en presencia de las cuales la Constitución lo autoriza a modificar una situación de hecho a través de un proceso sumario y expedito en el tiempo. (…) Incluso, la real configuración de una trasgresión a los derechos fundamentales se pone en duda cuando la demanda de tutela se interpone en un momento demasiado alejado de la ocurrencia del hecho que supuestamente la generó”.
Asimismo, el alto Tribunal Constitucional ha dicho que el ordenamiento jurídico no establece expresamente un término dentro del cual se deba incoar la solicitud de amparo, por lo que es al juez de tutela a quien le corresponde determinar en atención a las situaciones fácticas y jurídicas de cada caso concreto, si la acción fue interpuesta en un lapso razonable. Sobre este punto, afirmó lo siguiente:
La jurisprudencia constitucional, de manera reiterada, ha señalado que si bien, la acción de tutela no cuenta con un término de caducidad dentro del cual deba ser ejercida, como propugna por la protección de derechos fundamentales vulnerados o con amenaza inminente de vulneración, cabe promoverla dentro de un término razonable contado a partir de la ocurrencia de los hechos de los que se desprende el agravio de los derechos.
La Corte ha advertido que frente a cada caso concreto, le corresponde al juez de tutela evaluar la razonabilidad de dicho término, para concluir si, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron los hechos, se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez o si, por el contrario, en atención al tiempo transcurrido, el amparo se torna improcedente.
En virtud de lo anterior, la sala plena del Consejo de Estado, mediante sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01, precisó como término razonable para ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales dictadas por la jurisdicción contencioso-administrativa, seis (6) meses contados a partir de su notificación o ejecutoria. En ese fallo esta Corporación discurrió así:
Para la Sala, la inmediatez es una condición que permite concretar la urgencia del amparo constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un plazo razonable.
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza material, que la hace definitiva e inmutable.
Anótase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este aspecto.
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional.
Así las cosas, comoquiera que el término de seis (6) meses dentro de los cuales se debe incoar la acción de tutela contra providencias dictadas en el marco de las acciones o medios de control que se tramitan en la jurisdicción contencioso-administrativa comporta una regla jurisprudencial y en el sub lite el demandante no justificó su omisión de interponer dentro de ese lapso el amparo constitucional contra el auto de 24 de febrero de 2014, la Sala encuentra que el requisito de inmediatez no se colma respecto de dicho proveído.
Por otra parte, en lo atañedero al auto de 20 de junio de 2016, la Sala observa que el a quo estimó que no se cumplía el requisito de subsidiaridad, dado que el actor no interpuso recurso de reposición en su contra; no obstante, este no puede ser considerado un mecanismo idóneo y eficaz para la defensa de los derechos constitucionales fundamentales concernidos, toda vez que solo da la posibilidad de que sea evaluado el aludido proveído por el mismo funcionario quien lo adoptó, mas no por su superior funcional, por lo que la acción de tutela se torna procedente para que este último tenga la oportunidad de verificar la existencia o no de una vía de hecho.
De igual modo, se evidencia que en relación con el mencionado auto la acción de tutela cumple los demás requisitos generales de procedibilidad contra providencias judiciales, pues (i) el asunto es de relevancia constitucional, ya que se discute el supuesto desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso del actor; (ii) se determinaron los hechos que originaron el presunto quebranto de la aludida garantía constitucional; (iii) el requisito de inmediatez está satisfecho, porque el proveído atacado quedó ejecutoriado el 23 de junio de 2016 y la solicitud de amparo se instauró el 28 de octubre siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (2 meses y 5 días); y (v) la decisión cuestionada no se dictó en una acción de tutela.
2.6.1 Hechos Probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, se destaca lo siguiente:
a) El Juzgado Tercero (3.º) Administrativo de Descongestión de Manizales, con sentencia de 23 de diciembre de 2010, declaró administrativamente responsable al municipio de Riosucio y a la Corporación Carnaval de Riosucio por la muerte del señor Héctor Antonio Suárez Cataño, por lo que les ordenó pagarles a los familiares del fallecido una indemnización equivalente a $153ʼ762.323 (ff. 3 a 21 c. 2 ).
b) Debido a que la entidad territorial no pagó la condena judicial, quienes actuaron como demandantes dentro de la acción de reparación directa incoaron demanda ejecutiva en su contra el 9 de julio de 2013, trámite dentro del cual el Juzgado Primero (1.º) Administrativo de Manizales libró mandamiento de pago el 5 de agosto siguiente (ff. 54 a 56 c. 2).
c) El 12 de agosto de 2013, la entidad territorial suscribió acuerdo de pago con los ejecutantes (ff. 56 a 58 c. 2), donde pactaron unos plazos para la cancelación de la condena judicial reclamada, por lo que solicitaron de la autoridad accionada suspender las actuaciones, a lo que esta accedió con proveído de 11 de septiembre de la misma anualidad (ff. 60 a 62 c. 2).
d) Dado que el municipio de Riosucio no cumplió el acuerdo de pago, el apoderado de los ejecutantes pidió del juez tutelado reanudar el proceso ejecutivo, lo que dispuso con auto de 19 de noviembre de 2013 (f. 74 c. 2), para posteriormente, mediante proveído de 24 de febrero de 2014, ordenar «seguir adelante con la ejecución de la obligación reclamada» (ff. 84 a 87 c. 2).
e) En memorial de 13 de mayo de 2014, el apoderado de la agencia estatal tutelante manifestó que ya había pagado la obligación dineraria pretendida, pues consignó a los ejecutantes la suma de $110ʼ037.441 (ff. 101 a 107 c. 2).
f) La autoridad accionada, por medio de auto de 5 de junio de 2015, aprobó la liquidación del crédito y costas, para lo cual calculó los intereses moratorios y el saldo a capital, del cual dedujo los $110ʼ037.451 que pagó el tutelante, lo que arrojó como resultado un monto de $43ʼ540.474, con inclusión de las correspondientes costas (ff. 161 y 162 c. 2).
h) Mediante autos de 20 de junio y 14 de julio de 2016, el Juzgado Primero (1.º) Administrativo de Manizales ordenó el embargo y secuestro del vehículo de placas OUE 071 (color plateado), de propiedad del municipio de Riosucio, a lo que dieron cumplimiento los miembros de la Policía Nacional adscritos a esa municipalidad el 19 de octubre de la misma anualidad, quienes aclararon que el color del automotor era negro (ff. 264 c. 2).
i) La autoridad accionada, con proveído de 19 de octubre de 2016, aclaró el color del vehículo y dijo que la equivocación se debió a que fue cambiado, pero no se informó de ello a la autoridad de tránsito correspondiente, por lo que no se hizo oportunamente la modificación en el registro automotor (f. 265 c. 2).
Hechas las anteriores precisiones, la Sala abordará el estudio de la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales denominada defecto fáctico, invocada por el accionante.
2.6.2 Defecto fáctico. Aunque el actor de manera expresa no invocó en la solicitud de amparo un defecto fáctico, de su lectura se infiere que el cargo contra el auto de 20 de junio de 2016, dictado por la autoridad demandada, consiste en dicha causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, pues estima que a pesar de que allegó una consignación por $110ʼ037.451, con la que supuestamente cumplió la obligación dineraria originada en una condena judicial, este documento no fue tenido en cuenta dentro del proceso 17001-33-33-001-2013-00324-00, lo que motivó el embargo del vehículo de placas OUE 071.
Con la finalidad de establecer si el anterior argumento tiene vocación de prosperidad, debe tenerse en cuenta que una providencia judicial se encuentra viciada por defecto fáctico cuando el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».
La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos o dimensiones. El primero hace referencia al aspecto positivo que se presenta cuando el funcionario judicial fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra. Al respecto, el alto tribunal constitucional indicó:
[…] el defecto fáctico positivo, procede de una inadecuada valoración del acervo probatorio o cuando se funda una decisión en una prueba no apta para ello. Por su parte el defecto negativo, alude a aquella omisión en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. En esta situación se incurre cuando se produce la negación de una prueba o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
Es preciso advertir que si bien el juez goza de un amplio margen de autonomía al momento de valorar las pruebas, no está facultado para ejercer dicha prerrogativa de manera arbitraria puesto que debe observar criterios objetivos que garanticen la razonabilidad de las deducciones de cada medio probatorio, lo que se logra en atención a las reglas de la sana crítica, conforme lo prevé el artículo 176 del Código General del Proceso (CGP), norma aplicable en la jurisdicción contencioso-administrativa a partir del 1.º de enero de 2014, como lo explicó la sala plena de esta Corporación. El tenor de la menciona norma es el siguiente:
Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
Asimismo, cabe anotar que las aludidas reglas de la sana crítica hacen referencia a parámetros impuestos por la lógica, ciencia y experiencia.
Visto lo anterior, la Sala evidencia que no está llamada a prosperar la aseveración del demandante consistente en que la autoridad accionada no tuvo en cuenta la consignación que allegó al proceso ejecutivo, por cuanto en el auto que aprobó la liquidación del crédito y costas, la suma allí consignada ($110ʼ037.451) fue tomada como un abono a la deuda, pues aquella era inferior a la totalidad de esta ($ 153ʼ762.323).
Así las cosas, no había lugar a declarar el cumplimiento de la obligación dineraria del ente territorial tutelante, toda vez que la suma que le pagó a los ejecutantes no corresponde a la totalidad de la deuda, tal como lo afirmó acertadamente la autoridad accionada, motivo por el que era oportuno seguir con el trámite del proceso ejecutivo por el valor restante, lo que hacía procedente el embargo del vehículo de placas OUE 071.
Por otro lado, el accionante sostiene que se presentó una irregularidad en la diligencia de embargo y secuestro del automotor, dado que su color no coincidía con el descrito en el auto que ordenó esa diligencia, sin embargo, tal anomalía fue subsanada por el tutelado, a través de proveído de 19 de octubre de 2016, por lo que no se evidencian irregularidades en esa actuación que tengan incidencia en el ámbito constitucional.
En ese orden de ideas, la Sala observa que el auto de 20 de junio de 2016 del Juzgado Primero (1.º) Administrativo de Manizales no incurre en la causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales denominada defecto fáctico, motivo por el cual se negará el amparo deprecado respecto de ese proveído.
A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala revocará la sentencia impugnada, en cuanto rechazó la tutela en relación con el auto de 20 de junio de 2016, dictado por el Juzgado Primero (1.º) Administrativo de Manizales, en su lugar, negará el amparo deprecado respecto de dicho proveído, y confirmará en lo demás la providencia de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1.º Revócase la sentencia de 15 de noviembre de 2016 del Tribunal Administrativo de Caldas, en cuanto rechazó por improcedente la acción de tutela del epígrafe en relación con el auto de 20 de junio de la misma anualidad, dictado por el Juzgado Primero (1.º) Administrativo de Manizales, y en su lugar, niegáse el amparo deprecado respecto de dicho proveído, por las razones expuestas en la motivación.
2.º Confírmase en lo demás la sentencia impugnada, conforme a la parte motiva de este fallo.
3.º Notifíquese esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
4.º Comuníquese esta decisión al tribunal de origen y remítasele copia.
5.º Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991 envíese el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
CARMELO PERDOMO CUÉTER
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
No identifica la providencia.
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, CP. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, CP. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, CP. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, CP. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, CP. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, CP. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, CP. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. CP. María Elizabeth García González.
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, CP. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, CP. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, CP. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, CP. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, CP. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, CP. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, CP. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, CP. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, CP. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, CP. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, CP. Gerardo Arenas Monsalve.
M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Sentencia T-265 de 2009, M. P. Antonio Sierra Porto.
Sentencia T-158 de 2006, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Sentencia T-519 de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
La sección primera en algunas ocasiones ha tomado un término equivalente al previsto para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, de cuatro meses y, en otras, ha manifestado que es de seis meses. La sección segunda ha sostenido que el término razonable para interponer la acción de tutela contra providencias judiciales no puede exceder de un año. Por su parte, las secciones cuarta y quinta han fijado como razonable para su interposición un plazo de seis meses.
Notificado el 20 de junio de 2016.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
Sentencia T- 474 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
Auto del 25 de junio de 2014, M. P. Enrique Gil Botero, expediente: 25000-23-36-000-2012-00395-01.
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