Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00874-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2016-00874-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2016-00874-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
17 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2016-00874-01 (4600-19)
Demandante: Gilberto Duque Rueda
Demandado: Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio), municipio de Manizales
(Secretaría de Educación)
Temas: Intereses moratorios por homologación y nivelación salarial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandante
contra la sentencia proferida el 3 de mayo de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Caldas, mediante la cual declaró probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva formulada por el municipio de Manizales; declaró no probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva planteada por el Ministerio
de Educación Nacional, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas
de primera instancia a la parte demandante.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 17001 23 33 000 2016 00874 01 (4600-19)
Demandante: Gilberto Duque Rueda
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Gilberto Duque Rueda, por intermedio de
apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
en orden a que se declare la nulidad del Oficio SEM-UAF-2063, del 18 de julio de
2016, expedido por la Secretaría de Educación del municipio de Manizales,
mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de los intereses de mora por el
pago tardío del retroactivo que surgió a causa de la nivelación y homologación
salarial.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
condenar a la Nación (Ministerio de Educación Nacional) y a la Secretaría de
Educación departamental de Manizales, a i) reconocer y pagar los intereses
moratorios por el desembolso tardío de la homologación y nivelación salarial, los
cuales deben ser liquidados a la tasa del interés bancario corriente, por períodos de
treinta días, una vez ocurrido el incumplimiento; ii) liquidar y pagar los intereses
reclamados, con base en el capital neto cancelado, sin incluir el valor que se
reconoció por concepto de indexación salarial; iii) ordenar el cumplimiento de la
sentencia en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; iv) disponer el pago de los
intereses moratorios en los términos dispuestos por el artículo 192 ibidem; y v)
conceder costas a favor del demandante, en caso de que la entidad presente
oposición a las pretensiones de la demanda.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El señor Gilberto Duque Rueda prestó sus servicios en la Secretaría de Educación
del municipio de Manizales, en calidad de personal administrativo.
ii) El Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución 2451 del 29 de octubre
de 2002, con miras a dar cumplimiento a la Ley 715 de 2001, en el sentido de
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Demandante: Gilberto Duque Rueda
certificar al municipio de Manizales para la administración del servicio educativo.
iii) Producto de lo anterior, a través del Decreto 011 del 20 de enero de 2004, el
municipio de Manizales adoptó la planta de cargos y personal que prestaba sus
servicios para el departamento de Caldas, con cargo al Sistema General de
Participaciones.
iv) La incorporación anterior se hizo sin que previamente se hubieran homologado
y nivelado salarialmente los cargos y, con ello, se generó una situación de
desigualdad para los servidores pagados con recursos del Sistema General de
Participaciones, respecto de aquellos pertenecientes a la planta central del
municipio, pese a la igualdad de funciones y responsabilidades.
v) La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en Concepto 1607
del 9 de diciembre de 2004 indicó que las entidades territoriales debían realizar la
nivelación salarial y aseguró que la diferencia del mayor valor debía ser asumida
por la Nación.
vi) En el año 2008, la Alcaldía de Manizales, Secretaría de Educación, efectuó el
estudio técnico con el propósito de homologar y nivelar los cargos, el cual se aprobó
por la directora de descentralización del Ministerio de Educación Nacional, a través
del Oficio 2007EE6185 del 21 de diciembre de 2007.
vii) Como consecuencia de lo anterior, el municipio expidió el Decreto 083 del 11 de
marzo de 2008, por medio del cual se produjo la homologación y nivelación de los
cargos administrativos de la Secretaría de Educación, financiados con recursos del
Sistema General de Participaciones.
viii) En atención a la Directiva Ministerial 10 de 2005 y a la Resolución 2171 del 17
de mayo de 2006, emanada del Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de
Educación radicó una propuesta de ajuste a la homologación y nivelación salarial,
la cual fue aprobada a través del Oficio 2012EE50479 del 28 de agosto de 2012.
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ix) En el oficio anterior se definió que el Ministerio debía adelantar los trámites para
hacer efectiva la homologación de cargos y realizar la posesión sin solución de
continuidad a favor de las personas beneficiarias de ese proceso; también se definió
que la autoridad territorial no contaba con excedentes del Sistema General de
Participaciones para pagar el costo de los retroactivos por nivelación salarial, de
modo que la Nación asumiría tal responsabilidad, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 148 de la Ley 1450 de 2011.
x) A través del Decreto 0388 del 12 de octubre de 2012 el municipio modificó la
homologación y nivelación salarial aprobada, inicialmente, a través del Decreto 083
de 2008, para lo cual tuvo como parámetro los salarios del departamento de Caldas
con corte a 31 de diciembre de 2002 y aplicando los incrementos salariales entre
2003 y 2012.
xi) Mediante la Resolución 620 del 11 de abril de 2014 el Ministerio de Educación
Nacional pagó, a favor del demandante, el retroactivo por concepto de
homologación y nivelación salarial y, en él, precisó las fechas en que se constituyó
la obligación, esto es, entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2011; por
ende, la obligación de pagar tal homologación inició el 1 de enero de 2003. El pago
solo se efectuó en el mes de mayo de 2014.
xii) Ahora bien, en atención a la fecha de ingreso, retiro y/o prescripción, el período
a cancelar varía entre los diferentes beneficiarios de tal homologación y, en el caso
concreto del demandante, comprende desde el 1 de enero de 2003 hasta el año
2011, según certificado expedido por la Secretaría de Educación.
xiii) Con base en lo expuesto, desde el momento en que se produjo el traslado a la
planta de cargos de la entidad territorial, la accionante debió recibir la diferencia
salarial correspondiente; sin embargo, como se expuso, esta tan solo se canceló en
el mes de mayo de 2014, por ello, el pago tardío del retroactivo por homologación
generó intereses moratorios, tal como lo establecen los artículos 1608, 1617 y 1649
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del Código Civil y normas concordantes.
xiv) El 27 de julio de 2015, el demandante formuló, ante la Secretaría de Educación
del municipio, una solicitud orientada a que se reconocieran los intereses moratorios
causados por la tardanza en el pago del retroactivo por homologación y nivelación
salarial y, con ello, interrumpió el fenómeno prescriptivo.
xv) Los días subsiguientes el apoderado del demandante radicó solicitud de una
multiplicidad de servidores que estaban en igual situación y pretendían idéntico
reconocimiento.
xvi) A través de Oficio SE-UAF.2040 del 31 de julio de 2015 la Secretaría de
Educación comunicó que debido a la magnitud de solicitudes en tal sentido,
realizaría una consulta ante el Ministerio de Educación Nacional con el fin de decidir
acerca de la viabilidad o no, de lo pretendido.
xvii) Pese a lo anterior, y producto de una solicitud en tal sentido que se realizó en
forma posterior a lo expuesto, la entidad se pronunció desfavorablemente a la
solicitud y así lo hizo frente a la mayoría de radicados y, en algunos de ellos, se
refirió a la comunicación 2015-EE-137289 del Ministerio de Educación Nacional en
la que emitió concepto no favorable para el pago de intereses moratorios.
xviii) La respuesta a la solicitud formulada por el demandante, finalmente, fue
emitida a través del Oficio SEM-UAF-2063, en el cual se negó lo pretendido y ese
acto quedó en firme el día de su notificación, comoquiera que en él no se informó
sobre la procedencia de recursos.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
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Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 93, 123, 209, 350 de la
Constitución Política; 1608, numerales 1 y 2, 1617 y 1649 del Código Civil y 177 del
Código Contencioso Administrativo1.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:
i) La homologación es un procedimiento mediante el cual se comparan las funciones
y requisitos de un empleo existente en una planta de personal, para encontrar su
empleo equivalente en la planta receptora, en este caso, como resultado de la
descentralización del servicio de educación.
ii) La entidad demandada realizó el proceso de homologación respectivo, en torno
al empleo de la demandante; sin embargo, al negar el reconocimiento de los
intereses moratorios reclamados violó la ley, en la medida en que pretendió
equiparar los intereses a la indexación cuando ambos provienen de una fuente
distinta.
iii) En el caso bajo análisis se debe tener en cuenta el principio general del derecho
según el cual lo accesorio corre la suerte de lo principal, de modo que si el derecho
al retroactivo por homologación y nivelación salarial se hubiera extinguido, igual
hubiera ocurrido respecto de la obligación accesoria de pagar los intereses
moratorios derivados de la tardanza por parte del Estado; por lo tanto, es viable
reclamar tales intereses dentro de los tres años siguientes al pago tardío de la
homologación salarial pues fue el momento en que se conoció que no se habían
ordenado.
iv) Las entidades, dentro de los estudios técnicos, no proyectaron el pago de
intereses como resultado de la aprobación del pago tardío de la homologación; por
lo tanto, la controversia al respecto debe someterse a instancias judiciales como la
1 Esa fue la norma que se indicó en la demanda, aunque esta se radicó en vigencia de la ley 1437
de 2011.
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de la referencia.
v) El reclamo de los intereses moratorios obedece a que la administración canceló
las sumas resultantes de la homologación y nivelación salarias varios años después
de haberse causado y en la certificación en que consta su pago no se refleja ningún
valor por concepto de intereses.
vi) El artículo 53 de la Constitución Política establece, como principio fundamental,
la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos de los trabajadores; por lo tanto, la
administración no puede desconocerlos o desmejorarlos a su antojo, en perjuicio
del trabajador y, para el caso concreto, ese incumplimiento se evidencia en la
omisión de reconocer los intereses reclamados.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. El municipio de Manizales
El ente territorial demandado, por conducto de apoderada, contestó la demanda 2 y
se opuso a la prosperidad de las pretensiones, porque cuando se produjo la
homologación y nivelación salarial todo el proceso se realizó en estricto acatamiento
y observancia de los criterios e instrucciones definidos por el Ministerio de
Educación Nacional y la fiduciaria que realizó el desembolso de los conceptos que
resultaron de ello. Además, precisó las circunstancias que rodearon tal actuación
administrativa, en los términos que se procede a transcribir:
[…] en el 2012 lo que se efectuó fue un ajuste al proceso de homologación del 2008,
en virtud del ejercicio que el Departamento de Caldas realizó al modificar el estudio
técnico de homologación y nivelación salarial de su planta de cargos ADMINISTRATIVOS
financiada con recursos del Sistema General de Participaciones -SGP-, la cual fue
APROBADA por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL en el 2009 y que fue adoptada
mediante decreto departamental 0337 del 02 de diciembre de 2010. Con fundamento
en lo anterior y mediante oficio 2012EE12353 del 17 de marzo de 2011, el MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL le informa a la Secretaría de Educación de Manizales que la
homologación y nivelación que se llevó a cabo por el Departamento de Caldas “puede
afectar algunos de los funcionarios que en virtud de los procesos de descentralización
2 Folios 69 a 85.
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Demandante: Gilberto Duque Rueda
recibió el municipio”. Agregando que el municipio deberá presentar ante el Ministerio
para su análisis, el estudio técnico en el que se incluya única y exclusivamente la
información del personal administrativo cuya situación se modificó con el ejercicio
adelantado por el Departamento, para establecer la viabilidad de un (sic) eventual
modificación e incluir, de ser necesario, el diferencial de salarios en el cálculo de
recursos complementarios.
[…] Como se dijo en el hecho 9º, el proceso de homologación y nivelación salarial del
personal administrativo recibido por el Municipio de Manizales del Departamento de
Caldas, como consecuencia de la Certificación a la entidad territorial del orden
Municipal para administrar dentro de su jurisdicción la prestación del servicio público
educativo, se efectuó en el 2008. Por lo tanto se reitera que el AJUSTE efectuado en
el 2012 a dicha homologación, tuvo origen en un AJUSTE efectuado por la
GOBERNACIÓN DE CALDAS a su personal administrativo, que en virtud de lo considerado
por el Ministerio de Educación Nacional, afectó a los servidores sujetos de la
homologación en el año 2008.
[…]
La Homologación de cargos y nivelación salarial se produjo debidamente en el 2007-
2008. El ajuste a dicha homologación en virtud del ejercicio realizado por el
Departamento de Caldas se efectuó en el 2012. Todas y cada una de esas sumas
fueron liquidadas con la debida indexación, así que no es cierto que se haya
generado el pago de intereses moratorios establecido en los artículos 1608, 1217
y 1649 del Código Civil, toda vez que no estamos frente a rentas, cánones, ni
pensiones periódicas.
Finalmente, el demandante deberá probar que el proceso de homologación de cargos
y nivelación salarial conforme al marco jurídico vigente, tiene en virtud del marco
jurídico vigente, un plazo determinado para realizarse y que permita determinar si el
mismo fue o no cancelado tardíamente; y en todo caso lo que sí está probado, es que
las sumas adeudadas en virtud de este proceso fueron debidamente liquidadas con
la indexación correspondiente.
Por último, la apoderada de la entidad propuso las excepciones de inexistencia de
la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, caducidad, prescripción
e ineptitud de la demanda.
1.2.2. El Ministerio de Educación Nacional
La entidad accionada, por intermedio de apoderado, contestó la demanda 3 y se
opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a
continuación:
3 Folios 103 a 121.
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i) Los artículos 34 y 38 de la Ley 715 establecieron el procedimiento para incorporar
las plantas financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones a las
plantas de personal de las entidades del orden territorial y, en el caso bajo análisis,
tal procedimiento se cumplió mediante la incorporación y homologación de cargos,
lo que generó los costos derivados del estudio técnico.
ii) En el Acto Legislativo 01 de 2005 se dispuso que los recursos de participación
para la educación serían destinados para financiar la prestación del servicio
educativo y el pago del personal docente y administrativo de las instituciones
públicas.
iii) A través de la Directiva Ministerial 10 de 30 de junio de 2005 se establecieron las
directrices orientadas a que se produjera la homologación, así como los criterios y
procedimiento necesarios para el efecto; además, se impuso en las entidades
territoriales, la obligación de ajustar sus plantas de personal y todo ese proceso se
siguió en el caso analizado, sin que ello dé lugar al reconocimiento de los intereses
pretendidos.
Finalmente, el apoderado de la entidad planteó las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva, prescripción e ineptitud de la demanda.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia proferida el 3 de mayo de
2019,4 declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
formulada por el municipio de Manizales; declaró no probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva planteada por el Ministerio de Educación
Nacional, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas de primera
instancia a la parte demandante, con base en los siguientes argumentos:
i) Producto del proceso de descentralización de la educación, los cargos al servicio
4 Folios 167 a 173.
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de la educación que estaban adscritos a la Nación, debieron ser asumidos por las
entidades territoriales, las cuales empezaron a responder por la educación pública.
Como consecuencia de ello, los departamentos y municipios debían asumir esos
cargos, para lo cual se debían ajustar a las plantas propias, proceso denominado
homologación. Ahora bien, a raíz de lo anterior se debían realizar los ajustes
salariales y prestacionales, lo que derivó en el reconocimiento de las diferencias
que surgieran de tal proceso.
ii) En lo que respecta a los intereses moratorios, estos son incompatibles con la
indexación y no son acumulables; por lo tanto, como se demostró que a la parte
demandante se le reconoció la indexación de las sumas concedidas a título de
nivelación salarial, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31
de diciembre de 2011, es improcedente reconocer los intereses moratorios que
reclama.
iii) Al revisar la situación planteada, se hace evidente que el reconocimiento de los
valores causados por homologación y nivelación salarial se produjo mediante la
Resolución 620 del 11 de abril de 2014 y, en ella, no solo se ordenó el pago de
capital correspondiente, sino de la indexación por el período del 1 de enero de 2003
al 31 de diciembre de 2011; ahora bien, el pago se produjo en el mes de mayo de
2014, es decir, no transcurrieron más de dos meses entre la ejecutoria del acto
administrativo y el pago, tiempo prudencial para proceder de conformidad.
1.4. El recurso de apelación
El señor Gilberto Duque Rueda, actuando por conducto de apoderado, interpuso
recurso de apelación,5 que sustentó así:
i) Los fundamentos que se invocaron en la sentencia desconocen la obligatoriedad
del Estado de realizar sus gestiones administrativas y presupuestales en forma
oportuna, con el fin de salvaguardar los principios constitucionales de equidad e
5 Folios 181 a 195.
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Radicado: 17001 23 33 000 2016 00874 01 (4600-19)
Demandante: Gilberto Duque Rueda
igualdad laboral. Bajo ese entendido, el pago de retroactivo por homologación y
nivelación salarial se debió asumir desde el momento en que se realizó el traslado
de personal del nivel nacional al territorial, y no varios años después, como ocurrió
en el caso bajo análisis.
ii) Cuando se trata de asuntos de contenido pecuniario, se espera el completo y
cabal cumplimiento de la obligación, sin importar que se trate de personas de
derecho público o derecho privado, lo que ocurre en el caso bajo análisis, en el cual
el empleado debió recibir, desde el inicio, sus salarios y prestaciones debidamente
niveladas; por lo tanto, la administración debe ser condenada al pago de los
intereses que se pretenden, porque estos resultan de la cancelación tardía de sus
acreencias laborales.
iii) En el asunto bajo estudio, la manera en que se deben resarcir los perjuicios
causados al demandante, como resultado del pago tardío de las diferencias que
surgieron del proceso de homologación y nivelación salarial, es pagando los
intereses moratorios pretendidos; por ello, en virtud del principio de favorabilidad,
se debe preferir el pago de estos y no de la indexación, pues aquellos resultan más
benéficos que esta. Además, las providencias que se citan para desestimar el pago
de los intereses se refieren al cumplimiento de sentencias judiciales y, en el caso
bajo estudio, el reconocimiento económico del retroactivo no se ocasionó en una
decisión judicial, sino que fue producto de una obligación que la administración
debió cumplir oportunamente.
iv) Cuando se incumple el pago de una obligación dineraria, surge una
indemnización de perjuicios mediante el pago de intereses moratorios, tal como lo
determina el artículo 1617 del Código Civil, para lo cual tan solo basta demostrar el
hecho del retardo. Tal norma no se puede desconocer y, menos en un asunto de
índole laboral, en el que debe primar la aplicación de la norma favorable al
trabajador, máxime cuando se advierte que la tardanza en el pago oportuno de las
obligaciones laborales obedeció al desgreño administrativo y la tramitología para el
cumplimiento del proceso en mención.
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Radicado: 17001 23 33 000 2016 00874 01 (4600-19)
Demandante: Gilberto Duque Rueda
v) Para condenar en costas en un proceso tramitado ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo no basta con que resulten desfavorables las súplicas de
la demanda, pues se requiere, por parte del juez, la valoración de la conducta de
las partes y, en el sub lite, no hubo maniobras dilatorias, no está demostrado un
actuar malicioso por parte del demandante y tampoco están demostrados los gastos
o agencias en derecho e que habría incurrido la parte demandada para su defensa.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La Nación, Ministerio de Educación Nacional presentó alegatos de conclusión y
solicitó confirmar la sentencia de primera instancia,6 la parte demandante solicitó
acoger los argumentos del recurso de alzada y acceder a las pretensiones del
libelo.7
1.6. El Ministerio Público
El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto8 en el
cual solicitó confirmar la providencia recurrida, con excepción del numeral cuarto de
su parte resolutiva que dispuso la condena en costas, aspecto que pidió revocar,
toda vez que del análisis del criterio valorativo, no se infiere que haya sido viable
una condena en tal sentido.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si i) el demandante tiene o no derecho al
reconocimiento y pago de los intereses comerciales y/o moratorios respecto de las
sumas otorgadas por concepto de retroactivo, producto de la homologación y
6 Según informe secretarial que obra en folio 207 y el memorial registrado en el índice 12 de la
plataforma SAMAI.
7 Según informe secretarial que obra en folio 207 y el memorial que aparece en el índice 13 de la
plataforma SAMAI.
8 Folio 207 y memorial registrado en el índice 14 de la plataforma SAMAI.
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nivelación salarial; y ii) procedía condenar en costas de primera instancia a la parte
actora.
2.2. Marco normativo
2.2.1. En torno a la homologación y nivelación salarial
A través de la Ley 43 de 1975, el legislador decidió «nacionaliza[r] la educación
primaria y secundaria que oficialmente v[enían] prestando los departamentos, el
Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarias […]».
Ahora bien, con la expedición de la Constitución Política de 1991, en su artículo 356,
se estableció que el Gobierno Nacional fijaría los servicios a ser prestados por la
Nación y las entidades territoriales; de igual manera, debía determinar el situado
fiscal, que comprendía «el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que
ser[í]a cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los Distritos Especiales de
Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para la atención directa, o a través de los
municipios, de los servicios que se les asignen».
En la aludida norma constitucional se determinó que los recursos del situado fiscal
se destinarían para financiar la educación preescolar, primaria, secundaria y media,
y la salud, en los niveles que la ley señale.
Producto de tal previsión constitucional, se expidió la Ley 60 de 19939, en la que se
dispuso la descentralización del sector educativo10 y, de ese modo, empezó la
desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba previamente para la
prestación de ese servicio. En el parágrafo11 del artículo 15 ibidem, se determinó
9 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
10 En el artículo 16 literal «B. En educación» se fijaron las reglas para la descentralización de ese
servicio.
11 El parágrafo en cita ordenó: «En concordancia con la descentralización de la prestación de los
servicios públicos de salud y educación y las obligaciones correspondientes, señalados en la
presente ley, la Nación cederá a título gratuito a los departamentos, distritos y municipios los
derechos y obligaciones sobre la propiedad de los bienes muebles e inmuebles existentes a
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Demandante: Gilberto Duque Rueda
que la Nación cedería los bienes del servicio educativo a los departamentos,
municipios y distritos; de igual manera, a través de los diferentes artículos de esa
normativa, se dispuso el traslado del personal y de los establecimientos educativos,
a las entidades del orden territorial.
Con base en lo anterior, las plantas de personal entrarían a hacer parte de la
respectiva entidad territorial y, para ello, era necesario que se adelantara un proceso
de incorporación, pues los docentes que tenían la condición de nacionales o
nacionalizados, debían migrar a los departamentos, municipios o distritos, y el
régimen prestacional que regiría tanto a los docentes que venían incorporados,
como a los que se vincularan con posterioridad, sería el establecido en la Ley 91 de
198912.
Posterior a ello, se expidió la Ley 115 de 1994, denominada ley general de la
educación, en cuyo artículo 147 se determinó que la Nación y las entidades
territoriales ejercerían la dirección y administración de los servicios educativos
estatales en los términos de la Ley 60 de 1993 y demás que expida el legislador.
Además, en su artículo 148 se fijaron las competencias de la Nación, de manera
específica, en aspectos relacionados con política y planeación, inspección y
vigilancia, y administración. En lo que respecta a la financiación de la educación
estatal, se consagró que se produciría con recursos del situado fiscal, más el aporte
de los departamentos, los distritos y los municipios, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 60 de 1993, lo que se consideraban un gasto público social 13.
A través del Acto Legislativo 1 de 2001, en su artículo 2, en reemplazo del
denominado situado fiscal, se creó el Sistema General de Participaciones, con el
propósito de «atender los servicios a cargo de [la nación, los departamentos, los
la fecha de publicación de la presente ley destinados a la prestación de los servicios que
asuman las entidades territoriales».
12 Así se determinó en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, en cuyo aparte pertinente, señaló: «El
régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas
vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989 y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones».
13 Tales previsiones se consagraron en los artículos 173 y 174 de la Ley 115 de 1994.
14
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Demandante: Gilberto Duque Rueda
distritos y los municipios] y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su
prestación» y, en relación con aquellos que se destinarían para los departamentos,
distritos y municipios, se señaló que se daría prioridad a aquellos relacionados con
la salud y la educación preescolar, primaria, secundaria y media, entre otros, de
modo que se garantizara la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en
la población pobre.
Más adelante, por medio de la Ley 715 de 200114, se determinaron las competencias
tanto de la Nación como de las entidades territoriales, en materia de educación 15, y
a la primera de ellas se le asignó, entre otras, la de distribuir los recursos del Sistema
General de Participaciones, destinados a la cobertura de ese servicio. En dicha
norma se estableció el procedimiento que se debía seguir a efecto de incorporar las
plantas de personal financiadas con recursos del Sistema General de
Participaciones, a las entidades territoriales, así:
Artículo 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el artículo
37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos y
administrativos de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y
municipios.
Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de los
planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad.
Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados por órdenes
de prestación de servicios, que sean vinculados de manera provisional, deberán
cumplir los requisitos de la carrera docente y administrativa para su incorporación
definitiva a las plantas que se establezcan.
[…]
Artículo 37. Organización de plantas. Las plantas de cargos docentes y de los
administrativos de las instituciones educativas serán organizadas conjuntamente
por la Nación, departamentos, distritos y municipios, en un período máximo de
dos años, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la presente ley.
Artículo 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los
cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con
14 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad
con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre
otros.
15 Establecidas en los artículos 5 y 6 de la Ley 715 de 2001.
15
Radicado: 17001 23 33 000 2016 00874 01 (4600-19)
Demandante: Gilberto Duque Rueda
recursos del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la
respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y
que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo.
Los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos
vinculados a la carrera docente a la expedición de la presente ley, no requieren
nueva vinculación o nuevo concurso para continuar en el ejercicio del cargo,
sin perjuicio del derecho de la administración al traslado del mismo.
A los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que se financien con recursos del Sistema General de Participaciones,
sólo se les podrá reconocer el régimen salarial y prestacional establecido por ley o de
acuerdo con esta.
Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados en
departamentos y municipios por órdenes de prestación de servicios, y que cumplan
los requisitos para el ejercicio del respectivo cargo, y cuyos contratos fueron
renovados en el año 2001, por el municipio o el departamento, indistintamente, serán
vinculados de manera provisional durante el año lectivo de 2002. Mientras ello ocurre,
deberán, los departamentos y municipios, renovarles los contratos a más tardar el 1°
de febrero de 2002.
Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que demuestren que estuvieron vinculados por órdenes de prestación de
servicios por los departamentos o municipios, dentro de los dos meses antes y el 1°
de noviembre de 2000, demostrando solución de continuidad durante ese período, y
que cumplan los requisitos del cargo, serán vinculados de manera provisional durante
el año 2002.
Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados en
departamentos y municipios por órdenes de prestación de servicios, y que cumplan
los requisitos para el ejercicio del respectivo cargo, y cuyos contratos no fueron
renovados en el 2001, serán vinculados durante el año 2002 de manera provisional,
previa identificación y verificación de requisitos, salvo que sus contratos hayan sido
suprimidos como resultado del proceso de reorganización del sector educativo o de
la entidad territorial. […]
La incorporación de las plantas de personal aludidas «suponía, de un lado, que los
departamentos debían reajustar, atendiendo sus necesidades, su estructura
orgánica y funcional para cumplir con los fines del servicio educativo y, de otro, que
la inclusión en la nueva planta debía tomar en cuenta no sólo el aspecto formal de
los empleos, como su nomenclatura y grado -que podían y pueden diferir-, sino de
manera primordial su clasificación por la naturaleza de las funciones, el grado de
responsabilidad y los requisitos para su ejercicio, con sujeción a los manuales
16
Radicado: 17001 23 33 000 2016 00874 01 (4600-19)
Demandante: Gilberto Duque Rueda
específicos respectivos, para de esta manera determinar la remuneración, lo cual
debió cumplirse dentro del proceso de homologación»16.
Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional emitió la Directiva 10 del 30 de
junio de 2005, con destino a los gobernadores, alcaldes y secretarios de educación,
que tenía como propósito absolver las inquietudes formuladas con relación a la
viabilidad de la homologación de los funcionarios administrativos del sector
educativo y de la consecuente nivelación salarial que se podía generar en las
respectivas entidades territoriales y, para ello, fijó las directrices a tener en cuenta
para llevar a cabo ese proceso.
En relación con la retroactividad de la homologación y nivelación salarial, en forma
concreta, en la aludida directiva se estableció que para determinar la deuda era
necesario que la entidad territorial realizara un listado de las reclamaciones,
indicando la fecha de cada una de ellas, y que la retroactividad tan solo se
concedería, en la medida en que el derecho no hubiera prescrito, según lo
consagrado en los artículos 102 y 103 del Decreto 1848 de 1969 y 151 del Código
Procesal Laboral. De igual manera, se determinó que la homologación y
consecuente incorporación conllevaría la nivelación salarial, lo cual se asumiría con
recursos del Sistema General de Participaciones, previa disponibilidad
presupuestal, pero que si no existía disponibilidad, la Nación se haría cargo; sin
embargo, en caso de que la homologación e incorporación se hubiera realizado
contrariando el orden jurídico, el respectivo municipio debía responder por ello con
sus recursos propios. Y, en forma concreta, en torno a la deuda, se definió lo
siguiente:
[…]
Para el reconocimiento de la deuda por parte de la Nación, la entidad territorial deberá
enviar a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del MEN, la liquidación individual
anualizada de la deuda, el estudio técnico que sirvió de base para la nivelación y
homologación, realizado de conformidad con lo previsto en el numeral A.1 de la
presente Directiva, y los actos administrativos correspondientes mediante los cuales
se hacen efectivas, todo lo anterior debidamente certificado por el gobernador o
alcalde y secretario de educación respectivos.
16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004,
M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce.
17
Radicado: 17001 23 33 000 2016 00874 01 (4600-19)
Demandante: Gilberto Duque Rueda
En los casos de reconocimiento de deudas por decisiones de homologación que no
hayan seguido estrictamente los criterios legales, las entidades territoriales, con la
debida diligencia, acudirán al ejercicio de las acciones judiciales y administrativas
procedentes en aras de proteger los intereses del Estado (Nación, Departamento,
Distrito o Municipio), de lo cual informarán a este Ministerio en la misma oportunidad
a la que se refiere el inciso anterior. […]
2.2.2. En torno a los intereses comerciales y/o moratorios
El interés legal es un porcentaje, fijado por el legislador, para calcular el monto de
la indemnización en casos de mora, cuandoquiera que las partes no hubieran
pactado una suma por ese concepto y, de acuerdo con lo previsto en el artículo
1617 del Código Civil, se fijó en un 6% anual.
Entre tanto, en el Código de Comercio, en su artículo 884 se estableció el interés
comercial, en el equivalente a una y media veces el interés bancario corriente, el
que debe ser empleado en casos en que no se hubiere hecho ninguna estipulación
convencional al respecto.
Adicionalmente, en el Estatuto Tributario, el interés moratorio se fijó en el
equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, para el respectivo mes de mora, tal como se determinó en
su artículo 635.
Valga aclarar, además, que en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en
lo que respecta al pago de las condenas judiciales impuestas a cargo de las
autoridades públicas, en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo se estableció que «las cantidades líquidas
reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben
una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la
respectiva sentencia o del auto»; no obstante, en caso de que transcurra un término
superior a 3 meses, posteriores a la ejecutoria, sin que el interesado acuda a la
entidad correspondiente a hacer efectiva la condena o la orden dada en una
18
Radicado: 17001 23 33 000 2016 00874 01 (4600-19)
Demandante: Gilberto Duque Rueda
conciliación, cesa la causación de los intereses correspondientes, hasta cuando se
presente la respectiva solicitud.
Ahora bien, para la determinación de los intereses moratorios en los casos
previamente señalados por el CPACA, en el artículo 195 ibidem se estableció que los
que se causan desde la ejecutoria corresponden a «una tasa equivalente al DTF»,
pero en caso de que venza el término de 10 meses previsto en el inciso segundo
del artículo 192 o el de 5 días señalado en el numeral 3 del aludido artículo 195, sin
que la entidad hubiera pagado el crédito reconocido judicialmente, el valor del
interés moratorio corresponderá al de la tasa comercial.
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas, que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
i) El 11 de abril de 2014,17 la Secretaría de Hacienda del municipio de Manizales
expidió la Resolución 620, por la cual reconoció y ordenó un pago a favor del
demandante, por concepto de ajuste de la homologación y nivelación salarial. En su
parte resolutiva se observa, además, un pago por valor de $16.545.462, por
concepto de indexación de las sumas adeudadas. De sus consideraciones se
desprende lo siguiente:
Que en atención a lo dispuesto en la Directiva Ministerial No. 10 de 2005 y en la
Resolución 2171 del 17 de mayo de 2006, expedida por el Ministerio de Educación
Nacional, y que en consecuencia la Secretaría de Educación del Municipio de
Manizales, elaboró y presentó ante el Ministerio de Educación Nacional el estudio
técnico para el correspondiente Ajuste a la Homologación y nivelación salarial
antes definida, con base en la modificación presentada por el Departamento de
Caldas, mediante Decreto; de acuerdo con el nivel jerárquico y los requisitos exigidos
para el desempeño del cargo y el de recomendar el nivel, cargo y grado salarial que
se debe asignar.
Que mediante Decreto No. 0388 del 12 de octubre de 2012, el municipio de Manizales
modificó el decreto No. 083 de 2008, por medio del cual se Homologan y se Nivelan
salarialmente los cargos administrativos de la Secretaría de Educación, financiados
con recursos del Sistema General de Participaciones y se dictan otras disposiciones.
17 Folios 18 a 20.
19
Radicado: 17001 23 33 000 2016 00874 01 (4600-19)
Demandante: Gilberto Duque Rueda
Que el Ministerio de Educación Nacional mediante el oficio No. 2012EE50479 de 28
de agosto de 2012, aprobó la modificación al estudio técnico de Ajuste a la
Homologación y nivelación salarial del personal administrativo adscrito a la
Secretaría de Educación del municipio de Manizales.
Que la Unidad Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación de
Manizales realizó la liquidación y revisión del retroactivo a pagar al personal
administrativo financiado con recursos del Sistema General de Participaciones, por el
período comprendido a partir del 01 de Enero de 2003 al 31 de diciembre de 2011
que arrojó un valor bruto de […]
Que por lo expuesto, es procedente ordenar el pago de los valores adeudados a
personal administrativo de las Instituciones Educativas, por concepto de Ajuste a la
Homologación y Nivelación salarial.
ii) El 30 de octubre de 2014,18 la profesional universitaria del Área de Recursos
Humanos de la Unidad Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación
del municipio de Manizales expidió certificación en la cual consta que los valores
reconocidos por concepto de retroactivo de AJUSTE A LA HOMOLOGACIÓN Y
NIVELACIÓN SALARIAL reconocidos al demandante a través de la Resolución 620 del
11 de abril de 2014, se pagaron en el mes de mayo de 2014.
iii) El 27 de julio de 2015,19 el accionante, por intermedio de su apoderado, formuló
petición ante la Secretaría de Educación de Manizales, con miras a que se
reconocieran a su favor los intereses moratorios por el pago tardío de la
homologación y nivelación salarial, desde cuando el derecho se hizo exigible hasta
cuando se produjo el pago efectivo.
iv) El 18 de julio de 2016,20 la Secretaría de Educación del municipio de Manizales
expidió el Oficio SEM-UAF-2063, por el cual dio respuesta a la anterior petición en
los siguientes términos:
Es importante señalar que el Ministerio de Educación en unos de los apartes en el
oficio anexo manifiesta “En el caso que nos ocupa, el cual corresponde al pago del
retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial del personal
administrativo, no resulta razonable la exigencia de intereses moratorios toda vez que
no existe mora en el pago de las obligaciones laborales por parte del empleador sino
18 Folio 21.
19 Folios 22 a 24.
20 Folio 12.
20
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Demandante: Gilberto Duque Rueda
una simple equiparación de cargos como consecuencia de una decisión
administrativa del Estado fundamentada en el concepto No. 1607 de 9 de diciembre
de 2004 de Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado, la
cual tiene un procedimiento legal establecido para determinar el monto a reconocer y
para establecer las fuentes de financiación y la asignación de recursos para el pago,
por lo tanto no podría hablarse de un retardo injustificado imputable al deudor que
lleve la obligación a un estado patológico que justifique el pago de los perjuicios
traducidos en intereses moratorios”.
Es importante señalar que el Ministerio de Educación en oficio 2015-EE-133345 del
17 de noviembre de 2015, ha sido reiterativo en señalar que “…para ejecutar los
procesos aprobados, la entidad territorial expidió en su momento, el Decreto general
de homologación de cargos, el de incorporación individual y la respectiva posesión
sin solución de continuidad, así mismo a momento de ejecutar el pago del retroactivo
se expidieron los actos administrativos con los cuales se notificó a los beneficiarios el
monto de sus liquidaciones.
Contra los actos administrativos antes mencionados, procedían dentro de los términos
legales los recursos de ley, por lo que si estos no fueron debidamente presentados
dentro del término legal o se renunció expresamente a ellos, se entiende que se
encuentran ejecutoriados y su contenido resulta incontrovertible y se daba por
terminado el proceso de homologación y nivelación salarial del personal
administrativo financiado con recursos del SGP en sede administrativa, razón por la
cual el Ministerio no revisará, ni validará modificaciones adicionales al estudio
aprobado.
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
2.4.1. La reclamación de intereses moratorios respecto de los valores
reconocidos por homologación y nivelación salarial
A fin de resolver el problema jurídico planteado, se debe señalar que, según la
demanda, la pretensión del señor Duque Rueda está orientada a que se
reconozcan, a su favor, los intereses moratorios de las sumas concedidas por
concepto de nivelación salarial, como resultado de la homologación de que fue
objeto, efecto para el cual solicitó tener en cuenta lo previsto en los artículos 1608,
1617 y 1649 del Código Civil.
Para resolver la controversia anterior, se debe indicar que en Concepto 1607 de
2004, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, 21 se
analizó lo relativo al proceso de homologación aludido y se resolvieron las
21 M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce.
21
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Demandante: Gilberto Duque Rueda
inquietudes planteadas por el Ministerio de Educación Nacional, en los siguientes
términos:
1. Las entidades territoriales, como consecuencia del proceso de descentralización
del servicio educativo, previa la homologación de los cargos previstos en las plantas
de personal nacional y departamentales en lo relacionado con la clasificación,
funciones, requisitos, responsabilidades y remuneración, etc. de los empleos,
incorporan en iguales o equivalentes condiciones el personal administrativo que
reciban en virtud de la certificación.
2. En virtud de lo dispuesto por el artículo 3º del Acto Legislativo No. 1 de 2001, que
modificó el artículo 357 de la Constitución, el Sistema General de Participaciones
debió comprender en la base inicial, a 1º de noviembre de 2000, los costos
provenientes de la homologación e incorporación del personal administrativo
realizada por las entidades territoriales con fundamento en la ley 60 de 1993. Si así
no se hizo y los mayores costos por los conceptos mencionados provienen de
homologaciones realizadas conforme a la normatividad aplicable para la
adopción de las plantas, la Nación debe asumirlos; de lo contrario, serán de
cargo de los departamentos.
3. En el evento de existir mayores costos con ocasión del proceso de
homologación en virtud de los dispuesto en la ley 715 de 2001, si el proceso se
cumplió conforme a derecho y existe disponibilidad, debe asumirlos el SGP; si
no existe disponibilidad, serán de cargo de la Nación. Si el respectivo municipio
homologó e incorporó al personal administrativo contrariando el orden jurídico,
responderá con sus recursos propios. [Se resalta].
Bajo el marco anterior, y a fin de resolver el fondo del asunto, la Sala debe señalar
que para llevar a cabo el proceso de homologación y nivelación salarial que, en
últimas, dio lugar a que se produjera el pago del retroactivo, a favor del demandante,
correspondiente a los años 2003 a 2011, se tuvieron que surtir diferentes gestiones
por parte de la administración, entre ellas, las siguientes:22
i) El Ministerio de Educación Nacional expidió la Directiva 10 del 30 de junio de 2005,
producto del concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado, en la cual se estableció el procedimiento para hacer efectiva la
homologación de cargos.
22La información que se menciona a continuación se extracta de las consideraciones de la
Resolución 620 del 11 de abril de 2014, del oficio que obra en folio 15 y la contestación de la
demanda, por parte de la entidad accionada.
22
Radicado: 17001 23 33 000 2016 00874 01 (4600-19)
Demandante: Gilberto Duque Rueda
ii) Atendiendo la directiva aludida, mediante el Decreto 083 de 2008, el municipio de
Manizales homologó y niveló los cargos administrativos de la Secretaría de
Educación.
iii) El municipio de Manizales presentó, ante el Ministerio de Educación Nacional, un
estudio técnico de ajuste a la homologación y nivelación salarial, el cual fue
aprobado mediante Oficio 2012EE50479 del 28 de agosto de 2012.
iv) En consecuencia, a través del Decreto 388 del 12 de octubre de 2012, el
municipio de Manizales modificó el decreto de homologación y nivelación salarial.
v) Para pagar las sumas resultantes del retroactivo del ajuste a la homologación y
nivelación salarial, se expidió certificado de disponibilidad presupuestal en abril y
diciembre de 2013.
vi) La Secretaría de Educación del municipio de Manizales expidió la Resolución
620 del 11 de abril de 2014, con el propósito de liquidar y pagar a la demandante
las sumas correspondientes al ajuste de la homologación y nivelación salarial, con
inclusión de la correspondiente indexación.
vii) Finalmente, el pago se produjo en el mes de mayo de 2014.23
Sobre lo anterior, es preciso clarificar lo siguiente:
En primer lugar, tal como se desprende de las actuaciones desarrolladas con miras
a realizar el proceso de homologación y nivelación salarial del personal
administrativo que pasó a hacer parte de la Secretaría de Educación del municipio
de Manizales, este tuvo ocurrencia en el año 2008, producto del Decreto 083 de ese
año.
23 Folio 21.
23
Radicado: 17001 23 33 000 2016 00874 01 (4600-19)
Demandante: Gilberto Duque Rueda
En el expediente no está demostrada la fecha en que se produjo el pago de las
diferencias salariales que resultaron del aludido proceso.
Sin embargo, lo que sí está acreditado es que producto del estudio técnico
presentado por el municipio de Manizales se produjo un ajuste a la homologación
y nivelación salarial inicial, y ello se materializó a través del Decreto 388 del 12
de octubre de 2012, previa la aprobación por parte del Ministerio de Educación.
Finalmente, el pago que se originó como resultado del ajuste a la homologación y
nivelación salarial aludida, se dispuso, a favor del demandante, mediante la
Resolución 620 del 11 de abril de 2014, en la cual no solo se ordenó el
reconocimiento y pago de la diferencia salarial producto del ajuste al proceso de
homologación y nivelación salarial, sino que también se ordenó la indexación
de los valores correspondientes y el pago se produjo en el mes de mayo de
2014.24
Hecha la anterior precisión se debe señalar que en el expediente no figura el
Decreto 083 de 2008, por el cual se produjo la homologación y nivelación salarial
con el fin de determinar si en él se reconocieron intereses moratorios o si se indexó
la suma ordenada por concepto de tal procedimiento o si se abstuvo de realizar tales
reconocimientos, carga procesal que correspondía a la parte demandante, en
aplicación de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 16725 del Código General
del Proceso, según el cual «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».26
24 Según certificación visible en folio 21.
25 Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
26 Valga aclarar, en todo caso, que la petición de intereses moratorios de que trata la demanda, tan
solo se radicó el 24 de julio de 2015, es decir que, incluso, si se hubiera allegado prueba, el derecho
estaría prescrito, pues se hubiera tratado sobre intereses de una suma reconocida mediante una
resolución del año 2008, es decir, que transcurrieron por lo menos 7 años, entre el acto que reconoció
el derecho y la reclamación de los intereses moratorios derivados de este.
24
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Demandante: Gilberto Duque Rueda
En consecuencia, el análisis tan solo se circunscribirá a verificar si procedía el
reconocimiento de los intereses moratorios respecto de las sumas reconocidas por
concepto de ajuste a la homologación y nivelación salarial ordenada a favor del
demandante, a través de la Resolución 620 del 11 de abril de 2014.
En todo caso, es preciso señalar que la petición del señor Duque Rueda parte de
una premisa que no se ajusta a la realidad, pues en ella se sostiene que el
retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial realizado desde el
año 2003 hasta el 31 de diciembre de 2011 tan solo se ordenó en la Resolución 620
del 11 de abril de 201427 y se pagó en mayo de 2014, cuando el que, en realidad,
se ordenó a través de la aludida resolución no fue como resultado de la
homologación propiamente dicha, sino de un ajuste a esa homologación.
Ahora bien, como en el expediente se demostró que mediante la Resolución 620
del 11 de abril de 2014, que dispuso el pago del ajuste a la homologación, también
se reconoció una suma por concepto de la indexación, dicha orden de actualización
cumplió con la finalidad de evitar que el accionante se viera afectado por la pérdida
del valor adquisitivo de tales diferencias.
Además, entre la fecha de expedición del acto administrativo antes indicado, esto
es, el 11 de abril de 2014 y la fecha en que se materializó el pago de tales diferencias
-mayo de 2014-28, no se podría considerar que la autoridad incurrió en tardanza
para pagar las sumas correspondientes, toda vez que se trató del tiempo razonable
durante el cual el acto administrativo cobró firmeza y se realizaron las gestiones
tendientes para efectuar el desembolso; además, tampoco está demostrada,
fehacientemente, la fecha exacta en que se hizo el pago, pues tan solo se indicó
que ello ocurrió en el mes de mayo de 2014, de modo que bien pudo pagarse
cualquiera de los 31 días que lo comprenden, sin que se trate de un lapso
desmesurado para proceder de conformidad.
27 Así surge del hecho 14 de la demanda.
28 Conforme a la certificación que obra en folio 21.
25
Radicado: 17001 23 33 000 2016 00874 01 (4600-19)
Demandante: Gilberto Duque Rueda
Valga aclarar que esta Corporación ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en
forma contraria a la pretensión de intereses moratorios en procesos con identidad
fáctica a la planteada en el sub examine, así:
De acuerdo con el criterio jurisprudencial de esta Corporación, en atención a que en
el presente caso, se acreditó que entre la resolución que reconoció el derecho a la
acá demandante y el pago del valor ordenado, transcurrió un plazo de
aproximadamente un mes, el cual, en atención a la naturaleza del asunto y las
apropiaciones presupuestales que para el efecto debieron hacerse, resulta ser un
plazo razonable que no acarrea una sanción para las entidades públicas
demandadas, por ende, no es procedente el reconocimiento de intereses legales o
moratorios por el no pago inmediato del valor correspondiente a la homologación y
nivelación de la planta de personal administrativo reconocido.29
Bajo el anterior lineamiento, cuando se demuestra que ha transcurrido un término
razonable entre la expedición del acto administrativo que reconoce la suma
correspondiente a la homologación y nivelación salarial y el momento del pago, no
procede el reconocimiento de los intereses moratorios; por ende, la Sala coincide
con la decisión de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda.
Por último, es importante aclarar que esta Subsección también ha concluido que es
improcedente el reconocimiento de los intereses moratorios pretendidos, por las
siguientes razones:
De igual manera, tal como lo ha señalado la Subsección en asuntos similares30 no
puede concluirse que por el hecho de no haberse «pactado» el pago de un interés,
deba acudirse en subsidio a la regla que trae el artículo 1617 del Código Civil,31 pues
en estricto sentido no se está hablando de un asunto negocial, en el cual las partes
involucradas puedan pactar a su arbitrio cláusulas contractuales; como ya se expuso,
el reconocimiento de las sumas de dinero obedecieron a la homologación y nivelación
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de octubre de 2019,
radicación 66001-23-33-000-2016-00868-01, número interno: 5425-18, M.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez.
30 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de diciembre de 2017, Consejero ponente William
Hernández Gómez, número interno 0905-2015; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 28 de septiembre de 2017, Consejera
ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, número interno: 2077-2015. »
31 Cita propia del texto transcrito «ARTICULO 1617. INDEMNIZACIÓN POR MORA EN OBLIGACIONES DE
DINERO. Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la
mora está sujeta a las reglas siguientes:
1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal,
o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su
fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos
casos. El interés legal se fija en seis por ciento anual. […]»
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que debió realizarse para que las plantas de personal administrativo, se ajustaran a
la nueva reglamentación en cuanto a clasificación, nomenclatura, funciones y
requisitos de los empleos del nivel territorial.
Finalmente, tampoco hay lugar a reconocer intereses moratorios32 en el presente
caso, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente sancionatoria de los mismos,
en cuanto buscan castigar al deudor incumplido. Bajo este entendido si no se dijo
nada al respecto en las resoluciones que reconocieron el retroactivo, como tampoco
hay norma que expresamente lo consagre, no se puede en consecuencia, entrar a
reconocerse los intereses moratorios.
Se debe precisar que por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben
estar consagrados en una norma que los autorice expresamente, es decir, que faculte
el cobro de los mismos para los casos de pagos retroactivos por homologación y
nivelación, o estar claramente incluidos en el documento que reconoce el derecho,
supuestos, que no se evidencian en el presente asunto.33
Con base en el anterior antecedente, se debe concluir que como los intereses
pretendidos en la demanda no estaban contemplados en norma expresa que los
autorice o que faculte su cobro, tampoco es procedente acceder a las pretensiones
de la demanda, y esta constituye una razón adicional para confirmar la sentencia
proferida por el a quo que las resolvió en forma desfavorable en lo relativo al pago
de los intereses pretendidos.
2.4.2. La condena en costas en primera instancia
La parte demandante se opuso en torno a la condena en costas impuesta a su cargo
en la sentencia de primera instancia y el agente del Ministerio Público acompañó tal
solicitud, por lo que, al respecto, la Sala considera necesario señalar que la postura
de la Subsección ha estado orientada a considerar que, a causa de la evolución
normativa y en razón a las reglas contenidas en el artículo 356 del Código General
del Proceso, la condena en costas, en la actualidad, se rige por un criterio objetivo
32 Cita propia del texto transcrito: «Señala el artículo 884 del Código de Comercio Modificado por el
Art. 111, Ley 510 de 1999. Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un
capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes
no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente
y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72, Ley 45 de 1990».
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de marzo de 2018,
radicación 73001-23-33-000-2014-00221-01, número interno: 1914-15, M.P. William Hernández
Gómez.
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valorativo. Así se discurrió en la providencia en la que se hizo el análisis pertinente:
a- En virtud de lo anterior y conforme la evolución normativa del tema, puede
concluirse que el legislador cambió su posición al respecto34, para regular la condena
en costas a ambas partes en la jurisdicción de lo contencioso administrativo con un
criterio netamente objetivo, excepto en cuanto corresponda a los procesos en los que
se ventile un interés público, en los cuales está legalmente prohibida la condena en
costas.
[…]
El análisis anterior permite las siguientes conclusiones básicas sobre las costas:
a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio “subjetivo” –CCA- a uno “objetivo valorativo” –
CPACA-.
b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para
abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte
vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y
generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la
participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas,
por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP35, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
34 Cita propia del texto transcrito «Teniendo en cuenta los criterios por los cuales la Corte
Constitucional en la sentencia C-043 de 2004 declaró exequible la expresión “teniendo en cuenta la
conducta asumida por las partes podrá”»
35 Cita propia del texto transcrito «“ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en
derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en
primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al
proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas:(…)”»
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En el presente caso, el a quo en atención a lo dispuesto en los artículos 188 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 393 del
Código de Procedimiento Civil, condenó en costas a la parte demandante y fijó como
agencias en derecho el 1% del valor de las pretensiones.
La anterior decisión la fundamentó en el Acuerdo 1887 de 200336 del Consejo
Superior de la Judicatura, el cual prevé que las tarifas máximas de agencias en
derecho se establecen en salarios mínimos legales mensuales vigentes o en un
porcentaje hasta del 20% relativo al valor de las pretensiones reconocidas o negadas
en la sentencia.
[…]
En consecuencia, la condena en costas impuesta por el a quo estuvo ajustada a
derecho.37 [Resalta la Sala]
Bajo el anterior criterio y en atención a las consideraciones allí expuestas, las cuales
se acogen, en su integridad, a efecto de resolver la controversia que se analiza, se
advierte que en el expediente está demostrado que las entidades demandadas sí
ejercieron la defensa durante el trámite de la primera instancia, en forma escrita,
con los memoriales de contestación de la demanda38 y alegatos de conclusión,39 y,
en forma presencial, con su asistencia durante la audiencia inicial;40 por lo tanto, se
debe concluir que sí confluyeron los criterios objetivo y valorativo para que el tribunal
impusiera una condena al respecto, a cargo de la parte demandante.
En efecto, en aplicación del criterio objetivo, en la sentencia debe haber una
disposición o decisión acerca de la condena en costas, bien sea imponiéndola o
absteniéndose de hacerlo; en este caso, el juez de instancia decidió condenar en
costas.
Ahora bien, en virtud del criterio valorativo era necesario que el juez revisara si las
costas se causaron o si era viable comprobar su causación, ello, de acuerdo con la
actividad que efectivamente hubiera desplegado la parte contraria, en ejercicio de
la defensa de los intereses de su representado; así, en el caso en estudio y de
36 Cita propia del texto transcrito «Artículos 3.º y 4.º en concordancia con el numeral 3.1.2 del artículo 6.º.»
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, radicación:
13001-23-33-000-2013-00022-01, número interno: 1291-2014, M.P. William Hernández
Gómez.
38 Folios 69 a 85 y 103 a 121.
39 Folio 207 a índice 12 de la plataforma SAMAI.
40 Como consta en el acta de folios 139 a 143.
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acuerdo a las actuaciones que se relacionaron con antelación, se hizo evidente que
los apoderados de las dos entidades que conformaron la parte demandada
ejercieron el derecho de defensa, bien sea presentando memoriales de contestación
de la demanda y alegatos de conclusión o acudiendo a la audiencia inicial ejerciendo
la representación judicial que les fue encomendada.
En torno al punto anterior, es importante aclarar que si bien es cierto el demandante
advierte que no hubo mala fe en su actuar y, por ello, no procede la condena en
costas, también lo es que esta Sala ha considerado que para la valoración que debe
realizar el juez, con miras a determinar si hay o no lugar a imponer costas, no se
incluye el aspecto relativo a la mala fe o temeridad de las partes, pues, de lo que se
trata es de verificar la actuación o gestión que haya realizado la parte contraria a
aquella a la cual le resultan desfavorables las pretensiones y no de evaluar la
conducta leal, adecuada, prudente, oportuna y decorosa de la parte que resulta
vencida en la actuación, pues tales circunstancias no impiden la imposición de la
condena en costas.
Las razones anteriores dan lugar a considerar que no procede revocar la condena
en costas impuesta en primera instancia, por el a quo.
2.5. La condena en costas en segunda instancia
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,41 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA., concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
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gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador y la complejidad e intensidad de la
participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se
tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por estas; que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en
derecho) la hará el juez de primera o única instancia; y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en los numerales 1 y 8
del artículo 365 del Código General del Proceso,42 la Sala se abstendrá de condenar
en costas de segunda instancia a la parte demandante, teniendo en consideración
que aunque el recurso de alzada le fue resuelto desfavorablemente, el análisis
realizado por la Sala, da lugar a concluir que no se debe imponer condena al
respecto.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado y en el acervo probatorio, se
concluye que i) el señor Gilberto Duque Rueda no tiene derecho al reconocimiento,
liquidación y pago de intereses moratorios y/o legales sobre el valor concedido por
concepto del retroactivo de homologación y nivelación salarial reconocido; y ii) no
es procedente revocar la condena en costas de primera instancia impuesta en
contra de la parte demandante. Con base en lo anterior, se confirmará la sentencia
recurrida y no se condenará en costas de segunda instancia al accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
42«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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Demandante: Gilberto Duque Rueda
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F AL L A
Primero. Confirmar la sentencia del 3 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas en el proceso promovido por Gilberto Duque Rueda contra
la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Manizales, por medio
de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia según lo
expuesto en las consideraciones que anteceden.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DDG
32
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