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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00852-01

Fecha
31 de marzo de 2022
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00852-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- REVOCAR el numeral tercero de la sentencia del siete (7) de junio de dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- CONFIRMAR en todos los demás aspectos la sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones 29 Folio 21 del expediente. 32 No. Interno: 4470 – 2019 Demandante: Jesús Salvador Aguirre Bermúdez Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro de la demanda presentada por el señor Jesús Salvador Aguirre Bermúdez contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Manizales – Secretaría de Educación. TERCERO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2016-00852-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

31 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Radicado : 170012333000201600852 01
No. Interno : 4470 – 2019
Demandante : JESÚS SALVADOR AGUIRRE BERMÚDEZ
Demandado : Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reclamación de intereses moratorios con
ocasión de la homologación y nivelación
salarial del personal administrativo
Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la
sentencia del 7 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, que declaró fundada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva formulada por el municipio de Manizales, no probadas la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación Nacional; por
“razones de equidad y justicia, ORDÉNASE a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional, reconocer y pagar al señor Jesús Salvador Aguirre Bermúdez, indexación sobre
el valor pagado a título de retroactivo menos el valor correspondiente a la indexación ya
reconocida, esto es, sobre la base de $56´831.202, entre el 1° de enero de 2012 y el 30
de abril de 2014 (…)”; y, negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El señor Jesús Salvador Aguirre Bermúdez, a través de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control previsto en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, para se declare la nulidad del acto administrativo contenido en
el Oficio SEM – UAF – 2063 del 18 de julio de 2016, expedido por el Secretario

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No. Interno: 4470 – 2019
Demandante: Jesús Salvador Aguirre Bermúdez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

de Educación de Manizales, a través del cual negó el pago de los intereses
moratorios generados con ocasión del pago tardío de la homologación y
nivelación salarial.

A título de restablecimiento del derecho pidió que se condene a la Secretaría de
Educación del municipio de Manizales y/o la Nación, Ministerio de Educación
Nacional al reconocimiento y pago de los intereses moratorios, efectivos a partir
del día siguiente a los 30 días posteriores a su causación, esto es, desde el 1
de enero de 2003 al año 2011, y en adelante hasta el día en que se hizo efectivo
el pago total del retroactivo por homologación y nivelación salarial, es decir, el
mes de mayo de 2014. De la misma forma, solicitó el pago de los intereses
moratorios a los que tiene derecho, liquidados con base al interés bancario
corriente desde la fecha de causación hasta la fecha efectiva de pago; en
consideración a que el pago de la nivelación salarial debe hacerse al igual que
el salario, por períodos de 30 días, por tanto, una vez ocurrió dicho vencimiento,
su no pago genera automáticamente la obligación de cancelar los intereses
aludidos.

De la misma forma, peticionó se ordene liquidar y pagar los intereses
reclamados con base al capital neto cancelado, es decir, sin incluir el valor que
por concepto de indexación salarial se reconoció.

También requirió que el fallo se cumpla en los términos de los artículos 192 y
siguientes del CPACA; se ordene el pago de los intereses moratorios; y que se
condene en costas a la entidad demandada.

Como declaración y condena subsidiaria, indicó que, si de acuerdo con la
situación fáctica se considera que lo que se configuró fue el silencio
administrativo negativo, se declare, en consecuencia, la nulidad del acto ficto
generado por la falta de respuesta de la Secretaría de Educación del municipio
de Manizales de la petición elevada el 27 de julio de 2015, por medio de la cual,
solicitó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios por el pago tardío
del retroactivo por homologación.

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Demandante: Jesús Salvador Aguirre Bermúdez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

1.2. Hechos

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda (ff. 64 - 74), en
síntesis, son los siguientes:

El señor Jesús Salvador Aguirre Bermúdez prestó sus servicios a la Secretaría
de Educación del municipio de Manizales, en calidad de personal administrativo.

Afirmó que, en cumplimiento de la Ley 715 de 2001, el Ministerio de Educación
certificó al municipio de Manizales para la administración del servicio educativo;
por lo tanto, este último, a través del Decreto 011 del 20 de enero de 2004,
transfirió el personal administrativo que estaba vinculado con el departamento
de Caldas a la planta central de la administración municipal, sin tener en cuenta
que en la mayoría de los casos el personal de carácter municipal contaba con
un nivel salarial superior al del personal administrativo del orden departamental.

Relató que como el personal administrativo transferido a las entidades
territoriales no fue homologado y nivelado salarialmente, el Consejo de Estado,
en Concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004, dispuso se debía realizar la
correspondiente nivelación salarial; por consiguiente, el municipio de Manizales,
mediante el Decreto 038 de 2008, homologó y niveló los cargos administrativos
de la Secretaría de Educación (modificado por el Decreto 0388 de 2012).

Expuso que, mediante la Resolución 440 del 11 de abril de 2014, el Ministerio
de Educación, a través de la Secretaría de Educación de Manizales, le
reconoció y ordenó el pago del valor del retroactivo causado por la
homologación y nivelación salarial, desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de
diciembre de 2011.

Manifestó que, de conformidad con el certificado expedido por la Secretaría de
Educación de Manizales, se reconocieron los valores adeudados por la
homologación de los años 2003 a 2011, pero el pago solo se realizó hasta el

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mes de mayo de 2014, por ello, se causó la obligación de cancelarle los
intereses moratorios.

Indicó que el 27 de julio de 2015 solicitó a la Secretaría de Educación municipal
el reconocimiento y pago de los intereses moratorios por el pago tardío de la
nivelación salarial; pero, mediante Oficio SEM-UAF-2063 del 18 de julio de
2016, se le negó lo solicitado.

Aclaró que el retroactivo reconocido fue por la suma de $108.426.906, de los
que $90.242.829 corresponden al valor neto sin indexación, sobre el cual debe
calcularse los intereses moratorios.

1.3. Normas violadas

En la demanda se citan como normas vulneradas las siguientes: artículos 1, 2,
13, 25, 53, 58, 93, 123, 209 y 350 de la Constitución Política, artículo 1608
numerales 1° y 2° del Código Civil, artículo 177 del Decreto 01 de 1984 y la
sentencia C-367 del 16 de agosto de 1995 de la Corte Constitucional.

2. Contestación de la demanda

2.1. El municipio de Manizales

Mediante memorial visible a folios 93 a 110 del expediente, el municipio de
Manizales se opuso a las pretensiones de la demanda.

Sostuvo que el municipio de Manizales, como entidad territorial certificada por
el Ministerio de Educación Nacional para administrar la prestación del servicio
educativo en su jurisdicción, no es la responsable del reconocimiento y pago de
los intereses reclamados por el demandante.

Aseveró que la obligación originada de la homologación y nivelación salarial del
demandante es una obligación de tracto único y no de tracto sucesivo; y, por

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Demandante: Jesús Salvador Aguirre Bermúdez
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tanto, no se causan los intereses de mora señalados en los artículos 1608, 1617
y 1649 del Código Civil.

Propuso las excepciones que denominó: inexistencia de la obligación con
fundamento en la ley e inaplicabilidad de los intereses moratorios, falta de
legitimación en la causa por pasiva, caducidad, prescripción e inepta demanda.

2.2. Nación, Ministerio de Educación Nacional

La Nación, Ministerio de Educación Nacional mediante escrito visible a folios 128
a 146 del expediente, manifestó que las pretensiones de la parte actora resultan
infundadas teniendo en cuenta que no es el titular de las obligaciones pretendidas
por vía de restablecimiento del derecho, adicionalmente alegó que no fue quien
emitió los actos administrativos demandados.

Señaló que los artículos 34 y 38 de la Ley 715 establecieron el procedimiento
para incorporar las plantas financiadas con recursos del Sistema General de
Participaciones a las plantas de personal de las entidades del orden territorial y,
en el caso bajo análisis, tal procedimiento se cumplió mediante la incorporación
y homologación de cargos, lo que generó los costos derivados del estudio
técnico.

Luego, en el Acto Legislativo 01 de 2005 se dispuso que los recursos de
participación para la educación serían destinados para financiar la prestación
del servicio educativo y el pago del personal docente y administrativo de las
instituciones públicas.

Y a través de la Directiva Ministerial 10 de 30 de junio de 2005 se establecieron
las directrices orientadas a que se produjera la homologación, así como los
criterios y procedimiento necesarios para el efecto; además, se impuso en las
entidades territoriales, la obligación de ajustar sus plantas de personal y todo
ese proceso se siguió en el caso analizado, sin que ello dé lugar al
reconocimiento de los intereses pretendidos.

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Demandante: Jesús Salvador Aguirre Bermúdez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva,
prescripción e ineptitud de la demanda.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 7 de junio de 2019
(ff. 174 – 184 reverso), declaró fundada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva formulada por el municipio de Manizales, declaró no
probadas la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta
por el Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, reconoció “Por Razones
de equidad y justicia, ORDÉNASE a la Nación – Ministerio de Educación Nacional,
reconocer y pagar al señor Jesús Salvador Aguirre Bermúdez, indexación sobre el valor
pagado a título de retroactivo menos el valor correspondiente a la indexación ya
reconocida, esto es, sobre la base de $56´831.202, entre el 1° de enero de 2012 y el
30 de abril de 2014 (…)”; y negó las demás pretensiones de la demanda.

Luego de realizar un análisis normativo del proceso de homologación y
nivelación salarial para los empleados del área administrativa de los
establecimientos educativos oficiales, consideró que el proceso de nivelación
salarial tuvo fundamento en la necesidad legal de incorporar el empleo de la
parte demandante, que era de orden nacional, a la planta de cargos del
municipio, y ante la diferencia salarial y prestacional entre ellos, debía
reconocerse los mayores valores resultantes de la homologación actualizados
al momento del pago, sin que tuviera la connotación de pago tardío de una
obligación.

Y en relación con el reconocimiento de los intereses moratorios, encontró que
no son acumulables con la indexación, en cuanto que inician con la mora en el
crédito u obligación, en tanto el período de la indexación está dado entre la
fecha del crédito, capital y obligación y la fecha en que se quiere actualizar, no
siendo relevante la existencia de la mora.

Señaló que el pago de intereses moratorios dentro de una relación laboral legal
y reglamentaria, corresponde a una prestación social, puesto que no tiene las

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características de salario, atendiendo la naturaleza indemnizatoria. Mencionó
que revisadas las normas que regulan el sistema prestacional, se observa que
no regulan de manera expresa y concreta, el derecho a reclamar intereses
moratorios por pago tardío de una homologación y nivelación salarial, motivo
por el cual, el demandante no tiene derecho al reconocimiento pretendido.

Señaló que a la parte demandante le fueron indexadas las sumas reconocidas
a título de nivelación salarial, por lo que resulta improcedente ordenar el
reconocimiento de intereses moratorios sobre los valores ya indexados, dada la
incompatibilidad que existe entre estos dos conceptos.

Refirió que “por razones de equidad y justicia, los valores adeudados a los
trabajadores deben ser indexados si se pagan en fecha posterior a la ejecutoria
de los actos administrativos, con el objeto de actualizarlos a valor presente al
momento del pago.”

Consideró que no hay lugar a ordenar el reconocimiento y pago de intereses
moratorios por concepto de pago tardío de la homologación y nivelación salarial.
Sin embargo, como la Resolución 440 del 11 de abril de 2014, le reconoció al
demandante un valor por indexación por el período comprendido entre 2003 a
2011, hasta el pago efectivo (1 de mayo de 2014), existe un lapso que no fue
indexado, motivo por el cual, sostuvo que amerita reconocer la respectiva
actualización, haciendo uso de la facultad extra petita y por razones de equidad y
justicia.

4. Fundamento del recurso de apelación

Por su parte, la Nación, Ministerio de Educación Nacional presentó recurso de
apelación1 en el que solicitó revocar la sentencia a través de la cual se condenó
al pago de una indexación sobre el valor pagado a título de retroactivo menos
el valor correspondiente a la indexación ya reconocida, y como consecuencia,

1
Folios 188 a 198 del expediente

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Demandante: Jesús Salvador Aguirre Bermúdez
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exonerarla del pago de la indexación monetaria por la tardanza en la
cancelación del retroactivo por parte de la administración.

Sostuvo que los “mayores costos por proceso de homologación no se generaron, ya
que tal procedimiento (descentralización y homologación) se realizó a entera
satisfacción como se puede vislumbrar del acervo probatorio, si se generó un costo
que, señala el a quo, es una indexación monetaria por el retardo por parte del municipio
de Manizales en el pago del retroactivo ya reconocido, dicho costo excesivo no es
atribuible a mi mandataria (sic) pues no estaba en manos de ella realizar el pago como
su en la del ente territorial, quien era la encargada de realizar el desembolso y fue quien
demoró en la cancelación del retroactivo e indexación ya avalados por el Ministerio de
Educación Nacional, generando así una pérdida del valor adquisitivo del dinero.”

En relación con la falta de legitimación en la causa por pasiva sostuvo que quien
suscribió los actos administrativos demandados fue la Secretaría de Educación
del municipio de Manizales, y el Ministerio de Educación Nacional no es el titular
de la obligación que se demanda, al no tener injerencia en los hechos que
generaron la demanda ni en los trámites administrativos para el reconocimiento
y pago de obligaciones.

El apoderado de la parte actora solicita que se revoque la sentencia de primera
instancia, por medio del cual se niegan las pretensiones de la demanda, y como
consecuencia de ello, se accedan, con los siguientes razonamientos 2:

Alegó que “pese a que el derecho a la homologación y nivelación salarial es una
actividad que debía adelantarse previo a la incorporación del personal a la
planta de la entidad territorial receptora; lo cierto es que la misma fue tramitada
de forma posterior y cancelada catorce (14) años después de su causación, de
manera que, el derecho al pago del salario justado a derecho, NO se supeditó
a la expedición de la Resolución No. 440 DE ABRIL 11 DE 2014, pues
claramente anterior a ésta, existían otros pronunciamientos por parte de la
administración que permitan hacer exigible su derecho laboral.”

2
Folios 199 a 213 reverso del expediente.

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Demandante: Jesús Salvador Aguirre Bermúdez
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Señaló que no puede afirmarse que el pago del retroactivo por homologación y
nivelación salarial no tuviera connotación del pago tardío de una obligación,
pues esta probado que, si se causó con la certificación de la entidad territorial y
su subsecuente incorporación en el año 1997, no es lógico decir que, si un
emolumento acusado desde esta época es cancelado en el año 2014, el mismo
no tenga la connotación de pago tardío.

Afirmó que es procedente solicitar el reconocimiento y pago de los intereses de
mora, desde el momento en que surgió el derecho a percibir el salario
homologado, esto es, desde la incorporación del personal a la planta de cargos
y no a partir de la fecha en la cual se expide el acto administrativo que ordena
o autoriza el pago del retroactivo.

Sostuvo que, las demandadas debían reconocer sobre las sumas liquidadas, no
la indexación sino los intereses de mora, en cuanto no se trata del cumplimiento
de un fallo judicial, sino por haber incurrido en mora en el pago oportuno de las
obligaciones salariales y prestacionales

Manifestó que no es posible que ahora el operado judicial exija una norma que
regule el pago de intereses de mora para los retroactivos que se cancelen por
homologación y nivelación salarial, cuando la ley no ha regulado la materia; sin
bien no hay norma que contenga el pago de retroactivos por este concepto,
también lo es que, por esta sola razón, el trabajador no tenga derecho a
reclamar el pago cumplido y completo en condiciones de igualdad y equidad.

Manifestó que con el presente proceso se pretende que se declare que el
demandante tiene derecho al pago de los intereses moratorios sobre el
retroactivo por homologación por resultar estos más favorables que la
indexación ya cancelada. No se hace con la intención de que se paguen sobre
la misma obligación, indexación e intereses moratorios por los mismos espacios
de tiempo o que se paguen intereses sobre la indexación, como lo consideró el
a quo.

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5. Alegatos de conclusión

Mediante escrito allegado vía correo electrónico, adjuntado a SAMAI, visible en el
índice 12, el apoderado de la entidad demandada descorrió el traslado para alegar
conclusión, reiterando los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

Reiteró que se debe declarar probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, por cuanto “el reconocimiento y pago de homologación y
nivelación salarial reconocido al demandante en el año 2008, así como su ajuste en el
año 2012, tuvo origen en la descentralización del servicio educativo de la Nación en las
entidades territoriales certificadas, estando más que probado que de acuerdo al marco
jurídico que contiene dicho proceso, es la Nación - Ministerio de Educación Nacional,
entidad que aprobó el estudio técnico y designó los recursos para hacer efectivo dicho
reconocimiento.”

Señaló que el concepto 1607 de 2004 proferido por la Sala de Consulta de esta
Corporación en respuesta al Ministerio de Educación Nacional sobre señaló que
“que las entidades Territoriales certificadas en Educación que debían seguir el
procedimiento para la homologación y nivelación salarial de los empleados
administrativos, que serán canceladas posteriormente por el Ministerio de Educación
Nacional con recursos del Sistema General de Participaciones y NO con recursos
propios”, motivo por el cual no es responsable del reconocimiento deprecado.

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional, a través de apoderado
judicial, allegó alegatos de conclusión visible en el índice 13 de SAMAI, en el
cual solicitó modificar la decisión de primera instancia y se niegue el
reconocimiento de suma alguna en favor del demandante.

Sostuvo que “los valores reconocidos a la parte demandante en la Resolución No 440
del 11 de abril de 2014, por concepto de retroactivo por homologación salarial, fueron
pagados el 30 de abril de ese mismo año, en tal virtud, no había transcurrido más de
un mes entre el reconocimiento y el pago efectivo a su beneficiario, siendo así,
inexistente la pérdida de poder adquisitivo del dinero reconocido en perjuicio del
interesado, y por tal, no habría lugar a reconocer suma alguna inclusive por razones de
justicia y equidad como se hizo en primera instancia.”

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Reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación, en especial, lo
relacionado con la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, “la
responsabilidad debido a la descentralización de la educación autorizada por la
ley radica en cabeza de la entidad territorial a la cual está vinculada el docente
que reclama su derecho.”

Mencionó que el titular del acto administrativo es una persona jurídica diferente
al Ministerio de Educación Nacional, por lo que una eventual condena,
equivaldría a sancionarla por actos que no pueden ser imputados a la misma.

Vencido el término para presentar alegatos de conclusión en el curso de la
segunda instancia, la parte demandante y el Ministerio Público, omitieron realizar
pronunciamiento alguno.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le corresponde al Consejo de
Estado conocer en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas por los tribunales administrativos.

En el presente caso, ambas partes presentaron recurso de apelación, por lo que
se resolverá sin limitación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si en los términos de los recursos de apelación
presentados por las partes, procede revocar o modificar la sentencia de primera
instancia que negó la pretensión de reconocimiento y pago de intereses
moratorios, pero que de forma extra petita reconoció la indexación de unas
sumas de dinero a favor del demandante.

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Para el efecto, se determinará si: (i) El demandante tiene derecho al pago de
intereses moratorios sobre el valor que le canceló la Secretaría de Educación
de Manizales por la homologación y nivelación salarial del cargo del señor Jesús
Salvador Aguirre Bermúdez en calidad de personal administrativo, realizado en
virtud del proceso de descentralización del servicio educativo. (ii) Y si procede
la decisión extra petita del Tribunal consistente en reconocer la indexación de
unas sumas de dinero a favor del demandante, que no fueron solicitadas en la
demanda.

2.3. Análisis de la Sala

2.3.1. Homologación del personal administrativo y proceso de
descentralización del servicio educativo.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 7
de diciembre de 20043, reseñó el proceso de descentralización del sector
educativo, dispuesto en las Leyes 60 de 19934 y 715 de 20015, en virtud del cual
las entidades territoriales (departamentos y municipios) debieron recibir el
personal administrativo vinculado previamente con la Nación, mediante un
proceso de homologación de los cargos, funciones y salarios, que sirvió de base
para su incorporación a las plantas territoriales de personal.

En el marco de dicha explicación, la Sala de Consulta expuso que la Ley 43 de
19756 nacionalizó la educación primaria que antes era prestada por los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias
y comisarias, resaltando que, en consecuencia, los gastos de la prestación del

3
Concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, actor: Ministerio de Educación Nacional,
referencia: Costos de homologación del personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos. Entrega del
mismo a las entidades territoriales.
4
"Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288
de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones"
5
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288,
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación
de los servicios de educación y salud, entre otros”.
6
“Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el
Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras
en materia educativa y se dictan otras disposiciones.”

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servicio educativo serían a cargo de la Nación.

Posteriormente, se expidió la Ley 60 de 1993, con fundamento en los artículos
151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política, que implementó la
descentralización del servicio educativo, y por ende, se desmontó la
nacionalización prevista en la Ley 43 de 1975, ordenándose que la Nación
entregaría a los departamentos y municipios los bienes, el personal y los
establecimientos educativos.

En el numeral 1 del artículo 2 ibidem se dispuso que correspondería a los
municipios administrar los recursos cedidos por la Nación para la prestación del
servicio de educación, y en su inciso 5 que, en virtud de la incorporación, las
plantas de personal serían departamentales, administradas en los términos del
artículo 6, según el cual sus escalas salariales serían las de orden
departamental, distrital o municipal:

“ARTICULO 6o. Administración del personal. Corresponde a la ley y a sus
reglamentos, señalar los criterios, régimen y reglas para la organización de
plantas de personal docente y administrativo de los servicios educativos
estatales. Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes
y administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la
carrera administrativa, respectivamente, ni por fuera de las plantas de
personal que cada entidad territorial adopte. Todo nombramiento o
vinculación que no llene los requisitos a que se refiere este artículo, serán
ilegales y constituyen causal de mala conducta, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal para quien lo ejecute. El régimen prestacional
aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de
continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de
1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con
pensiones o cualesquiera otras clases de remuneraciones. El personal
docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado
al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el
régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. Las sumas
por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de las
prestaciones del personal docente del orden territorial, a cargo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán giradas al mismo
por las entidades territoriales, de conformidad con las disposiciones de la
presente ley. El valor actuarial del pasivo prestacional de las entidades
territoriales, que deberán trasladar al Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio, se determinará, para estos efectos, con base en la liquidación
que se realice con cada una de ellas, y será financiado con sus propios
recursos. El régimen de remuneración y las escalas salariales de todos
los docentes de los servicios educativos estatales, que en adelante

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tendrán carácter de servidores públicos de régimen especial, de los
órdenes departamental, distrital o municipal, se regirá por el Decreto-
ley 2277 de 1979 y demás normas que lo modifiquen y adicionen.
Igualmente, sus reajustes salariales serán definidos de conformidad
con la Ley 4a. de 1992. Las funciones de dirección del sistema de salud, se
realizará a través de las direcciones locales, distritales y seccionales según
las competencias definidas en la presente ley. Las entidades prestadoras de
servicios de salud, estarán dotadas de personería jurídica, patrimonio propio
y autonomía administrativa, en concordancia con el parágrafo 1o del artículo
19 de la ley 10 de 1990, y se les aplicará el régimen de personal previsto en
el artículo 26 de dicha ley. (…)”.

El personal administrativo del sector educativo que laboraba para la Nación,
también debió trasladarse a los entes territoriales, mediante un proceso de
incorporación que para materializarse exigía “de la homologación de cargos
(comparación de los requisitos, funciones, clasificación, etc. previstos en la
planta de la Nación con los exigidos para desempeñar los de la planta de
personal de los departamentos), procedimiento que en el caso del personal
administrativo revestía características particulares, pues era el producto de la
descentralización del servicio educativo hacia un ente territorial. Cabe recordar
que según el decreto 2400 de 1968 - art. 48 - 7, la incorporación operaba por
reorganización de dependencias o el traslado de funciones de una entidad a
otra o por la supresión de cargos de carrera y, conforme a la ley 443 de 1998 8,
también por la supresión del empleo de carrera o por fusión o supresión de
entidades o traslado de una entidad a otra o modificación de planta” 9.

Cabe destacar que la homologación e incorporación de los cargos de quienes
venían del nivel nacional requirió de la nivelación de salarios cuando no existían
cargos iguales, y el reajuste de la estructura de las entidades territoriales para
prestar el servicio educativo, para lo cual debieron tener en cuenta la
clasificación, funciones, grado de responsabilidad y requisitos para el ejercicio
de los empleos, para así fijar la remuneración.

7
Modificado y derogado en lo pertinente, art. 87 ley 443/98.
8
Derogada por la ley 909/04.
9
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004, M.P. Flavio Augusto
Rodríguez Arce, actor: Ministerio de Educación Nacional, referencia: Costos de homologación del personal administrativo al
servicio de los establecimientos educativos. Entrega de este a las entidades territoriales.

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No. Interno: 4470 – 2019
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A su turno, la Ley 715 de 200110 estableció las competencias tanto de la Nación
como de las entidades territoriales, en materia de educación11, y a la primera de
ellas se le asignó, entre otras, la de distribuir los recursos del Sistema General
de Participaciones, destinados a la cobertura de ese servicio. En dicha norma
se estableció el procedimiento que se debía seguir a efecto de incorporar las
plantas de personal financiadas con recursos del Sistema General de
Participaciones, a las entidades territoriales, así:

“Artículo 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata
el artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes,
directivos y administrativos de los planteles educativos, de los
departamentos, distritos y municipios. Establecidas las plantas, los
docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos,
que fueron nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su
vinculación sin solución de continuidad.

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los
planteles educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban
contratados por órdenes de prestación de servicios, que sean vinculados de
manera provisional, deberán cumplir los requisitos de la carrera docente y
administrativa para su incorporación definitiva a las plantas que se
establezcan.

(…)

Artículo 37. Organización de plantas. Las plantas de cargos docentes y de
los administrativos de las instituciones educativas serán organizadas
conjuntamente por la Nación, departamentos, distritos y municipios,
en un período máximo de dos años, teniendo en cuenta los criterios
establecidos en la presente ley.

Artículo 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos
a los cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas
financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones, se
realizará por parte de la respectiva entidad territorial, dando prioridad al
personal actualmente vinculado y que cumpla los requisitos para el ejercicio
del cargo.

Los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles
educativos vinculados a la carrera docente a la expedición de la presente
ley, no requieren nueva vinculación o nuevo concurso para continuar
en el ejercicio del cargo, sin perjuicio del derecho de la administración al
traslado del mismo.

10
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288,
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación
de los servicios de educación y salud, entre otros
11
Establecidas en los artículos 5 y 6 de la Ley 715 de 2001.

16

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Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

A los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los
planteles educativos que se financien con recursos del Sistema General de
Participaciones, sólo se les podrá reconocer el régimen salarial y
prestacional establecido por ley o de acuerdo con esta.

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los
planteles educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban
contratados en departamentos y municipios por órdenes de prestación de
servicios, y que cumplan los requisitos para el ejercicio del respectivo cargo,
y cuyos contratos fueron renovados en el año 2001, por el municipio o el
departamento, indistintamente, serán vinculados de manera provisional
durante el año lectivo de 2002. Mientras ello ocurre, deberán, los
departamentos y municipios, renovarles los contratos a más tardar el 1° de
febrero de 2002.

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los
planteles educativos que demuestren que estuvieron vinculados por órdenes
de prestación de servicios por los departamentos o municipios, dentro de los
dos meses antes y el 1° de noviembre de 2000, demostrando solución de
continuidad durante ese período, y que cumplan los requisitos del cargo,
serán vinculados de manera provisional durante el año 2002.

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los
planteles educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban
contratados en departamentos y municipios por órdenes de prestación de
servicios, y que cumplan los requisitos para el ejercicio del respectivo cargo,
y cuyos contratos no fueron renovados en el 2001, serán vinculados durante
el año 2002 de manera provisional, previa identificación y verificación de
requisitos, salvo que sus contratos hayan sido suprimidos como resultado
del proceso de reorganización del sector educativo o de la entidad territorial.

(…)”.

Como consecuencia del proceso de descentralización del sector educativo, las
entidades territoriales debían recibir el personal administrativo contemplado en
las respectivas plantas de personal adoptadas conforme a la ley, mediante el
procedimiento de la incorporación, previa homologación de los cargos, sin
detrimento de la autonomía de las entidades territoriales, para determinar la
estructura de sus administraciones, fijas las escalas salariales y los
emolumentos de sus empleados públicos, dentro del cual las entidades
pudieran ejercer sus competencia según su situación fiscal.

La incorporación conllevaba, por un lado, que las entidades territoriales debían
reajustar, atendiendo sus necesidades, su estructura orgánica y funcional para
cumplir con los fines del servicio educativo y, de otro, que la inclusión en la

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nueva planta debía tomar en cuenta no solo el aspecto formal de los empleos,
como su nomenclatura y grado, sino de manera primordial su clasificación por
la naturaleza de las funciones, el grado de responsabilidad y los requisitos para
su ejercicio, con sujeción a los manuales específicos respectivos, para de esta
manera determinar la remuneración, la cual debió cumplirse dentro del proceso
de homologación12.

Y en relación con el personal administrativo, sus salarios debían ser cubiertos
con el situado fiscal, cuando el salario en la entidad territorial fuera superior al
que devengaba en la Nación, para lo cual esa diferencia debía asumirla ésta
última, en tal razón se imponía la nivelación en las condiciones ya expuestas;
pero los recursos propios se comprometían si la incorporación desconoció los
parámetros legales analizados o el límite reglamentario de incremento salarial
dispuesto por el Gobierno.

En el evento de existir mayores costos con ocasión del proceso de
homologación en virtud de lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, sí el proceso se
cumplió conforme a derecho y existía disponibilidad, debía asumirlos el Sistema
General de Participaciones, si no existía disponibilidad, serían de cargo de la
Nación. Sí el respectivo departamento o municipio homologó y e incorporó al
personal administrando sin atender lo dispuesto por el ordenamiento jurídico,
respondería con sus recursos propios.

De conformidad con lo precedente, se concluye que como consecuencia del
proceso de descentralización del sector educativo las entidades territoriales
debían recibir el personal administrativo contemplado en las respectivas plantas
de personal adoptadas conforme a la ley, mediante el procedimiento de la
incorporación, previa homologación de los cargos.13

12
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004, M.P. Flavio Augusto
Rodríguez Arce.
13
Ver sentencia que sobre el tema profirió esta Corporación de fecha 13 de agosto de 2020, con ponencia del doctor
Gabriel Valbuena Hernández, dentro del expediente con radicación No. 17001-23-33-000-2016-00276-01(3866-19),
demandante: Olga Clemencia Cortés Zapata

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Luego, el Ministerio de Educación Nacional profirió la Directiva Ministerial 10 del
30 de junio de 2005, con destino a los gobernadores, alcaldes y secretarios de
educación, con el propósito de absolver las inquietudes formuladas con relación
a la viabilidad de la homologación de los funcionarios administrativos del sector
educativo y de la consecuente nivelación salarial que se podía generar en las
respectivas entidades territoriales y, para ello, fijó las directrices a tener en
cuenta para llevar a cabo ese proceso.

En relación con la retroactividad de la homologación y nivelación salarial, la
referida directiva estableció, que para determinar la deuda era necesario que la
entidad territorial realizara un listado de las reclamaciones, indicando la fecha
de cada una de ellas, y que la retroactividad tan solo se concedería, en la
medida en que el derecho no hubiera prescrito, según lo consagrado en los
artículos 102 y 103 del Decreto 1848 de 1969 y 151 del Código Procesal
Laboral.

También determinó que la homologación e incorporación conllevaría la
nivelación salarial, lo cual se asumiría con recursos del Sistema General de
Participaciones, previa disponibilidad presupuestal, pero que, si no existía
disponibilidad, la Nación se haría cargo; sin embargo, en caso de que la
homologación e incorporación se hubiera realizado contrariando el orden
jurídico, el respectivo municipio debía responder por ello con sus recursos
propios. Y, en torno a la deuda, definió lo siguiente:

“Para el reconocimiento de la deuda por parte de la Nación, la entidad
territorial deberá enviar a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del
MEN, la liquidación individual anualizada de la deuda, el estudio técnico que
sirvió de base para la nivelación y homologación, realizado de conformidad
con lo previsto en el numeral A.1 de la presente Directiva, y los actos
administrativos correspondientes mediante los cuales se hacen efectivas,
todo lo anterior debidamente certificado por el gobernador o alcalde y
secretario de educación respectivos.

En los casos de reconocimiento de deudas por decisiones de homologación
que no hayan seguido estrictamente los criterios legales, las entidades
territoriales, con la debida diligencia, acudirán al ejercicio de las acciones
judiciales y administrativas procedentes en aras de proteger los intereses
del Estado (Nación, Departamento, Distrito o Municipio), de lo cual

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informarán a este Ministerio en la misma oportunidad a la que se refiere el
inciso anterior.”

2.3.2. De los intereses moratorios

El interés legal es aquél que se tasa en virtud de la ley, a falta de estipulación
concreta de las partes involucradas.

El artículo 1617 del Código Civil señala frente al tema lo siguiente:

“Artículo 1617. Indemnización por mora en obligaciones de dinero. Si la
obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de
perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:

1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un
interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el
caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones
especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos
casos.

El interés legal se fija en seis por ciento anual.

(…)”

Por otra parte, el interés corriente bancario es la tasa efectiva anual de
referencia que en promedio cobran las entidades financieras sobre los nuevos
créditos y que fue regulado por el Código de Comercio en los siguientes
términos:

“Artículo 884. Límite de intereses y sanción por exceso. Modificado por el
artículo 111 de la Ley 510 de 1999.Cuando en los negocios mercantiles haya
de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el
interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el
interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario
corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor
perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de
la Ley 45 de 1990.

Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la
Superintendencia Bancaria”.

20

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De ahí que los intereses moratorios son los que debe pagar el deudor desde la
fecha en la que se constituye en mora y que cesan solo en el momento de pagar
la obligación contraída. Los mismos serán fijados por las partes, pero en caso
contrario, el artículo 884 ibidem precisó:

“(…) sí las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a
una y media veces del bancario corriente (…)”.

Este tipo de intereses que se paga para el resarcimiento tarifado o
indemnización de los perjuicios que padece el acreedor por no tener consigo el
dinero en la oportunidad debida. La mora genera que se hagan correr en contra
del deudor los daños y perjuicios llamados moratorios que representan el
perjuicio causado al acreedor por el retraso en la ejecución de la obligación.14

Así mismo la Ley 1437 de 2011 reguló, lo referente a los pagos derivados del
cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas;
destacando que:

“Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las
entidades públicas. (…)
Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o
liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses
moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto,
según lo previsto en este Código.
(…)
Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga
o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los
beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla
efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se
presente la solicitud”
(…)
Artículo 195. Trámite para el pago de condenas o conciliaciones. El trámite
de pago de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas:
(…)
4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o
liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán

14
Sentencia C-604-2012.

21

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intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria.
No obstante, una vez vencido el término de los diez (10) meses de que
trata el inciso segundo del artículo 192 de este Código o el de los cinco (5)
días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la
entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito
judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un
interés moratorio a la tasa comercial.
(…)”

En consecuencia, los intereses moratorios deben estar consagrados en una
disposición que los autorice expresamente y que faculte su cobro para los casos
de pagos de retroactivos por homologación de cargos y nivelación salarial, o
estar incluidos en el documento que reconoce el derecho, dado su carácter
sancionatorio.

2.4. Caso concreto

La controversia gira en torno a determinar si el señor Jesús Salvador Aguirre
Bermúdez tiene derecho al reconocimiento de los intereses moratorios por el
pago tardío del retroactivo correspondiente a la homologación y nivelación de la
planta de personal administrativa adscrito al sector educativo del municipio de
Manizales.

A través de la sentencia objeto de censura, el a quo negó las pretensiones de
la demanda en relación con el reconocimiento de los intereses moratorios, sin
embargo, reconoció de oficio y por razones de equidad y justicia un período que
no había sido indexado, ordenando la actualización respectiva.

De las pruebas obrantes en el expediente, se encuentran acreditados los
siguientes hechos:

La Secretaria de Hacienda del municipio de Manizales a través de la Resolución
440 del 11 de abril de 201415, ordenó el reconocimiento y pago a favor del señor
Aguirre Bermúdez, por concepto de ajuste de la homologación y nivelación
salarial del período comprendido a partir del 1 de enero de 2003 al 31 de

15
Folio 18 a 19.

22

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diciembre de 2011, y en su parte resolutiva se observa, además, un pago por:
«Indexación = $18.184.074», en los siguientes términos:

“(…)

Que en atención a lo dispuesto en la Directiva Ministerial No. 10 de 2005 y
en la Resolución 2171 del 17 de mayo de 2006, expedida por el Ministerio
de Educación Nacional, y que en consecuencia la Secretaría de Educación
del Municipio de Manizales, elaboró y presentó ante el Ministerio de
Educación Nacional el estudio técnico para el correspondiente Ajuste a la
Homologación y nivelación salarial antes definida, con base en la
modificación presentada por el Departamento de Caldas, mediante Decreto;
de acuerdo con el nivel jerárquico y los requisitos exigidos para el
desempeño del cargo y el de recomendar el nivel, cargo y grado salarial que
se debe asignar.

Que mediante Decreto No. 0388 del 12 de octubre de 2012, el municipio de
Manizales modificó el decreto No. 083 de 2008, por medio del cual se
Homologan y se Nivelan salarialmente los cargos administrativos de la
Secretaría de Educación, financiados con recursos del Sistema General de
Participaciones y se dictan otras disposiciones.

Que el Ministerio de Educación Nacional mediante el oficio No.
2012EE50479 de 28 de agosto de 2012, aprobó la modificación al estudio
técnico de Ajuste a la Homologación y nivelación salarial del personal
administrativo adscrito a la Secretaría de Educación del municipio de
Manizales.

Que la Unidad Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación de
Manizales realizó la liquidación y revisión del retroactivo a pagar al personal
administrativo financiado con recursos del Sistema General de
Participaciones, por el período comprendido a partir del 01 de Enero de 2003
al 31 de diciembre de 2011 que arrojó un valor bruto de (…)

(…)

Que por lo expuesto, es procedente ordenar el pago de los valores
adeudados a personal administrativo de las Instituciones Educativas, por
concepto de Ajuste a la Homologación y Nivelación salarial.”

Obra a folio 21 del expediente, certificación expedida por la Profesional
Universitaria del Área de Recursos Humanos de la Unidad Administrativa y
Financiera de la Secretaría de Educación del municipio de Manizales en la cual
consta que los valores reconocidos por concepto de retroactivo de ajuste a la
homologación y nivelación salarial reconocidos al demandante a través de la
Resolución 440 del 11 de abril de 2014, se pagaron en el mes de mayo de 2014.

23

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El 24 de julio de 201516 el demandante por intermedio de apoderado formuló
petición ante la Secretaría de Educación de Manizales, con miras a que se
reconocieran a su favor los intereses moratorios por el pago tardío de la
homologación y nivelación salarial, desde cuando el derecho se hizo exigible
hasta cuando se produjo el pago efectivo.

La Secretaría de Educación de Manizales a través del Oficio SEM – UAF – 2063
del 18 de julio de 2016, dio respuesta a la solicitud presentada, en los siguientes
términos:

“Es importante señalar que el Ministerio de Educación en unos de los
apartes en el oficio anexo manifiesta “En el caso que nos ocupa, el cual
corresponde al pago del retroactivo por concepto de homologación y
nivelación salarial del personal administrativo, no resulta razonable la
exigencia de intereses moratorios toda vez que no existe mora en el pago
de las obligaciones laborales por parte del empleador sino una simple
equiparación de cargos como consecuencia de una decisión administrativa
del Estado fundamentada en el concepto No. 1607 de 9 de diciembre de
2004 de Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado,
la cual tiene un procedimiento legal establecido para determinar el monto a
reconocer y para establecer las fuentes de financiación y la asignación de
recursos para el pago, por lo tanto no podría hablarse de un retardo
injustificado imputable al deudor que lleve la obligación a un estado
patológico que justifique el pago de los perjuicios traducidos en intereses
moratorios”.

Es importante señalar (sic) que el Ministerio de Educación en oficio 2015-
EE-133345 del 17 de noviembre de 2015, ha sido reiterativo en señalar que
“…para ejecutar los procesos aprobados, la entidad territorial expidió en su
momento, el Decreto general de homologación de cargos, el de
incorporación individual y la respectiva posesión sin solución de continuidad,
así mismo a momento de ejecutar el pago del retroactivo se expidieron los
actos administrativos con los cuales se notificó a los beneficiarios el monto
de sus liquidaciones.

Contra los actos administrativos antes mencionados, procedían dentro de
los términos legales los recursos de ley, por lo que si estos no fueron
debidamente presentados dentro del término legal o se renunció
expresamente a ellos, se entiende que se encuentran ejecutoriados y su
contenido resulta incontrovertible y se daba por terminado el proceso de
homologación y nivelación salarial del personal administrativo financiado
con recursos del SGP en sede administrativa, razón por la cual el Ministerio
no revisará, ni validará modificaciones adicionales al estudio aprobado.

16
Folios 22 a 24.

24

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Precisado lo anterior, la Sala advierte que en el sub lite no se discute que el
demandante, en virtud del proceso de descentralización de la educación, fue
incorporado como empleado de la planta administrativa de la Secretaría de
Educación del municipio de Manizales, y que mediante la Resolución 440 del
11 de abril de 2014, le fueron reconocidas y pagadas unas sumas de dinero por
concepto de retroactivo del proceso de nivelación y homologación, que se
causaron de los años 2003 a 2011, y que fueron debidamente indexadas.

Sin embargo, lo reclamado por el demandante es el pago de los intereses
moratorios que, en su criterio, se causaron porque transcurrieron más de diez
años para que recibiera un salario justo.

Sobre el particular se reitera que, con la expedición de la Ley 60 de 1993 se
implementó la descentralización del servicio educativo, y, por ende, se
desmontó la nacionalización prevista en la Ley 43 de 1975, ordenándose que la
Nación entregara a los departamentos y municipios los bienes, el personal y los
establecimientos educativos. Incorporación regulada por los artículos 34 y 38
de la Ley 715 de 2001, que “dictó normas orgánicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con la Constitución Política y disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación”.

Ahora bien, con la expedición del Decreto 0338 del 12 de octubre de 2012, el
municipio de Manizales modificó el Decreto 083 de 2008 por medio del cual se
homologó y niveló los cargos administrativo de la Secretaría de Educación,
financiados con recursos del Sistema General de Participaciones; en
consonancia con el concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004 de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado17, el cual precisó que “el
legislador y el ejecutivo previeron parámetros para la transferencia del personal
administrativo del servicio educativo del orden nacional a las entidades territoriales,
debiéndose buscar en primer término la equivalencia dentro de la homologación”.

17
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004, M.P. Flavio Augusto
Rodríguez Arce, actor: Ministerio de Educación Nacional, referencia: Costos de homologación del personal administrativo al
servicio de los establecimientos educativos. Entrega de este a las entidades territoriales.

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También analizó lo relativo al proceso de homologación aludido y se resolvieron
las inquietudes planteadas por el Ministerio de Educación Nacional, en los
siguientes términos:

“(…)
1. Las entidades territoriales, como consecuencia del proceso de
descentralización del servicio educativo, previa la homologación de los
cargos previstos en las plantas de personal nacional y departamentales en
lo relacionado con la clasificación, funciones, requisitos, responsabilidades
y remuneración, etc. de los empleos, incorporan en iguales o equivalentes
condiciones el personal administrativo que reciban en virtud de la
certificación.

2. En virtud de lo dispuesto por el artículo 3º del Acto Legislativo No. 1 de
2001, que modificó el artículo 357 de la Constitución, el Sistema General de
Participaciones debió comprender en la base inicial, a 1º de noviembre de
2000, los costos provenientes de la homologación e incorporación del
personal administrativo realizada por las entidades territoriales con
fundamento en la ley 60 de 1993. Si así no se hizo y los mayores costos
por los conceptos mencionados provienen de homologaciones
realizadas conforme a la normatividad aplicable para la adopción de las
plantas, la Nación debe asumirlos; de lo contrario, serán de cargo de
los departamentos.

3. En el evento de existir mayores costos con ocasión del proceso de
homologación en virtud de los dispuesto en la ley 715 de 2001, si el
proceso se cumplió conforme a derecho y existe disponibilidad, debe
asumirlos el SGP; si no existe disponibilidad, serán de cargo de la
Nación. Si el respectivo municipio homologó e incorporó al personal
administrativo contrariando el orden jurídico, responderá con sus
recursos propios.” (resaltado fuera de texto)

La Sala advierte que, para llevar a cabo el proceso de homologación y
nivelación salarial, que dio lugar al pago del retroactivo correspondiente a los
años 2003 a 2011, se surtieron diferentes gestiones por parte de la
administración, a saber18:

El Ministerio de Educación Nacional a través de la Directiva Ministerial 10 del
30 de junio de 2005, puntualizó un procedimiento y estableció unos criterios
para tener en cuenta en el proceso de homologación y nivelación salarial, entre
los cuales estaba la elaboración de un estudio técnico y la determinación de los

18
Ver consideraciones Resolución 440 del 11 de abril de 2014 (ff. 18 -20)

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efectos retroactivos de la deuda, en los siguientes términos:

“EFECTOS RETROACTIVOS DE LA HOMOLOGACIÓN Y NIVELACIÓN

Para determinar la deuda por concepto de retroactividad de la homologación
y nivelación salarial, es preciso que la entidad elabore un listado de las
reclamaciones recibidas, indicando en cada caso, la fecha de presentación
de esta. Con base en este listado, debe proceder a determinar el monto de
las deudas respectivas.

Solo se reconocerá el reconocimiento de la retroactividad de aquellos
derechos que no hayan prescrito de conformidad con lo dispuesto en los
artículo 102 y 103 del Decreto 1848 de 1969y 151 del Código Procesal
Laboral, conforme a las cuales las acciones que emanen de las leyes
sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible y que el simple reclamo del titular del
derecho o prestación debidamente determinado, recibido por el empleador,
interrumpe la prescripción por un lapso igual.”.

Con fundamento en lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional y el
municipio de Manizales, materializaron la homologación y nivelación salarial, lo
cual requirió de varios ajustes, en atención a las reclamaciones efectuadas por
los funcionarios administrativos, entre las cuales se encuentran:

i) El Ministerio de Educación Nacional expidió la Directiva 10 del 30 de junio de
2005, producto del concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado, en la cual se estableció el procedimiento para hacer efectiva
la homologación de cargos.
ii) Atendiendo la directiva aludida, mediante el Decreto 083 de 2008 modificado
por el Decreto 0388 de 2012, el municipio de Manizales homologó y niveló los
cargos administrativos de la Secretaría de Educación.
iii) El municipio de Manizales presentó, ante el Ministerio de Educación
Nacional, un estudio técnico de ajuste a la homologación y nivelación salarial,
el cual fue aprobado mediante Oficio 2012EE50479 del 28 de agosto de 2012.
iv) Para pagar las sumas resultantes del retroactivo del ajuste a la homologación
y nivelación salarial, se expidió certificado de disponibilidad presupuestal en
abril y diciembre de 2013.
v) La Secretaría de Educación del municipio de Manizales expidió la Resolución
440 del 11 de abril de 2014 (f. 18), con el propósito de liquidar y pagar al

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demandante las sumas correspondientes al ajuste de la homologación y
nivelación salarial, con inclusión de la correspondiente indexación.
vi) Finalmente, el pago se produjo en mayo de 2014, a través de la Fiduciaria
BBVA19.

De lo anterior se colige que el proceso de homologación y nivelación salarial del
personal administrativo que pasó a ser parte de la Secretaría de Educación del
municipio de Manizales, tuvo ocurrencia en el año 2008, con ocasión del
Decreto 083.

Ahora bien, acreditado está, que producto del estudio técnico presentado por el
municipio de Manizales se produjo un ajuste a la homologación y nivelación
salarial inicial, y ello se materializó a través del Decreto 388 del 12 de octubre
de 2012, previa la aprobación por parte del Ministerio de Educación.

Finalmente, el pago que se originó como resultado del ajuste a la homologación
y nivelación salarial aludida, se dispuso, a favor del demandante, mediante la
Resolución 440 del 11 de abril de 2014 (ff. 18 - 19), en la cual no solo se ordenó
el reconocimiento y pago de la diferencia salarial producto del ajuste al proceso
de homologación y nivelación salarial, sino que también se ordenó la indexación
de los valores correspondientes y el pago se produjo en mayo de 201420.

Se advierte que en el expediente no obra el Decreto 083 de 2008, por el cual se
produjo la homologación y nivelación salarial, a efectos de determinar si se
reconocieron intereses moratorios o si se indexó la suma ordenada por
concepto de tal procedimiento o si se abstuvo de realizar tales reconocimientos,
carga procesal que correspondía a la parte demandante, en aplicación de lo
dispuesto en el inciso primero del artículo 16721 del Código General del
Proceso22.

19
Folio 21.
20
Según certificación visible en folio 21.
21
Artículo 167.Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
22
«incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen».

28

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Demandante: Jesús Salvador Aguirre Bermúdez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

Conforme con lo anterior, la controversia gira entorno a determinar si procedía
el reconocimiento de los intereses moratorios respecto de las sumas
reconocidas por concepto de ajuste de homologación y nivelación salarial, en
favor del demandante mediante la Resolución 440 del 11 de abril de 2014.

Advierte la Sala, que la petición del demandante se funda en que el retroactivo
por concepto de homologación y nivelación salarial realizado desde el 1 de
enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2011, se ordenó mediante la
Resolución 440 del 11 de abril de 2014; sin embargo, la realidad es otro, pues
en dicho acto se orden el ajuste de la homologación, en donde también se
reconoció lo correspondiente a la indexación, en donde el demandante no se
vio afectado por la pérdida del valor adquisitivo de tales diferencias.

Aunado a lo anterior, se observa que entre la fecha de expedición de la
Resolución 440 del 11 de abril de 2014 y la fecha en que se materializó el pago
de tales diferencias – mayo de 2014-23, no se puede considerar que la autoridad
incurrió en tardanza para pagar las sumas correspondientes, toda vez que se
trató del tiempo razonable durante el cual el acto administrativo cobró firmeza y
se realizaron las gestiones tendientes para realizar el desembolso.

Valga aclarar, que siendo este el contexto fáctico y jurídico en el que se dio la
nivelación salarial del demandante, se señala que esta Sala ya ha tenido la
oportunidad de pronunciarse sobre la procedencia del pago de intereses
moratorios presuntamente causados por razón de la nivelación salarial que se
efectuó en el proceso de homologación de los cargos del personal
administrativo del sector educativo que dependían de la Nación y pasaron a las
entidades territoriales, en desarrollo del proceso de descentralización del
referido sector ordenado por la Ley 60 de 1993.

Así pues, en sentencia del 28 de septiembre de 2017, respecto a los intereses
moratorios se indicó que:

“(…)

23
Conforme a la certificación que obra en folio 21.

29

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Demandante: Jesús Salvador Aguirre Bermúdez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

es dable mencionar que no es procedente el reconocimiento de éstos, pues
se establece que entre la fecha en que se expidió el acto administrativo que
ordenó el pago y la cancelación de la obligación, es decir, el 22 de marzo de
2013 y el mes de abril de 2013, no transcurrió ni un mes, observándose un
lapso mínimo, prudente y proporcional, dada la magnitud de los trámites
económicos y administrativos para culminar el proceso homologación y
nivelación salarial.

(…)

En efecto, ninguna de las entidades accionadas incurrió en mora, puesto
que no existe como tal la causación de unas sumas que por lo demás nunca
se adeudaron. Ahora bien, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda de
la que se queja el actor obedece a un criterio mínimo de equidad según el
cual quien no cumplió con una obligación oportunamente, no puede
beneficiarse cumpliéndola en menor valor o depreciada, pero resulta que en
el presente asunto, ni siquiera se ha incurrido en un retraso o
incumplimiento, porque tal como se expuso, al actor se le canceló su
nivelación y homologación salarial en tiempo”24.

En el mismo sentido, en providencia del 7 de diciembre de 2017, se indicó que
no es procedente acceder al reconocimiento de los intereses moratorios
respecto del pago retroactivo de nivelaciones salariales, porque tratándose de
derecho sancionatorio debe existir una norma que ordene su pago, así:

“Por otro lado, tampoco hay lugar a reconocer intereses moratorios en el
presente caso, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente
sancionatoria de los mismos, en cuanto buscan castigar al deudor
incumplido. Bajo este entendido si no se dijo nada al respecto en las
resoluciones que reconocieron el retroactivo, como tampoco hay norma que
expresamente lo consagre, no se puede en consecuencia, entrar a
reconocerse los intereses moratorios.
Recordemos que, por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios
deben estar consagrados en una norma que los autorice expresamente, es
decir, que faculte el cobro de los mismos para los casos de pagos
retroactivos por homologación y nivelación, o estar claramente incluidos en
el documento que reconoce el derecho, supuestos, que no se evidencian en
el presente asunto”25.

Siguiendo esta línea hermenéutica, en sentencia del 23 de agosto de 2018, se
reiteró que no hay lugar al pago de intereses moratorios cuando en el contenido

24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, proceso con radicado 73001-33-
33-000-2014-00406-01 (2488-15).
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia del 7 de diciembre de
2017, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00311-01 (0905-15).

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Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

de los actos administrativos que reconocieron el retroactivo no se incluyó nada
sobre el particular y además no existe una norma que autorice dicho
reconocimiento26.

Así las cosas, teniendo en cuenta que en el sub examine el pago de la nivelación
salarial se efectuó en mayo de 201427, tal como se indicó en la certificación de
la entidad accionada, y que la Resolución 440 que reconoció y ordenó el pago
de la nivelación data del 11 de abril de 2014, se evidencia que transcurrió un
término razonable, de modo que no es procedente la condena por el pago de
intereses moratorios, puesto que se considera un plazo prudencial, tal como se
indicó en los antecedentes jurisprudenciales previamente citados; razón para
negar el recurso vertical interpuesto por la parte actora.

Por otro lado, esta Subsección observa que el a quo de oficio condenó a la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, a pagar al demandante una
indexación sobre el valor pagado a título de retroactivo, desde el 1 de enero de
2012 hasta el 30 de abril de 2014.

Frente a este tema el Consejo de Estado al ocuparse de asuntos que guardan
simetría con el aquí abordado, ha sostenido que28:

“(…)

Finalmente, se considera que el aquo condenó a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional al reconocimiento de una indexación únicamente sobre
el valor pagado a título de retroactivo, frente a lo cual, se establece que
teniendo en cuenta que jurisprudencialmente la indexación se tiene como la
figura por la cual se actualiza la moneda que ha perdido su valor por el paso
del tiempo, que entre la fecha en que adquirió ejecutoria la Resolución 1933-
6 del 22 de marzo de 2013 y el día anterior al pago de la obligación, el cual
tuvo lugar en el mes de abril de 2013, esto es, sin cumplirse un mes, por
ende, no transcurrió el suficiente tiempo que en consecuencia generara la
depreciación de valor reconocido por concepto del retroactivo, por lo que, no
había lugar a su reconocimiento y en tal virtud se revocará la providencia
enjuiciada en ese sentido.

(…)”

26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de agosto de 2018, M.P. César Palomino Cortés,
proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00403-01 (4589-15).
27
Folio 21
28
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “B”. C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Fecha: 11 de mayo de 2020.
Rad.: 170012333000-2016-00649-01(3194-2019) y Rad.: 170012333000-2016-00993-01(5833-2018).

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Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

Al tenor del precedente jurisprudencial transcrito, la Sala precisa que la
indexación es una figura por medio de la cual se actualiza la moneda que ha
perdido su valor por el paso del tiempo. Al respecto, nótese que en el presente
caso no es aplicable tal instrumento, toda vez que es notorio que entre la fecha
de ejecutoria de la Resolución 440 del 11 de abril de 2014 y el pago de la
obligación, la cual se produjo en mayo de 201429, no transcurrió suficiente
tiempo para que genere la devaluación de la suma reconocida por concepto del
retroactivo, por lo que, no había lugar a su reconocimiento y en tal sentido se
revocará la providencia acusada en ese aspecto.

II. DECISIÓN

En atención a estas consideraciones, esta Subsección revocará el
reconocimiento efectuado por el a quo respecto de la indexación de los dineros
pagados al demandante por concepto de retroactivo, y confirmará la sentencia
del 7 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en los
demás aspectos.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO.- REVOCAR el numeral tercero de la sentencia del siete (7) de
junio de dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todos los demás aspectos la sentencia apelada
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones

29
Folio 21 del expediente.

32

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Demandante: Jesús Salvador Aguirre Bermúdez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional y otro

de la demanda presentada por el señor Jesús Salvador Aguirre Bermúdez
contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Manizales
– Secretaría de Educación.

TERCERO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente) Ausente en comisión
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

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